Agentes sociales y disposiciones a la acción ilegal: orígenes de una clase dirigente

Configurada en el escenario liminal entre las dos regiones más importantes de Colombia durante el siglo XIX, los departamentos de Cauca y Antioquia, Pereira se erige desde sus orígenes como una ciudad con un importante flujo comercial que conserva y proyecta en la actualidad.

Fundada por caucanos pero poblada por un grupo de familias procedentes de Antioquia, quienes comenzaron a llegar desde mediados del siglo XIX y se dedicaron a la explotación de pequeñas parcelas y a servir como puesto de descanso a los arrieros que mantenían un flujo comercial entre las provincias de Antioquia y Cauca. El historiador Fernando Uribe Uribe describe la forma como la arriería y la fonda de camino se constituyeron en factores que dinamizaban los procesos de doblamiento y expansión territorial (^{Montoya, 2004: 19}).

De esta manera, es posible identificar dos nodos importantes que ayudaron a estructurar tipos específicos de agentes económicos y políticos en la historia de la ciudad de Pereira. El primero de dichos nodos posee sus raíces en la década de los años veinte -periodo denotado por algunos historiadores como la “época dorada” (^{Jaramillo, 1963: 382})-, pero consolida su lógica transformadora en la década de los años treinta. En este periodo, Pereira afronta una transformación en su estructura productiva, con un creciente desarrollo industrial y comercial

mediante la modernización e inclusión de nuevos sectores y actividades económicas. El motor de dicha transformación lo constituye la economía cafetera, sustentada en la estructura productiva de pequeños y medianos propietarios, quienes ofrecen sus excedentes al mercado en un intercambio que propicia y amplía su capacidad de compra (^{Montoya, 2004: 2}).

La economía cafetera, señala ^{Jaime Montoya (2004)}, no sólo permitió integrar otras actividades económicas que forjaron a su vez distintos circuitos comerciales en torno de la ciudad de Pereira; también logró articular escenarios territoriales de distinta índole, desde los lazos comerciales con municipios vecinos mediante la compra, trilla y la comercialización del grano, hasta relaciones comerciales a nivel nacional e internacional.

Los lazos comerciales establecidos en torno de Pereira se vieron fortalecidos con la construcción del ferrocarril (inaugurado el 20 de julio de 1921), que permitió no sólo romper el control monopólico ejercido por las firmas caldenses y antioqueñas, señala ^{Montoya (2004)}, sino también incrementar los bienes importados desde el puerto de Buenaventura. Con ello, se consolidó un eje comercial nodal por el cual bienes importados legales y de contrabando empiezan a transitar en la ciudad de Pereira.

Es en este escenario en el que emerge un tipo de agente económico y político que tempranamente reconoció la necesidad de impulsar importantes obras para la modernización de la creciente ciudad de Pereira. Sus intereses, vinculados con dinámicas comerciales, industriales y agrarias, se cruzaron con las motivaciones por generar dinámicas asociativas y cívicas. “Esa motivación lleva a ese grupo de élite a crear entidades como la Sociedad de Mejoras Públicas en 1925, entidad que nace en medio de un agitado y fructífero escenario de fundación de empresas, empleando el mismo sistema de financiación de sociedades anónimas” (^{Montoya, 2004: 3}).

Con todo, no debe caerse en el equívoco de señalar la existencia de un agente político y económico neutral, cívico e incluyente, ya que algunas de las lógicas que perfilan dicho periodo denotado como cívico -comprendido entre la década de los años veinte hasta los años sesenta- minimizan complejas relaciones de exclusión y discriminación social.

Esta excesiva normativización de la vida diaria buscaba superar los vicios de los sectores populares que en los debates raciales de los años 20 y 30 estaban asociados con la supuesta “malformación genética” de la población, producto de la hibridación cultural triétnica entre indígenas, negros y criollos (^{Correa, 2013: 12}).

Es así como se instaura una “obligación moral” promovida por una élite “abnegada y desinteresada”; de esta manera se concebía al buen ciudadano como un buen cristiano, perfilando la triada religión-moral-autoridad en el centro del proyecto cívico experimentado en la ciudad de Pereira, como señala ^{John Jaime Correa (2013)}. El líder cívico Rafael Cuartas Gaviria reconocía que Pereira

había recibido una avalancha de inmigrantes de todas las condiciones, en los que había más malos que buenos, que hizo que la ciudad se llenara de indeseables que crearon mil complicaciones y problemas. Es evidente que cuando los valores del civismo demarcan tan tajantemente lo normal y lo patológico de una ciudad es porque sus imaginarios de ciudad cívica están bastante extraviados (^{Correa, 2013: 17}).

Pero el apogeo modernizador que caracterizó a la ciudad en el periodo comprendido entre 1920-1940, propiciado por un grupo de élite que promulgaba un desarrollo comercial, agrario e industrial matizado por expresiones de una creciente burguesía que reconocía en dinámicas cívicas -interpretadas con el matiz ya señalado- formas organizativas que favorecían tales intereses, empieza un proceso de transformación con la aparición de una nueva clase dirigente que surge en el marco de procesos históricos de violencia, creciente burocratización partidista y emprendimientos empresariales informales de carácter más individual, algunos de ellos matizados por dinámicas de carácter ilegal.

Esto no significa que no existían dinámicas ilegales, como las ejercidas por mercados como el contrabando, experimentado desde la década de los años veinte con las exportaciones ilegales de café, y la presencia de progresivos nodos comerciales con prendas importadas, algunas de ellas sin los respaldos legales suficientes.

La consolidación de este nuevo actor económico y político en la región, que entra a disputar los escenarios de poder con la burguesía local y regional, favoreció el impulso de iniciativas empresariales de carácter ilegal -como las creadas en torno del comercio de marihuana, cocaína, el ya instalado comercio sexual ilegal o el mismo contrabando-, que además no eran penalizadas (salvo sanciones sociales que, en un ejercicio de doble moral, eran cuestionadas en la esfera pública). Al contrario, la fuerza y el impulso comercial de expresiones de una individualidad aventurera y arriesgada eran reconocidos como esquemas de acción, convertidos en principios d actuación que eran admirados como propios de una raza pujante y en proceso específico de autodefinición territorial y cultural.

Asimismo, desde el interior de la región pueden reconocerse dos tipos de agentes que, de manera distinta, ingresan a mercados ilegales en Pereira y Risaralda y que favorecen la consolidación de un nuevo agente económico que relativiza sus relaciones con las instancias legales y favorece distintos mercados, como el del contrabando de textiles y el de café, la exportación de cocaína y marihuana, o los incipientes esquemas de préstamos ilegales y oferta sexual de carácter informal. Por un lado, un sector económico y político al que algunos académicos han denominado como la sociedad cerrada, conformada por familias e individuos como Alcides Arévalo, Carlos A. Ángel, José Vallejo, Fernando Marulanda, Rodolfo Ángel y Álvaro Echeverry, entre otros, los cuales utilizaron los excedentes del comercio de textiles y café para realizar el contrabando de los mismos (^{Castillo, 1987}). Por otro lado, agentes sociales fundamentalmente ilegales, los cuales provenían del contrabando de autopartes, como las familias Ríos, Pluguiese, Piedrahita y Sepúlveda, que incursionaron posteriormente en otros mercados ilegales, como el narcotráfico (^{Álvarez, 2013}).

Las crecientes dinámicas de crecimiento poblacional -experimentadas con mayor fuerza desde finales de la década de los años cuarenta hasta inicios de los años cincuenta-, la existencia de una mano de obra semicalificada en campos específicos como el de los textiles y las confecciones, la emergencia de pequeñas iniciativas empresariales asociadas con este mismo mercado, el creciente ascenso de sectores económicos y políticos relacionados de manera directa o indirecta con mercados ilegales como el contrabando de textiles, café y autopartes, y las crecientes expresiones de una violencia que se acentuaba en todo el territorio nacional, favorecieron la consolidación de nuevos mercados legales e ilegales, con los cuales se pretendía satisfacer las necesidades de una demanda creciente de productos, favorecida por una debilidad institucional incapaz de regular las dinámicas sociales y económicas internas, generar regulaciones de control y autoridad eficientes y crear las condiciones de mediación estatal que fueran legítimas para una ciudad en proceso de alto crecimiento.

Este conjunto de situaciones que ubican contextualmente los orígenes mediatos de diferentes actos delictivos crearon las condiciones necesarias para favorecer la instauración en el departamento de Risaralda de escenarios criminógenos (génesis fundante del subcampo de la futura economía ilegal); con ello se dio la consolidación de escenarios que favorecieron la materialización de dinámicas de orden social reguladas por violencias homicidas experimentadas en la región.

Dichos escenarios, resultado de múltiples relaciones en las cuales diferentes pugnas e intereses se cruzan de manera permanente forjando campos lícitos e ilícitos, van configurando la materialización de agentes y/o grupos de intereses socialmente privilegiados o influyentes, que se acercan o distancian de estas líneas intangibles entre un universo social -legal- y el otro. Como se analizará posteriormente, dichos grupos y agentes conservan sentidos en trayectorias de carácter histórico, cimentando de esta manera formas de pensar, disponerse y actuar en estos campos en disputa, recreando así un tipo de habitus que se inscribe en la historia de la región y que favorece reificaciones del llamado acto delictivo.

Es así posible entender -en su momento originario- el papel del gamonal -entre otros actores sociales-, el cual reconoce en esta sobreabundancia de oportunidades legales e ilegales en dichos escenarios en tensión las posibilidades para acumular capital. El gamonal se entiende como el agente social presente en el universo rural y cuyo lugar de poder le permite, sin ser necesariamente el dueño del territorio, ejercer un liderazgo que regula y coordina las actividades desarrolladas en el interior del mismo. Este “superávit de oportunidades” es una perspectiva interpretada por el investigador colombiano Bernardo Pérez Salazar, quien la toma a su vez de Vincenzo Ruggiero para poder explicar la explosión de la criminalidad y la violencia en Colombia desde la década de los años ochenta.

Para Ruggiero, entender dicha explosión se hace posible bajo dos miradas conceptuales específicas: la etiología del déficit y el superávit de oportunidades (^{Pérez, 2002: 2-4}).

La etiología del déficit señala como factor determinante para explicar la actividad ilícita la precariedad o la deficiencia estatal; esta condición genera una entidad simétrica y opuesta al Estado; de esta manera, traza una línea clara entre los espacios legales y los espacios ilegales. Pero tal lectura, señala ^{Bernardo Pérez (2002)} no considera la existencia de zonas grises, espacios que trazan lazos comunicantes entre el Estado, la sociedad y las organizaciones delictivas.

El superávit o hipertrofia de oportunidades destaca la capacidad que tienen entidades del Estado, grupos dominantes y empresas legales para posibilitar acciones delictivas en las esferas donde sea posible eludir las acciones penales. Esta perspectiva exige interpretar los contextos y losjuegos entre actores que interactúan para alcanzar fines establecidos. Es en el escenario regional donde este sector económico y político toma la fuerza necesaria para contrarrestar los pesos de poder y autoridad existentes en la región, propiciando la entrada de un nuevo agente del desarrollo que jugará un papel clave en el devenir económico y político de la región. Un actor que empieza a consolidarse a mediados de los años cincuenta y sesenta, fijando nuevas lógicas de interacción entre la siempre borrosa línea que separa las acciones legales de las acciones propias de la ilegalidad.

Este complejo panorama evidencia la existencia de diferentes mercados ilegales que no surgen en la actualidad y que tienen algunas de sus raíces y lógicas en la historia misma del departamento; a su vez, coyunturas específicas han profundizado la crisis económica experimentada en la región y, con ello, diversas condiciones estructurales han forjado campos económicos y políticos en los cuales un tipo de agente del desarrollo ha incorporado prácticas de acumulación que priorizan el interés individual sobre el colectivo, lo que ha generado un imaginario social de progreso “a cualquier precio”.

Tal disposición para la acción -arraigada en un eidos que configura formas de pensar las fronteras entre lo legal y lo ilegal- permite invisibilizar los impactos negativos de los mercados criminales, afianzando valores “paralelos” que sirven como sustento para adelantar acciones que trascienden el marco normativo en una región y un país que posee su propia crisis de legitimidad de carácter estructural. En estas condiciones, el contrabandista, el narcotraficante o el proxeneta señalan que sus acciones generan empleo e inversión regional, pero más complicado aún es reconocer en las respuestas de la sociedad civil y las instancias de carácter institucional, ideas, valores, actitudes y prácticas que avalan las acciones realizadas en torno de los mercados ilegales.

Prácticas sociales: escenarios criminógenos y la existencia del subcampo de la economía ilegal

Los análisis realizados en el estudio que sirvió de guía para el presente artículo evidenciaron, por un lado, la existencia de dinámicas delictivas históricas, con capacidad para organizar complejas cadenas que permiten la compra, la distribución y la comercialización de diferentes productos legales en coyunturas específicas (como la venta, por ejemplo, de productos perecederos como carne, cebolla o cilantro en Risaralda), hasta productos ilegales como los opiáceos, diferentes productos de contrabando, tráfico de armas, entre otros, los cuales movilizan altas cantidades de dinero, de personas o de productos. Por otro lado, dinámicas matizadas por diferentes coyunturas que implican recurrentes cambios de mando y coordinación operativa -como el caso de los narcóticos en el interior de la ciudad o los cambios presentados en la explotación sexual de menores para hacerla de una manera mucho más encubierta, como forma de protección ante los constantes operativos de los organismos de control- señalan la fluctuación de las estructuras criminales que han operado en el departamento de Risaralda. A pesar de ello, ya sea en condiciones de continuidad histórica o de fluctuaciones coyunturales de las estructuras delictivas, los mercados ilegales no han interrumpido de manera significativa su oferta en la región o sus negocios fuera o dentro del país.

Para el caso del contrabando,¹⁴ fue posible identificar a nivel regional un tipo de mercado ilegal que, según datos de los empresarios de la región agrupados en torno de las Cámaras de Comercio regionales, movilizan cerca de 50% de los productos que se encuentran en la ciudad de Pereira. A la vez, fue posible reconocer cinco tipos distintos de contrabando a escala regional.

La primera caracterización hace mención del llamado contrabando abierto, el cual tiene relación con el ingreso de productos provenientes del exterior, sin pagar ningún tipo de impuesto. Teniendo en cuenta que la definición de contrabando en sentido estricto implica el ingreso de mercancías provenientes del exterior, existe un tipo de contrabando que proviene de otras regiones, como, en el caso de Risaralda, el contrabando de confecciones, los productos provenientes de Medellín y de textiles provenientes de Cali (sin excluir para cada ciudad productos de otro tipo), o el contrabando de licores, los cuales en su gran mayoría provienen de departamentos cercanos, como Antioquia y Caldas.

El contrabando técnico consiste en un fraude aduanero que altera precios, valores y montos, también denominado como contrabando por subfacturación. El contrabando por imitación implica la copia de productos o marcas fabricados de manera casi idéntica en el interior de la región; las imitaciones poseen tal nivel de elaboración que los productos son vendidos al precio del producto original; en algunas ocasiones sólo evaluaciones realizadas por expertos pueden distinguir el producto original de su copia.

Por último, se presenta el contrabando por reelaboración; en los talleres de confección ubicados fundamentalmente en el municipio de Dosquebradas; esta práctica es conocida como reproceso y consiste en tomar los productos terminados, provenientes fundamentalmente de Asia, y alterar los mismos para elevar su calidad. El cambio puede ser desde el hilo utilizado en los productos originales hasta la incorporación de nuevos adornos, elevando el costo y la calidad de los mismos.

Respecto al narcomenudeo, fue posible identificar la existencia de una organización delictiva como La Cordillera,¹⁵ que luego de múltiples variaciones (detenciones, pugnas internas y nuevas estructuras), logra conservar escenarios de poder, los cuales le permiten el control de cerca de 129 puntos de venta sólo en la ciudad de Pereira, espacios de venta y consumo constituidos en escenarios liminales en los cuales las acciones ilegales e ilegales se cruzan en la ciudad. Así, el grupo de investigación decidió tomar como eje de análisis las condiciones experimentadas en las “ollas” como lugares de expendio de narcóticos en la ciudad de Pereira.

Ésta es una de las ciudades del país que registran un mayor incremento del fenómeno del narcomenudeo y, por consiguiente, de la violencia y la criminalidad asociadas con dicha actividad (^{Cambio, octubre de 2009}). Por tal razón, la presidencia de la república, la alcaldía y la Policía Metropolitana de Pereira implementaron a partir de 2013 un plan de intervención sistemática de las “ollas” más grandes de la ciudad (^{El Diario del Otún, 28 de mayo de 2013}; ^{El Tiempo, 10 de abril de 2013}). Dicha estrategia ha sido ineficaz, dado que no solamente se han desplazado la venta y el consumo a otros lugares de la ciudad, sino que también se han mantenido las redes que sostienen dicho mercado y las problemáticas sociales que garantizan su existencia (^{Marulanda, 2013: 76}).

Es así como se identifica una práctica de carácter nacional en la que se intervienen las “ollas” (casos Barbacoas, Medellín y Bronx en Bogotá), pero que genera el desplazamiento de dinámicas delictivas a otros escenarios de las ciudades afectadas.

En cuanto al comercio sexual ilegal, en 2011 Risaralda ocupó el segundo lugar a nivel nacional en trata de personas, aquellas que salen del territorio nacional;¹⁶ el segundo a nivel interno, referido al fenómeno dentro del departamento-;¹⁷ en relación con la explotación sexual de menores, ocupó el sexto lugar en el país en 2012.¹⁸

Por lo que toca a la edad en la que se induce al abuso sexual, la misma se ha reducido incluso por debajo de los 10 años. Para el departamento de Risaralda, las cifras del Sistema de Información y Atención al Ciudadano (siac) señalan que entre 1998 y 2005 se reportó un promedio anual de 92.5 casos de abuso sexual. Durante 2006 se reportaron 283 denuncias relacionadas con delitos sexuales y 190 para 2007. Reportes del Instituto Nacional de Medicina Legal indican que durante 2006 se presentaron en el departamento 65 casos de delitos sexuales. Para el mismo año, Medicina Legal reportó 109 casos de delitos sexuales en población entre los cinco y los nueve años de edad, y 207 delitos sexuales en población entre los 10 y 17 años, correspondiendo al 32.45% de los casos reportados en el periodo.¹⁹ Respecto a las relaciones entre organizaciones delictivas y las expresiones de las violencias referidas a la explotación sexual ilegal, se indica:

El informe de la Misión de Observación Electoral en relación con las acciones de interferencia para las elecciones de 2011 señalaba la existencia del neoparamilitarismo en varias regiones, entre ellas “La Cordillera” en Risaralda. En él se advierte cómo el manejo de casas de prostitución y de lugares de entretenimiento como bares y casinos, entre otra serie de negocios reconocidos por la población, refleja la fuerte capacidad económica de estos grupos, “que no sólo están relacionados con el narcotráfico, sino que han logrado permear la economía lícita e ilícita de los municipios” (^{Arias, 2011: 2}).

Para el caso de la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA), es en medio de la denominada prostitución legal que se desarrolla en la región donde se genera toda una dinámica de acción que articula modalidades, tipos de usuarios, lugares y espacios destinados para la oferta de dicho mercado, entre otros, unas condiciones de posibilidad para el desarrollo de prácticas de explotación sexual comercial.

Esta situación evidencia cómo, sin importar el número de incautaciones que la Polfa pueda realizar para contrarrestar el contrabando de diferentes productos (en el caso de los textiles y confecciones, los miles de decomisos no han representado una disminución significativa de este producto en el mercado y es posible -como señalan los mismos empresarios de la región- encontrar productos de contrabando en el AMCO cercanos al 50% de los productos que se consiguen en estas ciudades, ya sea en la calle o en almacenes de reconocidas marcas de trayectoria histórica en la región), o el número de cabecillas de La Cordillera apresados y luego juzgados con penas irrisorias, como en el caso de Niño Fabián, a quien la policía le atribuía más de ١٠٠ delitos y tenía seis órdenes de captura por homicidio, quien es condenado por concierto para delinquir con una pena de seis años y cuatro meses de prisión, y además le dan la casa por cárcel, debido a una supuesta enfermedad terminal (^{El Colombiano, 28 de abril de 2012}). En el caso del mercado sexual, no importa cuántos operativos se realicen en los lugares donde se presume que se explota a menores, porque las redes de prostitución rediseñan estrategias para mantener esta forma de comercio sexual (^{García, 2002}), utilizando nuevos dispositivos tecnológicos para ello.

Este conjunto de situaciones señala la existencia no de organizaciones criminales hegemónicas de carácter histórico, sino de un subcampo de la economía ilegal denotado como zona gris, que nace de las propias estructuras del poder económico y político de la región y que ha permeado mercados legales (como en el caso de la confección) y ha configurado mercados ilegales (como el comercio sexual ilegal o la venta de drogas en laregión). Dicho campo, fruto de un escenario criminógeno presente en el AMCO, permite prever de capitales ya sean humanos, intangibles o materiales a las distintas expresiones delictivas presentes en la región.

Así, la región ofrece una cadena de subsistemas para los cuales diferentes agentes de la sociedad risaraldense prestan sus servicios ya sea de manera coyuntural o permanente, con las implicaciones socioculturales que trae consigo tal habitualización de prácticas matizadas por dinámicas informales e ilegales. Estas expresiones no sólo institucionalizan formas de pensar, sentir y actuar en las esferas de la vida política, económica y social de la región, sino que también proyectan algunas de las lógicas con las cuales es posible alcanzar un tipo particular de desarrollo a escala local y regional.

De esta manera se logra instaurar un conjunto de valores que relativizan las relaciones con la legalidad, minando los intentos de promover el fortalecimiento institucional en la región. Así se instaura un orden legal que relativiza la norma, desdibujando permanentemente los límites denotados bajo la nominación de orden legal, y adopta como forma incorporada lógicas para enfrentar las acciones legales, relativizando el pago de las sanciones según la capacidad de cooptación que posea quien fractura el pacto social instituido; ello hace posible la existencia de un mercado de inconmensurables alcances económicos y políticos y de insospechados cambios en las formas de pensar la vida social y cultural en el centro del llamado eje cafetero.

La configuración en el AMCO de esta tercera dimensión (una zona gris que de manera liminal opera entre las dimensiones legales e ilegales de la sociedad risaraldense) y que es, a su vez, el resultado del cruce de dos campos, el político y el económico -cruce que desde su dimensión legal configura las perspectivas de desarrollo implantadas en la región ante la escasa presencia de sectores sociales y cívicos en las mismas-, configura la existencia en la región de un subcampo de la economía ilegal, en el cual se generan las condiciones que hacen posible la existencia de múltiples mercados de la criminalidad (como los mercados ilegales interpretados en el presente análisis).

Estas expresiones de agentes en pugna no sólo diversifican las posibles expresiones de los mercados ilegales, sino que a su vez generan tipos diferenciados de criminalidad, que se recrean en torno al subcampo de la economía ilegal, el cual se constituye como el referente histórico que configura la acción criminal, al generar no sólo las condiciones que hacen posible la existencia de lógicas institucionales que socializan para el ejercicio de la acción delictiva, sino que a su vez perfila las normas que regulan las pautas de mediación existentes en torno de los mercados ilegales específicos.

Es importante reconocer el papel socializador y fundante de prácticas delictivas como las recreadas en torno del contrabando, el cual se erige en nodo criminal de carácter histórico que configuró algunas de las trayectorias y lógicas criminales que darán forma a esquemas de clasificación, acción y percepción que facilitarán el ejercicio de prácticas mediadas por la ilegalidad y el uso cualificado de la fuerza y la coacción. Éstas se erigen como ejes fundantes del origen inmediato del acto delictivo (^{Taylor, Walton y Young, 2007}) presente en dichas prácticas.

Asimismo, factores como la ubicación geoestratégica de Risaralda y su capital Pereira respecto del centro occidente del país, al encontrarse primero en el lugar de cruce de caminos entre las provincias de Antioquia y Cauca, y posteriormente como punto estratégico entre las tres ciudades más importantes de Colombia; las condiciones socioculturales de sus pobladores, con fuertes procesos de mestizaje gracias a una rica migración que permitió fundar la ciudad, y el interés de unas élites locales y regionales obligadas -ante la mirada prevenida de las élites antioqueñas, caucanas y caldenses- a buscar sus propios caminos de desarrollo económico y político, favorecieron la consolidación de una vocación económica y comercial en esta región, situación que posibilitó la existencia de incipientes mercados legales e ilegales que encontraron en el incremento de la migración y la exacerbación de la Violencia (^{Guzmán, Fals Borda y Umaña, 2005}) de mediados del siglo XX, los marcos referenciales para sus posteriores desarrollos.

De esta manera, en la historia del incipiente crecimiento de la ciudad de Pereira, la feria semestral desarrollada en dicha ciudad (acompañada de las pulperías y otros espacios de esparcimiento ya consolidados a comienzos del siglo XX, ubicados en los alrededores del Parque del Lago Uribe) posibilitó no sólo un rico intercambio legal de mercancías y una acumulación importante de rentas para el municipio, sino también la consolidación de emergentes mercados ilegales como los del contrabando o el comercio sexual -legal e ilegal- que crecieron con el ritmo acelerado de la llamada Ciudad Prodigio.

Es así como las condiciones estructurales presentes en el departamento de Risaralda han permitido la emergencia de una economía subterránea tejida en torno de un campo económico que concentra nodos comerciales ilegales -como el presentado en el contrabando, el narcotráfico y el comercio sexual- y que han encontrado el capital social necesario para hacer posible la consolidación de dichos mercados ilegales como mercados estables, de carácter histórico, con tipos de capitales específicos y agentes y/o grupos de interés que ejercen sus propias capacidades, disposiciones y potencialidades para acceder en mayor medida a los capitales en juego existentes en el corazón del eje cafetero.

Violencia homicida y sus relaciones con el subcampo de la economía ilegal

Los datos recopilados en el estudio que sustenta el presente artículo permitieron reconocer las estrechas relaciones entre expresiones de violencia homicida y algunos mercados criminales que operan en Pereira y su área metropolitana. Al respecto, si se revisa el incremento en la tasa de homicidios a nivel local y regional en los últimos 20 años, se puede reconocer en términos tendenciales un decrecimiento en la tasa de homicidios a nivel local y regional,^l pero si se analizan las cifras de la tendencia nacional (lugar que ocupa Pereira respecto a las 32 ciudades capitales colombianas y Risaralda respecto a los 32 departamentos), se identifican lógicas de violencia que ubican a Pereira en el primer lugar respecto a su tasa de homicidios en 2005, el segundo lugar en 2007 y 2008, y tercer lugar en 2009 (cuadro 1, en la siguiente página).

Este periodo (2005-2008) corresponde a la llegada y captura del mercado ilegal del narcomenudeo por parte de exparamilitares, en particular las expresiones del Bloque Central Bolívar (BCB), el cual tenía como uno de sus centros de operaciones el occidente de Risaralda con el llamado bloque “Héroes y Mártires de Guática”. Dicha organización se desmovilizó en el año 2005 y muchos de sus hombres se trasladaron a la ciudad de Pereira e iniciaron el proceso de cooptación de la estructura criminal denominada como La Cordillera. El control de dicha organización se consolida en 2008 bajo la influencia del Cártel del Norte del Valle. Para 2009 se realizaron una serie de capturas importantes de miembros de dicha organización; a pesar de ello, el negocio del narcomenudeo nunca alteró sus precios y los distintos mercados criminales cooptados por La Cordillera, como la extorsión, los préstamos gota a gota, las apuestas ilegales, el control de algunos casinos y el manejo de “zonas de tolerancia”, entre otros, nunca perdieron su poder ni su estabilidad como mercados criminales. ¿A qué se debió esta situación?

Las acciones para contrarrestar las estructuras criminales en Pereira y Risaralda no han afectado de manera significativa el subcampo de la economía ilegal. Esto significa que ni las estructuras sociales objetivas (nodo de relaciones que perfila la existencia de dinámicas estructurales que cobran vida ya sea a través de instituciones intermedias presentes en los barrios y en la ciudad en general, o los diferentes campos y subcampos existentes en la región), ni las estructuras sociales incorporadas (nodo de relaciones que perfila la existencia de disposiciones para la acción mediada por el uso de la fuerza, e incorporadas en los cuerpos como propensiones para la acción), las cuales configuran las prácticas sociales violentas,²⁰ han sufrido golpes significativos que alteren las lógicas estructurales que explican en gran medida las violencias experimentadas en Pereira y Risaralda.

Esta doble relación estructural que configura las prácticas sociales violentas en la región, y que permite no sólo la articulación social a redes criminales como las distintas expresiones del crimen organizado a lo largo de la historia regional, sino también una propensión a la acción violenta expresada en la vida cotiDIANa (violencia anómica, ordinaria, callejera, entre otras), tiene su origen en el cruce de dos campos centrales: el campo económico y el campo político en el departamento de Risaralda.

Ambos campos, al igual que subcampos como los identificados en torno del modelo cafetero, del conflicto social y armado²¹ y del modelo comercial y de servicios -cada uno de los cuales posee sus propios agentes, instituciones, intereses y capitales en disputa-, han configurado el llamado subcampo de la economía ilegal en la región, el cual constituye el nodo relacional explicativo que genera dinámicas de continuidad y de generación de las prácticas sociales violentas experimentadas en la región.

Esta lectura multicausal, relacional e histórica (en su dimensión diacrónica, lógicas estructurales,²² y sincrónica, factores coyunturales),²³ que reconoce el marco comprensivo de esta doble existencia de lo social (hecha instituciones y hecha cuerpos), constituye la lógica interpretativa que nos permite explicar las estructuras que articulan relaciones de agentes y grupos legales, grises e ilegales, del orden local y regional²⁴ que aún permanecen en la sombra y que configuran el nodo relacional que permite la estabilidad de distintos mercados criminales en el otrora insigne y “cívico” departamento de Risaralda. Un imaginario de paz, civismo e integración que se desdibuja en el letargo de un sueño incumplido, nombrado ahora no como realidad histórica sino como vacío de desesperanza.

De esta manera, la estructura de distribución de posiciones en el interior del subcampo de la economía ilegal no se encuentra afectada por los “golpes” a los agentes o grupos (por ejemplo, del crimen organizado) que son parte de dicho subcampo, no sólo porque la posición en el interior del mismo no recae empíricamente en agentes, grupos o instituciones específicas (se trata de posiciones históricamente constituidas), o porque el agente socialmente privilegiado de dicho subcampo aún permanezca en la “opacidad”, sino porque las investigaciones criminológicas (elaboradas por instituciones públicas o por algunos centros de investigación académica) se limitan a las estructuras criminales fácticas y no a las estructuras sociales que las constituyen.

Es así como las estructuras sociales que configuran las prácticas sociales violentas (como las presentes en el crimen organizado) no se “capturan”, implican dinámicas complejas e históricas que tienen que reconocerse (a nivel local, regional y sugregional) y empezar a transformarse en procesos que implican experiencias de larga duración, si se quiere generar dinámicas duraderas de paz en el complejo contexto colombiano.