Artículos

 

La migración del Movimiento Urbano Popular a la política de partido en el México contemporáneo

 

The Migration of the Popular Urban Movement to Party Policy in Contemporary Mexico

 

Paul Haber*

 

* Ph.D. Department of Political Science, Columbia University, New York City, 1992, M.A., Latin American Studies and International Economics, The School of Advanced International Studies, Johns Hopkins University, Washington, D.C., 1984, Professor Department of Political Science University of Montana Missoula, Montana 59812. Tel: (406) 243–4862. Temas de especialización: política de desarrollo económico, movimientos sociales, migración mexicana a los Estados Unidos. Correo electrónico: redbeard_mt@yahoo.com.

 

Recibido: 10 de marzo de 2007.
Aceptado: 26 de noviembre de 2008.

 

Resumen

El Movimiento Urbano Popular mexicano emergió en los años setenta. Hacia finales de esa década se había convertido en un actor público significativo, alcanzando su mayor auge a finales de los ochenta. A partir de ese momento declinó rápidamente a medida que avanzó el proceso de liberalización en los años noventa y los partidos políticos sustituyeron progresivamente a los movimientos sociales como vehículo organizativo predilecto de la izquierda en México. Se presta atención especial a la forma en que el liderazgo del movimiento manejó la transición.

Palabras clave: movimiento urbano popular, partidos políticos, transición democrática, liderazgo, estructura de oportunidades políticas, estrategia política.

 

Abstract

The Mexican Popular Urban Movement emerged in the 1970s. By the end of that decade, it had become a significant public player, reaching its peak in the late 1980s. There–after, it rapidly declined as a process of liberalization advanced in the 1990s and political parties progressively replaced social movements as the preferred organizational form of the left in Mexico. This article focuses on the way the movement's leaders handled the transition.

Key words: urban popular movement, political parties, democratic transition, leadership, structure of political opportunities, political strategy.

 

El Movimiento Urbano Popular (MUP) de México, que emergió en los años setenta, se convirtió en un actor público significativo a finales de esa década, conoció su auge a finales de los ochenta y, a partir de ese momento, comenzó a declinar rápidamente, a medida que se afianzaba la larga liberalización política de México. La decisión de muchos de los más importantes líderes del movimiento de optar por otras formas organizativas, principalmente los partidos políticos, contribuyó a este declive.¹ A medida que se abrieron nuevos espacios para construir partidos políticos, presentar candidaturas a cargos de elección popular y tomar las riendas del gobierno, gran parte del liderazgo del Movimiento Urbano Popular se convenció —si no lo estaba ya— de que su futuro político residía en los partidos, a lo que constribuyó de manera decisiva la elección presidencial de 1988. Como se detallará más adelante, tomando como referencia a las dos organizaciones más importantes del Movimiento Urbano Popular en México —el Comité de Defensa Popular (CDP), de Durango, y la Asamblea de Barrios (AB), de la ciudad de México—, la decisión de entrar a la política electoral nunca se puso en duda. A medida que se abrieron nuevos espacios, los líderes del CDP y la AB llegaron a la conclusión de que ahí era donde residía el futuro del poder político y de que la nueva política económica incluía oportunidades para adquirir poder individualmente y llevar sus demandas de justicia social a los salones de gobierno —ya no luchando por servicios y otras concesiones, sino tomando parte en la determinación de políticas públicas que beneficiaran a los pobres.

No todos los dirigentes estuvieron de acuerdo con esta decisión. Algunos de los líderes principales del movimiento y bastantes activistas de nivel medio tuvieron reservas o expresaron una oposición abierta. Quienes se oponían estaban preocupados por la posibilidad de que esa transición de movimiento a partido y el acceso a los cargos de elección popular los dejara atrapados en una política de compromiso y moderación. A algunos líderes les preocupó en un primer momento que las tentaciones del poder político, del enriquecimiento personal y el aumento del prestigio como élites políticas los dejara relativamente inservibles para luchar por los intereses y valores de los pobres. Estos argumentos no prevalecieron en México, igual que no lo hicieron en otra serie de ejemplos destacados, incluyendo El Salvador, Brasil y, más recientemente, Bolivia.

La mayoría de los líderes del Movimiento Urbano Popular poseía una experiencia política previa que los había preparado para la política de partido: cuando en los años ochenta se cambió la estructura de oportunidades políticas² y la participación en las elecciones dejó de ser percibida como inútil, o simplemente como una vía de autolegitimación del régimen dominante, la migración de estos líderes a la política de partido estaba casi asegurada. Sin embargo, la migración de los líderes fundadores de estos movimientos a la política de partido no tenía por qué resultar en la pérdida de vitalidad para el movimiento, como finalmente ocurrió. Considerando que el terreno político estaba cambiando, los movimientos fuertes con la capacidad de afectar poderosamente la acción gubernamental, las relaciones y la cultura popular no podían continuar simplemente con sus prácticas anteriores. Se requería innovación. El argumento en este aspecto es que la innovación fue contenida y el declive se produjo como resultado de la forma en que se manejó la transición. La decisión de entrar a la política de partido, que inició el colapso del movimiento, no fue tomada democráticamente al interior del propio movimiento, sino que se hizo unilateralmente por el liderazgo principal del mismo. Asimismo, desde el principio el liderazgo secundario no estuvo implicado en una estrategia efectiva de transición para preservar el movimiento. Lo que era crucial, y no se hizo, era entregar las riendas del poder a un nuevo liderazgo. Desde mi punto de vista, la estrategia más prometedora habría sido que los líderes de la "generación del 68" entregaran el poder a una nueva generación de dirigentes (mayormente joven) del movimiento y mantuvieran lazos ocasionales con ellos (como asesores informales), a medida que asumían sus nuevas responsabilidades como actores estatales, para utilizar su experiencia en el movimiento. Esto no se produjo, y el poderoso Movimiento Urbano Popular se desvaneció.

Es posible plantear, por supuesto, que se obtuvieron ganancias con la migración del movimiento hacia los salones del gobierno: que la gran cantidad de antiguos líderes del movimiento que han ocupado posiciones de gobierno en México (como líderes electos o con nombramientos clave de los líderes electos) han convertido a la política en México en algo más progresista. Existen estudios de caso que tratan específicamente esta cuestión, aunque casi ninguno ha sido publicado.³

Basado en mi propia investigación, creo que se puede elaborar un argumento persuasivo en el sentido de que, al menos por un tiempo breve, las victorias electorales del Partido del Trabajo (PT) en algunas municipalidades mexicanas tuvieron ventajas positivas tanto para los pobres como para la democratización (Haber, 2006). Incluso, y aún más importante, una gran cantidad de los líderes del movimiento que sumaron fuerzas con el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han llegado al poder en los niveles municipal, estatal y nacional, y se puede decir que han contribuido de manera importante para avanzar en la agenda de la justicia social en los gobiernos en los que han servido. Y, por supuesto, la historia no ha terminado. Ciertamente, si Andrés Manuel López Obrador se hubiera convertido en presidente, los líderes de los movimientos sociales que migraron a los partidos políticos —en particular el PRD— habrían alcanzado posiciones políticas desde las que podrían haber avanzado aún más. Es igualmente probable que esto ocurra si la izquierda alcanza la presidencia en el futuro. Además, el MUP mexicano deja un legado del tipo señalado por el influyente Manuel Castells: "[La importancia de los movimientos sociales urbanos] no se limita a sus grandes victorias, que podrían ser excepcionales, sino al impacto que tienen, incluso si son derrotados. Sus efectos duraderos están presentes en las brechas producidas en la lógica dominante, en los compromisos alcanzados con las instituciones, en las cambiantes formas culturales de la ciudad, en la memoria colectiva de los vecindarios, y, en última instancia, en el continuo debate social acerca de lo que debería ser la ciudad" (1983, 71–72).

El presente artículo tiene el siguiente orden. La primera sección resume brevemente la historia del Movimiento Urbano Popular mexicano, desde su emergencia en los años setenta hasta su desaparición en los noventa. La segunda sección resume la historia organizativa del CDP y del partido que sus líderes ayudaron a construir: el PT. La tercera sección resume la historia organizativa de la AB y la migración de sus líderes hacia el PRD. La cuarta y última sección extrae conclusiones acerca del caso mexicano y plantea cuestiones significativas para el resto de América Latina y más allá.

 

EL MOVIMIENTO URBANO POPULAR MEXICANO

El Movimiento Urbano Popular mexicano surgió del movimiento estudiantil de los años sesenta. La violenta represión de este movimiento en 1968 produjo tres tendencias políticas diferenciadas en la izquierda. La primera fue un movimiento revolucionario con ramificaciones tanto urbanas como rurales, que no pudo mantener sus operaciones y sucumbió relativamente pronto a la política de búsqueda y destrucción del presidente Luis Echeverría a comienzos de los setenta. La segunda se comprometió en tareas de construcción partidaria y, eventualmente, de participación electoral, cuando las reformas políticas de finales de los setenta lo hicieron posible. La tercera fue atraída por las oportunidades políticas y el imperativo moral que percibieron de trabajar entre los pobres. Guiada por el concepto de "volver al pueblo", esta última tendencia se dio a la tarea de construir nuevas formas de poder social a través del trabajo de base.

El Movimiento Urbano Popular creció a partir de esta última opción. La gran cantidad de población que se desplazó hacia los centros urbanos —progresivamente a lo largo de los setenta y ochenta— no encontró empleos adecuados para proveerse de las condiciones materiales que les aseguraran lo que en los círculos de los movimientos urbanos se dio en llamar "una vida digna". La falta de viviendas asequibles fue un problema especialmente importante y se convirtió en un elemento movilizador. Esto creó la oportunidad política para que los activistas construyeran una base política —algo que este grupo de la izquierda estaba determinado a hacer. Aunque muchos dentro de esta tercera tendencia estaban interesados inicialmente en desarrollar tareas de organización en el campo, inspirados por su interpretación de las revoluciones en China y Cuba, fueron atraídos por las oportunidades políticas de organización entre los pobres urbanos.

Había también una lógica política que favorecía las tareas de organización en este sector. Desde los años veinte hasta el año 2000, México había sido gobernado por un sistema autoritario incluyente que dependía fuertemente de las estructuras partidarias para canalizar las negociaciones corporativas. Durante la mayor parte de este periodo existieron tres "pilares" que lo sostuvieron: los trabajadores sindicalizados, los campesinos y una amalgama más heterogénea, conocida como el sector popular, compuesto fundamentalmente por empleados del Estado, profesionales, pequeños comerciantes y trabajadores del sector informal. Las estructuras más débiles en cuanto al control político eran las del sector popular, por lo que para los pobres urbanos fue generalmente más fácil competir con ellas (con algunas variaciones regionales y locales, seguramente) que con los otros dos sectores.

Mientras los activistas jóvenes se movían hacia los centros urbanos para empezar a organizar campañas, contaron con la ayuda de un tercer factor: la presidencia de Echeverría (1970–1976) estaba preocupada por incorporar nuevos actores y demandas, toda vez que la legitimidad del régimen autoritario e incluyente mexicano había sido seriamente dañada por la brutal represión militar del movimiento estudiantil de 1968, que provocó cientos de muertes. Luis Echeverría era secretario de Gobernación (ministro del Interior) en 1968 y muchos temían que la represión pudiera continuar durante su gestión en la presidencia. Sin embargo, y en concordancia con la necesidad del régimen autoritario incluyente mexicano de resolver los conflictos pacíficamente, Echeverría se deslizó decisivamente hacia la reconciliación. Su administración incrementó el gasto social, destinando recursos a infraestructura, al campesinado y a los pobres urbanos. Cuando surgieron las primeras organizaciones del movimiento social urbano, Echeverría ayudó más bien a crear condiciones favorables de trabajo para ellos, incluso interviniendo en su defensa en conflictos con funcionarios locales y estatales.

Uno de los ejemplos más importantes de esto es el CDP de Durango. El CDP nació de una "corriente política" conocida como Política Popular, que adaptó la estrategia revolucionaria maoísta a la estructura de oportunidades políticas del campo (Hernández Navarro, 1991). Política Popular ponía el acento en superar lo que percibía como una desconexión entre los líderes de izquierda y la mayoría de la población mexicana. En consonancia con muchas tradiciones de izquierda alrededor del mundo, Política Popular estaba convencida de que los verdaderos intereses de las clases bajas residían en una transformación socialista. Sus integrantes resolvieron crear movimientos de masas poderosos a través del desarrollo de prácticas de militancia de base capaces de transmitir la praxis revolucionaria a las clases pobres y trabajadoras mexicanas. La teoría tenía que ser llevada a las masas y refinada después a través de la práctica. Inspirada por la experiencia china, la "política de masas" del "pueblo" no se limitaba al proletariado industrial, sino que se ampliaba para incluir a los pobres rurales y urbanos (Política Popular, 1974).

 

DEL CDP AL PT

Entre 1972 y 1978, los emisarios de Política Popular se dirigieron a la norteña ciudad de Durango y con el tiempo movilizaron y organizaron exitosamente tomas de tierras, estableciendo colonias populares. Desde el inicio, los maoístas de Durango mantuvieron complejas relaciones con el régimen en los niveles local, estatal y federal. La naturaleza de estas relaciones varió desde la hostilidad escalando hasta la violencia, pasando por maquiavélicos intercambios de intereses. Esta partitura ha sido interpretada a lo largo de la historia en el complicado baile de la política: un movimiento social tratando de exacerbar y explotar las divisiones de la élite al mismo tiempo que las élites se esfuerzan en utilizar el movimiento en su propio beneficio. Hacia 1985, el CDP se había convertido en un actor social notablemente poderoso, demostrando una creciente sofisticación en su combinación de estrategias de movilización y negociación.⁴

Hasta 1986, el CDP sostuvo el argumento maoísta de que implicarse en la política electoral sin un "verdadero partido de los trabajadores" podría convertirse tan sólo en una actividad burguesa elitista incapaz de producir un cambio estructural revolucionario. En las elecciones locales de 1983, el CDP permaneció formalmente neutral respecto a la votación, aunque algunos activistas recomendaron que aquellos miembros de base que quisieran votar podrían optar por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) (entrevistas realizadas por el autor).⁵ Pero cuando los resultados mostraron que el conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibía la mayoría de los votos en muchos baluartes del CDP su posición comenzó a cambiar, y hacia 1986 estableció su primera alianza electoral formal como socio principal del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Con el CDP estableciendo posiciones políticas y controlando la selección de candidatos, el prt ganó dos regidores (miembros del ayuntamiento) en Durango, uno en Suchil y otro en Coneto de Comonfort, así como un asiento en el recinto legislativo estatal. A partir de esta elección, el CDP se proyectó como una organización que, aunque preocupada principalmente por la población urbana de bajos ingresos, también luchaba por los intereses de los campesinos y las clases trabajadoras y medias urbanas, y se interesaba en asuntos como el medio ambiente y la reforma legislativa, así como en limpiar a las "instituciones públicas de la corrupción oficial". Para conseguir este cambio en su imagen pública trabajaron intensamente para reducir los conflictos con la policía y cambiar la cobertura de sus actividades por parte de los medios de comunicación. Hasta 1986, cuando el CDP recibía la atención de los medios de comunicación era en la "nota roja", en la sección de sucesos. A partir de 1986 el liderazgo del CDP puso de manifiesto que estaba entre sus intereses penetrar en las instituciones de gobierno con su propia gente y que esto requeriría de un cambio de comportamiento y de la construcción de nuevas formas organizativas.

La exitosa elección de Gabino Martínez Guzmán en 1986 para ocupar un lugar en el legislativo estatal fue de particular importancia para la organización. Al igual que los miembros de la legislatura federal de aquel tiempo, la mayor parte de los legisladores estatales no proponían iniciativas de ley, pero Gabino Martínez propuso importantes cambios constitucionales que le hicieron ganar, tanto a él como al CDP, un respeto, aunque reticente, incluso de algunos de los críticos más duros de la organización (entrevistas realizadas por el autor). Algunas iniciativas se centraron en las leyes de los ejidos, y otras en las leyes reguladoras de las relaciones Iglesia–Estado. También presentó iniciativas diseñadas para denunciar y limitar sobornos entre funcionarios y empresas por la concesión de contratos de obras públicas y peleó ferozmente contra las propuestas de incremento a los precios de los servicios básicos. Abogado elocuente, historiador e intelectual, su eficaz oratoria contribuyó notablemente a realzar el aura de profesionalismo que rodeaba al CDP.

Estas primeras victorias electorales fueron decisivas en el esfuerzo del CDP por cambiar su imagen pública y política de organización radicalizada y un tanto peligrosa. Su nuevo papel en las instituciones de gobierno cambió la percepción pública del CDP de la de "mendigar" servicios a la de una organización capaz de presentar alternativas, tener éxitos públicamente reconocidos e implementar proyectos de obras públicas crecientemente sofisticados y a gran escala. Su éxito significó que, "desde 1986 [el CDP se ha convertido] en la fuerza dirigente y en el punto de equilibrio entre todos los movimientos populares urbanos del norte de México y del resto de los centros populares organizados en el país" (Moguel, 1991: 3). A medida que el CDP ganaba continuamente más y más experiencia legislativa, mejoró su capacidad para presentar proyectos de obras públicas de forma técnica y políticamente eficaz y adquirió nuevos conocimientos de las tareas de gobierno en los niveles local y estatal. Esto le sirvió de ayuda en su autoatribuido papel de perro guardián del gobierno, así como para desarrollar posturas de campaña más fuertes en las elecciones siguientes.

Como es bien sabido en México y entre los latinoamericanistas, la elección presidencial de 1988 tuvo una importancia histórica. Carlos Salinas derrotó al candidato de centro–izquierda, Cuauhtémoc Cárdenas —quien se había ganado virtualmente el apoyo de todos los movimientos sociales izquierdistas (incluyendo el CDP)—, en un desenlace electoral ampliamente percibido como fraudulento. Con el lastre político de una elección así, agravado por el hecho de que estaba asumiendo el poder después de más de un sexenio de dificultades económicas en el país y de un manejo político mucho menos que estelar de parte del saliente presidente De la Madrid, Salinas sabía que tenía que actuar rápidamente. Su primer acto oficial desde el poder fue la inauguración del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol). El CDP fue la primera organización del movimiento popular en firmar un convenio con el nuevo presidente para participar en el Pronasol. Esta estrategia la replicó Salinas con otras organizaciones del movimiento social en otras partes del país en los meses siguientes. El convenio con el CDP organizaba una combinación de recursos federales, estatales y municipales, y la colaboración del CDP para implementar proyectos de obra y crear negocios regenteados y operados por el propio CDP. La inversión total del acuerdo de 1989 estaba valorada en 3 200 millones de pesos, es decir, cerca de un millón de dólares, aunque acuerdos posteriores del Pronasol con el CDP incrementaron esta cifra sustancialmente.

Una de las principales motivaciones políticas del Pronasol era dividir a la izquierda, y lo consiguió. El Pronasol sirvió para que una parte de las organizaciones se desmarcara del movimiento social que había apoyado previamente al Frente Democrático Nacional (FDN), formado en apoyo de la campaña presidencial de Cárdenas en 1988. Lo hizo a través del ofrecimiento de fondos a cambio de rechazar unir sus fuerzas con Cárdenas en la construcción del PRD en 1989; muchas de estas organizaciones formaron el PT con el apoyo activo de la administración de Salinas. En Durango, el convenio tensó las relaciones entre el CDP y el PRD, y la decisión, poco después, de formar su propio partido independiente del PRD completó la ruptura.⁶

El apoyo tácito del CDP a la concertación social y su participación activa en el Pronasol lo condujeron a moderar sus críticas a los funcionarios del gobierno, en primer lugar y de forma clara hacia el presidente Salinas y su administración, extendiéndose eventualmente de la misma forma al gobernador de Durango, José Ramírez Gamero, aunque siguió ejerciendo una ruidosa oposición al PRI y a la relación entre este partido y el Estado. Respecto a las políticas presidenciales, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CDP apoyó en ocasiones al presidente Salinas y en otras ocasiones ofreció respuestas evasivas. Todo esto generó controversias al interior del Movimiento Urbano Popular. Algunos sostuvieron que el comportamiento del CDP podía y debía ser definido como de cooptación y como una traición al movimiento democrático. Otros argumentaron que la mejora de las relaciones del CDP con el Estado otorgaba poder a la organización, que usaba sus nuevos recursos y poder para beneficiar a su membresía, y en el proceso contribuía a dar contenido de justicia social a la política estatal.

La participación en las elecciones y la financiación del Pronasol tenía implicaciones importantes para los pobres de Durango, en general, y para la membresía de base del CDP, en particular. En el corto plazo, los beneficios materiales fueron bastante impresionantes y se produjo una ola de entusiasmo por el hecho de tener a sus líderes en posiciones de poder en el gobierno. Sin embargo, con la salida de Salinas en 1994 el acceso preferencial a los recursos federales comenzó a descender, y con la pérdida, en las elecciones de 1998, de la presidencia municipal las ventajas se redujeron sustancialmente. Además, y quizás aún más importante, las pérdidas del movimiento fueron un golpe severo para los que habían obtenido de él beneficios extramateriales, particularmente de la solidaridad que el movimiento había creado, y que se redujo a medida que el movimiento decaía, especialmente por las acusaciones de cooptación.

Más funesto para el CDP como movimiento social fue el hecho de que los dirigentes del movimiento no toleraran el surgimiento de un nuevo liderazgo si éste asumía posiciones contrarias a ellos, y al no permitir el disenso interno o un pluralismo sustantivo en su dirigencia impidieron que pudiera emerger una segunda generación de dirigentes, por lo que aquellos que contaban con mayor potencial abandonaron el movimiento. Por ejemplo, el CDP ganó dos elecciones municipales fuera de la capital a finales de los ochenta (en Suchil y Nombre de Dios). Como ambas fueron encabezadas por gente local reclutada para la fórmula electoral del CDP, la tarea de establecer relaciones de poder entre los nuevos presidentes municipales y la dirigencia del CDP en Durango fue difícil. Ambos unieron fuerzas con miembros del CDP fuera del núcleo duro en un esfuerzo por descentralizar la toma de decisiones. Los nuevos presidentes municipales consideraban estos esfuerzos un desafío a la cultura autoritaria de toma de decisiones de arriba abajo del CDP, mientras que la dirigencia experimentó estos mismos esfuerzos como desafíos directos a su bien merecida autoridad y superior criterio personal (observaciones personales y entrevistas). El conflicto se agravó y se hizo público. Cuando el legislador estatal Gabino Martínez Guzmán, del CDP, encabezó un intento de crear un periódico de la organización, Cambio, que cuestionaba ciertas decisiones y estilos de la dirigencia, la publicación fue clausurada por orden de los máximos dirigentes. Otro ejemplo revelador del mismo periodo fue la financiación de un ambicioso proyecto ecológico y de desarrollo para atraer a varios intelectuales y activistas experimentados de la ciudad de México (incluyendo a Julio Moguel y Luis Hernández Navarro), quienes también se resistieron a las tendencias autoritarias de la dirigencia y finalmente lo abandonaron indignados. La construcción de capacidad institucional creó claramente presiones para aceptar el pluralismo, que los máximos dirigentes del CDP resistieron.

El liderazgo maoísta resistió resueltamente los desafíos y los esfuerzos para descentralizar el poder y crear nuevas lógicas. Las tensiones internas crecieron en el periodo 1995–1998, cuando algunos miembros del PT argumentaron que el abandono de la "lucha social" era un error y comenzaron a organizarse "como movimiento". Como resultado, uno de estos líderes, Juan Salazar, un cuadro veterano del CDP, no fue seleccionado como candidato a presidente municipal por el PT en 1998, a pesar de sus altas probabilidades de tiunfo. En una purga de los "desleales", la dirigencia no sólo suspendió a Salazar, sino a tres de los cuatro diputados estatales titulares del PT, quienes iniciaban un esfuerzo multiclasista conocido como "El Central". Así, el declive del CDP y su transformación en partido político produjo nuevas organizaciones del movimiento social, aunque desafortunadamente éstas no ganaron una influencia significativa.

Las entrevistas con los activistas del movimiento dan una idea de los costos de la desilusión y el "abandono" cuando la fe en un proyecto transformador es minada por las respuestas de los líderes al cambio de las estructuras de oportunidades. Una mujer, con años de experiencia como fundadora y líder de una colonia del CDP, dijo esto:

El cambio ha sido horrible; devastador para mí personalmente y para aquellos con los que trabajo. Fundamos esta colonia porque necesitábamos un buen lugar para vivir, pero la mantuvimos con una sensación de optimismo y una forma diferente de vivir porque éramos cedepistas. Nos mantuvimos y mantuvimos a nuestros líderes a un alto nivel. Estábamos orgullosos de lo que habíamos conseguido y orgullosos de quiénes éramos. Cuando acudíamos a nuestros líderes nos respondían. Saldrían y nos visitarían, vendrían a nuestras reuniones. Y juntos haríamos un plan de acción y nos resolverían el problema. Si un compañero o compañera tenía problemas, irían personalmente a la policía o al juzgado y lo ayudarían. Si era un asunto con el gobierno, nos guiarían con las estrategias de negociación. Ahora piensan que son gente importante. Ahora son el PT. Ya no nos escuchan, ya no responden. Son groseros, haciéndonos sentir que deberíamos irnos. En el pasado, si hubieran convocado a una marcha o a una reunión, la gente de nuestra colonia habría estado allí, apoyando, agitando nuestras mantas [símbolos pintados con un slogan]. Ahora, si tienen una marcha o una concentración como la que tuvieron el otro día, muy pocos acuden, y sólo van si les pagan (entrevista realizada por el autor, 1999).

Este pago se realiza en metálico, en comida para el día, etc. Es una adaptación de una práctica común del PRI. El que el CDP–PT recurriera a esta táctica priísta en lugar de confiar en el apoyo de sus bases es una acusación seria. Aunque no todos los cuadros fueron tan pesimistas como esta mujer, muchos lo fueron. Los esfuerzos de los máximos dirigentes para corregir algunos de estos problemas fracasaron (véase Haber, 2006, para más detalles).

 

DESDE LA AB AL PRD

Los orígenes de la Asamblea de Barrios (AB) se remontan al movimiento estudiantil de los sesenta, que motivó a la dirigencia de la AB a trabajar dentro del movimiento social de izquierda. En septiembre de 1985, un terremoto devastador sacudió la ciudad de México y dio lugar a una serie de nuevas dinámicas en la sociedad civil. La más importante manifestación organizada fue la de la Coordinadora Única de Damnificados (CUD). La cud fue una organización paraguas compuesta por organizaciones urbanas preexistentes, así como por las surgidas de la respuesta de la sociedad civil al terremoto. La AB nació de una escisión interna al interior de la cud entre los moderados y los integrantes de cuatro organizaciones radicales que formaron la AB. Estos últimos argumentaban que la estructura de oportunidades políticas se encontraba madura para movilizar una fuerza mucho más allá de lo que los líderes moderados de la cud podían imaginar.

La Asamblea de Barrios se formó unos meses antes de que Cuauhtémoc Cárdenas iniciara su intentona presidencial de 1987–1988. La dirigencia de la AB tenía profundos vínculos con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y con Punto Crítico. Esta última organización se formó oficialmente en 1983, pero había existido como corriente política e ideológica desde 1972, cuando fundó la importante revista de izquierda Punto Crítico. Como muchas otras formaciones prepartidarias en México, la Organización Revolucionaria Punto Crítico defendía el trabajo de base de los movimientos sociales y alertó contra la participación en las elecciones. Aducía que las reformas electorales realizadas por José López Portillo habían sido diseñadas para cooptar a la izquierda. Esta valoración de las elecciones cambió a lo largo de los ochenta, aunque la dirigencia continuaba recelosa, debido a que la candidatura de Cárdenas era tan popular entre su membresía que se vio forzada a apoyar la participación electoral. La ACNR fue formada por una serie de organizaciones regionales de base de todo el país, conjuntamente con pequeños agrupamientos de intelectuales radicales de izquierda.

Estas primeras afiliaciones organizativas fueron fundamentales para la formación política de los dirigentes de la AB. Su lectura de la estructura de oportunidad política los condujo a pensar que una transición democrática era posible ahora que Cárdenas tenía la capacidad de conducir el proceso. A pesar de los orígenes priístas de Cárdenas y de otros líderes del PRD, la dirigencia de la AB consideró que había llegado el momento de terminar con las prácticas de negociación y "cierre de acuerdos" con el Estado, típicas de muchos movimientos populares mexicanos. Para conseguir esto fue clave un brusco rechazo a las iniciativas presidenciales, fundamentalmente del Pronasol. Esto los llevó a un fuerte desacuerdo con el CDP.

La AB apoyó a Cárdenas desde el primer momento y nunca flaqueó públicamente en este apoyo, a pesar de que el PRD relegó frecuentemente las luchas del movimiento. Aunque el reparto del poder dentro del PRD fue con frecuencia frustrante para los activistas del movimiento, debido al estado de subordinación en que se encontraban, los de la AB persistieron en su posición. Sus líderes ocuparon puestos en el consejo nacional ejecutivo y en el consejo ejecutivo del Distrito Federal —incluyendo la presidencia. En agosto de 1991, dichos líderes fueron elegidos para cargos públicos importantes a través de la fórmula electoral del PRD, incluyendo dos diputados federales y un puesto en la Asamblea de Representantes de la ciudad de México. Los líderes de la AB han continuado jugando papeles importantes como funcionarios del PRD, tanto a nivel nacional como en la ciudad de México. Aunque el hecho de moverse al partido y a los cargos de elección forzó a estos líderes a expandir sus prioridades más allá del ámbito de su organización, continuaron siendo defensores decididos de sus causas. Como resultado, dichas causas fueron más importantes dentro del PRD y en el proceso de diseño de políticas de lo que lo habrían sido de otro modo.

La AB tenía un proceso de toma de decisiones un tanto más plural y descentralizado que el de la mayoría de las organizaciones del movimiento popular mexicano. Al surgir de varias agrupaciones del movimiento afiliadas a la cud, con la adhesión poco después de otras preexistentes, y propiciar rápidamente a su vez el nacimiento de otras organizaciones afiliadas, la AB puede ser entendida mejor como una organización paraguas, aunque, como sugiere la experiencia de la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular (Conamup) y de otras coordinadoras, esto no conduce automáticamente a niveles elevados de democracia interna (Bouchier, 1988; Haber, 1989). En el caso de la AB, sin embargo, ninguna de las organizaciones fundadoras estaba dispuesta a subordinarse a otra. No es que todas las organizaciones tuvieran el mismo poder sobre decisiones clave, pero el equilibrio de poder requería compromisos y consensos internos. Los niveles educativos y de posición social relativamente más altos dentro de la AB también contribuyeron de manera general, desde mi punto de vista, a darle un mayor nivel a la participación que la característica del Movimiento Urbano Popular. Esto era más perceptible en los activistas de nivel medio, o cuadros. De esta forma, las dinámicas de poder entre cuadros y líderes eran más igualitarias que en otras organizaciones del movimiento popular que he tenido la oportunidad de observar.

Asistí a docenas de reuniones tanto del CDP como de la AB, a las que acudió una gama completa de la membresía: líderes, dirigentes de nivel medio y gente de base. Me sorprendía repetidamente el alto nivel de debate que existía en las reuniones generales de la membresía de la AB. Mientras que la mayor parte de los integrantes tenía poca educación formal, frecuentemente había alrededor de media docena de participantes activos que estaban bien educados. Desde mi punto de vista, la composición socioeconómica más diversa de la AB contribuyó a que ésta tuviera un grado relativamente más alto de pluralidad, en contraste con las organizaciones identificadas con la OIR, como la CDP.⁸

El propio tamaño de la población objetivo de la AB se prestaba a la implantación de uno de sus principios ideológicos rectores: la autogestión.⁹ Aunque no existen datos confiables, la dirigencia afirma que la membresía en 1991 rondaba las 10 000 familias, o 50 000 personas, lo cual considero bastante exacto. Se confirió a los activistas de nivel medio capacidad para tomar decisiones a nivel local, organizar actividades de base, negociar con funcionarios y hablar con la prensa. Las quince organizaciones principales que supervisaron muchos de los proyectos de vivienda mostraron una complejidad y heterogeneidad organizativas que animaron unos procesos de toma de decisiones más descentralizados de lo que es habitual en el Movimiento Urbano Popular mexicano. Cada uno de los 96 proyectos de vivienda tenía su propia organización interna y constituía una agrupación activa y semiautónoma, aunque muchas de ellas eran muy pequeñas y no tenían gran influencia en las decisiones importantes de la AB.

Los activistas de nivel medio insistieron, de manera persistente y en voz alta, en un mayor acceso a la información y presionaron por cambios estructurales. La AB estaba también mucho más abierta a trabajar en colaboración con organizaciones no gubernamentales (ONG) de lo que lo estaba la CDP. Las ong fungieron como una especie de consultoría para la AB y la ayudaron a mantenerse técnicamente más inteligente y más abierta a la rendición de cuentas de lo que habría sido de otra forma. Esta cultura organizativa más democrática trajo como consecuencia que la AB no se colapsara tan completa y rápidamente como lo hizo el CDP cuando su dirigencia migró hacia el PRD. No obstante, incluso esta cultura más democrática fue insuficiente para propiciar una transferencia efectiva del liderazgo de los fundadores a una nueva generación dentro de la AB.

La AB entró a la política electoral en noviembre de 1987, cuando, a pesar de la cautela de la dirigencia, sus activistas de base presionaron enfáticamente para participar en las elecciones de 1988. Con el telón de fondo de la disputa entre las fuerzas nacionalistas e izquierdistas por la selección de candidatos, la AB presentó su creación cultural, Su–perbarrio Gómez, como candidato a presidente.¹⁰ Esta decisión forzó a la AB a desarrollar posiciones más diversas en otros asuntos, más allá de su foco tradicional en la vivienda y la democratización de la ciudad de México, como la ecología, la distribución del ingreso, la deuda externa, las relaciones México–Estados Unidos, el desempleo, el presupuesto federal y la naturaleza corrupta y el status ilegal de las relaciones entre el PRI y el Estado.

Implicarnos en la campaña presidencial nos obligó a pensar de nuevas formas. Mientras que unos pocos de entre nosotros había leído y escrito sobre estos asuntos con anterioridad, la mayoría lo habíamos hecho en revistas de ámbito interno, y bueno, entre gente más o menos como nosotros. Es muy diferente escribir para una revista de circulación restringida que desarrollar posiciones que esperas sean tomadas en serio por el electorado. Nos forzó a pensar de formas nuevas, y, yo diría, más serias (entrevista del autor con un líder de la AB, 1990).

El argumento que presentaron los líderes de la AB al decidirse a participar en la política electoral fue que se dieron cuenta de que, aunque habían alcanzado una serie limitada de logros (los más destacados respecto a la vivienda), no habían podido empujar reformas estructurales. Estuvieron motivados por la preocupación de que su negativa continuada a participar en las elecciones pudiera hacerles perder una oportunidad política para combatir la reciente apropiación por parte del PRI de su lenguaje y sus tácticas, y sostuvieron que participar en la campaña les permitiría presentar sus propias credenciales y "dejar al descubierto al PRI como impostor".¹¹

La entrada de Superbarrio a la política electoral también lanzó a la AB al primer plano. Fue entrevistado en las principales cadenas de televisión y recibió cobertura en los principales diarios nacionales, así como en la radio. Cuando dirigió una movilización que forzó a cerrar la oficina del City Bank de la ciudad de México, fue cubierto por los medios impresos y electrónicos y se pidió la opinión al respecto a los funcionarios del régimen. Cuando se le entrevistaba, Superbarrio, como cualquier otro buen político, siempre definía la agenda de la AB en términos atractivos para la audiencia.

En diciembre de 1987 comenzaron las negociaciones formales entre el grupo de Cárdenas y los otros grupos de izquierda que presentaban candidatos presidenciales. Cuando Porfirio Muñoz Ledo se aproximó a la AB y ofreció registrar como candidatos a sus dirigentes bajo la bandera del FDN, éstos aceptaron (Cuéllar Vázquez, 1993). Durante la campaña, Cárdenas realizó cuatro recorridos por los once distritos electorales donde la AB tenía fuerte presencia (Tirado Jiménez, 1990: 52–67). Aunque no fue la única organización que las impulsó, a la AB se le pueden atribuir dos partes de la plataforma del fdn: la propuesta de transformar el Distrito Federal en el estado de Anáhuac¹² y la "necesidad de promulgar una ley de arrendatarios" (Tirado Jiménez, 1990: 62). Cárdenas batió decisivamente a Salinas por 49% frente a 27% en el Distrito Federal, en buena medida porque se situaron observadores electorales competentes en casi todas las casillas receptoras de voto, una tremenda proeza considerando el tamaño de la ciudad y que esto no se repitió en ningún otro lugar del país. La AB fue una de las organizaciones que dirigió este esfuerzo en los once distritos donde presentó candidatos. Fue un logro sustancial no sólo para la AB, sino para el esfuerzo democratizador de manera general.

Después de la elección, la AB estuvo al frente del movimiento popular de resistencia a los resultados oficiales. También jugó un papel decisivo en la formación del PRD y, a diferencia del CDP, fue capaz de llegar a acuerdos sobre su propia participación al interior del PRD y sobre la política del partido. Un líder de la AB, Marco Rascón, recibió un asiento en el consejo ejecutivo; ésta es la posición más alta que ha obtenido un líder de un movimiento popular. Los líderes de la AB fueron incluso más firmes que los del PRD respecto a que la participación en la concert ación social vía el Pronasol era un error estratégico y un insulto a las aspiraciones democráticas de la oposición. Aunque los integrantes de la AB habían participado como miembros individuales de la cud en el convenio de concertación para la reconstrucción del terremoto, siguieron siendo implacables en su crítica hacia aquellas organizaciones que dejaron el bando de Cárdenas y se unieron a Salinas a través de la participación en el Pronasol. No obstante que su crítica era general, una gran parte se centraba en organizaciones específicas del movimiento popular, particularmente en el Frente Popular Tierra y Libertad, de Monterrey, y en el CDP, de Durango. Estas organizaciones se convirtieron en el centro de sus críticas por su temprana participación en el Pronasol a través de la firma fuertemente publicitada de convenios y el consiguiente papel dirigente que asumieron en la formación del Partido de Trabajo, comúnmente conocido por los líderes de la AB como el "Partido de Salinas" o "Partido del Pronasol".¹³

La decisión de establecer una alianza política con el PRD generó complejas y a menudo conflictivas relaciones dentro de la AB. Difícilmente podría haber sido de otra forma, dadas las trayectorias y orientaciones políticas, tan diferentes entre sí. Como comentó una vez un líder particularmente astuto del PRD con orígenes en la izquierda social:

Uno de nuestros fracasos más importantes es nuestra incapacidad continuada para unirnos como un partido. No te imaginas la cantidad de horas que pasamos discutiendo entre nosotros sobre doctrina, y lo que parece a veces todavía más importante, sobre qué personalidad va a tener autoridad sobre qué. No es que me sorprendiera que esto ocurriera al principio, dadas nuestras diversas trayectorias y orientaciones, y por la natural competición por el poder y la posición. Lo que me consterna, sin embargo, es lo que parece ser nuestra infinita incapacidad para aprender y para dejar estas consideraciones a un lado de cara a los difíciles y significativos desafíos políticos a los que nos enfrentamos. Como si crear un vehículo electoral viable frente al neoliberalismo no fuera suficiente... (entrevista realizada por el autor, 1988).

Hubo una serie de casos específicos en los que la AB llegó a enfrentamientos políticos con quienes ocuparon altos cargos por el PRD durante la primera década de existencia de este partido.¹⁴ Y la AB tuvo costes significativos por mantener su asociación con el hombre cuya aniquilación política se había marcado Salinas como objetivo y por el dilema que de manera general confronta cualquier movimiento social que entra a la política electoral. Salinas dirigió la financiación y las reformas políticas de manera que maximizaran su capacidad de socavar a la oposición cardenista, y esto incluía alejar los fondos de las áreas donde operaba la Asamblea de Barrios (Moguel, 1990; Dresser, 1991: 42, y entrevistas del autor). Aunque la AB continuó activa en la construcción de proyectos de vivienda, la mayor parte de ellos fueron iniciados antes del sexenio de Salinas y el ritmo de avance de dichos proyectos declinó cuando Salinas se convirtió en presidente.

Casi de igual forma que el CDP, la AB luchó por mantener su identidad como movimiento social mientras implementaba proyectos de desarrollo necesarios para mantener su legitimidad con los cuadros y activistas de base y cuando el liderazgo del movimiento se trasladó a posiciones de dirección en el partido. Este problema se volvió todavía más agudo cuando el liderazgo del movimiento social fue incapaz de descentralizar el proceso de toma de decisiones, o no estuvo dispuesto a hacerlo, para incorporar cuadros o nuevos líderes. Como la AB no estaba tan centralizada como el CDP, originalmente pensé que sería más fácil para aquélla superar este desafío. Sin embargo, la descentralización de la AB en una serie de grupos escindidos en los primeros años noventa, en consonancia con el generalizado proceso de "violenta desarticulación" del movimiento social durante el periodo 1991–1994 (Casa y Ciudad, 1996, p. 38), probó que yo estaba equivocado. A diferencia del CDP, la AB no desapareció completamente con la entrada a la política partidaria, pero se convirtió en una sombra de lo que fue.

A medida que la dirigencia entró a la política de partido, el tipo habitual de disputas —sobre la estrategia, los equilibrios de poder dentro de la AB entre varios proyectos, grupos e individuos, y el dinero— se volvió imposible de resolver. Esto condujo a la ruptura de la organización paraguas en varias organizaciones territoriales, que siguieron funcionando bajo la bandera de la AB; cada una reclamando su afiliación a ésta pero sin coordinarse entre ellas. Otros desarrollos contribuyeron al declive de la actividad del Movimiento Urbano Popular en la ciudad de México durante los noventa. Uno de los más importantes tuvo que ver con el control de los fondos para viviendas públicas. Las instituciones corporativas del PRI retomaron el control que habían perdido después del terremoto y se volvieron extremadamente renuentes a tratar con organizaciones independientes del movimiento (Casa y Ciudad, 1996:11–12). Hacia 1995, los programas de vivienda en la ciudad de México estaban atendiendo a aquellos que ganaran un mínimo de 5.4 salarios mínimos, cuando se estimaba que menos de 5% de los residentes del centro de la ciudad cumplía con este requisito (Casa y Ciudad 1996: 4 y 39).¹⁵

Para 1998 quedaban pocas dudas de que el Movimiento Urbano Popular había perdido gran parte de su dinamismo y presencia en la política urbana mexicana y que la AB había perdido su posición como movimiento de avanzada. La posición de los líderes de la AB fue tanto un reflejo como una contribución al cambio, desde la movilización de sectores sociales específicos (pobres urbanos, campesinos, etc.), en la búsqueda de ideales socialistas revolucionarios, hasta la política basada en el desarrollo de una ciudadanía democrática. Quién gana y quién pierde con este cambio está lejos de ser obvio. Entre otras dimensiones de esta compleja cuestión se encuentra el agudo contraste entre los líderes, que en su mayor parte tomaron esta decisión por voluntad propia, y los cuadros y miembros de base, que tenían que vivir con esas decisiones. Como dijo una vez un cuadro de nivel medio de la AB: "Puede ser bueno para la democracia, yo no lo sé. Pero seguro que no ha sido tan bueno para aquellos de nosotros que hemos tenido que vivir sin el movimiento y todo lo que nos daba a diario" (entrevista realizada por el autor, 1998).

 

COMENTARIOS FINALES

Justa o injustamente, muchos dentro de la izquierda social llegaron a creer que el modelo organizativo de los ochenta —crear cuerpos sectoriales coordinados, como la Conamup—, en palabras de un activista de la ciudad de México, "se agotó", por lo que cuando apareció la lógica electoral de 1988 había pocas alternativas más que seguirla. Los sentimientos al interior de la izquierda social con respecto a este cambio estaban decididamente mezclados, en el mejor de los casos. La siguiente cita de Leopoldo Ensástiga de la Unión de Colonias Populares, una de las organizaciones más veteranas del movimiento de la ciudad de México, expresa un sentimiento compartido por muchos:

Hoy estamos pagando un alto precio sacrificando el impulso adquirido en la era de las coordinadoras para crear sujetos sociales que trabajen por opciones políticamente democráticas. Estos movimientos casi han desaparecido; en realidad, se han convertido en partidos. Aunque muchos retienen una identidad dual de partido y movimiento, han perdido la capacidad de generar sujetos a la medida de la tarea que representa confrontar una realidad social aún más compleja (citado en Bolos, 1995: 261–262).

Ensástiga también señala algo que suele escucharse con menos frecuencia: que la iniciativa social ha pasado del movimiento a las ong. Aunque esta afirmación es discutible, ciertamente es verdad que el acelerado declive del Movimiento Urbano Popular coincidió con el crecimiento de las ong desde los ochenta hasta el presente.¹⁶ ¿Cuáles son las implicaciones de esto para los pobres de México y para la democratización en México?

La respuesta es que están mezcladas. Una de las implicaciones del decaimiento de los movimientos ha sido el fortalecimiento de las ong. Por una parte, la experiencia acumulada de las ong dedicadas a asuntos relacionados con la pobreza urbana, en particular, y a la calidad de la vida urbana, de forma general, es una contribución positiva al proceso de diseño de políticas, en la medida que estas ong tienen peso y contribuyen a la calidad de las políticas urbanas. Por otra parte, las ong no suelen dedicarse a organizar la desobediencia civil: las ong tienden a trabajar para reformar el sistema y no para revolucionarlo. Yo diría que, en general, las ong se dan más a la tarea de construir la socialdemocracia que el socialismo democrático. La gente no se pone de acuerdo sobre este particular.

Fui testigo de muchos ejemplos acerca de cómo la opción electoral rompió la solidaridad de un movimiento a finales de los ochenta. Melucci se refiere a esto en términos teóricos como el imperativo de la identidad colectiva. Sostiene que el desenlace inevitable del fracaso de continuar con "el proceso continuo de construcción de un sentido del nosotros" es la desintegración del movimiento (Melucci, 1989: 218). Claramente, el "nosotros" construido por el Movimiento Urbano Popular mexicano durante los años setenta y ochenta fue gravemente erosionado, si no es que completamente extinguido, por el proceso de formación de partidos en los años noventa. En los ochenta estaba en desacuerdo con la lectura pesimista de mi colega Sergio Zermeño sobre la anomia social en México, sosteniendo que la desintegración que él correctamente observaba, emanada del neoliberalismo, era al menos en parte compensada por la oleada de movimientos sociales rurales y urbanos. Con el declive de la actividad del movimiento social urbano, encontraba mucho menos desacuerdos a medida que leía su libro principal sobre el asunto, que culminaba una década de reflexión de su parte (Zermeño, 1996): el declive del Movimiento Urbano Popular en los noventa contribuyó, ciertamente, al nivel de anomia entre los pobres urbanos mexicanos.

Varios factores explican el declive del movimiento en favor de la estrategia partidaria. Primero, la presencia de corrientes políticas diversas, en competencia, y lo que es más importante, no regenerativas, como Política Popular, OIR, Punto Crítico y la ACNR, que coexistieron siempre de manera incómoda dentro del Movimiento Urbano Popular nacional. Las diferencias y la competición entre estas corrientes y las organizaciones del movimiento que ayudaron a crear sirvieron con frecuencia para romper alianzas, como las formadas al interior de la Conamup. Estas corrientes estaban dirigidas fundamentalmente por la "generación de 1968", un grupo de líderes caracterizado por contar con una gran cantidad de habilidades políticas cruciales —como las artes de la movilización, la negociación y las alianzas (incluyendo a sectores reformistas dentro del Estado). Las corrientes políticas sirvieron para reforzar estas habilidades en los líderes máximos a través del trabajo en red a los más altos niveles (observaciones del autor sobre el terreno, véase Haber, 2006, para más detalles). Sin embargo, las corrientes fracasaron en la tarea crucial, que claramente era parte de su responsabilidad, de adiestrar a una "segunda generación" de líderes capaces entre sus cuadros de nivel medio, que fueron muy frecuentemente relegados a animar secciones. Como resultado, cuando la dirigencia se trasladó a la política de partido, estas corrientes dejaron de funcionar. Aún peor, en algunos casos, como en el de Durango, el liderazgo histórico mostró una desafortunada inclinación a socavar los nuevos liderazgos, que mostraban ideas propias.

Segundo, la elección de 1988 cambió dramáticamente el debate político urbano hacia uno centrado en la transición democrática. Dentro del Movimiento Urbano Popular, el discurso de la construcción de identidad varió del desarrollo del sujeto revolucionario (tanto colectivo como individual) a la formación de ciudadanos individuales que trabajan juntos por el bien común. La transformación identitaria de actor transformador a ciudadano causó una confusión y un conflicto significativos a los líderes, cuadros y bases. La incapacidad para responder efectivamente a este nuevo discurso contribuyó a la decadencia del movimiento. A mediados de los años noventa, funcionarios electos, con hondas raíces ellos mismos en el Movimiento Urbano Popular, informaban que los que quedaban en él eran los más clientelistas y autoritarios de entre su membresía (entrevistas con el autor). Con su continuada alineación a los nuevos partidos formados —más notablemente el PRD— el sector del Movimiento Urbano Popular fue reducido a buscar servicios públicos, a veces, como en la ciudad de México y en Durango, con funcionarios que una vez fueron sus líderes.

Tercero, la incapacidad de la dirección del movimiento para responder más creativamente a la creciente diversidad de intereses, valores e identidades existentes dentro del movimiento: las demandas feministas para cambiar las relaciones de género y priorizar asuntos como la violencia doméstica; los problemas de vivienda, incluyendo las diferencias entre arrendatarios, propietarios de viviendas autoconstruidas y aquellos que habitan en proyectos de vivienda pública; las preocupaciones medioambientales, frecuentemente en encarnizado conflicto con la prioridad dada al desarrollo económico y la modernización. Estas diferencias no eran simplemente las de intereses materiales por identidades diferentes, llevando consigo distintas mitologías. El fracaso del Movimiento Urbano Popular para responder a este contexto cambiante contribuyó a su pérdida de centralidad en la política de los pobres urbanos en el periodo postochenta y ocho. Estas divisiones observadas en las organizaciones individuales del movimiento y manifestadas en toda su expresión en las reuniones de la Conamup en los ochenta, requerían la creación de una estructura que pudiera acomodarse adecuadamente a la obvia y creciente diversidad del movimiento. El nivel de descontento por la brecha entre las palabras y los hechos era palpable en las reuniones de la Conamup a finales de los ochenta y una profunda frustración emergió cuando el liderazgo intentó sofocar su expresión.

Un cuarto factor en el declive del movimiento fue el proceso de ascensión al interior del PRD. La construcción de fuertes relaciones de trabajo con los actores colectivos del movimiento se devaluó en tanto que se dio prioridad a la capacidad de influir en la competición por el liderazgo partidario. Así, la búsqueda por parte del actor racional de poder, prestigio y posición dentro del PRD no fue estimulada para desarrollar la relación movimiento–partido, o lo que es lo mismo, para democratizar la relación entre ciudadano y partido. El cambio de la estrategia de movimiento a partido fue, desde mi punto de vista, tanto causa como efecto del declive del ciclo de protesta. Si Cárdenas hubiera optado en 1988 por convertirse en un símbolo creíble para una transición de régimen, en el espíritu de las transiciones de Europa del este o África del sur, no hay muchas dudas de que la gran mayoría del Movimiento Urbano Popular lo habría apoyado de forma entusiasta. La posición extremadamente ambigua de Cárdenas como líder nacional y el giro hacia la construcción del partido abrieron posibilidades y elecciones divergentes que aseguraron que un movimiento nacional con una estrategia transformadora efectiva con amplia base fuera poco probable.

Como podría esperarse, los análisis de la transición a la política electoral son diversos. Las perspectivas representativas incluyen las siguientes:

Si pensamos en el MUP como un conjunto de organizaciones específicas, [podemos decir que] sí han decaído. Ya no son el punto focal de acción que una vez fueron. Pero si nos distanciamos y miramos a la sociedad civil en sentido amplio, vemos un creativo florecimiento de identidades que está enriqueciendo al país (entrevista realizada por el autor con antiguo líder de la UPC, 1999).

En 1988 estábamos a las puertas de que se cumpliera un sueño. Los movimientos urbanos habían contribuido de forma importante a establecer condiciones para el cambio. Habíamos estado en la avanzada de la resistencia al gobierno autoritario. Habíamos sido encarcelados y golpeados. Algunos de nosotros habían sido asesinados. Pero no podían negar nuestra existencia, y aunque lo intentaran no podían borrarnos de la historia. Persistimos. Y en 1988 estábamos al borde del precipicio. Cárdenas nos ofreció lo que necesitábamos, un símbolo en torno al que reunirnos. El régimen era corrupto. Todo el mundo lo sabía. Lo que la gente necesitaba era un vehículo para la esperanza. ¿Y qué pasó? Nos sobornaron con autocomplacencia, embriagados con la ilusión de que unos pocos de nosotros en posiciones menores podrían cambiar las cosas. Pero no estamos cambiando las cosas; por lo menos no estamos cambiando suficientemente las cosas. Es repugnante ver compañeros que una vez fueron verdaderos líderes, que inspiraron solidaridad, conduciendo coches brillantes y comiendo con sus benefactores del PRI, todo bajo esta fachada de madurez política. Son pendejadas (entrevista realizada por el autor con un líder todavía activo del movimiento, 1999).

Algunas cosas han mejorado. Gestionamos el gobierno de la mayor ciudad del mundo. De otra parte, seguimos careciendo de poder para afectar las políticas más importantes que todavía son desarrolladas por el presidente. Si no somos capaces eventualmente de ganar ese cargo me temo que las mejores ventajas se limitarán a aquellos de nosotros que hemos sido capaces de conseguir puestos en el gobierno o en el partido. La mayor parte de la gente, incluso la mayoría de los cuadros, sigue estando fuera (entrevista realizada por el autor con un cuadro de dirección, 1999).

En largas conversaciones con reformistas trabajando dentro del Estado, éstos han manifestado interés en cambiar a las organizaciones independientes del movimiento, de forma que facilitaran la implementación de programas efectivos, y en algunos casos los ideales progresistas que mantuvieron. Los actores del movimiento estaban comprometidos en algo bastante similar —intentar cambiar los ideales y las disposiciones programáticas de estos mismos sectores reformistas del Estado. Estas interacciones no fueron sólo un intercambio negociado de poder, sino también de ideales. Demuestran que una forma a través de la cual los movimientos efectúan reformas políticas es creando oportunidades para las élites políticas. "La reforma es más probable cuando los opositores de fuera de la comunidad política suministran un incentivo político a las élites dentro de ésta para avanzar sus propias carreras y políticas" (Tarrow, 1994: 98). Al unir fuerzas con los partidos y al reducir de este modo el poder que su papel disruptivo les concede, los movimientos rebajaron los incentivos para las élites que en realidad sostienen las reformas. Aquellos que han hecho este cambio argumentan lo contrario: que al unirse al PRD o al PT su capacidad para cambiar la política se incrementó y compensó la pérdida de poder del movimiento. En la estructura de oportunidad política, después de "la oportunidad de 1988", sin un llamado unificado a una desobediencia civil masiva por parte de Cárdenas, la opción de un movimiento social altamente movilizado y de base amplia se fue desvaneciendo, y "la opción de construcción partidaria se convirtió no sólo en la mejor opción, sino que era la única viable" (entrevista del autor a un antiguo líder del Movimiento Urbano Popular, 1999).

Frente a las interpretaciones ambivalentes y los argumentos de necesidad histórica existe un conjunto de visiones decididamente pesimistas sobre la transición movimiento–partido. Renunciando al radicalismo del movimiento por la colocación en el partido, según este argumento, la izquierda social urbana se ha integrado verticalmente con las élites, poniéndose en una situación no muy diferente a la de los sindicatos cooptados. Es decir, que aunque puede ejercer opciones locales y sectoriales, es incapaz de orientar el país en una dirección transformadora. Para aquellos que creen que la fuerza más potente de los pobres es la disrupción movilizada, esta integración vertical con las élites es obviamente una pérdida de poder. Sin embargo, dada la estructura de oportunidades políticas en México a finales de los ochenta, se puede aducir que esa disrupción movilizada no era posible o previsible. Si la actividad disruptiva radical de los movimientos sociales difícilmente produce resultados significativos, entonces se puede ofrecer un argumento razonable a favor de la política de partido.

El debate entre los actores de los movimientos sociales y entre los académicos sobre qué nivel de disrupción institucional se puede mantener para obtener mayores resultados que con una estrategia electoral y reformista ha carecido de una reflexión académica que exponga una historia contrafactual convincente.¹⁷ Mucho más común es el tipo de argumento desarrollado por James Petras para explicar por qué los movimientos sociales y no los partidos políticos son principalmente responsables del cambio progresista en América Latina desde los años sesenta. Petras describe a la clase política como aquella con vocaciones que se inclina por lo electoral, cuyas

normas de reciprocidad y lealtades comprometen sus vínculos verticales con grupos extraparlamentarios. Sus diferencias ideológicas e intereses conflictivos dentro de la clase política tienden a convertirse en secundarios respecto de su apoyo común a las reglas del juego político... A aquellos individuos que provienen de los movimientos sociales, entrar a la clase política les crea tensiones continuas y serias entre las demandas en conflicto, los estilos de política, las normas de práctica política y los intereses de clase o institucionales (Petras, 1989: 179–180).

Escribiendo en 1989, con palabras que sin duda muchos verían hoy casi como proféticas, Petras no estaba, por supuesto, en posición de comentar todavía el caso mexicano. Sin embargo, parece poco probable que hubiera sostenido una década más tarde que los mexicanos han evitado el destino de los brasileños:

En la medida que los líderes políticos del PT [brasileño] ganan acceso a puestos en el Estado y se convierten en miembros de la clase política, inevitablemente se enredan en los compromisos y limitaciones del poder estatal existente. Tienen una tendencia a adaptarse a y negociar con la élite económica existente, los políticos del gobierno central para los que cada movimiento está condicionado por la tarea estratégica de separar a los representantes electos del control de los movimientos sociales, de forzarlos a asumir más "responsabilidad" o manejar "toda la economía" y de deshacerse de los cambios estructurales radicales propuestos antes de su elección (1989: 200, las cursivas son del autor).

Estas valoraciones pesimistas sobre el cambio de los movimientos en partidos políticos en el contexto de las transiciones a la democracia contrastan claramente con las predicciones más optimistas de Charles Tilly y sus colaboradores. Tilly argumenta, en primer lugar, que la legalización de los movimientos sociales es buena, porque reduce los costes de la movilización (Tilly, 1978: 167). Además, la legalidad conduce a la capacidad de los "grupos para organizar, acumular recursos y formar alianzas", especialmente dentro del sistema electoral (Tilly, Tilly y Tilly, 1975: 285). Y, ciertamente, Bill Nylen asume un punto de vista muy distinto al del PT en Brasil cuando ilustra los logros obtenidos del proceso de presupuesto participativo (Nylen, 2003).

Muchos defensores de la opción partidista en México argumentan que a pesar de la falta de avances para los pobres urbanos durante las administraciones de Salinas (1988–1994) y Zedillo (1994–2000), y sean las que sean las responsabilidades de los gobiernos municipales y estatales del PT y el PRD, continuar con la trayectoria del movimiento e ignorar las opciones electorales hubiera deparado un final incluso peor (entrevistas realizadas por el autor). Muchos sostienen que la democracia política es un prerrequisito para la democracia económica y social, y sin ella la justicia social es imposible. Esta posición se apoya en la esperanza de que las elecciones competitivas multipartidarias y la rotación del poder entre los partidos tengan como resultado representantes electos dispuestos a implementar políticas más propicias para los intereses de los pobres. El caso de Lula en Brasil sólo sirve para complicar el panorama. Nuestra interpretación de las diferencias en el desempeño entre los gobiernos locales y estatales de la izquierda en comparación con los del PRI y el pan es sencillamente inadecuada para obtener conclusiones firmes. Cuando se plantea la pregunta: "¿Qué diferencia marca un gobierno del PRD?", la gente cuyas raíces se encuentran en la izquierda social muy frecuentemente responde: "No la suficiente".

A finales de los años noventa la mayor parte de los líderes del movimiento de la ciudad de México y muchos de los académicos activistas que conocí se habían asegurado posiciones en el gobierno, notablemente en la administración de Cárdenas en la ciudad de México. En una visita a un edificio del gobierno de la ciudad tuve que abrirme paso a través de una sonora protesta contra Cárdenas por parte de una organización del Movimiento Urbano Popular recientemente formada. Me volví hacia mi amigo oirista, ahora asistente de Cárdenas, y pregunté: "¿Como se siente al estar dentro?" Mostró una sonrisa irónica y respondió: "extraño", y se lanzó a criticar al liderazgo vigente en ese momento en el movimiento, enfatizando su incapacidad para trascender las preocupaciones sectoriales y apoyar los cambios más amplios buscados por la administración de Cárdenas. Me dijo que deberían centrarse en convertirse en ciudadanos.

Esta protesta no fue ni mucho menos la única (Bruhn, 2005). En junio de 1998, una manifestación de base amplia y coordinada de organizaciones del Movimiento Urbano Popular, incluyendo muchas organizaciones destacadas, como la Asamblea de Barrios, la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ) y la Unión de Colonias Populares (UCP), demandaba que Cárdenas atendiera mejor sus necesidades. Un antiguo líder de la UCP y diputado federal comentó: "Desafortunadamente estaban demandando que sus necesidades materiales tienen que resolverse, no que la relación entre los ciudadanos y el gobierno del PRD se democratice" (entrevista realizada por el autor 1999). Este punto de vista concuerda con otros que escuché de antiguos líderes del movimiento que se habían trasladado a puestos en el gobierno y en el partido. Para que la opción partidista mereciera la pena, el camino democrático debía ser realmente exitoso. Continuar arrancando demandas materiales específicas desde una posición de debilidad en relación a los ochenta era, desde esta perspectiva, comprensiblemente insatisfactorio. Pero si la democracia mexicana continúa siendo débil, éste también es un resultado insatisfactorio.

Sostengo que los movimientos sociales juegan papeles que los partidos políticos y las ong no desempeñan y que el futuro de la justicia social en México y en cualquier otro lugar estará influido por la relación entre los tres. Muchos en México afirman con convicción que el papel de los movimientos sociales radicales en el México urbano (dejando el papel de los movimientos rurales, como el de los zapatistas, como una cuestión abierta) ha terminado, y por lo tanto su relación con los partidos políticos es esencialmente un problema inexistente. Pero los acontecimientos recientes en Bolivia y en otras partes deberían servir como recordatorio de que esta versión de la tesis del final de la historia es errónea. Los movimientos sociales son el vehículo principal de la sociedad civil para presionar por cambios fundamentales en el cuerpo político. La conclusión de este ensayo es que el crepúsculo de los movimientos populares urbanos era probablemente inevitable y que la migración de los líderes de los movimientos sociales al Estado mexicano lo hace más progresista de lo que lo hubiera sido de otro modo. Sin embargo, esto ha significado una gran pérdida para los pobres urbanos mexicanos, que se quedaron sin su vehículo principal para presionar por concesiones del Estado. También han perdido una vía importante para crear identidades alternativas y experimentar las recompensas de una solidaridad social profundamente sentida —una cualidad de la experiencia de un movimiento social que raramente se experimenta en otro lugar.

 

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NOTAS

¹ Esto no quiere decir que el Movimiento Urbano Popular desapareciera completamente en México. Por ejemplo, la revisión realizada por Bruhn de las medidas de presión de los movimientos populares urbanos indica que participaron en 22.5% de un total de 4 501 eventos de protesta en la ciudad de México entre 1992 y 2003 (Bruhn, 2005: 22).

² El concepto de "estructura de oportunidades políticas" se ha venido usando desde la década de los setenta. Brockett lo ha definido sucintamente como "la configuración de fuerzas en el (potencial o real) entorno político de un grupo que influye la afirmación de las reivindicaciones políticas de ese grupo" (Brockett, 1991: 254).

³ Al preparar este artículo se hizo una revisión de la creciente literatura sobre el federalismo mexicano. Aunque hay una riqueza creciente y trabajos muy interesantes en este aspecto, incluso la considerable literatura que se centra en los gobiernos estatales y municipales controlados por la oposición durante los años noventa o la aún más reciente literatura que estudia el federalismo después de la elección de Fox, aún no se trata la cuestión de qué diferencia marcó el antiguo liderazgo del movimiento. Véanse, entre otros, Barracca (2005), Bruhn (2005), Cleary (2003), Díaz–Cayeros (2004), Flamand (2006), Martínez y Díaz–Cayeros (2003), Mizrahi (19995 y 2003), Morales Garza (2005), Rodríguez y Ward (1995), Turner (2005), Ward (1998), Ward et al. (1999) y World Bank (2006).

⁴  Para 1985, el CDP había establecido ocho colonias con una población total de aproximadamente 48 000 personas. Para 1990 había crecido a 20 colonias con una población estimada de 70 000. También tenían presencia en otras 27 colonias. Esto convirtió al CDP en una de las mayores organizaciones de movimiento social en el país. Véase, Haber, 2006, apéndice A.

⁵  La investigación para este artículo se desarrolló entre 1988 y 2000. Como parte del proceso de ganar la confianza de los entrevistados, garanticé a la mayor parte de éstos que no serían citados por su nombre.

⁶ El PT y el PRD hicieron las paces y unieron sus fuerzas con otros en el 2000 para formar la electoral Alianza por México.

⁷ Las coordinadoras eran organizaciones integradas por sector (campesinos, trabajadores pobres no sindicalizados y trabajadores sindicalizados) que se formaron a finales de los setenta y principios de los ochenta en un esfuerzo por incrementar la coordinación entre organizaciones difusas del movimiento. La Conamup se formó en 1979.

⁸  La Organización de Izquierda Revolucionaria–Línea de Masas (OIR–LM) fue una corriente política o prepartido formada en 1982 por cuatro organizaciones maoístas, incluyendo la CDP.

⁹ El término autogestión puede ser traducido como autoayuda. El problema con esta definición es que deja fuera la riqueza filosófica que el término tiene dentro de la cultura de la AB. El lenguaje conceptual de la teoría de los nuevos movimientos sociales es habitual entre los líderes, los activistas y, en menor medida, aunque con una sorprendente amplitud, los miembros de base de la AB. La práctica cultural de la autogestión se concibe como esencial para la creación de los sujetos e identidades alternativos necesarios para la verdadera transformación sociocultural y político–económica del país en términos gramscianos.

¹⁰ La principal creación cultural de la AB fue Superbarrio Gómez. El personaje fue obra de cuatro fundadores de la AB que se tomaron en serio la necesidad de un renacimiento cultural, o lo que Antonio Gramsci conceptualizó a comienzos del siglo xx como "política prefigurativa". Gramsci insistió en que un compromiso con la política prefigurativa incluía la resistencia a las normas culturales existentes respecto a las relaciones interpersonales y la creación de entornos que animaran exitosamente las relaciones humanas que transforman las relaciones instrumentales y mercantilizadas de la sociedad capitalista y la política dominante en relaciones caracterizadas por la solidaridad en la búsqueda de ideales socialistas democráticos (Gramsci, 1971). Esta noción gramsciana ha sido muy influyente tanto para activistas del movimiento como para académicos. La responsabilidad primordial de este tipo de política es "crear y sostener dentro de la práctica viva del movimiento relaciones y formas políticas que 'prefiguran' y encarnan la sociedad deseada" (Gamson, 1992: 62). La imagen de Superbarrio fue encarnada por un hombre enmascarado que acompañaba a los inquilinos en sus conflictos con los dueños, encabezaba marchas y frecuentemente conducía las negociaciones de la AB con los funcionarios del gobierno. Cuando se postuló a la presidencia en 1988, recibió el voto de Cuauhtémoc Cárdenas.

¹¹ Los esfuerzos del PRI por apropiarse del lenguaje del Movimiento Urbano Popular fueron ampliamente observados tanto por los participantes en el movimiento como por personas ajenas a éste. Quizá donde mejor quedó esto en evidencia fue en el territorio de la AB en el centro de la ciudad. A comienzos de 1989, el PRI llegó incluso a crear su propio personaje de Superbarrio, al que denominaron Súper Pueblo. El lenguaje de Súper Pueblo era notablemente similar al de Superbarrio.

¹² La AB fue, sin duda, la organización líder en la Convención de Anáhuac de 1988, que buscaba establecer un "parlamento popular" continuo para discutir la condición de estado de la ciudad de México, así como un foro abierto para discutir los problemas de la ciudad.

¹³ A pesar de esta firme postura pública, existe evidencia significativa de que algunos proyectos de la AB aceptaron financiación del Pronasol, especialmente en la segunda mitad de la administración de Salinas, cuando la posición del PRD en sus interacciones cara a cara con la administración de Salinas y sus programas se suavizaron un tanto. Ken Green afirma que se usó financiación del Pronasol en el proyecto Ticomán después de que la delegación Azapotzalco les dijo que la "red de servicios urbanos" no soportaría la presión añadida y tendrían que desarrollar una alternativa y asegurarse su propia financiación. Desesperados en busca de dinero, se aseguraron una subvención complementaria por la mitad del coste procedente del Pronasol (conversación personal con el autor, 1997). Otros ejemplos son Aeropuerto Arenal, que obtuvo regalos de Navidad a través de Niños de Solidaridad; el cdb Emiliano Zapata, que intentó sin éxito ser incluido en el programa tortivale (un programa de tortillas subsidiadas), y Barrio Nuevo Tultitlán, que solicitó una variedad de fondos del Pronasol para completar varios proyectos.

Estos ejemplos y otros de similar naturaleza muestran las políticas en juego. La posición purista de la AB sobre el Pronasol sucumbió ante la necesidad de financiación en un sistema altamente dependiente de fondos federales durante un momento en que una porción sustancial de esos fondos estaba siendo canalizada a través del Pronasol. La presión para completar los trabajos menoscabó la posición oficial. El rechazo de la AB a aceptar públicamente fondos del Pronasol le costó el acceso a una significativa financiación. Sin embargo, fueron capaces de ganar acceso a pequeñas cantidades de dinero del Pronasol, lo cual trataron de mantener en secreto.

¹⁴ Las relaciones entre los líderes del partido y los del movimiento social incluían frecuentemente elementos de mutua animosidad que socavaron seriamente los esfuerzos por construir poder a través de coaliciones. Los líderes del partido de izquierda se vieron frustrados frecuentemente por la renuencia de los líderes del movimiento a aceptar la función unificadora del partido y someter, o al menos coordinar, su estrategia a la del partido. Entre tanto, los líderes del movimiento tradicionalmente han acusado a los del partido de intentar subordinar los movimientos a sus propias líneas. Frecuentemente aparece una falta de respeto mutuo por los "sacrificios y contribuciones de cada uno a la lucha socialista", que alimenta la animosidad. Aunque esta antipatía mutua es, en la mayor parte de los casos, insuficiente para explicar las fricciones políticas y las decisiones estratégicas de atacar a "enemigos políticos" específicos, es frecuentemente un factor que contribuye a agudizar la confrontación de forma importante. Esta continuada separación histórica entre la izquierda social y la política ha cambiado a medida que un creciente porcentaje de la izquierda social se ha unido a la izquierda política.

¹⁵ "E l 22% [de la población económicamente activa] tiene salarios inferiores a un salario mínimo. El 47% gana entre una y dos veces el salario mínimo: 26% gana entre dos y cinco veces el salario mínimo y el restante 5% sobrepasa estos niveles" (Casa y Ciudad, 1996: 4).

¹⁶ Una medida de la significativa y creciente presencia de las ong la constituyen las 568 organizaciones que se reunieron para el Encuentro Nacional de Organizaciones Ciudadanas de 1995. El abanico de asuntos representados es impresionante, incluyendo el género, los derechos humanos de varios tipos, derechos de la comunidad gay, VIH, medio ambiente, pobreza y muchos otros (San Juan Victoria, 1995: 157). Una reunión de este tipo celebrada diez años antes habría sido mucho más pequeña.

¹⁷ Para una excelente explicación y una implementación seria de la creación metodológica conocida como historia contrafactual, véase Gaventa (1980). En la literatura estadounidense, ningún libro hizo más por defender la disrupción institucional que el de Piven y Cloward (1979). Aunque su argumento es poderoso, sufre, desde mi punto de vista, de la ausencia de argumentos contrafactuales convincentes que sugieran lo que los movimientos que estudian, de las décadas de los treinta y sesenta, podrían haber alcanzado si hubieran adoptado las estrategias por las que abogan los autores.