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Introducción
El tráfico y el contrabando de migrantes son fenómenos que normalmente se asocian a la existencia de grupos del crimen organizado que, por sus capacidades operativas, lucran con esta actividad ilegal. Consecuentemente, la migración irregular ha pasado a ser un fenómeno “securitizado” en muchos Estados y regiones, es decir, se le ha considerado una “amenaza” y, por ende, se justifica que sea tratado como un asunto de seguridad (Agwanda, 2022; Lalić & Ćeranić, 2019; Topulli, 2016). A pesar de eso, la violencia no es una constante en los espacios en los que existe tráfico y contrabando de migrantes. Mientras en algunos hay altos niveles de violencia, en otros esta parece ser más ocasional. Este texto se pregunta ¿qué explica que el tráfico fronterizo1 y el tráfico y contrabando de migrantes se manifieste violentamente en algunas regiones y no en otras?
Dado que el objetivo es explicar las diferencias en los niveles de violencia contra migrantes y transportistas, se analizan dos subregiones que funcionan como hubs para la migración irregular: el golfo del Urabá (en Colombia) y Agadez (en Níger). Esta comparación resulta pertinente por dos razones. Por un lado, ambas subregiones son espacios de transmigración, lo que implica que hay dinámicas similares (migrantes llegan a las regiones no con el objetivo de permanecer allí, sino de alcanzar otros países a través de rutas irregulares). Por otro lado, pese a esas similitudes, en el Golfo del Urabá la migración irregular suele presentarse con altos niveles de violencia, mientras que en Agadez se observa como un fenómeno que hace parte de las dinámicas cotidianas de comercio. Los hallazgos son contrastados con otros casos que también son hubs para la migración irregular y que presentan violencia (Trípoli, Libia; Benin, Nigeria, y Chiapas, México) o prácticamente ausencia de ella (Bamako, Mali, y Uagadugú, Burkina Faso). Aunque solo se reconstruyen en profundidad dos casos, se presenta evidencia comparada para soportar la hipótesis.
Se concluye que la diferencia en los niveles de violencia presentes en estas subregiones se debe a la asimetría entre los grupos del crimen organizado y quienes participan en esos procesos (migrantes o guías de migrantes). Es decir, cuando un grupo armado logra adquirir control territorial y consolidar una estructura jerárquica obtiene también la posibilidad de utilizar la fuerza en el proceso. Por el contrario, cuando en lugar de grupos con estructuras jerárquicas y bases territoriales se trata de redes criminales pobremente organizadas, la violencia pasa a ser poco utilizada y se recurre mayoritariamente a otras estrategias para cumplir con sus objetivos (como la corrupción). De esta manera, el fortalecimiento de los grupos del crimen organizado en una subregión tendría como consecuencia un aumento del riesgo de violencia para los procesos de migración irregular. Además, se identifica que las estrategias de militarización del fenómeno migratorio suelen crear un efecto espiral, conducente a que los grupos armados incrementen su capacidad de fuerza para responder al reto que el Estado impone.
Esta conclusión parecería contradecir una amplia literatura que encuentra que es la competencia por el control de un mercado o un territorio, y no la hegemonía o el fortalecimiento de un actor armado, la que puede producir mayores niveles de violencia (Toft, 2014; Feldmann & López, 2022; Yashar, 2018). Sin embargo, la hipótesis aquí propuesta apunta a explicar únicamente la violencia contra los migrantes y transportistas, mas no la violencia intercriminal, la violencia contra el Estado o la violencia contra los civiles por fuera del fenómeno migratorio. Más investigación será necesaria para entender cómo se relacionan estas otras formas de violencia con la violencia contra migrantes y transportistas. En adelante, se explica la metodología utilizada; luego se plantea cómo se conectan las dos variables del argumento teórico; posteriormente, se reconstruyen dos casos de estudio; y, se finaliza con las conclusiones.
Metodología
Para llegar a las conclusiones se analizaron las dos subregiones a partir de dos variables. Una de estas es denominada ecosistema criminal. Si bien algunos autores (como Álvarez Calderón & Rodríguez Beltrán, 2018) han utilizado esta expresión para aplicar teorías de las ciencias naturales en el análisis del crimen organizado, en este caso se entiende ecosistema criminal como la forma en que coexisten en un mismo espacio territorial distintos actores criminales. Es decir, en esta primera variable interesa entender cuáles son los actores del crimen transnacional organizado involucrados en una actividad específica (el tráfico fronterizo y el tráfico y contrabando de migrantes) y qué tipo de actores son.
Esta primera variable fue reconstruida a partir de los datos del índice del crimen organizado, provisto por la Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Específicamente, se tomó el puntaje de criminalidad, en el que se analizan los mercados ilegales y los tipos de actores criminales presentes en un país. Así, se determinó si el tráfico y contrabando de migrantes es un mercado activo en un país, para luego considerar cuáles son los tipos de actores que lo ejecutan: 1) grupos de carácter mafioso; 2) redes criminales; 3) grupos integrados al Estado, o, 4) actores foráneos. Cada uno de estos actores tiene un puntaje asignado del 1 al 10; cuanto más cerca esté del 10, más actores de ese tipo hay presentes en un país. Para este caso, se consideró que cuanto más puntúe un Estado en “grupos de carácter mafioso”, más asimetría hay entre ellos y los migrantes.
La segunda variable es la resiliencia estatal. Este es un concepto extrapolado de la psicología,2 y que aquí será aplicado a los Estados. Es decir, se entiende la resiliencia como la capacidad interna de resistir a las crisis y anteponer la preservación de la estabilidad política e institucional ante cualquier otro fin. El crimen organizado sería, entonces, una crisis que debe ser abordada por el Estado. Un Estado será resiliente de acuerdo con la existencia y capacidad de medidas para contrarrestarlo. La resiliencia no implica ausencia de violencia, sino posibilidades de mantener la estabilidad política e institucional ante, en este caso, la presencia de actores capaces de utilizar la violencia (Pospisil & Kühn, 2016)
Existe literatura que sugiere que las intervenciones estatales no solo pueden ser ineficientes, sino que exacerban el comportamiento violento de los actores criminales y predisponen en capacidad de respuesta a estas organizaciones (Flores-Macías & Zarkin, 2021; Magaloni et al., 2020). Estudios de caso sobre la guerra contra el narcotráfico (De la Rosa Rodríguez, 2022), la securitización de la migración (Bøås, 2021) y los conflictos agrarios (Ballvé, 2020, 2021) muestran que la represión estatal ha estado sucedida también por mayores niveles de violencia y reorganización estratégica de los grupos armados.
Basados en esta literatura, aquí se argumenta que los actores armados tienen incentivos para incrementar su capacidad de fuerza en la medida en que se enfrentan a retos operativos de mayor envergadura. Se cree que este incentivo es mayor cuando las agencias civiles adoptan estrategias tradicionalmente empleadas en el combate militar del crimen organizado (Flores-Macías & Zarkin, 2021). Las razones por las que se militariza la seguridad civil pueden ser variadas, como muestran Zarkin (2023) y Flores-Macías (2018); no obstante, en este artículo no se intenta responder a las razones que llevan a esa militarización para controlar la migración.
La reconstrucción de esta variable se hizo también a partir de los datos del índice de crimen organizado, específicamente el componente de resiliencia estatal, que, a través de 12 componentes, puntúa del 1 al 10 a los Estados. Puntajes de 1 a 3 indican poco o ningún nivel de resiliencia; puntajes del 4 al 5 indican una resiliencia moderada; puntajes del 6 al 7 indican una resiliencia suficientemente efectiva, y del 8 al 10, altamente efectiva. Además de este índice, se contrastaron ambas variables con fuentes secundarias (revisión de prensa, reportes de inteligencia, bases de datos de ONG que monitorean la violencia y solicitudes de información a las autoridades migratorias y de seguridad) a fin de comprender el proceso de fortalecimiento estatal y las respuestas del crimen organizado.
Es necesario considerar que la estrategia empírica aquí empleada tiene dos grandes limitaciones. La primera es que los datos del índice de crimen organizado están construidos para el nivel nacional. Esto quiere decir que las dinámicas subregionales (que son las que aquí interesan) pueden no ser completamente representadas con sus puntajes. Para suplir eso, se ha intentado hacer una reconstrucción cualitativa de los casos en las subregiones estudiadas. La segunda limitación es que en la práctica es muy difícil diferenciar la militarización de otros fenómenos (como el narcotráfico y la migración), lo que puede también contaminar los datos utilizados en los casos en los que los grupos armados se dediquen a más de una actividad criminal. El esfuerzo en la reconstrucción cualitativa de cada uno de los casos intenta únicamente centrarse en los eventos relacionados con la migración; sin embargo, es muy difícil poder diferenciarlos de otros fenómenos que suceden al tiempo.
Argumento teórico: asimetría entre grupos armados y migrantes
La asimetría es entendida como la diferencia que hay entre dos actores en relación con sus capacidades, las reglas que siguen y los medios que pueden utilizar para alcanzar fines determinados (Arreguin-Toft, 2001; Chamberlain, 2003; Salhi, 2020). Si bien es cierto que no existe ningún escenario en el cual dos actores sean totalmente simétricos, diferencias muy grandes en las capacidades pueden provocar un escenario tan desbalanceado que el actor con menores capacidades puede resultar en una posición de amplia desventaja. Dentro de los estudios de seguridad, la asimetría ha sido considerablemente bien estudiada en relación con los conflictos armados. En ese respecto, el objetivo es comprender de qué forma las capacidades militares de dos actores pueden afectar su desempeño en una confrontación violenta (Berglund & Souleimanov, 2020; Tasseron & Lawson, 2022).
No obstante, la asimetría en este texto no es entendida solo como la diferencia en las capacidades materiales de dos actores armados, sino entre dos actores de distinta naturaleza. Es decir, lo que se busca es comprender qué tan asimétricos son un grupo del crimen organizado y un migrante irregular. Estos dos actores son asimétricos en esencia; sin embargo, no se entiende la asimetría como una dicotomía (simetría/asimetría), sino como un continuo. Por tanto, esa asimetría de base puede ser considerablemente distinta de acuerdo con las capacidades de ambos actores.
Por un lado, los grupos del crimen organizado suelen tener la posibilidad de usar la violencia y la corrupción y, además, funcionan en conjunto (son más de dos personas). Por su parte, los migrantes irregulares que están en espacios de transmigración no suelen tener poco más que dinero para pagar por su viaje. Si bien parece que hay una diferencia muy grande, en primer lugar, muchos grupos del crimen organizado tienen como uno de sus principales intereses la consecución de recursos (Berdal & Serrano, 2005; Correa-Cabrera & Schaefer, 2022). Por tanto, el mercado del tráfico y contrabando de migrantes, al ser una fuente de ingresos (importante en algunos casos), no pasa desapercibida por estos actores. En segundo lugar, no todos los grupos del crimen organizado tienen los recursos mencionados en la misma proporción. Algunos hacen uso de la corrupción como elemento central de su actuación, mientras que otros tienden a utilizar más la violencia (ya sea porque tienen más capacidad armamentística o porque cuentan con una mejor organización que les permite tomar este tipo de decisiones y tener respaldos por parte de superiores o pares) (Pereda, 2022; Sanchez & Cruz, 2023).
Aquí se argumenta, en consistencia con Bailey y Taylor (2009) y Snyder y Durán-Martínez (2009), que la corrupción es utilizada por los actores armados como una forma de evitar confrontaciones y, por ende, tener que usar la violencia. En ese sentido, se espera que en las subregiones en las cuales predominan los grupos integrados al Estado3 haya menores niveles de violencia, mientras que en aquellas en las cuales predominan grupos de carácter mafioso haya más.4 La organización de un actor armado permite prever sus niveles de violencia. La jerarquización de los grupos armados suele permitir el establecimiento territorial y, con esto, mayor capacidad de usar violencia contra migrantes y transportistas, mientras que la estructura de redes, cuando no depende de nodos fuertes y está pobremente organizada, produce grupos más reacios a utilizar la violencia para evitar ser perseguidos (McCarthy-Jones et al., 2020).
En síntesis, como la Figura 1 ilustra, se argumenta que la asimetría entre los grupos del crimen organizado y los migrantes conlleva a la posibilidad de violencia contra los migrantes. Cuando la asimetría se amplía, debido al fortalecimiento de los primeros, el riesgo de violencia aumenta. Por el contrario, cuando la asimetría disminuye, la posibilidad de uso de violencia contra migrantes o participantes del proceso de migración se reduce.
Benín, Trípoli, Chiapas y Urabá se encuentran en Estados en los cuales los actores armados predominantes tienen carácter mafioso (Libia 8 de 10, Nigeria 6.5 de 10, México 9 de 10 y Colombia 9.5 de 10) y, con excepción de Libia ─que se encuentra en medio de un colapso institucional─, puntajes relativamente altos (comparativamente hablando), o al menos intermedios, de resiliencia (Nigeria ocupa el puesto 14 de 65 países, Colombia el puesto 15 y México el 295). Por el contrario, Bamako, Uagadugú y Agadez están en países en los que los grupos de carácter mafioso son más bien escasos (Mali 5 de 10, Burkina Faso 4.5 de 10 y Níger 2 de 10) y predominan actores criminales integrados en el Estado (Mali 9 de 10, Burkina Faso 6.5 de 10 y Níger 8.5 de 10). Además, son Estados con muy bajos niveles de resiliencia (Burkina Faso ocupa el puesto 37, Níger el 42 y Mali el 55 de 65 países estudiados6).
La literatura muestra que en el primer grupo de Estados existen altos niveles de violencia contra los migrantes y participantes del proceso de migración,7 mientras que en el segundo grupo los procesos de migración, si bien permanecen dentro de circuitos ilegales y en manos de redes del crimen transnacional organizado, no suelen involucrar violencia de forma generalizada.8 De estos siete casos, se reconstruyen dos (Agadez en Níger y Urabá en Colombia) para demostrar el argumento aquí expuesto.
Fuente: elaboración propia
Figura 1 Relación estilizada entre asimetría y violencia contra migrantes
El argumento funciona como un sistema de incentivos: la resiliencia estatal, cuando está principalmente compuesta de herramientas de militarización, genera incentivos para que los grupos armados se jerarquicen e incrementen su capacidad de fuerza. Este supuesto está basado en varias investigaciones que muestran que las campañas de represión que los Estados inician contra grupos criminales son sucedidas por incrementos en los niveles de violencia y el fortalecimiento organizacional de los grupos criminales combatidos (Castillo & Kronick 2020; Lessing, 2017; Skarbek, 2011). Ante grupos armados más jerárquicos y fortalecidos, la asimetría entre ellos y migrantes crece, lo que genera incentivos para utilizar más violencia contra migrantes y transportistas (Figura 1).
Un segundo escenario, no explorado en este artículo, pero basado en las investigaciones de Daniele y Dipoppa (2022) y Trejo y Nieto-Matiz (2022), sugiere que la resiliencia estatal sí podría debilitar a los grupos armados. En este caso, haría falta el fortalecimiento de instituciones civiles que persiguen el lavado de activos y la corrupción de la que se sirven los grupos criminales, además de procesar activamente a los responsables. En este caso, ante grupos armados debilitados se generaría menor asimetría y, consecuentemente, menos incentivos para utilizar la violencia contra migrantes y transportistas. La Figura 2 ilustra ambos caminos.
Fuente: elaboración propia.
Figura 2 Interacción entre resiliencia estatal, respuestas de los grupos armados y la violencia contra migrantes y transportistas.
En este punto, vale la pena aclarar que con los datos obtenidos no se puede sostener que siempre la resiliencia con militarización lleve a mayor violencia contra migrantes y transportistas. Más bien, se quiere decir que este tipo de respuesta estatal genera incentivos para el fortalecimiento operativo de los grupos armados, y ese fortalecimiento paralelamente genera incentivos para utilizar más violencia contra estas personas.
Agadez
La subregión de Agadez, al ubicarse en una zona mayoritariamente desértica y ser la puerta de entrada de las dunas del Sahara, posee una posición geoestratégica que favorece la intersección de rutas africanas de migración. La economía de la región se caracteriza por el contrabando de todo tipo de mercancías; además, el tráfico de migrantes es considerado una forma de sustento de la población, de tal manera que se constituye como parte de su forma de vida (Lucht, 2022, Moral Martín, 2020).
Agadez es una región fundamental en las dinámicas migratorias del continente africano desde la caída del régimen de Muamar al Gadafi en Libia. Con el colapso del régimen libio se abrieron espacios para que los migrantes usaran Agadez para llegar hasta ciudades en la costa de Libia (Misrata, Sirte, Trípoli). Cerca de 600 nigerinos terminaron participando como intermediarios en el tránsito fronterizo y se fomentó el consumo de productos de la economía local, lo que generó beneficios en el corto plazo para la región (Hoffmann et al., 2017). Ante esto, la Unión Europea acompañó la producción de la Loi 2015-36 relative au trafic illicite de migrants (Ley del 2015 relativa al tráfico ilícito de migrantes), que llevó a Níger a ser el primer país de la región que criminaliza el tráfico de migrantes y logró la disminución de una buena parte del flujo migratorio (Molenaar & El Kamouni-Jansen, 2017). Este proceso de securitización de la migración irregular incentivó el crecimiento de redes de criminalidad que mantuvieron activas las rutas de transporte (Abebe, 2019).
Ecosistema criminal
Determinar con claridad los actores criminales que participan en el tráfico fronterizo y el tráfico y contrabando de migrantes en esta subregión es una tarea difícil. En primer lugar, porque Agadez hace parte de un circuito de tránsito que involucra a, al menos, 5 000 grupos criminales (European Union Agency for Law Enforcement Cooperation [Europol], 2021). En segundo lugar, porque muchos de estos grupos (20%, según la Europol) solo existen en periodos muy cortos. Es decir, se crean para cumplir con una acción concreta y desaparecen después (Europol, s. f.). Por tanto, este ecosistema criminal no solo está compuesto por una cantidad increíble de actores, sino que es muy dinámico: cambia constantemente y, por ende, se hace muy complejo pensar en un panorama estático sobre el cual se puedan hacer reflexiones duraderas (Migration and Home Affairs, s. f.).
Según el índice del crimen organizado elaborado por Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2021a), Níger se sitúa 14 entre 54 países africanos en lo que respecta a criminalidad. Esto, debido al amplio tráfico de armas y personas y al contrabando de migrantes que se desarrolla en el país. De las cuatro tipologías para los actores criminales utilizadas (cada una puntuada en una escala del 1 al 10), los grupos criminales integrados al Estado (state-embedded actors) fueron los más comunes (8.5), seguidos por las redes de criminalidad (7) y actores foráneos (5). Los grupos de carácter mafioso solo puntuaron 4.
Esto permite ver cómo, por un lado, la corrupción es una de las herramientas centrales en el desarrollo de las actividades criminales, dado que “oficiales gubernamentales en todos los niveles son sospechosos de estar involucrados en el tráfico de migrantes” (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021b, p. 3). En Agadez, muchos de los participantes son exmigrantes que, por su experiencia, han logrado obtener contacto con policías corruptos y oficiales fronterizos, de lo que se aprovechan para ofrecer el servicio a nuevos migrantes (Brachet, 2005). Por tanto, la violencia termina siendo secundaria debido a que la corrupción y las alianzas con actores dentro de la legalidad resultan mucho más útiles (Alioua, 2013).
Por otro lado, en lo que concierne a las redes criminales y grupos foráneos, se trata de actores “pobremente organizados” que se crean con el objetivo de obtener ganancias, pero que no necesariamente están centralizados ni son capaces de establecer jerarquías (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021b, p. 3). Es decir, se habla de redes criminales porque no se trata de organizaciones con líneas de mando claramente definidas e, incluso, con objetivos de permanecer en el tiempo, sino de la conexión de un conjunto de nodos (individuos, organismos, entre otros) que comparten información, recursos y habilidades para alcanzar fines inmediatos (Albarrán-Torres, 2021; Williams, 2008; Wyatt et al., 2020).
Entender el crimen organizado en Agadez en términos de redes de criminalidad resulta fundamental, dado que en la región ha habido una interiorización de la migración irregular como parte de la vida diaria: la industria local de transporte, hotelería y restaurantes participan sin ambages. Así, se conformó una compleja red de participantes que trasciende con creces a los grupos criminales (Molenaar & El Kamouni-Jansen, 2017). Esa red de criminalidad, en términos estrictos, no solo incluye a los actores que participan, sino también a la comunidad en general, que ofrece sus servicios a los migrantes (Díaz de Aguilar Hidalgo, 2018; De Tessières, 2018). Todo lo anterior genera una legitimidad para los que ofrecen el servicio ilegal, dado que no consideran que lo que hacen es reprochable (Shaw & Reitano, 2014; Tinti & Westcott, 2016).
Finalmente, los grupos de carácter mafioso, entendidos como aquellos que están basados territorialmente y con algún nivel de jerarquía establecida, son prácticamente inexistentes en Agadez. Los pocos que aparecen son, más bien, grupos nigerianos que momentáneamente ingresan a Níger para resolver situaciones particulares; no obstante, no se han establecido permanentemente en el país, por lo que no se consideran relevantes para entender las dinámicas de la migración irregular (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 2012).
Los migrantes que pasan por Agadez no se comprometen con ninguna organización durante todo su viaje. Por el contrario, se contactan con distintos grupos y pagan solo por tramos específicos (UNODC, 2013, 2018). La relación entre los migrantes y sus transportistas es vista como una transacción comercial simétrica en la que, más bien, puede haber consecuencias inesperadas (momento en el que los migrantes pueden eventualmente percibirse como víctimas de abusos) (Badillo & Bravo, 2020). Incluso, hay evidencia de que muchas veces estas organizaciones ofrecen hasta tres intentos para alcanzar Europa en caso de que haya fallas en el proceso (Kenyon, 2010). La Organización Mundial para las Migraciones (IOM, 2008) aporta que la narrativa de “víctimas y victimarios” en la migración irregular solo sirve para explicar casos específicos, pero no para abordar el fenómeno de forma holística.
Resiliencia
La ruta de acceso que representa Agadez en el norte de África se ha caracterizado históricamente por una alta migración irregular, que ocurre en presencia de autoridades estatales. Sin embargo, la presión constante de la Unión Europea para regular estas acciones, enmarcándolas como actividades de criminalidad organizada, pone a los actores que participan en la migración irregular bajo una constante vigilancia del Estado (Dauchy, 2022; Lucht, 2022). La adopción de la Ley 2015/136, promovida por la Unión Europea, ha sido poco eficiente para reducir los flujos migratorios. Por un lado, el Estado local alega una significativa reducción de los desplazamientos y desmantelamientos de grupos traficantes en la región (Oxfam Intermón, 2019). Por otra parte, de acuerdo con la IOM (2016), las políticas nacionales y la aplicación de la Ley 2015/136 no han logrado la identificación de la totalidad de actores que participan en la migración irregular, ni han reducido significativamente el tráfico ilícito de migrantes en la región. Además de los intentos por reducir los flujos migratorios a través de la desarticulación de grupos dedicados al tráfico y contrabando de migrantes, Níger ha implementado iniciativas empresariales locales de transformación de este negocio ilegal al negocio de taxi-moto (Oxfam Intermón, 2019).
Aunque Níger ha intentado reforzar su capacidad institucional para regular la migración irregular, la región se ubica en un nivel de resiliencia significativamente bajo. El puntaje total de resiliencia para Níger es de 3.52, lo que ubica a este país en el puesto 42 de los 65 países comparados. En 10 de los 12 indicadores de resiliencia, Níger puntúa un resultado inferior, que oscila entre 2.0 y 4.5. En particular, puntúa 4.5 en “Cumplimiento de la ley”; 4.0 en “Política de gobierno y liderazgo”, “Transparencia y rendición de cuentas” y “Actores estatales”; 3.0 en “Integridad territorial”, “Lavado de activos” y “Entornos de regulación de la Economía”; 2.5 en “Sistema de detención judicial” y 2.0 en “Prevención” y “Apoyo de víctimas y testigos” (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021a).
Lo anterior indica que, a pesar de los esfuerzos invertidos entre Níger y aliados como la Unión Europea para combatir la criminalidad organizada, el Estado no ha logrado solidificarse institucionalmente para establecer medidas de combate al tráfico ilícito de migrantes y el crimen organizado en la región. Esto también puede contribuir a explicar por qué los actores ilegales en esta región son menos violentos, pues al no ser perseguidos y judicializados no ven la necesidad de fortalecerse militarmente.
Golfo del Urabá
El Golfo del Urabá se encuentra en el lado colombiano de la frontera colombo-panameña. Algunos de los municipios que conforman esta subregión (Turbo, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Acandí, Apartadó y Necoclí) son lugares de paso necesarios para un importante número de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica. A partir de la década de 1980, esta subregión pasa a ser parte fundamental de las dinámicas del conflicto armado colombiano debido a la expansión de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Ejército Popular de Liberación (EPL) (Bejarano, 1988). Posteriormente, la aparición de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que luego se transformaron en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), produce una cruenta lucha por la hegemonía y un incremento considerable de la acción represiva del Estado colombiano, lo que incrementa las afectaciones para la población civil, tales como el desplazamiento forzado y un aumento de las masacres en varios de estos municipios (Jaramillo, 2007).
Ecosistema criminal
Los actores que participan en las dinámicas de violencia del Golfo del Urabá son pocos (en relación con Agadez) e identificables con relativa facilidad. La Figura 3, por ejemplo, muestra cómo, mientras entre 2001 y 2015 hubo al menos siete actores que participaban en las dinámicas armadas, desde 2016 solo las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo, como son llamadas por las autoridades) terminan siendo fundamentales para comprender la situación violenta de la subregión.9
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos Noche y Niebla del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Disponible en https://www.nocheyniebla.org/?page_id=1372
Figura 3 Actores armados responsables de la violencia en el golfo del Urabá
La desmovilización de las FARC-EP en 2016 en el marco de un acuerdo de paz con el Gobierno colombiano consolidó finalmente la hegemonía de las AGC en el Golfo del Urabá, dado que así desapareció el último enemigo a gran escala que tenía la organización. Esto puede verse reflejado en una relativa pacificación de la región, como se observa en la Figura 4.
Esta desmovilización coincidió con un inusitado aumento del número de migrantes que pasaban por la región para llegar a Centroamérica y, de allí, a Estados Unidos. Según el Ministerio de Defensa de Colombia (2016), entre 2014 y 2015 hubo un aumento de casi 300% en la cantidad de migrantes que pasaban por la región (de 690 migrantes en 2014 a 2 758 migrantes el año siguiente). Posteriormente, en 2018 la cifra llegó a 7 000 migrantes en un solo municipio (Turbo) y apenas transcurridos dos meses de 2019 ya habían arribado cerca de 1 700 extranjeros, lo que demuestra la expansión del fenómeno (Mata & Herrera, 2019). Según el proyecto Migrantes de Otro Mundo (2020), más de 6 000 migrantes (según datos oficiales) pasaron por Colombia y se dirigieron a Centroamérica durante 2019. Antes de la desmovilización de las FACR-EP, el Clan del Golfo había logrado acuerdos con esta guerrilla para dividirse las ganancias provenientes de cobrar a los “coyotes” por el tráfico ilegal de migrantes (Ministerio de Defensa Nacional, 2016). No obstante, luego de la desmovilización de esta guerrilla, las AGC se adentraron completamente en el negocio y no solo cobraron extorsiones a los transportistas, sino que controlaron directamente la actividad ilegal.
Fuente: elaboración propia con información de la base de datos Noche y Niebla del Cinep. Disponible en https://www.nocheyniebla.org/?page_id=1372
Figura 4 Acciones violentas originadas por actores del crimen organizado en el golfo del Urabá
En el golfo del Urabá el Clan del Golfo se convirtió en un actor hegemónico en lo referente al fenómeno del tráfico y contrabando de migrantes y el tráfico fronterizo. Dado que la organización domina las rutas del narcotráfico y que estas rutas son utilizadas también para el transporte de los migrantes, se necesitaría del permiso del Clan del Golfo para cualquier operación. Este permiso se obtiene a través de “vacunas”; es decir, “una especie de impuesto que los coyotes deben pagar por cada migrante traspasado que puede llegar a ser hasta la mitad del precio cobrado” (Badillo & Bravo, 2020, p. 20). El Clan del Golfo tiene una “línea de migrantes”, encargada de recibir a los ciudadanos provenientes de países de Asia y África que han llegado al continente a través de Brasil, Ecuador y Perú, donde son recibidos por “coyotes” que los llevan por tierra hacia Turbo y Capurganá, Colombia. Allí, el Clan del Golfo los obliga a transitar por trochas y caminos irregulares que el grupo armado domina y, a algunos de ellos, los obliga a llevar droga como pago por pasar por allí (Martínez, 2022; “Víctimas de tráfico de migrantes”, 2018).
La presencia del Clan del Golfo implica una suerte de jerarquía y subordinación entre la organización y los coyotes (aunque estos no son parte de la organización). En palabras del periodista Gómez Tobón (El CLIP, 2020), “para nadie es un secreto que la autoridad en un gran sector de Urabá la ejercen los organismos al margen de la ley”, entre los que menciona principalmente a las AGC. Si bien no todos los participantes hacen parte de una red del crimen organizado, todos circunscriben su accionar a las directrices del Clan del Golfo. Lo anterior puede ser demostrado en el hecho de que, luego de que una embarcación naufragara en Acandí con 27 migrantes a bordo, el Clan del Golfo decidió prohibir el transporte de extranjeros por mar durante un tiempo. Esa prohibición fue cumplida efectivamente y produjo una crisis en el Darién debido a los infructuosos intentos por cruzar la frontera terrestre (Mata & Herrera, 2019). Asimismo, esta organización ha llegado a prohibir el robo a los migrantes a fin de evitar atraer atención mediática (Rojas, 2020).
Los “coyotes” (o “guías de migrantes irregulares”, como también son llamados) sufren por el control del Clan del Golfo: entre 2018 y 2019 fueron asesinados más de seis por negarse a pagar el impuesto al grupo armado (Mata & Herrera, 2019). De la misma forma, alguien que se dedicaba al tráfico fronterizo expresó para Semana (“Los coyotes de la muerte”, 2018) que se retiró del negocio debido a la presencia de los “paramilitares”.10 Si bien estos no se perciben a sí mismos como criminales, están conscientes de que, por la presencia del Clan del Golfo en la actividad, el uso de la fuerza es una consecuencia lógica de la misma en caso de que algo falle y el negocio deja de ser una simple transacción comercial para convertirse en un acuerdo por fuera de los límites legales.
Con respecto a los migrantes, aunque en principio se trata de un acuerdo voluntario al que individualmente acceden, el encuentro con el Clan del Golfo suele estar cargado de violencia y obligaciones inesperadas, como la necesidad de cargar droga hasta el lugar de destino. Asimismo, es normal que sean tratados con violencia, como lo demuestra un testimonio de una migrante que explica que, en el camino, fueron asaltados por hombres con rifles que, además de golpearlos, les robaron sus pasaportes (Mata & Herrera, 2019). Asimismo, no existe ninguna garantía de cumplimiento del viaje y, por el contrario, es frecuente que los migrantes sean abandonados a su suerte en medio de la selva (Martínez, 2022). En ese sentido, estos empiezan a considerarse víctimas dado que el trato inicial es violentado por el Clan del Golfo. Además, se tiene registro de al menos 50 asesinatos de migrantes por la organización armada (“Víctimas de tráfico de migrantes”, 2018), lo que demuestra que la violencia no solo se dirige a los transportistas.
A diferencia de lo que sucede en Agadez, en el golfo del Urabá quienes se inmiscuyen en este fenómeno necesariamente deben rendir cuentas a la organización criminal hegemónica y difícilmente pueden actuar por fuera de estas lógicas sin ser “disciplinados” a través de la violencia. Los participantes, como ha sido explicado anteriormente, son dos grupos muy distintos (Clan del Golfo y la agencia individual que representa a los migrantes y transportistas), pero los segundos están necesariamente vinculados a los primeros a través de violencia y control territorial.
En ese contexto, se entiende que Colombia sea el segundo país, entre los 65 estudiados por el índice de crimen organizado, en cuanto a puntajes de criminalidad se refiere (7.67 de 10). Además, Colombia puntúa 9.5 de 10 en la categoría “grupos de carácter mafioso”. Si bien el índice no da cuenta de este comportamiento a nivel subregional, la anterior presentación del ecosistema criminal del Urabá permite observar que el actor preponderante en las dinámicas de migración irregular (AGC) es justamente un actor de carácter mafioso (jerárquico y territorialmente establecido).
Resiliencia
Debido a que el golfo del Urabá es una zona que desde hace al menos cuatro décadas ha estado imbuida en lógicas de violencia derivadas del conflicto armado, el Estado colombiano ha implementado medidas de detención judicial y ha reforzado su política de ataque para desmantelar a las organizaciones armadas que actúan en la región. Para el caso de las subestructuras dedicadas al tráfico y contrabando de migrantes, figuras como Carlos Julio, líder de la subestructura Efrén Márquez del Gran Golfo, y siete personas más, señaladas de estar directamente involucradas en el contrabando de migrantes, fueron capturadas en 2020 en los municipios de Capurganá (Chocó), Turbo y Apartadó (Antioquia) (“Caen siete integrantes de banda”, 2020).
Además, esta subregión ha sido priorizada en términos militares desde hace seis años, cuando inició la Operación Agamenón I (luego continuada con la Operación Agamenón II), cuyo objetivo es desarticular al Clan del Golfo. Esta es la campaña militar y policial más grande en la historia de Colombia y ha estado concentrada esencialmente en esta subregión (Alarcón Gil, 2018; “Las cifras de Agamenón”, 2018). Además de esto, las fuerzas policiales y militares han dirigido sus esfuerzos a la incautación de coca (Rojas, 2017) y a la cooperación con países de Centroamérica a fin de aumentar la presión sobre los grupos armados que actúan en el Urabá (“Cae en aguas internacionales”, 2021). Desde el inicio de la operación, la fuerza pública ha ejecutado más de 1 402 operaciones, incautado al menos 400 toneladas de cocaína y 600 armas, ha dado de baja a 146 miembros de las AGC, y ha capturado a más de 4 013 miembros de la organización (Méndez, 2021).
Todo este esfuerzo de fortalecimiento institucional (principalmente policial y militar) contra el crimen organizado ha estado acompañado de políticas que buscan el debilitamiento de los grupos del crimen organizado a través del ofrecimiento de incentivos para la desmovilización individual. El expresidente Juan Manuel Santos lo impulsó a través de la ley de sometimiento (que reducía hasta 50% de las penas) y el presidente Iván Duque a través del Decreto 965 del 2020, que logró la desmovilización de 100 miembros del Clan del Golfo (Soto, 2020).
Colombia se ubica en el lugar 40 entre 193 países evaluados en los indicadores de resiliencia del Global Initiative Against Transnational Organized Crime (2021a), con un puntaje total de 5.58, considerado de alta resiliencia. De los 12 indicadores que evalúa el índice de resiliencia a la criminalidad organizada, Colombia presenta mayores puntuaciones para los indicadores de “Cooperación Internacional” (9.0), “Políticas y leyes nacionales” (7.0) y “Liderazgo político y gobernanza” (7.0). Los indicadores con más bajos puntajes fueron los de “Apoyo a víctimas y testigos” (3.5) e “Integridad territorial” y “Prevención” (4.5) (Global Initiative Against Transnational Organized Crime, 2021a).
Lo anterior, como se ha argumentado, no quiere decir que Colombia combata al crimen organizado con efectividad, sino que el Estado ha logrado fortalecerse institucionalmente para poner en marcha políticas que buscan combatir a estos grupos. En el caso colombiano, hay una tendencia hacia la militarización de la respuesta (como se puede evidenciar con la Operación Agamenón I y II), lo que puede llevar a los actores del crimen organizado a reaccionar a través de la reorganización operativa y el fortalecimiento de su capacidad de combate, con el objetivo de poder hacer frente a esa resiliencia.
Conclusiones: crimen organizado, violencia y militarización
El golfo del Urabá (Colombia), Chiapas (México), Trípoli (Libia), Benín (Nigeria), Bamako (Mali), Uagadugú (Burkina Faso) y Agadez (Níger) tienen condiciones similares con respecto a la migración irregular. Son zonas de paso, hay un alto involucramiento de la población local y hay precariedades institucionales. Sin embargo, en los primeros cuatro casos se presentan altos niveles de violencia contra migrantes y transportistas, mientras que en los tres casos restantes se trata de un fenómeno que transcurre prácticamente de forma pacífica.
En este artículo se ha intentado explicar esa diferencia a partir del concepto de asimetría. Se postula que el incremento de la capacidad operativa de un grupo armado (en términos de tamaño, organización y control territorial) amplía las asimetrías que existen con respecto a los migrantes y transportistas y, en consecuencia, hace más débiles las responsabilidades que los grupos del crimen organizado pueden tener con respecto a los migrantes y transportistas. Por tanto, la persistencia de grupos del crimen organizado de carácter mafioso (estructuras jerárquicas y basados territorialmente) en una subregión que funcione como espacio de transmigración tiende a producir mayores niveles de violencia contra los migrantes y transportistas.
Por el contrario, cuando la asimetría entre un grupo del crimen organizado y los migrantes y transportistas no es tan amplia, la transmigración suele producirse en medio de condiciones relativamente pacíficas. Es así que se convierte en un fenómeno legitimado socialmente y en el que participa gran parte de la población local. Por tanto, en este caso los grupos no serán predominantemente de carácter mafioso, sino redes criminales pobremente organizadas y/o grupos integrados en el Estado. La corrupción (y no la violencia) es el medio predominante para conseguir los fines deseados.
Este argumento se demostró a partir de la reconstrucción de dos casos: Agadez y Urabá. En Agadez hay muchas organizaciones del crimen transnacional organizado, pequeñas en tamaño y sin capacidad para competir entre ellas o establecerse hegemónicamente en el territorio. En el golfo del Urabá, hasta 2019 había prácticamente una única organización armada (Clan del Golfo) que, además, se estableció como hegemónica ante la derrota o la desmovilización de algunos de sus competidores.
Mientras que en Agadez difícilmente se puede amenazar con la violencia para no cumplir con los pactos, en el golfo del Urabá hay un actor que monopoliza el uso de la fuerza (además del Estado) y puede violentar los pactos y dar órdenes sin verse afectado. En ese sentido, el Clan del Golfo centralizó las actividades ilegales que se presentan en el territorio y difícilmente estas rentas pueden transcurrir sin su vigilancia. Así, se forjó una cadena de criminalidad mucho más jerárquica y se abrió el espacio para que la violencia fuera el principal medio de resolución de controversias (aunque no el único).
Este artículo se enmarca en tres discusiones importantes dentro de los estudios sobre el crimen organizado. En primer lugar, se suma a las discusiones sobre la ineficiencia de las definiciones legales para entender este fenómeno (Finckenauer, 2005; Kupka et al., 2022). Si bien es cierto que muchos de los transportistas están cometiendo un crimen de carácter transnacional, esto no quiere decir que siempre que esto suceda haya grandes organizaciones armadas detrás de ello o que siempre se pueda designar una diferencia entre victimario/víctima. Las divergencias entre Agadez y el golfo del Urabá se agrandan debido a que se considera una única categoría para dos asuntos que implican dinámicas y resultados distintos. El uso de definiciones inexactas oscurece los propósitos de la discusión y puede llevar a políticas enfocadas en la militarización gracias a una lectura poco rigurosa del fenómeno (Von Lampe, 2015).
En segundo lugar, este artículo aporta a la literatura que muestra que el crimen organizado no siempre es violento. Varios autores han mostrado que los grupos criminales son capaces de reducir la violencia, ya sea a través de alianzas con el Estado (Cruz & Durán-Martínez, 2016), por la consolidación hegemónica de alguno de ellos (Yashar, 2018) o por pactos entre grupos armados para reducir la confrontación (Trejos Rosero et al., 2021). En este artículo, se añade que la naturaleza del actor armado y el ecosistema criminal pueden ser útiles para pensar en los casos en los cuales la existencia de un grupo armado organizado no desencadena lógicas de violencia. De hecho, aun en los casos en los que hay violencia no se puede pensar que todas las dinámicas giran alrededor de ella.
Finalmente, este artículo se enmarca en las discusiones alrededor del fortalecimiento del Estado como elemento de combate a la criminalidad. Tal como otros autores han mostrado (e.g., Castillo & Kronick, 2020; Lessing, 2017), se argumenta que el aumento del pie de fuerza de los Estados puede producir un efecto espiral: ante la solidificación de las herramientas del Estado para combatir a los grupos del crimen organizado, estos pueden tener incentivos para también transformarse de cara a afrontar el reto que esto representa, lo que incrementaría su poder de combate. Paradójicamente, la resiliencia estatal puede estar produciendo mayor violencia. Por tanto, es necesario repensar la relación Estado-crimen organizado y no asumir que a mayor presencia del primero, menor fortaleza del segundo. Por supuesto, esto necesitará mayor desarrollo con evidencia suficiente. Aunque toda esta literatura ya se ha desarrollado para entender el crimen organizado, el artículo intenta conectarla con las discusiones sobre la migración y la violencia contra migrantes y transportistas.
