Artículos

 

¿Qué es el fraude electoral? Su naturaleza, sus causas y consecuencias*

 

What is Electoral Fraud? Its Nature, Causes and Consequences

 

Fabrice Lehoucq*

 

* Doctor en Ciencias Políticas. Investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE). Temas de especialización: política comparada, instituciones políticas y economía política. Dirección: Carretera México-Toluca 3655, Lomas de Santa Fe, México, D. F., C. P. 01210. Teléfonos: 52 55 57 27/5255 9800, ext. 2215; fax: 5255 5727/5255 9871. Correo electrónico: Fabrice.Lehoucq@cide.edu.

 

Primera fecha de recepción: 27 de enero de 2003.
Segunda fecha de recepción: 29 de septiembre de 2006.
Aceptado: 23 de noviembre de 2006.

 

Resumen

La primera de las tres conclusiones de este estudio es que el fraude puede adoptar una amplia gama de formas, desde las violaciones de procedimiento a la ley electoral (con o sin la intención de alterar los resultados) hasta el abierto uso de la violencia en contra de los votantes. Segunda, aun cuando la manipulación del voto es parte integral de la competencia electoral, rara vez desempeña un papel decisivo. En todo caso, el fraude debilita la estabilidad política, ya que puede ser crucial cuando se trata de una contienda muy reñida. Tercera, la fabricación de votos se incrementa con la desigualdad, pero la competencia, moldeada en parte por las instituciones, determina las estrategias de los partidos en cuanto al fraude electoral se refiere.

Palabras clave: fraude electoral, manipulación del voto, compra de votos, leyes electorales.

 

Abstract

This article reviews research on electoral fraud, clandestine and illegal efforts to shape election results. Its conclusions are threefold. First, fraud takes on a panoply of forms. It ranges from procedural violations of electoral law (that may or may not intend to distort results) to the outright use of violence against voters. Second, even when ballot rigging is an integral part of electoral competition, it is infrequently decisive. Fraud, nevertheless, undermines political stability because, in close races, it can be crucial. Third, political competition shapes the rhythm and nature of electoral fraud. Efforts to steal elections increases with inequality, but competitiveness -which institutions help to shape- determines the ballot rigging strategies parties adopt.

Key words: electoral fraud, ballot rigging, vote buying, electoral laws.

 

INTRODUCCIÓN

¿Qué es el fraude electoral? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? Éstas son preguntas para las cuales no contamos con muchas respuestas, a pesar de que las acusaciones de que un partido gana una elección debido al fraude no son inusuales. Las elecciones del 2 de julio de 2006 en México, por ejemplo, generaron un conflicto postelectoral en el que el candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Andrés Manuel López Obrador, impugnó los comicios que daban la victoria al candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón. Sus acusaciones de que el gobierno federal y el Instituto Federal Electoral (IFE) habían conspirado en su contra, cobraron fuerza porque los resultados indicaban que Calderón ganó la elección por 0.51% de los sufragios emitidos o menos de 283 831 votos válidos (Aparicio, 2006; Schedler, 2007).

Si, a modo de aproximación inicial, se define al fraude electoral como el recurso a acciones clandestinas para alterar los resultados electorales, se esclarecen las razones por las cuales los estudios académicos sobre el tema no abundan. Nadie que haya adulterado las urnas querrá dejar un rastro de pruebas incriminatorias. Asimismo, el fraude constituye un difícil objeto de estudio para los científicos sociales porque las fuentes más copiosas para acometer la tarea, ya sea de testimonios o denuncias partidistas de chanchullos electorales, no son "objetivos". Pero esos obstáculos no son insuperables; de hecho, una vez reconocida la existencia de importantes áreas del quehacer humano que suelen escapar a la mirada del científico social y sin embargo se les estudia (por ejemplo, la criminalidad y la sexualidad humana), no hay razón para suponer que el fraude es empíricamente inextricable.

En este trabajo se hace una evaluación crítica del pequeño grupo de estudios donde se discuten los tipos, la magnitud y los factores determinantes del fraude electoral. Al igual que los entomólogos, los historiadores y algunos científicos sociales concentran sus esfuerzos en la clasificación y descripción de actividades fraudulentas. De hecho, los historiadores son de los pocos analistas que van más allá de los intereses anecdóticos o lascivos de tantas crónicas de lo electoralmente ilícito: relatos que pueden despertar la curiosidad o resultar entretenidos. Varios historiadores y científicos sociales han explorado lo que yo denomino la etnografía del fraude electoral. Los etnógrafos del fraude nos ayudan a entender cuál es la línea divisoria entre lo correcto y lo incorrecto a los ojos de quienes participan en elecciones empañadas de fraude. Al comprender las justificaciones de actividades que el observador contemporáneo condena (acaso con demasiada facilidad), los antropólogos del fraude tratan de interpretar los dilemas que éste representó para quienes lo perpetraron y quienes lo vivieron como electores u observadores.

Asimismo, se analizan textos dedicados a evaluar las consecuencias o la magnitud y las causas del fraude electoral. Las obras en las que se evalúa el papel del fraude electoral en la política van desde afirmaciones de que éste es un acontecimiento aislado y aleatorio, hasta afirmaciones de manipulación rampante de votos, como por ejemplo en las elecciones presidenciales tanto de 1988 como de 2006 en México. Es indispensable entender el alcance del fraude para decidir si amerita una atención sistemática. Posteriormente, se examina el puñado de explicaciones que incluyen conjeturas del porqué y el cómo del fraude. Por último, se clasifican las hipótesis acerca de sus causas.

Por lo tanto, este ensayo se basa en artículos y libros dedicados a analizar la manipulación del voto desde una perspectiva empírica. El uso de la palabra "empírica" se refiere a todo esfuerzo por documentar y teorizar acerca de los tipos, la magnitud y la distribución espacial de la manipulación de votos. Si bien el fraude electoral es una plaga que azota los sistemas políticos en muy diversas latitudes, sólo se encontraron investigaciones en inglés, francés o español sobre países de los continentes americano, asiático y europeo. Del mismo modo, se comentan libros y artículos con información importante acerca del fraude electoral, aun cuando su contenido gire en torno a temas como el clientelismo, los partidos políticos, las elecciones o el funcionamiento del espacio político formal.

 

¿QUÉ ES EL FRAUDE ELECTORAL? ¿CÓMO ESTUDIARLO?

En principio, el sentido común indica el carácter fraudulento de un acto cuando la persona que lo lleva a cabo desea ocultarlo de la mirada pública. El interés en hacer públicas las conductas abiertamente fraudulentas (como la coerción de electores en las casillas para que voten por el partido X o la adulteración de las urnas rellenándolas con votos a favor del partido X) sólo pertenece a las víctimas. Incluso las violaciones de procedimiento, como la apertura retrasada y el cierre adelantado de casillas, o el no avisar de su ubicación antes del día de los comicios, remiten a la idea de fraude porque los acusados preferirían que nadie se enterara de semejantes faltas. Tanto los actos descaradamente coercitivos como las irregularidades de la votación tienen un carácter fraudulento porque pueden influir en los resultados de la elección.

Hay una línea muy delgada entre el fraude y la presión política. Por citar un ejemplo particularmente palmario, los terratenientes no son culpables de fraude electoral cuando todos sus peones y criados votan por su partido. Más allá de la posibilidad de que se haya engañado a los campesinos para que votaran a favor del partido del terrateniente o que su motivación haya sido evitar las represalias por votar en contra de su empleador, estos actos no son fraudulentos, aunque sean moralmente reprobables. Aun cuando pudiera demostrarse que los peones y criados votaron en contra de sus propios intereses, el hecho no podría calificarse como fraudulento a menos que se haya violado una ley.

Así, además de tratarse de un acto que se oculta y puede afectar los resultados de la elección, hay fraude cuando se viola la ley. De hecho, los partidos hacen lo indecible por actuar "en lo oscurito", antes o durante los comicios, precisamente porque están obrando mal. Se aprovechan de la maquinaria legal del proceso electoral para robarse una elección que no creen ser capaces de ganar limpiamente. Una ventaja clave de la concepción legalista del fraude es que permite evaluar dónde se encuentra la frontera entre lo aceptable y lo inaceptable en la política. En efecto, los etnógrafos del fraude electoral necesitan yuxtaponer lo que ciudadanos y partidos consideran moralmente reprobable con lo que es legalmente posible a fin de entender por qué, en determinados lugares y momentos, numerosas actividades dejan de considerarse apropiadas para ganar una elección.

El estudio del fraude electoral dispone de seis tipos de fuentes. Las dos primeras son "objetivas", es decir, no obedecen a una inspiración partidista aun cuando, como todas las fuentes, son reflejos imperfectos de la realidad. Las encuestas de opinión pública constituyen una fuente de información sumamente desaprovechada. Cornelius (2002) identifica los correlatos sociales y partidistas de la compra de votos -promesas explícitas de votar por X a cambio de Y (Rose-Ackerman, 1999; Schaffer y Schedler, 2007)- a partir de encuestas sobre las elecciones del año 2000 en México, aquellos comicios perdidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) después de 70 años en el poder. Hasta donde yo sé, sólo un grupo de investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Aparicio, 2002; Aparicio y Corrochano, 2005), sede ciudad de México, han recurrido también a las encuestas para desentrañar el tema del fraude electoral, concretamente de la compra de votos. El segundo método, igualmente desaprovechado, corresponde al ámbito de la etnografía. Del mismo modo que los encuestadores, los etnógrafos hacen entrevistas para estudiar y entender las violaciones a las leyes electorales. Schaffer (1998, 2001) es uno de los pocos politólogos que se han sentado con los habitantes de pequeños pueblos a sondear sus opiniones acerca de las prácticas democráticas, labor que ha realizado en Senegal y en Filipinas. Schedler (2004) también recurre a las entrevistas de fondo para medir las actitudes de los mexicanos hacia lo que se conoce como "alquimia electoral".

Las siguientes tres fuentes de información tienen un carácter partidista. Una de ellas se encuentra en las memorias de los participantes o las víctimas de las argucias electorales. Parecidas a los relatos etnográficos, las memorias suelen sacrificar la representatividad estadística a cambio de una detallada cobertura de fraudes en sitios y momentos específicos. El relato de Jimmy Carter (1992), ex presidente de Estados Unidos, sobre la forma en que fue testigo presencial de la adulteración de urnas en su contra por parte de sus rivales en el Partido Demócrata de Georgia, a principios de los años sesenta, constituye un extraordinario ejemplo del género.

La segunda fuente partidista consiste en las denuncias de fraude que presentan los partidos ante las autoridades políticas. Históricamente, los partidos han buscado resarcimiento judicial por violaciones a la ley electoral en los cuerpos legislativos. De acuerdo con la doctrina constitucional de los siglos XVIII y XIX (Lehoucq, 2002), el Poder Ejecutivo administraba las elecciones y el Legislativo calificaba los resultados: un marco institucional que solía colocar a los perdedores en la paradójica posición de recurrir a sus agresores en pos de justicia. Bensel (2004), Anderson (2000), Charnay (1964), Lehoucq y Molina (2002) y Molinar Horcasitas (1987) han analizado demandas presentadas al Congreso de Estados Unidos, al Reichstag imperial alemán, a la Asamblea Nacional Francesa, al Congreso del estado de Chihuahua de la Federación Mexicana y al Congreso de Costa Rica respectivamente. La tercera fuente partidista está conformada por notas periodísticas, un acervo del que se valen Cox y Kousser (1981) para estudiar la corrupción electoral en el Nueva York rural de fines del siglo XIX.

Los informes de la sociedad civil organizada constituyen la última fuente de información. A medida que la observación electoral internacional despuntó en las postrimerías del siglo XX (Middlebrook, 1998; Pastor, 1999), no ha sido raro ver cómo las organizaciones no gubernamentales (ONG), con financiamiento nacional e internacional, desplazan a los partidos como observadores de casillas. Aunque las ONG pueden ser más imparciales que los partidos cuando se trata de dar seguimiento a la jornada electoral (pero nadie lo sabe a ciencia cierta), su creciente visibilidad despoja a dichos partidos de una de sus funciones más importantes (y menos reconocidas), como se explicará más adelante. En México, en un esfuerzo que ha generado un abultado historial (Calderón Alzati y Cazés, 1996; Cazés, 1996), Alianza Cívica organizó a más de 18 000 observadores para seguir los acontecimientos en más de 10 000 casillas en 1994.

 

TIPOS DE MANIPULACIÓN DEL VOTO

No es fácil encontrar un libro sobre sistemas políticos que no han sido reformados libre de referencias al fraude electoral. Se trata de sistemas de gobierno que no satisfacen los criterios democráticos mínimos, es decir, que no reconocen el derecho al sufragio de todos los adultos mayores de 18 años y no vigilan el cumplimiento de las libertades civiles. Más importante aún, en los sistemas que no han sido reformados la administración de las elecciones dista de la perfección, produciendo resultados cuya credibilidad, en el mejor de los casos, es parcial. Entre las obras más destacadas sobre sistemas que no han sido reformados y que, hasta cierto punto, abordan el análisis del fraude electoral, se encuentran los libros de Botana (1979) y Sábato (2001) sobre Argentina; Anderson sobre Alemania (2000); Basadre sobre Perú (1980); Graham sobre Brasil (1990); Hanham (1959) y Seymour (1915) sobre Inglaterra; Hoppen (1984) sobre Irlanda; Kousser (1974) y Perman (2001) sobre el sur de Estados Unidos, y Varela Ortega sobre España (2001a y b). Gran parte de estos trabajos indica que el fraude era un lugar común, aun cuando son relativamente pocos los autores que intentan clasificar y hacer un recuento de las medidas para manipular los votos. A continuación se comentan las obras que hacen referencia al fraude electoral en términos muy generales; posteriormente se comentan los textos que reflejan un esfuerzo más sistemático.

Tanto Kousser (1974) como Perman (2001) se basan en archivos legislativos, periódicos y censos para narrar la forma en que el Partido Demócrata, en los 11 estados de la entonces Confederación, despojaron a los blancos pobres y a los afroestadounidenses de su derecho al sufragio hasta fines del siglo XIX. Aunque el Partido Republicano añadió las enmiendas décima tercera (1865), décima cuarta (1868) y décima quinta (1870) a la Constitución a fin de asegurar los derechos electorales de los esclavos recién emancipados, el Partido Demócrata, dominado por dueños de las plantaciones, obtuvo el control de los gobiernos estatales y las asambleas legislativas en el sur, y promulgó impuestos al voto y otros procedimientos restrictivos a fin de erradicar la base electoral de sus oponentes populistas y republicanos. La reconstrucción de los hechos que hace Kousser (1974) es particularmente afortunada y abundante en ejemplos del recurso del fraude y la violencia por parte de los demócratas para recuperar el control de la política sureña.

No obstante, los estudiosos de la política estadounidense no han dedicado mucha tinta y papel a la manipulación del voto, aunque las elecciones en ese país siguen plagadas de irregularidades, especialmente en 2000 cuando George W. Bush llegó a la presidencia tras unas elecciones muy reñidas y controvertidas (Hasen, 2004; National Commission on Federal Electoral Reform, 2002). El estudio de Bensel (2004) constituye una excepción: a partir de las apelaciones presentadas por los que perdieron las elecciones a la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en pleno apogeo del voto público (1850-1900), el autor muestra que las acusaciones de fraude más comunes implicaban la amenaza o el uso de la violencia en contra de votantes indecisos o en favor de la oposición y/o el cuestionamiento de la satisfacción de los requisitos para el sufragio. En las zonas urbanas, los ciudadanos depositaban boletas que recibían de los partidos y votaban en jurisdicciones controladas por su partido y/o grupo étnico. La densidad poblacional demandaba numerosas casillas electorales en las zonas urbanas de los Estados Unidos del siglo XIX, un hecho administrativo que permitía a partidos y facciones rivales apoderarse de circunscripciones que transformaban en espacios seguros para sus seguidores y en espacios peligrosos para sus adversarios. En las comunidades rurales, la presión de los pares podía sustituir formas más directas de intimidación para asegurar determinados resultados en determinada casilla.

Hay un singular estudio precursor del Nueva York rural donde se analiza por qué los partidos pasaron de pagar a los ciudadanos por votar a pagarles por que se quedaran en casa durante la jornada electoral (Cox y Kousser, 1981) después de que el estado adoptara la "boleta australiana" (una sola boleta electoral, provista por el gobierno) en 1890. Otro texto documenta la forma en que, en 1910, el juez de un tribunal de apelaciones civiles privó del derecho al voto a alrededor de 1 700 votantes que representaban 26% del electorado en el Condado Adams, en Ohio, por haber vendido sus votos a precios que iban desde un vaso de whisky hasta 25 dólares (Gist, 1961: 77), unos 20 años después de que los habitantes de Ohio comenzaron a votar con boletas australianas. Sin embargo, llama la atención la ausencia de trabajos académicos al respecto, pues los archivos del Congreso y del Poder Judicial contienen abundantes pruebas sobre estos casos (Argersinger, 1992). A diferencia de muchas otras democracias, las autoridades legislativas todavía califican los resultados de las elecciones en Estados Unidos, un proceso cuyo resultado es un récord de impugnaciones electorales y recuentos de votos en la Cámara de Representantes (Garber y Frank, 1990).

Diversos historiadores han aportado estudios que arrojan luz sobre los sistemas políticos previos a las reformas en varios países latinoamericanos (Annino, 1995; Malamud, 2000; Posada Carbó, 1996; Sábato, 1999). En un repaso de la corrupción electoral en América Latina entre 1830 y 1930, Posada Carbó (2000) presenta un listado de investigaciones dedicadas a analizar las formas en que gobiernos y partidos adulteraron las urnas. El autor destaca lo común que era el fraude y lo poco que se le comprende. En un análisis excesivamente general de las elecciones en Guatemala (Sloan, 1970: 78; McDonald, 1972), también señala que "nunca se ha estudiado detalladamente al fraude electoral", aunque "el argumento para elegir la vía revolucionaria del desarrollo depende, en parte, de que se demuestre la corrupción del sistema electoral".

En su propio trabajo sobre Colombia, Posada Carbó (1994, 1997, 2000) recurre a periódicos, panfletos partidistas y publicaciones de la época para mostrar la forma en que los conservadores y los liberales del país estaban organizados como maquinarias políticas, así como el hecho de que la fabricación de votos fue parte integral de la estrategia electoral. Graham (1990) muestra que la vida política de la monarquía constitucional del Brasil del siglo XIX era extraordinariamente parecida a la de Inglaterra en ese mismo periodo. Un electorado formado por "50.6% de todos los varones libres, mayores de 20 años, sin importar su raza o alfabetización", votó para elegir a los parlamentarios que gobernaban al lado de los emperadores brasileños (Graham, 1990: 108). El autor evidencia que los ministros se tomaban las elecciones muy en serio, pues necesitaban mantener las mayorías parlamentarias indispensables para promulgar las leyes de la federación. En consecuencia, las elecciones eran contiendas entre intermediarios de los poderes regionales, en las que el fraude y la violencia definían quién ocuparía los cargos legislativos y asumiría otras funciones de elección popular.

En un estudio sobre las elecciones de 1872 en Perú, Mücke (2001) muestra que los partidos luchaban por controlar las plazas de los pueblos, espacios donde los ganadores llevaban a cabo los comicios. Los perdedores, a su vez, organizaban sus propias casillas electorales en plazas de menor importancia. No era raro que las casillas rivales cuadraran cifras contrapuestas y poco se hacía por recopilar los votos de todo el electorado. En realidad, la idea de una casilla imparcial donde se depositaran los votos de todos los ciudadanos, parecía ser lo más ajeno a las preocupaciones de los partidos. Después, ambos grupos enviaban sus resultados a juntas provinciales paralelas que posteriormente los mandaban, por separado, al Congreso, donde las mayorías partidistas calificaban los resultados que les parecían más aceptables. Basadre (1980), el gran historiador peruano, describe la forma en que el fraude electoral impulsó a los legisladores a reformar las leyes a fin de dificultar el robo de las elecciones.

La manipulación del voto es parte integral de la historia política argentina. Es común que los historiadores de ese país argumenten la omnipresencia del fraude electoral (Ferrero, 1983). Tjarks (1963) relata la forma en que, durante las elecciones de 1876 en la provincia de Salta, las fuerzas gubernamentales y sus oponentes rodearon las casillas con milicianos, a fin de evitar que sus rivales votaran, compraran votos y sobornaran a los funcionarios de las casillas, y purgaron el padrón electoral eliminando a votantes de oposición. Con base en el estudio de registros legislativos, periódicos y correspondencia privada, Sambruccetti (1980) menciona que los partidos añadieron nombres al padrón electoral, colocaron casillas paralelas, compraron votos y destruyeron votos de la oposición en los comicios de 1886. Asimismo, ambos autores comentan el uso de los partidos en el poder de sus mayorías en el Legislativo para rechazar las acusaciones de fraude y certificar el voto. Los relatos de Tjarks (1963) y Sambruccetti (1980) también sugieren que, en Argentina, llenar el padrón electoral con nombres de varones inelegibles era una estrategia clave para el fraude. En una sociedad que acogía a grandes cantidades de inmigrantes del Viejo Mundo, los partidos tenían fuertes incentivos para registrar a cualquier varón mayor de 18 años (todos ellos gozaban del derecho al voto), independientemente de que se hubiera naturalizado argentino. De acuerdo con el estudio clásico de Botana (1979) sobre el orden conservador en Argentina entre 1886 y 1916, el fraude permitió a los gobernadores de las provincias aportar los votos requeridos para que su partido pudiera mantener el control de la presidencia, la Cámara de Diputados y las asambleas legislativas de las provincias (encargadas de designar a los miembros del Senado federal).

La compra de votos fue la principal estrategia de fraude en Inglaterra (Hanham, 1959; O'Gorman, 1989; O'Leary, 1962; Seymour, 1915) y en Irlanda (Hoppen, 1984) durante el siglo XIX. En Inglaterra, incluso después de la reforma electoral de 1832 que proscribió muchos de los distritos con pocos votantes inscritos, los peces gordos usaron su influencia parlamentaria para conservar lo que se conocía como "los burgos podridos". La continuidad del voto público permitió a los terratenientes controlar el comportamiento de sus peones y criados en los condados, es decir, en las circunscripciones fundamentalmente rurales, sin incurrir en un fraude descarado. En los barrios urbanos, la concesión del derecho al sufragio a un creciente número de electores exacerbó el mercado del voto, situación que no cambiaría hasta después de la instauración del voto secreto en Inglaterra e Irlanda en 1872. A la par de los pequeños distritos electorales y la laxa aplicación de las leyes anticorrupción (hasta 1868, la Cámara de los Comunes en Inglaterra calificaba las peticiones para nulificar los resultados electorales y rechazaba la mayoría de las solicitudes), la rampante corrupción electoral empezó a disiparse una vez eliminado el sufragio público y promulgadas las leyes anticorrupción.

La compra de votos constituye un asunto serio en varios sistemas políticos asiáticos, aun cuando los expertos se quejen de la escasez de pruebas que demuestren la existencia de un mercado de votos. Rigger (2002) cita una encuesta cuyos resultados indican que más de dos terceras partes de los votantes y políticos en Taiwán, creían que los candidatos ofrecían favores y/o dinero en efectivo a cambio del voto durante la jornada electoral. La autora señala que el consenso entre los expertos que residen en la isla es que la compra de votos cayó en la década de los noventa, hecho que atribuye al crecimiento de la competencia electoral y a la urbanización de la sociedad taiwanesa. Callahan (2000), Callahan y McCargo (1996) y Hicken (2002) comentan el protagonismo de la compra de votos en Tailandia. Antes de la reforma constitucional de 1997, los electores tailandeses podían depositar tantos votos como número de escaños había en sus distritos de mayoría relativa. Hicken argumenta que el "excedente" de votos alentaba a los ciudadanos a vender sus boletas al mejor postor. Tanto Callahan como Hicken sostienen que la compra de votos ha disminuido desde 1997, año en el que Tailandia adoptó un sistema electoral plurinominal (400 escaños uninominales y mayoría relativa, más 100 escaños elegidos en un distrito nacional mediante representación proporcional) y una comisión electoral independiente que se dedicó a procesar severamente a compradores y vendedores de votos.

Varios historiadores estudian las demandas presentadas al Reichstag para explicar las elecciones en Alemania durante el siglo XIX (Anderson, 2000; Fairbairn, 1990, 1997). En su estudio de la Alemania imperial, Anderson (2000) analiza los "escrutinios" o auditorías electorales (Wahlprüfungen) que los partidos presentaron al Reichstag entre 1867, año en el que el imperio alemán otorgó el derecho al sufragio a varones mayores de 25 años, y 1912, fecha en que se celebraron las últimas elecciones antes de que abdicara el kaiser. La autora investiga la forma en que "los alemanes vivieron su nuevo derecho al voto" (p. 18). Cabe señalar un punto importante: la obra de Anderson no clasifica los actos de fraude para entender cómo y por qué se fabricaban los votos. Su hallazgo más relevante es que los alemanes no denunciaban los sobornos, el uso de la fuerza física ni la falsificación de resultados durante la jornada electoral. Sin aportar datos duros, la autora afirma que las demandas electorales acusaban a la jerarquía católica, a los terratenientes y a los dueños de las fábricas por "influir" en los votantes. Dicha "influencia" iba desde la presión ejercida sobre cada uno de los miembros de la congregación, hasta la amenaza de desalojo de peones y criados por parte de los terratenientes, así como el posible despido con el que los capitalistas intimidaban a sus empleados. Según el libro de Anderson, gran parte de la controversia en torno a la conducta ilícita en el ámbito electoral estaba vinculada a ciertas formas de usar las violaciones de procedimiento a la ley electoral, a fin de anular los resultados de los comicios, sobre todo debido a que el Reichstag consideró la presión sobre los empleados como un "asunto privado" hasta 1912 (Anderson, 2000: 233), es decir, 11 años después de que ese cuerpo legislativo reemplazara las boletas distribuidas por los partidos con la boleta australiana para proteger los derechos de privacidad de los electores. La obra de Fairbairn coincide con el cuadro pintado por Anderson: su investigación sobre las elecciones imperiales de 1898 y 1903 indica que "muchas protestas electorales se basaban en meros errores técnicos cometidos por funcionarios que no estaban capacitados para la labor, errores humanos y acusaciones oportunistas por parte de candidatos que habían perdido las elecciones por un margen estrecho" (Fairbairn, 1990: 817).

Los historiadores españoles han producido la mayor historiografía nacional sobre la manipulación del voto, como parte de un esfuerzo posterior al franquismo para aclarar el fracaso de los experimentos republicanos en la historia de España (reseñas en Dardé, 1996; Tusell, 1991; Varela Ortega, 2001a, b). De manera específica, el estudio de Varela Ortega (2001a, b) sobre la restauración española entre 1875 y 1900, describe la forma en que el gobierno central y los caciques locales manipulaban los resultados de las votaciones. La obra de Varela Ortega es de particular interés porque combina la narración del ciclo electoral con una lista de violaciones a las leyes electorales. El autor muestra que el gobierno y los caciques, por lo general rivales unos de otros, trataban de llevar ventaja antes de la jornada electoral purgando los padrones de los nombres de ciudadanos de oposición, estrategia a la que el sufragio universal para varones mayores de 25 años, promulgado en 1890, no pudo poner fin. De acuerdo con Varela Ortega, había algo de fraude en la mayoría de los distritos (principalmente rurales), pues el enfrentamiento entre el gobierno y los caciques daba lugar a resultados que favorecían a candidatos acordados por ambas partes. En los distritos más competitivos, el fraude se consolidaba al llenar las urnas con votos apócrifos; sustituir boletas; evitar que los electores de oposición depositaran su voto; colocar casillas en lugares desagradables (como las salas de pacientes con enfermedades infecciosas en los hospitales); hacer que los ciudadanos votaran más de una vez o en nombre de personas difuntas, personas que nunca existieron o electores identificados en la oposición (esta práctica, cuando tenía un carácter colectivo, se conocía como "escuadrillas volantes"), y afirmar, mintiendo durante el escrutinio de los votos, que los candidatos rivales se habían retirado de la contienda (Varela Ortega, 2001a: 478-479).

La Alianza Cívica de México tomó los informes de más de 1 870 equipos de observadores de una muestra estratificada de casillas rurales, para presentar un cuadro exhaustivo de las irregularidades y violaciones a la ley durante la jornada electoral de 1994, año en el que el país contaba por vez primera con un tribunal y un sistema administrativo independientes a cargo de la elección (Calderón Alzati y Cazés, 1996: 169-189). Los observadores señalan que en más de dos terceras partes de las casillas se registró la llegada de ciudadanos cuyos nombres no aparecían en el padrón electoral (y sí presentaron la identificación pertinente, denominada credencial de elector). Además, encontraron que en más de la tercera parte de las circunscripciones no se respetó el carácter secreto del voto y los partidos o las autoridades electorales presionaron a los electores en una cuarta parte de las casillas. Los observadores reportan numerosas violaciones de procedimiento; por ejemplo, que más de la tercera parte de las casillas abrió después de las 9:00 a.m. y que en 6% de las casillas no se colgó la manta con los resultados después de que los funcionarios y los observadores de los partidos contaron los votos. Asimismo, Alianza Cívica encontró que en 7.5% de las circunscripciones hubo votantes cuyos pulgares no fueron marcados con tinta indeleble (es común marcar el pulgar del elector a fin de distinguir a las personas que ya han votado y así evitar que la misma persona insacule más de un voto por elección). La diferencia entre la labor de otros grupos y el trabajo realizado por Alianza Cívica es que ésta incluye la clasificación y medición cuantitativa de actos de fraude, objetivos necesarios para abordar de manera más sistemática el tema del fraude electoral.

Lehoucq y Molina (2002) se basan en las demandas de nulidad que presentaron los partidos al Congreso unicameral de Costa Rica entre 1901 y 1948, con el propósito de aportar una lista exhaustiva de chanchullos electorales. En el cuadro 1 se catalogan las acusaciones de los partidos presentadas en más de 123 demandas, de las cuales se extraen 1 131 denuncias (a las que los autores suman 235 acusaciones durante el escrutinio de los votos). Las acusaciones incluyen tanto violaciones de procedimiento (por ejemplo, apertura o cierre de juntas receptoras de votos fuera del horario estipulado) como irregularidades graves (por ejemplo, robo de urnas) y expulsión de votantes u observadores de las instalaciones. En el cuadro 2 se presenta una lista de las acusaciones de los partidos en contra de las juntas receptoras de votos, acusaciones que pasaron de representar 30% de todas las denuncias presentadas entre 1901 y 1913, a representar 68% de todas las acusaciones en la década de los cuarenta. La inclusión de los cuadros en el presente texto ayuda a sintetizar los tipos de fraude que funcionarios, partidos y maquinarias parecen perpetrar en todas partes, no sólo en Costa Rica, antes de la reforma.

Estos cuadros revelan que las demandas denuncian actos de fraude cada vez más flagrantes conforme pasa el tiempo. En el cuadro 2 se indica la ausencia de requisitos formales y cómo el cuestionamiento acerca de la satisfacción de requisitos para el sufragio por parte de los votantes pasó de 74% a prácticamente 36% de todas las acusaciones presentadas en contra de las juntas receptoras de votos entre 1910 y 1940. Los datos del cuadro 1 revelan que la coerción de electores y juntas receptoras de votos pasó de ~10% a 15% en el mismo periodo. Estas tendencias sugieren que los partidos empezaron a condenar los tipos más descarados de fraude, hecho incentivado por la reforma electoral y, particularmente, por la transición de un sistema de voto público en el que los partidos entregaban boletas a los votantes, a un sistema de depósito de boletas australianas y voto secreto.

En lo que respecta a la naturaleza del fraude, cabe mencionar varios ejemplos de investigación etnográfica, trabajos que describen la naturaleza y el significado de la manipulación de votos. A la fecha, una de las mejores obras del género es el extraordinario estudio de Aziz Nassif (1987) sobre la contienda por la gubernatura del estado norteño de Chihuahua en 1986. Desde su formación de antropólogo, Aziz Nassif describe una elección sumamente controvertida; un proceso que, según la oposición, el PRI se robó. El autor presta particular atención a las explicaciones a favor y en contra del gobierno en cuanto a su comportamiento, con aparentes entrevistas a muchos de los participantes antes y después de la jornada electoral. Su texto refleja cómo tanto la izquierda como la derecha vivieron el control del PRI sobre una elección más como un ultraje moral. Aziz Nassif describe la creación de una amplia coalición antirreforma para desafiar a la hegemonía del PRI. El autor relata que la manipulación del ámbito electoral por parte del PRI incluía un padrón parcial de electores; la reforma de las leyes electorales estatales previa a los comicios a fin de despojar a los partidos de oposición del derecho de contar con observadores en todas las mesas electorales, y la calificación de resultados a cargo de la asamblea legislativa estatal (constituida únicamente por diputados del PRI), en lugar de disponer de un tribunal electoral imparcial.

En su análisis de 81 entrevistas abiertas con mexicanos pobres antes de las elecciones de 2000, Schedler (2004) muestra que los encuestados tenían opiniones mucho más ambiguas respecto al comercio de votos de lo que aparentan los clientes acomodaticios. Muchos de ellos manifestaron su recelo hacia las autoridades públicas y los partidos que intercambian beneficios individuales por apoyo político. Aunque les parece aceptable que los partidos prometan mejorar las condiciones sociales (bienes universalistas, como los llama Schedler), muchos rechazan a los candidatos que intercambian votos por dinero o prebendas. En Senegal, aunque los líderes comunitarios y los funcionarios gubernamentales hablaban de las "virtudes tradicionales africanas" del voto público, Schaffer (1998) señala que los electores preferían el voto secreto porque les permitía sufragar de acuerdo con su conciencia y mantener una buena relación con los miembros de su familia, los vecinos y, por supuesto, las personas importantes de la localidad y los funcionarios públicos. En consecuencia, la mayoría de los senegaleses acogió con beneplácito la reforma de 1988 que reintrodujo el uso obligatorio de urnas electorales. Los colonizadores franceses habían establecido dicha práctica en 1914 en zonas urbanas, lo que les costó la elección del representante de la colonia en la Asamblea Nacional de Francia.

Con base en entrevistas a fondo realizadas a 139 votantes elegidos al azar en cuatro zonas de la comunidad de Barangay, Quezon City, en Filipinas, Schaffer (2001) también muestra que muchos de sus interlocutores igualmente rechazaban la venta de sus votos. No obstante, manifestaron empatía por las personas que cerraban tratos de ese tipo. Tampoco encontraban lo controvertido de las promesas de los políticos respecto a mejorar la situación del pueblo siempre y cuando no haya un intercambio explícito detrás del apoyo. Distinguir entre lo que Rose-Ackerman (1999) denomina sobornos (pagos a cambio de un favor o servicio) y lo que denomina propinas (pagos o regalos sin compromisos) es, de hecho, el objetivo de un puñado de abogados (Karlan, 1994; Hasen, 2000) y de algunos científicos sociales (Kochin y Kochin, 1998; Schaffer y Schedler, 2007), quienes reconocen que si la política tiene que ver con el intercambio de apoyo por bienes, entonces no es fácil argumentar que la compra de votos tenga algo de malo desde el punto de vista de la moral. Según Schaffer, el hecho de que los reformadores de clase media y alta no comprendieran estas diferencias, condena al fracaso sus esfuerzos por crear un consenso político capaz de arrancar de raíz la corrupción de la vida política de los filipinos.

Estas consideraciones generales indican que el fraude electoral es común y corriente en los más diversos sistemas políticos. Además, existen muchas formas clandestinas de incrementar los totales de los votos, desde las violaciones de procedimiento hasta la coerción abierta durante la jornada electoral. El estudio sobre Costa Rica revela que los partidos combinaron por lo menos 47 tipos de fraude (Lehoucq y Molina, 2002). Aunque puede no haber un número infinito de maneras de manipular los resultados de los comicios, las técnicas para manipular los votos son variadas e ingeniosas.

Este estudio también señala que los tipos de fraude flagrante (incluido el uso de la intimidación o el robo de urnas) no constituyen la mayoría de los actos fraudulentos. La mayoría de los esfuerzos para fabricar votos es ramplona: implica intentos subrepticios por incrementar los totales de los votos. Por último, la investigación sugiere que el fraude electoral indigna a los partidos y a los ciudadanos; tiene una dimensión normativa que lo convierte en algo que va más allá de las meras violaciones a la ley electoral. En muchos países, la acusación de fraude se ha transformado en parte del discurso de los movimientos democráticos, una acusación que hace referencia a la profanación de las libertades civiles y de los principios democráticos liberales.

 

MAGNITUD Y CONSECUENCIAS DEL FRAUDE ELECTORAL

¿Cuán común es el fraude electoral? ¿Cuán importante? Aunque gran parte de la investigación sobre los sistemas electorales que no han sido reformados pinta un cuadro indicativo de manipulación de votos, sólo algunos de los estudios tratan de evaluar su peso en la contienda electoral. Se trata de un tema importante, pues no es raro que los calificadores de los resultados electorales descarten acusaciones de fraude con el argumento de que las violaciones legales no afectan los resultados.

Tanto Schedler (2004) como Schaffer (2001) citan encuestas en las que se pregunta a los ciudadanos si se les ofreció algún beneficio a cambio de su voto. Schedler se basa en el trabajo de Cornelius (2002), cuya encuesta realizada a un panel de mexicanos después de las elecciones indica que 26.1% de los encuestados recibió regalos de partidos o candidatos en los comicios de 2000. Cornelius emplea diversos modelos estadísticos para mostrar que las operaciones del PRI fueron mucho menos exitosas que las de cualquiera de los dos principales partidos de oposición en lo que respecta a la concreción de votos negociados, tal vez debido a que los candados electorales permitieron a los electores aprovechar la generosidad del PRI y después votar de acuerdo con sus preferencias. Según un informe inédito (citado en Schaffer, 2001), 10% de los filipinos afirma que algún partido le ofreció un obsequio antes de las jornadas electorales de mayo de 2001. Al igual que en el México contemporáneo, la compra de votos probó no ser demasiado eficaz: sólo 38% de la población pobre de Filipinas dijo haber votado por el candidato que le había ofrecido dinero. Un estudio de Wang y Kurzman (2007) sobre el mercado de votos en Taiwán, también señala que la utilidad esperada de la compra de votos no es alta: dicha compra requiere de un presupuesto enorme y no garantiza que los ciudadanos cumplan con su promesa de votar por el candidato que les haya dado dinero por su lealtad electoral.

No obstante, tal como lo reconocen estos autores, las encuestas mencionadas no permiten inferir el incurrimiento en la compra de votos. Ésta implica una retribución explícita a cambio de votos, un intercambio que parece proliferar únicamente cuando los partidos pueden asegurarse de que los votantes o sus agentes depositen los votos de la manera convenida (Lehoucq, 2007). Dependiendo de la forma en que se haya redactado la pregunta y se haya consultado a los electores (vía telefónica, cara a cara en la calle, en sus hogares, etcétera), las encuestas pueden arrojar resultados contradictorios. Tres sondeos electorales realizados en México en 2000 encontraron que algunos de los encuestados (los cálculos cubren el rango de 4.7% a 26.1%) se sintieron presionados o recibieron algo de valor a cambio de sus votos (citado en Cornelius, 2002: 17). Pulir la formulación de las preguntas y mejorar las técnicas de muestreo ayudará enormemente a transformar las encuestas en medios útiles para comprender la naturaleza y dinámica del fraude electoral.

Tal vez el estudio de Domínguez y McCann sobre la opinión pública en México constituya el intento más ambicioso de usar las encuestas para determinar lo decisivo del fraude electoral (Domínguez y McCann, 1996; McCann y Domínguez, 1998). Los autores demuestran que, a diferencia de las opiniones ortodoxas, probablemente la oposición no ganó los comicios generales de 1988, cuyo resultado fue la controvertida elección de Carlos Salinas a la presidencia. Tomando en cuenta las preferencias de quienes no votaron (y favorecían desproporcionadamente a los candidatos de la oposición), los autores sugieren que Salinas hubiera ganado de cualquier forma, pero quizá sin la mayoría absoluta del voto popular (Domínguez y McCann, 1996: 162-164). El nerviosismo del PRI la noche de la elección, cuando misteriosamente "se cayó" el sistema de cómputo (preocupado por la posibilidad de que el conteo favoreciera a sus rivales y perdiera el Distrito Federal, donde vive uno de cada cinco electores), provocó chanchullos que despojaron al resultado de la elección de legitimidad y marcaron el comienzo de una década de reformas electorales. Al revisar las encuestas de opinión, Schedler (1999) muestra que la porción de encuestados convencidos de que el fraude echaría a perder las elecciones pasó de más de 50% en los comicios de 1988 a menos de 30% en las elecciones legislativas de 1997.

Otra forma de medir la magnitud del fraude es hacer correcciones en función del impacto de la manipulación del voto sobre los totales de los votos. El esfuerzo más creativo y acertado para evaluar el impacto del fraude es el análisis estadístico de Powell (1989) de la elección de ratificación celebrada en Mississippi en 1868. En junio de ese año, 53.4% de los votantes rechazó la Constitución de inspiración republicana, carta que amenazaba con impedir a ex funcionarios blancos (y demócratas) volver a ejercer algún cargo público. Powell hace un análisis de regresión de los 61 condados a fin de identificar lugares atípicos, es decir, aquellos con importantes cifras de electores negros empadronados que rechazaron la propuesta de Constitución. Al corregir los resultados en estos condados con base en los totales de los votos y los índices de aprobación en los condados normales, Powell argumenta de manera convincente que la votación debió haber sido 52.5% a favor y 47.5% en contra de la Constitución. Debido a que los condados atípicos tienden a ser los lugares con acusaciones de fraude, Powell (1989: 651) sugiere que "el voto decisivo fue el voto robado". King (2001) también recurre al análisis ecológico de 32 condados para argumentar que los demócratas de Carolina del Sur le robaron la elección gubernamental al candidato republicano, Daniel Chamberlain, durante los comicios de 1876.

Entre otros análisis estadísticos de los resultados de las votaciones destacan el estudio que hace Baum (1991) del referéndum sobre la secesión, realizado en Texas en 1861, y el trabajo de Oberst y Weilage (1990) sobre el referéndum celebrado en Sri Lanka en 1982. Baum señala que "la apatía, la intimidación o la posible exclusión" pueden haber afectado la representación de votantes que deseaban seguir siendo parte de Estados Unidos en tres condados de Texas. Sin embargo, su texto implica que no puede atribuirse al fraude el resultado de tres a uno a favor de la unión a la Confederación. Oberst y Weilage recurren a pruebas simples de relevancia para demostrar que la diferencia entre el voto afirmativo y el voto negativo fue mucho más amplia en los 16 (de 133) distritos donde hubo acusaciones de fraude que en los distritos donde no las hubo. Aunque los autores no afirman que el gobierno se robó el referéndum para asegurarse de que los parlamentarios permanecieran en sus cargos hasta 1989 (y así inaugurar un sistema semipresidencial), muestran cómo las pruebas t pueden identificar áreas listas para someterlas a un estudio más detallado.

Estos estudios académicos tienen contrapartes políticas. Las muy reñidas contiendas electorales en África, América, Asia y Europa del Este suelen implicar que las ONG organizan un conteo paralelo de votos a fin de generar una base independiente para la evaluación del desempeño de sistemas autoritarios obligados a realizar elecciones. En 1994, Alianza Cívica de México dispuso a más de 10 000 observadores para incluir a una de cada diez casillas en su muestra. Aunque su conteo paralelo de votos estuvo dentro del 1% de los resultados oficiales, Alianza Cívica documentó numerosas infracciones a la ley electoral. Según sus observadores (Calderón Alzati y Cazés, 1996: 179), por ejemplo, 39% de las casillas mexicanas violó el carácter secreto del voto, sea porque algunos electores mostraron sus boletas (18.58% de estas casillas) o porque alguien vio por quién habían votado (16.53% del total). Lo que estos informes no esclarecen es si éstas y otras irregularidades constituyen bases para invalidar los resultados de las elecciones presidenciales o legislativas del país en 1994.

Consultar las peticiones legales de los partidos es otra manera de evaluar el impacto del fraude en los resultados electorales. Gómez Tagle (1988: 21-24) revela que la porción de votos impugnados en los distritos legislativos uninominales en México pasó de 46% en las elecciones de 1979 a 62% en las de 1985. Ranzato (1991: 126) señala que los partidos, en promedio, presentaron denuncias por los resultados en cinco veces más distritos en España que en Italia entre 1904 y 1914. Los partidos cuestionaron los resultados en más de una tercera parte de las circunscripciones españolas mayoritariamente uninominales; en 1914, presentaron quejas en prácticamente la mitad de las circunscripciones. Del mismo modo, Tusell (1970: 618) destaca que esa proporción se mantuvo estable en España hasta 1923, a pesar de la creación del Tribunal Electoral en 1907 para considerar los reclamos en torno a los resultados electorales (incluso cuando la Cortes siguieron siendo la entidad responsable en última instancia de la calificación electoral). Lehoucq y Molina (2002: 242) muestran que los partidos presentaron, en promedio, casi seis demandas de nulidad de los resultados electorales en cada uno de los 20 comicios celebrados en Costa Rica entre 1901 y 1948. En otro tenor, Eisenstadt (2002) muestra que el índice del estado de derecho (índice de protestas en la calle o lo que el autor denomina conflictos postelectorales, y casos presentados al tribunal electoral por partidos de oposición) empezó a acercarse al cero hacia la segunda mitad de la década de los noventa en los estados de México, lo que sugiere que los partidos de oposición empezaron a confiar en los tribunales electorales autónomos para resolver sus controversias en torno a los resultados de las urnas.

La identificación del número de contiendas impugnadas debe completarse con un análisis de las acusaciones presentadas en las demandas para medir los efectos de este litigio electoral en la magnitud del fraude. Con base en ese análisis, Lehoucq y Molina (2002: 22) concluyen que tres presidentes de Costa Rica (de los 12 elegidos en intervalos cuatrianuales entre 1901 y 1948) deben su elección a prácticas fraudulentas. Aun con supuestos bastante permisivos en cuanto al alcance del fraude, la proporción de votos impugnados no suele exceder el porcentaje de votos que separa a vencedores de vencidos. Sin embargo, 20% de las 12 elecciones presidenciales no constituye una porción insignificante en un periodo de 50 años. Aunque las constantes acusaciones de fraude que acompañan a las elecciones en sistemas no reformados exageran el impacto del fraude, el hecho de que la manipulación de votos pudiera ser decisiva indica que la denuncia está justificada.

Los conocimientos sobre la magnitud del fraude indican que éste no siempre es eficaz. El puñado de encuestas revela que los partidos ofrecen toda una serie de promesas, obsequios e incluso dinero en efectivo a cambio de votos, pero eso no significa que la compra de votos sea infalible. El análisis de los resultados de las elecciones pone sobre la mesa la posibilidad de ajustarlos, es decir, la posibilidad de que, dado el desempeño o el comportamiento de los votantes en el pasado, los resultados registrados no siempre reflejan el libre albedrío del pueblo. Las demandas legales evidencian que los partidos denunciarán una amplia gama de prácticas con la esperanza de anular los resultados injustos (o incluso justos) de los comicios. Los tres tipos de pruebas indican que las denuncias suelen ser exageradas; la encuesta realizada en México en 1988 y las demandas de nulidad de Costa Rica señalan que el fraude no es, por regla general, la causa de una derrota electoral. Sin embargo, la manipulación del voto puede reducir el número de votantes, alimentar el cinismo y, por ende, fabricar el suficiente número de votos para inclinar la balanza a favor de determinado partido. Ya que el fraude electoral puede ser decisivo en contiendas muy reñidas, su costo ulterior puede ser el debilitamiento de la estabilidad democrática. Independientemente del carácter decisivo del fraude, alienta a los funcionarios en el poder y a los miembros de la oposición a poner en duda las elecciones y sus resultados. Precisamente debido a la dificultad extrema de determinar la eficacia de la manipulación del voto, el fraude electoral y su denuncia corroen al cuerpo político democrático.

 

LAS CAUSAS DE LA MANIPULACIÓN DEL VOTO

Si la adulteración de urnas puede ser decisiva y es posible clasificar y contar los actos de fraude electoral, ¿cómo explicar el fraude? ¿Por qué los partidos y las maquinarias políticas manipulan los resultados de las votaciones? Aunque son pocos los estudios que hacen un análisis explícito de los motivos, el argumento subyacente parece ser que los funcionarios, partidos y maquinarias tratarán de hacer cualquier cosa y salirse con la suya con tal de retener u obtener el control del Estado. El consenso es menor cuando se trata de identificar los intereses que protegen estos actores. Algunos analistas subrayan la importancia de los intereses económicos (de inmediato se piensa en los terratenientes e industriales); otros destacan el papel de los intereses partidistas. En esta sección se hace un repaso de las pruebas del porqué los partidos fabrican fraudes, un tema aún menos investigado que la magnitud y las consecuencias de los fraudes.

De entre los estudios históricos del fraude, Anderson (2000) es la mejor exponente del argumento según el cual los intereses económicos perpetran el fraude electoral. La autora se vale de las auditorías electorales en la Alemania imperial para mostrar la forma en que los junkers, los dueños de las minas de carbón y las fábricas, vigilaban a sus campesinos y empleados a fin de asegurar el triunfo electoral de los partidos conservadores. Graham (1990), Hoppen (1984), Kousser (1974) y O'Gorman (1989) señalan que los terratenientes recurren al fraude para asegurarse de que los diputados elegidos en sus distritos preserven el poder de su clase.

Dardé (1996), Botana (1979), Tusell (1991) y Varela Ortega (2001a) sugieren que el partidismo explica la incidencia del fraude. Para Botana, la manipulación del sistema electoral argentino por parte de los funcionarios preservó el control del orden conservador sobre el sistema político hasta 1916, cuando la opositora Unión Cívica Radical ganó las elecciones generales. La derrota del candidato conservador en ese año fue resultado de la ley electoral Sáenz Peña, promulgada en 1912 y que, entre otras reformas, limpió el padrón electoral. Dardé estudia gran parte de la historiografía española con el ánimo de identificar las motivaciones económicas y partidistas de los caciques. Tusell (1991) y Varela Ortega (2001a) adoptan una perspectiva política: la del operador local de la maquinaria; el cacique actuaba en función de sus propios intereses, pero también de los intereses de los peces gordos de la localidad y del gobierno central. En efecto, el cacique llegaba a acuerdos con los terratenientes y funcionarios gubernamentales a cambio de beneficios estrictamente individuales (prebendas clientelares), como caminos, puentes y proyectos vinculados a la construcción, útiles para mantener unidos a "sus" votantes y así preservar su poder. Al igual que otros historiadores españoles, los autores hacen una útil distinción entre las zonas rurales donde, debido a la colusión entre funcionarios del gobierno central, terratenientes y caciques no se registra una competencia política efectiva (y por ende tampoco hay fraude en la jornada electoral), y las zonas urbanas competitivas, donde ocurría todo tipo de atrocidades electorales (Varela Ortega, 2001b).

Varios estudios del fraude electoral arrojan luz sobre la importancia relativa de los factores sociológicos y políticos. A partir de datos obtenidos mediante encuestas, Domínguez y McCann (1996: 164-170) argumentan que en México las acusaciones fueron más comunes en circunscripciones competitivas, por lo general urbanas. Las encuestas de salida registraron menos denuncias de irregularidades en las votaciones conforme crecía la porción del voto ganado por candidatos gubernamentales del PRI en algún cargo público dentro de las circunscripciones (Domínguez y McCann, 1996). Eisenstadt (2004) demuestra que las infracciones a la ley electoral volvieron a tomar vuelo en las décadas de los ochenta y los noventa, precisamente cuando empezó a desplomarse el dominio político del PRI, un dominio que había durado décadas (véase también Gómez Tagle, 1988; Molinar Horcasitas, 1991).

Hay tres estudios que se desvían de manera explícita de los factores estructurales sociales e institucionales a fin de identificar las determinantes del fraude electoral. Primero, el análisis de Eisenstadt (2004) de más de 3 000 elecciones municipales entre 1989 y 1998 en México, revela que los conflictos postelectorales se incrementaron en aquellos lugares donde la competencia política era más intensa y los ciudadanos revelaban una tradición de participar activamente en forma colectiva. El autor mide el grado de competencia como la proporción de votos que reciben los dos principales partidos de oposición en relación con el PRI. Eisenstadt afirma que esta variable es más atinada que el indicador convencional de competitividad, es decir, la diferencia de votos entre el ganador del primer lugar y el ganador del segundo lugar (Cox, 1988). Eisenstadt también analiza un recurso invaluable: la base de datos de la Procuraduría Agraria. Hay una relación positiva entre los conflictos agrarios colectivos per cápita y los conflictos postelectorales.

El segundo estudio es de Trejo y Aguilar Rivera (2002), quienes muestran que el conflicto electoral en 803 municipalidades mexicanas, es decir, aproximadamente la tercera parte del total (con por lo menos 30% de población indígena) durante las elecciones federales de 1997 es, en gran medida, una función de diversos factores sociológicos. Los autores aplican modelos probit ordinales para mostrar la relación negativa entre las violaciones de procedimiento a la ley electoral y los reportes de intimidación en la organización de las elecciones y la dispersión geográfica. Los modelos también demuestran que las irregularidades en la votación guardan una relación positiva con la porción monolingüe de la población, el número efectivo de grupos étnicos, la discriminación de género y el número efectivo de religiones. Este estudio, que además incluye a 10 grupos de sondeo, concluye que el factor institucional también conduce al conflicto electoral. La vigencia del derecho consuetudinario en las elecciones locales, práctica común en el estado de Oaxaca, incrementa las dificultades de los votantes en procedimientos y normas distintas cuando se trata de las elecciones federales.

El tercer estudio se refiere a 1 300 acusaciones de fraude electoral entre 1901 y 1946 en Costa Rica. Lehoucq y Molina (2002) descubren que tanto los factores institucionales como los sociológicos explican el ritmo y la distribución espacial de las acusaciones de fraude. Poco menos de la mitad de estas acusaciones tuvo lugar en las tres provincias más pobres y con mayor densidad poblacional, que nunca han albergado a más de 25% del electorado. La diferenciación social era mucho más pronunciada en la periferia, donde no era raro que los peones carecieran de tierras y trabajaran en grandes fincas ganaderas o bananeras. En contraste, los ciudadanos de las cuatro provincias centrales (donde residía la mayoría de los votantes) tendían a vivir en comunidades muy unidas, con un alto nivel educativo y capaces de organizarse para proteger sus libertades civiles. No obstante, Lehoucq y Molina (2002) argumentan que la estructura de la competencia electoral era, al menos, igualmente responsable de las distribuciones regionales del fraude electoral. A diferencia de la mayoría de las contiendas del centro, la mayor parte de las elecciones en la periferia eran respecto a circunscripciones uninominales o de dos miembros, cuyos escaños se otorgaban a partidos que sólo necesitaban obtener un voto más que sus rivales. Por el contrario, en el centro, la representación proporcional solía asignar escaños entre los diferentes partidos porque la mayoría de las contiendas involucraba a partidos que competían por tres o más escaños legislativos a la misma vez. A menos que el coeficiente (el número de escaños divididos entre el número de votos válidos) fuera menor y/o el número de votos impugnados fuera mayor, los partidos tenían flacas oportunidades de elegir alguna vez a uno de sus miembros como congresista. En otras palabras, los partidos se enfrentaban a incentivos para cometer y, aún más importante, denunciar actos de fraude precisamente en aquellos lugares donde los votantes padecían condiciones más desproporcionadas de pobreza, analfabetismo y discriminación étnica.

La escasez de conclusiones dificulta aún más la generalización en cuanto a las causas del fraude que en cuanto a su naturaleza o magnitud. Si bien el estudio de España y uno de los estudios sobre México (Domínguez y McCann, 1996) sugieren que el fraude es más común en zonas urbanas que en zonas rurales, queda pendiente matizar esa conclusión. Quizá la manipulación de votos sea menos común en zonas rurales porque la dominación política o económica influye en lo vano de quejarse acerca de unos resultados preestablecidos. En otras palabras, el sesgo urbano que aparece en los informes parece ser producto del monopolio del poder de parte del gobierno. Las conclusiones de Alianza Cívica (Calderón Alzati y Cazés, 1996; Cazés, 1996) en cuanto a las violaciones al carácter secreto del voto como hechos más comunes en casillas rurales, indican que las maquinarias locales recurren a tácticas sutiles para controlar a los votantes, tácticas que la observación electoral detecta en un entorno electoral cada vez más competitivo. Los estudios actuales también indican que las propiedades de las leyes electorales (tamaño de las circunscripciones y fórmula electoral) pueden acentuar la incertidumbre de la competencia política, el factor a través del cual las variables sociales y políticas delinean la naturaleza y frecuencia de la manipulación de votos.

 

CONCLUSIÓN: HACIA DÓNDE ORIENTAR LA INVESTIGACIÓN

Las investigaciones del fraude electoral coinciden en sus resultados. Primero, el fraude adopta una amplia variedad de formas, desde las violaciones de procedimiento a la ley electoral (con o sin la intención de alterar los resultados) hasta el abierto uso de la violencia para intimidar a los votantes y observadores electorales. Además, sólo la menor parte de las acusaciones implica tipos de fraude flagrantes. Segundo, la mayor parte de las veces la manipulación del voto no parece desempeñar un papel decisivo. Probablemente la colorida historia de la fabricación de votos exagere su propio papel como factor en los resultados de las elecciones. Sin embargo, el fraude debilita la estabilidad política, ya que puede ser crucial cuando se trata de una contienda muy reñida. Aun cuando las elecciones no sean tan competidas, la manipulación del voto despoja a los comicios de credibilidad y, en consecuencia, evita la consolidación de las instituciones democráticas. Tercero, la competencia política define el ritmo y el tipo del fraude electoral. Los intentos de robar las elecciones se incrementan con la desigualdad social, pero la competencia política, moldeada en parte por las instituciones, determina las estrategias de los partidos para manipular los votos.

No es fácil estudiar al fraude electoral porque se supone que éste debe conservar su carácter clandestino. Sin embargo, analizar la manipulación del voto no es una tarea imposible. Hay vastas fuentes jurídicas sobre la índole e incidencia de la manipulación del voto. Prácticamente en todos los lugares los partidos han sometido demandas en torno a los resultados de las elecciones a las asambleas legislativas, hasta fines del siglo XIX. Hacia principios del siglo XX surgieron tribunales o comisiones electorales a cargo de las elecciones y de atender las denuncias de los partidos (Lehoucq, 2002). Por lo tanto, independientemente del sistema (presente o pasado) de cada país, tanto candidatos como partidos dejan tras de sí una larga estela de tipo jurídico que los investigadores, a la fecha, rara vez aprovechan. En realidad, la mayor parte de las obras históricas sobre las elecciones hace referencia a este tipo de materiales, pero casi nunca hace un esfuerzo por clasificarlos, contarlos y analizarlos. Ciertamente, las demandas tienen dos filos: exageran y denuncian actos de fraude. Sin embargo, analizadas con cuidado, las acusaciones de fraude aportan un acervo de información sobre la manipulación del voto (cómo funcionó, qué alcance tuvo) y ayudan a arrojar luz sobre lo que ésta significa para sus blancos y sus demandantes.

Las encuestas también pueden develar los hechos y las causas del fraude electoral. A la fecha, sólo un puñado de encuestas cubre la manipulación del voto. Es necesario concentrar las preguntas en torno a actividades que se consideran fraudulentas y alentar a los encuestados a reportar la forma en que fueron engatusados, presionados o comprados. Los grupos de sondeo o las técnicas de investigación con un matiz incluso más etnográfico, también pueden revelar la forma en que responden los ciudadanos ante los intentos clandestinos por definir los resultados de las elecciones e incluso participan en ellos.

Es necesario que los próximos estudios sobre el fraude electoral tengan un enfoque teórico. Los investigadores tienden a elegir países y periodos históricos por razones idiográficas o en función de la variable dependiente. Sin embargo, el estudio del país X por el puro afán de tratar el caso del país X puede hacer que los investigadores descuiden temas de importancia causal. Por ejemplo, la intención de Dardé (1996) de abordar y desentrañar una historia de elecciones rurales controladas o elecciones urbanas fraudulentas en España, lo lleva a concentrar toda la atención en las limitaciones culturales. El hecho de que las investigaciones actuales subrayen el impacto de los factores sociológicos e institucionales (y de que, a la fecha, no existe un estudio sistemático del fraude electoral en España), revela indicios de que los estudiosos del caso podrían no haber elegido el mejor enfoque para explicar el fraude electoral en ese país. Asimismo, elegir casos en función de la variable dependiente puede predisponer los esfuerzos por distinguir las causas reales de las causas espurias. Un estudio limitado a los lugares con acusaciones de fraude corre el riesgo de producir conclusiones que no serán válidas para aquellas circunscripciones donde no se haya reportado fraude. La comparación entre países o circunscripciones dentro de determinado país, constituye una útil estrategia de investigación para superar el problema del sesgo en la selección (King et al., 1994).

Para terminar, habría que destacar varias hipótesis que vale la pena investigar. La primera es si las leyes electorales mayoritarias alientan niveles más altos de manipulación del voto y litigio electoral que los sistemas proporcionales. Si los escaños se asignan de acuerdo con un sistema de mayoría simple, los partidos pueden cometer (y denunciar) manipulación de votos porque un número relativamente menor de éstos puede determinar el resultado de la elección. En la medida en que los sistemas mayoritarios alientan campañas personales y no campañas de partido, los sistemas de mayoría simple pueden generar incentivos adicionales para que, por ejemplo, los candidatos compren votos y los electores los vendan (Hicken, 2002). Los casos más estudiados (Inglaterra, Alemania, Irlanda, España y Estados Unidos) confirman ese argumento; en todos ellos se recurrió a la mayoría relativa para asignar escaños entre los candidatos. El estudio de Costa Rica también sostiene la hipótesis: las circunscripciones con mayoría relativa generan más acusaciones de fraude que aquellas con representación proporcional. Las fórmulas mayoritarias, como el sistema tailandés de mayoría relativa, escaño múltiple y voto múltiple, o el voto único intransferible en Taiwán (Grofman et al., 1999), también parecen vincularse con niveles altos de compra de votos en ambos países.

Los sistemas electorales que desalientan la votación pueden, al mismo tiempo, alentar el fraude. Muchos regímenes electorales autoritarios (Schedler, 2002), es decir, sistemas en los que los funcionarios organizan las elecciones pero manipulan las leyes en beneficio de los partidos, obstaculizan el padrón electoral o bien evitan que haya representantes de los partidos de oposición como observadores del proceso electoral o el escrutinio de votos para reducir la cantidad de votantes. Si caen los índices de participación ciudadana, bastará con fabricar un puñado de votos para retener el poder, hecho que los partidos regionales o de oposición pueden explotar a medida que las elecciones adquieren un matiz más competitivo. Esta afirmación, cabe añadir, encaja con las hipótesis ya mencionadas. Como lo señala Cox (1999), los sistemas proporcionales incrementan más afluencia de votantes que las leyes mayoritarias, porque la utilidad esperada del voto depositado a favor de un tercer partido es mayor en el sistema proporcional que en el mayoritario. Por ende, las leyes de mayoría relativa pueden reducir el número de votantes de manera tal que el impacto del robo de votos sea mayor. Finalmente, ambas hipótesis forman parte de la teoría más amplia según la cual la competencia política exacerba la manipulación del voto. En efecto, sólo la legislación anticorrupción y las comisiones electorales no partidistas pueden evitar que la competencia derive en todo tipo de estrategias para ganar los comicios.

 

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Notas

Traducción de Atenea Acevedo

* Agradezco a mi asistente de investigación Eliza Osorio, por su ayuda en este trabajo.