Variaciones en el comportamiento de las disoluciones por divorcio y separación en el norte mexicano

Existen pocas investigaciones sobre el comportamiento de las disoluciones conyugales de tipo voluntario en las distintas partes de México. Esto se debe, en gran parte, a las limitaciones impuestas por las fuentes de información disponibles ya que, por una parte, las estadísticas vitales solo registran los divorcios, pero no las separaciones de hecho. Y por otra, no todas las encuestas demográficas tienen representación estadística a nivel estatal y/o regional. La falta de información acerca de las separaciones de hecho constituye un serio problema para dar cuenta del fenómeno en su conjunto, debido a que ha sido y sigue siendo la forma preferente que asumen las disoluciones conyugales de tipo voluntario en el país. Según información de la Encuesta Nacional Demográfica (END) de 1982, 83 por ciento de las disoluciones eran separaciones de hecho y solo 17 por ciento eran divorcios a nivel nacional (^{Ojeda, 1991}). Veinte años después, el porcentaje de separaciones a nivel nacional siguió siendo prácticamente el mismo, “83.5 por ciento”, según la Encuesta de Salud Reproductiva, 2003 (^{Ojeda y González Fagoaga, 2008, p. 120}). Incluso ha aumentado, al representar 87.9 por ciento del total de las disoluciones voluntarias de las primeras uniones de las mujeres participantes en la ^{Enadid 2018}, según cálculos propios usando esta fuente.

Sobre la frecuencia de los divorcios y las separaciones de hecho en el norte mexicano, ^{Ojeda de la Peña y González (1992)} indican, con información proveniente de la END de 1982, que este fenómeno se daba entonces a un nivel más alto que en el total nacional. Situación que entonces se atribuía a los niveles comparativamente mayores de desarrollo de la región norte del país. Hallazgo que es necesario indagar si continúa o no siendo el caso, después de casi cuatro décadas, como se verá más adelante en este estudio.

No obstante las limitaciones que imponen las estadísticas vitales para medir las separaciones de hecho, es incuestionable el gran valor de los datos que proporcionan acerca de las disoluciones por divorcio. Al respecto, son ilustrativas las cifras obtenidas acerca de la relación divorcios-matrimonios, para los años de 2010 y 2021, que proporciona el ^{Conapo (2022)}. Estos datos pueden verse en la gráfica 1, donde se observa una tendencia al aumento en el número de divorcios registrados durante la última década, con excepción del año 2020 (que corresponde a la pandemia COVID-19). Inclinación que, al parecer, se restablece en 2021. La tendencia al aumento del divorcio se observa en el total nacional y en las otras unidades geográficas de menor tamaño, como la Ciudad de México (CDMX) y los seis estados fronterizos del norte. Ahora bien, la razón divorcios-matrimonios es un indicador que tiene limitaciones inherentes para medir los niveles del divorcio, por sobrestimarlos debido al efecto que en él tiene el descenso que, a su vez, se ha dado en el número de matrimonios registrados durante el mismo período (el cual se muestra más adelante). Sin embargo, este indicador permite comparar las disoluciones entre las unidades geográficas aquí consideradas. Esto es particularmente valioso respecto a lo ocurrido en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, por ser estados que, si bien registraban niveles bajos o moderados en el año 2010, casi una década después (2019) llegan a tener niveles de los más altos. Finalmente, importa señalar que la consideración del total nacional y de la CDMX en este estudio se hace solo con propósitos comparativos y referenciales de la región norte, que es el objeto de nuestro análisis.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{Conapo (2022)}.

Gráfica 1. Relación divorcios-matrimonios a nivel nacional, CDMX y estados fronterizos del norte (2010-2021) 

Con el interés de generar un acercamiento al comportamiento de las disoluciones de las primeras uniones conyugales de las familias en la región norte, en el cuadro 1 se presenta el comparativo de divorcios y separaciones, considerados de manera conjunta, en distintas partes del país. En el cuadro se muestran las probabilidades acumuladas de disolución que fueron obtenidas mediante la técnica de tablas de vida y utilizando la información de las historias de vida conyugal proporcionada por la ^{Enadid 2018}. La comparación de las cifras estimadas indica una intensidad mucho mayor del fenómeno en CDMX que en el total nacional y que en las otras dos regiones consideradas a la duración de la unión de 30 años. De tal modo que, casi la mitad (48 %) del total de los matrimonios y uniones libres de primer orden terminan por divorcio o separación a los 30 años de haberse formado, según la experiencia de la cohorte de primeras uniones, definida por la experiencia conyugal de las mujeres alguna vez unidas entrevistadas en la CDMX. En cambio, la intensidad de la disolución conyugal en las cohortes respectivas en las otras unidades geográficas es un tercio. Específicamente, las disoluciones a nivel nacional y en la región norte a la duración de 30 años se sitúan en 33 por ciento cada una de ellas, y en la región resto del país en 32 por ciento. Interesantemente, nótese en la gráfica 2 que la primacía de la CDMX en este fenómeno se da prácticamente por el comportamiento de la cohorte a partir de la duración de 20 años; indicando una clara mayor probabilidad de disolución por divorcio o separación de las uniones más avanzadas o maduras en esta parte del territorio que en las otras regiones y el total nacional.

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos propios realizados en el cuadro 1.

Gráfica 2. Probabilidades acumuladas de divorcio y separación de la primera unión conyugal en distintas partes de México 

Al enfocar la atención en lo que ocurre al interior de la región norte, en el cuadro 2 se pueden ver interesantes diferencias en las probabilidades acumuladas de disolución de los seis estados norteños. Destaca Sonora, con los niveles de disolución más altos a cada una de las duraciones de unión, a lo largo de los 30 años de observación; donde las disoluciones llegan a ser 44 por ciento del total inicial de la cohorte ficticia de primeras uniones en esta entidad federativa. Le siguen, de lejos, Nuevo León y Chihuahua, con 32 por ciento de sus respectivas cohortes de primeras uniones disueltas a la duración de 30 años, colocándolas en un segundo lugar. Estos dos estados van a ser seguidos muy de cerca por Baja California, con 31 por ciento de disoluciones a la misma duración. En el extremo opuesto, Tamaulipas y Coahuila presentan las probabilidades acumuladas de disolución conyugal más bajas, con 29 y 30 por ciento, respectivamente, de disoluciones de sus primeras uniones 30 años después de haberse formado. Importa hacer notar el caso de Nuevo León. Este estado, al igual que Sonora y Chihuahua, presenta las probabilidades más altas de disolución durante las primeras duraciones de unión, pero van a perder fuerza a partir de la duración de 10 años, comportándose a partir de entonces de manera más similar a lo que ocurre en los otros dos estados del noreste del país.

Como puede verse mejor en la gráfica 3, los datos sugieren un patrón geográfico ligeramente diferenciado entre los estados localizados en el noroeste y los localizados en el noreste, según se consideran las probabilidades acumuladas de disolución a las duraciones de unión mayores de 15 años. Así, en el lado noroeste se tiene a Sonora y Chihuahua, y cercano a ellos a Baja California con probabilidades más altas; y en el noreste, claramente a Tamaulipas y Coahuila, y un poco alejado a Nuevo León con probabilidades menos altas de disolución conyugal a las duraciones de unión más avanzadas o maduras.

Fuente: Elaboración propia con base en los cálculos propios realizados en el cuadro 2.

Gráfica 3. Probabilidades acumuladas de disolución por divorcio y separación de la primera unión conyugal en los estados del norte de México 

El aumento de las uniones libres

Como ya se mencionó, entre los factores que inciden en el riesgo de la disolución voluntaria de las primeras uniones conyugales en México, destacan por su importancia la edad de la mujer a la primera unión y el tipo que adopta la primera unión. Respecto de este último, son varias las investigaciones que muestran su influencia constante a lo largo del tiempo y su sentido unidireccional sobre el riesgo de disolución de las primeras uniones. Concretamente, acerca del riesgo diferencial que tradicionalmente han mostrado tener los matrimonios versus las uniones libres en la determinación de los niveles de la disolución conyugal. Por un lado, las uniones libres o consensuales tienen un mayor riesgo de disolverse que los matrimonios (^{Ojeda de la Peña, 1986}). Y por otro lado, el riesgo de disolución de las uniones libres tiende a ser más elevado que el de los matrimonios a las duraciones de unión más jóvenes (^{Ojeda y González Fagoaga, 2008}; ^{Quilodrán, 2000}), así como a la asociación observada entre las uniones libres y las edades más jóvenes a la primera unión (^{Quilodrán, 2000}; ^{Pérez Amador, 2022}).

Ahora bien, el comportamiento demográfico de estas dos variables, y muy probablemente su efecto sobre el riesgo de disolución entre las generaciones más jóvenes, se está viendo modificado en parte asociado a las transformaciones macrosociales y culturales registradas en el país, especialmente durante las últimas décadas. Esto de alguna manera se manifiesta cualitativamente en las percepciones que tienen algunas jóvenes acerca de las ventajas y desventajas comparativas entre el matrimonio y la unión libre; las cuales claramente favorecen a la última, entre otras razones, por ser “fácil de formarla y no hay papeleo”, “no necesita divorcio para terminarla” y considerarla un tipo de unión fácil de disolver en caso de necesidad; esto es según un estudio realizado con estudiantes de preparatoria en Tijuana, Baja California (^{Ojeda, 2009, p. 55}). Otra manifestación a nivel cuantitativo es el cambio radical que se viene dando en la estructura conyugal de la población de adultos jóvenes en lugares de alto dinamismo económico, como es el caso del estado de Baja California, donde las uniones libres son el tipo de unión conyugal predominante desde hace ya varios años (^{Ojeda, 2014}).

En este mismo sentido, sería de esperarse que el aumento de las uniones libres y el cambio cualitativo en sus contenidos y significados socioculturales estén modificando también su impacto sobre el riesgo de la disolución conyugal por divorcio y separación. Por lo cual es necesario tomar en cuenta los cambios que pudieran estarse dando en las estructuras conyugales, y especialmente entre las uniones libres, para analizar el fenómeno de la disolución conyugal por divorcio y separación. En general, se esperaría que parte importante de los cambios que pudieran estarse dando en el fenómeno de la disolución conyugal podrían estar relacionados directa y/o indirectamente con los cambios en la estructura conyugal de las poblaciones.

Con el interés de explorar indirectamente este aspecto, a continuación se presentan algunos datos proporcionados por el ^{Conapo (2022)} acerca de los cambios observados en las tasas brutas de matrimonios en el total nacional, en la CDMX y en los seis estados fronterizos del norte entre los años 2010 y 2021. En la gráfica 4, se puede ver claramente el descenso sostenido de los matrimonios en las distintas unidades geográficas consideradas a lo largo del período interrumpido solo por el efecto de la pandemia (COVID-19), al registrarse un desplome temporal de las tasas en 2020, pero que continúa con el posterior repunte de las mismas en 2021. Nuevamente destaca la CDMX con las tasas más bajas, mientras que entre los estados norteños se observan interesantes diferencias. Entre estos últimos, véase cómo el descenso de las tasas ha sido menor en Sonora y Chihuahua, a diferencia de Tamaulipas, donde el descenso ha sido muy notable, ya que la tasa pasó de 5.6 matrimonios por cada mil habitantes en 2010 a solo 3.9 matrimonios por mil habitantes en 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del ^{Conapo (2022)}.

Gráfica 4. Tasas brutas de matrimonios a nivel nacional, la CDMX y las entidades federativas del norte de México (2010-2021) 

Por su parte, la información censal permite ver el peso relativo que tienen las uniones libres en la estructura conyugal del país y su cambio reciente. El cuadro 3 presenta la distribución porcentual de mujeres unidas en matrimonio o viviendo en unión libre para dos momentos censales, 2010 y 2020. Una primera observación es el claro aumento en el peso relativo de las uniones libres en este período censal a nivel nacional y en cada uno de los estados del norte. En 2010, las mujeres en unión libre representaban la cuarta parte del total, a nivel nacional; y en 2020 las mismas ascendieron a poco más de la tercera parte. El norte también vio aumentar su porcentaje de mujeres en unión libre, oscilando entre 26.5 por ciento en Nuevo León y 41.4 por ciento en Baja California para el año 2020.

El aumento de las uniones libres en el norte, sin embargo, se ha dado con interesantes variaciones entre los distintos estados que sugieren nuevamente un patrón geográfico diferenciado en dos subregiones norteñas. Así, nótese en el mismo cuadro 3 cómo en 2010 las mujeres en unión libre representaban entre 30 y 35 por ciento en Chihuahua, Sonora y Baja California (este último con el mayor porcentaje); en tanto que las mujeres en el mismo tipo de uniones eran entre 15.7 y 26.9 por ciento en Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, con este último a la cabeza.

Entre 2010 y 2020, las proporciones de uniones libres aumentaron en todos los estados, pero con interesantes variaciones en los porcentajes. En breve, los estados de la subregión noroeste registraron aumentos menores que los estados del noreste. Así, en las entidades del noroeste, las proporciones de mujeres en unión libre aumentaron entre 5.4 y 6.1 puntos porcentuales; mientras que entre las del noreste el aumento fue de entre 7.8 y 9.4 puntos porcentuales. De modo que el cambio entre 2010 y 2020 fue mayor entre los estados norteños que en su pasado reciente habían mostrado tener niveles más bajos de desinstitucionalización en sus arreglos conyugales. Estados estos últimos que en el año censal 2020 prácticamente alcanzaron los altos porcentajes de mujeres viviendo en unión libre que diez años antes tenían las entidades federativas norteñas del noroeste. En consecuencia, sería de esperarse que este claro aumento de las uniones libres en las estructuras conyugales de las distintas entidades federativas norteñas, y su consabido comparativamente mayor riesgo de disolución, se traduzca en un aumento también del peso proporcional de las separaciones de hecho en el conjunto de las disoluciones conyugales en los estados del norte.

Las legislaciones norteñas respecto al divorcio, el matrimonio y el concubinato

El aumento en cantidad de disoluciones conyugales y de uniones libres en México, al igual que ocurre en otras sociedades, forma parte de procesos de cambio más amplios en el orden social y económico del país. Estos cambios han dado lugar a un mayor empoderamiento social y económico de las mujeres de las nuevas generaciones, permitiéndoles tener más poder en la toma de decisiones relacionadas con la formación y/o disolución de sus arreglos conyugales. Así mismo, tales cambios han dado lugar a transformaciones en la cultura y en las relaciones de género, modificando los valores sociales y económicos asociados al matrimonio y el divorcio, así como la importancia simbólica e institucional que ambos tienen en la dinámica familiar. Como parte de estos cambios, un aspecto muy importante de considerar es el papel que tiene el Estado sobre el particular. Esto es mediante la definición y la puesta en práctica del marco que legitima y regula las condiciones en que el estado permite a sus ciudadanos y ciudadanas establecer arreglos conyugales y disolverlos en aras de preservar la institución de la familia. La revisión somera de algunos aspectos legales referidos al divorcio, el matrimonio y el concubinato en los códigos civiles de los seis estados del norte aquí considerados, permiten visualizar, por un lado, algunas de las posibles dificultades que las parejas, y en particular ellas, tienen que enfrentar en la consecución del divorcio o bien optar por la separación de hecho como vía alterna. Y, por otro lado, se pueden ver algunos cambios en el marco legal como respuesta a la necesidad de adaptarlo al comportamiento social observado no convencional en la creación de arreglos conyugales diferentes al matrimonio convencional (monógamo y heterosexual).

Esto es con el afán de reflexionar sobre el impacto que tales aspectos pudieran estar teniendo directa y/o indirectamente sobre la ocurrencia del fenómeno de las disoluciones conyugales por divorcio o separación en la región norte del país.

En lo que se refiere al divorcio, en el cuadro 4 se muestra que en los códigos civiles de los estados norteños –vigentes entre 2018 y 2022– se establecía como requisito que hubiera transcurrido al menos un año después de celebrado el matrimonio para que las parejas pudieran solicitar el divorcio por consentimiento mutuo, siempre y cuando se cumplieran dos condiciones: primero, que la pareja no tenga hijos menores de edad y, segundo, que exista la separación de bienes en el matrimonio. En caso de no cumplir dichas condiciones, la pareja debía solicitar el divorcio contencioso para llegar a un arreglo entre las partes y definir lo relativo al cuidado legal, físico y económico de los hijos menores de edad, así como lo relacionado con la distribución de los bienes obtenidos durante el matrimonio. Para afrontar esta situación, como puede vaticinarse, se necesita contar con los servicios profesionales de un/a abogado/a y tener los recursos económicos para cubrir los gastos correspondientes, además del costo emocional que tal proceso implica para los miembros de la pareja, en particular para quien solicita el divorcio, así como para otros miembros de la familia, especialmente los hijos menores.

Así mismo, nótese en el cuadro 4 que solo dos de los seis estados (Baja California y Chihuahua) no consideran a la incompatibilidad de caracteres como causal para solicitar el divorcio; o bien no se requiere que exista una causa específica para solicitarlo. Situación que, como es fácil imaginar, hace más difícil tanto la posibilidad de solicitar el divorcio como el proceso mismo para lograrlo, ya que es necesario probar que la otra parte ha incurrido en una falta o causa que justifica el divorcio. Esta última situación también hace necesaria la participación legal de abogados e implica mayores costos económicos y emocionales, además de que muy probablemente lleve más tiempo para lograr que se dicte una sentencia favorable de divorcio. Frente a las dificultades prácticas, económicas y emocionales que implican estos dos últimos aspectos en la consecución del divorcio, es posible imaginar que optar por una separación de hecho es muy atractiva y tal vez la única vía posible en algunos casos.

Sobre el matrimonio, en el mismo cuadro 4 se puede ver que la edad mínima requerida para casarse por la ley civil era de 18 años para ambos sexos en todos los estados norteños, excepto Sonora entre los años de 2018 y 2022. Por lo cual ambos consortes deberán haber alcanzado la adultez legal. Este requisito se estableció de manera reciente en la legislación de la mayoría de los estados norteños, a partir de la reforma del Código Penal Federal de 2019, que prohíbe el matrimonio antes de los 18 años y la cohabitación forzada. Actualmente, Sonora ya cambió también su legislación conforme a esta reforma del Código Penal Federal. Sin embargo, nótese que hasta muy recientemente bastaba que el varón tuviera solo 16 años y ella solo 14 años en varios de estos mismos estados. Por ejemplo, en Sonora estas edades eran las mínimas requeridas hasta antes de la reforma de 2019 para permitir el matrimonio legal; aunque por tratarse de menores de edad se requiera el consentimiento de los que ejercen la patria potestad o, en su defecto, la tutela sobre ellos, según el artículo 242 del Código Civil para el Estado de Sonora (2022). Más aún, en este estado se permitía la dispensa de estas edades ya que

por el juez de primera instancia, si lo hubiere, o a falta de este, el juez local, o a falta de este, el juez menor, del lugar de residencia de los menores interesados, podrán conceder dispensa de edad por causas graves y justificadas (pp. 26-27).

Esto explica, en parte, por qué las estadísticas sobre la nupcialidad mexicana muestran aún casos de matrimonios en los grupos de edad menores a los 18 años en los estados norteños.

Cambios en el comportamiento social observado de la población mexicana en los últimos años, y el activismo social organizado al respecto, han promovido causas sociales que están imprimiendo importantes modificaciones en los marcos jurídicos de algunas entidades federativas que buscan ampliar la regulación institucional de los arreglos conyugales en su territorio. Dos modificaciones relevantes se refieren al matrimonio igualitario (entre personas del mismo sexo) y el concubinato, término legal que se utiliza para referirse a las uniones libres en los respectivos códigos civiles. Acerca del primero, también en el cuadro 4, se puede ver que solo dos de los seis estados norteños reconocen al matrimonio entre personas del mismo sexo en sus legislaciones, otorgándoles legitimidad y los mismos derechos y obligaciones que los matrimonios heterosexuales. Situación que implica que en la mayoría del territorio de la región norte este tipo de parejas sean altamente vulnerables por tener que vivir en condiciones de clandestinidad y totalmente desprotegidos por la ley. Esto es por tener un estatus legal incluso menor al que tienen las uniones libres entre parejas heterosexuales durante la vida en pareja y, particularmente, en caso de darse la disolución por separación de hecho por ser la única vía posible.

Respecto a la unión libre, el mismo cuadro 4 permite ver que todos los estados del norte reconocen el derecho legal que tienen los miembros de la pareja, pero en especial ellas, a recibir alimentos después de dos años de haberse unido, o antes si hay hijos nacidos en común. Esto al igual que el logro anteriormente obtenido acerca de los derechos que la ley otorga a los hijos nacidos de una unión libre, previo a su reconocimiento por parte del padre varón, son dos derechos que potencialmente pueden hacer menos difícil la situación legal de las mujeres/madres viviendo en unión libre, y de sus hijos. Como también lo sería en caso de existir violencia económica en la relación; o querer/necesitar disolver la relación por medio de una separación de hecho. No obstante la importancia de estos cambios legales, es posible que en algunos casos siga siendo necesario contar con los servicios profesionales de un/a abogado/a para hacer valer tales derechos.

Desde otra óptica, estos avances en la ley hacen de la unión libre una alternativa más atractiva que el matrimonio, para muchas parejas, independientemente del sexo de las personas. Este podría ser el caso de parejas que buscan una mayor flexibilidad legal en sus uniones conyugales y entre aquellas parejas muy jóvenes que pudieran ver en la unión libre un medio para transitar hacia la adultez, al permitirles disfrutar de su sexualidad con un cierto grado de estabilidad emocional y sin “muchas ataduras legales” en caso de optar posteriormente por su disolución mediante una separación de hecho.

Por lo anterior, se considera muy probable que los aspectos legales del divorcio, el matrimonio y el concubinato estén contribuyendo tanto directa como indirectamente en el aumento de las disoluciones conyugales por separación en los estados del norte del país.

Sobre el perfil sociodemográfico de las mujeres alguna vez unidas

En la parte superior del cuadro 5 se presenta el estado civil declarado por las mujeres alguna vez unidas, según la entidad federativa del norte donde fueron entrevistadas. Como era de esperarse, el porcentaje de separadas es claramente mayor que el de divorciadas al ser, respectivamente, 21.7 y 13.2 por ciento del total regional. No obstante, es interesante notar que el predominio numérico de las separadas respecto a las divorciadas se presenta en los tres estados de la subregión noroeste, pero solo en uno de la subregión noreste, que es Tamaulipas, mientras que en Coahuila y Nuevo León las proporciones de divorciadas y separadas son prácticamente iguales.

En el cuadro 5 se puede ver, además, la importancia que tiene la unión libre en la historia conyugal de un alto porcentaje de mujeres, por ser el tipo que adopta su primera unión conyugal; o bien por haber vivido en unión libre con la misma persona con quien se casaron posteriormente. Sobre la primera situación, véase que la proporción de mujeres con una primera unión libre es muy alta en el total regional, por ser 58 por ciento de los casos. Más aun, al comparar a los estados se observa que las proporciones de mujeres con una primera unión libre o consensual sorprendentemente rebasa 60 por ciento en los estados del noroeste, teniendo a Chihuahua a la cabeza, con casi 67 por ciento. Si bien este tipo de unión es comparativamente menos frecuente entre las mujeres de la subregión noreste, su monto es significativo: 44.6, 46.3 y 57.7 por ciento en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, respectivamente. En dichos estados tradicionalmente se había observado un comportamiento más conservador que su contraparte noroeste, por tener proporciones comparativamente más altas de arreglos conyugales institucionalizados, o sea matrimonios.

Sobre la cohabitación prematrimonial, el mismo cuadro 5 permite ver que la unión libre es el arreglo conyugal inicial del primer matrimonio de un buen porcentaje de mujeres. Esta es la situación de 14.7 por ciento del total de casadas en la región norte, quienes cohabitaron con la misma persona con quien después se casaron. Las proporciones de mujeres con esta experiencia conyugal también es mayor entre quienes viven en la subregión noroeste que entre aquellas de la subregión noreste; de modo, los porcentajes van de 14.7 en Baja California a 18 en Chihuahua; en tanto que, en el noreste, los porcentajes son 8.9 en Tamaulipas, 12 en Coahuila y 12.3 en Nuevo León.

Otra característica importante de ser considerada para los efectos de este estudio es la edad de las mujeres a la primera unión, según el tipo que adopta la unión. La información que al respecto proporciona la encuesta se presenta en el cuadro 6, donde se observa que, como era de esperarse, existe una notable diferencia entre la edad a la primera unión de tipo consensual y la edad al primer matrimonio. La comparación de las edades promedio respectivas indica una brecha de 2.8 años entre ambos promedios de edad a nivel regional, por ser de 18.3 años la edad promedio a la primera unión libre y de 21.1 años la edad promedio al primer matrimonio. Al comparar los estados entre sí, se ve que la brecha entre estos dos tipos de edades es menor de tres años en todos los estados, excepto en Sonora donde la brecha es de casi cuatro años. Entre los primeros, Coahuila se sitúa en el extremo inferior con una brecha de 2.1 años; en tanto que Baja California está en el extremo superior con una diferencia de 2.9 años de edad, entre aquellas que se unen por primera vez de manera consensual y quienes lo hacen por medio de un matrimonio.

La información del cuadro 7 permite ahondar un poco más acerca de la edad a la primera unión. Entre las mujeres que declararon haber tenido una cohabitación prematrimonial con la misma pareja, se considera a los matrimonios y a las uniones libres o consensuales de manera conjunta y se contabiliza el tiempo que vivieron en unión libre antes de casarse. La revisión de las estructuras de la edad a la primera unión, así calculadas, revela una sorprendente joven estructura a la primera unión, ya que casi 71 por ciento del total de las mujeres norteñas, participantes en la encuesta, se unieron siendo adolescentes, de las cuales casi 13 por ciento lo hicieron siendo menores de 15 años. La muy joven estructura de las edades a la primera unión se observa en todos y cada uno de los estados norteños, teniendo a Sonora y Coahuila a la cabeza, con aproximadamente 73 por ciento de las mujeres unidas antes de los 20 años de edad, en el extremo superior, y a Nuevo León y Tamaulipas en el otro extremo con poco menos de 70 por ciento.

Si bien es necesario señalar estas diferencias, se podría decir que son casi irrelevantes, por tratarse de porcentajes muy elevados. Igualmente, tales niveles podrían ser considerados como socialmente escandalosos en estos tiempos, ya que se trata de arreglos conyugales donde ellas son adolescentes o incluso niñas. Considérese que esta situación se da en entidades federativas donde el nivel educativo de las mujeres ha rebasado ligeramente el nivel escolar de secundaria, con un promedio 9.5 años (véase cuadro 6). Ahora bien, un aspecto que podría estar influyendo en estas muy jóvenes estructuras por edad a la primera unión es la migración. Esto es por tratarse de una parte del territorio que atrae un gran número de migrantes originarias de todas partes del país, incluyendo regiones que tradicionalmente han sido más proclives al matrimonio temprano.