Introducción

Este artículo nace del esfuerzo cotidiano por esculpir una mirada capaz de acercarse a la compleja gama de claroscuros que se despliegan, como un juego de luces y de sombras, configurando una intrincada realidad que es sumamente dolorosa y difícil de ver. Por ello, este trabajo está dedicado a las familias a las que acompaño y me acompañan, porque otras formas de producción de la verdad aparecen en el acto de caminar junto al dolor social y de poner la investigación al servicio de las familias en búsqueda de sus seres queridos.

La presente investigación se inscribe en el ámbito de una práctica política que desde diferentes espacios de organización y colectivización de saberes hemos asumido como un compromiso por no olvidar. En cumplimiento con ese acuerdo, quizá hoy más que nunca, es momento de repensarnos, de mirar y de narrar lo que las familias y sus acompañantes han hecho para mantenerse en pie a pesar de todo, ya que repensar es reconstruir la esperanza como elemento indispensable para decidir de qué modo vamos a transmitir el relato de las formas de resistencia e intervención social sobre los efectos letales de un proceso inédito de militarización en constante evolución.

Se trata de una invitación para observar, analizar y registrar en tiempo real las lógicas y las dinámicas que han hecho posible que en México la guerra se ejecute de forma sistemática y selectiva sobre determinados cuerpos y territorios, sobre los que se ejerce la extrema crueldad con el fin de implementar estrategias destinadas a acumular una extraordinaria rentabilidad por la vía de la explotación y la violación masiva a los derechos humanos.

La invitación es, pues, a desarrollar una mirada capaz de ver sin que los ojos revienten por el efecto de la extrema crueldad, lo cual requiere de ciertas herramientas legales, fenomenológicas, antropológicas, éticas y políticas capaces de generar otros discursos decididos a contar la verdad y a resguardar su memoria.

En este sentido, el compromiso político de muchas personas en México se centra en el esfuerzo resuelto a producir de manera ética un corpus documental que nace de la dignidad del caminar de las familias y de nuestra memoria compartida. No son documentos oficiales, pero no por ello son apócrifos. Son, más bien, documentos destinados a contrarrestar la ignominia y el desprecio que habita en las miles de carpetas de investigación que se apilan sin resultados ni respuestas en las fiscalías de este país. Así que en este artículo se justifica y despliega una estrategia para llevar a cabo el ejercicio social de mirar y analizar el contexto en el que hoy en día se desarrolla el fenómeno masivo de la desaparición de personas en constante alza y con absoluta impunidad.

Con el fin de ofrecer una herramienta de intervención enmarcada en un paradigma de defensa de los derechos humanos, el objetivo del análisis de contexto es dar cuenta del modo en el que los diversos factores de discriminación que afectan a las víctimas, a sus familias y al conjunto de la sociedad se relacionan entre sí. Con ello es posible observar cómo esa interacción, desde el punto de vista de la justicia social, puede brindar herramientas jurídicas, políticas y discursivas de resistencia, que hacen de categorías como el género, la edad, la clase social, el cuerpo, la precarización, el medio ambiente, las huellas subjetivas de colonización, la salud, la seguridad, la autonomía, entre otros, elementos políticos que aportan y suman estrategias de incidencia efectiva a los diferentes proyectos y espacios de búsqueda y de defensa de la vida, convirtiéndose en elementos imprescindibles a la hora de intervenir los efectos letales de la violencia.

Por lo tanto, aquí la identidad política de las personas se convierte en una fuente de fuerza capaz de generar comunidades que impulsan y desarrollan los distintos modos de saber defender la vida, donde las formas estructurales de construcción de la opresión y de la desigualdad son los cimientos estructurales de un terreno que buscamos conocer a profundidad para brindar herramientas analíticas capaces de contrarrestar los precisos patrones, mecanismos y tecnologías que posibilitan que el fenómeno de la desaparición masiva de personas ocurra a plena luz del día y con total impunidad.

Antecedentes

El fenómeno contemporáneo de la desaparición de personas es un problema a escala planetaria que pone al descubierto la extrema vulnerabilidad e indefensión de los derechos humanos y civiles, en una época marcada por lo que el exanalista estadounidense Edward Snowden demostró, a saber: la hipervigilancia a la que todas y todos estamos sometidos.

Este fenómeno empezó a desarrollarse a partir de la Segunda Guerra Mundial, y dio paso a una etapa que iba a requerir de un nuevo concepto de “seguridad”, así como de complejos dispositivos de control y de vigilancia. Desde entonces, esos dispositivos han evolucionado de maneras sorprendentes, pero lo que en realidad llama la atención es que el tratamiento de la desaparición masiva de personas continúa siendo prácticamente el mismo por parte de los Estados implicados. Incluso hoy en día se reduce, como en tiempos de la Alemania del nacionalsocialismo, a contabilizar las desapariciones de personas a partir del registro y el archivo de fichas antropométricas.

Fueron los nazis quienes comenzaron con este tipo de registro basado en preguntas como ¿quién es?, ¿qué aspecto tiene?, ¿cuáles son sus huellas?, ¿qué señas características posee? o ¿cuál es su filiación? Se trata de preguntas destinadas a abastecer registros que se alimentan con el objetivo de asegurar que cada persona esté plenamente identificada, procesada y archivada, pero sin estar ella misma.

En la actualidad vivimos en sociedades en las cuales la palabra “seguridad” incluye la idea del control total de la población; un ejemplo lo encontramos en los pequeños dispositivos móviles que casi todas las personas portan consigo o en los complejos sistemas de videovigilancia que se erigen como custodios en la mayoría de las ciudades del mundo. Estamos rodeadas y rodeados de esos paradójicos aparatos que deliberadamente olvidan el valor de la palabra “privacidad”, abriendo la puerta al pleno control de nuestras vidas. Lo que constituye, al mismo tiempo, una suerte de seguro de vida que hace casi imposible que una persona pueda llegar a desaparecer.

Aunque, en sentido estricto, en México no hemos experimentado el fenómeno del fascismo ni de sus dictaduras -en cuyo interior se implementó la desaparición masiva de personas como una estrategia de control social-, ahora vivimos una de las más grandes inversiones destinadas a desarrollar las nuevas formas de la guerra, cuya rentabilidad traspasa cualquier imaginario de la acumulación posible.

En este aspecto, hace tiempo que se instaló en nuestra sociedad el reino del ojo que ve y controla absolutamente todo, pero, a su vez, dice no haber visto nada. Esto constituye una contradicción que tenemos que ser capaces de desarticular, pues “aquí alguien tuvo que haber visto algo”, como dicen las madres en búsqueda de sus hijas e hijos, porque “a las personas no se las traga la tierra”, insisten ellas.

Gracias a la tecnología, hoy en día es prácticamente imposible escabullirse o desaparecer, sin embargo, en México hay más de 95 663 personas desaparecidas y no localizadas, según las cifras oficiales,¹ pero las y los familiares en búsqueda de sus seres queridos calculan que son más de 150 000 personas las que nos hacen falta, y la catástrofe va en aumento.

Es necesario advertir que el conflicto de cifras y la dificultad para intentar aproximarnos a la realidad que vive México en cuanto al lacerante fenómeno de la desaparición de personas responde a la creación de un limbo institucional que desde hace años tiende a invisibilizar el problema, mismo que hoy constituye una grave crisis humanitaria.

Ese limbo fue generado por el Estado mexicano a partir de múltiples estrategias, aún vigentes, destinadas a obstruir de manera sistemática el acceso a la verdad de lo ocurrido en cada uno de los casos de desaparición, al imponer bases de datos con importantes fallas de diseño, promover registros públicos con da-tos de escasa fiabilidad e implementar estrategias que fracasan de forma premeditada a la hora de conducir investigaciones encaminadas a conocer la verdad y a procurar el acceso a la justicia, toda vez que los agentes del Estado utilizan los recursos de las instituciones públicas para minimizar, destruir e invalidar el dicho y las exigencias de las y los familiares de las víctimas.

En México, el Estado de derecho falla y alimenta con ello patrones históricos de impunidad que han facilitado el desarrollo del fenómeno de la desaparición masiva de personas desde la década de los cuarenta del siglo pasado, pero sólo a partir de la década de los setenta la desaparición adquiere la forma de una política represiva de Estado, gracias a la implementación de un complejo sistema burocrático que al tiempo que oculta el fenómeno en cuanto tecnología represiva, requiere, a su vez, de la meticulosa sistematización de los registros de las personas desaparecidas para operar eficazmente en el ámbito de la administración y de la gestión del Estado (^{Vicente, 2019}).

A principios del presente siglo, con el Operativo Militar Conjunto Michoacán, puesto en marcha el 11 de diciembre de 2006 en lo que en México se conoce como la primera etapa de “la guerra en contra del narcotráfico” encaminada a inaugurar un proceso inédito de militarización en todo el país,² la desaparición masiva de personas comenzó a consolidarse como la forma más dolosa de acumulación del capital ilegal que la humanidad haya conocido hasta ahora.³

A diferencia de las desapariciones destinadas a imponer el reino del terror entre los críticos y los disidentes que durante los años sesenta, setenta y ochenta del siglo pasado confrontaron al Estado, hoy en día la desaparición masiva de personas obedece más bien a la extraordinaria lógica de acumulación del capital criminal que opera en espacios situados al margen de la ley, donde la vida deviene una mercancía que puede ser impunemente sacrificada. De forma que hemos transitado de un orden cuyo objetivo era desaparecer al “enemigo” del régimen, a un nuevo orden social por el cual se decide quién ha de convertirse en el sujeto cuya vida puede ser desaparecida, explotada, torturada y sacrificada, sin que su verdugo reciba a cambio castigo alguno.

Los modelos de gestión biopolítica de la vida que están en marcha, así como los medios para la explotación y la distribución de los capitales criminales que en México operan, requieren, en su conjunto, de estrategias continuadas que son sistemáticamente implementadas. Por ello, éstas han de ser analizadas con cuidado a fin de desvelar la verdad de lo que aquí sucede.

Justificación

Desde hace algunos años camino al lado de diversas familias cuyas hijas e hijos son víctimas de desaparición, acompañando su exigencia de verdad y de justicia. Sus historias dan cuenta de la forma en la que el sistema entero de procuración de justicia mexicano emplea gravísimos métodos de revictimización, culpabilización, invisibilización, amedrentamiento, coacción e incluso persuasión para hacer pasar como responsables a las propias víctimas, con el propósito de ofrecer coartadas a los agresores y fabricar culpables ahí donde lo que en realidad se impone es un sistema entero de generación de miles y miles de víctimas.

Para nombrar el agravio que en lo cotidiano sufren las víctimas de desaparición y sus familias quiero referirme, aunque sea brevemente, al daño continuado que padecen personas como Mariela Vanessa Díaz Valverde, una joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien desapareció el 27 de abril de 2018 en la Ciudad de México.

En el caso de Mariela, la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (actual Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México) afirmaba, mediante peritajes apócrifos y realizados a modo, que la estudiante se había ido por su propia cuenta a causa de la supuesta depresión que padecía. Esos peritajes fueron impugnados en el marco del trabajo realizado por el Equipo Interuniversitario de Acompañamiento a la Familia de Mariela. Además, como integrante de ese equipo, presenté un análisis que de manera autónoma e independiente demostró el contexto de vulnerabilidad de las mujeres, las jóvenes y las niñas que viven en el Oriente de la Ciudad de México, donde Mariela desapareció.

Con el apoyo del que muy probablemente sea el primer análisis de contexto autónomo que consta en una carpeta de investigación abierta por el delito de desaparición, la entonces abogada de la familia, la licenciada María del Socorro Damián Escobar, pudo argumentar y lograr el reconocimiento de la personalidad jurídica como “persona desaparecida” para Mariela, sin que hasta el momento las autoridades encargadas de la investigación, la búsqueda y la localización de la joven hayan aplicado las medidas necesarias para dar con su paradero.

Otro doloroso ejemplo es el de Braulio Bacilio Caballero, un adolescente, en el momento de su desaparición, cuyo sueño es ser ingeniero automotriz porque “le gustan los carros y las motos”, según nos cuenta don Miguel Bacilio, su papá. Sin embargo, el proyecto de Braulio está suspendido puesto que él desapareció desde el 28 de septiembre de 2016.

Ocurrida en el metro Pantitlán y con elementos que lo sitúan después en el barrio de La Merced de la Ciudad de México, la desaparición de Braulio se enmarca en un intrincado contexto en el que crece la trata de personas en sus diferentes modalidades, y donde la expansión de una intensa economía criminal basada en el sufrimiento de las mujeres, de las y los adolescentes, así como de las niñas y los niños, ocurre a través de las mismas pautas que se observan en diversas partes del mundo, pues, como narra una sobreviviente de este delito, “el problema [de la trata de personas] es mucho más amplio y tiene que ver con el neoliberalismo y la globalización, porque el proxenetismo se ha convertido en una industria que no tiene fronteras, que mueve la economía de países” (^{Pereda, 2019}).

En este mismo sentido, el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, Santiago Nieto Castillo, declaró en abril de 2020 que “México es país de origen, tránsito y destino para la trata de personas, un negocio mundial cuyo valor se estima en 150 000 millones de dólares al año”, y que “es probable que la trata de personas sea la tercera actividad ilícita más importante de México, luego de las drogas y las armas” (^{Murray, 2020}).

Además de los indicios de victimización relacionados con el delito de trata de personas que se observan en múltiples casos de niñas, de jóvenes y de mujeres desaparecidas, estos datos y declaraciones permiten corroborar la hipótesis que desde hace años investigo: la mayoría de las desapariciones de personas, en particular de niñas, de jóvenes y de mujeres, es ejecutada por las mafias y las redes de trata con el fin de explotarlas sexualmente, y, en el caso de los niños y los adolescentes varones, con el propósito de explotarlos como sicarios, vigías, ayudantes en “cocinas” de producción de derivados de la metanfetamina o vendedores de drogas ilícitas. Lastimosamente, en la gran mayoría de los casos y a pesar del contexto de alta peligrosidad en el cual se inscriben las desapariciones, las autoridades insisten en no indagar siquiera la posible comisión del delito de trata de personas en sus distintas modalidades.

De entre miles de historias, la de Mariela y la de Braulio son tan sólo una expresión que alude a un engranaje institucional, de enorme complejidad burocrática, en el que las denuncias, las investigaciones y las búsquedas de personas no prosperan. Por ello resulta imperioso contar con diagnósticos y análisis de contexto independientes que, atendiendo a los más altos estándares internacionales, nos permitan observar el fenómeno de la desaparición en su compleja dimensión.

Cuando junto con mis compañeras empecé a investigar, estudiar y acompañar a familiares víctimas de la desaparición en la Ciudad de México, pensé que la curva de desapariciones que medíamos con rudimentarios medios de registro que teníamos a la disposición iba a descender, ¡tenía que descender! Lo que no calculé en ese entonces fue que, en realidad, a lo que nos enfrentábamos era al ascenso de un nuevo régimen: el de la acumulación sin límite y sin ley que opera con impunidad y pareciera no conocer oposición alguna. Sin embargo, tuve la inmensa fortuna de conocer la más hermosa y digna forma de oposición y de resistencia, es decir, el más profundo amor, porque el amor es la fuerza con la que se anda el camino más difícil que un ser humano pueda recorrer: la búsqueda de un familiar desaparecido.

El amor condensa la fuerza de un andar social que ha de inscribir algo inédito en nuestra historia, y quizá ése es el regalo más grande que puede crecer en medio de la guerra, porque buscar es poder decir “no” a las formas biopolíticas de la administración y la gestión del dolor que aquí están en marcha. Buscar implica, por tanto, fortalecer la esperanza de vernos un día nuevamente a los ojos y saber que, en su búsqueda, las familias han resguardado y conservado nuestra dignidad y la de nuestro mundo. Por eso, acompañar las búsquedas constituye un reto humano e intelectual, ya que cuando buscamos tenemos que descifrar los signos económicos, políticos, sociales y culturales de la extrema violencia. Sólo así se llega a elegir una posición a la cual yo llamo “política”, que nada tiene que ver con la gestión y la administración de la vida, sino con una forma de mirar y de vernos entre nosotrxs para descubrir que incluso en el límite del dolor la vida arrecia, pero para eso hay que decidirse a pensar y a sentir históricamente.

Hoy la tarea es nombrar, redefinir y repensar desde la posición política que nace de la sensibilidad y de la mirada fina, ambas necesarias a la hora de hacer un análisis de contexto o, lo que es lo mismo, de elaborar un reporte de la cultura maltrecha y enferma en la que habitamos, ya que sólo así se trasciende la trampa de las cifras que a nadie cuadran. Contar, pues, no es andar sumando cifras, es ver sombras a plena luz del día y salvar la mirada para transmitir y narrar desde la posición de quien ha visto la verdad y se sabe testigo de ella.

Entonces, mirar es, en última instancia, recorrer el camino de la verdad resuelta a dar la vuelta al silencio que se ha impuesto para descifrar la ficción y habitar entonces el sentido más noble de su acepción, es decir, la capacidad de imaginar un final inédito para la vida que está por volver. Lo que requiere de herramientas certeras con las cuales poder esculpir la mirada como un acto de insumisión cultural que nunca antes había estado tan amenazado como lo está ahora, porque esculpir la propia mirada implica sortear la contradicción de una sociedad que, complacida, acata la instrucción de dejar absolutamente todo a la vista, como consecuencia de este exceso hoy se reproducen renovadas fórmulas del poder que, como antaño, extirpan toda expresión de la diferencia, de la resistencia y de la oposición, en suma, extirpan toda posibilidad de llegar a sostener un “no” frente a la barbarie y la injusticia.

De luces y de sombras: el análisis de contexto, una herramienta para la búsqueda de personas

La intención del análisis de contexto para la búsqueda de personas desaparecidas es conocer a profundidad el terreno en el cual se desarrolla la compleja organización de un sistema de vulneración y desprecio sistemático de los derechos humanos. Por ello resulta una herramienta de uso estratégico para las comunidades de familiares en búsqueda de sus seres queridos.

Se trata de un instrumento que ha de sacar a la luz los elementos que intervienen en la planeación, la estrategia, la intencionalidad y la sistematicidad con las que operan las mediaciones que toleran, facilitan, reproducen e instauran dicho sistema de vulneración como un ejercicio histórico de discriminación e impunidad, para dar cuenta de las formas en las cuales ha gestado la construcción social de las víctimas en un determinado territorio acechado por la desaparición masiva de personas.

Así, un análisis de contexto ha de servir como antecedente para elaborar los planes y las estrategias de búsqueda destinados a proteger el derecho de toda persona a ser buscada conforme a los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada,⁴ y contrarrestar de forma responsable los precisos mecanismos, patrones y tecnologías que hacen posible que las desapariciones de personas en México ocurran de manera masiva, sistemática y a plena luz del día.

Con el fin de echar luz sobre terrenos ilícitos y hostiles en los que acontecen graves violaciones a los derechos humanos, y donde es sumamente difícil aproximarse a la magnitud de la tragedia humanitaria debido a las diferentes formas de obstaculización de los procesos de búsqueda que ejercen o han ejercido, entre otros, los agentes del Estado que por acción, omisión o aquiescencia han contribuido o contribuyen en la actualidad a la producción de las víctimas, generando una increíble rentabilidad criminal basada en la desigualdad social y sustentada en la discriminación que se verifica en la imposibilidad del acceso a la justicia, el análisis de contexto también busca dar cuenta de cómo distintas categorías en pugna en el interior del fenómeno de la desaparición se redefinen en el ámbito de los movimientos sociales de familiares y de sobrevivientes, gestando fuentes vitales de desarrollo cultural e intelectual, de fuerza y de justicia social.

Hablo de categorías como juventud, género, ausencia, cuerpo, infancia, entre otras, que son elementos de una enorme explotación e increíble rentabilidad a manos del capital criminal, pero en manos de la sociedad organizada se convierten en significantes capaces de mostrar y de poner del revés los mecanismos más soterrados de producción, gestión y administración del dolor humano. Entonces, un análisis de contexto debe enfocar sus esfuerzos en contribuir a fortalecer la posición de las víctimas frente a las instituciones que han detectado sus vulnerabilidades y emplean ciertos significantes fundamentales en el tablero de la desaparición para desdeñar a las víctimas con el fin de hacer más efectiva la producción de la exclusión, de la desigualdad y del dolor social.

Ejemplo de ello, por desgracia recurrente en sumo grado, son los prejuicios de género que los encargados de recibir las denuncias emplean con premeditación para destruir el dicho de las y los familiares en búsqueda de sus hijas o de sus hermanas; estos funcionarios repiten sistemáticamente que “las jóvenes se han ido con el novio, que andan de locas y ya volverán cuando se cansen de la fiesta”. Estas formas de revictimización por las que se hace pasar a la víctima como responsable de su propia desaparición son estrategias que las instituciones de procuración de justicia mexicanas utilizan desde la década de los noventa del siglo pasado, cuando comenzaron a hacerse públicos los casos de las desapariciones y los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En aquella localidad empezó a construirse una versión pública, tanto gubernamental como mediática, que apuntó a culpabilizar a las víctimas por lo que hubiese ocurrido con ellas, por tanto, las mujeres desaparecidas fueron y siguen siendo acusadas y señaladas desde las instituciones de “llevar una doble vida, de vestir de manera provocativa, de tener malos hábitos como salir de noche”.

Llegar a comprender de qué manera funcionan los mecanismos y tecnologías del poder, así como el ejercicio de la violencia en un sistema de opresión resulta imprescindible para poner de manifiesto el impacto que ejerce la exclusión en las distintas esferas que conforman el ámbito de la vida social, donde el género, la edad, la clase social, la situación migratoria, la nacionalidad, el nivel educativo, el nivel de desarrollo, el acceso a la educación, a la salud, a la justicia, a la seguridad, además de la pertenencia o la falta de acceso a los diferentes espacios sociales de defensa de la vida que persiguen formas multidimensionales de la justicia, entre otros, son elementos interconectados que muestran las fragilidades o las prioridades, según sea el caso, a la hora del acceso a los derechos, ya que las políticas, los programas, los servicios y las leyes están inexorablemente vinculados con estas esferas que nos protegen o nos exponen frente al ejercicio violento del poder.

Ahí donde se cruzan distintos tipos de discriminación también se establece un contexto que expresa el carácter cualitativo de la experiencia subjetiva de la vulnerabilidad y de la exclusión, mismas que hoy en México son explotadas por los agentes del Estado en beneficio del incremento sin límite y sin ley de la acumulación del capital de origen ilícito.

En este momento es importante mencionar que, de acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la desaparición forzada se define como:

La privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona [^{Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1994}].

La ^{Corte Interamericana de Derechos Humanos (2020)} ha desarrollado con amplitud este concepto, destacando la gravedad especial que tiene la atribución de un Estado Parte del cargo de haber ejecutado o tolerado en su territorio una práctica de desapariciones. Ahora bien, en el caso específico de las mujeres, las adolescentes y las niñas, es preciso resaltar que la desaparición también obedece a las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres ubicadas en el origen de la violencia de género en contra de ellas.

Pese a que la historia de la desaparición contemporánea en México empieza a principios de los años noventa del siglo pasado, en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, donde la desaparición de jóvenes mujeres de clase humilde ha sido sistemática, la configuración de las desapariciones en el país va cambiando día a día.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas,⁵ de las 77 531 personas oficialmente desaparecidas y no localizadas durante los 15 años que lleva vigente el proceso formal de creciente militarización (11 de diciembre de 2006-11 de diciembre de 2021), hay más hombres que mujeres desaparecidos, ellos con 75.94 por ciento del total y ellas con 23.72 por ciento, mientras que 0.34 por ciento son reportadas como indeterminadas.

Sin embargo, cuando se observan los datos desagregados por sexo y por edad, y sólo nos referimos a los últimos cinco años de la guerra en México, se advierte que el comportamiento del fenómeno cambia respecto a la proporción de hombres y de mujeres desaparecidos.

Del 11 de diciembre de 2016 al 11 de diciembre de 2021, en el país han desaparecido las niñas y los niños de 0 a 9 años de edad en una proporción muy similar: 50.59 por ciento son hombres, 49.34 por ciento son mujeres y 0.07 por ciento son reportados como indeterminados. De los 10 a los 17 años han desaparecido más adolescentes y jóvenes mujeres que varones: hombres, 40.87 por ciento; mujeres, 58.94 por ciento, e indeterminados, 0.18 por ciento. De los 19 años en adelante la proporción de hombres se ha incrementado, cuyas edades de mayor riesgo están entre los 30 y los 44 años; en este mismo rango de edad, han desaparecido 83.99 por ciento de hombres, 15.29 por ciento de mujeres y 0.72 por ciento corresponde a indeterminados.

Además de la diferencia entre el porcentaje de hombres y de mujeres desaparecidos durante los últimos cinco años, estos datos reflejan las edades productivas en función de la diferencia de género que establece la lógica de acumulación del capital ilícito. En el caso de las mujeres se observa que la edad de explotación a manos del capital criminal se establece entre los 10 y los 17 años, y que disminuye considerablemente en las subsecuentes etapas de su vida, mientras que, en el caso de los hombres, la explotación a manos del capital criminal es más o menos homogéneo a lo largo de su vida, aunque con mayor riesgo entre los 30 y los 44 años.

El fenómeno de la desaparición ha adquirido características singulares en cada región de la república mexicana, por lo que es posible ver de qué modo las distintas regiones concentran la explotación de personas con diferentes perfiles demográficos. En este sentido, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, declaró en abril de 2021 que “62 por ciento de las desapariciones de mujeres se concentran en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Puebla y la Ciudad de México” (^{Guerrero y Baranda, 2021}).

De modo que hoy sabemos que para que existan grandes acumulaciones de capital ilegal como las que se han consolidado durante los años que lleva vigente el conflicto mexicano hacen falta guetos, espacios sin ley y sin piedad en los que la vida y los cuerpos de las personas más vulnerables sirven para alimentar la maquinaria de hacer dinero y de corromper al poder. Son territorios donde se observa de qué forma la organización de un sistema de vulneración y de desprecio constante de los derechos humanos necesita de la coordinación eficaz entre los grupos de la delincuencia organizada y ciertos servidores públicos. Requiere, además, de la negación sistemática de lo ocurrido a través de la invención de mentiras institucionales, así como de la implementación de políticas cínicas decididas a promover la ceguera social que consiente con pasividad todo tipo de estrategias encaminadas a establecer zonas francas en las cuales la vida humana puede ser impunemente explotada, torturada, asesinada o desaparecida gracias al enorme dispositivo de poder y de corrupción que durante décadas se ha ido perfeccionando dentro de las instituciones mexicanas.

A pesar de la evidencia testimonial y estadística que pone de manifiesto la profunda crisis humanitaria en materia de desaparición de personas que atraviesa México, el discurso oficial ha impuesto un estricto mandato de silencio, invisibilizando la gravedad, la incidencia y el crecimiento del fenómeno, incluso cuando diversos estudios y documentos han alertado con insistencia sobre su seriedad y su preocupante evolución.

En México existe un conflicto por el que se producen dinámicas de extrema violencia, acumulación de capitales ilegales y procesos inéditos de militarización, lo cual, aunado al peligroso escenario de violencia en contra de las mujeres, las jóvenes, las niñas y los niños, ha convertido a este país en un foco rojo en el contexto de la región; por ello se requieren abordajes especializados y análisis de contexto que permitan encontrar respuestas y transmitir las diferentes experiencias de trabajo con las y los familiares.

Realizar un análisis de contexto significa conocer un terreno a profundidad en sus múltiples dimensiones, con el objetivo de dar cuenta de cuáles son los elementos productivos, administrativos, jurídicos, políticos, sociales, geográficos, culturales, educativos, discursivos, mediáticos, entre otros, que posibilitan el incremento sin precedente de la desaparición de personas. Así, la tarea consiste en elaborar una radiografía multinivel que muestre las distintas mediaciones a través de las cuales las manifestaciones de la violencia y de la violencia extrema en contra de un grupo específico de la población no se reconocen inmediata ni oficialmente en un determinado territorio, donde, sin embargo, se registra la desaparición de personas u otro fenómeno violento de manera sistemática.

Si bien para realizar un análisis de contexto deben emplearse diferentes métodos de investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, habrá que advertir que todo método utilizado deberá proceder de modo inductivo en un primer momento, lo que significa partir del caso concreto del que se extrae la información necesaria para empezar a abrir y ensanchar el contexto en el cual situar la desaparición. Como ya se ha mencionado, todo análisis de contexto deberá servir para formular las hipótesis o las líneas de investigación que han de regir en todo momento el plan de búsqueda de una persona, mismo que, conforme al Octavo Principio Rector para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, debe efectuarse de forma consensuada con las y los familiares y de acuerdo con los estándares internacionales y los mandatos de la ley general en materia de desaparición, así como el Protocolo Homologado de Búsqueda, el Protocolo Homologado para la Investigación del Delito de Desaparición de Personas y el Protocolo Adicional para la Búsqueda de Niñas, Niños y Adolescentes, además de que debe asegurar búsquedas eficaces, con pretensión de vida, enfoques diferenciados y respeto a los derechos humanos.

Las circunstancias particulares que rodean a una desaparición deberán ser registradas, analizadas y sistematizadas a partir de la información proporcionada por las y los familiares, por lo cual es importante resaltar que la o el analista deberá asegurarse de la veracidad y de la calidad de la información, es decir, deberá asegurarse de que ésta haya sido recabada sin coacción, sin actos intimidatorios ni omisiones por parte de las autoridades ni tampoco a través de la guía dolosa del testimonio ni del amedrentamiento o de prácticas revictimizantes. En general, esto suele verificarse con base en la detección de testimonios o peritajes de tipo estándar que algunos agentes del Ministerio Público suelen copiar y pegar de manera indistinta en múltiples carpetas de investigación, así que, de localizarse información que se presuma inauténtica, será preciso realizar entrevistas no revictimizantes y libres de falseamiento, dolo y/o coacción por parte de la autoridad que las lleva a cabo.

Una vez sistematizada la información del caso específico, se procederá a investigar el contexto de forma deductiva sirviéndose de la información que el contexto general arroja. Para ello resulta necesario partir de los datos más generales hasta llegar a los más particulares, es decir, partir de los índices e indicadores que miden el nivel de desarrollo de cada país (atendiendo a variables como la esperanza de vida, el nivel de educación medio por habitante y el producto interno bruto per cápita); también habrá que prestar atención a los índices de pobreza e indicadores de desarrollo humano, entre los que destacan las tendencias poblacionales, los indicadores de salud, de escolaridad, de rendimiento escolar, de los ingresos nacionales y la composición de los recursos, del trabajo y el empleo, de la seguridad humana, de la movilidad humana y de capitales. Además, es fundamental atender al índice de desarrollo de género, un indicador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que mide las disparidades con respecto al índice de desarrollo humano entre los géneros.

Todos estos datos deberán añadir elementos de análisis al caso específico que se está abordando. Sin embargo, aunado a los índices e indicadores de corte más tradicional, se debe comenzar a elaborar índices e indicadores delictivos, confiables y transparentes, que cualitativa y cuantitativamente den cuenta de la presencia de grupos del crimen organizado y de sus zonas de influencia, de las relaciones que se establecen entre los diferentes grupos (características, estructura, ramificaciones, jerarquías, formas de cooperación y/o de competencia), de la naturaleza, la descripción y el origen de los giros negros que operan en la zona analizada, con el propósito de conocer las formas de diversificación del capital criminal y el alcance de sus respectivas zonas de influencia por medio de los modus operandi, de los patrones e indicadores de acumulación de capital ilegal, así como de la sistematicidad en la vulneración de los derechos humanos que pueden medirse a través de indicadores de acceso a la justicia, por ejemplo el número de carpetas de investigación abiertas por los delitos de alto impacto y, en especial, por el delito de desaparición, además de la información sobre su judicialización, si existiera, y de aquella relativa a las quejas abiertas ante las comisiones de derechos humanos. Otro indicador de suma trascendencia en este rubro es el nivel y la capacidad tecnológicos al alcance y/o servicio de los grupos del crimen organizado (telefonía, videovigilancia, redes sociales, etcétera), así como el tratamiento por parte de los medios de comunicación oficiales y no oficiales de los hechos relacionados con la delincuencia organizada o con sucesos de extrema violencia, para lo cual es indispensable realizar consultas en hemerotecas, en bases de datos fiables y mediante peticiones de acceso a la información conforme a la ley de transparencia vigente en México.

Por último, será necesario ir a mirar ahí donde la información está oculta por el baile de cifras, por la falta de acceso a datos estadísticos de calidad, por el silencio institucional o por la falta de transparencia, entre otros factores, que han contribuido a generar procesos de invisibilización, permitiendo a los distintos grupos de la delincuencia organizada establecer territorios en los cuales la extrema violencia y la omisión de las instituciones en su deber de procurar el acceso a una vida libre de violencia crean territorios o guetos dentro de los cuales el Estado falla a la hora de proteger el derecho de las personas a no desaparecer.

Sacar a la luz todos estos datos, sistematizarlos y procesarlos hasta configurar la radiografía del paisaje que queremos alumbrar es una tarea que debe elaborarse con el máximo respeto a los estándares internacionales que dictan tanto la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas como la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

Como analistas debemos ser plenamente conscientes de que todo plan de búsqueda se sustenta en un análisis de contexto realizado de manera ética y responsable. Asimismo, debemos recordar la relevancia de cuidar el lenguaje con el que escribimos; en este sentido tenemos que hacer un esfuerzo de traducción permanente, pues es posible que quienes lean el documento final puedan estar muy lejos (no sólo geograficamente, sino también en el tiempo) de una realidad que parece increíble y, por tanto, difícil de comprender.

Habrá que tener presente que cualquier análisis de contexto podría utilizarse algún día en una corte nacional o internacional, por lo cual deberá trabajarse con la intención de cumplir a cabalidad con la función de un peritaje autónomo e independiente que permita a las y a los jueces llegar a conocer con transparencia y profundidad el terreno en el que hoy se ejecutan miles de desapariciones en México.

También a cada paso habrá que recordar que investigamos y escribimos para las víctimas y para sus familias, lo que implica una enorme responsabilidad a la hora de cuidar cómo dejamos el testimonio de la desaparición de una persona con un proyecto y una forma de vida. Nunca perdamos de vista que se trata de la historia de los deseos, los sueños y los anhelos de todas aquellas personas a quienes algún día hemos de encontrar.

Por último, sólo me resta decir que después de años muy difíciles he llegado a la conclusión de que nuestra tragedia, como la de Edipo, es una tragedia de la luz, ya que los ojos de Edipo están sanos y, pese a ello, no ven, y no ven porque la verdad tiene un componente ético que exige la responsabilidad de los sujetos al momento de querer descifrarla y conocerla.

De modo que para trabajar con una ética de la mirada fina es necesario comenzar a habitar de otras maneras nuestro tiempo para producir memorias éticas destinadas a humanizar la tragedia que hoy está en curso en un país donde la práctica de la defensa de los derechos humanos es una forma de habitar el tiempo decidido a echar a andar con las herramientas históricamente conquistadas para buscar y llegar a conocer la verdad. En suma, para asumir el reto de trabajar hombro con hombro con quienes han cruzado el límite del dolor y con sus pasos nos han enseñado a mirar e investigar de otras formas.

En este paradigma de defensa de la verdad y de la vida misma, el análisis de contexto nos ayuda a superar el ministerio exclusivo de la cifra que es propio de los discursos más conservadores para abrir paso a las formas de investigación históricamente situadas y contrarrestar los patrones de impunidad que por acción, omisión o aquiescencia toleran, ejecutan e incluso fabrican pautas sistemáticas de violaciones masivas a los derechos humanos en favor de la organización y la división del trabajo criminal que en el mundo entero están en marcha.