Estado actual de la prestación de los servicios de agua potable, saneamiento y electricidad

Durante las décadas de 1980 y 1990 muchos países de Latinoamérica han experimentado sus particulares procesos de reformas de los servicios públicos domiciliarios (agua, electricidad, gas y telefonía). En particular, en los servicios de APS y electricidad, estas reformas consistieron esencialmente en la descentralización de las responsabilidades para reducir los niveles de gobierno (en regiones y provincias) en un contexto de recesión económica durante la década de 1980 (la década perdida), seguido por la privatización de los servicios públicos en el marco del Consenso de Washington en la década de 1990.

En este sentido, estas reformas abarcaban la eliminación de algunos monopolios, la privatización de algunas empresas públicas, la adopción de medidas desreguladoras en diferentes aspectos; además, se enfocaban en la restructuración eficaz de las diferentes formas institucionales de la administración y función pública, descentralizando los niveles de gobierno (regional y provincial, principalmente) para mejorar la calidad y el acceso a los servicios (^{Parrado Díez, del Pino Matute, Molina Álvarez & Colino Cámara, 2007}). Así, sobre la base de estos mecanismos, estas reformas buscaban conseguir la mejora en la prestación de los servicios públicos (por ejemplo, en el agua, el saneamiento, la electricidad, el transporte, etc.), de manera tal que su provisión pudiera superar el fracaso tradicional y el acceso desigual que en muchos países de la región presentaban, y aun presentan, los servicios públicos (^{Parrado et al., 2007}). No obstante, los resultados de estas reformas son cuestionables en muchos países latinoamericanos. Así, a continuación, se presenta el estado actual de la prestación de los servicios de APS y electricidad en RD.

Servicios de agua potable y saneamiento (APS)

El acceso al agua potable y saneamiento en la última década no ha presentado grandes mejoras pues, a pesar de las grandes inversiones realizadas, este servicio presenta una considerable disminución en su calidad. El porcentaje de la población dominicana con acceso a agua potable en el 2000 alcanzaba el 86% (91% urbana y 77% rural), mientras en 2012 se situaba en 81% (82% urbana y 77% rural). En cuanto al saneamiento, el porcentaje nacional en el 2000 alcanzaba el 77% de la población (84% urbana y 67% rural), mientras en 2012 se situaba en 82% (86% urbana y 74% rural). Según ^{Pérez & Romero Montás (2012)}, en las zonas urbanas lo usual es disponer de las excretas a través de pozos sépticos; en cambio, en las zonas rurales, lo común es la disposición individual de excretas mediante el uso de letrinas, el 59.8% de los hogares, y un 8% adicional que no dispone de ningún sistema de eliminación.³ En este contexto, se ha estimado que el crecimiento anual de la cobertura de los servicios de APS es de 0.76%, requiriéndose al menos 21 años para la cobertura de APS y 12 años para alcantarillado para cumplir con el objetivo seis sobre Agua Limpia y Saneamiento de los ODS (^{MEPyD, 2018}).

En tal sentido, estos reducidos avances en la cobertura y en la provisión efectiva de los servicios de agua potable y saneamiento han traído como consecuencia que las empresas comerciales se establezcan como las principales abastecedoras de agua para el consumo. La proporción de hogares que consume agua embotellada pasó de 8.8% en 1991 a 66.9% en 2012. En tanto, una estimación más reciente (2014) respecto al agua de consumo sitúa en 71.1% el número de hogares que recurre a la compra de agua embotellada (Observatorio de Políticas Sociales ^{[OPS], 2014}).

En este orden, los problemas en la red de distribución no garantizan que el agua que llega al consumidor final sea apta para el consumo, o por lo menos no genera confianza en la población para esos fines (^{Izzo et al., 2013}). En consecuencia, se considera que el servicio de agua posee un alto nivel de desconfianza, por ejemplo, en zonas con alta vulnerabilidad en el suministro por el alto riesgo de contaminación de sus fuentes, como el municipio de Yamasá (provincia Monte Plata, al este del país), el 55% de la población tiene la percepción de que el servicio es entre malo y muy malo. Asimismo, tan solo en esta zona el 64% se abastece de pozos tubulares, ríos o arroyos (alto riesgo de contaminación), el 29.8% de un acueducto y el 6.2% de otras fuentes (agua de lluvia o camiones cisternas) (^{Izzo et al., 2013}).

En relación a la infraestructura, en los últimos cuarenta años se han construido 35 grandes presas con una capacidad de embalse de 1782.9 millones de metros cúbicos, aportando 15.6 m³/seg a los acueductos que, junto a otras fuentes e infraestructuras, abastecen a más de 10 millones de habitantes (^{Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales-Rep. Dom. [Marena], Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente [PNUMA], Universidad Autónoma de Santo Domingo [UASD], Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal [Cedaf], 2010}; ^{Marena, 2012}). El país cuenta con 511 acueductos, de los cuales están en operación 482. De estos, 98 se encuentran en el área urbana y 265 en la zona rural (109 son por gravedad, 220 por bombeo y 34 son mixtos) (^{Marena et al., 2010}), además de 99 plantas potabilizadoras de filtración rápida y 133 plantas potabilizadoras de filtración lenta. A su vez, cuenta con 91 plantas de tratamiento de aguas residuales distribuidas en todo el territorio (^{Pérez & Romero Montás, 2012}). Así, se tiene que la población que dispone de alcantarillado sanitario no supera el 20% (urbana 31.1% y rural 10.1%), y tan solo el 5% de las aguas residuales es depurada previo a su descarga a los cuerpos receptores (^{Otáñez & Díaz, 2011}).

Asimismo, para precisar sobre el estado del servicio de APS en República Dominicana, se hace énfasis en la situación de ellos en la capital del país, Santo Domingo. En este sentido, según la Corporación de Alcantarillado y Acueductos de Santo Domingo (CAASD), en su Informe de Estadístico 2017, la producción promedio de agua potable en Santo Domingo en 2017 ha sido de 1.55 millones de metros cúbicos diarios (donde aproximadamente el 70% es superficial y 30% subterránea), a un coste de producción y abastecimiento estimado en RD$1080 millones anuales (≈ US$26 millones/año), y captada en un 62% mediante sistemas de bombeo (^{Santana, 2013}).

En relación con la operación de los sistemas de agua potable, se caracteriza por la ineficiencia en los sistemas de distribución con valores de agua no contabilizada (con pérdidas que se estiman entre 60% y 65%), por la baja calidad del agua servida a la población y por los bajos niveles de servicio continuo que recibe la población de apenas el 11%. A pesar de que se considera que los Índices de Potabilidad (IP) que muestran algunas instituciones del sector están dentro de los parámetros requeridos (IP > 95%), esta condición se cumple en planta, ya que el agua se va contaminando antes de la llegada a los usuarios en las redes de distribución. Esto combinado a la falta de un adecuado monitoreo y control de la calidad en los sistemas, donde tan solo el 35% de los sistemas cuenta con revisión periódica y el 65% cuenta con sistemas de cloración, lo que no garantiza la calidad en los mismos (^{Marena et al., 2010}; ^{Otáñez & Díaz, 2011}). En consecuencia, se estima que el 30% - 40% de las muestras de agua para consumo humano cumple con la normativa de calidad de agua en el país (Banco Interamericano de Desarrollo [BID] & Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2018). Adicionalmente, de acuerdo al informe memoria 2011 de la Corporación de Alcantarillado y Acueductos de Santo Domingo (CAASD) se tiene una baja cobertura de medición del servicio, la cual alcanza el 26% en Santo Domingo (^{CAASD, 2011}). Asimismo, se estima que el 6.4% del agua residual generada y el 28% del agua residual recolectada reciben tratamiento.⁴

En general, estas cifras no solo reflejan el grado de ineficiencia que poseen las infraestructuras de APS, sino también la mala calidad del servicio prestado a la población que, a su vez, se ve reflejado en una ineficiente gestión comercial. En esa línea, los niveles de cobranza que presentan la CAASD y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA)⁵ son bajos. En detalle, se tiene que en la CAASD de los usuarios registrados apenas el 30% paga su factura (sirve a 805 675 hogares y solo tiene registrados 357 679), mientras que en el INAPA tan solo alcanza el 6% (sirve a 900 000 hogares y solo tiene registrados 294 000) (^{Linares, 2015}). Asimismo, el INAPA advertía que el organismo invierte cerca de US$6 millones para producir y llevar agua a los usuarios, mientras que al mes solo cobran unos US$800 mil, presentando así un déficit US$5.2 millones/mes (^{De León, 2015}).

En este contexto, y para una compresión de la problemática, se muestra en la Tabla 1, el comportamiento de la producción de agua potable y aguas residuales recolectadas y tratadas en Santo Domingo del 2007 al 2017. Se observa que, a pesar del incremento en la cantidad de agua residual recolectada, el porcentaje tratado ha estado prácticamente constante. Al igual que los usuarios conectados en ambos ámbitos.

En general, y a modo de resumen, no sorprende encontrar diferencias entre la calidad de los servicios de APS recibidos en las áreas urbanas y las rurales, tanto en la frecuencia del servicio como la calidad del agua. Más allá de los problemas de distribución regional del agua y la cobertura de estos servicios, su funcionamiento eficiente se ve afectado por factores tales como: baja cobertura y prácticas de operación y mantenimiento inadecuadas del alcantarillado y saneamiento, mala disposición de las aguas residuales, altos niveles de fugas (mal estado de la infraestructura), deficiencias en la cobranza, bajos niveles de micromedición, bajas tarifas (no cubren gastos de operación y mantenimiento), gestión orientada a la oferta, falta de planes estratégicos, debilidades en la atención al usuario y en la gestión administrativa y ambiental, etc. (^{De León, 2015}; ^{Informe MAPAS-RD, 2016}; ^{Otáñez & Díaz, 2011}; ^{Saldaña, 2008}). Aunado a esto, existen las debilidades institucionales, las prácticas clientelares, la falta de una legislación sectorial, la desorganización y descoordinación institucional, la falta de un ente regulador y fiscalizador de los servicios, el no contar con una entidad que defina y trace las políticas que garanticen el acceso, la calidad y priorización del gasto público en infraestructura, y el acceso a la información, constituyen otros de los grandes retos sectoriales a afrontar.

En consecuencia, los avances que presenta el país en relación al agua potable y el saneamiento son limitados. Pese a que se ha logrado un gran avance en la expansión de la cobertura de los servicios de agua potable, se observan diferencias en los niveles de cobertura en áreas urbanas y rurales. Sin embargo, se tiene el desafío de mejorar la calidad del servicio, especialmente en cuanto a la calidad del agua que llega a los usuarios, la reducción de los problemas de intermitencia y el nivel de pérdidas (fugas) que presenta. Asimismo, debe avanzarse en una mayor cobertura y calidad de los servicios de saneamiento, y el tratamiento de las aguas servidas.

Servicio de electricidad

El sector eléctrico ha estado inmerso en las últimas décadas en la difícil situación de alcanzar un servicio confiable, eficiente y ambientalmente sostenible para el desarrollo del país. En tal sentido, el acceso a electricidad alcanza el 98.2% de la población, estando prácticamente cubierta en la zona urbana, cosa que no ocurre en las zonas rurales, donde se estima que hay alrededor de 142 000 familias sin energía eléctrica (^{Banco Mundial, 2018}; ^{Mármol, 2013}). Sin embargo, las cifras de acceso pueden resultar engañosas, dado que estas no hablan de los prolongados cortes eléctricos que recibe la población y de la calidad del servicio en general.

La República Dominicana genera gran parte de la energía en base a los combustibles fósiles, algo más del doble del promedio en ALyC (Tabla 2) (^{Banco Mundial, 2013a}). Actualmente, según las estadísticas institucionales de la Superintendencia de Electricidad (SIE), a agosto de 2018, se cuenta con una capacidad instalada de unos 3713.6 MW, de los cuales 79% corresponden a plantas termoeléctricas que usan fundamentalmente fuel-oil (#6 y #2), gas natural y carbón mineral como combustible; el 21% restante corresponde a hidroeléctricas, eólicas y fotovoltaicas (^{SIE, 2018}). Asimismo, para el 2017 la cantidad de energía generada alcanzó los 16 273.5 GWh, representando un crecimiento de 2.6% en comparación al 2016. Cabe resaltar que la generación hidroeléctrica y las renovables han significado en el 2017 un 13.3% y 3.3% del total generado, respectivamente.⁶

En cuanto a la comercialización, las Empresas Distribuidoras de Energía compraron 13 732.4 GWh en 2017, un 1.4% más que en 2016. Igualmente, la factura por compra de energía ascendió a US$1589.6 MM, mientras que la facturación por venta de energía ha sido de US$ 1598.7MM. Los cobros por concepto de la energía servida fueron de US$1536.8 MM, un 1.6% mayor que en 2016. Asimismo, los porcentajes de Cobranza y el Índice de Recuperación de Efectivo (CRI, por sus siglas en inglés) han sido de 96.1% y 68.1%, respectivamente. Sumado a ello, están los altos niveles de pérdidas (técnicas y no técnicas)⁷ que en 2017 se situaron en 29.8%, representando un total de 4088.1 GWh. De ahí que no es de extrañar que el país encabece los niveles de pérdidas, así como algunos de los principales indicadores del sector en ALyC (Tabla 3).

Según el ^{Banco Mundial (2010)}, la República Dominicana es el país con mayor número de apagones energéticos en ALyC. De ahí que, mientras en la región se registran 2.5 cortes, en el país se han producido 17.7 cortes de electricidad en un mes típico con una duración de suspensión del servicio de 4.5 horas, el doble de horas que en ALyC. Así, el problema eléctrico es el principal obstáculo que presentan las empresas para hacer negocios en el país, seguido por el ambiente impositivo y la corrupción. Esto es confirmado en la reciente Encuesta Barómetro de Empresas 2014, donde el 40.3% de los directivos de empresas consideran el problema eléctrico como la próxima meta económica que el gobierno debe solucionar (^{Deloitte Touche Tohmatsu Limited, 2014}).

Todas estas cifras no solo expresan la ineficiencia del sector, sino también la mala calidad del servicio prestado a la población. A pesar de los logros alcanzados en los últimos años, la República Dominicana figura entre los países con peores resultados sectoriales en comparación con países similares de la región. En el caso de la electricidad, el país ha logrado avances en la capacidad instalada, pero la situación sigue siendo deficiente en materia de tasa de conexión de hogares, y aún peor en términos de eficiencia (cortes de suministro y distribución) y los precios. De hecho, el sector se ha visto afectado por numerosos conflictos que han postergado los posibles beneficios producto de las reformas ocurridas (^{PPIAF, 2003}). En línea a esta conflictividad, actualmente se desarrolla el proyecto de Central Termoeléctrica Punta Catalina con dos unidades de generación eléctrica de 376 MW brutos cada una, para un total de 752 MW brutos (de carbón), dicho proyecto ha estado cuestionado desde su inicio. Asimismo, se continúa a la espera de la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, el cual busca un acuerdo de solución definitiva a la problemática del sector entre todos los sectores económicos, políticos y sociales. Sin embargo, desde su inicio en 2013, este continúa sin lograrse.

Cabe señalar que se han realizado importantes esfuerzos de inversión y de gestión para mejorar la focalización del subsidio, desmontar la práctica del hurto eléctrico y fortalecer la cultura de pago del servicio en la ardua tarea de disminuir las transferencias al sector y mejorar la sostenibilidad financiera del sector eléctrico. Asimismo, se han logrado avances importantes en términos de eficiencia, eficacia y transparencia de la gestión de las empresas de distribución, en la creación de un clima de negocios más favorable al desarrollo de las inversiones y elevar los niveles de coordinación entre las unidades ejecutoras y supervisoras en el sector (Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ^{[MEPyD], 2013}). Sin embargo, más allá del discurso estatal, todos estos esfuerzos han sido insuficientes. Dadas las profundas deficiencias que adolecen al sector eléctrico dominicano, la crisis del sector continúa siendo una de las barreras más importantes. Esta prolongada crisis ha causado cuantiosos daños al desarrollo en lo económico, social, cultural, educativo, emocional y político. Los orígenes de esta han sido claramente diagnosticados:

i) tarifas no flexibles que no cubren los costos, ni promueven la eficiencia en la cadena de suministro, ni estimulan las nuevas inversiones; ii) altos niveles de pérdidas técnicas y no técnicas; iii) subsidios no focalizados que fomentan el desperdicio y que son regresivos desde el punto de vista distributivo; iv) alta incidencia de fraude y cultura del “no pago”; v) instituciones débiles, con inadecuada capacidad para asumir las responsabilidades atribuidas mediante las leyes y otras normas que rigen el sector; vi) alta dependencia de combustibles derivados del petróleo; vii) baja eficiencia del parque de generación, predominantemente térmico; viii) altos precios de compra de energía por parte de las distribuidoras; ix) baja calidad de la infraestructura eléctrica (redes de transmisión y distribución); x) poca capacidad de las empresas de distribución para implementar normas y procesos transparentes en el ciclo comercial; y xi) contratos de compra de energía a los generadores mal estructurados, onerosos y lesivos al interés nacional. Estos rasgos subyacen a las crisis recurrentes que han afectado al sector durante décadas, con un patrón común de cadena detonante: cualquier coyuntura de shock externo (petrolero o cambiario o geopolítico) impacta directamente los costos y tarifas del servicio. (^{MEPyD, 2013}).

En consecuencia, la crítica situación del servicio de electricidad plantea el reto, y a su vez, brinda la oportunidad de que el Estado, conjuntamente con los diferentes sectores, impulsen las transformaciones necesarias para que este servicio alcance la calidad y eficiencia, pues constituye un elemento cardinal para viabilizar la competitividad económica y el desarrollo del país.

Factores relevantes que condicionan la presta los servicios de agua potable, saneamiento y electricidad

Los servicios de APS y electricidad en República Dominicana, aunque con ciertos matices entre uno y otro, como resulta evidente de la lectura de las secciones previas, no han logrado un efectivo funcionamiento, ofreciendo a la población un servicio deficiente, que en comparación con otros países de la región poseen un balance negativo. En el caso del servicio de electricidad, a pesar de la mejora reciente en la capacidad instalada, la situación en materia de tasa de conexión de hogares es deficiente y, aún peor, en cuanto a la eficiencia del servicio (elevada tasa de cortes de suministro y distribución) y los precios. En relación al servicio de APS, aunque ha mejorado en términos de acceso al agua potable, el saneamiento continúa siendo deficiente, al igual que la calidad del servicio prestado a la población (^{Parrado et al., 2007}; ^{PPIAF, 2003}; ^{Sánchez-Ancochea, 2012}).

Más allá de las consideraciones técnicas señaladas en secciones previas, existen una serie de elementos, algunos se relacionan con el sector, otros son de contexto, que afectan la prestación de estos servicios. En detalle, se tienen estos condicionantes en el ámbito político/institucional (deslegitimación ciudadana, gobernanza, calidad institucional, fragmentación, descoordinación institucional, clientelismo, corrupción, escasa rendición de cuentas, acceso a la información, etc.), económico (bajas tarifas e inversión, evasión, déficit fiscal, deuda pública, etc.) y social (desconfianza institucional, cultura de buen uso, el no pago de los servicios, etc.). A continuación, se muestra en la Tabla 4 de forma ilustrativa los factores más relevantes que condicionan la prestación eficiente de los servicios de APS y de electricidad en la República Dominicana.

De la tabla anterior se pueden extraer algunas interesantes valoraciones. Aunque existen problemáticas comunes entre ambos servicios, se presentan algunos matices, incluso semánticos, entre uno y otros. En primer lugar, para el caso de las variables técnicas en el servicio de APS estas se manifiestan en la intermitencia del servicio, en la baja calidad del agua y en el inexistente servicio de alcantarillado pluvial y sanitario, así como en los altos costes de producción y operación del servicio. En el caso del servicio eléctrico esto que ocurre de manera similar. En este sector los factores técnicos que le caracterizan son los frecuentes cortes eléctricos, las pérdidas (técnicas y no técnicas) y los altos costes de producción y operación del servicio por la dependencia del exterior.

En segundo lugar, para los factores políticos institucionales del servicio APS se reflejan en la descoordinación entre las instituciones, las cuales desarrollan sus actividades sin una ley sectorial que las organice y las regule. Así, la falta de autonomía y politización es distintiva. Junto a ello, un aspecto transversal, no se dispone de una ley general de agua que regule el dominio hídrico público, en materia de asignaciones, para uso y aprovechamiento del agua, la afectación de su calidad, y al ejercicio de las competencias otorgadas al Estado en los aspectos relacionados con dicho dominio. En caso del servicio eléctrico, estos factores se exteriorizan, dado el alto grado de politización, en la captura y falta de autonomía de las instituciones del sector, y en la indefinición de políticas, confusión de roles y descoordinación entre las instituciones del sector. En ambos casos, los bajos niveles de calidad y de confianza institucional son notorios.

En tercer lugar, para el caso de las variables económicas de los servicios de APS, estas se traducen principalmente en la falta de recursos del sector para la inversión en áreas críticas (infraestructuras y mantenimiento). Además, junto a las bajas tarifas, hacen que este servicio sea dependiente de las transferencias presupuestarias del gobierno central. Para el servicio eléctrico, estas variables muestran la ineficiencia sectorial en el déficit financiero que tienen las empresas distribuidoras de energía, como causa de las altas pérdidas (técnicas y no técnicas) que estas poseen al no cobrar un alto porcentaje de la energía servida y a la tarifa debida. Asimismo, dada la calidad de la provisión en ambos servicios, la población ha optado por la búsqueda de soluciones privadas a estos servicios, lo que provoca un costo adicional a la maltrecha economía doméstica.

Finalmente, en cuarto lugar, los factores sociales para ambos servicios se muestran en el alto grado de desconfianza en las instituciones, lo que en consecuencia deriva en el no pago por el servicio. A todo ello, la baja calidad del servicio provoca frecuentes protestas sociales que, en el caso del servicio eléctrico, son mayores.

Factores políticos-institucionales

En primer lugar, los factores políticos-institucionales, aunque con ciertas diferencias entre uno y otro, se tienen cierta similitud en las variables que afectan la prestación de los servicios de APS y electricidad. Por un lado, existen obstáculos institucionales comunes en términos de fragmentación, superposición y confusión de roles, y descoordinación entre instituciones a diferentes niveles (ministerios, corporaciones, etc.), así como injerencia política, clientelismo y débil transparencia, en ambos servicios. Asimismo, en materia política se tienen la falta de recursos (técnicos, financieros y tecnológicos), la falta de un programa de subsidio focalizado, un esquema tarifario equilibrado, la escasa planificación y la definición de políticas e inversión (visión ingenieril, improvisación y cortoplacismo).

De ambos servicios, el servicio eléctrico es el más desarrollado en términos político-institucional, pues dispone de una ley marco y su correspondiente entramado institucional (Ministerio, Comisión de Energía, Regulador, etc.), aunque esto no se ha traducido, por ejemplo, en un impulso de las energías renovables y la eficiencia energética de manera decidida, o en una mejora en la calidad de la prestación del servicio. Los servicios de agua y saneamiento -ni el agua como recurso- no disponen de una ley marco que impulse la organización sectorial y la formulación de políticas, planes y estrategias, y a su vez, el financiamiento, la regulación y la prestación eficiente de estos servicios. Así, vemos que mientras los servicios de agua y saneamiento se autorregulan, el servicio eléctrico se caracteriza por su falta de autonomía y por la captura de las entidades reguladoras. Por lo cual, en estos servicios se han visto procesos de centralización- descentralización (agua y saneamiento) y privatización (electricidad) fallidos que, en cierta medida, se deben a las debilidades político-institucional, la improvisación y el cortoplacismo que caracteriza la gestión de estos servicios en el país.

El fortalecimiento de la capacidad y efectividad institucional es fundamental para dar respuesta a las necesidades de la sociedad a través de las interacciones e intervenciones, permitiendo así recuperar la confianza social en ellas. De tal manera, se requiere de un Estado que coloque el bienestar de la ciudadanía en el centro de todas sus acciones de diseño y formulación de políticas, por lo que es preciso disponer de una adecuada estructura institucional que asuma su rol de servicio al ciudadano y comprenda este objetivo y, en todo caso, es imprescindible un involucramiento social en estos temas (^{Montero Montero, 2012}).

Factores económicos

En segundo lugar, están los factores económicos, en los cuales se tienen aspectos directamente relacionados con el sector y otros transversales. Por un lado, están las tarifas de los servicios que, en el caso del agua potable y saneamiento, estos operan con alto déficit y deben ser financiados por el gobierno, prácticamente en su totalidad. No obstante, indicadores de eficiencia del sector, tanto en su rendimiento físico como comercial, muestran cifras preocupantes. Tal es el caso de los altos niveles de fugas, bajos niveles de cobranza y micromedición, y la excesiva dotación de personal (^{PPIAF, 2003}). En cuanto a la tarifa eléctrica, el nivel de tarifa vigente en el servicio eléctrico dominicano no refleja los costes o demanda reales, y su estructura no toma en cuenta variables como la voluntad o la capacidad de pago de los consumidores (^{The Economist Intelligence Unit [EIU], 2015}). En consecuencia, todo ello repercute en que la prestación de ambos servicios sea deficitaria y completa (agua y saneamiento) y parcialmente subsidiado (electricidad), incluso insostenible, como el caso eléctrico.

En términos de inversión sectorial, en el servicio de APS la inversión pública ha ido disminuyendo en la última década, no solo por el comportamiento discreto, sino también porque no ha representado una prioridad estable y/o de prevalencia pública dentro del presupuesto nacional. El gasto público destinado a APS en 1994 llegó al pico de 1.2% del PIB, y en el año 2004 tocó un mínimo de 0.15% del PIB, con una leve recuperación en los años 2006 y 2007 cuando se situaron cercanos al 0.6% del PIB para luego estabilizar la tendencia en 0.3% del PIB. De hecho, la inversión en APS continúa perdiendo peso en el gasto público para el año 2013, el monto asignado para agua potable representó el 2% del presupuesto total, mientras que para el 2014 alcanzó el 1.4% del gasto total. De ahí que en los últimos 20 años la tendencia que refleja el gasto público en APS es claramente a la baja, es decir, que el Estado está gastando cada vez menos en APS (^{OPS, 2011}; ²⁰¹⁴).

En cambio, la inversión pública en el sector eléctrico ha incrementado rápidamente en las últimas décadas. Sin embargo, esta situación es mucho más grave. En los últimos años el país ha dedicado grandes recursos a cubrir las pérdidas e ineficiencia del sector mediante el subsidio eléctrico. En este contexto, tan solo durante el periodo de agosto 2004 a 2013 se han dedicado US$7260 millones (sin las transferencias para inversiones); de esta cifra, cerca del 75% corresponden al financiamiento de la ineficiencia operativa de las empresas distribuidoras y el 25% restante a subsidiar la tarifa a los clientes. De ahí que los recursos destinados al subsidio eléctrico no solo representan una carga insostenible para la consolidación fiscal, sino también una variable que incrementa la deuda pública y disminuye la inversión en otros sectores de importancia del país (^{Núñez Ramírez, 2013}). A todo ello se agrega la ineficiencia y poca transparencia de las empresas que manejan estos recursos. En cuanto a la inversión privada, esta predomina en el sector eléctrico y es nula en el servicio de APS.

En línea con estas cifras sobre la inversión pública, un reciente informe regional señala que América Latina registra ineficiencias en su gasto público del orden de los US$200 000 millones/año (4.4% del PIB regional), lo que expresa que existe un amplio margen para mejorar la calidad de los servicios públicos sin necesidad de aumentar el gasto, como bien señala el BID (2018). Para el caso de República Dominicana, este informe registra una ineficiencia de 3.8% del PIB, la cual incluye filtraciones en transferencia presupuestaria, malgasto en compras públicas y malgasto en remuneración a empleados (Figura 1). Si bien el país se encuentra entre los que menos gasta en la región, junto a Guatemala, esto se debe en parte a la baja presión tributaria que caracteriza al país; mejorar calidad en el gasto se presenta como impostergable. En tal sentido, corregir estas ineficiencias permitiría disponer de recursos para invertirlos en otros sectores sociales como educación, salud, infraestructuras, APS, electricidad, entre otros sectores.

Figura 1 Estimaciones de la ineficiencia técnica del gasto público. 

En consecuencia, la sostenibilidad de esquemas tarifarios que no cubren los costos, ni promueven la eficiencia, ni incentivan nuevas inversiones, y de programas de subsidios no focalizados, pone en riesgo la estabilidad económica, política y social del país. Así, esta dinámica insostenible -subsidiar la ineficiencia- impacta directamente en la política presupuestaria, pues con ello se dejan de emplear recursos en otros sectores con mayores necesidades de inversión y deuda social acumulada, por ejemplo, agua y saneamiento. En línea con ello, la prioridad, rigidez y captura de la política presupuestaria se ven condicionadas, entre otras cosas, por aspectos transversales como la evasión, la deuda pública y déficit fiscal, siendo el sector eléctrico, por su rol de causa y efecto, un elemento clave en la toma de decisión presupuestaria de cada año.