Este libro,1 producto de un proyecto de investigación financiado con recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), es de acceso libre o inmediato y consta de cuatro capítulos, más uno introductorio, otro que presenta el diseño metodológico y uno más de conclusiones.
En el primer capítulo se presenta el marco teórico, con los conceptos y temas legislativos; el segundo ofece un recuento de cómo se ha planteado en la política pública el abasto de agua a localidades rurales y los actores que han intervenido; el tercero caracteriza la región del Valle del Mezquital, donde geográficamente se ubican los cinco municipios estudiados, y en el último capítulo se presentan los hallazgos del trabajo empírico y el análisis a la luz de sus referentes teóricos.
El trabajo propone un análisis comparativo de tres modelos de organización que abastecen de agua a la población: el municipalizado, el descentralizado municipal y el comunitario (manejado por los usuarios), a fin de determinar cómo se lleva a cabo la toma de decisiones, su legitimidad ante los usuarios, su capacidad de cobro y eficiencia financiera.
Galindo propone un marco teórico que permite explicar la existencia de sistemas de agua potable manejados por organizaciones burocráticas y no burocráticas. Por un lado, el despotismo hidráulico de Karl Wittfogel (1957) confirma que la presencia de las organizaciones de usuarios no compite con el Estado por el control hidráulico, por su posición marginal; mientras que Douglas North (1993) y Elinor Ostrom (1990), desde la nueva economía institucional, presentan a las instituciones (reglas) no formales que dan estructura y legitimidad a tales organizaciones, con lo que se garantiza el abasto de agua para consumo humano y se pone sobre la mesa una forma de manejo (del agua y de otros recursos) diferente y sustentable, ante los fallos del Estado y del mercado.
A continuación propongo comentar y discutir algunos aspectos, particularmente de las organizaciones manejadas por los propios usuarios, dado que hay una amplia literatura dedicada a los modelos de prestación del servicio de agua municipalizados (Pineda y Briseño, 2012; Salazar y Lutz, 2015; Loera y Salazar, 2017; González-Villarreal et al., 2016); en particular me interesa lo relacionado con el marco teórico, el componente territorial/espacial y la escala de análisis, lo que ofrece interés para la comunidad geográfica.
Respecto al marco teórico, la gran mayoría de los trabajos que versan sobre las organizaciones que manejan sistemas de agua en zonas rurales emplean a Elinor Ostrom como referente teórico, aplicando todos o algunos de sus ocho principios para gestionar de manera sostenible y equitativa los recursos de uso común (RUC) (Cervantes, 2015; Galindo y Palerm, 2016; Núñez y Valencia, 2020), lo cual es comprensible por los abordajes del neo institucionalismo económico o sociológico por parte de antropólogos, sociólogos y economistas, entre otros. En este libro, el análisis ostromiano se complementa con Wittfogel, quien es recuperado con mucha originalidad para explicar organizaciones marginales al poder despótico del Estado.
Sin embargo, no se puede decir que exista una teoría sobre las formas de organización social en torno al agua, lo cual es un asunto pendiente para los investigadores sociales que trabajan temas de agua ligados a las dinámicas culturales, políticas, económicas, pero también a las territoriales y espaciales, elementos ausentes en la literatura del tema.
De una búsqueda exhaustiva en internet, realizada en el 2020, se encontraron aproximadamente cien artículos, tesis, informes y capítulos de libros sobre la llamada gestión comunitaria del agua en México en el periodo de 2000-2020, encontrándose solo una referencia con un marco teórico de corte geográfico (Díaz, 2018), en el que se analizan las relaciones de poder entre los actores involucrados en la gestión comunitaria del agua y destaca el papel que juega el territorio. Para sociólogos, antropólogos, economistas y otros científicos sociales, el espacio es apenas una referencia para la ubicación de las zonas de estudio, un elemento presente, pero sacrificado de antemano en el análisis. A lo geográfico se le mira como un elemento estático y estéril para cualquier tipo de explicación en los hallazgos de las investigaciones.
Sin duda, una teoría progresista sobre las organizaciones locales del agua deberá incorporar una noción del espacio en el que los flujos de agua sean entendidos como socionaturaleza dinámica e íntimamente ligados a las sociedades que los formaron y no entes fijos, inmutables o predeterminados, como suele ser la visión de los tecnócratas del agua.
La cuestión de la escala es otro punto a considerar, toda vez que la mayoría de los trabajos limitan el análisis del objeto de estudio que opera en lo local a la escala local, es decir, a la localidad o a un grupo de localidades en un municipio. Galindo, aunque amplía su zona de estudio a cinco municipios, de los 25 que conforman la región el Valle del Mezquital, mantiene restringido el número de organizaciones analizadas (ocho). Sabemos que el objetivo del estudio no fue generar un padrón de organizaciones locales del agua, no obstante, los estudios de caso tan particulares tienen la desventaja de solo explicar una situación y en un tiempo determinados, dada la relativa “votalidad” de esas organizaciones cuyos comités se renuevan año con año, como pasa en muchos casos, aunque no en los casos que el autor presenta.
También sabemos que tener información detallada y valiosa implicaría una empresa de tal tamaño que escapa de las manos de un investigador, quien debe cumplir con tiempos administrativos; pero llevar a cabo análisis a otra escala que no solo implique incorporar más organizaciones, sino que incluya el componente territorial, como anteriormente se comentaba, enriquecería los hallazgos, dado que lo que está en juego no es solo un asunto técnico u organizativo de distribución de agua, sino de flujos de agua superficial y subterránea, su estacionalidad, su calidad y de su competencia entre usos y usuarios, vinculado a dinámicas territoriales y relaciones de poder.
En México no existen datos oficiales confiables sobre estas organizaciones, lo que representa un pendiente para el Estado, dada la magnitud del reto. Su necesidad y pertinencia es grande ante los retos de lograr coberturas universales de agua potable, de garantizar el derecho humano al agua y de cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable, en partícular el 6, referente al agua y al saneamiento.