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En las economías latinoamericanas, la heterogeneidad estructural robustece un crecimiento económico desequilibrado (Hirschman, 1970). Una consecuencia de ese tipo de crecimiento es la existencia de poblaciones disfuncionales a estructuras socioeconómicas. Principalmente, por la insolvencia de sectores económicos de mayor dinamismo para asimilar a la población económicamente activa, aunque en esa disfuncionalidad también influye el alcance insuficiente de las políticas públicas.
De ese modo, la naturaleza de las relaciones socioeconómicas y políticas de algunas poblaciones es desventajosa, lo que se traduce en dificultades para disponer de activos y acceder a estructuras (Esping-Andersen, 2008), y también en una erosión progresiva de la capacidad para mantener redes de intercambio social (González de la Rocha, 2006). Tales características son consecuencias sociales de un desarrollo desigual, que la migración extiende hacia otros escenarios socioeconómicos transnacionales, especialmente cuando poblaciones vulnerables buscan disponer de activos y acceder a estructuras a través de la movilidad transnacional.
En ese tenor, es posible considerar que la difusión heterogénea y desequilibrada del desarrollo influye negativamente en la organización y la concentración poblacional en los territorios. Este es un proceso en el que la movilidad humana intenta atenuar las consecuencias de situaciones de desventaja, cuando se convierte en una estrategia para encontrar nuevos escenarios de reproducción social. Esta estrategia simboliza la dispersión hacia otros contextos de una desventaja que existe en las sociedades de origen de la migración. A la vez, representa un vínculo entre distintos desequilibrios, cuando la población migrante vulnerable enfrenta otras dificultades que le impiden una reinserción efectiva en sociedades de tránsito y destino. De ese modo, se frustra la búsqueda de accesos a estructuras y activos a través de la movilidad.
La migración haitiana refleja esa particular Dispersión Transnacional de la Vulnerabilidad1 (DTV en adelante). Sobre todo, porque los migrantes haitianos son una población que no es asimilada eficazmente en el desenvolvimiento económico de su país. Esto se debe a los profundos desequilibrios que sufre esa nación, que tienen antecedentes de relaciones internacionales desfavorables, que se agravaron por periódicas crisis políticas y por graves catástrofes ambientales. Estos desequilibrios acrecentaron las circunstancias de desventaja que enfrenta aún parte de la población haitiana.
En ese escenario de vulnerabilidad surge un flujo migratorio hacia disímiles destinos, que busca contextos de reproducción social más convenientes. No obstante, al arribar a esos nuevos contextos, los migrantes enfrentan múltiples obstáculos que frustran sus expectativas. Principalmente, por deficientes accesos a estructuras educativas y de salud; además, por bajos ingresos provenientes de empleos precarios o informales. Por su parte, las políticas migratorias restrictivas también influyen en el fracaso de tales expectativas, al relegar a los migrantes a una condición de irregularidad.
El objetivo aquí es analizar la migración haitiana como un caso de DTV, en el que la prolongación del tránsito migratorio que evidencia este flujo se debe a la reiteración de circunstancias de vulnerabilidad en distintos destinos. En el plano transnacional se manifiesta una sobrerrepresentación de tipologías de exclusión hacia esta migración. Estas tipologías están basadas en aspectos culturales y estigmas, según la perspectiva de los autores aquí consultados. En virtud de ello, esta es una DTV sui generis, porque la población migrante que parte de una situación de precariedad en el origen se orienta hacia otros destinos donde el asentamiento deviene temporal a partir de la prevalencia de condiciones desfavorables. Esto determina una movilidad irregular por distintas naciones del continente latinoamericano. Las distintas problemáticas institucionales, culturales y socioeconómicas que enfrentan esos migrantes influyen en la creación de estrategias propias de autoayuda y en el uso de redes de apoyo.
El enfoque DTV permite entender las características de ese flujo, su causalidad y su continuidad, al analizar evidencias proporcionadas por los autores consultados. Estos son estudios que profundizaron en las dificultades que ha enfrentado esa migración para integrarse regionalmente debido a factores como: 1) limitaciones en el acceso a diferentes estructuras; 2) la prevalencia de estigmas culturales que precarizan la vida de los haitianos y haitianas en otras sociedades, y 3) en una gestión migratoria restrictiva que favorece la irregularidad y el tránsito migratorio en este flujo.
Para analizar esta migración en los marcos de la DTV, son necesarias breves explicaciones sobre diferentes ejes analíticos incluidos en este enfoque. Estas explicaciones están contenidas en la primera sección del artículo, con el objetivo de exponer el alcance epistemológico de la propuesta. No obstante, en la segunda sección del trabajo se hace énfasis en ejes que se corresponden con problemáticas que evidencian la reiteración de situaciones de precariedad en esta migración. En la tercera sección se abordan tipologías de exclusión concernientes a la DTV y, brevemente, algunas estrategias que han sostenido estos migrantes para enfrentarlas. En la cuarta y última sección se analiza el carácter regional de la DTV, examinando las consecuencias de la gestión migratoria restrictiva que sufren esos migrantes en toda la región.
Bosquejo teórico de la Dispersión Transnacional de la Vulnerabilidad
La DTV es una categoría que refiere la reiteración de circunstancias de precariedad a lo largo del ciclo migratorio como condiciones similares a las que se enfrentaban poblaciones vulnerables en sus sociedades de origen. También en el plano internacional los migrantes sufren distintos riesgos, tipologías de exclusión y carencias que les impiden o dificultan acceder a activos y a estructuras (Esping-Andersen, 2008). De este modo, sobrevive una vulnerabilidad latente que no se elimina con accesos circunstanciales y precarios a mercados laborales en otros destinos.
Al incluir en el análisis otros elementos, que van más allá de los ingresos y el acceso a mercados laborales, la DTV da cuenta de interdependencias que ocurren entre distintos contextos a través de la migración. Esto es, un vínculo entre sociedades de origen y etapas de tránsito y asentamiento cuando la condición de vulnerabilidad -inicialmente endógena- se reitera por dificultades en el acceso a estructuras socioeconómicas transnacionales desequilibradas. Estas dificultades cristalizan frente a características adversas como las siguientes: un predominio de políticas ineficientes de protección y atención a la migración, con la prevalencia de estigmas sociales y culturales; la subvaloración de la calificación laboral; la desprotección consular o jurídica, y la exposición a riesgos y distintas formas de violencia.
En el ámbito de una discusión sobre migración y desarrollo, lo anterior significa considerar que existen analogías en el desenvolvimiento de distintos países periféricos, que entrañan circunstancias equivalentes a las experimentadas por inmigrantes en sus sociedades de origen. Bajo esas condiciones y lejos de jugar un papel compensatorio, la migración no satisface las expectativas de reproducción social de segmentos de poblaciones inicialmente marginados en sus sociedades de origen. Tales expectativas terminan por disgregarse en un entorno transnacional desfavorable.
A propósito de lo anterior, un interrogante recurrente hacia este enfoque es por qué se utiliza la categoría “dispersión”, cuando parecería más útil la utilización del concepto “reproducción”, sobre todo, al abordar el fenómeno migratorio como un problema sociológico y antropológico. Al respecto, es conveniente reiterar que dentro de una discusión sobre migración y desarrollo la dispersión representa movimientos poblacionales que responden a una difusión desequilibrada de estrategias de crecimiento. Al tener un carácter regional, esa difusión desequilibrada del desarrollo favorece que los migrantes enfrenten situaciones de precariedad similares a las provocadas por desequilibrios internos en sus sociedades de origen. Es precisamente ese carácter regional en la difusión heterogénea del desarrollo el que influye negativamente en la emergencia de obstáculos para la reproducción social de segmentos poblacionales involucrados en la migración.
La dispersión, entonces, se manifiesta cuando los migrantes acuden a la migración para sustituir accesos ineficientes a estructuras diversas y para disponer de activos, ambos necesarios para su reproducción social, aunque sin un resultado que cualitativamente cambie su situación de desventaja inicial. De acuerdo con lo anterior, la dispersión es un desplazamiento humano que ocurre entre distintos territorios, involucrando decisiones individuales y familiares que intentan solucionar la vulnerabilidad o la marginación constante o variable de segmentos poblacionales.
Como se desprende de la anterior definición, la migración es una “forma de interacción” (Gallo Rivera, Garrido Yserte y Vivar Águila, 2005) en los territorios, cuando se constituye en una alternativa a situaciones de vulnerabilidad. Una interacción que desarraiga, desarticula y orienta hacia otros contextos la deseable aglomeración poblacional inherente al desarrollo favorable de una nación. Por ello, la dispersión es una irradiación heterogénea y en distintas direcciones que incluso involucra la extrapolación de las funciones de la familia al plano transnacional. Es una movilidad en la que se validan formas diversas de organización de las poblaciones en los territorios. Es en ese sentido que la dispersión representa “desplazamientos y reasentamientos en función de cómo se ordena el territorio” (Hierro Franco, 2005).
La categoría “dispersión” también hace referencia a interdependencias entre estructuras socioeconómicas desiguales. Esto alude al proceso mediante el cual la migración permite abandonar condiciones endógenas desfavorables, para intentar acceder a otras estructuras internacionales y así satisfacer las expectativas de reproducción social. Al respecto, la reinserción precaria de los migrantes en contextos de tránsito y destino en el sur latinoamericano evidencia que la reiteración de situaciones de vulnerabilidad responde más bien a estrategias de desarrollo que no cambiaron la naturaleza desventajosa y heterogénea (Sassen, 2016). Una evidencia que, además, cuestiona la efectividad de la migración en ese contexto para eliminar los obstáculos de reproducción social en la sociedad de origen.
En el mismo sentido, el carácter regional de esos desequilibrios estructurales no sólo dificulta el acceso de los migrantes a diferentes estructuras, sino que también las poblaciones propias sufren situaciones similares. Esta contradicción da luz sobre por qué la gestión migratoria tiende a ser restrictiva en esos contextos. Las políticas migratorias bosquejan un principio de “protección nacional” que se regulariza por la misma causa. Los migrantes son percibidos como un flujo poblacional que incrementa en número los segmentos disfuncionales y marginados en los países a los que arriban. Por una parte, la migración reduce las presiones sobre mercados laborales en países de origen (Martínez-Pizarro, Maldonado Varela y Martínez, 2018) pero, por otra, aumenta las presiones sobre mercados laborales y hacia las políticas públicas en países de acogida.
A la sazón, es posible afirmar entonces que la DTV examina interacciones que abarcan tanto la comprensión que hacen los futuros migrantes de su contexto, como las características estructurales vigentes en diferentes escenarios socioeconómicos. En ese sentido, no se alude a una reproducción de ideas ni de prácticas culturales, tampoco a la reproducción por parte de los migrantes de modos de vida o valores en otros contextos. Más bien, se refiere a una reiteración interdependiente de circunstancias de vulnerabilidad, en las que una naturaleza desventajosa de desarrollo es común a distintos contextos, con la diferencia de que, en los contextos de origen, la marginación y la disfuncionalidad convierten la migración en una alternativa, mientras que, en contextos de tránsito y asentamiento, las situaciones de precariedad derivan de otros desequilibrios que terminan por originar condiciones similares a las experimentadas como causas de la migración.
La trascendencia epistemológica de la categoría vulnerabilidad es sustantiva porque permite describir las circunstancias que dan origen a la migración y consiente explicar las situaciones donde se reproducen condiciones similares durante el tránsito y el asentamiento. En cambio, el uso de la definición transnacional se circunscribe más bien a un simbolismo estricto a favor de describir las interdependencias entre varias naciones, aunque esto no niega el sentido práctico de la reproducción cultural de los migrantes en otros contextos.
La DTV sugiere analizar los desplazamientos y los reasentamientos transnacionales que se materializan durante la búsqueda de mejores “accesos en estructuras y mayor disposición de activos” (Esping-Andersen, 2008), para corroborar cambios cualitativos respecto al estado de gravedad de las experiencias sociales en las vidas de los migrantes. Estos cambios incluyen y no se circunscriben a aspectos como el daño sistémico a la estructura de relaciones; la debilidad de activos y la extenuación de accesos a estructuras de oportunidades; la pérdida de la capacidad para movilizar recursos y la erosión de la capacidad para mantener intercambio material y simbólico (González de la Rocha, 2006). Al respecto, una premisa importante y relacionada es: un mayor deterioro de tales aspectos condiciona la necesidad de articular procesos de reproducción social satisfactorios, aunque ajenos a círculos viciosos de marginación endógena e incluso transnacional.
Con este último planteamiento, la DTV permite evaluar la calidad y la fortaleza de los procesos de reinserción de los migrantes en otras estructuras, incorporando en el análisis otros riesgos, otras formas de exclusión y segmentación culturales y políticas que no son consideradas cuando se les da mayor relevancia a los ingresos y al trabajo como categorías que representan escenarios de movilidad social para los migrantes. Paralelamente, con este enfoque se cuestiona la capacidad de la movilidad para eliminar el rezago familiar e individual experimentado antes en sociedades de origen. De manera relacionada, con la misma perspectiva se examina el tránsito migratorio como un mecanismo que prolonga la búsqueda de mejores condiciones de reinserción, cuando se frustran las expectativas de cambio en la sociedad de arribo.
Para este enfoque, es sustantiva la tesis de que la continuidad del vínculo social desventajoso durante las etapas de tránsito y destino representa una sucesión de experiencias de vulnerabilidad que inicialmente estaban relacionadas con el desenvolvimiento endógeno de naciones emisoras de migrantes. Este es un análisis crítico que indirectamente cuestiona la mayor relevancia otorgada a las diferencias salariales y de mercados de trabajo, como únicos indicadores para connotar el éxito del proceso migratorio entre economías desiguales. Porque no se niega que son aspectos que tienden a condicionar la migración en esos contextos, aunque se asumen relevantes por la fortaleza de desequilibrios endógenos en sociedades de origen. Justamente, es la presencia ingénita de esos desequilibrios la que refuerza un carácter marginal para segmentos poblacionales. Esta es una peculiaridad que no cambia en otros escenarios de la región cuando se reproducen situaciones similares de exclusión.
El principal argumento teórico detrás de esta lógica es que la vulnerabilidad se manifiesta en el ámbito periférico por una latente disfuncionalidad de segmentos poblacionales al desarrollo (Sunkel, 1970, 1971; Nun, 2010). Esta disfuncionalidad se explica por la incapacidad por parte de la población para acceder a estructuras de oportunidades de forma equilibrada -en el origen y el destino de la migración incluso. Esa incapacidad refuta el dogma de la migración exitosa con reinserciones en mercados laborales y nuevos ingresos, cuando no se consideran la inestabilidad y la precariedad de tales accesos. En ausencia de una reinserción equilibrada, se manifiesta un fenómeno de DTV, que es transnacional cuando la experiencia social desventajosa se reproduce en escenarios internacionales de modo similar que en las sociedades de origen.
Estas son lógicas que estructuran el enfoque DTV y que son útiles para analizar la migración haitiana reciente hacia América Latina. Son alcances interpretativos viables a partir de la utilidad de los ejes de análisis que propone esta perspectiva para comprender la migración: 1) grado de disfuncionalidad; 2) tipos de exclusión; 3) intensidad de la exclusión; 4) fortaleza o debilidad de activos; 5) consecuencias de la situación de vulnerabilidad en la vida de los migrantes.
Con esos ejes de análisis se busca reconocer -teóricamente- las distintas desigualdades socio-espaciales que se reproducen sistemáticamente durante el ciclo migratorio. La reiteración de esas desigualdades en países más desarrollados, o con menos desequilibrios estructurales, representa una expresión diferente, aunque similar cuando se examina la incapacidad de asimilación de esos flujos por la segmentación de mercados laborales, por el predominio de estigmas culturales o por la ineficacia de políticas orientadas a favorecer la reinserción socioeconómica y política de los migrantes.
En este artículo, y a partir de particularidades descritas en estudios empíricos sobre la migración haitiana, se han seleccionado ejes analíticos que permiten profundizar en el tipo de vulnerabilidad que se reproduce en ese ciclo migratorio. En particular, se hace énfasis en el estigma cultural que se sostiene con experiencias de discriminación por nacionalidad y aspectos raciales, lo que entorpece el acceso a estructuras laborales, educativas y de cuidado de haitianos y haitianas en otras latitudes. Además, se ampara en la gestión de un fenómeno de movilidad transnacional desde lógicas nacionales, lo que resulta en una inefectividad de las políticas públicas de los distintos destinos para cambiar la situación de vulnerabilidad de esos migrantes.
El caso de la migración haitiana
La migración haitiana es un flujo que evidencia la dispersión de la vulnerabilidad desde una sociedad de origen con profundos desequilibrios económicos, políticos y ambientales, hacia desiguales destinos en el sur latinoamericano. En esos destinos, la migración haitiana encuentra obstáculos latentes que dificultan la reinserción socioeconómica y la reproducción social. La supervivencia de esos obstáculos en destinos del sur periférico se debe a condiciones estructurales heterogéneas, conservadas por políticas económicas de exiguo efecto en procesos de transformación socioeconómica, situación que, junto a estigmas culturales sobre esta migración, no ha favorecido la reinserción de esos migrantes de manera equilibrada en el ámbito de la migración sur-sur.
Al frustrarse en varios destinos la expectativa de reinserción socioeconómica, predominan un desarraigo y una incertidumbre que son experimentados por haitianos y haitianas, que al mismo tiempo influyen en un extenso tránsito hacia Estados Unidos. Tal movilidad ocurre desde el sur latinoamericano, con asentamientos circunstanciales en toda la región y en especial en México, por el recrudecimiento de la política migratoria restrictiva en Estados Unidos. A pesar de que la presencia haitiana en países latinoamericanos se produce como resultado de acuerdos humanitarios a raíz del terremoto de 2010, no fructificaron en esos destinos políticas migratorias y de atención para constituir accesos equilibrados a estructuras de educación y de salud, así como laborales, que proporcionaran ingresos suficientes.
Una cuestión que no ha de perderse de vista respecto a esta DTV es que en muchos estudios se explica esta migración como un desplazamiento forzado por catástrofes naturales en la historia reciente del país, como el terremoto de 2010 y los ciclones (Burbano, 2017; Coello Cerino, 2019). No obstante, en esos estudios se omite que la disfuncionalidad que evidencia esa población también se debe a una complejísima historia política, con dictaduras vigentes en distintas etapas, golpes de Estado, violaciones a derechos humanos e invasiones militares de Estados Unidos (Bilbao, 2009; Sánchez-Hernández, 2010, Nieto, 2014; Coulange Méroné y Torre Cantalapiedra, 2020). Además, esos migrantes son vulnerables por desequilibrios económicos que obstaculizan transformaciones sociales necesarias para eliminar la pobreza y la desigualdad.2 Es decir, en la historia moderna de esa nación existe una confluencia de factores ambientales, políticos y socioeconómicos que agravan la circunstancia de vulnerabilidad que sufren segmentos poblacionales. En especial, desde la inestabilidad de las políticas públicas no se promovieron accesos equitativos a estructuras de oportunidades o una inserción socioeconómica equilibrada de segmentos poblacionales cada vez más amplios, a partir del crecimiento demográfico que se registró. La relativa fragilidad de las inversiones en sectores como el agrícola -con bajos niveles de productividad por la desertificación y la erosión de los suelos- y en el desarrollo industrial (Nieto, 2014) favorecieron el crecimiento de esos desequilibrios.
Como consecuencia de esos factores, la manifestación endógena de vulnerabilidad simbolizó una latente disfuncionalidad de segmentos poblacionales respecto al desarrollo, una disfuncionalidad que se reiteró en otros destinos por la precarización del acceso laboral de esos migrantes como consecuencia de una “racialización” (Ferrer, 2003). Esta es una tipología de exclusión presente desde las primeras etapas de la migración haitiana (Ibid.). Un estigma cultural que también ha influido en el diseño de políticas de freno a esa migración en distintos países, en la precarización educativa y en la ausencia de iniciativas que facilitasen los procesos de reinserción de aquellos en distintas estructuras (Petersson, 2011; Ceja Cárdenas, 2014; Nieto, 2014; Burbano, 2017; Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez Rencoret, 2016, 2017; Coulange Méroné, 2018; Martínez Martínez y Dutra, 2018; Moreno Mena, 2019; Coulange Méroné y Torre Cantalapiedra, 2020; Louidor, 2020; Stang Alva, Edwards y Andrade Moreno, 2020; Alarcón Acosta y Ortiz Esquivel, 2021). Así, en la última década se conformó un panorama de vulnerabilidad de esa migración en otros destinos, por la frustración de las expectativas de “migrantes con fragilidad de recursos” frente a una realidad de desamparo equiparable a la que enfrentaban en sus sociedades de origen (García Grigorieff Nüske y Medeiros Kother Macedo, 2019).
En la conformación de ese panorama, los desequilibrios endógenos en los destinos influyeron notablemente, sobre todo al ser limitadas allí las oportunidades de movilidad social para muchos sectores de la población no inmigrante y autóctona. A modo de ejemplo, Juan Carlos Rodríguez Torrent y Nicolás Gissi Barbieri (2020) explican que en Chile las desigualdades endógenas y la precarización de la vida de muchos chilenos que viven en barrios desprovistos de todo servicio influyen en el alcance de políticas de atención a los migrantes haitianos a través de una “racialización de la frustración”. Esta situación condena a la migración haitiana a labores de baja remuneración, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), sin considerar sus experiencias o formación educativa (OIM, 2017).
Para Mauricio Burbano (2017), el desamparo que enfrentaron los migrantes haitianos en Ecuador se materializa en un acceso educativo deficiente o con manifestaciones de acoso en las escuelas. También, a través de un acceso precario a la salud, a pesar de que la Constitución de 2008 estableció un acceso universal. Estas son experiencias de vulnerabilidad que subyacen a una discriminación no sólo por motivos étnicos, sino por el idioma. Contrariamente, son las iniciativas de la sociedad civil de ese país las que han potenciado un acceso paulatino a la educación de los haitianos (Ibid.), un escenario donde se fortalece la tesis de que el acceso a estructuras de cuidado, educativas y de salud está delimitado por la incapacidad que manifiestan las políticas internas para atender esa diferencia y reducir los prejuicios sobre esta migración. Desde esas experiencias de vulnerabilidad, según Andrés López Rivera y Jana Wessel (2017), el tránsito en Ecuador se prolonga indefinidamente, toda vez que la condición de irregularidad impide cambios sustantivos en la reinserción social, legal y económica.
Como características que reproducen una situación de vulnerabilidad de esta migración y que se reiteran en distintos países del sur pueden mencionarse: un acceso ineficiente a estructuras educativas; un acceso desequilibrado y precario a los mercados de trabajo; la fragilidad asociativa y la institucionalización de la regulación migratoria restrictiva. En conjunto, estos aspectos simbolizan un escenario regional donde esa migración encuentra dificultades para su reinserción.
De la exclusión laboral, educativa y de género a la asociación y la articulación de redes
Aunque en la Declaración de Brasil, de diciembre de 2014, se acordó fortalecer un Marco de Cooperación y Solidaridad Regional para la Protección Internacional de las Personas Refugiadas, Desplazadas y Apátridas en América Latina y el Caribe,3 en los últimos años la migración haitiana ha sufrido diversas experiencias de desventaja en la región. Entre las más significativas, que refuerzan una condición de vulnerabilidad transnacional, está el déficit de accesos a estructuras laborales y educativas a lo largo de todo el tránsito migratorio y en asentamientos provisionales.
Analizando el caso de Ecuador, Burbano (2017) expone algunas de las realidades que experimentan los migrantes haitianos, quienes, según el autor, llegan a ese país con la expectativa real de encontrar oportunidades laborales y educativas. Esta aspiración luego es disipada por las dificultades que enfrentan para una regularización de la condición de estancia y por el contexto de discriminación y xenofobia (Madriaga Parra, 2019; Campos-Bustos, 2022). Estos aspectos obstaculizan el acceso a puestos de trabajo no precarios, formales, con protección legal y laboral; además, imposibilitan que ejerzan o continúen su preparación educativa o poner en práctica su capital cultural (Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez Rencoret, 2017).
En Chile, aunque los empleos no han sido del todo precarios, en la mayoría de los casos los ingresos rondan el salario mínimo (Rodríguez Torrent y Gissi Barbieri, 2020) y se concentran en el área de los servicios, en la construcción o en el aseo doméstico. Al tener, según Silvia Soto Alvarado, Fernando Gil Alonso e Isabel Pujadas Rúbies (2019), un nivel educacional más bajo que el resto de las poblaciones migrantes en Chile, los migrantes haitianos se ubican en una condición desfavorable que se traduce en un bajo nivel de desarrollo de competencias, menores ingresos y mayor pobreza. Sobre este mismo destino, Alejandro Canales Cerón (2019) expresa que existe una distinción que clasifica a migraciones desde países de menos desarrollo como Haití como “inmigrantes”, para denominar de forma diferenciada, como “extranjeros”, a aquellos migrantes que provienen de países más desarrollados. Es una construcción social sobre las migraciones que sustenta una racialización de la desigualdad y de clase, según Canales Cerón, y que también es observable en la educación primaria, de acuerdo con Iskra Pavez Soto et al. (2019). En apariencia, esta racialización es soslayada por discursos acríticos de inclusión, que desconocen las malas remuneraciones, la descalificación y la explotación laboral, lo que convierte el potencial asentamiento en Chile en provisorio y temporal (Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez Rencoret, 2016).
Al respecto, Isabel Bustamante Cifuentes (2017) expone que los proyectos de los haitianos en Chile sufren variaciones y son de difícil concreción. Para muchas mujeres haitianas, la realidad que viven en su país de origen termina replicándose allí, dado que no pueden brindar estabilidad económica a sus familias. Las razones de esta circunstancia se explican porque sus accesos precarios al mercado laboral están mayormente delimitados por escasas oportunidades, que son facilitadas por familiares y amigos. Al mismo tiempo, estas oportunidades se materializan en ocupaciones amparadas en un vínculo contractual sin validez formal, relacionadas con el aseo y el cuidado, o en favor de la autogestión del empleo en actividades informales, por cuenta propia o como comerciantes. Las desigualdades que enfrentan las haitianas, según la misma autora, son matizadas por relaciones de racismo y discriminación.
En relación con esto último, cuando se esperaría una mayor participación económica de la mujer migrante en los destinos, por lo que Fernando Ariel Manzano (2010) denomina disminución de la brecha de género en migraciones en América Latina, lo que ocurre es una sobrerrepresentación del empleo de la migrante haitiana en el sector doméstico, como un resultado de la discriminación asentada en la clase, el origen y la nacionalidad (Handerson y Joseph, 2015).
Ante todos esos obstáculos que enfrentan los y las migrantes de Haití, para la reproducción social y para acceder a estructuras y disponer de activos en los distintos destinos, se han elaborado estrategias propias de organización y activación de redes. Mayormente en países donde se manifiestan asentamientos crecientes, esas redes han posibilitado la interlocución política, evadir riesgos durante el tránsito y facilitar la reinserción en estructuras laborales.
A diferencia de Perú, que es un país de tránsito donde se constata una debilidad asociativa (Berganza Setién, 2017), en Ecuador se desarrolló un asociacionismo de migrantes haitianos, en principio bajo el amparo de instituciones religiosas (Burbano, 2017). Desde una inicial informalidad, surgieron posteriormente organizaciones como la Asociación de Haitianos Residentes y Refugiados del Ecuador y la Comunidad Haitiana del Ecuador, que han servido para facilitar la introducción de los haitianos a la sociedad ecuatoriana y fortalecer sus lazos, así como para la enseñanza del español y la preservación de las costumbres.
El mayor asociacionismo de los migrantes haitianos se observa en Chile, con estrategias que van desde su presencia en redes (Avilez, 2020) y facilitar el ingreso de haitianos a universidades chilenas (Dorsainvil, 2019), hasta enfrentar las políticas migratorias restrictivas con un enfoque de derechos. Con la creación de la Plataforma de Organizaciones Haitianas en Chile, se logró una mayor representación de los derechos de los haitianos en la misma nación.
Las redes para los haitianos son importantes como estructuras de sobrevivencia frente a los riesgos en el vasto espacio transnacional (Nieto, 2014). Son una construcción de campos sociales donde se transmite información (Cogo, 2014) para articular los espacios urbanos, sociales y laborales transnacionales (Edwards y Greene, 2022). Al mismo tiempo, esas redes constituyen activos disponibles basados en relaciones familiares e interpersonales (Romero Bermúdez, 2017), en relaciones de confianza, de reciprocidad y solidaridad. Un aspecto singular es que esas redes son tejidas desde Puerto Príncipe (Nieto, 2014) y se sostienen a través de medios de comunicación y aplicaciones telefónicas (Castro Cabalceta, 2019). Algunas de esas redes son financiadas por migrantes en destinos como Estados Unidos y Canadá,4 y se adaptan a coyunturas migratorias como las Caravanas Migrantes en México (Torre Cantalapiedra y Mariscal Nava, 2020).
La gestión migratoria y el carácter regional de la DTV en la migración haitiana
El carácter regional de la DTV, manifiesto en la migración haitiana hacia el sur, se revela a través de una gestión migratoria basada en lógicas de soberanía nacional. Tal gestión migratoria restringió los accesos humanitarios ofrecidos a ese flujo, soslayando el carácter vulnerable de esos migrantes, que estaba determinado por distintos factores endógenos. Al constituirse como un obstáculo, esa gestión migratoria reprodujo internacionalmente condiciones análogas a las experimentadas por los migrantes en su origen. Se fortalecía de ese modo el carácter contingente de la migración, al frustrarse la naturaleza evasiva que los migrantes le otorgaban, al percibirla como una estrategia frente a la situación de vulnerabilidad que experimentaban en su sociedad de origen. Las medidas restrictivas, asistidas por principios de soberanía nacional, constriñeron las posibilidades de esa migración para acceder a estructuras de oportunidades. Se coadyuvó así a la reiteración de la disfuncionalidad de esas personas migrantes en el ámbito de la migración sur-sur.
Una consecuencia visible de esa frustración es la sobrerrepresentación que tiene el tránsito irregular e indocumentado en ese flujo (Nieto, 2014). Como se mencionó antes, ese tránsito ha sido una respuesta al rechazo cultural visible en varios países y a los estigmas prevalecientes, como aspectos que han dificultado la reinserción en mercados laborales y la posibilidad de obtener mejores ingresos. Este tránsito se produce mayormente a través de países como Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y las naciones de Centroamérica, así como México. Y es un tránsito que ha sido facilitado por redes de apoyo y financiamientos que la misma migración ha generado como respuesta a los obstáculos que enfrenta. Sobre esto último, Rosa María Garbey Burey (2017) expone que existen “facilitadores tecnológicos y humanos”. Los primeros, relacionados con el uso de la telefonía móvil y aplicaciones de comunicación y geolocalización que permiten diseñar una ruta más directa y el apoyo emocional. Los segundos, materializados en el vínculo con la migración cubana en tránsito e instituciones religiosas para el uso o integración de sus redes y estrategias.
No obstante, una idea sustantiva al respecto es que la política migratoria regional ha influido en el crecimiento de una condición de vulnerabilidad, lo que evidencia una interrelación de sociedades distintas. Esto es, una condición de vulnerabilidad anterior por desequilibrios endógenos que no favorecían el acceso a estructuras educativas y de salud o mejores ingresos, para posteriormente ser vulnerables por ser marginados por políticas migratorias restrictivas que, en efecto, tampoco favorecen un acceso equilibrado a estructuras o la disposición de activos como resultado de la defensa de intereses nacionales.
Las políticas migratorias restrictivas en la región intentaron proteger, bajo una lógica nacional, a sus economías y sociedades de un flujo humano que podría incidir en los propios desequilibrios internos. Tal protección pone en entredicho la interpretación sobre este flujo que hace énfasis en las diferencias entre mercados laborales, mayormente cuando haitianos y haitianas subsistieron con ingresos y accesos deficientes en la mayoría de los casos.
De acuerdo con Schwarz Coulange Méroné (2018), este tipo de políticas restrictivas hacia la migración haitiana se observa nítidamente en República Dominicana, donde se les negó la nacionalidad a los hijos de haitianos mediante la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13. Con esta sentencia se buscó proteger la identidad nacional allí, al limitar con carácter retroactivo el derecho a nacionalidad de haitianos (Burbano, 2017; Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez Rencoret, 2017; Louidor, 2020). Con tal medida se confinó la posible integración de esos migrantes en diferentes espacios sociales y se influyó en la reorientación de los flujos haitianos hacia otros contextos, al “cambiar las expectativas de esa migración” (Moreno Mena, 2019) hacia la búsqueda de un asentamiento exitoso en países latinoamericanos del sur.
En República Dominicana se manifiesta una migración entre países del sur, cuyas economías están integradas desigualmente a pesar de compartir un mismo espacio geográfico. La historia de desequilibrios agudos en Haití favoreció una migración que buscó reinsertarse en una economía heterogénea y con sus propios desequilibrios, aspecto este último relevante para comprender que el flujo no puede explicarse exclusivamente por diferencias entre una “economía pobre” y otra en “crecimiento”, como lo plantea Milagros Nanita-Kenneth (2021), sino más bien por las integraciones que permiten los desequilibrios en ambas partes, donde la mano de obra barata y poco calificada haitiana ha favorecido el crecimiento en sectores productivos tradicionales en República Dominicana. Al respecto, Paul Latortue (1985) explica que la migración haitiana a República Dominicana se caracterizó históricamente por contratos desfavorables por la “condición de ilegalidad”, lo que influía en ingresos bajos percibidos por hombres (en su mayoría) que intentaban emplearse en la industria azucarera. También Patricia Noemí Vargas Becerra e Israel Montiel Armas (2010) explican que la migración haitiana ha mostrado históricamente tasas de participación económica superiores al promedio nacional en República Dominicana, siendo un grupo social altamente vulnerable, mayormente masculino, con bajos niveles de escolaridad, que enfrenta mayor precariedad laboral al insertarse en ocupaciones de menor calificación, como actividades agrícolas y de construcción. En el caso de las migrantes, trabajan en actividades terciarias, en especial en el comercio y el servicio doméstico (Landry, 2013).
La lógica restrictiva en las políticas migratorias dirigidas a los haitianos en República Dominicana intentó evitar la ampliación de los propios desequilibrios, con la exclusión de personas que desafortunadamente subsistían bajo condiciones precariedad y que no podían ser incorporadas de manera eficiente en la economía del país receptor. No obstante, esta aparente “protección” frente a la ampliación de los desequilibrios socioeconómicos ha tenido efectos negativos para los derechos de migrantes y sus hijos. Una afectación donde la ascendencia haitiana ha sido condición suficiente para privar de derechos a descendientes nacidos en el otro lado de la isla (Coulange Méroné y Torre Cantalapiedra, 2020).
La posibilidad de deportación establecida en ese país caribeño extendió a varias generaciones de dominico-haitianos la condición de vulnerabilidad -260 000 inmigrantes indocumentados, según Rafael Alarcón Acosta y Cecilia Ortiz Esquivel (2021) -, medida que se unía a la consuetudinaria precariedad laboral y a la falta de representación política, de acceso a estructuras educativas y de salud. La condición “irregular” se utilizó como un mecanismo de contención que amplió la vulnerabilidad de esos migrantes. No sólo por la evidente discriminación (Petersson, 2011) que tuvo lugar entonces, sino también porque aquellos obligados a regresar a Haití sin haber nacido o vivido allí encontrarían dificultades para su reinserción al retornar, a partir de las diferencias culturales y de idioma (Coulange Méroné y Torre Cantalapiedra, 2020).
Las consecuencias sociales de la clasificación de “irregularidad” e “ilegalidad” que produjo la promulgación de esa medida en República Dominicana son similares al resultado de otras políticas nacionales dirigidas a esa migración. La clasificación de “irregular” legitimada en políticas migratorias restrictivas en diferentes naciones conformó una lógica de selectividad y exclusión que se trasladó al ámbito fronterizo y que evidenció lo que Luz Maricela Coello Cerino (2019) denomina como desencuentros entre una gobernabilidad de “lógica nacional” y el hecho de que la migración es un problema que trasciende fronteras.
En el caso de Brasil, esto último favoreció un tratamiento ambivalente, que se expresó en una primera etapa, con el crecimiento de la migración de haitianos a esa nación en 2011, sin que la legislación del país permitiese considerarlos refugiados y sin la utilización del recurso de deportación por el carácter humanitario. No obstante, en una etapa posterior se amplió el uso de la clasificación de irregular y creció la restricción de la movilidad, lo que provocó la existencia de migrantes varados en la frontera. Esta situación causó que en 2012 se instaurara la posibilidad de obtención de visado en Puerto Príncipe y, posteriormente, en 2013, la misma alternativa en distintos países (Louidor, 2020). Ello respondía a que en Brasil creció la migración laboral de haitianos en la misma década con una sobrerrepresentación masculina (Rojas Pedemonte, Amode y Vázquez Rencoret, 2017; Aires Magalhães, Machado Bogus y Baeninger, 2018), que alcanzó 5.5% de la cantidad total de extranjeros (OIM, 2017), muchos de ellos en condición irregular. También la migración a Chile y otros destinos aumentó en el mismo lapso.
No obstante, al abrirse la posibilidad de asentamiento legal en Brasil en 2012, se incrementó el tránsito a través de otros destinos como Ecuador y Perú, donde las políticas también fueron restrictivas, según Isabel Berganza Setién (2017). En respuesta, esos Estados-nación incrementaron los requisitos para la solicitud de internación; entre ellos, cartas de invitación y pruebas de solvencia económica (Louidor, 2020).
En el caso de Ecuador, según Burbano (2017), aunque se establecieron políticas para la gestión de la migración haitiana, como el decreto ejecutivo 248 del 9 de febrero de 2010 que posibilitaba la regularización de los migrantes que habían ingresado al país hasta el 31 de enero de 2010, en la práctica la misma medida “humanitaria” restringió la entrada de miles de migrantes que arribaron después, entre 2010 y 2015. En este último año se registraron 14 658 entradas de nacionales haitianos en ese territorio (Burbano, 2017: 19). Ecuador quedó como un país de tránsito hacia Brasil en esa época; allí, la embajada del gigante del sur concedió 8 030 visas de residencia (65% a hombres y 35% a mujeres) (Burbano, 2017).
En el mismo sentido, en el caso de Chile, según Nicolás Rojas Pedemonte, Nassila Amode y Jorge Vázquez Rencoret (2017), desde 2012 y por el incremento notable de la migración haitiana, se estableció una institucionalidad migratoria informal, sin aprobarse oficialmente, mediante la cual se exigía una carta de invitación y 1 000 dólares para ingresar al país. Esta medida facilitó el rechazo de 50% de migrantes haitianos en el mismo año. Con ello se evidenciaba una gobernabilidad que, según Fernanda Stang Alva, Antonia Lara Edwards y Marcos Andrade Moreno (2020), reflejaba el vínculo contradictorio entre el argumento humanitario5 y de derechos humanos con el efecto restrictivo e indirectamente expulsor en ese país. Esta barrera administrativa ha influido en el desplazamiento del control fronterizo hasta el país de origen, dejando espacio para la deportación indirecta con un “Plan Retorno”, frente al cual, la Plataforma de Organizaciones Haitianas en Chile manifestó su desacuerdo por considerarlo deportación encubierta, forzada y no voluntaria de haitianos (Lepe Maldonado, 2018). Las peculiaridades de esa gobernabilidad en Chile, de acuerdo con Stang Alva, Lara Edwards y Andrade Moreno (2020), coinciden con la regionalización de políticas migratorias restrictivas respecto a este caso.
Del mismo modo, en Argentina, según Carina Trabalón (2019), el visado para haitianos también es una práctica de restricción fronteriza, que opera como un mecanismo de regulación. En esa práctica, y según la misma autora, la figura del “falso turista” es una categoría institucional que se basa en una construcción social previa, donde la sospecha permeada de criterios raciales y étnicos permite un control de la misma migración frente al orden nacional. Esto constituye, para Eduardo Domenech (2020), una política de hostilidad que refuerza la lógica de clasificar a los migrantes haitianos en “deseables” y “no deseables”, frente a una retórica humanitaria. Ello, en un contexto donde la opinión pública interpreta la migración como problema y donde se ve a los migrantes como “usuarios ilegítimos de los servicios proporcionados por el Estado” (Trabalón, 2021).
Como se mencionó antes, la presencia de esta gestión migratoria restrictiva influyó en la prolongación del tránsito indocumentado e irregular. Esto simbolizó asentamientos circunstanciales y temporales con el predominio de un sentimiento de desarraigo en esa migración. El carácter efímero de esos asentamientos dificultó estrategias reales de adaptación de los grupos de migrantes hacia las realidades socioeconómicas. En su afán de llegar a Estados Unidos, donde se corrobora una comunidad haitiana (Bidegain, 2020), la breve temporalidad de los asentamientos consiente un reforzamiento de la precariedad no sólo por la irregularidad de ese tránsito, sino por el estigma de ilegalidad. Ese estigma enraíza un desamparo jurídico e institucional, no obstante diversos esfuerzos administrativos y de la sociedad civil, como los permisos temporales para el tránsito (Alarcón Acosta y Ortiz Esquivel, 2017) y el otorgamiento de la condición de refugiados a una parte de esa migración.
En el caso de México, la atención a la migración haitiana es un esfuerzo que parece superado por el gran número de migrantes de diversas nacionalidades que han arribado recientemente con la intención de llegar a Estados Unidos. En este caso en particular, se manifiesta una situación también inusual que profundiza la condición vulnerable de migrantes haitianos. Esto es, el fortalecimiento de las políticas migratorias restrictivas en Estados Unidos y en México desde 2015, que ha forzado el surgimiento de asentamientos de haitianos en distintos lugares de las fronteras norte y sur, a la espera de la aplicación para la admisión en el principal destino.
En cuanto a la reproducción de la vulnerabilidad en México, según Eduardo Torre Cantalapiedra (2019), a la incertidumbre de acceder a trabajo, educación y estructuras de salud por el “carácter temporal” de documentos migratorios emitidos en México (Montoya Ortiz y Sandoval Forero, 2019), se suma una representación social del migrante que lo retrata como una amenaza contra los “pobres nacionales”. Esta interpretación descontextualiza la categoría de refugiado para situarlo como alguien dependiente del Estado; una representación social que, de acuerdo con Torre Cantalapiedra (2019), se nutre del racismo, del clasismo y del nacionalismo.
Se conforma así un escenario de vulnerabilidad -con humanísimas excepciones por la ayuda brindada por personas y organizaciones de la sociedad civil- que, según Torre Cantalapiedra (2019), plantea francas desventajas sociales y la existencia de riesgos para este grupo de migrantes. Todo ello, frente a un déficit cognoscitivo sobre cuáles son sus expectativas de integración como comunidad en el país, al no poder cruzar a Estados Unidos y después de un largo tránsito con experiencias y vivencias de riesgo e incertidumbre (Moreno Mena, 2019). Estos son aspectos que inciden en la prevalencia de episodios de depresión y otros factores de salud asociados al estrés en la población migrante de origen haitiano en Tijuana, cuyas causas más comunes fueron mala calidad de vida y desempleo (De Alba Cruz, 2018).
Conclusiones
La migración haitiana se origina por desequilibrios económicos y políticos de larga data y actuales, inherentes a una naturaleza de desarrollo periférica, en la que parte de la población es disfuncional cuando es incapaz de acceder a estructuras y disponer de activos para alcanzar logros diversos de movilidad social. En este escenario de pobreza, vulnerabilidad, corrupción y desequilibrios políticos, la migración adquiere un rol compensatorio que fracasa en un escenario regional donde se reiteran la exclusión y el rechazo para la misma migración.
Esto significa una Dispersión Transnacional de la Vulnerabilidad en la migración que se dirige al Sur, porque la expectativa de superar desequilibrios endógenos en Haití encuentra otros desequilibrios, propios de distintos Estados-nación, en los que el carácter disfuncional se reitera y se agrava por la prevalencia del rechazo y la discriminación hacia esa migración como tipologías de exclusión vigentes.
Ese carácter regional de la exclusión reorienta parte de la migración haitiana hacia Estados Unidos. Mayormente, porque la gobernabilidad de esa migración reitera ejercicios de soberanía basados en estigmas culturales, y con el uso de la categoría irregular para contener el arribo de esos migrantes. Con ello, el acceso laboral y a estructuras de oportunidades, más los necesarios intercambios materiales y simbólicos que se requieren para la adaptación de esos migrantes a otras sociedades, quedan delimitados. Estos aspectos influyen en la prolongación del tránsito.
La migración haitiana se desenvuelve en un círculo vicioso, donde los desplazamientos y los reasentamientos transnacionales se reiteran en la búsqueda de mejores accesos a estructuras y activos. También, por la necesidad insatisfecha de articular procesos de reproducción social satisfactorios, ajenos a los distintos riesgos, a las formas de exclusión, a esquemas de segmentación cultural y procesos de marginación que sufrían en Haití.
La estrategia de movilidad como desafío para superar el rezago familiar e individual y la articulación de redes como activos para lograr sus propósitos son ejemplos de la adaptabilidad que manifiesta este flujo humano. En cuanto al correlato de la DTV, queda pendiente, para una discusión sobre migración y desarrollo, la representación que esos migrantes tienen sobre las consecuencias de la prolongada situación de vulnerabilidad en sus vidas.
