Introducción

La pandemia por COVID-19 puso en evidencia la imperiosa necesidad universal de conectividad a Internet para garantizar los derechos fundamentales (^{Baladrón et al., 2021}; ^{Bizberge & Segura, 2020}). En ese contexto, las redes comunitarias de Internet (en adelante, RCI) cobraron mayor relevancia como opción. El despliegue de estas redes supone la organización local y la cooperación entre grupos de activistas digitales y territoriales para producir conocimiento no solo tecnológico, sino también político.

Este artículo se basa en resultados de investigación sobre una RCI en una comunidad rural en Las Calles, Traslasierra, Córdoba, Argentina, que se inició en noviembre de 2019 y se usa para comunicación, información, educación, trabajo, recreación y mejora de la productividad (^{Prato et al., 2020}). Esta red tiene características particulares: 1) fue cien por ciento desplegada con LibreRouters, tecnología de conectividad libre desarrollada de manera colaborativa e internacional por y para RCIs; 2) la mayor parte de su extensión se realizó durante el avance del coronavirus en este país, desde marzo de 2020, y continúa al momento de cierre de este artículo; 3) el despliegue inicial se realizó durante un Semillero, metodología de educación-acción en territorio, presencial, colectiva y experiencial, también desarrollada por colectivos de RCI; y 4) resultó “exitosa” en términos de los objetivos planteados por las organizaciones participantes de colaborar en la producción de conocimiento para desplegar una red comunitaria de Internet.

La mayoría de los estudios sobre redes comunitarias de Internet abordaron aspectos como: relevamientos de experiencias de uno o varios países (^{Baca et al., 2018}); sus estrategias de incidencia política (^{Baladrón, 2018}); la comunidad que las desarrolla, ya sea como objeto de intervención (^{Butler et al., 2013}) o como sujetos de esa construcción (^{Chamorro & Pietrosemoli, 2008}; ^{Taborda Ángel, 2017}). También se registran producciones que analizan la relación entre las RCI, las organizaciones comunitarias y las condiciones de vida de las comunidades (^{Galperin & Girard, 2011}) y los modos de apropiación de las tecnologías (^{Baladrón, 2020}).

Este análisis se hace desde un enfoque teórico-metodológico que comprende y explica las prácticas de los sujetos en relación con su posición de poder en determinado sistema de relaciones y en ciertas condiciones. Se considerará a la conectividad como un derecho humano (^{Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2012}); a las organizaciones de la sociedad civil como complejas y heterogéneas y que mantienen relaciones de autonomía relativa con el Estado y el mercado (^{Sorj, 2010}); y a la producción colaborativa de conocimiento y tecnología entre estos colectivos como cocreación para resolver sus necesidades.

Desde esta perspectiva, se plantea el siguiente problema: ¿cuáles son las estrategias de colaboración entre organizaciones de activistas digitales y organizaciones territoriales para producir conocimiento de manera colectiva con el fin de promover redes comunitarias de Internet, quiénes y en qué condiciones lo hacen?

Dado el interrogante central planteado, en el artículo se identifican las sucesivas prácticas de cooperación llevadas adelante durante el proceso, los acuerdos colectivos alcanzados, las características y recursos de las organizaciones que les permitieron llegar a esos consensos y trabajos conjuntos, y las condiciones que lo hicieron necesario y posible. Esto es así debido al énfasis puesto en identificar lo que hizo posible la producción colaborativa de conocimiento. No obstante, se reconoce que las articulaciones entre organizaciones para desplegar redes comunitarias de Internet no están exentas de conflictos, tensiones, disputas y relaciones de poder desigual, como se analiza y demuestra en trabajos anteriores (^{Prato et al., 2020}).

Se argumenta que, entre las estrategias de producción colaborativa de conocimiento para promover redes comunitarias de Internet, destacan las tendientes al desarrollo tecnológico autónomo, las de pedagogía popular para la apropiación de tecnologías y las de articulación e incidencia política tendientes al fortalecimiento de las RCIs. Estas prácticas de cooperación son desarrolladas por organizaciones internacionales y nacionales de activistas digitales y organizaciones territoriales locales. Estos colectivos poseen trayectorias, recursos y competencias organizativas y técnicas desiguales y complementarias que son condición necesaria para la cooperación desarrollada. Además, estas estrategias colaborativas constituyen una respuesta posible dadas las condiciones legales, económicas y técnicas en que se desarrollan.

En la primera parte del artículo se presenta la perspectiva teórico-metodológica. Luego, se analizan las estrategias de producción colaborativa de conocimiento en las etapas de preparación, de Semillero y despliegue, y de ajustes, mantenimiento, expansión y uso de la red; en tercer lugar, se construye a las organizaciones participantes en tanto sujetos sociales colectivos; y en cuarto lugar, se estudian las condiciones que hicieron posibles esas prácticas. Finalmente, se ofrecen conclusiones.

Enfoque teórico-metodológico

El acceso a Internet es un derecho humano y condición necesaria para la demanda, ejercicio y ampliación de otros derechos sociales, políticos y culturales, así lo reconocen los organismos del sistema internacional de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas (^{ONU, 2012}) impulsa:

La promoción, la protección y el disfrute de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión, en Internet y en otras tecnologías, así como la forma en que Internet puede ser un importante instrumento para el desarrollo y para el ejercicio de los derechos humanos (p. 2).

Sin embargo, esta definición reciente fue resultado de una disputa. La ONU había lanzado el debate sobre el derecho de acceso a Internet al convocar, 20 años después del Informe MacBride, a la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (WSIS, por sus siglas en inglés) realizada en Ginebra en 2003 y en Túnez en 2005. Las conclusiones de la WSIS adoptaron una perspectiva neodifusionista que proponía la transferencia de conocimientos, información, infraestructura y tecnologías desde los países más ricos a los más pobres, y desde los sectores altos y medios hacia los bajos. En esas instancias, fue la sociedad civil organizada a nivel internacional la que adoptó las banderas del derecho a la comunicación y la democratización de las comunicaciones que había sido impulsada por el Movimiento de Países No Alineados en la década de 1970. Con este fin, promovió la Campaña por el Derecho a la Comunicación (CRIS, por sus siglas en inglés) y realizó sendos foros en las dos fases de la Cumbre Mundial. Reivindicó que la sociedad de la información tuviera como eje central al ser humano y como prioridad sus derechos y necesidades fundamentales; que las tecnologías fueran medios para el desarrollo humano y no fines en sí mismos; y que la brecha digital fuera entendida como expresión y resultado de las demás brechas sociales (^{Calabrese, 2004}; ^{Mastrini & De Charras, 2005}).

El derecho de acceso a Internet es uno de los derechos digitales. Estos son los de acceder, usar, crear y publicar por medios digitales, así como acceder y utilizar dispositivos electrónicos y redes de telecomunicaciones (^{Organización de Estados Americanos [OEA], 2011}, ²⁰¹⁹) e implican la protección y realización de derechos existentes en el contexto de las tecnologías digitales y de conectividad. Al aplicarse a nuevas tecnologías, enfrentan nuevos desafíos que obligan a redefiniciones, precisiones y ampliaciones de estos derechos.

El activismo por los derechos digitales promueve el acceso y la gestión más igualitarios de la tecnología y de los datos, impulsa nuevas formas de producción de información y conocimiento, y cuestiona conceptos dominantes sobre la digitalización de la información y la conectividad (^{Milan & van der Velden, 2016}). En América Latina, ese activismo se inicia en la década del 2000, veinte años después que en los países centrales. Las organizaciones latinoamericanas son, o bien capítulos regionales de organizaciones internacionales, o bien integran redes internacionales, porque la red y sus problemas son globales. Retoman el marco interpretativo preexistente de los derechos comunicacionales, culturales y civiles originado en Europa y Estados Unidos, y lo actualizan para el entorno digital. Del mismo modo, los problemas que abordan en relación a la comunicación, la cultura y la privacidad son similares a los de los entornos analógicos, aunque se consideran las particularidades de lo digital. Además, en la región cobran relevancia las desigualdades de acceso. A su vez, las estrategias regionales, del mismo modo que en los países centrales, incluyen tanto las de incidencia en políticas públicas por el reconocimiento y ampliación de derechos, como las autogestivas para ejercer derechos, incluso cuando no son aún reconocidos legalmente (^{Segura, 2019}).

La soberanía tecnológica trata de tecnologías desarrolladas desde y para la sociedad civil, y las iniciativas que la conforman intentan crear alternativas a las tecnologías comerciales y/o militares. Sus acciones prueban ceñirse a imperativos de responsabilidad social, transparencia e interactividad, por lo que se refuerzan los grados de confianza que se puede depositar en ellas (^{Haché, 2014, p. 16}).

Las organizaciones de la sociedad civil que impulsan RCIs son heterogéneas y complejas; tienen diversas formas organizativas, actividades, financiamientos y principios; y establecen relaciones de autonomía relativa con el Estado y el mercado, que no son de mera cooptación ni de independencia absoluta, y dependen de las particulares condiciones en que se producen y de las relaciones de poder desigual que se establecen en cada caso (^{Sorj, 2010}).

La comunidad también es definida como un conjunto heterogéneo de personas que interactúan y comparten territorio, historia, modos de hablar, costumbres, valores, intereses, problemas, necesidades, potencialidades, identidad, símbolos y proyectos (^{Castrillón Roldán, 2013}). La intervención comunitaria radica en alentar el fortalecimiento de relaciones locales a partir de la resolución de problemas compartidos (^{Sánchez Salinas, 2018}).

En ese sentido, la producción colaborativa de conocimiento implica comunidades de práctica que coconstruyen saberes y tecnologías centrados en los usuarios para resolver sus necesidades (^{Schiavo et al., 2016}), desarrollar nuevos usos de esas tecnologías con respecto a los que se venían dando y decidir cuáles prevalecen (^{Finquelievich, 2007}).

Los activistas digitales que impulsan redes comunitarias de Internet apelan a la educación popular para promover la construcción colectiva de saberes y tecnologías. De este modo, actualizan el vínculo entre educación y comunicación popular que se desarrolla en América Latina desde la década de 1940, a la par de las luchas de los sectores en situación de desventaja social. La pedagogía crítica pone en el centro la perspectiva de los protagonistas, promueve el reconocimiento mutuo, la horizontalidad y el diálogo de saberes en tanto prácticas liberadoras y orientadas a la transformación de la realidad (^{Binder & García Gago, 2020}; ^{Huerta Velázquez & Baca Feldman, 2018}).

Consideramos que las prácticas de los sujetos sociales pueden explicarse y comprenderse (^{Costa, 2010}) en relación con el lugar social desde el cual las producen, lo que define sus posibilidades de hacer y la orientación de su acción. Desde esta perspectiva, estas prácticas refuerzan o transforman las reglas del juego social del cual forman parte, según los agentes las consideren posibilitadoras o limitantes para conservar o mejorar su posición de poder relativo (^{Mozejko & Costa, 2002}). Esto define las operaciones teórico-metodológicas que se desarrollaron, a saber: 1) el análisis de las estrategias de las organizaciones, 2) la construcción de estos sujetos colectivos, 3) las condiciones en que son producidas, y 4) la comprensión y explicación de las prácticas en relación con esos sujetos y esas condiciones.

Para tal fin, se implementaron las siguientes técnicas: 1) relevamiento de antecedentes; 2) observación participante; (2.1) presencial en la Primera Cumbre Latinoamericana de Redes de Internet,⁴ la Primera Cumbre Argentina de Redes Comunitarias,⁵ y el Semillero,⁶ y (2.2) vía remota en los grupos de WhatsApp RC Traslasierra y CARC; 3) entrevistas presenciales y telefónicas; y 4) sistematización y análisis.

Educación popular, tecnología y política

En esta sección se analizan las estrategias de producción colaborativa de conocimiento y tecnología en vistas a desplegar una red comunitaria de Internet en Las Calles, desarrolladas por AlterMundi, una de las dos organizaciones no gubernamentales (ONG) que impulsan redes comunitarias de Internet en Argentina; Comunidad, Trabajo y Organización (CTO), organización territorial de economía social y agricultura familiar de la comunidad de Las Calles; y otras organizaciones de nivel local, nacional e internacional de diversos tipos. Esas estrategias son de tres tipos: de desarrollo tecnológico, de educación popular en tecnología y de articulación e incidencia política. Se identifican aquí todas las prácticas desarrolladas para demostrar que la colaboración en la producción de saberes está presente en cada una de las etapas sucesivas del proceso necesario para desplegar y ampliar esta RCI. Y se analizan brevemente solo las prácticas pedagógicas y de incidencia política.

En la primera etapa preparatoria, antes del inicio del despliegue de la red, fue necesario el desarrollo de tres tipos de conocimiento: tecnológico, pedagógico y político, y en cuatro niveles: internacional, regional, provincial y local.

La primera estrategia de esta etapa consistió en el desarrollo colaborativo del LibreRouter, router (tecnología de conectividad) libre, inalámbrico, multiradio, de alto rendimiento, específicamente diseñado para las necesidades técnicas, de costos y viabilidad legal de las redes comunitarias de los países del Sur Global, en particular de América Latina. Fue diseñado de manera colaborativa por organizaciones de RCI del mundo (^{AlterMundi, 2018}; ^{Alvear et. al, 2021}; ^{Dagnino, 2019}).

En segundo lugar, AlterMundi y su par mexicana Redes AC colaboraron para desarrollar la metodología de educación popular en tecnología que llamaron “Semillero” y que probaron por primera vez en Cherán K’eri, Michoacán, México en 2019 (^{AlterMundi, 2019}) y luego implementaron en la comunidad de vecinos de Las Calles. Este método intensivo de educación-acción reemplazó a los modos anteriores en que estas ONG intervenían para impulsar RCIs. El Semillero es un proceso pedagógico intensivo con las finalidades de identificar necesidades y recursos de la comunidad a modo de autodiagnóstico comunitario, y compartir el conocimiento sobre redes comunitarias de Internet a fin de dejar capacidades instaladas en las organizaciones locales para que puedan desarrollar y expandir la red. Además, a nivel provincial, integrantes de AlterMundi llevaron a cabo la capacitación sobre educación popular que ofrece la organización argentina Pañuelos en Rebeldía, especializada en el tema, a quien le propusieron sumarse al Semillero.

En tercer término, AlterMundi convocó a este equipo de investigación para realizar un informe que produjera conocimiento sobre estas experiencias, objetivara la metodología de intervención y sus estrategias, hiciera aportes analíticos y validara académicamente los saberes producidos de manera colectiva.

En cuarto lugar, la CTO trabajó políticamente con la comunidad de Las Calles para colectivizar la necesidad de conectividad, construirla como una demanda común y conceptualizarla como un derecho. A partir de estas definiciones, reconoció el potencial de la red comunitaria de Internet para incidir positivamente en los proyectos organizacionales, evaluó los recursos con los que contaba y decidió que una opción de solución a esa demanda era la autogestión y la cooperación con otras organizaciones.

En la segunda etapa, de formación y despliegue inicial de la red en el Semillero, las estrategias desarrolladas por AlterMundi, Redes AC, Pañuelos en Rebeldía y CTO se basaron en las premisas de la educación popular. Otros también destacan los procesos de socialización y educación popular en tecnología que posibilitan el fortalecimiento y ampliación de estas experiencias tendientes a lograr la autonomía tecnológica de comunidades marginadas (^{Huerta Velázquez & Baca Feldman, 2018}).

El Semillero se organizó en momentos diferenciados. El primer objetivo fue propiciar el autoconocimiento y reconocimiento colectivo de las relaciones entre lo geográfico, lo demográfico, lo económico, lo cultural y lo político en la comunidad; y de los derechos por los que trabajan, obstáculos que enfrentan, recursos disponibles y estrategias.

El segundo propósito apuntó a construir la complementariedad de los marcos interpretativos, es decir los enfoques de referencia que permiten el análisis, significación e interpretación de las diferentes realidades y problemáticas, objetivos y estrategias de AlterMundi y la CTO en torno a la soberanía tecnológica y la soberanía alimentaria, y la relevancia que las dos organizaciones le otorgan a la autogestión. La analogía entre soberanía alimentaria y soberanía tecnológica parte de reconocer tanto a los alimentos y a la red de Internet como objetos en disputa entre dos modelos: uno tendiente a la concentración y otro a la democratización. Asimismo, en los dos casos se entiende a los sujetos como ciudadanos empoderados con capacidades para construir su propia Internet, así como la autodeterminación en materia alimentaria (^{Echániz, 2017}; ^{Haché, 2014}). La relevancia de esta complementariedad y compatibilidad de perspectivas también fue señalada por ^{Binder y Martu (2020)} sobre el vínculo entre la apuesta por la soberanía tecnológica y la lucha feminista contra la violencia machista en línea, y por ^{López Gabrielidis y Navarro (2020)} en referencia a la relación entre soberanía digital y reproductiva.

La tercera finalidad se orientó a mostrar el sentido, la pertinencia y la posibilidad de una red comunitaria de Internet como herramienta para resolver las problemáticas identificadas. El cuarto objetivo apuntó a la formación técnica. Para ello, se utilizaron materiales didácticos elaborados por AlterMundi con base en experiencias previas, por lo que también son resultado de una construcción colectiva de saberes. En esta instancia fue clave traducir a lenguaje accesible, comprensible y cercano la jerga y cultura técnica marcada por una lengua extranjera (inglés) y de especialistas (^{Daza, 2019}). Finalmente, el quinto propósito fue montar la red comunitaria de Internet.

La potencia de esta metodología de Semillero radica en que atravesar esta experiencia práctica de manipulación de la tecnología habilita que los sujetos conozcan y reconozcan esta posibilidad objetiva y que, de ese modo, esta pase a formar parte de sus posibilidades percibidas subjetivamente. Este proceso resulta condición necesaria para la apropiación individual y colectiva de la tecnología. A nivel subjetivo, resulta impactante que, luego de 36 horas de trabajo, una comunidad que no tenía conectividad consiga garantizarla. “¿Hay Internet acá?”, se preguntaban, entre incrédulas y sorprendidas, las dueñas de una de las casas donde se instaló un nodo, tras una calurosa y extensa jornada de trabajo (I. Tejeda, comunicación personal, 23 de noviembre de 2019). ^{Baladrón (2020)} también destaca estos resultados de las experiencias de las redes comunitarias latinoamericanas: el acceso a la conectividad junto con la apropiación de tecnologías por parte de la comunidad.

En la tercera etapa de mantenimiento y expansión de la red, las principales estrategias colaborativas de producción de conocimiento involucraron a AlterMundi, CTO, NonoLibre, la otra red comunitaria de Internet preexistente en el Valle de Traslasierra, e integrantes de la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias (CARC), específicamente MonteNet y QuintanaLibre, de la provincia de Córdoba. Cooperaron para brindar asistencia técnica y resolver problemas, y para producir y buscar recursos materiales y de financiamiento para el mantenimiento y extensión de la red. Así, estas organizaciones acompañaron y propiciaron la ampliación de la red ElValleReinicia de la localidad de Las Calles, su interconexión con la preexistente red NonoLibre en el vecino pueblo de Nono y se establecieron enlaces también en las poblaciones de Las Rabonas y Río de los Sauces, todas del Valle de Traslasierra.

Estas estrategias permitieron que la CTO, a partir de la resolución práctica de los problemas que se presentaban, fuera apropiándose progresivamente de las herramientas y metodologías necesarias para sostener y ampliar la red, lo que incrementó sus competencias para hacerlo. Esto propició la implicación de la comunidad en el mantenimiento de la red y la disposición a hacerse cargo de resolver las dificultades presentadas. Así, la experiencia de sostener la red cotidianamente provocó que los integrantes de la CTO compartieran con otros esta potencia, este poder de hacer su propia Internet.

Dentro de unas semanas nos vamos a Río de los Sauces, que es una comunidad de las sierras que no tiene acceso a ningún tipo de señal ni Internet. Ahí vive una parte de mi familia. Los propuse porque sé lo que es tener que trepar montañas para conseguir señal y, ahora con la pandemia, los jóvenes como mis hermanos no pueden hacer sus tareas del cole a tiempo, justamente por no tener acceso a Internet (I. Tejeda, comunicación personal, 9 de septiembre de 2020).

Por otra parte, AlterMundi y CTO se articularon con otras organizaciones y universidades a nivel provincial, nacional e internacional en vistas a incidir en políticas públicas. Con este fin, organizaron y participaron en eventos públicos; compartieron grupos remotos con herramientas digitales colaborativas y cooperaron con otros grupos que querían desplegar RCIs. En este sentido, la realización de la Primera Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias de Internet y la Primera Cumbre Argentina de Redes Comunitarias de Internet permitieron la articulación nacional y regional de organizaciones interesadas en la producción colaborativa de conocimiento entre activistas digitales y territoriales para el despliegue de estas redes. La CARC gestionó fondos ante organizaciones internacionales para desplegar nuevas RCIs, fortalecer las existentes y promover el vínculo entre las redes argentinas.

En síntesis, las organizaciones de activistas digitales y territoriales que despliegan redes comunitarias de Internet desarrollan múltiples estrategias de producción colaborativa de conocimiento para desarrollar y producir, de manera cooperativa, tecnología adecuada a sus necesidades; para realizar educación popular en tecnología y promover el despliegue e interconexión de redes en territorios rurales y para incidir en la articulación y fortalecimiento de las redes comunitarias argentinas y latinoamericanas y en la formulación de políticas públicas a nivel nacional y regional.

Las organizaciones

En este apartado se construyen la trayectoria, competencias y recursos de las organizaciones que produjeron conocimiento tecnológico y político en vistas al despliegue de la red comunitaria de Internet en Las Calles: AlterMundi, CTO Traslasierra, Redes AC, Pañuelos en Rebeldía, las ONG internacionales de activistas digitales, las demás redes comunitarias de Internet de Córdoba y el equipo de investigación Sociedad Civil Derechos y Políticas de Comunicación y Cultura de la UNC. Se apunta a demostrar que las competencias y los recursos que poseen o controlan estos colectivos se caracterizan por su complementariedad en vistas al despliegue de estrategias colaborativas de producción de conocimiento tecnológico y político para desplegar y fortalecer a las redes comunitarias de Internet.

AlterMundi es una organización no gubernamental abocada a elaborar herramientas de software libre, documentación y hardware abierto para el despliegue de redes libres comunitarias, de bajo costo y alto rendimiento, por personas sin formación específica en zonas con problemas de conectividad. Se conformó en 2011 en la localidad rural de José de la Quintana, Córdoba, Argentina. En 2012 fundó la red comunitaria QuintanaLibre y, desde entonces, realiza despliegues de RCIs. Impulsó la creación de la primera red de redes comunitarias del país. Además, acompañó despliegues en otros lugares de Argentina. También participó de experiencias en Nicaragua, Brasil, Colombia y México. De las dos organizaciones sin fines de lucro que promueven RCIs en localidades de menos de 5 000 habitantes de Argentina, solo AlterMundi tiene personería jurídica y licencia nacional. Esto le permite solicitar financiamientos al organismo nacional regulador de las telecomunicaciones y también recibe financiamientos internacionales. Impulsó la creación de la Coalición Dinámica sobre Conectividad Comunitaria, con auspicio del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas y el Grupo Especial de Interés de Redes Comunitarias de ISOC (^{Baladrón, 2018}). Desde 2019 promueve e integra la CARC que busca incidir en políticas públicas para el sector (^{AlterMundi, 2020}).

La CTO Traslasierra es una organización social territorial que, desde 2012, se desarrolla en localidades del Valle de Traslasierra (^{Hernández & Martí, 2019}). En 2019 estaba tramitando la personería jurídica como cooperativa. Apunta a fortalecer el trabajo organizado y autogestivo de las comunidades rurales y la soberanía alimentaria, produce alimentos de forma agroecológica, comercializa en ferias de la zona y realiza compras comunitarias. Obtuvo recursos del gobierno nacional para la compra de maquinarias, infraestructura y vehículo e ingresos mensuales para la economía popular (F. Puzio, comunicación personal, 22 noviembre de 2019). A nivel provincial, es parte de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras Rurales (UTR), que a su vez integra la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (F. Puzio, comunicación personal, 16 de agosto de 2020). También tiene contactos con el Foro Nacional de Organizaciones Campesinas y Agrarias, la Unión de Campesinos del Valle de Traslasierra del Movimiento Campesino de Córdoba y el Encuentro de Organizaciones de barrios populares de Córdoba, entre otras.

Las organizaciones de activistas digitales que cooperaron en el desarrollo del LibreRouter son Village Telco (Sudáfrica), Güifi.net (España), AlterMundi (Argentina), Ninux.org (Italia), FunkFeuer.at (Austria) y FreiFunk.net (Alemania) con financiamiento de FRIDA (Fondo Regional de Innovación Digital) que depende de LacNic, el registro regional de direcciones de Internet.

El equipo de investigación que llevó adelante este trabajo, a pedido de AlterMundi, estudia el papel de la sociedad civil en las disputas por los derechos a la comunicación y la cultura. Sus integrantes forman también colectivos sociales del sector y tienen amplia trayectoria en cooperación con organizaciones sociales de diversos tipos.

Dos organizaciones aliadas contribuyeron a reforzar las estrategias de educación popular en tecnologías desarrolladas por AlterMundi y la CTO durante el Semillero. Pañuelos en Rebeldía es un equipo de educación popular que busca aportar a la formación política de los movimientos sociales, contribuyendo a sistematizar la dimensión pedagógica de su praxis. Por su parte, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. es una asociación civil constituida en 2004 con base en la Ciudad de México, cuyo objetivo es impulsar la formación de redes de apoyo y facilitación de procesos de desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones para organizaciones, grupos y comunidades. Esta última fue la primera ONG de América Latina en implementar un Semillero para desplegar una red comunitaria en México.

Finalmente, las redes comunitarias de Internet QuintanaLibre, LaSerranitaLibre, NonoLibre y MonteNet participaron del Semillero y, sobre todo, cooperaron en el mantenimiento y expansión de la red. NonoLibre, por ser la más cercana geográficamente y MonteNet, porque compartía con la CTO el hecho de estar en la fase de puesta en marcha de una red comunitaria desde cero. Por su parte, QuintanaLibre es la red promovida por los fundadores de AlterMundi, y LaSerranitaLibre se destaca por su participación en las actividades impulsadas por esta ONG y la CARC, y por su capacidad de gestión.

En síntesis, AlterMundi, la CTO y las demás organizaciones son actores con tres tipos de competencias clave, complementarias en el proceso de educación-acción desarrollado: organizativas, técnicas y pedagógicas; trabajan también en niveles complementarios: local, provincial, nacional, regional e internacional; y son reconocidas en sus áreas de incumbencia. Ocupan, por lo tanto, posiciones de poder desigual pero complementario en vistas a la colaboración en la producción de conocimiento tendiente a desplegar y fortalecer redes comunitarias de Internet en zonas rurales.

Las condiciones de posibilidad

En esta sección se estudian las condiciones legales y de políticas públicas, económicas y de infraestructura y equipamiento que hicieron posible los procesos colaborativos de producción de conocimiento y tecnología para promover la red comunitaria de Internet en Las Calles. Se plantea que la colaboración de organizaciones de diversos tipos y nivel de actuación para proveer conectividad en una comunidad rural es necesaria dadas las condiciones de reconocimiento legal, pero falta financiamiento estatal de las redes comunitarias de Internet en el país.

Las redes comunitarias de Internet fueron legalmente reconocidas como prestadoras de servicios de telecomunicaciones en el país en 2014 por la Ley 27078 Argentina Digital. La norma establece también el fomento de estas redes por medio de programas específicos. Este logro se debió a la incidencia de organizaciones como AlterMundi. Esta ley distinguió a Argentina de la mayoría de los países latinoamericanos, donde existe alguna regulación genérica relativa a la prestación del servicio de telecomunicaciones en zonas alejadas, pero sin hacer referencia a redes comunitarias (^{Díaz Hernández, 2018}).

En 2018 la Resolución 1895 otorgó a AlterMundi la Licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en pueblos de menos de 5 000 habitantes. No obstante, hasta 2019 no les habían otorgado los aportes del Fondo de Servicio Universal que fomentaban las RCIs. Por esa razón, las condiciones económicas se resolvieron también cooperativamente. Los recursos del despliegue inicial se financiaron con fondos de APC e ISOC solicitados por AlterMundi, con lo que se financiaron los traslados, LibreRouters, material didáctico y parte de las herramientas (M. Giudice, comunicación personal, 12 de agosto de 2020). La CTO proveyó alojamientos, refrigerios y herramientas. NonoLibre también contribuyó con alojamientos y herramientas.

Hasta 2020, el mantenimiento de ElValleReinicia se solventaba, fundamentalmente, con recursos gestionados por la CTO que, junto con las demás redes de Traslasierra, buscan conseguir la provisión del servicio de banda ancha ante instituciones estatales, comunitarias y privadas (ElValleReinicia, comunicación personal, 25 y 26 de noviembre de 2019). Los materiales para extender la red los gestionó CTO con compras o donaciones, con los LibreRouters que AlterMundi provee al costo (ElValleReinicia, comunicación personal, 28 de febrero y 3 de marzo de 2020) y con fondos de FRIDA.

En relación con la infraestructura de conectividad preexistente, el acceso a la conectividad en Argentina es muy desigual y está lejos de ser universal y equitativo. Un tercio de los hogares no tiene acceso a Internet. El celular es una de las principales vías de acceso y casi el 90% de usuarios tiene abonos prepagos (^{ENACOM, 2020}). Si bien hay 1 200 operadores, solo tres concentran la prestación del servicio.

En la zona, solo quienes tienen alojamientos turísticos y los de mayor poder adquisitivo tienen telefonía fija (F. Puzio, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). Hay lugares donde no hay señal de telefonía móvil, y donde sí la hay se quedan sin señal durante las tormentas y en temporada de verano porque hay mucho uso de la red. La mayoría de las familias solo disponen de dispositivos de telefonía celular.

El monopolio de la provisión mayorista de Internet en Traslasierra es de Arnet (Telecom) y hay proveedores minoristas, pero el servicio resultaba inasequible para las familias de Las Calles. Allí, solo tres viviendas recibían conexión inalámbrica de un proveedor local, pero funcionaba “muy mal” (F. Puzio, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020) y quienes accedían a la clave de WiFi de la Comuna usaban ese servicio, pero era precario. La mayoría debía comprar datos de red móvil para conectarse.

En Las Calles el suministro eléctrico es de 220 voltios y lo provee la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Nono Ltda. Las familias no tienen paneles solares y la electricidad se corta con frecuencia en la temporada de verano por el incremento en el consumo (F. Puzio, comunicación personal, 3 de septiembre de 2020). Se evidencia así la necesidad de garantizar el acceso a la conectividad en una zona rural donde el servicio ofrecido por proveedores comerciales tiene alto costo y baja calidad y el provisto por el Estado local es gratuito, pero precario y de corto alcance.

En síntesis, esta colaboración entre organizaciones de nivel local, provincial, regional e internacional para proveer conectividad asequible y de calidad en una comunidad rural organizada sucedió en un país cuya legislación reconoce a las redes comunitarias de Internet como prestadores legales de servicios de telecomunicaciones y prevé un mecanismo de fomento, aunque aún no había sido efectivizado. Al no contar con financiamiento estatal, solo fue posible producir conocimiento de manera colectiva para desplegar la red comunitaria de Internet con cooperación internacional y la solidaridad de las organizaciones intervinientes.

Conclusiones

Queda demostrado que, para desplegar de manera autogestiva una red comunitaria de Internet, se requiere la confluencia de múltiples estrategias de colaboración entre diversas organizaciones con distintos niveles y espacios de acción y expertise, a saber: en la primera etapa preparatoria se desarrolló de manera colaborativa el LibreRouter entre organizaciones de activistas digitales de varios continentes y la metodología del Semillero entre la argentina AlterMundi y la mexicana Redes A.C. Además, se cooperó entre las organizaciones de activistas digitales y territoriales y este equipo de investigación. Por otra parte, se construyó una demanda colectiva y la voluntad política de darle respuesta con la autogestión.

En la segunda etapa de formación y despliegue inicial de la red comunitaria de Internet se implementó el Semillero con la cooperación de organizaciones de RCIs, territoriales, de comunicación popular, educación popular y otras.

Finalmente, en la tercera etapa de mantenimiento y expansión de la red, se produjeron colaborativamente, por un lado, conocimientos técnicos y de búsqueda de financiamientos y recursos para resolver problemas prácticos entre CTO, AlterMundi y otras redes comunitarias de la provincia; y, por otro lado, conocimiento político de articulación nacional y regional de redes comunitarias de Internet, y de incidencia en políticas públicas nacionales e internacionales.

Resultó fundamental el rol habilitador que pueden cumplir organizaciones con diversas competencias y recursos complementarios que trabajan de manera articulada. De este modo, las organizaciones actúan como facilitadoras y orientadoras de los procesos de formación y desarrollo colectivo de saberes y tecnologías, teniendo en cuenta las oportunidades que presentan las condiciones existentes, así como las trayectorias de los sujetos y comunidades involucradas. Del mismo modo, fue crucial el papel de la comunidad organizada como comunidad de aprendizaje colectivo que acompaña, respalda, sostiene, alienta, posibilita el aprendizaje colaborativo y la autogestión, porque el despliegue, expansión y mantenimiento de una red requiere grupalidad, espacio común compartido, una trayectoria colectiva y la construcción de un nosotros. Así, las organizaciones, al colaborar, convierten su heterogeneidad en potencia.

En este sentido, fue clave el reconocimiento de un problema común, la colectivización de la necesidad compartida y la construcción política de una demanda colectiva, más la conformación de un acuerdo sobre cómo buscar la solución a ese problema y la respuesta a esa demanda. Asimismo, fueron necesarios la historia compartida y la visión de un futuro en común, un proyecto colectivo y pensarse juntos en ese territorio. Cada una de esas estrategias supone procesos de autoconocimiento y de reconocimiento de las condiciones objetivas y los sujetos participantes.

Otra clave del proceso colaborativo fue el cambio de perspectiva en torno a los sentidos sobre las tecnologías digitales, que habilitó el paso de sujetos pasivos que no quieren, no saben y/o no pueden llevar adelante un proyecto de autogestión de solución a sus necesidades, a sujetos activos que desarrollan, ponen en juego y gestionan competencias para impulsar una red comunitaria de Internet. Para que esa apropiación se produzca, es importante relacionar la tecnología con problemas cotidianos, practicar y experimentar. A su vez, se requirió un discurso comprensible que tornara accesible y cercana la jerga y cultura de los técnicos, marcada por una lengua extranjera compartida por la comunidad internacional de especialistas. Por otra parte, la colaboración se sostuvo en la construcción de compatibilidad entre marcos interpretativos, orientaciones políticas y visiones de lo social en términos de democratización y ampliación de derechos; construcción de autonomías y soberanías; y proyectos colectivos que plantean alternativas al capital concentrado. Estos son puntos en común entre lo comunitario de la organización territorial y lo comunitario de la cultura colaborativa de activistas digitales (^{Castells, 2001}). Finalmente, este proceso requirió el análisis de las condiciones sociales y territoriales, la problematización de las funciones de la red en los sistemas de relaciones de los territorios, y la adecuación de la tecnología a esas condiciones.

Considerando las extendidas necesidades de acceso a conectividad en amplios sectores territoriales de América Latina y la escasez de políticas de reconocimiento y fomento de las redes comunitarias de Internet como prestadores legales de servicios de telecomunicaciones, se comprende la relevancia otorgada a las estrategias de articulación y cooperación con otras redes a nivel local, nacional e internacional; y de incidencia en las políticas nacionales e internacionales de telecomunicaciones, para conseguir apoyos y garantizar la sustentabilidad de las RCI a largo plazo.

Estos procesos de producción de conocimientos tecnológicos y políticos situados y socializables fortalecen, por un lado, las competencias de las personas y organizaciones que intervienen. Por otro lado, contri-buyen a tensionar las relaciones de poder más amplias, dado que ofrecen insumos para incidir en procesos similares y en políticas públicas para el sector. Por lo tanto, estas prácticas transforman las reglas de juego en tecnologías de conectividad y en organización social y política.

Las estrategias de producción colaborativa de conocimiento se encuentran en el corazón mismo de la educación y la comunicación popular en tanto diálogo de saberes tendientes a la emancipación de sujetos históricamente vulnerados. Se promueve así la soberanía tecnológica como una dimensión liberadora y en articulación con otras como la soberanía alimentaria. En este sentido, las redes comunitarias de Internet se distancian del neodifusionismo al propiciar soluciones autogestivas de la conectividad centradas en las comunidades, sus necesidades y potencialidades.

Por lo expuesto, a diferencia de los trabajos antecedentes que enfatizan el papel técnico y pedagógico de las organizaciones que impulsan RCI, se afirma que es la comunidad la que crea y sostiene la red de Internet. La red no crea comunidad donde no la hay. En todo caso, fortalece la existente: el entramado de la comunidad forma parte de la trama de colaboración preexistente a la que se apela y sin la cual no es posible el desarrollo inicial ni el sostenimiento a largo plazo de una red comunitaria de Internet.