Artículos

 

Del ecologismo de los ricos al ecologismo de los pobres*

 

From the environmentalism of the rich to the environmentalism of the poor

 

Patricia Ávila García** y Eduardo Luna Sánchez***

 

** Doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Occidente. Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Temas de especialización: agua, poder y conflictos; pobreza y movimientos urbanos y socioambientales. Antigua Carretera a Pátzcuaro 8701, Ex Hacienda de San José de la Huerta, 58190, Morelia, Michoacán, México. Tel.: (443) 322-2786. Fax: (443) 322-2719. Correo electrónico: <pavila@cieco.unam.mx>.

*** Licenciado en Antropología por la Universidad Autónoma de Querétaro. Estudiante de la Maestría en Gestión Integrada de Cuencas de la Universidad Autónoma de Querétaro. Correo electrónico: <eduardo.lusan@gmail.com>.

 

Recibido: 2 de noviembre de 2011
Aceptado: 25 de septiembre de 2012

 

Resumen

Este artículo analiza la nueva oleada privatizadora en la costa occidente de México, que promueve inversiones inmobiliarias y turísticas que vulneran derechos agrarios, generan conflictos sociales y destruyen ecosistemas. Además, documenta las disputas por el control de recursos estratégicos en la costa de Jalisco, que se expresan en las resistencias sociales por la defensa de la propiedad social y los bienes de uso común. Todo ello se desarrolla en un juego de alianzas y relaciones de poder entre el sector empresarial y el Estado para imponer proyectos privados en territorios costeros, sin importar los costos sociales y ambientales.

Palabras clave: disputas sociales, privatización, recursos de uso común, ecologismo de los pobres, élites empresariales.

 

Abstract

This article analyzes the recent wave of privatization on the west coast of Mexico, which promotes investments in real-estate and tourism that violate agricultural rights, create social conflicts and destroy ecosystems. It also documents the disputes over the control of strategic resources on the coast of Jalisco state. These disputes are evident in the social movements that defend social and common property. All of this takes place within a game of alliances and power relationships between the private sector and the State, with the aim of implementing private projects on coastal land regardless of their social and environmental cost.

Key words: social disputes, privatization, common property, environmentalism of the poor, private-sector elites.

 

El presente artículo tiene como objetivo estudiar la nueva oleada privatizadora en la costa occidente de México, para promover inversiones inmobiliarias y turísticas, y que vulnera derechos agrarios, genera conflictos sociales y destruye ecosistemas.

Como ejes explicativos del proceso de privatización de la propiedad social y despojo de los bienes comunes se plantean: la política neoliberal, que ha implicado la privatización y consecuente mercantilización de la naturaleza; las estructuras de poder y los mecanismos formales y no formales que permiten imponer los intereses económicos de las élites empresariales y someter por la vía de la coerción y la cooptación a los actores locales; el vacío "funcional" del Estado, que da un amplio margen para el ascenso y el afianzamiento del sector privado, y que debilita a los actores locales al no tener éstos un camino legal e institucional para la solución de los conflictos sociales; y las resistencias locales como una expresión del ecologismo de los pobres, es decir, acciones colectivas de actores sociales "no modernos", como campesinos y pescadores, que se oponen a la depredación de sus bienes comunes y recursos naturales, esenciales para la sobrevivencia.

Esta investigación es fruto de un trabajo documental y de campo realizado entre 2009 y 2011 en la Costa Alegre de Jalisco, que se apoyó en un análisis antropológico y sociológico sobre los procesos locales y globales que están afectando a campesinos y pescadores.

 

La acumulación por desposesión y la privatización de la naturaleza

La historia de despojo y apropiación privada de los bienes comunes en México tiene como referente la conquista y la colonización española, que fragmentaron los territorios indígenas y saquearon sus riquezas naturales por más de tres siglos (Cuéllar, 1974; Galeano, 1979). En la actualidad llaman la atención la velocidad y la intensidad con las que se han presentado los casos de despojo y privatización de los recursos otrora comunes y de propiedad social, como el ejido y la comunidad indígena, que fueron reconocidos como un logro de la Revolución Mexicana del siglo XX.

Una parte de la explicación en la época contemporánea está relacionada con el ascenso de la política económica neoliberal en el país, que ha abierto oportunidades únicas para la privatización y la inversión extranjera en campos diversos, como la agricultura, la industria, la promoción inmobiliaria y turística y la prestación de servicios, entre otros. Algunos autores, como David Harvey, señalan una nueva modalidad del imperialismo capitalista: la acumulación por desposesión, concepto que implica formas diversas de acumulación. Desde la acumulación originaria descrita por Marx,

la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las poblaciones campesinas; la conversión de varios tipos de derechos de propiedad (comunal, colectiva, estatal, etcétera) en derechos de propiedad privada exclusivos; la supresión de formas alternativas (indígenas) de producción y consumo (Harvey, 2004: 116).

Se llega así hasta la acumulación por la vía de desposesión, que se relaciona con la depredación de los bienes ambientales globales (tierra, aire, agua) y la degradación ambiental, por medio de la vuelta al dominio privado de los derechos de propiedad común y social (Harvey, 2004).

En este contexto, desde finales de la década de los años ochenta del siglo XX, el Estado mexicano emprendió cambios legales e institucionales en materia de tierras y aguas que posibilitaron la entrada de la propiedad social a los mecanismos de mercado y la transacción de derechos antes indivisibles como los del agua (Téllez, 1993; Calva, 1988). Fue así como los ejidos y las comunidades indígenas, que se ubicaban en zonas estratégicas para la inversión privada, comenzaron a ser presionados para vender porciones importantes de su territorio. El resultado fue dramático en aquellos cercanos a las ciudades, zonas industriales y costas, o que contaban con abundantes recursos naturales y bellezas paisajísticas. Los agentes económicos privados presionaron a los actores locales, para adquirir y especular con sus tierras y así garantizar futuras inversiones y proyectos diversos.

Otra parte de la explicación de la historia contemporánea de despojos y privatización está en las estructuras de poder y los mecanismos formales y no formales que permiten imponer los intereses económicos de las élites empresariales y someter por la vía de la coerción y la cooptación a los actores locales. Lo nuevo aquí es el refinamiento de la estrategia de dominio, ya que han penetrado actores modernos, como fundaciones, organizaciones no gubernamentales y académicos ligados a los intereses de las élites, que son capaces de convertir lo ilegal en legal a través del trabajo intelectual, el lobbing político y la vinculación con los tomadores de decisión. Estos grupos se apoyan en discursos de legitimación, como el ambiental, y por ese medio logran afianzar sus intereses económicos y maquillar los procesos de destrucción de los ecosistemas y el despojo o la afectación de tierras de propiedad social y pública (Ávila, 1998; Riechmann y Fernández, 1994). Es decir, llevan a la praxis lo que denominamos "el ecologismo de los ricos", que busca privatizar la naturaleza y restringir el acceso y disfrute de los bienes comunes, a través de la aplicación de una política y un discurso ambiental de corte conservacionista.

Una dimensión más de la explicación está en el papel jugado por el Estado, que ha permitido el ascenso del sector privado tanto nacional como internacional en diversos campos de la economía (sector inmobiliario y turístico, entre otros), sin importar los costos sociales y ambientales generados en lo local y regional. Además, ha posibilitado la apropiación, por parte de inversionistas extranjeros, de espacios estratégicos como costas y playas, que son patrimonio nacional.

Lo grave aquí es que se ha violentado la ley, a través de su omisión o transgresión, y ha habido un manejo discrecional de la información (sobre todo en materia de evaluación de impacto ambiental) y los recursos institucionales para hacer viables proyectos e inversiones privadas. Los derechos agrarios y humanos son violados constantemente por los agentes modernos, sin que haya una actuación del Estado para evitarlo o sancionarlo. Es decir, hay un vacío "funcional" del Estado que da un amplio margen para el ascenso y el afianzamiento del sector privado, pero que debilita a los actores locales al no tener un camino legal e institucional para la solución de los conflictos sociales.

Más allá del refinamiento discursivo, el uso de la violencia se ha exacerbado cuando los actores locales se resisten a perder el control de su territorio (Zermeño, 2005). Esta cuestión se ha tornado aún más compleja con la presencia del narcotráfico, el cual se ha insertado por medio del lavado de dinero en proyectos e inversiones productivas, turísticas e inmobiliarias. En algunas regiones del país, los sicarios y las guardias blancas protegen los intereses de las élites e intimidan y atentan contra los líderes y luchadores sociales.

Como resultado del proceso de privatización de la propiedad social
y de los recursos de uso común, el país está experimentando una situación de desorden y desmantelamiento de instituciones sociales como el ejido y la comunidad indígena. De igual manera, hay una tendencia a la atomización de los actores locales frente al vacío generado por el Estado, por el incumplimiento de la ley y el ascenso de nuevas formas de violencia e intimidación a la lucha social (Zermeño, 1996 y 2005).

No obstante, el ascenso de diversas luchas y resistencias locales ante el proceso de despojo y privatización de los recursos otrora comunes (tierras, aguas y playas en ejidos y comunidades indígenas y propiedad federal) muestra la presencia del "ecologismo de los pobres".

Los movimientos sociales de los pobres son luchas por la supervivencia, y son por tanto movimientos ecologistas [...] en cuanto sus objetivos son las necesidades ecológicas para la vida (Martínez-Alier, 1992: 12).

De allí la pertinencia de documentar los procesos sociales y políticos en una región del país que concentra belleza paisajística y alta biodiversidad, lo cual ha atraído el interés de inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros, quienes han disputado, a través de una diversidad de recursos políticos y formas de sometimiento, el control del territorio a los actores locales. Todo ello, en aras de promover el desarrollo turístico y la inversión inmobiliaria para las élites transnacionales, que buscan exclusividad en "paraísos perdidos" como la Costa Alegre de Jalisco en el occidente de México.

 

La costa de Jalisco y sus transformaciones sociales

La Costa Alegre del estado de Jalisco es una región rica en recursos naturales, que tuvo presencia humana desde la época prehispánica, como lo muestran las evidencias arqueológicas de cerros de concha, tumbas de tiro, petroglifos y cerámica. Se ubica en la franja costera del Pacífico, entre Puerto Vallarta y Barra de Navidad.

Hasta mediados del siglo XX, la región contaba con una baja densidad demográfica debido a las difíciles condiciones climáticas y ambientales (pantanos y vegetación agreste llena de mosquitos y animales ponzoño-sos y salvajes) y a la inexistencia de caminos de acceso. Por esta razón, en los años cuarenta y sobre todo en los cincuenta se emprendió una política de colonización en las zonas costeras, que se denominó la Marcha al Mar. La idea fue poblar y formar ejidos en territorios costeros, considerados estratégicos para la seguridad nacional. Tal fue el caso de la costa de Jalisco, donde la colonización implicó la devastación de selvas y ecosistemas con el fin de "domar a la naturaleza" para abrir nuevas tierras para la agricultura y la ganadería. Esa visión desarrollista fue impulsada por el Estado y llevada a cabo por los nuevos habitantes de la costa, que provenían de regiones aledañas y otros puntos del país donde había escasez de tierras.

Este periodo no estuvo exento de tensiones sociales por la tierra, pero fueron mediatizadas por caciques como Rodolfo Paz, quien causaba terror (por su violencia física y psicológica y sus métodos de explotación) en la zona de Cuixmala y Tenacatita, corazón de la Costa Alegre. Su poder fue posible por el apoyo brindado por dos gobernadores de Jalisco, el general Marcelino García Barragán (1943-1947) y José González Gallo (1947-1951). Más tarde fue inspiración para el personaje literario "El Amarillo" en la novela La tierra pródiga, del también gobernador de Jalisco Agustín Yáñez (Ramírez, 1989; Yáñez, 1984; Tello, 2010). Este cacique tenía un sueño por el cual lo tacharon de loco en su época: quería que la costa, y en particular Tenacatita, fuera un paraíso exclusivo de turistas de alto nivel, donde hubiera edificaciones grandes e infraestructura moderna (aeropuertos, caminos). Murió sin verlo realizado, pero sentó las bases para que en las siguientes décadas florecieran sus semillas.

La mayoría de los ejidos de la costa se formaron en la década de los años sesenta; este proceso no continuó porque al Estado le interesaba fortalecer la propiedad privada y dar certeza a las nuevas inversiones económicas. En este contexto, reservó extensiones de la franja costera para proyectos turísticos como Puerto Vallarta y Barra de Navidad. No obstante, también hubo repartimiento de las mejores tierras a políticos y militares, sobre todo en las vegas de los ríos y costa. Por ejemplo, algunos gobernadores de Jalisco como González Gallo se hicieron dueños en zonas costeras como Tenacatita y dejaron en situación de ambigüedad los límites del ejido El Rebalsito, al traslaparse con él. Asimismo, el gobernador García Barragán se convirtió en dueño del predio costero El Tecuán, ubicado entre los ejidos de Arroyo Seco y La Rosa.

Durante los años setenta hubo una nueva ola de impulso a la región, con la construcción de la carretera Barra de Navidad-Puerto Vallarta, que conectó la costa de Jalisco con el país. Aunado a ello, se promovió a nivel federal una política ganadera que implicó la deforestación de importantes extensiones de selva. Como resultado, la población comenzó a ascender y las solicitudes de formación de ejidos se convirtieron en una amenaza para las propiedades privadas que no eran aprovechadas.

Para evitar afectaciones agrarias, la estrategia de los terratenientes fue fragmentar sus propiedades por medio de escriturar a familiares y amigos e incluso mediante donaciones, como ocurrió con un predio cercano a Chamela, que hoy es ocupado por la Estación de Biología y forma parte del patrimonio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desde 1971.

 

La presencia extranjera en la costa de Jalisco y sus estrategias de privatización

Con la llegada de la carretera, las tierras otrora inaccesibles se valorizaron y comenzaron la adquisición y la especulación de terrenos ubicados en la franja costera de Jalisco. La modalidad de penetración de inversionistas extranjeros fue la formación de fideicomisos y el uso de prestanombres, ya que la ley general de bienes nacionales les impedía la adquisición de terrenos costeros. Para ello, había intermediarios que eran expertos en corromper a las instituciones públicas y a los actores locales para lograr hacerse con las mejores tierras.

Tal fue el caso de Luis de Rivera, un español con lazos de parentesco a nivel político con el magnate boliviano Antenor Patiño, amigo del presidente Luis Echeverría e inversionista de un ambicioso desarrollo turístico en Manzanillo conocido como Las Hadas. De Rivera conoció en 1968 a Gian Franco Brignone, empresario italiano que obtuvo su fortuna adquiriendo un banco en liquidación en París y mediante operaciones inmobiliarias. Llegó a México por invitación de Patiño, con quien tenía lazos de parentesco a nivel político. Como Brignone estaba interesado en invertir en México, De Rivera lo invitó a que conociera la Costa Alegre. Fue tal fue su fascinación por el lugar, que al hacer un recorrido en helicóptero Brignone "compró desde el aire", sin poner un pie en la tierra (Tello, 2006: 36).

La adquisición de tierras llevó poco tiempo, pero no estuvo exenta de conflictos sociales y resistencias locales por parte, sobre todo, de los ejidatarios y los pescadores, que eran los dueños y usufructuarios de esa zona. Con el poder del dinero se compraron "voluntades" y se logró adquirir grandes extensiones de propiedades privadas, que se ubicaban en la franja costera a precios ínfimos, y con el poder del Estado se logró obtener decretos de inafectabilidad agraria, que dieron certeza plena a los inversionistas extranjeros de que no se formarían ejidos ni habría litigios. Esto fue el inicio de la privatización de la franja costera jalisciense en los años setenta.

A pesar de estar prohibido constitucionalmente, Brignone adquirió grandes extensiones de tierra en la franja costera, como Playa Blanca, Playa Rosa y Playa Careyitos, así como la Península de las Estrellas, todas ellas provenientes de proyectos de ejido y pequeñas propiedades. Al poco tiempo, logró certeza jurídica de que no sería afectada su propiedad privada: el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización emitió un certificado de inafectabilidad del predio Careyitos, firmado por el entonces presidente de la República, Luis Echeverría. Esto posibilitó la realización de inversiones inmobiliarias y turísticas: el primero en construir, a principios de los años setenta, fue el Club Med, una cadena exclusiva de hoteles en todo el mundo. Luego se construyó el Hotel Plaza Careyes (Tello, 2006).

Ambos proyectos fueron un éxito en su momento y la élite transnacional (aristocracia europea, artistas e intelectuales de reconocimiento internacional y magnates, entre otros) se hizo asidua visitante de esta región prístina, con una belleza paisajística impresionante, por sus playas, manglares y acantilados que, combinada con una arquitectura exquisita y de vanguardia, era el ambiente ideal para el hedonismo (Ortiz-Pinchetti, 1997; Tello, 2006).

Una de las conexiones más importantes de Brignone, que marcaron el futuro de la zona, fue con su viejo amigo, el magnate franco-inglés James Goldsmith, fundador del grupo alimentario General Occidental y de la mayor cadena de tiendas de productos alimenticios de Estados Unidos de América, la Gran Unión (Beaudeux, 1988). Éste buscaba un lugar exclusivo para vivir en sus años de retiro.

El intermediario nuevamente fue Luis de Rivera, quien se encargó en la década de los años ochenta de concretar las inversiones inmobiliarias de Goldsmith en Cuixmala, una zona vecina a Careyes. Para lograr hacerse con esas tierras, tenía que vencer varios obstáculos agrarios: primero, comprar la finca Cuixmala; luego, adquirir los terrenos aledaños, propiedad de pequeños propietarios y ejidatarios. Nada era imposible para el español, ya que las cosas las resolvía "por las buenas o por las malas", al ser experto en comprar voluntades y engañar a los campesinos, cambiándoles sus tierras, que valían oro, "por cuentas de vidrio".

Hacia mediados de los ochenta, Goldsmith logró su objetivo: adquirió más de 10 000 hectáreas conformadas por selvas, manglares y playas. La finca de 800 hectáreas donde anteriormente estaba la hacienda Cuixmala la convirtió en su residencia particular y construyó una fastuosa mansión con una vista de 180° hacia el horizonte del Pacífico (Ortega, 1989). También construyó varias residencias para alojar a sus huéspedes distinguidos, como Richard Nixon, Henry Kissinger, Ronald Reagan, Bill Gates y Madonna, entre otros.

En las vastas extensiones de su propiedad introdujo especies exóticas, como animales de África en plena selva mexicana. El rancho lo transformó en huertos y parcelas orgánicas. Reprodujo el esquema de su rancho "El Jabalí" en Colima: tener una propiedad dentro de un área natural protegida para blindar su paraíso de la población local ante futuras amenazas de formación de ejidos o disputas por tierras y aguas (Ortega, 1989).

Con las reformas al artículo 27 constitucional en 1992, los vientos fueron aún más favorables para la inversión privada y extranjera: las mejores tierras de los ejidos y las comunidades indígenas fueron objeto de presión para su venta. Incluso fueron atractivas las vastas extensiones de selva aledañas a las costas, con el fin de apropiarse de las bellezas naturales y garantizar la exclusividad de las inversiones turísticas e inmobiliarias.

Los mecanismos de poder y control ejercidos sobre la población local para avanzar en la privatización de sus territorios fueron diversos: desde la cooptación de líderes ejidales hasta engaños y deslumbramientos con "dinero" a los campesinos. También hubo violación de la legalidad y uso de la violencia cuando las resistencias locales fueron mayores. Para ello, sin duda, empresarios nacionales y extranjeros contaron con la anuencia y el apoyo de políticos y funcionarios públicos, así como de los elementos policiacos, que se encargaron de reprimir y apaciguar los ánimos de los ejidatarios y comuneros. Como resultado, la mayoría del litoral jalisciense se privatizó.

Los paraísos privados buscaron eliminar toda amenaza de los ejidatarios y futuros solicitantes de tierra. Ello explica que nunca lograran resolverse los conflictos agrarios entre las localidades de Francisco Villa y Zapata, ya que las tierras en disputa se ubicaban en la vega del río Cuixmala, una zona de gran interés para Goldsmith. Tampoco se avanzó en el proyecto de ejido de Valle de Allende, colindante a la propiedad del magnate, ya que a pesar de que tenía una resolución presidencial (que implicaba la entrega oficial de tierras a los ejidatarios), ésta nunca fue ejecutada por el Estado.

En este último caso, De Rivera llegó con los nuevos ejidatarios de Valle de Allende y les ofreció, con engaños, comprar una porción de su ejido, dada la incertidumbre que había por la falta de ejecución de sus tierras y las amenazas de creación de un área natural protegida. Tras largas discusiones, los campesinos estuvieron de acuerdo en vender una parte y firmaron, sin leer, el contrato de cesión de derechos al comprador. El detalle es que el contrato especificaba la venta de 100% de sus tierras, incluyendo donde vivían. A las pocas semanas, fueron sorprendidos con una orden de desalojo: el nuevo dueño (Goldsmith) reclamaba la posesión del predio y con el apoyo de agentes de seguridad privada (guardias blancas) los obligó violentamente a salir del lugar. Sólo lograron recoger sus pertenencias materiales, ya que de inmediato fueron incendiadas sus viviendas, para borrar evidencia de la existencia de algún asentamiento humano en la futura Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala.

 

El discurso ambiental de las élites transnacionales y la apropiación de los bienes comunes en la Costa de Jalisco

En la década de los años noventa, el discurso ambiental se convirtió en una excelente arma para combatir a campesinos y pescadores, vistos por las élites como los causantes del desastre ambiental por sus "prácticas depredadoras" en selvas, manglares y costas. "La tragedia de los comunes" de Garrett Hardin y las visiones catastrofistas de Thomas Malthus y el Club de Roma ganaron presencia en los discursos de los modernos empresarios "ecologistas". Con esta lógica, los bienes comunes eran el problema y debían desaparecer por medio de la propiedad privada y la racionalidad individual. Para ellos no había diferencia, como lo señala Elinor Ostrom (2000), entre recursos de acceso abierto y los recursos de uso común: los primeros carecen de regulación (aire, océanos y glaciares) y los segundos (tierra, bosque y agua) están socialmente sancionados por instituciones locales y organizaciones colectivas que regulan su acceso y manejo para garantizar su disfrute, más allá del corto plazo. Esta omisión de la relevancia de las instituciones locales en el control y la regulación de los bienes comunes alimentaba sus ideas preconcebidas de que los pobladores locales eran destructores y que lo que se requería era privatizar para "salvar la tierra", postura totalmente maniquea para afianzar sus inversiones e intereses económicos en los planos local y regional.

El camino más sencillo de las élites fue sintonizar con el discurso ambiental del Estado e insertarse en las políticas de conservación, a través de crear áreas naturales protegidas que evitaran "la depredación y la voracidad" de los pobladores locales. Esto dio origen al ecologismo de los ricos, como antítesis al ecologismo de los pobres de Joan Martínez-Alier (1992 y 2009). Es decir, se buscó no sólo privatizar la tierra y las aguas, sino eliminar los bienes de uso común (Ostrom, 2000) y restringir el usufructo de los mismos, por medio de disposiciones oficiales (como decretos de protección ecológica y negativas de concesión de playas a los pescadores).

Hacia finales del siglo XX, los nuevos dueños de "la tierra pródiga" de Yáñez, que eran personajes famosos y poderosos, pertenecientes a las élites transnacionales, usaron recursos políticos diversos para afianzar sus inversiones con un discurso ambiental. Fue así como Goldsmith promovió la creación de un área natural protegida en la categoría de Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, para dar sustento a su visión: evitar que la naturaleza (donde se ubicaba su propiedad) fuera tocada por aquellos (pobladores locales) que eran considerados como una amenaza. La extensión fue de alrededor de 13 000 hectáreas, con una tenencia de la tierra predominantemente privada, que pertenecía a Goldsmith, y donde también se ubicaba la Estación de Biología de la UNAM.

El decreto correspondiente (30 de diciembre de 1993) prohibía toda actividad humana de tipo productivo y extractivo en la zona núcleo (la mejor conservada ecológicamente), con restricciones en la zona de amortiguamiento de la reserva, pero contenía cláusulas que posibilitaban el desarrollo turístico de baja densidad y la fragmentación de la zona núcleo en cuatro áreas, que excluían desde luego al paraíso privado, para ser manejado a discrecionalidad.

Entre las acciones emprendidas en el complejo residencial de los Goldsmith, rodeado de playas y manglares, cercanos a la desembocadura del río Cuixmala, estuvieron: la construcción de represas, con un sistema de compuertas para regular los niveles del agua de los humedales, y la introducción de especies animales exóticas, como cebras, antílopes y cocodrilo africano (este último, según los pescadores). Todas ellas de alto impacto ambiental, y en teoría no deberían realizarse en un área natural protegida.

No obstante, se destinaron tierras de selva baja caducifolia (las menos atractivas para los inversionistas privados) para la conservación y la investigación ambiental, que formaron un cinturón "verde" o blindaje de protección para la Finca Cuixmala. Para dar soporte institucional y legitimidad a sus acciones, Goldsmith creó en 1988 la Fundación Ecológica Cuixmala, que se articuló con las actividades de la Estación de Biología de la UNAM.

Una cuestión inédita en México es que la reserva de la biosfera, al ser mayoritariamente de propiedad privada, implicó restringir el acceso a los pobladores locales, quienes realizaban desde antaño actividades pesqueras en la zona ribereña y lagunas costeras, propiedad de la nación y constitucionalmente de uso común. Incluso los propios científicos de la unam requerían permisos especiales del director de la fundación para entrar a esa zona de la reserva y hacer sus investigaciones. Para ello, se construyeron casetas de vigilancia y puntos de control con la presencia de guardias blancas e incluso policías estatales armados.

Un quinquenio después de creada la reserva de la biosfera se aprobó el Ordenamiento Ecológico Territorial de la costa de Jalisco (15 de enero de 1999), que afianzó y legitimó las políticas de protección en la zona, pero también abrió "candados" para el desarrollo futuro de proyectos turísticos. Con ambos instrumentos ambientales se garantizaron legalmente el blindaje ecológico y la exclusividad de ese territorio para el disfrute de las élites transnacionales.

Cabe señalar que la exclusividad y el blindaje tienen un elemento adicional: la posible realización de actividades ilícitas. Algunas referencias (prensa, informantes locales) señalan que "los paraísos blindados", más que proteger la naturaleza, han sido espacios estratégicos para el tráfico de droga. En la década de los años noventa hubo un evento que llamó la atención de los pobladores locales: la policía entró a la Finca Cuixmala buscando droga e incluso revisó la residencia de los Goldsmith. También hay historias de que una avioneta con droga aterrizó en la pista cercana al campo de polo de Brignone y que incluso uno de sus hijos tuvo problemas con la justicia mexicana. No obstante, no hay constancia documental de tales hechos, aunque forman parte del imaginario colectivo y de la historia oral de los habitantes de la zona.

 

Los nuevos proyectos turísticos e inmobiliarios y sus impactos ambientales en la Costa de Jalisco

Con el inicio del nuevo milenio, los instrumentos de política ambiental que blindaban los paraísos privados se convirtieron en un impedimento para la realización de nuevos proyectos turísticos e inmobiliarios en la Costa Alegre, entre los ríos Chamela y Cuixmala. Hubo varios intentos entre 2005 y 2010 por "desarrollar" la zona a través de la construcción de complejos turísticos como La Tambora, Marina Careyes, Rancho San Andrés, San Carlos y Zafiro. Éstos proyectaban hacer extensas áreas de hoteles, campos de golf, marinas y zonas residenciales exclusivas, sobre la franja costera y los manglares aledaños a la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala.

Tales proyectos generaron confrontación entre los intereses de los empresarios "desarrollistas" (Gian Franco Brignone-Roberto Hernández, Ari Nieto-Wolfgang Hahn) con los empresarios "ecologistas" (familia Goldsmith). Las alianzas entre actores sociales "modernos" fueron claves para detener en 2005 y 2008 la avanzada turística e inmobiliaria, en particular entre las organizaciones ecologistas empresariales (Fundación Ecológica Cuixmala) y los científicos (investigadores de la UNAM). Estos últimos alertaban acerca de los impactos ambientales negativos que tendrían los nuevos proyectos turísticos del sector desarrollista para la conservación de la reserva de la biosfera.

El poder de los empresarios "desarrollistas" estaba afianzado en el interior de las instituciones públicas encargadas, a nivel federal, de dictaminar la viabilidad ambiental de tales proyectos, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Incluso hay evidencias en la prensa de que uno de estos empresarios, Roberto Hernández, formó parte de los Amigos de Fox, que financiaron la campaña presidencial en el año 2000. Cabe señalar que este empresario es considerado como uno de los más influyentes y poderosos del país; no en vano fue beneficiado con la privatización de la banca (Banco Nacional de México) en el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari. Según la revista Forbes de marzo de 2012, formaba parte de la exclusiva lista de multimillonarios del mundo y se ubicaba entre los 10 hombres más ricos de México, arriba incluso del narcotraficante "El Chapo" Guzmán.

La influencia política de los empresarios "desarrollistas" explica la súbita aprobación (días antes de que concluyera la gestión de Vicente Fox, en 2006) de dos proyectos de alto impacto ambiental en la Costa Alegre: La Tambora y Marina-Careyes. Las resistencias del lado empresarial "ecologista", también llamado "el ángel Cuixmala" (con ironía de los actores locales por su papel como defensor de la naturaleza), y los argumentos de los científicos impidieron al menos por un tiempo el desastre ambiental anunciado. La Semarnat tuvo que revirar su decisión en 2008, bajo las órdenes del nuevo presidente, Felipe Calderón.

No pasaron dos años cuando hubo un intento más sofisticado, hasta en su nombre, Proyecto Zafiro, que conjuntó dos propuestas anteriormente frustradas (La Tambora y San Carlos). Entre los propietarios de ese magno proyecto se mencionó nuevamente a Roberto Hernández y a un alemán llamado Wolfgang Hahn, socio mayoritario de la empresa mexicana Impulsora Chamela. Con el fin de estar a la "moda ambiental" para ampliar las posibilidades de realización del proyecto, se propuso "reverdecerlo" por medio de la creación de polígonos de protección ambiental dentro del complejo turístico e inmobiliario. Más de 200 hectáreas fueron propuestas para donación y ampliación de la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala. Además, se planteó la construcción de un extenso rancho para la producción de alimentos orgánicos.

Como resultado de estas iniciativas en materia ambiental, probadas con éxito años atrás por el mismo Goldsmith, las resistencias empresariales del lado ecologista se eclipsaron y la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se hizo una realidad. Los argumentos de la academia e incluso los de algunas instituciones oficiales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que iban en contra de la realización del proyecto, no fueron considerados en el dictamen final de la MIA. Fue así como la Semarnat autorizó la realización de un proyecto turístico-inmobiliario de 900 hectáreas en una zona de alta importancia ecológica, que incluía la construcción de un hotel, villas en condominio, terrenos residenciales, campo de golf y aeropista.

Los impactos ambientales fueron minimizados (Hernández, 2010) tanto por encargo (la consultora responsable de elaborar la MIA tenía como socio fundador a un ex secretario de Semarnat) como por dispo-sición oficial (el responsable de la dirección de impacto y riesgo ambiental de Semarnat fue autoridad ambiental en Jalisco justo cuando se intentó realizar el proyecto La Tambora en 2005). En consecuencia, la resolución positiva de la MIA (septiembre de 2010) significó que el Proyecto Zafiro era para Semarnat viable en términos ambientales y no afectaba la disponibilidad de agua, a pesar de estar ubicado en una zona de alta presión hídrica (relación entre demanda y disponibilidad). Tampoco afectaba a los ecosistemas terrestres, costeros y humedales, a pesar de estar rodeado de dos áreas naturales protegidas, las islas de Chamela y la Reserva de la Biosfera Chamela-Cuixmala, y asentarse dentro de un sitio de protección Ramsar, los humedales de Chamela. Ésta es la visión de desarrollo y política ambiental del México del siglo XXI: la privatización y mercantilización de la naturaleza y la afectación de los bienes comunes y de la nación.

 

Despojos y violencia ante proyectos inmobiliarios-turísticos en la costa de Jalisco

Lo cuestionable de la resolución positiva del Proyecto Zafiro es que se logró a costa de la minimización de los impactos ambientales y la omisión y el desprecio de los actores locales: los pescadores y habitantes de Chamela. En agosto de 2010, pocas semanas antes de que se expidiera el dictamen positivo de Semarnat, éstos fueron expulsados y desalojados violentamente de su territorio.

El escenario en Chamela se volvió desolador por la destrucción de casas e inmuebles (escuelas y restaurantes) para garantizar la realización del proyecto turístico-inmobiliario. La presencia de guardias blancas y la construcción de una malla metálica fueron una estrategia para evitar la invasión de los pescadores y comerciantes (dueños de restaurantes o ramadas), que por 80 años vivieron en esas tierras y usufructuaron ese espacio común (humedal y playa) para su sobrevivencia.

La ola de violencia continuó en ascenso contra los defensores de los bienes comunes. Destaca el caso del asesinato del líder regional de la Unión de Pescadores de la Costa Sur de Jalisco, Aureliano Sánchez, que se oponía a la privatización de playas y humedales, y en particular a la construcción de la Marina Careyes. El 13 de julio de 2011 fue encontrado muerto a balazos en un paraje solitario cercano a su localidad, Emiliano Zapata, sin que hubiera detenidos. Cabe señalar que este líder y la cooperativa de pescadores de Careyitos defendían el acceso a la playa y a los humedales aledaños a la desembocadura del río Cuixmala, de la que se apropió la familia Goldsmith y que era vigilada día y noche por sus guardias blancas. Sánchez también defendía el acceso a la playa de Careyitos a través de la concesión de playa (que fue autorizada y luego negada por las autoridades federales) para realizar sus actividades productivas y comercialización de los productos pesqueros (restaurantes).

Por defender nuestros derechos ya nos quieren matar... Nada más por eso, por no dejar que nos quiten la tierra que es nuestra, por defender el mar, que de ahí vivimos... Los pescadores somos una especie en extinción. Nos quieren desaparecer de la Costa de Jalisco porque les estorbamos a sus intereses (Aureliano Sánchez, líder pesquero de la costa sur de Jalisco, en su discurso frente al gobernador de Jalisco, en Díaz-Zurita, 2011).

El detalle es que el "dueño" de esa playa, o mejor dicho de esa porción costera conocida como Careyitos, es el potentado empresario y ex banquero mexicano Roberto Hernández, socio de Brignone, el cual además es propietario de un complejo turístico "ecológico" con campo de golf, en las cercanías de la playa La Manzanilla, conocido como El Tamarindo, a unos kilómetros de Careyes, que años atrás fue propiedad de Brignone. Es relevante destacar sus antecedentes como inversionista en la península de Yucatán.

La prensa nacional e internacional tiene bien documentados denuncias de pescadores y procesos penales por afectación del citado empresario al patrimonio arqueológico, lavado de dinero proveniente del narcotráfico en Quintana Roo y uso de espacios de la franja costera, que son de su propiedad, para el tránsito de droga de Sudamérica a Estados Unidos. Pero, como ocurre con los poderosos en México, las demandas legales hechas por pescadores, e incluso por la prensa escrita, no prosperaron aunque no se demostró la inocencia del inculpado. Eso sí, éste amenazó a los pescadores e incluso llegó a intimidarlos y hostigarlos cuando declararon como testigos de las irregularidades ocurridas en su propiedad (Giordano, 1999). No obstante, recientemente un ex gobernador de Quintana Roo se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y manifestó nexos financieros con el citado empresario.

En el caso de México, [Mario] Villanueva Madrid transfirió fondos a través de una cuenta especial de Banamex abierta por el "Servicio de clientes privados de Lehman Brothers". En ese entonces, el presidente del consejo de administración de Banamex era el neobanquero Roberto Hernández Ramírez, acusado penalmente por los Por Esto!, desde 1997, por sus vínculos con el narcotráfico (Por Esto!, 2012).

Frente a los hechos de despojo y violencia creciente en Chamela y Careyes, no ha habido voces de defensa por parte de los empresarios "ecologistas" ni de los científicos y ambientalistas. Quizá porque la especie humana no es tan exótica ni requiere tener un estatus de protección.

Otras partes de la Costa Alegre presentan un escenario de conflicto similar, como Tomatlán y Tenacatita. En ambos casos ha habido desalojos violentos, con apoyo de la fuerza pública estatal, para imponer proyectos turístico-inmobiliarios en zonas otrora comunes y de propiedad social. Las playas y las costas se han convertido, "por la vía de la fuerza", en sitios de uso exclusivo de los privados que están ligados a las élites empresariales nacionales e internacionales.

Por ejemplo, en Tenacatita, desde hace al menos dos décadas, se proyectó realizar un complejo inmobiliario-turístico en una zona que pertenecía, por resolución presidencial de 1972, al ejido de El Rebalsito. Sin embargo, la viuda del ex gobernador de Jalisco José González Gallo interpuso un amparo para reclamar la restitución de esas tierras, que en otro tiempo fueron del cacique Rodolfo Paz. Cinco años después logró obtener una resolución a su favor y las 50 hectáreas en disputa pasaron a ser de su propiedad. Hacia principios de los años noventa, la viuda vendió 42 hectáreas a la inmobiliaria Rodenas, sin que estuviera resuelto el conflicto agrario.

Las tensiones se exacerbaron cuando la inmobiliaria buscó no sólo adueñarse de las tierras en litigio, sino apropiarse de la zona federal, es decir, la playa de Tenacatita. Con ello era factible hacer realidad el viejo sueño del cacique Paz: la construcción de grandes hoteles con turistas de clase mundial.

El detalle es que esa playa, por más de 30 años, fue usufructuada por gente local para el desarrollo de actividades pesqueras y turísticas (restaurantes). Después de varios intentos de desalojo, en agosto de 2010 la fuerza pública estatal expulsó violentamente a cientos de pescadores, comerciantes y turistas. La zona fue cerrada con malla metálica y el acceso se restringió por carretera a cualquier persona. Para ello, se colocó un retén con elementos de seguridad privada e incluso policías estatales. Tal acción llevó a solicitar juicio político en contra del gobernador de Jalisco por parte de algunos diputados federales, sin que prosperara la petición formal. Sin embargo, el conflicto sigue sin solución: el acceso está restringido y vigilado día y noche.

La violencia se ha elevado de tono hasta el nivel de la desaparición y el asesinato de luchadores sociales en la Costa Alegre. En marzo de 2011 fueron "levantados" en Guadalajara tres pescadores del municipio Toma-tlán, entre ellos el líder de una sociedad cooperativa, cuando se dirigían a realizar una gestión ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Llevaban tiempo oponiéndose a la destrucción de los manglares, debido a que el propietario italiano del llamado Hotelito Desconocido comenzó a dragar el estero El Ermitaño para construir un canal con salida al mar y ampliar la extensión de su hotel. Pusieron demandas en diversas dependencias por la afectación que sufriría el estero con la apertura del canal: la fauna escaparía al mar y la intrusión salina afectaría la calidad del agua en el estero. Sin embargo, el citado italiano no fue demandado por las autoridades ambientales ni requerido judicialmente por la desaparición de los pescadores. Hasta la fecha éstos siguen sin aparecer y los hechos sin ser investigados.

 

Ecologismo de los ricos vs. ecologismo de los pobres en la costa de Jalisco

La nueva cara del capitalismo en su etapa neoliberal y transnacional (Harvey, 2004) se expresa en el Careyes hedonista del italiano Gian Franco Brignone y el Careyes desarrollista de Roberto Hernández. La contribución al "desarrollo" de la costa de Jalisco los ha hecho merecedores de beneficios y condecoraciones del Estado mexicano, como la Orden del Águila Azteca, máxima distinción que nuestro país otorga a ciudadanos extranjeros por los servicios prestados a la nación o a la humanidad. El entonces secretario de Turismo, Rodolfo Elizondo, entregó en octubre de 2006 a Gian Franco Brignone esta condecoración y destacó su labor por el impulso turístico de la costa de Jalisco:

[...] su nombre está ligado de manera permanente a la Costa de Careyes, donde las playas vírgenes dieron paso a un enorme conjunto de desarrollos y productos turísticos, generando una fuerte dinámica económica y social, que hoy beneficia a muchas familias mexicanas (Martínez, 2006).

Por su parte, Roberto Hernández también logró un reconocimiento nacional: el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes le organizó, en febrero de 2012, un homenaje en el Palacio de Bellas Artes por su labor filantrópica y su apoyo a la conservación del patrimonio cultural en México (Amador, 2012). Actualmente encabeza dos fundaciones que buscan preservar el medio ambiente y el patrimonio cultural de los mayas y es miembro del consejo directivo de Nature Conservancy, un organismo internacio-nal de origen estadounidense que busca la protección de los ecosistemas terrestres y marinos, establece prioridades de conservación con base en la investigación científica y construye alianzas con organizaciones locales (Hernández, 2012).

Frente a un poder diferencial, en el que es clara la alianza entre el Estado y las élites empresariales (nacionales y transnacionales) para avanzar en la privatización y mercantilización de la Costa Alegre, han emergido espacios de resistencia local cuyos actores centrales son los pescadores. La relevancia está en que muestran una nueva cara del ecologismo de los pobres: la oposición a la privatización de la propiedad social y la defensa de los bienes comunes como mecanismo de sobrevivencia y reproducción colectiva.

Es así como las organizaciones de pescadores de la bahía de Careyes y de la boca del río Cuixmala, a través de sus cooperativas, han luchado por la conservación del derecho de paso a las playas y usufructo de humedales para realizar sus actividades productivas. Esto lo han logrado por medio de la obtención de concesiones federales en playas y el usufructo directo de estos espacios. La presión de los propietarios privados ha tendido a aumentar, en la medida en que han promovido la realización de proyectos turísticos e inmobiliarios, para gozar de exclusividad y privacidad de playas y humedales.

El interés de los privados se basa en la promoción que hacen en la región de un turismo de exclusividad basado en atributos como el contacto "prístino" con la naturaleza, y el acceso a playas sin gente. Esta visión del turismo, privatizadora y elitista, se ha enfrentado a la resistencia de los pescadores locales, quienes se niegan a dejar el mar, ya que es su medio de subsistencia y su vínculo con la naturaleza. A continuación se presentan historias de resistencia de los pescadores (ecologismo de los pobres) ante la ola privatizadora de la costa jalisciense.

 

Cooperativa de Careyes

La bahía de Careyes fue utilizada por pescadores de Francisco Villa y Emiliano Zapata por ser una playa que, a diferencia de otras más cercanas, como Piratas, Cuixmala y Teopa, les permitía salir sin dificultad al mar. En la década de los años ochenta fue construido en esa bahía el Hotel Careyes, y su dueño, Gian Franco Brignone, no impidió la presencia de los pescadores. Los problemas comenzaron cuando el hotel fue vendido al empresario mexicano Roberto Hernández, cuya administración, a decir de los pescadores, "ya no los vio con buenos ojos".

A raíz de un incidente de tráfico de drogas en el Hotel Careyes —unos contrabandistas que se hospedaban allí contrataron a algunos pescadores para transportar la droga a las islas de Chamela—, la administración del hotel amenazó con denunciar a los pescadores y éstos, para evitar problemas, se desplazaron a fines de los ochenta a la vecina y vacía bahía de Careyitos, cuyos terrenos aledaños eran propiedad del italiano Brignone y a la postre también de Roberto Hernández. En este nuevo lugar los pescadores resistieron el continuo bloqueo de las vías de acceso y los robos de los motores de sus lanchas, eventos que incentivaron la organización del grupo, que llevó a cabo acciones para vigilar los recursos comunes.

En 1992, los pescadores se organizaron como cooperativa. Obtuvieron, gracias a las buenas gestiones del grupo, la concesión de unos cuantos metros de la bahía para la realización de sus actividades productivas y venta de productos del mar en el restaurante de la cooperativa. Sin embargo, la presión sobre la cooperativa continuó y los dueños de los terrenos aledaños trataron de fragmentar internamente a los pescadores, cooptando a algunos de los miembros a través de beneficios económicos. La idea era obstaculizar al resto de los pescadores que trabajaban en la bahía. Esta estrategia surtió efecto en el corto plazo, pero los pescadores volvieron a organizarse.

A fines de la década de los años noventa, al ver que no podían impedir que los pescadores utilizaran la bahía, los propietarios de los terrenos aledaños intentaron negociar con aquéllos. La oferta inicial fue darle a cada pescador 40 000 pesos a cambio de firmar su desalojo voluntario. Esta primera oferta fue rechazada por los pescadores. Luego vino una segunda oferta de 70 000 pesos para cada pescador, la cual fue aceptada por la mayoría de ellos, quienes firmaron ante notario público su desalojo voluntario. Parecía el fin de la cooperativa de Careyes. No obstante, dos de los pescadores se negaron a firmar, y uno de ellos, buscando la forma de deshacer el acuerdo, descubrió que había terminado el plazo en el cual la mesa directiva de la cooperativa, a través de la cual se había firmado el acuerdo, estaría al frente de la misma. Esto volvió inválido el documento en el que los pescadores firmaron su desalojo.

Después del evento, que generó división entre los pescadores, un funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) habló con ellos y los animó para que defendieran su espacio, por lo que la mayoría de los pescadores, antes dispuestos a aceptar el dinero, se unieron a los disidentes para defender la cooperativa. Más tarde, los empresarios buscaron reanudar las negociaciones, sólo que ahora el primer requisito era que firmaran todos su aceptación al desalojo, porque con uno que se quedara sin hacerlo, era repetir la misma historia de litigio. Además, les preguntaron lo que pedían a cambio de dejar la bahía. La propuesta de los pescadores, basada en su preocupación de tener una nueva ocupación luego de dejar la playa, fue que les compraran un taxi con permiso a cada uno y que se les diera la oportunidad de atender los hoteles de los empresarios. Esta petición fue rechazada.

Luego de que las negociaciones fallaron, los dueños de los terrenos volvieron a los bloqueos del camino de acceso a la bahía. Ante esto, los pescadores decidieron hacer su propio camino. Para ello se ampararon en la "servidumbre de paso", que indica que por ley un propietario privado no puede negar el paso a áreas federales de interés social y uso común.

El presidente de la cooperativa, Aureliano Sánchez, el mismo que en su momento impidió que se concretara el desalojo voluntario de los pescadores, arregló en 2005 los papeles necesarios para solicitar la concesión de la playa de Careyes, a nombre de la cooperativa pesquera. Contra todo pronóstico, la cooperativa obtuvo el 25 de julio de ese año una concesión vigente por 15 años para utilizar 4 160 metros cuadrados de la bahía de Careyes. Al darle el título de concesión, la directora general de la Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros le advirtió a Sánchez: "Cuídelo porque es como un título de propiedad" (Suverza, 2007).

Sin embargo, a los tres meses, y seguramente presionado por los empresarios, el titular de las zonas federales del estado, José Manuel Zurita, solicitó a los pescadores el documento de la concesión original, con el pretexto de que había algunos errores. Los propietarios del terreno, a través de una sociedad empresarial, llevaron el asunto a juicio y revocaron la concesión de los pescadores. Finalmente, se le otorgó la concesión a la sociedad empresarial, al parecer valorando el monto de la inversión que se haría y, con ello, el supuesto beneficio que traería a la región.

El proyecto turístico-inmobiliario que se promovía incluía la construcción de una marina en las inmediaciones de la playa Careyitos. Días antes de que concluyera la gestión de Vicente Fox fue aprobada la MIA por la Semarnat, con el nombre de IEL La Huerta. No obstante, el proyecto fue detenido por académicos y grupos ambientalistas, debido a los argumentos científicos sobre los daños que causaría al ecosistema de la región.

A pesar de la pérdida de la concesión, los pescadores continuaron movilizando a nivel político proyectos que les dieran certeza sobre su derecho a utilizar la bahía. Estos proyectos, sin embargo, sufrieron un duro golpe cuando su principal gestor, Aureliano Sánchez, fue asesinado a balazos en julio de 2011. Él era además líder de las cooperativas pesqueras de la Costa Sur de Jalisco, que llevaban a cabo proyectos de lonjas pesqueras y arrecifes artificiales para beneficiar a las cooperativas de la zona. Sánchez criticaba el proceso de privatización de la costa y, a través de sus gestiones, empoderó a las cooperativas pesqueras de la zona para hacerles frente a las élites empresariales que pretendían expulsarlas con sus proyectos turísticos-inmobiliarios.

La cooperativa de Careyes utilizó recursos legales para conseguir, primero, la concesión de unos metros de la bahía de Careyes, y luego de toda la bahía. Esta decisión del gobierno, extraña en él y aplaudible, fue "corregida" por la presión de los empresarios dueños de los terrenos aledaños, con lo que se reafirmó la política de exclusión y privatización que existe en la costa de Jalisco.

Como era de esperarse, al año de la muerte de Sánchez vino el desalojo de los pescadores y se cerró con malla ciclónica el acceso a la bahía de Careyitos. Las guardias blancas colocaron su puesto de control para evitar una invasión. En la actualidad la cooperativa sigue disputando el acceso a la playa a través de la revocación de la concesión federal. También ha movilizado recursos políticos y ha hecho alianzas con otros actores de la región como forma de presión a las autoridades, que permitan hacer contrapeso al inmenso poder de los empresarios, que se han apropiado de espacios otrora colectivos, como playas y humedales. Su argumento central es la defensa de la supervivencia, ya que por años los pescadores han dependido del mar para obtener alimento e ingresos monetarios.

 

Cooperativa Boca de Cuixmalita

La cooperativa Boca de Cuixmalita fue creada en 2002 por algunos habitantes de las comunidades de Francisco Villa y Emiliano Zapata. La forman alrededor de 80 pescadores, aunque sólo unos 10 la utilizan con fines comerciales. Éstos pescan tanto en la boca del río Cuixmala como en el mar frente a la playa de Cuixmala. El objetivo principal de su creación fue impedir que la familia Goldsmith, dueña de alrededor de 600 hectáreas en la zona cercana a la desembocadura del río Cuixmala, prohibiera que los habitantes de las comunidades accedieran a la boca del río y a la playa de Cuixmala, lugares que tradicionalmente eran utilizados para la recreación de sus habitantes.

La familia Goldsmith, cuya finca Cuixmala basa su promoción turística en una combinación de privacidad y el acceso a una naturaleza prístina, con playas que "no se han echado a perder" (unspoiled beaches), intentó revocar la formación de la cooperativa, sin éxito. Por ello recurrió a diversas prácticas con el fin de disuadir a los pescadores de utilizar la boca del río y la playa. Así, por medio de sus vigilantes o guardias blancas hostigó a los pescadores, destruyendo las enramadas que construyeron aquéllos en la playa; colocando una cerca y un puesto de vigilancia para impedirles el paso, y revisando continuamente su pesca para encontrar irregularidades.

Sin embargo, la acción de la familia Goldsmith que más afectó a los pescadores fue una consecuencia indirecta de su labor de "protección ecológica". A través de la Fundación Ecológica Cuixmala, incentivó la reproducción de cocodrilos en las lagunas ubicadas dentro de la finca (se registró un aumento de 1 250% de 1987 a 2003, pasando de 35 cocodrilos registrados a 440, según García et al., 2010). De acuerdo con los pescadores, los Goldsmith introdujeron especies de cocodrilo exógenas al río Cuixmala y a la región, que son más agresivas. Éstas representan un riesgo latente para los pescadores, ya que varios han sido atacados y mordidos en el humedal.

Los pescadores, a través de Aureliano Sánchez, expusieron el problema de los cocodrilos ante funcionarios de gobierno. Éstos les respondieron que no había nada que hacer, pues "los cocodrilos [tenían] más tiempo que ellos viviendo en la región, por lo que [tenían] el derecho de estar ahí". Sánchez, en una aguda observación al respecto, concluyó que siguiendo esa lógica, los pescadores de la costa tienen el derecho de utilizar las playas que tradicionalmente ocuparon, ya que han estado en ellas por más tiempo que los propietarios privados que ahora quieren cerrarlas.

Así, la lucha de la cooperativa de Cuixmalita es trascendente en la medida en que va a contracorriente de la ola privatizadora de los espacios otrora comunes, que son usufructuados por la familia Goldsmith. Es uno de los pocos espacios de resistencia que quedan en la costa de Jalisco.

 

Conclusiones

El caso de la privatización de la costa de Jalisco y la presencia de extranjeros como "nuevos dueños y defensores de lo ambiental" ha llevado a los pobladores locales, ejidatarios, comuneros y pescadores, a ser extraños en su tierra. Sin duda, es un buen ejemplo de la "tragedia de los comunes" y del desmantelamiento de las instituciones locales para el manejo de los recursos de uso común.

La voracidad del capital en su fase transnacional y neoliberal ha trastocado las formas de vida de la población local y amenaza con acabar con los ecosistemas, debido a los desarrollos turísticos e inmobiliarios de las élites empresariales. Pescadores y campesinos tienen que buscar otras formas de sobrevivir, ya que los territorios para desarrollar sus actividades productivas han sido blindados y ellos son expulsados con violencia e incluso asesinados.

La parte más dramática de la historia es el papel jugado por el Estado mexicano, que ha sido un facilitador para que la acumulación por desposesión, que implica la privatización de las tierras, el agua y las playas, así como el cercamiento y despojo de los recursos de uso común, se concrete y los recursos pasen a manos de extranjeros y empresarios mexicanos con nulo espíritu nacionalista.

El discurso ambiental ha sido un medio hábil para que las élites del poder nacional y transnacional penetren en lo poco que queda de los bienes comunes y recursos naturales en la costa jalisciense. La política ambiental ha servido para hacer posible lo imposible a través del maquillaje o "legitimación" que brindan las manifestaciones de impacto ambiental y los decretos de protección ecológica.

La visión turística hegemónica ha exigido purgar las playas de la costa de Jalisco, "contaminadas" de pobladores locales, para así ofrecer un entorno prístino y exclusivo. A cambio de abandonar sus playas, mediante "desalojos voluntarios", impulsados con dinero, a los pobladores se les ha ofrecido un menguado beneficio económico, que sin embargo es ensalzado como panacea por empresarios y funcionarios de gobierno. Es así como en la costa de Jalisco se disfrazan el desprecio y la exclusión como "desarrollo" y "protección ambiental".

Los pobladores que por dignidad han rechazado estos supuestos beneficios y han osado rechazar las ofertas del turismo voraz han estructurado estrategias de defensa para proteger su acceso a los recursos. Una de ellas, la utilización de las cooperativas pesqueras, ha sido especialmente efectiva para conservar y aumentar sus derechos sobre las playas. Por ello, los pescadores y sus enramadas representan, para el turismo hedonista de la costa de Jalisco, liderado por empresarios como Roberto Hernández, los enemigos por vencer.

El modelo de turismo excluyente y expropiador de derechos es incapaz de compartir el espacio común, sobre el cual desea un control total. Los pescadores, en cambio, no se niegan a cohabitar con los empresarios, pero exigen que se respete su espacio. De ahí el desprecio y la represión que sufren, pero también de ahí su dignidad y su resistencia ante la privatización.

El ecologismo de los pobres, como lo ha denominado Joan Martínez-Alier (1992 y 2009), que representa las luchas sociales por la sobrevivencia ante la voracidad del capital con la naturaleza, ha sido sometido y vulnerado por las élites empresariales. Es decir, ha ganado la batalla el ecologismo de los ricos, que se basa en la compra de conciencias y en el uso del poder y la violencia para apropiarse de los recursos otrora comunes y de propiedad social, además de manejar un discurso ambiental que "enverdece" sus pretensiones de devorar los espacios mejor conservados del planeta.

No obstante, veremos las respuestas sociales que se presenten en los próximos años desde la arena del ecologismo de los pobres: la defensa de la vida, la cultura y la soberanía de nuestras playas y costas mexicanas.

 

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Notas

* Se agradece el apoyo recibido del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para la realización de la presente investigación, en particular al proyecto financiado SEP-Conacyt número 50955, "Desarrollo interdisciplinario de modelos conceptuales y herramientas metodológicas para el estudio de los servicios ecosistémicos: el caso de la cuenca del río Cuixmala", coordinado por la doctora Patricia Balvanera, así como el apoyo brindado para la realización de una etapa del trabajo de campo a Luis Sergio Solórzano y Rogelia Torres.