Introducción

Aunque 2018 fue el inicio de la política migratoria estadounidense de “cero tolerancia”, el endurecimiento legal hacia quienes ingresaban sin documentos data de por lo menos tres décadas. La relación casi simbiótica entre México y Estados Unidos se había traducido, hasta los años ochenta, en cierta porosidad en sus fronteras. La necesidad del mercado estadounidense por mano de obra económica y accesible y la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida de la población mexicana se tradujeron en la posibilidad de que un mismo individuo fuera deportado varias veces, con penalizaciones muy bajas por ello. En los años noventa comenzó a cambiar este panorama y el impacto de los ataques terroristas de 2001 contribuyó tanto a endurecer el paso por las fronteras estadounidenses como a aplicar filtros estrictos para acceder de manera legal a ese país (^{Hiemstra, 2019}).

Las cifras aportadas por el departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) muestran que el promedio de personas deportadas durante el último periodo de Barack Obama fue de aproximadamente 383 mil personas cada año, lo que representó un récord en la materia, por encima de su antecesor, Geoge W. Bush (251 mil) y su predecesor, Donald Trump (275 mil), cifras que muestran la tendencia a la alza de las deportaciones en los últimos 20 años (^{Nowrasteh, 2019}). En 2016, la nacionalidad más expulsada fue la mexicana (poco menos del 50 por ciento del total): con cerca de 150 mil individuos (^{U.S. Immigration and Customs Enforcement, 2019}). En el primer año de la presidencia de Donald Trump este número decreció, quizás por las amenazas vertidas por una política que prometía perseguir a quien cruzara la frontera sin autorización, ya fuera por primera vez o por múltiples intentos. Para 2018, sin embargo, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la cantidad de personas capturadas y devueltas a su país de origen había casi igualado las de Obama: 337 287, de las cuales 126 410 eran mexicanas. Hasta 2022, tanto el mayor número de entradas sin documentación como la ciudadanía más deportada provenían de México.

La rigidez de las políticas de ingreso a suelo estadounidense ha incidido en cambios en la migración circular, con efectos como la duración de las estancias que tienden a ser más largas, o la modificación en los patrones de reunificación familiar (^{Basu et al., 2022}). El impacto emocional entre la población migrante ocasionado por ese endurecimiento es mucho más difícil de dimensionar, aunque hay evidencia de sus repercusiones. Una de ellas es una cotidianidad marcada por el temor en las personas que han migrado. Basados en prejuicios de raza y clase social, las detenciones se multiplican y crean “miedo entre las comunidades, ante la posibilidad de que sus seres amados les puedan ser arrebatados en cualquier momento” (^{Golash-Boza, 2019, p. 18}).

Al respecto, ^{Morris y Palazuelos (2015)} comentan que los efectos de la deportación se extienden mucho más allá del entorno personal y familiar, que ya de por sí impacta la salud mental de las personas, estigmatizadas como criminales por no contar con documentos de residencia legal. Dichos efectos generan altos niveles de estrés y ansiedad al ser expulsados a un sitio que muchos consideran extraño o del que huyeron por la precariedad o la violencia. De la misma manera, los autores comentan que la deportación se presenta también como un factor que desestabiliza a lo local en las comunidades donde las personas expulsadas se reubican, ya que, producto del trauma, no se integran rápidamente a la fuerza laboral ni participan activamente en la vida cívica, y que muchas veces son cooptadas por grupos criminales o caen en las adicciones.

Esto se agudiza cuando existe separación familiar que rompe el tejido social de las comunidades en ambos lados de la frontera. De aquí que la frialdad de las cifras no alcance a explicar cuántas personas son afectadas por las deportaciones como tampoco se dimensione el papel que las emociones desempeñan en todo este proceso. Por ejemplo, los derechos de la infancia a un espacio seguro se ven vulnerados debido a que existen niños y niñas que sufren el constante temor de ser separados de sus padres por su estatus como indocumentados. Todas esas circunstancias han creado una grave crisis humanitaria que es ignorada por dinámicas instrumentales del marco legal en materia de migración, tanto en Estados Unidos como en México (^{Allen et al., 2013}; ^{Boehm, 2017}; ^{Dreby, 2012}).

Así pues, este artículo se enfoca en estudiar las experiencias de aquellos que viven el drama de la deportación y que rara vez son exploradas en su dimensión cualitativa por la numeralia pragmática de los aparatos de Estado y el mercado. Son voces consideradas residuales por dichos aparatos que, no obstante, son fundamentales para comprender de primera mano esta problemática. Al respecto, se analiza el caso del archivo digital de Humanizando la deportación, el cual consideramos como espacio tecnopolítico de creación de agencia a partir de la producción audiovisual de narrativas participativas. Este archivo presenta testimonios sobre las razones, circunstancias y efectos que ha tenido la deportación en la vida de sus narradores. En formato de corto documental, estas producciones son realizadas de manera participativa de forma que las personas deportadas aportan sus experiencias y la manera en que quieren contar su historia, mientras que el equipo de académicos y estudiantes que colaboran en este proyecto ayudan en la producción digital y publicación del corto en su plataforma digital. El proceso se hace dialógicamente, después de al menos un par de reuniones, para que de ahí la persona deportada sea la creadora del contenido que se va a producir, con ayuda de los facilitadores del proyecto.

En la primera parte del texto, revisamos cómo la práctica del documental participativo puede potenciar formas de agencia, al poner en el centro la voz del deportado y sus circunstancias. Posteriormente, analizamos la manera en que las experiencias de personas deportadas exponen la crueldad de violencias estructurales e institucionales en el tema de la migración. Estos testimonios proveen, como aquí se expone, un conocimiento situado para una comprensión cualitativa de este fenómeno en su conjunto. Concluimos que esta plataforma digital se constituye como un espacio tecnopolítico de sujetos subalternos, que va a contrapelo del discurso dominante y oficial sobre la migración.

Actualmente, el archivo digital de Humanizando la deportación,³ con sus cerca de cuatrocientas historias, constituye el repositorio más grande del mundo sobre personas deportadas o que pueden ser removidas a su país de origen dado su estatus migratorio. El archivo está organizado a través de una secuencia cronológica de los relatos cocreados. También es posible acceder a ellos mediante palabras clave que acercan a las audiencias a estas narrativas, desde una perspectiva multidimensional, y facilita la comprensión de las diversas complejidades que surgen de sus deseos de tránsito y movilización. Incluye también información adicional que el equipo de mediadores presenta en diversos foros y publicaciones. Esta iniciativa tiene su origen en la Universidad de California, Davis, y ha sido desarrollada a través de la colaboración con centros académicos en México tales como El Colegio de la Frontera, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Chihuahua, entre otras instancias de educación superior, al igual que con diversas organizaciones civiles y colectivos de apoyo a migrantes y deportados (^{Irwin, 2022}).

Metodológicamente, decidimos seleccionar cinco historias del archivo, a manera de muestra, para analizar discursivamente las condiciones comunes de crueldad que experimentan las personas deportadas, especialmente el sufrimiento causado por la separación familiar. Asimismo, esa representatividad se basa en el género, en las condiciones de llegada a Estados Unidos y de su expulsión, al igual que en los vínculos afectivos que se vieron interrumpidos o rotos a consecuencia de la deportación. Estas son historias sobre madres, padres y hermanos que padecen el rompimiento de lazos familiares y cuyos procesos de expulsión no consideran el impacto social en ambos lados de la frontera de miles de personas que, como ellos, lidian con estados de ansiedad, tristeza y desazón. No obstante, también hablan de esperanza, solidaridad y resiliencia.

El documental participativo como estrategia tecnopolítica

En 2018, la Corte Federal de Distrito del Sur de California, en San Diego, ordenó al gobierno de Donald Trump que entregara un listado con el número y la identificación de las familias que habían sido separadas. Se calculaba que, en sólo dieciocho meses (desde enero de 2017), 2 654 infantes habían sido apartados de sus allegados. En 2022, más de 1 500 menores seguían “perdidos en un limbo que, a juicio de expertos, tampoco se sabe cómo será reparado” (^{Cancino, 2022}). A raíz de la crueldad de las medidas impulsadas durante la presidencia de Donald Trump, los medios de comunicación circularon, de manera profusa, imágenes que conmovieron a la opinión pública y que funcionaron como un contrapeso a un creciente y globalizado discurso antiinmigrante (^{Viola & Musolff, 2019}).

Si bien, ha sido extensamente estudiado el papel de los medios en la promoción de acciones entre los espectadores que induzcan a un cambio social (^{Alia, 2004}), también se ha demostrado la relación existente entre una cobertura negativa y la actitud que las audiencias construyen en relación con ciertas problemáticas y ciertos segmentos sociales. Así, los medios pueden “limitar severamente la información con que las audiencias entienden ciertos problemas sociales y sus posibles alternativas de solución ser removidas del debate público” (^{Happer & Phillo, 2013, p. 321}). Este es el caso de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, que la prensa de ese país planteó como un problema para toda la ciudadanía, sin matices ni precisiones. Es decir, no sólo convirtió preocupaciones regionales en unas de alcance nacional, sino que también fomentó actitudes y emociones negativas entre sus audiencias (^{Dunaway et al., 2010}).

Los análisis recientes sobre medios y la entrada de población indocumentada de mexicanos y latinoamericanos, en general, a Estados Unidos, han identificado la tendencia a estereotipar y racializar a la población latinoamericana que arriba a ese país. Así, se detectó que el discurso de campaña de Trump derivaba, en realidad, de representaciones que circulaban desde más de una década atrás. La población migrante latina aparece ligada, en las principales fuentes noticiosas, a la idea de ser una “amenaza étnica”, beneficiada (injustamente) por las políticas públicas. Los latinos son sobrerrepresentados y caracterizados en forma negativa, por encima de otros grupos étnicos (^{Mohamed & Farris, 2020}). Sin embargo, ese tipo de sesgo también se presenta en la prensa mexicana, la cual privilegia un enfoque dicotómico y de tendencia negativa tanto sobre las personas que se movilizan desde Centroamérica hacia Estados Unidos, como hacia los mexicanos que son repatriados y permanecen en las poblaciones fronterizas (^{Ramos Rojas & Arreola González, 2022}).

Al analizar la cobertura de los medios sobre el tema, Tiscareño-García destaca que: “Las voces del migrante se escuchan poco, y cuando lo hacen externan su pobreza, marginalidad, se le cosifica” así como en la necesidad “de profundizar en el estudio de las mujeres migrantes y su representación en la prensa” (^{2021, pp. 290-291}). En la ausencia de las voces de los protagonistas coinciden ^{Ramos Rojas y Arreola González (2022)}: “no se exponen sus motivaciones para buscar mejores condiciones de vida [y se invisibiliza] la presencia de las mujeres migrantes como grupo social relevante” (pp. 219-220). La generación y la circulación de narrativas digitales preparadas por los sujetos migrantes funcionan como un discurso alternativo, en relación con esas tendencias. Si bien no es posible afirmar que operan como un contrapeso real a las representaciones vigentes, mediante su ingreso al ecosistema mediático y pedagógico contribuyen a proveer otros enfoques informativos, al revelar nuevos ángulos y complejidades sobre el fenómeno migratorio, y, sobre todo, al insinuar la posibilidad de otros derroteros de acción tecnopolítica.

Las narrativas digitales participativas, al priorizar el conocimiento situado de sus protagonistas, pueden ser comprendidas y estudiadas como espacios tecnopolíticos que democratizan a la opinión pública. Tal como lo comenta ^{Kellner (2001)}, las políticas de oposición encuentran en las tecnologías de comunicación los medios para encauzar acciones de resistencia en contra de diferentes formas de dominación. Al respecto, ^{Leetoy et al. (2021)} comentan que la tecnopolítica incluye “la conexión de acciones colectivas donde convergen identidades transgresivas de vanguardia y el desarrollo de formas de innovación en el diseño de la política pública surgida de públicos participativos en ambientes digitales”. Esta también se extiende a otras arenas de intervención social que contiene “la coordinación glocal para la preservación y defensa de procomunes y espacios públicos, exigencias de transparencia y rendición de cuentas, organización de manifestaciones y foros alternos, entre muchas otras posibilidades” (pp. 2-3). Una de esas posibilidades es la creación de espacios participativos en red que dialógicamente exploran problemáticas sociales complejas que demandan aproximaciones críticas más sofisticadas y profundas, como son el caso de la deportación y la migración.

En ese sentido, la construcción de historias de primera mano induce a sus protagonistas a asumirse como ciudadanos que poseen una voz e información útil para muchas otras personas en su condición. Mediante esas breves producciones audiovisuales es tangible su percepción de que son capaces de convocar a otras audiencias y, con ello, generan imágenes distintas a las que usualmente circulan; producen nuevas formas de poder y agencia al apropiarse de su propia narrativa en sus términos y basados en su experiencia (^{Edwards & Hecht, 2010}). Es partir de la construcción de historias a través de la subjetividad, cotidianidad y memoria de los implicados, tal como lo propone el realizador José Balado: subjetividad a través del reconocimiento y exposición de identidades culturales y sociales que determinan a los sujetos; cotidianidad es lo habitual que tiene posibilidades dramáticas de ser documentado; y memoria, o más bien dicho memorias, porque plantea un escenario alternativo a discursos dominantes sobre la percepción del pasado, al ofrecer una mirada subalterna que surge de interpretaciones enraizadas en los anteriores dos elementos (^{Leetoy & Zavala-Scherer, 2019}).

Estas narrativas digitales participativas operan como prácticas de orden distributivo que surgen desde abajo, que implican colaboración y evidencian otras formas de hacer política. Emergen como herramientas tecnológicas que identifican la emergencia de sujetos políticos alternativos y, al mismo tiempo, sitúan en primer plano prácticas emanadas desde su acción cotidiana y local que velan por el derecho a la autorrepresentación. Esto genera formas de agencia al cuestionar ideologías dominantes, arrebatarles el monopolio de la construcción de verdades y exponiendo las inconsistencias de un discurso conformado desde el privilegio. Es bajo esta premisa de políticas de oposición que consideramos a este tipo de narrativas participativas, y al archivo digital de Humanizando la deportación por extensión, como práctica tecnopolítica para estimular la generación de esferas públicas diversas y plurales o, siguiendo a ^{Dahlgren (2006)}, abonar a la creación de agencia cívica a través de la inclusión de la experiencia cotidiana de las personas bajo el uso deliberativo de dispositivos de comunicación.

Esa práctica tecnopolítica nos interesa ya que consideramos que estimula la formación de contrapúblicos subalternos, esas áreas discursivas paralelas exploradas por ^{Fraser (1992)} donde miembros de grupos sociales subordinados construyen y hacen circular contradiscursos para formular interpretaciones oposicionales de sus identidades, intereses y necesidades. Estas esferas públicas alternativas originan áreas innovadoras de disidencia no contempladas por las esferas públicas liberales (en forma de políticas de oposición anteriormente mencionadas): funcionan como un catalizador de agencia que cuestiona discursos y públicos dominantes. Desarrolla una serie de espacios alternativos ausentes o desestimados hasta ese momento, y una ampliación de las estrategias de resistencia. Por tanto, las narrativas digitales participativas no solo pueden generar políticas oposicionales, sino que pueden ser usadas como estrategias de comunicación de contrapúblicos subalternos para desafiar injusticias, buscar reconocimiento de sus identidades e imaginar un contrato social antihegemónico (^{Leetoy, 2011}).

La narrativa digital participativa es una técnica de producción audiovisual que, como metodología, surgió de la idea de que las personas contaran sus historias, de manera creativa, sin que el desconocimiento de la tecnología fuera una barrera para ello (^{Barber, 2016}). ^{Burgess (2006)} observó, tempranamente, el potencial democrático de lo que denominó “creatividad vernácula” (pp. 5-6). Con ese término deseaba recalcar la naturaleza de este género audiovisual, al despegarlo de formas de comunicación institucionalizadas y, en cambio, acercarlo a modos de expresión surgidos de la cotidianidad. Como vehículo para amplificar voces subalternas, las narrativas digitales contribuyen tanto a su legitimación como a su inserción en la cultura pública. Mediante la interacción, deliberación y escucha activa de testimonios y experiencias subalternas, se producen otros saberes que amplían la comprensión del mundo social. Vinculado al uso de tecnologías de comunicación y a la manera en que estas narrativas se producen, podemos imaginar escenarios que replantean, como comenta ^{Mihailidis (2018)}, a la alfabetización digital como ruta para promover una ciudadanía participativa sustentada en el bien común que resulte relevante para empoderar las capacidades de las personas.

Esta metodología de producción documental se consolidó con las actividades promovidas por el Center for Digital Storytelling. ^{Lambert (2013)}, uno de sus fundadores, indicó que su propósito inicial fue apoyar a comunidades y a individuos a “expresarse por sí mismos” (p. 4), valiéndose de herramientas digitales. Si bien esta práctica había sido incentivada por las redes sociales y su uso, ahora se trataba de ponerla al servicio de causas comunitarias, en múltiples contextos y adaptada a las necesidades de cada situación (^{Lambert, 2013}). Ese es el caso de las narrativas de Humanizando la deportación, las cuales no surgen de talleres colectivos, en donde las personas migrantes manipulan los dispositivos tecnológicos para generar su historia. Las condiciones particulares de las y los migrantes se caracterizan por sus múltiples precariedades: se encuentran en tránsito, tal vez en albergues o en centros de detención. Su situación se rodea de un gran estrés debido a la incertidumbre de su estatus, en un país que no es el suyo, o en un entorno con el que no están familiarizados. Sus circunstancias económicas, laborales, familiares, comunitarias y emocionales demandan la asistencia de otras personas que apoyan en la creación del relato digital.

Las historias de Humanizando la deportación son videos cortos, de entre tres y seis minutos, formuladas en primera persona y en donde se relatan experiencias de primera mano. Quienes narran deciden si revelan su identidad, si muestran sus rostros, si tocan o no ciertos temas; controlan el tipo de imágenes personales que se muestran, solicitan los fondos musicales que las acompañan y crean el título con que se dará a conocer su relato. Quienes fungen como colaboradores de este proceso asisten en lo relativo a la producción digital y a su circulación, a través de su inserción en el archivo digital, que es público y abierto. El protocolo del proyecto determina que la visión de los narradores conduce el rumbo de su relato (^{Irwin et al., 2022}).

Este archivo digital comenzó a finales de 2017 y continúa expandiendo sus varios centenares de historias. En los primeros meses, sus principales narradores fueron mexicanos removidos desde Estados Unidos. Sin embargo, con las grandes movilizaciones de 2018, mediante caravanas de migrantes que llegaban a la frontera, provenientes de distintos puntos de Centroamérica, el foco del repositorio se expandió: ahora pueden encontrarse testimonios de personas de casi toda Latinoamérica y el Caribe, con una situación migratoria diversa.

En las narrativas digitales de este archivo, las emociones se manifiestan de manera constante y contrastada: por ejemplo, oscilan entre la esperanza y la desesperación, la nostalgia y la expectativa, la alegría y la angustia. Como bien observan ^{Boccagni y Baldassar (2015)}, aun- que la aparición de las emociones se esperaría en los testimonios de quienes migran, su análisis ha sido poco atendido, opacado por la atención recibida por los aspectos económicos y políticos de la movilidad humana. De la mano de la tecnología, las personas deportadas hablan públicamente ante un micrófono por primera vez para contar sus historias y, así, conectar con audiencias más amplias. De libre acceso y distribución, estos cortos audiovisuales aspiran a construir puentes dialógicos; por ello, sostenemos que la doble naturaleza del relato, informativa y de transmisión de sentimientos, contribuye, en general, a la diversificación de las representaciones sobre los sujetos que migran, a debilitar el sesgo negativo sobre ellos y a sentar las bases de una empatía informada entre las audiencias.

Crueles deportaciones: testimonios y conocimiento situado de la deportación

Tal como comentamos al inicio de este artículo, Humanizando la deportación es el archivo digital de narrativas participativas sobre el tema de la deportación y de la migración, entre Estados Unidos y México, más grande del mundo. La organización de testimonios en la plataforma permite elaborar búsquedas por palabras claves que se enfocan a problemáticas particulares que se agregan a las generadas por la deportación per se. Es decir, la riqueza cualitativa del archivo no representa una compilación de historias sin orden, sino que puede explorarse a partir de contextos sociales o culturales que complejizan distintas dimensiones de prejuicio y vulnerabilidad que sufren las personas expulsadas o en tránsito: comunidad LGBTQ+, mujeres y madres separadas de sus hijos, personas huyendo de la pobreza y la violencia criminal, veteranos de guerra, dreamers y personas que llegaron durante su infancia a EE.UU., etc. Es decir, el archivo no es un mero depósito de historias, muy al contrario, es un punto de encuentro que plantea un acercamiento multidimensional de los flujos migratorios humanos en los que se tocan circunstancias geopolíticas, ambientales, de violencia de género, racismo, criminalidad internacional y operación de cárteles, política pública y derechos humanos, imaginarios coloniales, entre muchos otros que se pueden desprender de las historias ahí publicadas.

Metodológicamente, el enfoque cualitativo permite hacer una revisión profunda de discursos institucionales que van tocando la vida cotidiana de las personas, y los efectos que tiene en ellas. El Estado y el mercado se exponen como constructos macronarrativos de poder, encarnados violentamente en los cuerpos y circunstancias de personas que muestran gráficamente el impacto de políticas de migración y lógicas capitalistas. Los testimonios y dramas compartidos por los creadores de estas narrativas se contraponen a indicadores cuantitativos que despersonalizan sus experiencias, sufrimientos y anhelos, por lo que es importante abordarlo a través de una sociología de ausencias que parece permanecer invisible a la realidad hegemónica del mundo, un fenómeno no tomado en cuenta como prioritario debido a prácticas monopolizadoras en la producción de conocimiento de corte positivista (^{Santos, 2006}). Por tanto, y siguiendo a Boaventura de Sousa Santos, es necesaria una sociología insurgente que problematice las ausencias de racionalidades dominantes, particularmente instrumentales y eurocéntricas, para darle paso a una ecología diversa de saberes que plantee múltiples formas de aproximarse y resolver una problemática social.

Lo anterior marca la estrategia crítica que aquí exponemos a través de narrativas participativas: producciones horizontales que retan a aproximaciones simplistas y poco sofisticadas de la deportación como algo que sufren quienes transgreden políticas migratorias, sin considerar una mirada integral y profunda de las condiciones en que estas suceden y que producen crisis humanitarias. A continuación, presentamos algunas narrativas que seleccionamos del archivo, las cuales exhiben algunos de los temas recurrentes y comunes en las historias de Humanizando la deportación: violencia en los centros de detención, separación de familias y trato discriminatorio. Elegimos estas historias como muestra de prácticas de crueldad obviadas y ausentes de la estadística y numeralia oficial en el tema.

En mayo de 2017, se produce el primer documental participativo del proyecto Humanizando la deportación. En esta historia, ^{Gerardo Sánchez (2017)}, una persona deportada en Tijuana, cuenta que fue separado de su familia por conducir ebrio. Lo que para cualquier persona con residencia legal o ciudadanía hubiera terminado en una detención y multas subsecuentes, para él significó la deportación y dejar a su esposa e hijas (residentes legales) en los Estados Unidos. Esta narrativa, titulada “Crueles deportaciones”, relata la manera en que Sánchez es enviado a un centro de detención de migrantes y las vejaciones a las que son sometidas las personas que terminan en estos sitios. El narrador comenta que las personas que son llevadas a estos centros son encerradas en espacios que se denominan “tanques”, jaulas en donde se hacinan de 30 a 40 individuos, quienes están esposados todo el tiempo, en condiciones insalubres y sometidos a violencias por parte de los agentes de migración.

Quienes son detenidos en estos centros, dice el narrador, se encuentran aislados sin poder acceder a abogados o a visitas de sus familiares. Recuerda, por ejemplo, el comentario discriminatorio que los agentes le dijeron una vez que lo detuvieron: “ahora sí se van a ir a comer nopales y frijoles a su México querido”. Una vez deportado a Tijuana, Sánchez vivió en las calles sin un lugar fijo donde dormir y sin conocer a nadie que le apoyara. Intentó cruzar nuevamente en distintas ocasiones, para reunirse con su familia, pero fue detenido y nuevamente deportado a México.

En otra de las narrativas, ^{Emma Sánchez de Paulsen (2017}) especifica que recibió una penalización de diez años, al intentar reingresar a los Estados Unidos, pues había viajado a México para arreglar su situación migratoria. Casada con un veterano de guerra estadounidense y madre de tres niños de esa nacionalidad, experimentó la separación de su familia, cuando Michael Alexander, Ryan y Brannon tenían cuatro y tres años y dos meses de edad, respectivamente. Sánchez de Paulsen abre su narrativa con un par de preguntas que no sólo establecen la pauta temática de su historia, sino que también involucran emocionalmente a su audiencia: “¿Cómo es posible que crean que unas leyes que separan a una madre de niños pequeños, de bebés, sean correctas? ¿Cómo es posible que crean que es correcto dejar a niños pequeños, adolescentes, sin su madre?”. Tanto Sánchez de Paulsen, en su condición de deportada, alejada de su familia nuclear y viviendo en un lugar que no consideraba su hogar, como sus tres niños, padecieron las consecuencias de lo que ella considera “leyes muy insensibles”. Después de doce años, la familia pudo reunificarse, en 2018, tal y como detalla en una segunda narrativa digital, alojada en ese mismo repositorio.

Si las emociones son un constructo que expresa una comprensión o una percepción de una situación relacionada con las preocupaciones del sujeto (^{Plantinga, 2022}), las interrogantes de Sánchez de Paulsen evidencian lo que para ella es el aspecto más relevante, a raíz de haber sido removida del país en el que había organizado su vida: el del significado de la maternidad tanto para la mujer como para sus vástagos. Sus palabras transparentan un enfoque tradicional de la relación entre madres e infancias como lo es la necesidad de mantener un vínculo afectivo físicamente cercano entre ellos. Pero esa misma convicción la induce a cuestionar las leyes vigentes en Estados Unidos, aspecto que la aleja del lugar convencionalmente asignado a las mujeres: el del espacio íntimo. La formulación de sus preguntas implica la duda sobre la moralidad de esas leyes, a través de una doble repetición (“¿Cómo es posible que crean (…)?”). Así, pone el acento en que esas disposiciones descansan en creencias y que, por lo tanto, pueden transformarse y ser cambiadas.

En otra de las narrativas del archivo, ^{Gustavo Suárez (2019)} cuenta una historia similar a la de Gerardo Sánchez: después de ser detenido por conducir en estado de ebriedad, es enviado a la cárcel y posteriormente deportado. Suárez vivió en los Estados Unidos casi toda su vida, pues llegó siendo muy pequeño a ese país, pero nunca pudo resolver su situación migratoria. Para él ha sido terriblemente cruel y doloroso vivir separado de su familia, pues sus tres hijos, Nathalia, Anthony y Gustavo, se quedaron allá y no ha sido posible volver a reunirse con ellos. Para Suárez, al igual que para muchos otros de los narradores de este archivo digital, México resulta un lugar extraño en el que nunca había estado y que solo es conocido, a través de los recuerdos de padres. Comenta, además, que no sólo fue discriminado en Estados Unidos por su estatus migratorio, sino también en México por no hablar español como nativo, lo que le ha llevado a buscar empleos en call centers donde anónimamente atiende peticiones en inglés. Las condiciones de su deportación fueron igualmente terribles debido a que, a lo largo de varias semanas, lo trasladaron a distintas cárceles en Wisconsin, Chicago y Luisiana, en donde fue tratado como criminal. Incluso, se le negó la atención médica cuando lo requirió, después de un grave problema dental. Una vez deportado, llegó a Guadalajara, donde vivían unos parientes de sus padres a los cuales no conocía y que, sin embargo, le ayudaron a instalarse.

Estos relatos del archivo despliegan lugares que se convierten en comunes, al repetirse en un sinnúmero de las historias de Humanizando la deportación: relatos de desolación, ansiedad, tristeza, dolor y, sobre todo, crueldad. Así, amplifican la voz de quienes viven en su cotidianidad los resultados de la deportación y la falta de apoyo, solidaridad y empatía en los procesos tanto de expulsión como de recepción de personas en Estados Unidos y México. Pero que también muestran historias de resiliencia, valor y esperanza, aspectos que revisamos a continuación.

Estas narrativas digitales muestran por qué la filósofa ^{Judith Shklar (1984)} ponía en primer lugar a la crueldad como el peor de los vicios. Para la autora, ningún vicio, ni la hipocresía, la traición, la arrogancia o la misantropía están por encima de la capacidad de cometer actos de crueldad, ya que esta última destruye cualquier noción de libertad. Shklar, basada en el pensamiento de Michel de Montaigne, reprueba cualquier acto de crueldad más allá de convencionalismos religiosos o políticos: son actos de maldad pura que desfiguran el carácter humano y escapan a cualquier intento de racionalización o justificación. La autora no tenía ninguna duda de que cualquier forma de crueldad, de infligir dolor físico voluntariamente a un ser más débil para causarle angustia y temor, debe señalarse como el mal supremo que se juzga como tal en sí mismo, y no porque signifique una negación divina o de cualquier otra norma superior. Por tanto, ningún marco jurídico, premisa religiosa u orden social, legitima un acto de crueldad, ya que son actos de poder que no pueden dignificarse bajo ninguna circunstancia y que se deben exponer sin condescendencia alguna (^{Shklar, 1984}).

La tesis de Shklar se comprende a plenitud, a través de la narrativa de ^{José Velasco (2019)}, un veterano de la guerra de Vietnam con rango de sargento en el ejército estadounidense. Velasco, quien había vivido la mayor parte de sus 74 años de edad en ese país, fue deportado al ser testigo circunstancial en un tiroteo callejero. Al llevarlo a testificar, las autoridades policiacas californianas se dieron cuenta de que era un residente legal, mas no un ciudadano, por lo que procedieron a su deportación al nunca haber completado dicho trámite, y a pesar de haber servido a su país. Velasco no culpa a nadie en particular, pero sí a un sistema legal injusto que maniqueamente se basa en leyes draconianas. Velasco, quien dejó a toda su familia en California, incluyendo a sus hijos, nietos y bisnietos, y quien contaba con un expediente policiaco completamente limpio, narra cómo fue tratado como criminal y deportado a Tijuana, a una tierra que considera extraña y en donde está sumido en una terrible depresión. Velasco comenta: “¿Sabes cuántos soldados en servicio hay con estatus de residente legal y no saben cuáles son sus derechos? ¡Miles!”. Despojado de sus beneficios como veterano de guerra y de seguridad social, y luchando con problemas de salud derivados de su diabetes, Velasco aún intenta retornar al que considera su país, a pesar de su expulsión.

En otro testimonio, ^{Karla Estrada (2019)} brinda a las audiencias otra mirada compleja sobre la deportación. Es el caso de su hermano, un menor de edad deportado, y la decisión de sus padres de mudarse a México para estar con él ante la vulnerabilidad en la que se encontraba, lo que representó la separación de la familia. Frente a la existencia de leyes y reglamentos, la historia de Estrada muestra, encarnadamente, las consecuencias de su aplicación implacable, como lo es el caso de los llegados durante la infancia a los Estados Unidos. Igualmente transparenta cómo las emociones, aun cuando provengan de un constructo fuertemente arraigado como lo es la familia, la mueven a una esfera social inesperada por sus tintes políticos y la labor de activismo de la propia narradora, que lamenta el hecho de no haber podido ayudar a su propio hermano, a pesar de dedicarse a la lucha por los derechos de los inmigrantes. Ante el peso de la ley que coloca a las personas deportadas bajo el estigma de la criminalidad, reduciendo al mínimo el control sobre aspectos trascendentes de su propia vida, esta narradora se sobrepone al poder que ambos países han ejercido sobre su familia, al ser capaz de articular su propia historia, patrón similar de casi todas las narrativas de separación familiar. Ese gesto y sus palabras se erigen, tal vez, en una acción de efectos reducidos. Sin embargo, pueden leerse como un deseo de rebelarse contra aquello que le ha sido impuesto, desde el lugar en el que está y con las herramientas que tiene a su alcance: “Mientras mayor es la asimetría del poder, las reacciones al mismo se tornan más simbólicas” (^{Castro Ricalde, 2023, p. 176}).

De acuerdo con lo anterior, todas las historias proveen de experiencias en primera persona que surgen de los conocimientos situados. ^{Haraway (1988)} los identifica como originados de perspectivas alternativas de sujetos no privilegiados y que presentan elementos ignorados por discursos dominantes que alienan identidades y segregan a otras formas de entender y construir el mundo. En palabras de ^{Haraway (1988)}, los conocimientos situados requieren que el objeto del conocimiento sea representado como actor y agente, no como un recurso, ni como esclavo del amo que cierra la dialéctica en la autoría totalitaria de una supuesta objetividad. Las vivencias y comprensión de las personas deportadas sobre sus circunstancias, las convierten en los principales interlocutores de su propia realidad. Esto revierte la voz de privilegio de autoridades que confeccionan políticas públicas en la materia desde esquemas técnicos, alejados de las consecuencias en la vida de las personas afectadas por dichas políticas. Esto genera prácticas divisorias, cuya racionalidad objetiva a los sujetos, a partir de opuestos binarios que forjan jerarquías derivadas por los desbalances del poder (^{Foucault, 2003}). En este caso, por ejemplo, en las categorías de deportado y ciudadano, ilegal y legal, indocumentado y documentado, criminal y sujeto ejemplar, migrante y turista, mano de obra e inversionista.

Los relatos del archivo exhiben una lucha constante para acceder a una vida mejor, a pesar de las adversidades. No son sujetos pasivos a la merced de su mala fortuna, sino que mantienen siempre la esperanza como eje rector en su vida y, la mayoría de las veces, actúan para sostenerla. A pesar de su vulnerabilidad, estas historias invitan a apreciar el valor de las víctimas de un sistema social y político que les excluye y al que no obstante se enfrentan. Ese tipo de valor debe ser apreciado, nos dice ^{Shklar (1984}), ya que nos impide ser crueles. Es ese valor de las víctimas lo que las fortalece y las induce a vencer el miedo a las amenazas, tanto físicas como morales.

Para Shklar, la crueldad escapa a una racionalización tan completa que sólo las historias pueden captar su significado (¹⁹⁸⁴). Esta idea es retomada por ^{Rorty (1989)} para quien las novelas, los poemas, las películas o cualquier otra forma de narrativa se convierte en el principal vehículo de cambio moral y progreso, ya que transitan en la contingencia del lenguaje sin pretensiones de crear visiones o vocabularios únicos para entender las complejidades de la realidad social. Por tanto, la inconmensurabilidad de la crueldad puede ser cuestionada y enfrentada a través de las narrativas que, como las del archivo de Humanizando la deportación, muestran no sólo la tragedia de la deportación, sino también formas de resistir y rebelarse en contra de dicha calamidad. Es la víctima quien recobra la voz y se apropia de su historia, en sus términos, para hacer frente a relaciones de poder surgidas de aparatos ideológicos del Estado.

Los conocimientos situados, a través de la voz e interpretación del subalterno, despoja de visiones absolutistas a una realidad social confeccionada por ideologías instrumentales que someten a las víctimas de políticas migratorias institucionalizadas. En este sentido, las narrativas digitales son instrumentos para resignificar las historias humanas que retratan la crueldad de entendimientos unidimensionales en el tema de la migración. El pensamiento unidimensional es promovido sistemáticamente por quienes hacen la política y sus proveedores de información masiva, cuyo discurso se convierte en definiciones o dictados hipnóticos al ser repetidos incesante y monopolísticamente (^{Marcuse, 2002}). A esa unidimensionalidad es a la que reta y desestabiliza el archivo digital de Humanizando la deportación.

Conclusiones

En La política cultural de las emociones, ^{Ahmed (2015)} explica que uno de los motivos que la llevó a escribir esa obra fue estimular acuerdos sobre los requisitos necesarios para “participar en la cultura nacional a través de sentimientos de bienestar” (p. 314). Las narraciones de personas deportadas son un ejemplo de cómo no basta la ciudadanía para que se generen acuerdos, de orden institucional, sustentados en la empatía. Sus historias las incorporan al debate sobre los efectos de las leyes migratorias y participan en él, justo a través de las emociones opuestas: las de la inconformidad y el malestar.

Por tanto, el primer contacto de las audiencias con las narrativas digitales participativas, a través de sus títulos, reivindica el valor de las emociones, en sociedades en las que su expresión son indicios de debilidad y fragilidad. Consideradas como signos de invalidación o subordinación (^{Pribram & Harding, 2002}), en estos testimonios sus narradores transforman los sentimientos y los afectos en poderosas herramientas que los posicionan como sujetos dolientes y merecedores de atención. De esta manera, evidencian cómo “las emociones producen cultura y no son simples reverberaciones de otras formaciones sociales o de otras relaciones de poder” (Pribram & Harding, 2002, p. 416). La decisión de contar sus experiencias, apelando a un amplio rango de emociones, desafía la noción de si es o no apropiado hablar de los afectos, en el marco de un espacio público. Debilitan, así, la separación entre los asuntos que corresponden a la vida privada y a los de la colectividad. Invitan, de esa manera, a públicos más amplios a empatizar con su situación, puesto que sus circunstancias de precariedad y vulnerabilidad no son ajenas a problemáticas generalizadas en las audiencias. Así, mediante testimonios en donde hechos y aspectos informativos se entrelazan con expresiones impregnadas de emoción, las personas deportadas promueven sus historias no como experiencias meramente personales sino como testimonios de interés colectivo y de largo alcance social.

Así pues, este artículo se centra en investigar las vivencias de aquellos que experimentan la difícil situación de ser deportados, un aspecto que rara vez se explora desde una perspectiva cualitativa por parte de las estadísticas pragmáticas de los organismos estatales y del mercado. Son voces ausentes en reportes y diagnósticos de dichos organismos, y que no obstante son esenciales para comprender directamente el impacto de leyes y lógicas económicas en la vida de las personas. En este contexto, examinamos el caso del archivo digital de Humanizando la deportación, el cual concebimos como un espacio tecnopolítico que fomenta la acción a través de la creación de narrativas digitales participativas, las cuales se producen de manera horizontal de acuerdo con la manera en que los implicados refieren su situación. Este archivo presenta relatos sobre las razones, circunstancias y consecuencias que la deportación ha tenido en la vida de sus narradores. En forma de cortometraje documental, estas producciones son realizadas de manera colaborativa con el equipo del archivo, coordinado por un equipo de académicos de universidades de Estados Unidos y México.

Concluimos que esta plataforma digital se configura como un espacio tecnopolítico para sujetos subalternos, contraviniendo el discurso dominante y oficial sobre la deportación y, en general, sobre la migración. Esto lo mostramos a través de la discusión de la práctica participativa como ejercicio horizontal de comunicación, donde el narrador cuenta su historia en sus términos, usando su experiencia como hilo conductor que se entrelaza con temas comunes de otras personas deportadas. Lo anterior, nos parece, produce un lienzo colectivo de circunstancias transversales que padecen las personas en esta situación, y que ofrece una mirada más profunda y sofisticada sobre las implicaciones de estos flujos humanos.