Los estudios de economía de la corrupción1 han puesto atención a las consecuencias que ésta tiene sobre las variables macroeconómicas, pero ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción sobre los derechos humanos (DH)? Son escasos los textos que se formulan esta pregunta, y en el marco de los estudios de DH no suele presentarse evidencia empírica (ICHRP, 2009, 2011; Anand, 2012; Bacio, 2008; Clavijo, 2012; Gathii, 2009; González, 2010; González y Nash, 2011; Lauzán y Toro, 2009; Nash, 2014; Rajagopal, 1999; UNDP, 2004; Zalaquet, 2007). El principal aporte de este texto es la generación de esta evidencia, para observar las consecuencias de la corrupción sobre las violaciones a los DH.
El texto está conformado por cuatro acápites. En los dos primeros se explica cómo se miden la corrupción y los DH. En el tercero se presentan las variables de control utilizadas. En el último se expone la evidencia empírica de la relación entre la corrupción y las violaciones a DH. El artículo cierra con unas breves conclusiones.
Intentamos DESarrollar y presentar la evidencia empírica del modo más sencillo posible, de tal forma que cualquier lector, sin ser especialista en estadística, tenga acceso al texto. Dimos especial relevancia a mirar específicamente cómo se construyen los indicadores, con qué tipo de preguntas, para precisar qué es lo que se está mirando con cada indicador. Esperamos haberlo conseguido.
LA CORRUPCIÓN, ESE ELUSIVO FENÓMENO
Entre los corruptólogos hay una discusión sobre los pros y contras de mediciones objetivas de corrupción versus mediciones de percepción (Alonso y Garcimartín, 2011b; Mulas-Granados, 2011; Weber, 2006). Lo cierto es que la corrupción es algo que se realiza con un alto nivel de ocultamiento. Por ende, es muy complicado construir datos objetivos sobre la ocurrencia de hechos corruptos.
Los tres indicadores más utilizados para mirar la corrupción son de percepción: el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) de Transparencia Internacional (TI); el componente de corrupción de los Indicadores Mundiales de Gobernanza (Worldwide Governance Indicators, WGI) del Banco Mundial (BM) y el componente de corrupción del Índice de Estado de Derecho (ROL) del World Justice Project (WJP). Trabajaremos con los dos primeros.
La medición más conocida y utilizada sobre corrupción es el CPI, DESarrollado por Johann Graff Lambsdorff, con un importante ajuste en 2012, coordinado por Andrew Gelman y Piero Stanig. Es un índice compuesto que combina encuestas y evaluaciones sobre la corrupción recogidas por diversas instituciones consolidadas y que plantean distintas preguntas a partir de muestras de varios encuestados, luego son normalizadas y sujetas a ajustes estadísticos (Weber, 2006: 173; TI, 2015a, 2015b y 2015c). A esta técnica se le conoce como escrutinio de escrutinios. Por ejemplo, para 2015, las fuentes utilizadas fueron (TI, 2015c):
Calificaciones sobre Gobernabilidad 2014 del Banco Africano de DESarrollo.2
Indicadores sobre Gobernabilidad Sostenible 2015 de Bertelsmann Foundation.3
Índice de Transformación 2016 de Bertelsmann Foundation.4
Calificaciones de Riesgo País 2014 de la Economist Intelligence Unit.5
Naciones en Transición 2015 de Freedom House.6
Calificaciones de Riesgo País 2014 de Global Insight.7
Anuario de Competitividad Mundial 2015 de IMD.8
Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 2015.9
Guía Internacional sobre Riesgo País 2014 de Political Risk Services.10
Evaluación Institucional y de las Políticas Nacionales 2014 del BM.11
Encuesta de Opinión Ejecutiva (EOE) 2015 del Foro Económico Mundial.12
Índice de Estado de Derecho 2015 de WJP.13
En todos los casos se trata de indicadores de percepción de la corrupción a partir de cuestionarios aplicados a distintos expertos y contactos locales. Uno de los ítems del índice de gobernabilidad del Banco Africano de DESarrollo implica calificar las siguientes dimensiones: “a) la rendición de cuentas del poder ejecutivo ante instituciones de control y de los empleados públicos por su DESempeño; b) el acceso de la sociedad civil a información sobre asuntos públicos; y c) la captura del estado por intereses particulares” (TI, 2015c: 1). Otro ejemplo: una de las preguntas de los indicadores sobre gobernabilidad sostenible 2015 de Bertelsmann Foundation es: “¿En qué medida se evita que funcionarios públicos abusen de su posición para favorecer intereses particulares?” (TI, 2015c: 3).
TI reporta esta información anualmente DESde 1996. La muestra de países fue aumentando DESde las primeras ediciones del índice hasta superar los 200 países en 2005. Este índice tiene continuidad de 1996 a 2011. En estos años, el CPI fue criticado especialmente porque no había un acuerdo intersubjetivo entre los encuestados, ni en torno al fenómeno sobre el cual se les pide su opinión, ni sobre cómo cuantifican esas percepciones. Por esa razón, no se podían hacer comparaciones longitudinales entre países, pese a que cotidianamente la base de datos era utilizada para estos fines (Weber, 2006). Es por ello que en 2012 se modificó la metodología, con el fin de permitir la comparación año con año para cada país e identificar tendencias en el tiempo. El principal beneficio es que ahora se pueden realizar comparaciones entre países. La principal restricción es que los valores de 2012 a 2015 no son comparables con los del periodo 1996 a 201114 (TI, 2015a; Weber, 2006). El CPI toma valores de 0 a 10 en las mediciones de 1996-2011 y de 1 a 100 en las mediciones de 2012 a 2015. En ambos casos, el CPI está conformado por 100 valores posibles; los valores bajos significan que el país es percibido como “muy corrupto”, y los valores altos significan que es percibido como “limpio”.
El segundo índice utilizado sobre corrupción proviene de los WGI elaborados por el BM15 y desarrollado por Daniel Kaufmann y Aart Kraay. Estos indicadores están conformados por seis componentes:
Participación (voice) y rendición de cuentas (accountability).
Estabilidad política y ausencia de violencia.
Efectividad gubernamental.
Calidad regulatoria.
Estado de derecho.
Control de la corrupción.
Haremos uso del componente de control de la corrupción, el cual permite ver la percepción sobre el uso del poder público para el beneficio privado, incluyendo la pequeña y la gran corrupción, así como las capturas estatales por los intereses particulares de una élite (ver Banco Mundial). Al igual que el índice creado por TI, el BM elabora el componente a partir de fuentes primarias, incluso algunas son las mismas como el Banco Africano de Desarrollo o el índice de Estado de derecho elaborado por el WJP (la totalidad de las fuentes se pueden consultar en Banco Mundial).
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional <https://www.transparency.org/research/cpi> y los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial, <https://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators> [última consulta en ambos casos: 10 de agosto de 2017].
El BM reporta esta información para más de 200 países cada dos años para el periodo 1996 a 2002 y anualmente desde 2003. Los valores de “control de la corrupción” varían de -3 a 3; los valores bajos son mayores niveles de corrupción y los altos, menores niveles de corrupción.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en <https://www.transparency.org/research/cpi> [última consulta: 10 de agosto de 2017].
Los dos indicadores de percepción utilizados tienen nivel de correlación de 0.9862, por lo que podemos afirmar que están midiendo exactamente lo mismo. Esto también nos permite “jugar” con estas dos mediciones a partir de sus continuidades y rupturas en el tiempo sin afectar la fortaleza del resultado de la investigación.
Además del CPI, TI elaboró el Barómetro Global de la Corrupción entre 2003 y 2015, con excepción de los años 2008, 2011, 2012 y 2014. El Barómetro mide las experiencias personales en hechos de corrupción.16 Pese a que el dato de pago de sobornos nos permite mirar prácticas objetivas, tiene dos problemas para ser utilizado en un modelo estadístico: no siempre se aplicó a todos los países, y las preguntas realizadas en las distintas encuestas a lo largo de los años no son comparables. Se modificó la pregunta elaborada y el tipo de instituciones que se enumeran con respecto al pago de sobornos, por lo que sólo son comparables los años 2011 y 2013. Pese a ello, utilizaremos este indicador en una de las tres técnicas estadísticas que aplicamos líneas abajo.
Fuente: Elaboración propia a partir de información del Barómetro Global de Corrupción de Transparencia Internacional, en <https://www.transparency.org/research/gcb [última consulta: 10 de agosto de 2017]>.
¿El CPI y el Barómetro están midiendo el mismo fenómeno? Veamos la forma en que se ordena América Latina cuando se observan los promedios de 2012 al 2015 del CPI. Los dos países mejor ubicados, con menor percepción de corrupción, son Uruguay y Chile, seguidos de Costa Rica, aunque éste con casi 20 puntos de diferencia17, junto con Cuba y Brasil. Un segundo grupo intermedio lo integran El Salvador, Perú, Panamá y Colombia. Un tercer grupo está formado por México, Bolivia, Argentina, Ecuador y República Dominicana. Al final de la lista están Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y, por debajo, Venezuela.
En las tendencias relativas al pago de sobornos se observa un cambio en el orden de los países: Bolivia y México pasan de la mitad de la tabla a los peores lugares, seguidos por Venezuela y Paraguay y Colombia. En cambio, Uruguay y Chile se mantienen como los países menos corruptos de la región.
Las variaciones en los lugares ocupados, en especial de Bolivia y México, nos podrían llevar a pensar que en estos dos índices se están midiendo cosas distintas. Lo cierto es que se mantiene una correlación de 0.66 significativa al 99%, por lo que podemos afirmar que los índices de percepción y los de pago de sobornos miden la corrupción, pero probablemente distintas expresiones de este fenómeno. Por ejemplo, el CPI se concentra en la corrupción cometida por los mandos altos y medios a partir de la percepción de las personas a quienes se entrevista, y el pago de sobornos mide la actuación de los mandos bajos a partir del soborno que efectivamente se paga.
EL NADA SENCILLO PROBLEMA DE MEDIR LOS DERECHOS HUMANOS
La complejidad de la medición
No nos detendremos a discutir la conceptualización de los DH a partir de su historia (González, 2000; Soriano, 2003) o su naturaleza jurídica, ya sea proveniente del derecho natural, positivo, histórico o moral (Ruiz, 1990; Dussel, 2001; Fernández, 1982; Laporta, 1987; Nino, 1989). Tomaremos a los DH como el producto jurídico proveniente del desarrollo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los DH son el conjunto de derechos para las personas, y obligaciones para el Estado, que se encuentran establecidos en todo ese marco normativo. En cambio, lo que nos interesa es pensar cómo medir los DH.
Las discusiones y trabajos en torno a la construcción de indicadores de DH se han multiplicado (Guzmán y Arjona, 2008; Ruvalcaba, 2015; Anaya, 2015, Flores, 2010; Nájera, 2012; OACNUDH, 2012). El punto relevante en el momento de medir un DH es discutir cómo se integra cada derecho. Siguiendo a Sandra Serrano y Daniel Vázquez (2013), cada DH está constituido por un conjunto de obligaciones a cargo de los Estados:
Obligaciones generales de respetar, proteger, garantizar y promover los DH.
Elementos institucionales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad.
Principios de aplicación de núcleo del derecho, progresividad, prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles.
Por ende, si lo que interesa es mirar un DH en su totalidad, habría que construir indicadores para observar cada una de estas nueve obligaciones. Si además se pretende que los indicadores tengan perspectiva de derechos, también tendrían que dar cuenta de algunos principios como la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad, la perspectiva de igualdad y no discriminación, la perspectiva de género, la participación, el empoderamiento de las personas, por mencionar algunos. Las relaciones de estas obligaciones se muestran en el esquema 1.
Es imposible dar cuenta de todas las obligaciones que integran a todos los DH. Por ende, elegimos algunos derechos civiles, políticos, económicos y sociales, que se desarrollan en el siguiente acápite. Sólo miraremos algunas de las obligaciones a partir de las fuentes de información disponibles.
Las fuentes usadas
Considerando el periodo por estudiar, el número de países que nos interesa analizar y el tipo de derechos, en este trabajo utilizaremos la información de CIRI Human Rights Data Project. Se trata de una base de datos con información para 202 países, sobre 15 derechos internacionalmente reconocidos, en el periodo 1981-2011. Dado que la información sobre corrupción data de 1996, arrancaremos en este año el análisis de los DH. El cambio de metodología del CPI se realizó precisamente en 2012, por lo que podemos correlacionar, sin problemas metodológicos, el CPI y los índices de CIRI entre 1996 y 2011.
Las fuentes primarias para la elaboración de los indicadores de CIRI son los reportes anuales del Departamento de Estado de Estados Unidos y los reportes anuales de Amnistía Internacional. El valor que toman las variables suele ir de 0 a 2; 0 significa que la violación a derechos humanos es frecuente, 1 que es ocasional y 2 que no hubo o no fue reportada. La decisión para asignar el valor en cada año depende de dos cosas:18
1. Si aparecen en el reporte palabras que adjetivan las violaciones como sistemáticas, epidémicas, extendidas, extensivas, rutinarias, o algún sinónimo, se considera que las violaciones son frecuentes. En cambio, si se adjetivan como numerosas, muchas, varias, docenas, o alguna similar, se considera que la violación es ocasional.
2. Puede suceder que el reporte exponga ejemplos de violaciones o directamente números de violaciones a derechos humanos. Si hay 50 o más casos se considera que la violación es frecuente. Si hay entre 1 y 49, se considera que es ocasional.
La base de datos de CIRI incluye dos índices: el de integridad personal y el de empoderamiento. Trabajaremos con este último. El índice de empoderamiento es un índice aditivo, construido a partir de siete derechos: libertad de tránsito interno; libertad de entrada y salida del país; libertad de expresión; derecho de reunión y asociación; derechos laborales; autodeterminación electoral, y libertad de religión. Este índice varía de 0 a 14; el valor máximo supone un respeto total por parte del gobierno a los siete derechos (CIRI). En la tabla 1 se encuentra la descripción de cada uno de los derechos que integran el índice.
Fuente: Elaboración propia con datos de CIRI Human Rights Data Set, en <http://www.humanrightsdata.com/p/data-documentation.html> [última consulta: 10 de agosto de 2017]; Cingranelli y Richards, 2014.
Para analizar los derechos económicos y sociales (DES) echaremos mano de otro indicador: el índice de des de las mujeres, elaborado también por CIRI. Este indicador se codifica a partir de cuatro categorías: 0, 1, 2 y 3, que nosotros hemos renombrado como nula, baja, media y alta. Estas categorías se construyen a partir de cuatro variables: protección legal, justiciabilidad, discriminación social, y discriminación legal, como se observa en la tabla 2.
Hasta aquí tenemos indicadores de derechos civiles, políticos y económicos entre 1996 y 2011. Con el objetivo de cubrir los años de 2012 a 2015, recuperamos otros indicadores que funcionan como proxys de DH. El tercero es el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita con paridad de poder adquisitivo a dólares constantes de 2011, elaborado por el BM. En la medida en que este indicador se construye con dólares constantes a 2011, nos permite comparar a un mismo país a lo largo del tiempo. Además, para poder hacer comparaciones entre países, el BM ajustó la capacidad adquisitiva que posee el dólar de Estados Unidos a cada uno de los demás países.19 Este último componente del indicador nos deja ver cómo se ha modificado el poder adquisitivo per cápita, aspecto central como un componente de los derechos laborales -el derecho a un salario digno-, y como derecho llave que permite abrir la puerta de otros derechos: alimentación, vivienda, salud, por mencionar algunos.
El cuarto indicador de DH es la esperanza de vida al nacer elaborada por el BM. Este indicador es útil para observar los derechos a la salud y a la alimentación. La forma de interpretarlo es: a más años de esperanza de vida, las personas han tenido más o mejor acceso al derecho a la salud y a la alimentación.
Finalmente, el quinto indicador de DH que utilizaremos es el de derechos políticos elaborado por Freedom House (FH). Este índice está conformado por 10 preguntas. Los valores van de 0 a 4; 0 es el menor ejercicio de derechos y 4 es mayor ejercicio. Se analizan tres categorías: proceso electoral (tres preguntas); pluralismo político y participación (cuatro), y funcionamiento del gobierno (tres). El total de puntos posibles obtenidos por un país es 40. Algunos ejemplos de preguntas son:
¿Ha habido retrasos indebidos, por motivos políticos, en la celebración de la elección más reciente para el jefe de gobierno?
¿El registro de votantes y candidatos se lleva a cabo de una manera precisa, oportuna, transparente y no discriminatoria?
¿Los candidatos pueden hacer discursos, celebrar reuniones públicas, y disfrutar de acceso a los medios durante toda la campaña sin intimidación?
¿La composición de la comisión electoral es equilibrada?
Posteriormente se hace una ponderación para crear un índice entre 1 y 7; en el 1 se encuentran los países que gozan de la mayoría de los derechos políticos, incluyendo elecciones libres y justas; en el 7 se encuentran los países que gozan de pocos o ningún derecho político porque cuentan con un gobierno opresor, muchas veces en combinación con una guerra civil.
IMPUNIDAD, RÉGIMEN POLÍTICO, PIB Y POBLACIÓN
Construimos cuatro variables de control que sumamos al modelo estadístico: la impunidad, el tipo de régimen político, el PIB, y la población. Se estableció un indicador de impunidad proveniente de algunos de los componentes que integran el índice del Estado de derecho elaborado por el WJP, con datos entre 2012 y el 2015. Este índice está conformado por nueve componentes, de los cuales nos interesan: efectividad de la justicia criminal y acceso a la justicia civil. Ambos componentes están subdivididos en factores:
Utilizamos sólo algunos de los factores que integran cada uno de esos dos componentes para construir el índice de impunidad. En específico, los que se muestran en la tabla 4.
En la construcción del índice mantuvimos los mismos valores establecidos por WJP: 0 supone el mayor nivel de impunidad y 1 el menor nivel de impunidad. Finalmente, como se observa en la tabla 5, el índice de impunidad se relaciona con los índices de corrupción y de DH que estamos analizando.
También utilizamos como variable de control el tipo de régimen político medido con el indicador elaborado por Polity Project20 para el periodo 1996-2013. En dicho indicador se codifican las características de las autoridades gubernamentales de todos los Estados independientes a nivel mundial. El índice está conformado por seis componentes:
La institucionalización en el reclutamiento del poder ejecutivo.
La competitividad en el proceso de reclutamiento del poder ejecutivo.
La apertura en el proceso de reclutamiento del poder ejecutivo.
La independencia que tiene el poder ejecutivo.
La existencia de competencia política y oposición.
La competitividad de la participación política de la oposición.
Con estos seis componentes se construye un índice con valores de 0 a 10; 0 se refiere a las monarquías hereditarias y 10 a las democracias consolidadas. El índice del régimen político se relaciona con la corrupción en 0.4077, con el índice de empoderamiento de CIRI en 0.8238, y con el índice de derechos políticos de FH en -0.8946, en todos los casos con un p-value de 99%.
Los otros dos indicadores que se usan como variables de control son el crecimiento del PIB y la población, ambos calculados por el BM. Ninguno de estos dos indicadores obtuvo alguna correlación significativa de más de dos puntos ni con la corrupción ni con los derechos humanos. De cualquier forma, los usaremos en la construcción de los modelos para mirar cómo impacta en las interacciones. En la gráfica 4 se observa la nula intervención de la población (a través de las distintas circunferencias) en la relación entre la corrupción y los derechos políticos.
Fuente: Elaboración propia con información de Freedom House disponible en <https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/table-country-ratings>, del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, en <https://www.transparency.org/research/cpi/overview>, y el Banco Mundial (https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL) [última consulta: 10 de agosto de 2017].
CORRUPCIÓN Y DERECHOS HUMANOS: DE LA INTUICIÓN A LA CONVICCIÓN
Corrupción y derechos civiles: una presentación gráfica
Comencemos el análisis de la relación con una gráfica de cajas.21 En ella se observa la relación que hay entre la corrupción y los DH a partir del índice de empoderamiento elaborado por CIRI.
El índice de CIRI se encuentra en el eje de las Y (vertical) y va del 0 al 14 (completo respeto a los DH). El componente de corrupción proviene de los Indicadores de Gobernanza Mundial del BM, eje de las X (horizontal), que va de -2 a 3 (ausencia de corrupción). Conforme nos desplazamos hacia abajo (de 0 a 14) en el índice de empoderamiento, los países tienen un mayor respeto de derechos, mientras que conforme nos desplazamos de izquierda a derecha (de -2 a 3) en el eje del componente de corrupción, los países son menos corruptos.
Cada uno de los valores del índice de empoderamiento (que va del 0 al 14) tiene una caja. Por ejemplo, el primer valor de arriba hacia abajo es cero. En esa línea hay una caja y en ella están contenidas todas las observaciones que tuvieron ese valor, es decir, todos los países que en un año determinado (entre 1996 y el 2011) tuvieron el valor de cero. Debajo, en la siguiente línea, está el valor 1, seguido de una caja con la misma lógica, y así sucesivamente. En algunos casos, como sucede en el valor ١, en el extremo derecho hay algunos puntos: se trata de observaciones específicas (países en años determinados) que tuvieron valores que se encontraban por arriba de lo esperado en una distribución normal. A estos valores se les conoce como outliers.
Fuente: Elaboración propia a partir de información de los Indicadores de Gobernanza Mundial del Banco Mundial disponible en <https://data.worldbank.org/data-catalog/worldwide-governance-indicators>, y CIRI Human Rights Data Set, <http://www.humanrightsdata.com/p/data-documentation.html> [última consulta: 10 de agosto de 2017].
El aspecto central en este tipo de gráficas es observar la secuencia que a lo largo de los valores del índice de empoderamiento (eje Y o vertical) tiene la mediana (un país en un año determinado que divide a todas las observaciones en dos, que se encuentra justo en medio de todas las observaciones). Vemos que conforme se mejora en derechos (se avanza del 0 al 14), disminuye la corrupción, las medianas pasan de estar más cerca de los valores negativos del componente de corrupción a valores positivos. Se observa una correlación alta y positiva entre la corrupción y las violaciones de DH, de tal forma que cuando una disminuye, la otra también. El coeficiente de correlación entre corrupción y el índice de empoderamiento fue de 0.5157*. Esto únicamente marca la correlación entre estas dos variables, pero no determina una relación causal.
Si comparamos las cajas de los valores 0 y 14 del índice de empoderamiento (eje Y o vertical), vemos que se trata de dos grupos de países que, en relación con los límites del segundo y el tercer cuartil, ni siquiera se empalman. Es decir, todos los Estados en los años correspondientes que se encuentran entre 25% y 75% de las observaciones del valor 0 ni siquiera se acerca a los peores extremos de los Estados que en esos mismos cuartiles se ubicaron en el valor 14. ¿Qué significa que se trate de realidades totalmente distintas? En la caja del valor 0, cerca de la mediana están países como Irán (2009-2011) y Uzbekistán (2007-2008) con -.9 en corrupción; así como Sudán en 2000, con -.7. En cambio, en la caja del valor 14, cerca de la mediana están Irlanda (2000), España (1998 y 2000), Portugal (1998 y 2002), Japón (2004 y 2006), por mencionar algunos.
Corrupción y DH: una mirada desde los derechos económicos y sociales
Modelamos una regresión logístico-multinomial, la cual permite predecir las probabilidades de los diferentes resultados de una variable categórica a partir de un conjunto de datos provenientes de distintas variables de cualquier tipo. Utilizamos como variable categórica el índice de derechos económicos y sociales (DES) de las mujeres elaborado por CIRI.
Si un país tuviera la peor calificación en corrupción (0), tendría 75% de probabilidad de que su calificación en el ejercicio de los DES de las mujeres fuera baja. En cambio, si tuviera la mejor calificación en corrupción (100), la probabilidad de tener una calificación media en el ejercicio de los des de las mujeres es de 53%, y tiene un nada despreciable 39% de probabilidad de que la calificación fuera alta.
De los cuatro posibles valores, entre 1998 y el 2011, México fue catalogado como un país donde el respeto de los des de las mujeres es bajo (calificación de 1). Si mantuviéramos todas las variables de control con el valor que actualmente tienen, México tendría 72% de probabilidad de obtener 1 de calificación en el respeto de los des de las mujeres. La mejora en el índice de corrupción por parte del país, manteniendo igual el resto de las variables, tendría un mayor impacto en la probabilidad de tener una calificación media de des de la mujer. Si mejora en 3 puntos, tiene 28% de probabilidad de llegar a esta categoría, sumando 49%, y si mejora en 5 puntos, la probabilidad aumenta a 38%, sumando 59%.
También usamos la regresión multinivel por efectos fijos o jerárquico-lineal, por medio de la cual se puede analizar cómo la varianza de los indicadores de corrupción y de las variables de control (impunidad, PIB, democracia y población) afectan a las violaciones de DH. Los resultados pueden ser interpretados de manera general como: “X porcentaje de caída en la corrupción supondría X porcentaje de caída en las violaciones a DH”.
Fuente: Elaboración propia con datos de Transparencia Internacional y CIRI Human Rights Data Project.
Veamos lo que sucede con la esperanza de vida, como indicador de DH, cuando entra en interacción con la corrupción, la impunidad, la interacción de estas dos, el crecimiento, la población y el tipo régimen político. En el modelo 1 se observan relaciones tanto para este indicador como para la interacción entre la corrupción y la impunidad medida a través del índice de Estado de derecho del WJP. La significancia se mantiene cuando ponemos a jugar las variables de control (modelo 2).
Recordemos que el componente de corrupción elaborado por el BM (WGI) va de -3 a 3; los valores bajos son mayor nivel de corrupción y los altos, menor nivel de corrupción. De acuerdo con los resultados del primer modelo, cada cambio en una unidad completa (de -3 a -2, o de 0 a 1) impacta en 10 años de esperanza de vida. Es decir, en promedio, aquellos países que pasan del -3 al -2 en el índice de corrupción aumentan 10 años en su esperanza de vida.
México obtuvo -0.4 en 1996 y -0.7 en 2014, con una esperanza de vida de entre 73 y 76 años, respectivamente. Si hubiera avanzado de -0.4 a 1.4, la esperanza de vida sería similar a la de Hong Kong (84 años), el país con la mayor esperanza de vida en el mundo, y con indicadores de corrupción de 1.6.
Al incluir las variables de control (impunidad, crecimiento económico, población y régimen político), se observa una disminución en el impacto de la corrupción en la esperanza de vida, se pasa de 10 a 8 años por cada cambio en una unidad de las mediciones de corrupción (de -3 a -2, o de 0 a 1).
Un aspecto relevante es la capacidad explicativa que tienen los modelos respecto a la variación de la esperanza de vida. Siguiendo la tabla 9, lo que se identifica como “N” es el total de países-año que tienen datos para formar parte del análisis estadístico, mientras que los “Grupos” son los países que tienen 1 o más años. En el modelo 1 tenemos 97 países (o grupos) y, en la medida que varios de ellos tenían datos en más de un año, contamos con 195 observaciones (N). El 44% de la variación en la esperanza de vida entre los países (entre los grupos), vivir más o menos años, se explica por las variaciones en corrupción, y en el resto de las variables que integran el modelo. Mientras, las variaciones de la esperanza de vida al interior de un país en sus distintos años (México: 1996, 1997, 1998 hasta 2014) se explican en 75% por las variaciones en la corrupción y el resto de las variables que integran el modelo. Estos números son muy parecidos en el modelo 2. En conclusión, el modelo estadístico tiene un alto porcentaje de predicción sobre la esperanza de vida.
Modelamos regresiones jerárquicas lineales, ahora analizando como variable dependiente el PIB per cápita con paridad de poder adquisitivo a dólares constantes, que indica las condiciones de ingreso de las personas y, por ende, es una aproximación a la satisfacción de los derechos económicos y sociales. Los modelos 1 y 2 que se observan en el cuadro fueron realizados utilizando como indicador de corrupción el CPI de ti; en los modelos 3 y 4 usamos el indicador de corrupción del BM. En los cuatro modelos la corrupción tiene una relación significativa y positiva con el PIB per cápita. Sólo cuando se usan los indicadores del BM también cobra significancia la interacción entre la corrupción y la impunidad. Da la impresión de que las variables de control no hacen mucha diferencia en los cuatro modelos.
Detengámonos un poco en los modelos 3 y 4, donde tanto la corrupción como la interacción entre la corrupción y la impunidad resultaron significativas. No olvidemos que el indicador de corrupción del BM (WGI) va de -3 a 3; los números bajos significan más corrupción y los altos menos corrupción. De acuerdo con el modelo 4, cuando avanzamos una unidad en el combate a la corrupción (pasamos de -3 a -2 o de 0 a 1), el PIB per cápita avanza también en 7 753 USD.
Por ejemplo, México obtuvo -0.4 en 1996 y -0.7 en 2014 en el índice de corrupción del BM. En esos años, tuvo un PIB per cápita de poco más de 13 000 USD en 1996, y pasó a 16 000 en 2014. Si en lugar de empeorar en tres décimas, México hubiera mejorado en dos puntos, hubiera pasado de -0.4 a 2.4 en corrupción, podría haber rondado los 30 000 000 USD de PIB per cápita. ¿Qué países sí obtuvieron 2.4 de calificación en los indicadores de corrupción del BM? Suiza en 2000, Finlandia en 2008 y Dinamarca en 2013, países que van de los 38 000 a los 42 000 USD de PIB per cápita.
El efecto de la corrupción sobre los DH (vistos aquí a partir del PIB per cápita) no es constante: esos 7 753 USD variarán de acuerdo con el valor que vayan tomando el resto de las variables de control. Por ejemplo, en el modelo 3, los 8 359 USD que se señalan en la interacción de la corrupción (WGI) y la impunidad (ROL) nos indican que en la medida en que aumente la impunidad, la corrupción tendrá un mayor efecto sobre el PIB per cápita.
Por último, en el modelo 4, las variables que lo conforman explican 95% de la variación del PIB per cápita entre cada uno de los distintos países (R2 entre grupos), así como 76% de la variación del PIB per cápita entre los distintos años de cada país (R2 al interior del grupo). Es decir, el modelo tiene una alta capacidad explicativa de las variaciones de los DH visto a través del PIB per cápita.
La corrupción y los DH: una mirada desde los derechos políticos
Si bien ya encontramos que hay relaciones entre las variables, en varios casos estas relaciones no son totalmente lineales, sino que puede haber umbrales y rendimientos decrecientes. Nos interesa identificar ambos, para lo cual aplicamos regresiones locales. Se trata de un método no paramétrico que permite observar relaciones no lineales e identificar el umbral donde aparecen los puntos de inflexión. Esta prueba estadística recupera un segmento de los datos, aplica una regresión y modela un fragmento de la línea a partir de las relaciones encontradas. Esta prueba realiza múltiples regresiones para poder identificar con más claridad los cambios de dirección en la línea, es decir, los umbrales y los rendimientos decrecientes.
En la gráfica 8 se observan los resultados de las regresiones entre el pago de sobornos de ti y el índice de derechos políticos de FH. Hay que recordar que el indicador de ti va de 1 a 100; se trata de un porcentaje que indica cuántas personas aseguraron haber pagado sobornos. Por ende, el 100 supone mayor corrupción y el 1, menor. El índice de derechos políticos va de 1 a 7; en el 1 se encuentran los países que gozan del grueso de los derechos políticos, y en el 7, los que no gozan de ninguno.
Fuente: Elaboración propia con datos del Barómetro Global de Corrupción de TI <https://www.transparency.org/research/gcb> y de Freedom House, <https://freedomhouse.org/report/freedom-world-2015/table-country-ratings> [última consultada: 10 de agosto de 2017].
En el primer segmento se observa una relación relevante en los primeros 33 puntos porcentuales del pago de sobornos. El punto de partida es que ahí donde el pago de sobornos es 0, el ejercicio de derechos es 1, es decir, el más alto ejercicio de derechos. Conforme se avanza en el pago de sobornos, se avanza también en el no ejercicio de derechos, hasta la intersección entre el 33% de personas que afirman pagar sobornos, y el 4 en el ejercicio de derechos. El segundo segmento comienza justo aquí, donde la relación entre corrupción y ejercicio de derechos se diluye.
El tercer segmento inicia al llegar a 45% de personas que afirman que pagaron un soborno. En este punto, nuevamente existe un impacto de la corrupción con el no ejercicio de derechos humanos, pero es mucho menos pronunciada que en el primer segmento. Finalmente, el cuarto segmento inicia en el 70% de personas que afirman haber pagado un soborno. En este umbral se observa el efecto contrario al esperado: a mayor corrupción no necesariamente menos derechos humanos, por el contrario, hay una ligera mejoría en el ejercicio de derechos. No pasamos por alto que se trata del ejercicio de derechos políticos; de lo que probablemente se está dando cuenta en este último fragmento es de los gobiernos que siendo representativos (electos por el voto universal), no cuentan con calidad democrática, son gobiernos con altos niveles de corrupción. Es por ello que, pese a ser muy corruptos, en ellos se goza de ciertos derechos políticos mínimos que permiten la realización de elecciones.
Finalmente, en 2013, 33% de los mexicanos afirmó haber pagado un soborno. El número 33 es relevante, está justo ahí donde parece que una buena política anticorrupción puede tener los mejores réditos en el ejercicio de derechos (primer segmento).
CONCLUSIONES
Si bien existe mucho trabajo y evidencia empírica sobre la relación entre corrupción y economía, es mucho menos lo que se ha trabajado en torno a corrupción y DH. Sobre estos últimos conceptos, se ha prestado mucha más atención a teorizar los posibles mecanismos causales de esa relación, que a presentar evidencia empírica que lo sostenga. También existen algunas afirmaciones sin evidencia, como que los derechos económicos y sociales son más afectados por la corrupción que los civiles y políticos.
Al finalizar el artículo, tenemos indicios sobre las relaciones entre la corrupción y los DH; ahora tenemos la convicción de esta relación sustentada en evidencia. Sabemos que:
A mayor corrupción, menos derechos civiles que suponen el empoderamiento de la persona, como las libertades de expresión, religión, tránsito, entrada y salida del país, reunión y asociación y autodeterminación. Las personas que viven en los países que se encuentran peor posicionados en la corrupción y las violaciones a DH sufren de realidades totalmente distintas a los mejor posicionados; por ejemplo, en el valor 0, cerca de la mediana vimos países como Irán (2009-2011), Uzbekistán (2007-2008) y Sudán (2000). En cambio, en el valor 14, cerca de la mediana están Irlanda (2000), España (1998 y 2000), Portugal (1998 y 2002) y Japón (2004 y 2006).
Los países con mayor corrupción tienen una mayor probabilidad de que su calificación en el ejercicio de los des de las mujeres sea bajo (75%). En cambio, aquellos países que tienen menor corrupción tienen un 53% de probabilidad de tener una calificación media y 39% de probabilidad de que sea alta.
Los países que avanzan una unidad completa en el índice de corrupción del BM pueden aumentar hasta 10 años de esperanza de vida y casi 8 000 USD de PIB per cápita.
Donde aumente la impunidad, su interacción con la corrupción tendrá un mayor impacto en las violaciones a los DH. Estos modelos mostraron un alto nivel de predicción.
Las relaciones entre la corrupción y las violaciones a los DH no son constantes, pueden tener umbrales y hasta cambios de sentido, como se observó entre el pago de sobornos y los derechos políticos.
¡Cuidado! No pasamos por alto que el grueso de los indicadores de corrupción utilizados son de percepción y que queda mucho por perfeccionar en los indicadores para observar derechos humanos, por lo que estos resultados no deben generalizar la relación entre la corrupción y los DH. Aún queda trabajo empírico pendiente; en específico, la realización de estudios de caso o análisis comparado que nos permitan mirar con mayor detalle cuáles son los mecanismos causales de estas relaciones.