La Ciudad de México el contexto para enfrentar la pandemia

Dos de los principales rasgos de la Ciudad de México son la desigualdad que existe en las condiciones de trabajo y de vida de sus habitantes y los elevados niveles de pobreza en que viven mayoritarios sectores populares, para quienes las condiciones de trabajo y de vida son francamente precarias, como resultado de la acumulación de desventajas económicas, sociales y urbanas (^{Ziccardi, 2016}).

En la ciudad capital viven 8 918 653 personas, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (^{INEGI, 2015}); 47.4% de la población son hombres y 52.6% mujeres. Es una ciudad en la que predomina la población joven en edad de trabajar y/o estudiar. En relación con el empleo, la encuesta Intercensal 2015 del INEGI reporta un total de 4 033 273 personas de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupadas. En la mayoría de las 16 alcaldías, más de 60% de la PEA son trabajado- res asalariados, es decir, empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes. Las principales ocupaciones son: funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos, seguidos de comerciantes y trabajadores en servicios diversos, particularmente en actividades del comercio formal e informal. Los trabajadores no asalariados, empleadores y trabajadores por cuenta propia con muy escaso capital representan alrededor de un tercio de la PEA en 14 de las 16 alcaldías, principalmente en Iztapalapa, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Durante la emergencia sanitaria, estos trabajadores del mercado de trabajo informal son quienes se ven ante la necesidad de salir de sus casas para realizar alguna actividad que les permita obtener un recurso económico para su sobrevivencia y la de su familia. Para ello se trasladan en masivos medios de transporte público en los que no están garantizadas la sana distancia ni las condiciones de higiene. Esto es lo que los diferencia sustancialmente de los trabajadores asalariados que poseen seguridad social y que tienen más posibilidades de conservar su empleo y tener un ingreso asegurado, lo que ocurre en el caso de los trabajadores del sector público, quienes continúan percibiendo su salario aun cuando se hayan reducido las actividades presenciales a las esenciales (servicios públicos de seguridad, sanidad, recolección de basura, entre otras).

En cuanto a las condiciones de habitabilidad de la vivienda, la Ciudad de México presenta excelentes condiciones para las clases altas y adecuadas para las capas medias. Sin embargo, para los sectores populares las opciones son habitar en una casa en una colonia popular en la periferia o rentar una vivienda en una vecindad en el Centro o en una zona degradada de la ciudad. A ello se agregan los masivos fraccionamientos que fueron construidos en las dos últimas décadas pasadas en la periferia lejana de los municipios del Estado de México. En todas estas viviendas son muchas las dificultades que deben enfrentarse para sobrevivir en la pandemia, las cuales serán analizadas a partir de los resultados del cuestionario aplicado como parte de esta investigación.

Debe considerarse que, de acuerdo con datos censales, el parque habitacional de la ciudad se incrementó en 165373 viviendas entre 2000 y 2015. La vivienda en propiedad prevalece frente a otras formas de tenencia tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México, porque precisamente las familias realizan grandes sacrificios para adquirir una propiedad, porque es un activo y un reaseguro ante el alto grado de informalidad que existe en el mercado de trabajo y frente a las situaciones de crisis económicas (^{Ziccardi, 2019}). Pero la vivienda en propiedad no garantiza que estas viviendas unan condiciones de habitabilidad adecuadas para albergar a las familias; por el contrario, una alta proporción de esas viviendas son casas precarias y autoconstruidas localizadas en colonias populares y de tamaño relativamente pequeño para el número y las características de las personas que las habitan, sobre todo cuando vive en la misma más de una familia. Si bien existen algunas colonias populares muy consolidadas, donde las viviendas se fueron mejorando progresivamente y tienen acceso a los bienes y servicios básicos, en otras existen graves déficit; por ejemplo, el suministro de agua en el interior de las viviendas no está garantizado.

Existen también viviendas de interés social en la ciudad capital y construidas en décadas pasadas, las cuales se localizan en unidades habitacionales conformadas por departamentos pequeños que requieren de mantenimiento, para lo cual sus propietarios suelen carecer de recursos. Sin embargo, todas las formas del habitar en la Ciudad de México constituyen una mejor opción habitacional que vivir en los masivos fraccionamientos de interés social, localizados en las periferias lejanas de la gran región metropolitana, que carecen de servicios básicos y equipamientos, donde existen muchas dificultades para desarrollar la vida social, y cuyos habitantes emplean muchas horas de su tiempo y buena parte de sus magros recursos en su traslado a la ciudad central donde está su trabajo.

Según la Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México (^{INEGI, 2017}), la movilidad principalmente se realiza por medio del transporte público, a través del uso de colectivo (73.6%), Metro (30%), taxis de calle o de aplicaciones (13.4%) y Metrobús (7.8%). La saturación de estos medios de transporte debido al elevado número de usuarios expone a esta población a mayores riegos de contraer Covid-19. Sólo 22% de la población se moviliza en transporte privado, ya sea por medio de automóvil, motocicleta o transporte escolar. En los transportes de uso colectivo masivo, a partir de los primeros casos de Covid-19 registrados en los meses de febrero y marzo, se iniciaron acciones de sanitización de los vagones, taquillas, torniquetes y pasillos. A mediados del mes de abril se cerraron 36 estaciones del Metro, 47 del Metrobús y cuatro del Tren Ligero, con el propósito de disminuir la propagación del virus. Al ser las estaciones del Metro puntos críticos de encuentro de personas, es muy difícil mantener allí la sana distancia; por esta razón se incrementaron los controles para mitigar el riesgo de contagio de Covid-19 en la fase 3 de la pandemia: toma de temperatura a trabajadores y usuarios, entrega de gel antibacterial a la entrada de las estaciones y uso obligatorio del cubrebocas.

Específicamente para el caso del Metro, las alcaldías que tienen la mayor concentración de personas y donde se registran los números más altos de contagios, como es el caso de Iztapalapa, han colocado en la cercanía de las estaciones de la Línea A lavamanos portátiles. También el gobierno de la Ciudad de México y del Estado de México toman medidas en las estaciones Los Reyes La Paz y Pantitlán; esta última, a pesar de ubicarse en la alcaldía Iztacalco, pertenece a la línea A y es una estación de intenso tránsito de personas porque es el cruce de las líneas 1, 5 y 9, que conectan las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, donde se localizan las principales fuentes de empleo de la ciudad. Precisamente, como se verá, en Iztapalapa y en estas alcaldías es donde se registran los porcentajes más altos de contagio de Covid-19 de la ciudad.

En relación con las capacidades del sistema hospitalario, la pandemia puso en evidencia la necesidad de fortalecer los recursos y las capacidades hospitalarias, y de promover el autocuidado y los hábitos de vida saludable para prevenir morbilidades. Es importante señalar que el gobierno de nacional y el de la ciudad han desarrollado una serie de acciones para el fortalecimiento de la capacidad hospitalaria y la prevención del coronavirus, entre las que destacan la compra de respiradores en el exterior, ampliar la disponibilidad de camas, repartir kits de protección para el personal sanitario y la adecuación de hospitales emergentes, en articulación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Además del Programa de Detección, Protección y Resguardo de Casos Covid-19 y sus contactos, desde el mes de junio de 2020 se realizan un mayor número de pruebas diarias en la ciudad para detectar personas contagiadas y hacer un seguimiento más riguroso.

De igual manera, se ha dispuesto de líneas específicas para denuncias de violencia de género, las cuales se han incrementado durante la pandemia, y se ofrece atención en salud mental para apoyar a la población afectada por los efectos del confinamiento.

Otro elemento fundamental ha sido el uso de aplicaciones y redes sociales institucionales para que las personas puedan verificar síntomas en caso de padecerlos y solicitar ayuda médica en sus domicilios. Además, existe una comunicación permanente con los expertos epidemiólogos, los funcionarios de la Secretaría de Salud nacional y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo cual es una adecuada estrategia para garantizar el derecho a la información confiable e inmediata de las y los ciudadanos. Al aplicar el cuestionario, un alto porcentaje de los entrevistados en la Ciudad de México expresó que tiene suficiente información acerca de dónde acudir, en caso que así lo necesite.

Los alcances de la crisis sanitaria en la ciudad capital

En la Ciudad de México, la pandemia derivada de la dispersión global del virus SARS-CoV2-Covid-19 coloca a los habitantes en una muy difícil situación sanitaria, económica y social. Al concluir la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia, el 2 de junio de 2020 la ciudad registraba 26509 casos confirmados de personas infectadas, lo cual representaba 27.5% del total del país; considerando los municipios de la Zona Metropolitana, el porcentaje ascendía a 42%. Es decir, la gran Región del Valle de México (^{Ziccardi, 2016}) es el epicentro nacional y de la pandemia global, y registra un constante incremento de la tasa de contagio y de la pérdida de vidas humanas.

Asimismo, de acuerdo con datos publicados por la Facultad de Medicina de la UNAM el 8 de junio, 12 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se encontraban entre los 35 municipios con mayores tasas de mortalidad del país, los cuales concentraban casi la mitad de las muertes por Covid-19 (^{Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina-UNAM, 2020}). En esta investigación se decidió que el 31 de mayo, al terminar la llamada Jornada de Sana Distancia, culminara también la etapa de recolección de información a través de la aplicación del mencionado cuestionario. Asimismo, los datos sobre el SARS-CoV2-Covid-19 que sirven de referencia para aproximarnos a una evaluación a nivel de alcaldías sobre la magnitud de personas afectadas o que lamentablemente fallecieron en la Ciudad de México provienen de las fuentes de la Secretaría de Salud del gobierno nacional (<https://coronavirus.gob.mx/>).

El mayor número de casos positivos confirmados en la Ciudad de México en ese periodo está en las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón y Tlalpan, es decir, las alcaldías con mayor número de habitantes son las que concentran el mayor número de casos de personas afectadas por Covid-19, mientras que el menor número de personas contagiadas viven en Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta, que son las alcaldías con menor número de habitantes.

Además, la incidencia acumulada de casos positivos confirmados con Covid-19 por cada 100 000 habitantes alcanza los mayores valores en las alcaldías de Milpa Alta, Xochimilco y Tláhuac, donde se desarrollan actividades rurales y donde un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza.

El total de personas que lamentablemente fallecieron en la Ciudad de México como consecuencia del Covid-19 en el periodo de esta investigación ascendía a 2 392; el mayor número se registra en las dos alcaldías que concentran la mayor población, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, en las que un alto porcentaje de sus habitantes vive en condiciones de precariedad y donde se registran las más altas tasas de letalidad. No obstante, debe decirse que estos datos no permiten sacar conclusiones sobre las causas que hacen que se concentre territorialmente la pandemia en algunas alcaldías más que en otras, porque como es sabido las posibilidades de contagio y sobrevivencia de las personas que adquieren el virus dependen de un conjunto de factores como la salud y la capacidad del sistema hospitalario, así como también las condiciones de trabajo y de vida que se analizan en este trabajo. Seguramente, cuando se supere la epidemia y haya datos consolidados, se podrán hacer investigaciones multidisciplinarias que, utilizando métodos multifactoriales y cualitativos, otorguen un mayor grado de confiabilidad a los estudios.

Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano durante el aislamiento social

El análisis que se realiza seguidamente se basa en los resultados obtenidos tras aplicar el cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”. En primer lugar, debe decirse que siete de cada 10 personas que respondieron el cuestionario en la capital son mujeres, lo que es un indicador de su preocupación e interés por conocer sobre los efectos que produce esta crisis sanitaria en sus familias y en su persona. La edad predominante de las y los entrevistados está entre 40 a 47 años, es decir, es una población joven que se encuentra en edad productiva. Los jóvenes representan una quinta parte y los adultos mayores de 60 años son el 15% de los entrevistados. Se obtuvieron respuestas de personas que viven en todas las alcaldías de la ciudad, pero la mitad del total de las personas entrevistadas vive en una de las siguientes cuatro alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Tlalpan e Iztapalapa, y una de cada 10 viven en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero (tabla 2).

Las condiciones de habitabilidad de las viviendas y la respuesta gubernamental

Las exigencias impuestas por el confinamiento, que se expresan en dos recomendaciones gubernamentales, “Quédate en casa” y “lávate las manos”, pretenden crear condiciones básicas para evitar los contagios entre la población. Pero el cumplimiento social de ambas dependerá de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. En este sentido, hay que considerar que el derecho a una vivienda digna y decorosa tal como lo indica la Constitución de la República o una vivienda adecuada, como lo establece la Constitución Política de la Ciudad de México, implica garantizar no sólo el acceso sino también la calidad de los materiales utilizados, del diseño, de las infraestructuras y equipamientos, del entorno en el que se localiza, así como certeza jurídica en la forma de tenencia de quienes la habitan y la percepciones subjetivas que tienen sus habitantes (^{Ziccardi, 2015}).

Frente a las exigencias del confinamiento, importa considerar particularmente las condiciones de hacinamiento porque impiden cumplir con la sana distancia entre personas. Esta situación se da con frecuencia en las condiciones de habitabilidad de las viviendas de los sectores populares y de los sectores medios de más bajo ingreso, ya que es común la familia extensa o que viva más de una familia en una misma y pequeña vivienda. En relación con la vivienda y según los datos obtenidos del cuestionario mencionado, de un total de 3 238 personas mayores de edad entrevistadas, 35.2% dijo vivir en una casa sola en una colonia consolidada o en un fraccionamiento; 45.6%, en un departamento en condominio o unidad habitacional; 15.6%, en casa en colonia popular; 2.7% en una vecindad y 0.1% en un campamento en la calle y 0.8% otros tipos de vivienda (gráfica 1).

Fuente: Cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”.

Gráfica 1 ¿Usted vive en…? 

En las alcaldías de Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, la mayoría de las y los entrevistados dijeron vivir en departamentos. En las dos primeras alcaldías se trata de manera predominante de departamentos en unidades habitacionales (UH), 26.4% y 25% respectivamente; es decir, se trata de viviendas de interés social cuyo tamaño es muy pequeño y en algunos casos localizadas en un predio cuyos espacios públicos carecen de mantenimiento. Según la Procuraduría Social del Gobierno de la Ciudad de México (Prosoc), en el diagnóstico realizado para implantar el Programa: “Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales 2020”, existen cuatro causas del deterioro físico de las áreas comunes de las UH. En primera instancia se identifica la falta de organización condominal; en segundo lugar, el desconocimiento a cabalidad del régimen de propiedad (obligaciones y derechos); en tercero, el uso extralimitado de las áreas comunes por personas que no habitan en las UH y la baja rehabilitación de esos espacios; por último, el elevado costo del mantenimiento general, que no se alcanza a cubrir con las cuotas establecidas. Todo esto indica que en viviendas pequeñas y espacios públicos carentes de mantenimiento es muy difícil cumplir con el confinamiento, y que las autoridades deben considerar esta situación de manera particular, con el fin de poder usar con estrictos protocolos los espacios públicos abiertos.

En el caso de las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en cambio, una amplia mayoría de las personas entrevistadas, 70.7% y 55.8% respectivamente, viven en departamentos en condominios que suelen ofrecer condiciones de habitabilidad adecuadas para las clases medias, e incluso viviendas de lujo para los sectores sociales de más altos ingresos.

En el caso de las y los entrevistados que viven en las colonias populares con un diferente grado de consolidación urbana, se localizan principalmente en Iztapalapa, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco. Aun cuando se trate de condiciones de habitabilidad que varían según la colonia, se trata de viviendas precarias autoproducidas por familias trabajadoras de menores ingresos que han adquirido un terreno y construido su casa con grandes sacrificios económicos, logrando la infraestructura y el equipamiento básico a través de la organización y la lucha de sus habitantes.

También debe decirse que el número de cuartos de las viviendas, en las dos últimas décadas, ha crecido de manera notable, ya que según datos censales entre 2000 y 2010 disminuyó el número de viviendas de uno o dos cuartos y creció el de tres o cuatro (^{Ziccardi, 2019}). Esto puede atribuirse a la importancia que tuvo el Programa de Mejoramiento de Viviendas creado por el Instituto de la Vivienda del gobierno de la Ciudad de México en 1999 (^{Mier y Terán, 2015}). También existe la figura de condominio familiar, viviendas en las que habita más de una familia y donde varios espacios son de uso común; algunas casas tienen un pequeño patio o jardín que potencialmente permite realizar algunas actividades, lo cual es muy importante para sobrellevar el confinamiento.

Entre quienes viven en los masivos fraccionamientos localizados en la periferia lejana de la Ciudad de México, en los municipios metropolitanos del Estado de México, también existen situaciones de hacinamiento creadas por el tamaño reducido de estas viviendas, a lo que se agregan las grandes dificultades que existen para el aprovisionamiento de los alimentos y el acceso al agua potable, así como el hecho de que muchos de estos trabajadores y trabajadoras deben permanecer varias horas en el transporte público (Metro y autobuses) para llegar a sus lugares de empleo, con lo cual el riesgo de contagio se ve incrementado. Estas personas, aunque viven en esos fraccionamientos, acuden a la ciudad diariamente en busca de servicios públicos de salud o administrativos.

Otro tema de gran importancia en esta coyuntura es la forma de tenencia de la vivienda. Más de la mitad de los entrevistados declaró que su vivienda es propia, a lo que se suma que otro 13.5% de las y los entrevistados la está pagando. Para los primeros, tener una casa en propiedad implica poseer un activo que les permite enfrentar en mejores condiciones la crisis económica. Para los segundos, cuando se trata de créditos otorgados por el Infonavit, se ha pospuesto el pago de las cuotas hasta el mes de octubre, pero dados los despidos, la reducción de salarios, la inestabilidad y la precariedad en el empleo, muchas familias tendrán grandes dificultades para hacer frente al pago de cuotas o créditos.

De hecho, uno de los principales resultados que surge de la aplicación de este cuestionario fue alertar sobre el alto número de personas que respondieron que tenían dificultades para hacer este tipo de pagos cuando recién comenzaba el confinamiento y aún no eran previsibles los efectos de la pandemia sobre el mercado de trabajo y el ingreso. En este sentido, siete de cada 10 personas entrevistadas dijeron que uno o dos miembros tenían en ese momento un ingreso producto de su trabajo o de becas, pensiones u transferencias monetarias gubernamentales, y poco menos de la mitad de las y los entrevistados en la Ciudad de México afirmó tener problemas para pagar créditos, deudas o una renta (tabla 3). Más de un tercio de las personas que declararon que tenían dificultades para pagar créditos o cuotas viven en las alcaldías de Tláhuac, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztapalapa y Xochimilco, espacios habitados de manera predominante por los sectores de menores ingresos.

Tabla 3 ¿Han tenido problemas para pagar? 

	Frecuencia	Porcentaje
Pago de hipoteca	126	3.9
Pago de renta	338	10.4
Pago de créditos o deudas	870	26.9
Pago de servicios	678	20.9
Cuota de mantenimiento	215	6.6
Otros pagos	461	14.2

Fuente: Cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”.

Ante esta dificultad, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y los organismos de vivienda del ámbito nacional, como la Comisión Nacional de Vivienda y el Infonavit, tomaron la decisión de incrementar los recursos públicos y dedicarlos a financiar la línea de mejoramiento de vivienda con asistencia técnica, así como también diferir el pago a Infonavit de las cuotas por la adquisición de viviendas y el de las empresas que deben pagar un aporte patronal para la vivienda de sus trabajadores del mes de marzo al mes de octubre, sin intereses. También para las pequeñas y medianas empresas que entren en paro técnico, se dispuso de un apoyo de 25% para el pago de sus obligaciones.

El gobierno de la Ciudad de México, por su parte y de acuerdo con las medidas implantadas en la Jornada Nacional de Sana Distancia, dispuso el cierre de actividades no esenciales con el propósito de evitar la propagación del virus Covid-19. Para contribuir a mitigar los problemas económicos por causas externas como la pandemia, que dificultan a los ciudadanos cumplir con el pago de los impuestos establecidos, decidió “la condonación parcial (5%) del pago del impuesto predial referente al cuarto bimestre y del 100% en lo relacionado con las deudas, recargos y gastos de ejecución generados durante los primeros tres bimestres correspondientes al ejercicio fiscal 2020 a las personas físicas o morales propietarias o poseedoras del suelo o dueñas del suelo y las construcciones adheridas a él”, con una vigencia del 1 de julio al 31 de agosto de 2020.⁵

Otro de los principales problemas vinculados con los impactos de esta crisis sanitaria y económica al que debe prestarse particular atención es la cuestión de la vivienda en renta y de las personas que viven en vecindades. Más de una cuarta parte de las personas entrevistadas dijeron que rentan su vivienda; ésta es la tercera dificultad mencionada entre quienes viven en las alcaldías de Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco e Iztapalapa.

En el caso de las vecindades, representan una forma de vivienda colectiva popular de alquiler de bajo costo con servicios compartidos como baños, cocinas, comedores y lavaderos; por lo general, son espacios muy deteriorados por falta de mantenimiento y/o sujetos a juicios de desalojo, los cuales han sido suspendidos durante la emergencia sanitaria. A pesar de que en el cuestionario el porcentaje de personas que respondieron que viven en vecindades representa sólo 2.7%, es importante mencionar que en la Ciudad de México, del total de las viviendas particulares habitadas, las vecindades ocupan 4.08%. La mayor concentración está en las alcaldías Cuauhtémoc (11.80%), Azcapotzalco (7.48%), Gustavo A. Madero (3.94%), Miguel Hidalgo (7.65%) y Venustiano Carranza (5.53%) (^{INEGI, 2015}).

Ante una situación de crisis sanitaria y económica como la actual, el gobierno deberá realizar algunas acciones de excepción para garantizar que nadie se quede sin casa, cuando es necesario proteger a las familias y a las personas a través del aislamiento social, como se ha hecho ya en otros países de América Latina.

Las situaciones más dramáticas son las que implican una absoluta negación del derecho a la vivienda: 1) quienes viven en campamentos localizados en la calle; algunos desde los sismos de 1985, a los que se sumaron los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, lo que implica una situación de gran precariedad que afecta la salud física y mental, que supone soportar condiciones de inseguridad, deterioro de sus bienes materiales y de la vida familiar (^{Ziccardi, 2019});⁶ 2) la población que se encuentra en situación de calle, que según datos del diagnóstico situacional 2017-2018 realizado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), asciende a 6754 personas, de las cuales 4354 viven en el espacio público. Ante la contingencia, el gobierno de la ciudad, por medio de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, ha dispuesto albergues, en los cuales residen un promedio de 2 150 personas, mantiene la modalidad de comedores sociales y ha puesto en marcha brigadas de salud.

Sin lugar a duda, este es un segmento de la ciudadanía para el cual está negado el derecho a la vivienda y esta contingencia sanitaria lo coloca en una situación de extrema vulnerabilidad y que exige que se resuelva su problema de carencia de una vivienda adecuada con suma urgencia.

Asimismo, las desigualdades urbanas que amplifican las desigualdades estructurales ponen en evidencia el acceso diferenciado a bienes y servicios urbanos, entre los cuales es particularmente importante en este momento el acceso al agua potable de manera continua (^{Merino, Valverde y Ziccardi, 2020}). De acuerdo con el ^{INEGI (2015)}, hay 2 599 081 viviendas particulares habitadas en la Ciudad de México, de las cuales 25 187 no disponen de agua potable entubada. Las condiciones de desigualdad urbana son evidentes si se constata que sólo 12 viviendas carecen de agua entubada en la alcaldía Benito Juárez, mientras que en Iztapalapa son 4 226.

En este sentido, en la capital del país, 13.8% de las personas entrevistadas dijeron que sólo recibían agua algunos días de la semana en sus viviendas (gráfica 2), lo cual pone en evidencia las grandes dificultades que tienen algunos sectores de la población para cumplir con la recomendación de “lávate las manos” varias veces al día, para evitar el contagio. Por ello, el gobierno de la Ciudad de México, así como algunas alcaldías, realizan actualmente un gran esfuerzo para dotar de agua a quienes viven en esas colonias populares que no tienen asegurado el servicio habitacional más básico, como es el acceso al agua potable.

Fuente: Cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”.

Gráfica 2 ¿Cuántos días de la semana tiene agua su vivienda? 

Otro elemento importante son las consecuencias que tiene el “quédate en casa”, que pone a prueba la convivencia vecinal. Al preguntarse sobre cuáles son las acciones que los vecinos realizan durante el confinamiento social, casi la mitad (48.2%) de las y los entrevistados dijeron que frecuentemente sus vecinos/as salían al espacio público o calle y una proporción similar que ponían música en volumen alto (42.3%), lo que indica la necesidad de mejorar las relaciones vecinales y comunitarias, fomentando el diálogo y generando conductas respetuosas y solidarias. Por otra parte, debe reconocerse que esta grave crisis sanitaria ha sido el detonador de nuevas conductas sociales destinadas al cuidado principalmente de las personas mayores, personas discapacitadas, niños y niñas cuyas madres y padres requieren dejarlos con otras personas ya que no están en la escuela y ellos necesitan trabajar. Para favorecer la convivencia familiar y vecinal, es necesario elaborar ya mismo protocolos sanitarios, sociales y de seguridad para que el regreso a los espacios públicos, a los parques, jardines y viveros, se realice con nuevas reglas que garanticen condiciones básicas para llevar a cabo las actividades deportivas, de recreación, de cultura, de convivencia comunitaria, de manera saludable. Sin duda, la cuarentena prolongada, además de repercutir en la salud física, también lo hizo en la salud mental, lo cual debe ser debidamente atendido, así como crearse un nuevo clima que propicie una mejor convivencia social.

Ampliación de actividades en el interior de la vivienda y desigualdades de género

El aislamiento social impuesto por el Covid-19 obliga a transformar el uso del espacio de la vivienda y la distribución del tiempo de los miembros de la familia o las personas que la habitan. Al preguntar en la Ciudad de México qué actividades realizan en la vivienda desde que rige el “quédate en casa”, nueve de cada 10 personas entrevistadas afirmaron realizar actividades domésticas prácticamente en todas las alcaldías, entre cinco y siete de cada 10 personas dijeron trabajar en línea, y entre cuatro y cinco de cada 10 afirmaron participar o apoyar el “aprende en casa”, una actividad que se realiza a través de la televisión educativa o también en línea (gráfica 3).

Fuente: Cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”.

Gráfica 3 ¿Qué actividades realizan en la vivienda desde que rige el “quédate en casa”? (%) 

Estas dos tareas, trabajar y estudiar en casa, suponen una redistribución del espacio original de la vivienda, lo cual es muy problemático no sólo porque existen limitaciones del espacio físico, sino porque el realizar esas y otras actividades exige concentración, así como tener una computadora, la cual hay que compartir entre los miembros de la familia, y conectividad, para lo cual hay que pagar este servicio, lo cual es muy problemático cuando se tienen tan pocos recursos. El uso de las tecnologías de la información pone de manifiesto la existencia de una brecha tecnológica que puede afectar el desempeño de los que menos tienen en la escuela, en el trabajo o en cualquier otro ámbito de la vida social.

Precisamente, entre las principales dificultades que tienen los sectores populares durante el confinamiento está el acceso a la conectividad a Internet para dar continuidad a sus actividades económicas, educativas y de recreación. De acuerdo con datos del ^{INEGI (2018)}, en México 73.1% de áreas urbanas y sólo 40.6% de áreas rurales tienen conexión a Internet. La Ciudad de México es la sexta entidad con mejor conectividad a nivel nacional con 75%; este porcentaje es menor a los que se registran en Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Además, en alcaldías como Tláhuac, Xochimilco, Cuajimalpa de Morelos y La Magdalena Contreras el número de viviendas que disponen de Internet no supera las 50 000 en cada una, lo cual expresa las desigualdades que existen entre quienes habitan la ciudad para enfrentar el distanciamiento social.

Otra situación que debe considerarse es que en el confinamiento se ponen en evidencia las desigualdades de género que existen en la realización de las tareas. En todas las actividades que se realizan en la vivienda en las ciudades estudiadas se advierte que se acrecienta el trabajo de las mujeres durante el confinamiento (^{UNAM-IIS, 2020}). En particular y en relación con el trabajo doméstico, las personas entrevistadas en casi todas las ciudades afirman que son mujeres las que realizan estas tareas, a lo que se suma el apoyo que deben brindar a las niñas y niños, sobre todo menores de edad, para realizar las actividades escolares en línea o en televisión. También son las mujeres quienes asumen de manera predominante el cuidado y el entretenimiento de menores o adultos mayores y/o enfermos.

En el interior de los hogares, las mujeres realizan un importante trabajo no remunerado, un trabajo invisible y esencial para el funcionamiento de las tradicionales estructuras familiares patriarcales y machistas. Sin embargo, recientemente las luchas de jóvenes mujeres ha logrado visibilizar las violencias que existen hacia las mujeres en nuestra sociedad y la necesidad de que haya una situación de mayor igualdad en todos los ámbitos de la vida familiar y social. Esta pandemia ha lanzado el desafío de que los demás miembros de la familia, y en especial las parejas, deban contribuir a la realización de las actividades domésticas, de compra de alimentos, de apoyo a las actividades escolares de las niñas y niños, y del cuidado de adultos mayores y enfermos.

En esta investigación, al preguntarse quiénes realizan las actividades del trabajo doméstico no remunerado, más de la mitad respondió que eran tareas compartidas entre mujeres y hombres, y cuatro de cada 10 dijeron que eran tareas que hacían las mujeres. Algo similar ocurre con la compra de alimentos, ya que cuatro de cada 10 dijeron que eran tareas compartidas entre mujeres y hombres, y sólo tres de cada 10 que son tareas femeninas. Las alcaldías que reportan porcentajes mayores de trabajo doméstico compartido son Azcapotzalco, Xochimilco, Coyoacán y Venustiano Carranza.

En esta contingencia sanitaria, el aislamiento social de las familias en el interior de las viviendas también ha generado mayores tensiones y se registra un incremento de la violencia intrafamiliar hacia las mujeres, las niñas y los niños. Según datos del Servicio Línea de Mujeres de Locatel, durante el periodo del 23 de marzo (fecha en la que inició la Jornada de Sana Distancia) al 14 de junio se reportaron un total de 1 784 llamadas, de las cuales 147 fueron específicas de violencia de género y nueve de violencia infantil. Ante ello, se han difundido en los medios de comunicación nacional, del gobierno de la ciudad, y también por las redes sociales de las alcaldías, mensajes para que las mujeres denuncien, pidan apoyo y traten de hacer público este tipo de graves situaciones familiares, que no pueden minimizarse ni pasar inadvertidas en ningún contexto.

Recursos familiares, compromisos y acción gubernamental

De las personas entrevistadas, 65.4% forman parte de la PEA. Tres cuartas partes de los miembros de las familias desempeñan una actividad económica, casi cinco de cada 10 declaran trabajar en el sector privado; más de tres de cada 10, por cuenta propia; tres de cada 10 en la educación pública o privada. Siete de cada 10 personas entrevistadas afirman que en el momento de responder este cuestionario uno o dos miembros de su familia tenían trabajo (gráfica 4) y también uno o dos ingresos, provenientes tanto de estas actividades económicas como de transferencias monetarias gubernamen- tales (pensiones, becas); ante la emergencia sanitaria, el gobierno federal adelantó éstas en dos meses, con el fin de que estas familias tuviesen un ingreso que garantizara sus consumos básicos.

Fuente: Cuestionario “Condiciones de habitabilidad de las viviendas y del entorno urbano ante el aislamiento social impuesto por el Covid-19”.

Gráfica 4 ¿Cuántos miembros de la familia trabajan? 

Por otra parte, cuando se trata de trabajos por cuenta propia, por lo general son actividades del mercado de trabajo informal y en un gran porcentaje son trabajadores y trabajadoras del comercio popular de calle. Esto impide cumplir con el mandato “quédate en casa”, aun cuando muchas de estas actividades no pueden ser realizadas porque las autoridades locales prohibieron la instalación de tianguis en las calles o en espacios públicos, con el fin de impedir el contagio del virus.

Algunas propuestas ciudadanas

En diversos medios de comunicación, las autoridades manifestaron que México estaba preparado para hacer frente a las diferentes fases de la pandemia, porque además de recursos existía organización.⁷ Pero también se requiere involucrar amplia y responsablemente a la ciudadanía para mitigar las situaciones de alta incertidumbre que enfrenta la sociedad mexicana. Por lo tanto, es necesario alentar las acciones ciudadanas solidarias a partir de analizar cómo se ha transformado la cotidianidad intrafamiliar y la de las personas que viven solas, en el interior de sus viviendas y en su entorno urbano.

En el cuestionario que se aplicó en esta investigación se incluyó una pregunta abierta: “¿Qué puede hacer el gobierno para mejorar los efectos que tiene el ‛quédate en casa’?” La finalidad fue recuperar ideas y propuestas ciudadanas para sobrellevar mejor esta contingencia. Dado que se aportaron un muy amplio número de propuestas, equivalente a los 3 238 cuestionarios respondidos, se seleccionaron sólo algunas por ser relevantes y factibles de ser consideradas para ser incluidas en las agendas de trabajo de los diferentes ámbitos de gobierno y de la sociedad civil.

Entre las mismas resalta la preocupación ciudadana para que se sigan estrictamente las normas y los protocolos básicos de higiene, los que deben ser asumidos como un compromiso ciudadano. De manera reiterada, en el ámbito económico se propone la reducción del pago de los servicios públicos, promover la venta de productos locales entre vecinos, fomentar redes solidarias de microempresarios utilizando plataformas virtuales, y garantizar el salario mínimo para los trabajadores eventuales. En lo social, se propone crear alternativas de apoyo para personas mayores que viven solas, generar redes de apoyo vecinal, y programas de lectura con acceso a través del teléfono y en línea. En materia de salud, llama la atención que se expresa una gran preocupación por ofrecer condiciones de trabajo adecuadas al personal sanitario, lo cual contrarresta las actitudes de adversidad que se han registrado en algunas ciudades del país. En relación con el transporte público, se expuso que el cierre de algunas estaciones de transporte provoca que se acumulen más personas en las estaciones abiertas y aumenten los riesgos de contagio. También se solicita que se permita subir las bicicletas al transporte público. Asimismo, se sugiere controlar las reuniones sociales y la música a alto volumen de algunos vecinos y vecinas, así como dotar de agua a las colonias que no reciben este líquido vital, y limpiar las calles y espacios públicos para garantizar condiciones sanitarias básicas. Se recomienda también crear condiciones para facilitar el avance gradual hacia lo que se ha denominado una “nueva normalidad”. La preocupación es crear condiciones de seguridad sanitaria que permitan reiniciar las diferentes actividades, principalmente las económicas, que son la fuente de empleo de muchos trabajadores y de las que depende el ingreso de las familias. Debe decirse que algunas propuestas ciudadanas contenidas en la tabla 4 al escribir este artículo ya son acciones que el gobierno de la Ciudad de México y de sus alcaldías realizan, lo que indica una gran sensibilidad de las autoridades locales para atender las demandas de la ciudadanía y su disposición a contribuir para sobrellevar lo mejor posible esta difícil situación.

Finalmente, se preguntó a los entrevistados si creían correctas las medidas tomadas por los tres ámbitos de gobierno (federal, de la ciudad y de las alcaldías). Más de la mitad (56.1%) de quienes respondieron este cuestiona- rio en la Ciudad de México expresó estar de acuerdo con las acciones del gobierno federal y del gobierno de la ciudad; tres de cada 10 personas entrevistadas consideraron correctas las acciones de las alcaldías. Sin embargo, hay autoridades locales cuyas acciones son consideradas correctas por un mayor número de entrevistados: Venustiano Carranza (67.6%), Coyoacán (60.8%), Miguel Hidalgo (58.6%) y Cuajimalpa (52.3%).

Esta crisis es una oportunidad para transformar las relaciones gobierno-ciudadanía, creando mejores nexos de proximidad y confianza, principalmente en el ámbito local. Pero es necesario caminar hacia una gobernanza colaborativa, con el propósito de transformar el actual modelo de ciudad para avanzar en una ciudad de derechos, en el que el derecho a la ciudad sea el principal eje de la acción pública, tal como fue establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México (^{Ziccardi, 2018}).

Reflexiones finales

La crisis sanitaria es de tal magnitud e intensidad, que modificó la vida económica y social, la cotidianidad de las personas, las relaciones en el interior de las familias, el proceso educativo y el acceso a la cultura, la recreación y el deporte. Es una crisis que ha puesto a prueba la capacidad de dar respuesta de un sistema sanitario público debilitado por la aplicación de políticas neoliberales que favorecieron la privatización de los servicios para los sectores de mejores ingresos y no garantizaron el acceso y la calidad de los mismos para el conjunto de la ciudadanía.

Ante una enfermedad que se propaga rápidamente y que genera diferentes efectos, se pone a prueba un conjunto de instituciones de los tres ámbitos de gobierno, y en especial a las alcaldías, porque son las autoridades más próximas a la ciudadanía y son las que deben dar respuestas inmediatas e implantar localmente las medidas que actualmente se deciden en el ámbito del gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México.

Si bien esta pandemia inicia por la importación de casos, al ser un virus de fácil contagio y ante la escasa información que existía en los primeros momentos, se tornaron particularmente vulnerables aquellos territorios de la Ciudad de México donde vive un alto número de familias de los sectores populares en condiciones de precariedad, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y La Magdalena Contreras, demarcaciones en las cuales cumplir a cabalidad con la medida más efectiva de protección, “quédate en casa”, es poco probable.

En este trabajo se ha expuesto cómo este hecho inédito sanitario y social pone nuevamente de manifiesto las pésimas condiciones de vida en las que viven los mayoritarios sectores populares de nuestras ciudades, lo cual los coloca en una situación de gran vulnerabilidad para hacer frente a la pandemia. También pone en evidencia la manera en que se ha naturalizado, en las agendas públicas, la precariedad de las condiciones de la vivienda y el acceso no garantizado a bienes y servicios básicos como el agua, el transporte público, la seguridad o la recolección de basura en los barrios populares.

El reto, en consecuencia, es transformar el modelo de ciudad neoliberal que se ha impuesto en las últimas décadas y trabajar para realizar un rediseño institucional cuyos lineamientos están contenidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, lo que sin duda permitiría avanzar haciendo realidad el derecho a la ciudad, sustentado en un modelo de gobernanza colaborativa (^{Ziccardi, 2018}).