Antecedentes de los primeros muros y operativos

La frontera México-Estados Unidos (EE. UU.) es la frontera norte de México y la frontera suroeste de Estados Unidos. Hay autores que hablan del muro de la frontera sur de EE. UU., desconociendo que la frontera sur va desde Imperial Beach, en el condado de San Diego, California, hasta Cayo Hueso (Key West) al sur de Miami, en el condado de Monroe, Florida.

Y de facto se extiende a las aguas jurisdiccionales de Puerto Rico o Guantánamo, en Cuba. Históricamente, la Patrulla Fronteriza o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) distinguen entre la mitad suroeste, que va desde Imperial Beach hasta la desembocadura del Río Grande/Río Bravo, correspondientes a los sectores de la Patrulla Fronteriza de San Diego y Rio Grande Valley, respectivamente; y la sureste, que va desde la citada desembocadura hasta Cayo Hueso, entre los sectores de Rio Grande Valley y Miami.

Por otro lado, la extensión de la frontera con México es el resultado de sumar tanto el tramo terrestre como los dos tramos fluviales, del río Bravo y del río Colorado, alcanzando los 3 143 kilómetros (1 954 millas). La frontera terrestre tiene 1 085 km y representa 35 por ciento, y las fluviales tienen 2 018 km o 65 por ciento. El tramo del río Colorado de 39 kilómetros marca la frontera de norte a sur, entre las actuales poblaciones mexicanas de la colonia Miguel Alemán, al sur, y Nuevo Algodones, al norte. Sin olvidar que ésta se prolonga marítimamente 24 millas náuticas por el océano Pacífico y por el golfo de México, integrando tanto las Aguas Territoriales (Territorial Sea) como la Zona Contigua (Contiguous Zone). Aunque existe otro límite formado por la franja de las aguas consideradas Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas².

Jurídicamente, esas distancias se ajustan al estándar internacional establecido por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (Convemar). Por tanto, la frontera México-Estados Unidos no termina en Playas de Tijuana o en la desembocadura del río Bravo; las fronteras marítimas se adentran 24 millas náuticas o 43 kilómetros mar adentro (^{National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021}; ^{Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, 2017}). En teoría, México proyecta también su frontera con Estados Unidos de manera equivalente, solo que en el golfo de México la ZEE es más amplia que en el Pacífico, donde está notablemente recortada. Por Tijuana, además, está documentado el cruce irregular de la frontera marítima en pangas con migrantes y drogas.

Desde la firma del Tratado Guadalupe-Hidalgo el 2 de febrero de 1848 y durante la mayor parte del siglo XX, la frontera México-Estados Unidos fue una línea invisible, con pequeños tramos balizados con monumentos y mojoneras internacionales. La frontera se materializaba y se visibilizaba en los tramos urbanos, en los puertos de entrada aduanales. Por eso, el cruce de la frontera, cuando era por Texas, se hacía de mojado, cruzando el río o con pequeñas embarcaciones denominadas patos, manejadas por los “pateros” (Chuy-1, comunicación personal, 10 de noviembre de 1999), o se saltaba el alambre en los tramos terrestres de California, Arizona y Nuevo México. La literatura estadounidense hablaba de wetback o espalda mojada y de aerolist o alambrista (^{Samora, 1971}). Aquella frontera marcada por los ríos Bravo y Colorado o por algunos tramos de alambrada comenzó a transformarse a partir de 1991.

La frontera, vista en el año 2021, refleja el proceso histórico de la política de combate frontal a la inmigración irregular. Sin embargo, el primer punto de quiebre que interesa recuperar se presentó en la década de 1970. En medio de la guerra fría entre el mundo comunista y el mundo capitalista, cuando la guerra del Vietnam apuntaba a una derrota estadounidense y la crisis del petróleo ponía fin a casi 30 años de bonanza económica tras la Segunda Guerra Mundial, el presidente Nixon declaró la guerra contra las drogas y creó la DEA (Drug Enforcement Agency) en 1973. Al mismo tiempo, se adoptó la estrategia de conflicto de baja intensidad y la militarización de la frontera, tanto en su vertiente con México como en las aguas del Caribe por donde entraba la cocaína colombiana. La DEA y el ejército comenzaron a colaborar, y ya con Reagan en 1981, tanto el INS (Inmigration and Naturalization Service) como la Patrulla Fronteriza, también pasan a combatir el tráfico de drogas (^{Dunn, 1996}, ²⁰⁰¹; ^{Meyers, 2006}). La política de combate prioritario a las drogas y la migración en la frontera suroeste fue una política mantenida por las administraciones demócratas y republicanas de Carter, Reagan y Bush senior en el periodo de 1976-1992, pero también de Clinton, Bush hijo, Obama y Trump de 1993-2021 (^{Sandoval Palacios, 2017}).

El concepto de control fronterizo con un proto-muro tiene una fecha de nacimiento precisa, si exceptuamos la singularidad de la frontera tijuanense. El 19 de septiembre de 1993 inició la Operation Blockade (Operación Bloqueo) en El Paso, Texas, ocho meses después de asumir Clinton la presidencia. El INS y la Patrulla Fronteriza del sector de El Paso desplegaron unidades distanciadas unos centenares de metros entre una unidad y otra, en el tramo fronterizo entre Sunland Park, Nuevo México y Fabens, Texas, frente a Ciudad Juárez, Chihuahua (^{Ortiz, 1994}). Este despliegue táctico a pie de frontera bloqueó durante unas semanas el cruce tradicional de migrantes irregulares provenientes de la vecina Ciudad Juárez, afectando al migrante local que pasaba a trabajar diariamente y al procedente del sur que iba a permanecer varios meses (Chuy-1, comunicación personal, 11 de febrero de 2000). Aquel bloqueo desbarató las prácticas cotidianas y provocó encendidas protestas (^{Vila, 2004}).

Ante la escalada de dichas protestas, la Operation Blockade fue enseguida “renombrada diplomáticamente Operation Hold-the-line” (^{Eschbach, Hagan, Rodriguez, Hernández-León y Bailey, 1999, p. 448}). Curiosamente, hay investigadores mexicanos que siguen llamándolo Operativo Bloqueo, a pesar de que solo duró con ese nombre pocas semanas. En cambio, la Patrulla Fronteriza no suele mencionar Blockade al hacer el recuento del inicio de los operativos: lo borró. Washington y el hoy desaparecido INS pronto descubrieron que Hold-the-line no acababa con la migración indocumentada, pero sí obstaculizaba las viejas rutas de entrada irregular. El operativo desviaba a la muchedumbre de migrantes lejos de la vista de los votantes estadounidenses.

En enero de 1994, en Estados Unidos iniciaba la era del NAFTA, que era un Agreement o Acuerdo para los estadounidenses, y para México un Tratado (Treaty) como el Guadalupe-Hidalgo. Pero también con el levantamiento zapatista del EZLN en Chiapas y su mensaje revolucionario –hubo declaración de guerra– que atrajo la atención mediática mundial, agitando el fantasma guerrillero que había conmocionado a Centroamérica en las décadas de 1970 y 1980. El 23 de marzo de aquel mismo año se produjo el asesinato en Tijuana del candidato presidencial del PRI, L. D. Colosio. El año cerró con una grave devaluación y una profunda crisis económica, obligando a Clinton a rescatar al México del presidente Zedillo. Desde este país llegaban señales alarmantes.

Paralelamente, los republicanos acusaban cínicamente a Clinton de haber perdido el control de la frontera, cuando no llevaba un año de mandato y cuando los republicanos con Reagan y Bush senior gobernaron entre 1981-1992. Reagan hizo la última regularización migratoria en 1986 con la Ley del Control de la Inmigración y su Regularización (IRCA, por su nombre en inglés), un hito histórico en la política migratoria estadounidense con el que se buscaba ordenar el desorden migratorio de Estados Unidos. Finalmente, en 1994, California estuvo inmersa en un debate anti-inmigrante en torno a la Proposición 187 impulsada por el gobernador republicano Pete Wilson, que fomentaba la denuncia de migrantes irregulares y así limitar su acceso a servicios públicos o el uso del español. La ley fue aprobada, pero de inmediato impugnada y quedó sin efecto en 1998.

Estas fueron algunas de las circunstancias históricas afrontadas por la administración de Clinton cuando impulsó en 1994 la Estrategia de la frontera suroeste. La doctrina del control sistemático y agresivo de la frontera suroeste que inauguró una nueva etapa en su política fronteriza con México y en el control de la migración mayoritariamente mexicana. Pero en paralelo a los problemas fronterizos, sucedieron distintos episodios terroristas en 1993 y 1996 que propiciaron leyes que, por azar, afectaron al fenómeno migratorio.

La decantación de factores para definir un modelo de frontera y control migratorio

Tras Blockade y su re-etiquetado como Hold-the-line, el 1 de octubre de 1994 en San Diego, California –el punto caliente de los cruces fronterizos masivos y las protestas vecinales–, se lanzó la operación Gatekeeper (traducido como Guardián). Esta copiaba el concepto de control ensayado en El Paso meses atrás, pero tenía componentes propios como la barda de acero a modo de muro que existía desde 1992. Gatekeeper fue asesorada por el U.S. Department of Defense’s Center for Low Intensity Conflicts (^{Smith, 2001}; ^{Dunn, 2001}). Seguidamente, a principios de 1995, en Nogales, Arizona, inició el tercero de los operativos, Safeguard (Salvaguarda), en el sector de Tucson. Mientras que a partir de agosto de 1997 se puso en marcha Operation Rio Grande en Texas, en el extremo oriental del Río Grande, entre Brownsville y Laredo. Los operativos se ampliaron cada año territorialmente y se complejizaron sus infraestructuras y acciones en función de las especificidades de cada sector de la Patrulla Fronteriza. Por ejemplo, Safeguard no se extendió a todo el sector fronterizo de Tucson hacia Yuma, que limita con California, hasta fines de 1999.

De este modo, aunque a partir de Ciudad Juárez el río es el principal obstáculo, los muros y otras infraestructuras obstaculizadoras comenzaron a reconfigurar el territorio en las inmediaciones de los tramos urbanos de la frontera: Tijuana/San Diego, Mexicali/Caléxico, Nogales/Nogales, Agua Prieta/Douglas, Ciudad Juárez/El Paso, Ciudad Acuña/Del Río, Piedras Negras/Eagle Pass, Nuevo Laredo/Laredo, Reynosa/McAllen o Matamoros/Brownsville. El paisaje sufrió una mutación físico-territorial en la frontera suroeste, pero también moral, ideológica y sociocultural, porque las infraestructuras y los operativos de vigilancia y patrullaje están complementados, desde un punto de vista social, con un centenario sentimiento racista y antiinmigrante y, desde un punto de vista institucional, por una política de capturas y deportaciones (removals) (^{Verea Campos, 2012}; ^{Alonso Meneses, 2020}).

Este proceso se vio beneficiado en 1996 por dos hitos legislativos que resultaron nefastos en el tratamiento de la migración irregular y cuya génesis es ajena al fenómeno migratorio en sí. El 24 de abril de aquel año fue aprobada la Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva (AEDPA, por su nombre en inglés), como reacción a la bomba contra un edificio federal de Oklahoma City en abril de 1995, y también al atentado terrorista de radicales islámicos (que eran técnicamente inmigrantes) contra el World Trade Center en febrero de 1993. Así mismo, en septiembre de ese año se aprobó la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA o IIRAIRA, por su nombre en inglés).

Ambas leyes impactaron y trastocaron la legislación migratoria, por ejemplo, al impulsar las deportaciones. La Ley Antiterrorista y de Pena de Muerte Efectiva contempla la expulsión de terroristas y extranjeros criminales tras cumplir penas previamente juzgadas. También se facilitó las denominadas deportaciones exprés, sin revisión judicial, con tal que el migrante firmara estar de acuerdo con el documento de expulsión. La IIRIRA ya se hizo con los operativos en mente y ofreció el paraguas legal para investigar, perseguir, detener y deportar a los inmigrantes indocumentados. Sendas leyes ampliaron el catálogo de delitos que afectan a los migrantes con green card, aquellos residentes permanentes legales que, tras ser condenados penalmente y cumplir condenas, son deportados. También se endurecieron las penas por el reingreso de los deportados, y a los migrantes irregulares se les podía condenar a castigos de no entrar por 10 años o de por vida a los Estados Unidos.

Aquel contexto histórico se complejizó cuando la economía estadounidense con Clinton comenzó a mejorar a un ritmo sin precedentes entre 1992-2000; se crearon más de 22 millones de puestos de trabajo y el PIB creció más de cuatro por ciento anual (^{Krugman, 2004}). Evidentemente, el flujo migratorio indocumentado también creció, solicitado por la economía en expansión y un mercado laboral del sector primario adicto a la mano de obra indocumentada. La población mexicana en los Estados Unidos se duplicó entre 1980-1990 y nuevamente entre 1990-2000 (^{Passel, Cohn y González-Barrera, 2012}).

La construcción del muro entre Tijuana y San Diego, 1991-2000

Lo que se decantó y materializó en aquellos años se ilustra y magnifica mejor en la región San Diego-Tijuana. La inmigración irregular alcanzó en 1994 un punto álgido en su estigmatización, y el illegal alien de las fuentes oficiales y mediáticas conservadoras estadounidenses pasó a concebirse como un problema que había que controlar/combatir (enforcement) más abierta y duramente. Esta inquina y animadversión se debía, en parte, a que había alcanzado mediáticamente una obscena visibilidad la imagen de la aglomeración de cientos de personas aguardando a pie de frontera la oportunidad para cruzarla violando las leyes, especialmente en ciertas zonas de Tijuana, Ciudad Juárez o Matamoros, ante la mirada impotente de la Patrulla Fronteriza.

Aquellas imágenes perturbadoras de migrantes mexicanos en Tijuana aguardando la caída de la noche para cruzar la frontera por la colonia Alemán, El Bordo o el cañón Zapata, típicas de la década de 1980, eran la evidencia de que se había perdido el control de la frontera, aunque no se presentaba un impacto negativo sobre los intereses económicos internos de Estados Unidos, ni ninguna presión sobre el mercado de trabajo, tampoco altercados sociales. De hecho, la economía estadounidense continuó demandando mano de obra migrante en el periodo 1993-2008, año en que detonó la gran depresión. El factor que realmente pesaba en el discurso era la imagen de frontera caótica que llevaba años produciéndose a diario, o iniciativas patrióticas como la denominada Lights up o Luces frente a la frontera, que entre 1989 y 1993 fueron impulsadas por grupos organizados de vecinos de San Diego.

Cada día al atardecer, grupos de estadounidenses se acercaban a la frontera frente a Tijuana por una de las zonas habituales de cruce irregular, estacionaban en paralelo sus automóviles e iluminaban la línea divisoria con las luces altas (de mayor alcance): Lights up. La acción, un gesto simbólico de protesta, estaba protagonizado por ciudadanos y votantes republicanos, entre los que había veteranos y jubilados que buscaban proteger la frontera ante la ineptitud e inacción de Washington. Eran años donde ciertos tramos agrestes de la frontera se vigilaban montado a caballo, y polleros o polleras utilizaban pimienta negra en polvo para ahuyentarlos (Flor-2, comunicación personal, 23 de febrero de 2001). La respuesta gubernamental, en consecuencia, tenía que ser eficaz e igualmente potente desde un punto de vista simbólico. La idea de construir un muro o barda era un proyecto de décadas atrás y se daban las condiciones políticas y la presión suficiente para dar el paso. En 1991 se tomó la decisión de levantar una barda de metal y comenzó en 1992 frente a Tijuana, entre la playa y la garita de San Ysidro. Bush padre era presidente de Estados Unidos.

Antes de Gatekeeper (Guardián), el flujo de migrantes no autorizados que entraba por California llegó a ser de más de 50 por ciento del total procedente del sur. A mediados de la década de 1970, 33 por ciento de los apresamientos en toda la frontera suroeste se llevaron a cabo en el pequeño sector de San Diego junto a Tijuana, 25 por ciento del total de las aprehensiones en todo Estados Unidos (^{Villalpando, 1976}). Al año de iniciado Guardián, en 1995, el pequeño sector de San Diego reportó más aprehensiones de migrantes que en todos los sectores integrados en Texas. Sin embargo, San Diego dejó de ser el área más problemática en el periodo 1995-2000, las detenciones disminuyeron rápidamente, pasando de 524 231 anuales a 96 869. La lectura oficial del INS y Washington fue que el operativo Guardián –muro incluido– fue un éxito (^{Alonso Meneses, 2013}).

Los tramos urbanos en ciudades como Tijuana, Mexicali, Nogales e incluso Ciudad Juárez, donde comienza la frontera fluvial, vieron cómo se levantaban cercos y vallas de acero en aquellos años. Se instalaron torretas con reflectores de gran potencia, se elevó el número de patrulleros, se construyeron caminos de terracería para facilitar la movilidad de las patrullas en paralelo a la frontera. Si bien, la pieza central de los operativos fueron los denominados muros, y el más icónico era el levantado frente a Tijuana.

La importancia táctica y estratégica del muro la explicó Raúl Villarreal, el portavoz de la Patrulla Fronteriza con Bush junior, en una entrevista periodística (^{Lerner, 2004}). En el año 2004, en paralelo a la avenida Internacional de Tijuana, entre las colonias Alemán, Castillo y la Zona Norte, un pequeño tramo de la frontera tuvo por primera vez una doble barda –en realidad fue triple, según mis observaciones de campo–. Villarreal apuntaba que la más antigua se hizo para impedir el cruce de vehículos con migrantes. Aquella primera barda estuvo más de 25 años hasta ser removida en el periodo 2017-2019. Fue construida con planchas metálicas que puestas y soldadas en vertical alcanzaban ocho pies de altura (2.4 metros). Era material bélico reutilizado –ya que originalmente sirvió como plataformas para helipuertos y vías portátiles– que se ensamblaba en horizontal sobre el terreno, especialmente para helicópteros durante la guerra del Vietnam (que terminó en 1975). Este material estaba almacenado en las bases militares de San Diego cercanas a la frontera; no es casualidad que sean vecinas la Naval Outlaying Landing Field Imperial Beach, una importante base de helicópteros de guerra y transporte, y la Imperial Beach Border Patrol Station.

El portavoz de la Patrulla Fronteriza señaló que aquella primera barda metálica fue pensada para detener la entrada de autos con gente. Y es que una modalidad de cruce en aquellos años era con automóviles que entraban a campo abierto a gran velocidad. Al respecto, uno de mis informantes (K-3, comunicación personal, 10 de febrero de 2010) me contó que hubo una organización de polleros conocidos en Tijuana como los Kamikazes que, en la segunda mitad de la década de 1980 y principio de 1990, utilizaban aquel modus operandi: irrumpir a toda velocidad a través del campo para entrar en Estados Unidos. Trabajaban estimulados por drogas, de ahí las maniobras peligrosas y el apelativo de kamikazes. Por esa zona –la avenida Internacional a la altura de las colonias Alemán y Castillo–, a finales de 1980, los conocidos como mulas cruzaban heroína en cargamentos de uno o dos kilos transportados en una mochila que se entregaba al otro lado de la frontera, en territorio estadounidense, tras cruzar el río Tijuana (Mike-9, comunicación personal, 24 de agosto de 2013). Curiosamente, estas modalidades salvajes de cruce coexistían con otras más civilizadas que se hacían en coche por la línea con mujeres conduciendo, porque levantaban menos sospechas (Flor-7, comunicación personal, 19 de octubre de 2008; K-3, comunicación personal, 2 de febrero de 2005).

La otra valla de la que habló Villarreal a Lerner (2004), a diferencia de la antigua que estaba prácticamente sobre la línea fronteriza, se construyó a 150 pies (50 metros) separado de la primera en territorio estadounidense, hacia el año 2003-2004. Partía y parte a la altura de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales Binacional (South Bay International Wasterwater Treatment Plant) construida en 1996, y finaliza en El Bordo, donde la frontera cruza el río Tijuana y termina la canalización del lado mexicano. Está construida con columnas cilíndricas de concreto de 12 pulgadas de diámetro (30.4 centímetros) y 15 pies de alto (4.5 metros), guardando una separación de aproximadamente 25 centímetros, y están unidos y coronados con una malla metálica inclinada con un ángulo de 80 grados, la cual impide trepar. Como declaró Villarreal: “Esta es la definitiva, el futuro de la política migratoria. Ésta sí que puede detener gente”. Y bien: “Con esta barda, dejamos fuera al grupo familiar, a las mujeres, a la gente de edad” (^{Lerner, 2004}) (fotografías 1 y 2).

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2005.

Fotografía 1. Doble barda en la Avenida Internacional, construidas en 2004 

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2021.

Fotografía 2. Doble barda en la Avenida Internacional, época actual 

Este modelo de concreto y metal, sin embargo, se descontinuó porque es costoso y se impuso el actual de acero, más fácil de construir y de menor inversión. Pero, tal como se apuntó, en aquellos años en realidad hubo tramos con triple barda, pues se construyó un tercer tramo a la altura de donde está el centro comercial (Mall) especializado en outlets de Las Américas (International Gateway of the Americas), que continúa por un tramo en paralelo al río y a continuación en paralelo a la calle Camino de la Plaza,³ frente a un área residencial. Y, del otro lado del centro comercial, continuaba hasta los carriles de entrada vehicular de San Ysidro (Land Port of Entry o garita-aduana).

Tanto el muro construido con material de la guerra de Vietnam (fotografías 3 y 4), como las acciones de la Operación Guardián, estuvieron orientados a recuperar el control de la frontera. Evidentemente cortaron los lugares de cruce tradicionales cercanos a Tijuana, que además de los antes citados estaban el cañón Zapata, junto a la colonia Libertad, en Otay, al oriente de la ciudad, y por el lado poniente estaban Playas de Tijuana, el cañón de Los Laureles (Goat Canyon –cañón de la Cabra o Chiva–) y el cañón del Muerto (o Smugglers Gulch –barranco de los Contrabandistas, ¿Polleros?–). El uso táctico del primer muro facilitó las labores de vigilancia, persecución y detención, y de ahí se dedujo que cuanto más inexpugnable fuera el muro, más fácil se realizarían las detenciones y más difícil resultaría inmigrar sin permiso a Estados Unidos. Hasta ese entonces, cruzar era relativamente asequible, a decir de dos mujeres que ejercieron de coyotes para centroamericanos (Flor-2, comunicación personal, 23 de febrero de 2001) o mexicanos (Flor-7, comunicación personal, 16 de septiembre de 2016) en las décadas de 1980 y 1990.

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2004.

Fotografía 3. Los primeros muros: Playas de Tijuana 

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2004.

Fotografía 4. Los primeros muros: carretera al aeropuerto 

El muro colapsó las principales rutas de internamiento clandestino a los Estados Unidos cercanos al casco urbano de Tijuana, y los polleros con los migrantes dieron un rodeo hacia el este; primero a las montañas de Otay, Tecate y la Rumorosa del lado mexicano. Por eso, en la fase II de Gatekeeper, lanzada en 1996, se completó la construcción de la barda de más de 20 kilómetros hasta donde inician las montañas, cuya pendiente impidió continuar el muro, pero se extendió más allá de Tijuana, frente a la ciudad de Tecate. En octubre de 1997, la fase III extendió el operativo hasta el sector de El Centro, en el desértico condado de Imperial, limítrofe con Arizona. El área de Mexicali, frente al condado de Imperial, es una ruta antigua que desplazó a San Diego a partir del año fiscal de 1998; hasta que también, en esa zona de California, comenzaron a disminuir las detenciones a partir del bienio 1999-2000. Ahí el canal All American (Todo Americano), en algunos tramos, discurre paralelo a la frontera, operando como obstáculo y en sus aguas murieron ahogados decenas de migrantes.

En definitiva, hubo un esfuerzo continuado por combatir (enforcement) la inmigración irregular. Los operativos como Hold-the-line, Gatekeeper, Safeguard o Rio Grande dificultaron el cruce clandestino de la frontera. El concepto de múltiples obstáculos en paralelo a la línea fronteriza se impuso; y cuando hablamos de muro fronterizo, no se trata de un muro opaco, homogéneo y unidimensional, sino de una infraestructura multidimensional y heterogénea que interrelaciona múltiples objetos de carácter material, tecnoelectrónico y humanos: bardas de postes de acero de diferente contorno y longitud, detectores y vigilancia electrónica y patrulleros de frontera. Esto permitió alcanzar una capacidad sostenida para detener migrantes y transformó el patrón migratorio, destruyó la circularidad (las tradicionales idas y venidas anuales de migrantes) que caracterizó la migración temporal mexicana en la segunda mitad del siglo XX y obligó a alargar las estancias en los Estados Unidos.

La nueva y agresiva estrategia de control logró que entre el 1 de octubre de 1994 al 30 de septiembre de 2000, se acumularan 8 844 476 eventos de detenciones en la frontera con México, cifras nunca antes vistas para un periodo de seis años. Hasta hoy no se ha vuelto a realizar un volumen de detenciones de esa magnitud en un sexenio. Pero el efecto colateral más trágico fue el desvío de las rutas de cruce a los desiertos y otras zonas peligrosas que provocó la muerte de al menos 9 000 migrantes en la región fronteriza en el periodo 1993-2013 (^{Eschbach et al., 1999}; ^{Alonso Meneses, 2013}). Para 2021, la cifra podría rondar las 11 500 muertes en los últimos 28 años.

El muro fronterizo, 2000-2020: Bush, Obama y Trump

Clinton dejó la presidencia en 2000, el año parteaguas que abrió un periodo de dos décadas con patrones migratorios desconcertantes. Fue el año con más eventos de detenciones de migrantes en la historia de la frontera Estados Unidos-México, reportando una cifra de 1.6 millones, y no necesariamente de personas diferentes, pues una misma pudo haber sido detenida cuatro, cinco o más veces. Un récord que acaba de caer en el año fiscal de 2021 con 1.7 millones de detenciones. Es importante hacer notar que Estados Unidos, para sus estadísticas y calendario oficial, maneja los años fiscales –FY, por sus nombre en inglés– que van del 1 de octubre al 30 de septiembre del siguiente año (^{U.S. Customs and Border Protection [CBP], 2022}). La cifra habla de un flujo migratorio caudaloso y de una maquinaria de hacer detenciones engrasada. En el año 2000 ganaron la presidencia Bush hijo y los republicanos que gobernaron de 2001 a 2009. Un año después, el fatídico 11 de septiembre de 2001, se perpetraron los atentados de Nueva York y Virginia (contra el Pentágono). Acontecimientos que no podemos desligarlos de los atentados del verano de 1998, contra las embajadas estadounidenses de Nairobi, Kenia, o Dar es Salam, Tanzania –las embajadas son territorio de EE. UU.–, reivindicados por Al Qaeda.

La demanda de una frontera segura tras aquella tragedia que cambió la geopolítica mundial y de la frontera Estados Unidos-México, degeneró en una franja fronteriza blindada y militarizada, con muros de prisión de alta seguridad y acciones de conflicto de baja intensidad. La nueva ecuación tenía, junto al narcotráfico y la migración clandestina, un nuevo elemento, extraño a la región: el terrorismo islamista-yihadista de Al-Qaeda. El narcotráfico en la frontera con México había conocido un gran impulso entre 1986-2000, cuando las rutas de la cocaína colombiana por el Caribe se bloquearon y se desviaron por Tijuana, Ciudad Juárez o Nuevo Laredo.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 redibujaron las políticas de seguridad y fronteras estadounidenses. El presidente Bush firmó la Patriot Act el 26 de octubre de 2001 y creó el Department of Homeland Security (DHS). En 2002 se promulgaron las leyes Enhanced Border Security and Visa Entry Reform Act y la Homeland Security Act, que reestructuraban las diferentes oficinas y agencias vinculadas al control de la migración y fronteras. El INS dejó de operar en marzo de 2003 y su campo de acción lo asumieron el ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement o Control de la Inmigración y Aduanas), el CIS (Citizenship and Immigration Services o Servicio de Ciudadanía e Inmigración) o el CBP (Customs and Border Protection o Protección de Aduanas y Fronteras). Siguieron leyes como la Intelligence Reform and Terrorism Prevention Act de 2004, la REAL ID Act de 2005 (^{Meyers, 2006}), o la Secure Fence Act de 2006, con la que se proyectaron infraestructuras del tipo muro y complementos para el control operacional sobre las fronteras terrestres y marítimas internacionales de los Estados Unidos.

Bush junior, a partir de 2003, impulsó el levantamiento sistemático de obstáculos y muros (barreras físicas y muros), la contratación de agentes para la Patrulla Fronteriza –que superó los 20 000 elementos en 2009–, la transferencia de tecnologías para la identificación y registro de datos personales de migrantes y viajeros (^{Meyers, 2006}). También el uso de la Section 287(g) de la IIRIRA de 1996, que legitima las redadas de las agencias policiales locales, previo convenio para la detención de migrantes y su posterior deportación. Un ejemplo de las consecuencias del uso de esta sección de la ley fueron las operaciones excesivas e ilegales del sheriff Joe Arpaio en Arizona y que acabó ante un juez. Se consolidaba así una etapa caracterizada por la construcción de dobles muros, el crecimiento de las redadas en el interior o Homeland y la intensificación de las deportaciones.

Las deportaciones (removals) comenzaron a crecer notablemente con Clinton. Si en el año fiscal 1996 fueron 69 680 los eventos de extranjeros deportados (aliens removed), dos años después de la ley IIRIRA se duplicaron: 114 432 en 1997 y 173 146 en 1998 (^{Dougherty, Wilson y Wu, 2006}). Ya con Bush junior pasaron de 189 026 deportaciones en el año fiscal 2001 a 369 221 en 2008. Las cifras de 2007 y 2008 demuestran que las redadas del ICE operaban como un importante recurso de control migratorio antes de Obama.

Junto a las históricas detenciones de migrantes que la Patrulla Fronteriza/CBP realiza a pie de frontera y posteriores expulsiones, las deportaciones se posicionaron en la agenda política y del DHS. Conceptual y jurídicamente son diferentes las expulsiones (returns) de migrantes capturados en la región fronteriza, de las deportaciones con una order of removal ejecutadas por el ICE desde el interior. Tras establecer el récord de deportaciones para un solo año en 2012 con 409 000 eventos de deportación, Obama fue reelegido y rectificó, propiciando una caída notable en las deportaciones, ya que pasaron de 235 413 en 2015 a 240 255 en 2016 y 226 119 en 2017. Aunque el Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, batió el récord de deportaciones en sus dos mandatos, con más de 2.5 millones, de los que 1.8 millones fueron mexicanos (^{ICE, 2017}). El peor dato de su mandato, 2009-2017, fue que en la frontera con México fallecieron 2 977 migrantes, la mayoría mexicanos (^{U.S. Border Patrol, 2020}).

Obama impulsó otro hito legislativo que afectó la infraestructura fronteriza: la Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act, ley aprobada en el verano de 2013 durante su segundo mandato, la cual asumía que antes de impulsar una regularización migratoria, debía reforzarse la seguridad de la frontera. Entre sus principales cometidos estuvo la “implementación de la Estrategia Integral de Seguridad de la Frontera Sur y la Estrategia de Cercado de la Frontera Sur” (^{Congress.Gov, 2013}). Esta era una estrategia de seguridad multidimensional indisociable de la construcción de una cerca (fence) con pilotes de acero como rieles de ferrocarril levantados en vertical guardando una mínima separación.

Esta estrategia para la frontera con México –el documento habla de una eufemística Frontera Sur (Southern Border) que incluiría Nueva Orleans, Alabama o Florida– conllevaba requerimientos tecnológicos, la construcción de 700 millas de muro para detener migrantes y reemplazar los obstáculos anti-vehículos, como los instalados en el desierto. Se contemplaba obligar a los empleadores a usar un sistema de verificación para prevenir la contratación de trabajadores irregulares (unauthorized workers). Además, proponía un objetivo, hoy por hoy incumplido: “al menos 38,405 agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. en servicio activo y capacitados a tiempo completo estarán desplegados, estacionados y mantenidos a lo largo de la frontera sur (para el 30 de septiembre de 2021)” (^{Congress.Gov, 2013}). En la frontera con México apenas había desplegados 16 731 elementos en 2019. Esto ilustra los errores de cálculo de los legisladores.

La ley aseguraba la provisión de fondos o la creación del Department of Homeland Security Border Oversight Task Force y la Southern Border Security Commission para dar seguimiento y tomar decisiones ejecutivas. Por ejemplo, supervisar la construcción de infraestructura centrada en los puertos de entrada, o entre aduana y aduana, y que esta infraestructura –insisto, 700 millas de muros y tecnología– se asegurase de desplegar “tecnologías de vigilancia en los sectores de Yuma y Tucson, Arizona; de San Diego y El Centro, California; El Paso, Big Bend, Del Rio, y Laredo, Texas; y el Valle del Rio Grande, incluyendo la vigilancia por mar y aire” (^{Congress. Gov, 2013}).

Finalmente, obligaba a realizar 130 000 horas anuales de vigilancia aérea y naval de las fronteras terrestres y marítimas. El equipamiento de los agentes del CBP y la Patrulla Fronteriza debe incluir teléfono móvil y video adicionales, sistemas portátiles de vigilancia y asegurar una formación especializada, como una capacitación adecuada para los oficiales de CBP, los oficiales de la Patrulla Fronteriza, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, los agentes de la División Aérea y Marina y los especialistas en agricultura estacionados dentro de las 100 millas de cualquier frontera terrestre o marina de los Estados Unidos, o en cualquier puerto de entrada para este país (^{Congress.Gov, 2013}). Consolidó el uso de drones no artillados para vigilancia de 24 horas diarias en la región fronteriza del suroeste o vecina a México. Y estableció un protocolo (guidelines) del CBP para tratar con menores migrantes detenidos en la frontera –sin duda, acertado–, aunque parece que de nada sirvió tras la crisis de menores en la frontera de los años 2014, 2016, 2019 y 2021, o los abusos durante el mandato de Trump con menores fallecidos o desaparecidos durante su detención.

De fence a wall o el mediático y fetichista muro de Trump

Donald Trump inició su presidencia en 2017. Durante la campaña habló de construir un hermoso muro y, durante su mandato, el muro catalizó un extendido sentimiento de xenofobia y racismo antinmigrante. La primera crisis migratoria que enfrentó fue la de los haitianos llegados a Tijuana en el periodo 2016-2017; sin embargo, en el año 2017, las detenciones en la frontera cayeron a cifras propias de 1970. El 2018 fue el año de varias caravanas de centroamericanos, y la del otoño de ese año produjo el asalto de la frontera entre San Diego y Tijuana por miles de migrantes que debieron ser dispersados con material antidisturbios y provocó el cierre de la frontera por más de cinco horas. Aquella crisis fue escalando, y del 22 de diciembre al 25 de enero de 2019 se produjo el cierre del gobierno (government shutdown) más largo de la historia de los Estados Unidos que duró 35 días.

Los demócratas se negaban a autorizar 5 000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. Pero como los cruces de centroamericanos seguían produciéndose a unos niveles y ritmo nunca antes vistos, entre octubre y enero se hicieron casi 300 mil detenciones; el 15 de febrero de 2019 Trump declaró la Emergencia Nacional en la frontera. Esto le permitió desviar fondos del presupuesto del Departamento de Defensa (el Pentágono) para financiar la construcción del muro. Las detenciones en la frontera se duplicaron en el primer semestre de 2019 con respecto al 2018 –más de 450 000–, la gran mayoría eran guatemaltecos y hondureños, marcando un hito histórico sin precedentes.

Del lado de México, las medidas de la 4-T –desde Gobernación y el INM– fueron improvisadas y contraproducentes, porque provocaron un publicitado efecto llamada, principalmente de centroamericanos, pero también brasileños, cubanos, ecuatorianos y de diferentes países africanos o asiáticos. La avalancha fue de tal magnitud que sobrepasó a las inexpertas e ineptas autoridades migratorias mexicanas, concretamente del máximo responsable del INM. Trump acabó amenazando a México con tomar represalias por una política y gestión irresponsable de la migración en tránsito. Amenazó con el cierre de la frontera norte, con rechazar el T-MEC, el renovado TLCAN, con la imposición de aranceles escalonados de hasta 25 por ciento a productos importados de México y dio un plazo de 40 días. El ultimátum sin precedentes en las relaciones México-Estados Unidos se debía a que nunca en la historia de la migración estadounidense habían sido detenidos tantos centroamericanos tras cruzar por México.

Paralelamente se consolidó una estrategia migratoria que se había visualizado en episodios de 2014 y 2016. Tras cruzar la frontera, por zonas con o sin muros, grupos de migrantes se entregaban a la Patrulla Fronteriza con la esperanza de encontrar posteriormente formas de regularizarse. No intentaban internarse clandestinamente en Estados Unidos y llegar a alguna ciudad, eso solo se logra con la logística de organizaciones de polleros y coyotes o, excepcionalmente, de algún familiar o amigo. Aquel auténtico tsunami migratorio se interrumpió en el verano de 2019, con la rectificación de la irresponsable política transmigratoria impulsada por algunos funcionarios del Estado mexicano; como ya se mencionó, fue el caso del máximo responsable del Instituto Nacional de Migración (un inexperto en temas migratorios y académico de El Colegio de la Frontera Norte [El Colef]), que finalmente dimitió, asumiendo la incapacidad para gestionar el más grave conflicto histórico de México con el gobierno de los Estados Unidos en lo que llevamos del siglo XXI.

Al terminar el año fiscal 2019, se estableció un récord excepcional y probablemente irrepetible, cuando la Patrulla Fronteriza realizó un total de 851 508 detenciones, mayoritariamente de centroamericanos, en la frontera con México. De ellas, 166 458 fueron mexicanos (19.5 %), frente a 685 050 ciudadanos de otros países (80.4 %) (Other Than Mexican [OTM]). De estos últimos, 75 por ciento procedían de Guatemala y Honduras. Los sectores de la Patrulla Fronteriza donde se realizó el mayor número de detenciones de centroamericanos fueron Rio Grande Valley, con 309 295 (45 %) y El Paso con 166 960 (24 %) (^{CBP, 2018}). En los años 2018 y 2019, las cifras de mexicanos detenidos en la frontera fueron las más bajas de los últimos 40 años. Y no fue precisamente por el muro.

Meses después, la pandemia por Covid-19 declarada en marzo de 2020 colapsó la vida cotidiana, el comercio y la movilidad humana a nivel mundial. Los flujos migratorios redujeron su caudal e intensidad. Trump convirtió el muro y las caravanas en munición de propaganda electoral. Pese a tal estratagema, perdió las elecciones presidenciales. El nuevo presidente, Joe Biden, dejó sin efecto la declaratoria de Emergencia Nacional de 2019 y detuvo la construcción de nuevos tramos del muro en 2021. Pero días antes de iniciar su presidencia, una caravana de hondureños fue reprimida en Guatemala; en marzo y abril se produjo una crisis de menores migrantes que llegaban solos a Estados Unidos en números récord, y en junio la vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala y México anunciando un nuevo plan. El gobierno mexicano reprimió duramente algunas caravanas durante agosto y septiembre. México enviaba la señal de tolerancia cero al libre cruce de su frontera sur. Un cambio histórico que modifica el panorama transmigratorio de la última década.

El muro en la frontera operó como una pieza central en el sistema del nuevo muro. Paradójicamente, juega el doble papel de instrumento de propaganda política y de factor real y crucial en la infraestructura de control y disuasión; complementado con una serie de medidas que combinan carreteras y caminos paralelos, cámaras infrarrojas y de visión nocturna, detectores de movimiento, drones de vigilancia de diferentes tamaños, equipos de comunicación, un parque móvil vehicular (desde caballos a cuatrimotos y jeeps), equipamiento de computación y software (tecnología electrónica-digital), un amplio catálogo de tecnologías de vigilancia y los recursos humanos necesarios. En ese sentido, la Patrulla Fronteriza y el CBP tienen unidades operativas de tierra, mar y aire, y operativos de control al interior de los estados, desde puntos de revisión en las carreteras a estrictos controles aeroportuarios con diferentes filtros.

No obstante, otro factor transversal es la atmósfera sociocultural, que lo mismo propicia un clima de sentimientos antiinmigrantes y neorracistas, como construye el estereotipo del presunto inmigrante irregular como objetivo policial, un panorama bastante común desde hace décadas en las sociedades occidentales y en los Estados Unidos (^{Stolcke, 1995}; ^{Verea Campos, 2012}). De esta manera, los muros fronterizos están relacionados y combinados con las deportaciones de inmigrantes irregulares. Las deportaciones han sido interpretadas como un mecanismo regulador del ejército de reserva laboral de inmigrantes indocumentados por De Genova (2002) y como un instrumento polivalente de limpieza étnica y de cirugía de extirpación demográfica y socioeconómica (^{Alonso Meneses, 2014}), es decir, una manera práctica de deshacerse de los migrantes irregulares (illegal aliens). Esta atmósfera xenófoba estaría arraigada histórica y socioculturalmente, infiltrando la política y toma de decisiones, y materializándose con consecuencias discriminatorias.

El presente detonado a partir de 1993 refleja una vieja explicación de Andreas: “Al interrumpir las rutas y métodos tradicionales de entrada clandestina, la intensificada campaña de control fronterizo ha transformado el acto ilegal que alguna vez fue relativamente simple de cruzar la frontera, en un sistema más complejo de prácticas ilegales” (^{2000, p. 95}). En aquellos años crecieron a un ritmo inédito la violación de los derechos humanos y las muertes de migrantes (^{Smith, 2001}; ^{Nevins, 2002}; ^{Alonso Meneses, 2013}). Romper con una cultura de cruce clandestino que llevaba más de 60 años consolidada, produjo un choque de trenes que perjudicó a los más vulnerables: las y los migrantes. ^{Wilson (2014)} coincide con Andreas cuando critica la militarización de las fronteras, al señalar que, en Norteamérica y Europa occidental, lejos de combatir los peligros y amenazas, lo que en realidad consiguen es disparar una escalada de sofisticación en el modus operandi de aquellos actores y grupos a los cuales se pretende combatir. A conclusiones similares llega ^{Saddiki (2017)}, ampliando su investigación al mundo de muros actuales, muros fronterizos virtuales (electrónicos) incluidos, poniendo de manifiesto sus contradicciones y efectos contraproducentes o nefastos.

^{Payán (2016)} ya visualizó que las tres guerras de la frontera – de las drogas, la inmigración y la seguridad nacional– creaban una sinergia contraproducente. Al igual que ^{Massey, Durand, y Pren (2016)}, para quienes el control de la inmigración en las fronteras de los Estados Unidos fracasó como estrategia al ser la respuesta política a una percepción problemática de la amenaza de la inmigración latina a los Estados Unidos, con una imagen y narrativa sesgada que promovieron burócratas, políticos y expertos. Con ello, lo que consiguieron fue realizar mayores aprehensiones y una militarización de la frontera desmedida que principalmente transformó la migración mexicana indocumentada, que pasó de la histórica circularidad anual de trabajadores varones que iban principalmente a California, Texas e Illinois, a acumular 11 millones de personas dispersas por 50 estados de la Unión Americana.

Así mismo, sorprende que efectos colaterales como la trata sigan vigentes (^{Izcara Palacios y Andrade Rubio, 2016}), u otras violencias, surgidas en el plano de lo que el primer autor denomina “violencia posestructural”, cuando los migrantes laborales centroamericanos se reconvierten en delincuentes peligrosos por temor a perder la vida tras ser reclutados forzadamente por los cárteles del narcotráfico (^{Izcara Palacios, 2016}). En ese sentido, ^{Orozco-Aleman y Gonzalez-Lozano (2018)} concluyen que tanto la violencia en los municipios de origen como el riesgo de violencia durante la movilidad migratoria, generalmente vinculada al narco, son factores más fuertes que la potencial capacidad de disuasión del control agresivo de la frontera.

Sea como fuere, en septiembre de 2019, el famoso muro en la frontera con México tenía 654 millas sobre un total de 1954. De ellas, 374 millas eran de pedestrian primary barrier (la primera valla-muro que impide el paso de personas a pie) y 280 millas de vehicle barrier (pensadas para impedir el paso de autos). La segunda, que suele correr en paralelo a la primera, denominada pedestrian secondary barrier (la segunda valla-muro) y que puede ser tan alta como la primera o más, solo tenía 37 millas, repartidas así: California 14, Arizona 10, Texas 13; ninguna en Nuevo México. La pequeña frontera de California tiene una milla más que todo un estado como Texas, con más de 60 por ciento de la frontera.

Mientras que la denominada pedestrian tertiary barrier (la tercera valla-muro), en toda la frontera, apenas tenía 14 millas. En realidad, Bush hijo y Obama construyeron más kilómetros de muro que Trump. Buena parte de los kilómetros recién erigidos en las barreras primaria y secundaria alcanzan los 10 metros de altura, incluida la placa de acero que las corona. Son los denominados 30’steel bollard wall (muro de bolardos o vigas de acero de 30 pies) (fotografías 5 y 6).

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2021.

Fotografía 5. Tramos con doble muro: Avenida Internacional 

Fuente: Archivo personal, Tijuana, 2018.

Fotografía 6. Sustitución de la vieja barda en el cañón de Los Laureles 

El discurso oficial estadounidense con Trump defendía que los muros funcionan. Sin embargo, la administración de Obama al final de su mandato apuntaba: “Estamos decididos a tratar a los migrantes de manera humana” y “Los muros por sí solos no pueden prevenir la migración ilegal. En última instancia, la solución es una inversión a largo plazo en Centroamérica para abordar los factores de empuje subyacentes en la región” (^{Department of Homeland Security Press Office, 2016}). Todo indica que la administración de Biden retomará esta última vía: menos muros y más inversión en Centroamérica. Pero la inversión en mejoras económicas fracasa cuando la seguridad, la libertad y la democracia son inexistentes.

Finalmente, aunque el muro fue construido para detener la migración irregular mexicana, a partir del año 2014 la presencia de migrantes centroamericanos (Guatemala, El Salvador, Honduras) renovó la presión y arrojó factores novedosos (^{Izcara Palacios, 2017a}). Por ejemplo, la irrupción de un cuantioso e inédito número de grupos familiares y de menores no acompañados que cruzaron la frontera norte de México y se entregaron a la Patrulla Fronteriza, en lo que constituye una nueva estrategia: primeramente, se busca refugio, no trabajo (^{Durand y Massey, 2019, p. 13}). Todo ello en un contexto económico que cambió la lógica de la demanda de mano de obra indocumentada, donde la necesidad de los contratistas ya no se apoyaba necesariamente en las redes sociales de familias y amistades (^{Izcara Palacios, 2017b}).

Ante este nuevo panorama, ¿de qué sirven los muros si la nueva estrategia pone el énfasis en cruzar la frontera, entregarse inmediatamente a la Patrulla Fronteriza y buscar la regularización como refugiado o asilado? Y en la actualidad estamos en un año excepcional. El 2020 fue el año de la pandemia por Covid-19, y el año fiscal 2021 inició con un inédito flujo de menores migrantes y terminó con 1 734 686 eventos de detenciones en la frontera con México; nuevo récord histórico, la mayoría ciudadanos mexicanos (^{CBP, 2022}). Los muros y obstáculos no sirvieron para detener estas neo-movilidades migratorias.