Introducción

Silvia remoja un pedazo de pan en el caldo de una humeante sopa de fideo, mientras Luisa corta un aguacate para repartirlo entre todas. Un grupo de madres buscadoras me ha invitado a comer para platicar cuánto ha cambiado todo desde 2019, la última vez que estuve en esta región de Norte Grande, ubicada en el occidente mexicano. Aunque hemos mantenido contacto por medio de mensajes y llamadas, compartir la mesa le da otro ritmo a nuestra conversación. Son cuatro mujeres que han formado un grupo de búsqueda para rastrear el paradero de sus hijos. Aquí me referiré a ellas como Silvia, Luisa, Mónica y Rosa.¹ Cuatro mujeres que a lo largo de estos años se han convertido en testimonio de un México en el que, de acuerdo con ^{Gatti (2022)}, desaparecer es la regla y no la excepción.

A la par de que Luisa nos sirve una segunda ronda de sopa, les cuento sobre las noticias que he leído recientemente sobre Norte Grande. Casi todas las notas hablan de enfrentamientos entre criminales y autoridades, pero muy pocas sobre las fosas encontradas o las desapariciones que aquí ocurren. “No publican nada, por eso es por lo que no te enteras”, me responde Mónica. En seguida, Rosa complementa: “los de aquí poco importamos y ni le conviene a todos los políticos que se sepa lo que vivimos en estos municipios”. Mi observación sobre la falta de noticias causó ruido y comenzaron a relatarme nuevos fragmentos de sus historias de búsqueda. Mónica recordó la forma en que a menudo las tratan en las oficinas de la Delegación Regional de la Fiscalía. Al interior de la entidad, la institución encargada de la procuración de justicia aglutina sus sedes por regiones. La oficina de Norte Grande, por ejemplo, congrega todos los casos de ocho municipios. Las cuatro madres se quejaron y contrastaron la estructura institucional en esta parte de la entidad con la que se despliega en el centro geográfico del estado, donde se localiza la capital política. Días antes, otra buscadora, de nombre Laura, me dijo lo siguiente: “aquí todo igual, todo es muy distinto. Nada es como allá en la ciudad”. Al final de la tarde Silvia recordaba la muerte de un policía que consideraban su aliado. Una muerte que ocurrió en un accidente vehicular que para ellas sigue siendo bastante sospechoso. El relato acerca del accidente abrió la puerta para que las buscadoras comenzaran a exponer sus análisis sobre las alianzas entre criminales y políticos locales. Luisa nos dijo algo que llenó de silencio la casa de Silvia, “este país ya no es el mismo, es otro. Si alguna persona me hubiera contado el horror que hoy vivimos, yo la hubiera tachado de loca”.

Si bien a lo largo de las páginas regresaré a varios de los puntos enunciados durante la sobremesa, lo que me interesa resaltar en este momento es que lo que surgió en la conversación que tuvimos aquella tarde nos dice algo sobre un engarzamiento entre los márgenes, la desaparición y la búsqueda de las víctimas en determinadas geografías de México. Podríamos decir que la desaparición y los márgenes, o lo periférico, se complementan e, incluso, que en este país desaparecer es la regla, lo cual nos hablaría de la expansión de los márgenes. Pero me parece que, en primer lugar, las vivencias de las madres exponen particulares diferencias entre quienes buscan en las grandes ciudades y quienes buscan en el interior, en aquellos lugares que muchos aún llaman provincia. Este punto abre la puerta para reflexionar acerca de la noción de margen en el marco de la denominada guerra contra las drogas, específicamente a partir de dos dimensiones: los rumores relacionados con los vínculos entre autoridades con criminales y la baja materialidad del Estado, como una parte nuclear de sentirse o no en el desamparo, como lo indicó una de mis interlocutoras. No pretendo reificar la materialidad de lo estatal, pero me es imposible no posicionarme desde dicho punto de referencia si tomo como base las palabras de mujeres con las cuales he convivido durante mi trabajo etnográfico en zonas alejadas a las principales ciudades del país -las que por lo general cuentan con mayor acceso a oficinas burocráticas, organizaciones no gubernamentales y pluralidad de medios informativos, aunque esto por supuesto no sea por sí mismo sinónimo de justicia.

Como ya lo enunciaba, me concentraré en la región de Norte Grande. Ahí, entre 2017 y 2021, realicé tres estancias de campo de dos meses cada una. A la gran mayoría de las madres de víctimas las conocí por medio de mi voluntariado, durante 2018, en una organización no gubernamental que acompaña desde la capital los procesos legales de familiares de personas desaparecidas. Debido a los miles de casos reportados, las fiscalías han aducido tener un estancamiento de las investigaciones. Pero las familias y los activistas afirman que el problema radica en una corrupción fundada en los vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado. Una suerte de estancamiento intencional; un silencio estratégico. A la par, las madres de las víctimas han emprendido búsquedas alternativas para encontrar las respuestas negadas por el Estado.

Para desarrollar mi argumento acerca de los márgenes me ayudaré en principio de la conceptualización propuesta por ^{Das y Poole (2004)}, quienes postulan que los márgenes son fundamentales para el Estado, de igual modo que la excepción es un componente necesario de la regla. No obstante, contrastaré dicha noción ampliamente divulgada en la antropología con otras posturas que invitan a romper la cosificación de condiciones que hemos etiquetado como “lo marginal” (^{Ramírez, 2015: 37}). Es importante resaltar que al encumbrar la idea de zonas de excepción puede contribuirse a terminar por reivindicar precisamente la extensión de controles estatales. Así, teniendo en cuenta esto último, mi propósito es exponer la pertinencia de los márgenes como elemento teórico-metodológico para estudiar el caso mexicano.

Para ello bosquejaré un análisis de contexto de Norte Grande, exploraré la dimensión burocrática en dicha geografía -frente a la materialidad estatal del centro de la entidad-, y las dinámicas afectivas empleadas por las buscadoras. Por dinámicas afectivas me refiero a las formas en que las madres intervienen en los márgenes del Estado desde rumores basados en sospechas, que les permiten trazar sus caminos de búsqueda. Más allá de sólo recuperar los testimonios de las buscadoras, presento una reflexión de sus experiencias. Invocaré con frecuencia la mesa de análisis en que devino la sobremesa en casa de Silvia. Análisis que nos habla de un desamparo que aquí enmar co bajo la noción de margen, por considerar que tiene una potencia crucial para entender la desaparición en México.

Apuntes críticos

En principio, ^{Das y Poole (2004: 6)} puntualizan que las formas de ilegibilidad, pertenencia parcial y desorden que parecen habitar o poseer a los márgenes son una condición necesaria del aparato estatal, visto como un objeto teórico-político. Mi interpretación de los márgenes, usando como referencia la obra de las autoras, es que su base es la constante tensión entre exclusión e inclusión. En cuanto producto político, el margen separa, pero es justamente ese ejercicio de exclusión lo que define aspectos necesarios para la formación de un Estado-nación.

El libro State Theory and Andean Politics: New Approaches to the Study of Rule (^{Krupa y Nugent, 2015}) también interpreta el concepto de margen e inclusive cuestiona su utilidad. Sus autores proponen contemplar los Estados a partir de la idea de campos políticos descentrados. Este postulado argumenta que modelos analíticos como “el margen” obscurecen la comprensión de una multiplicidad de formas en que los gobiernos ejercen su norma. Es decir, no hay exclusiones como tal, sino diversas formas de inclusión que dan como resultado una particular geografía oficial. En el capítulo de Ramírez, acerca de la región de Putumayo, se indica que en esa región el capital nacional e internacional busca extraer el máximo rendimiento de la industria cocalera. De hecho, de acuerdo con Ramírez, cada vez que una región parece no estar integrada con el sistema central, como en el caso de Putumayo, habría que rastrear sus vínculos con el sistema internacional (2015: 38).

No menos trascendente, el libro menciona que la figura de las periferias legitima un ejercicio de explotación al pintar a los márgenes como áreas lejanas, ajenas o salvajes (^{Ramírez, 2015: 37}). Por último, las nombradas periferias también tienen una función específica que les ha sido asignada por el estado del que forman parte, aunque dicha función no siempre sea clara en un primer momento. Concuerdo con estos apun tes; sin embargo, la idea de margen bajo un contexto de violencia masiva me provee con dos componentes interrelacionados que me parecen imprescindibles: la sospecha y la incertidumbre.

En su capítulo dentro de la obra coordinada por ^{Das y Poole, Asad (2004)} coloca sobre la mesa que la sospecha ocupa el espacio entre la ley y su aplicación. En dicho sentido, “todos los sistemas judiciales y policiales del Estado moderno presuponen una sos pecha” (^{Asad, 2004: 285}). Así, encontramos márgenes acentuados allí donde existe una mayor duda, donde surgen preguntas sobre por qué ciertas leyes no son aplicadas de igual forma o los intereses de quiénes están siendo protegidos. Esto me regresa a los rumores que me indicaron mis interlocutoras. El recelo que provoca ese runrún que habla en voz baja del involu cramiento de políticos con grupos criminales, o el ver a tantos militares merodear por las calles. Se trata del rumor como una forma de sospecha que abre la puerta a la incertidumbre y el rango de emociones que ello provoca en quienes viven o son afectados por los márgenes de la guerra: “uno ya no sabe quién sí y quién no está metido en el negocio. Hay que andarse con cuidado”, me confesó Norma. Son sospechas que circulan entre mis interlocutoras para cuidarse entre ellas. Cuando la sospecha se comparte con otras madres deviene no sólo en un acto de cuidado, sino en herramienta política de análisis del contexto en que se vive, en especial cuando la cobertura informativa está marcada por la autocensura.

No quiero dejar de mencionar que el libro de ^{Krupa y Nugent (2015)} tiene un sugerente apartado sobre el espectro de emociones que produce el Estado. No obstante, el énfasis acerca de la incertidumbre en el libro de ^{Das y Poole (2004)} me parece más pertinente para analizar el contexto de la violencia en México, por la incertidumbre misma que produce la guerra e incluso la incertidumbre como un factor enraizado en el crimen de la desaparición. Incertidumbre que se incrementa cuando las familias de las víctimas dicen que “no tienen a dónde ir para pedir ayuda”. O, como lo expresó Laura: “aquí todo igual, todo es muy distinto. Nada es como allá en la ciudad”. Estas declaraciones nos invitan a pensar que en las regiones hay un particular manejo de la burocracia, el cual devela el uso de la faceta material del Estado y las variadas formas en que se hace presente, dependiendo del papel económico-político de la zona geográfica en cuestión.

En esencia, hablamos de la espacialidad del poder y del conocimiento que produce u oculta, como lo presenta ^{Gupta (2012)} en su trabajo respecto a la burocracia en la India. En dicho sentido, quiero resaltar que la burocracia forma subjetividades y genera una interpretación en las personas a través de su interacción con lo estatal. O, dicho de una manera más puntual: se trata de una subjetividad marcada por la posición de los individuos dentro de la geografía oficial, de su posibilidad de acceder a los dispositivos del Estado y, en última instancia, de su grado de ciudadanía al ser y sentirse parte, o no, de una comunidad política (^{Yeh, 2017}). Recordemos, como lo señalé en la introduc ción, la sensación de desamparo expresada por una de mis interlocutoras. Pero para entender mejor mi apuesta por el concepto de margen profundicemos en el contexto de Norte Grande.

Un margen como centro de una economía subterránea

Al reflexionar acerca de los casos regionales, elaborar un análisis de contexto para un mayor entendimiento de los factores detrás de la violencia es un punto clave. No obstante, el reto es lograr elaborar una exploración o estudio contextual manteniendo la estrategia de anonimato y cuidado para con mis interlocutoras. Sin alejarme de este compromiso, puedo mencionar que Norte Grande colinda con tres estados de la República. La región, de acuerdo con datos oficiales, se ha caracterizado por un fuerte flujo migratorio hacia Estados Unidos. Respecto a las economías legales, la producción agrícola representa 50 por ciento de la superficie total, seguido por 22 por ciento del uso pecuario. Es de resaltar que la región es hogar de menos del seis por ciento de la población total de la entidad y, de acuer do con el gobierno, más de la mitad de los habitantes vive en condiciones de pobreza moderada (^{Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco, IIEG, 2023}).

En lo que respecta a la violencia, durante 2023 la gran mayoría de las averiguaciones previas fueron por violencia familiar y lesiones dolosas (^{IIEG, 2023}). En lo relacionado con la estrategia de seguridad militarizada lanzada en 2006, en la región ha habido una disputa entre actores armados por el control territo rial, desde las fuerzas armadas hasta la policía y grupos armados (^{Querales-Mendoza, 2020}). Dentro de la narrativa hegemónica de la guerra se indica que, durante el periodo de 2008 a 2014, esta geografía fue disputada por el Cártel del Golfo -a través de Los Zetas- y el de Sinaloa. Sin embargo, en años recientes, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha logrado establecer un dominio que lo convierte en el principal grupo criminal, al enfocarse tanto en la producción, trasiego y venta de drogas ilegales, como en el robo de combustible.

Unas semanas después de mi última visita a Norte Grande aparecieron varias notas relacionadas con eventos violentos en dicha área geográfica. Los portales informativos señalaban cómo, en menos de dos días, en distintos hechos, se habían enfrentado criminales y autoridades en tres de los ocho municipios que conforman la demarcación administrativa. No es mi propósito concentrarme en el culebrón que habla de los cárteles, aquel que los ha mitificado haciéndolos entes omnipotentes y omnipresentes. Como indican ^{Zavala (2022)} y ^{Correa-Cabrera (2017)} entre otros, con frecuencia detrás de dichos grupos se encuentran complejas redes de complicidad y tensión con grupos tanto políticos como empresariales.

A la sombra de la mitificación del narcotráfico, sostengo, encontramos un importante entramado de relaciones entre agentes del Estado y criminales a manera de affairs o alianzas inconfesables como las nombra ^{Maldonado (2018)}. Vínculos frágiles, inestables, pero siempre en constante negociación. Desde luego estas relaciones ocurren tanto en los centros como en los márgenes. Las madres buscadoras de Norte Grande me hablaron de rumores acerca de alianzas de pre sidentes municipales o integrantes de partidos políticos con narcos. Además, en repetidas ocasiones me contaron historias relacionadas con la multiplicación de laboratorios para elaborar droga sintética. Lo que me interesa subrayar es aquello que develan esos rumores en mi zona de estudio: el boom de negocios como la producción de metanfetamina y la extracción ilegal de gasolina, práctica conocida como huachicoleo. Se trata de economías ilegales que parecerían desplegar se con “mayor facilidad” en aquellas zonas apartadas de los centros.

El huachicoleo es el robo de combustibles realizado a través de la perforación de tuberías. En su diversificación de labores, los grupos criminales han encontrado en esta actividad una significativa entrada de ganancias económicas. “Luego dicen que son los del cártel, pero no me digas que los políticos no se benefician. Todos sabemos”, asevera Rosa. De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), empresa estatal productora, refina dora y comercializadora de petróleo, las pérdidas por huachicoleo se estimaron en más de 14 millones de pesos en 2022 (^{Molina, 2022}). En Norte Grande confluyen, fuera de nuestro campo de visión, diversas vías de tuberías que han devenido en uno de los núcleos de dicha economía subterránea. En palabras de ^{Mirus y Smith (1997: 4)}, una “economía subterránea puede definirse como una porción de la economía que no se observa debido a los esfuerzos de algunos negocios por mantener sus actividades sin ser detectadas”. Con todo, en el escenario mexicano las economías subterráneas tienden a ser visibles, a veces en sus operaciones, pero sobre todo en cuanto a su impacto en el territorio. Quizá tratan de ser silenciosas, pero no siempre logran su cometido. Como evidencia, en los márgenes encontramos no sólo la sonoridad de los enfrentamientos armados, sino también los rumores sobre alianzas inconfesables y el bisbiseo en torno al desco nocimiento de las cifras de personas desaparecidas.

Más allá del huachicoleo, Norte Grande es un epicentro nacional de la producción y trasiego de metanfetamina. En general, el mercado nacional de producción de drogas ha migrado de las clásicas sustancias, como la cocaína o la heroína, rumbo a la manufacturación de narcóticos sintéticos. Las características puntuales de dicho cambio exceden el objetivo de este texto, pero algunos autores han resaltado ciertos componentes como el cambio climático, por lo complejo de mantener grandes plantaciones frente a condiciones climáticas adversas (^{Sánchez-Castañeda, Nieto-Barajas y Fuerte Celis, 2022}), además de menores costos en la infraestructura de producción y la propiedad del camuflaje, al poder instalar laboratorios en casi cualquier espacio (^{Santos Cid, 2023}; ^{Barragán, 2023}). Tan sólo en 2011, “las autoridades mexicanas decomisaron el 56% de la metilamina -uno de los principales componentes para la elaboración de metanfetamina- asegurada en todo el mundo” (^{Chávez et al., 2022}). Específicamente, el occidente se ha posicionado como uno de los epicentros de producción de esta droga en México; ahí se encontró 67 por ciento de la totalidad de laboratorios asegurados entre 2006 y 2018 (^{Chávez et al., 2022}). Y, si bien no existe un informe oficial que ligue dicho contexto con el aumento de personas desaparecidas, trabajos periodísticos y declaraciones de políticos han expuesto que, fuera de la zona centro, la región de Norte Grande es la “más golpeada” en cuanto a las desapariciones, debido al despliegue de la guerra contra las drogas, aunque, como lo indicó Mónica, “no publican nada”, en referencia a la ausencia de una cobertura constante de los acontecimientos violentos en la zona.

Ahora bien, pareciera que las economías del huachicoleo y de la metanfetamina que tienen lugar en Norte Grande desafían o transgreden la noción de margen, al ser ésta una región de interés para el capital. ¿Pero, cuál es entonces la diferencia entre centros y márgenes en el contexto de la guerra contra las drogas? Me parece que ^{Ballvé (2019)} logra aterrizar e interpretar con detalle el concepto de margen desde su propuesta de narcofrontera en el noroeste colombiano. El autor hace hincapié en que esa área ya era, en diversos sentidos, una frontera mucho antes de la expansión del mercado de narcóticos, pero esa condición se acentuó desde que se intensificó la guerra contra las drogas. Ballvé sintetiza de manera ideal el significado de margen en su zona de estudio: una sensación de abandono o no pertenencia al Estado, que coexiste con la hipermilitarización. Esto mismo ocurre en Norte Grande, donde las buscadoras se sienten abandonadas por las autoridades, mientras conviven con la fuerte presencia de militares en municipios que son una frontera simbólica, pero también física, al ser el límite con otras entidades. Hablamos, asimismo, tanto en el caso colombiano como en el mexicano, de fronteras de productos. “Lugares en donde el capitalismo devora las relaciones socioecológicas mediante la producción ampliada de una mercancía” (^{Ballvé, 2019: 216}). En Colombia se trata de la cocaína, en México de sustancias sintéticas. Economías ilegales en ambos casos. Así, resumiendo el trabajo del autor, no se trata de la ausencia del Estado, sino del uso de los imaginarios geográficos de las fronteras -nacionales e internas- como márgenes para desarrollar o permitir la propagación de lo ilegal.

Aquí vale la pena preguntarnos quién o quiénes llevan a cabo las desapariciones en Norte Grande. Algunas familias apuntan a los militares y policías, otras señalan a los criminales. Buena parte de mis interlocutoras dicen que en realidad son todos ellos actuando en conjunto. Silvia me dijo que “no sabemos con exactitud, pero al final son casi lo mismo”. Son alianzas inconfesables. Los márgenes de la guerra entrañan una contradicción: el incremento de casos de personas desaparecidas justifica la presencia de militares, pero la militarización es de manera simultánea una máquina de violaciones a derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (^{Rea y Ferri, 2019}).

Márgenes burocráticos

Mis interlocutoras mencionaron, en más de una ocasión, el sentirse relegadas respecto a las madres buscadoras de la capital en cuanto a los procesos de participación en construcción de leyes y programas de búsqueda. Su percepción es que en las regiones lejanas al centro los procesos de acceso a la justicia se aletargan aún más. Sus palabras se enlazan con el trabajo de ^{Silverstein (2021: 430)}, acerca de la forma en que las regiones en las cuales el Estado puede ser percibido como débil o ausente se debe en realidad a que sus prácticas representacionales tienden a ser menores en comparación con otros territorios.

En su texto sobre las infraestructuras del narcotráfico en Perú, Silverstein puntualiza que las llamadas prácticas representacionales del gobierno incluyen desde performances (presencia de símbolos como banderas y actos protocolarios abiertos al público) hasta la materialidad (edificios, caminos, sistemas de saneamiento) que en conjunto crean un efecto de integración con la nación. Institucionalmente, en Norte Grande es palpable la ausencia de las oficinas que se desprenden del sistema de procuración de justicia. Durante nuestra conversación, Mónica me relató algo que le parecía ilógico: “si tantas cosas pasan aquí, no entiendo la razón por la cual una debe ir a una oficina a otro municipio que no es el de una”. La madre de José, desaparecido en 2012, puso el dedo sobre el renglón de algo que ya me habían comentado otras madres respecto a la peculiar presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE). Los municipios de Norte Grande comparten una misma Delegación que tiene centralizada todas sus operaciones. Hay una fuerte presencia de militares, pero una ausencia de instituciones vinculadas con la procuración de justicia.

Otros organismos fundamentales para la búsqueda de personas, como la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAVJ) y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) tampoco cuen -tan con oficinas distribuidas en Norte Grande, mientras que en la capital algunos de estos organismos tienen una fuerte presencia física y mediática. Más allá de profundizar en el mero centralismo de las institu ciones, quiero recalcar las percepciones que ello provoca y cómo esto ha sido interpretado por las madres buscadoras, quienes constantemente regresaban en nuestras conversaciones a la dificultad de ir a las oficinas que el Estado mexicano ha creado para buscar a los desaparecidos de la guerra. Una diferencia entre las mujeres de Norte Grande y las de la capital, y que para mis interlocutoras resulta vital, es la posibilidad de ir para “estar ahí”, para caminar la queja en las instalaciones en las que se despliega la parafernalia estatal. “Caminar la queja o hacerla funcionar se refiere a los tejemanejes burocráticos necesarios para supervisarla [...] Caminar el agravio o hacerlo funcionar también indica la necesidad de estar presente físicamente, moviendo la documentación en la dirección deseada” (^{De la Cadena, 2015: 72}).

No obstante, en el contexto de violencia masiva que atraviesa México, el caminar la queja parece más una suerte de ilusión que se desprende de una eterna promesa, aquella que repiten los funcionarios de que se buscará a todas las personas desaparecidas hasta las últimas consecuencias. Luisa verbaliza la ilusión junto con la incertidumbre de la siguiente manera: “el que puedas hablar a las oficinas y que te contesten es aquí imposible. Las compañeras de allá -de la capital- cuando necesitan que los oficiales vayan a las búsquedas, pues sólo hablan y éstos van a donde están ellas buscando”. Es verdad que, en algunas ocasio nes, cuando las madres de la ciudad llaman a las autoridades para informarles que encontraron una fosa clandestina, los encargados tanto de la fiscalía como del instituto forense acuden ese mismo día al sitio. Algo que parece casi imposible en Norte Grande. De igual forma, en el testimonio de Luisa sobre la llamada telefónica se percibe al Estado a partir de la voz, de que alguien esté del otro lado de la bocina y responda. Un Estado que se aparezca en la zona de exterminio cuando se le llama. Lo tangible en los márgenes parece ser una ilusión que provoca impotencia entre quienes buscan a sus seres queridos.

Los márgenes se ensanchan aún más cuando se habla de las dinámicas participativas como las mesas de trabajo que se llevan a cabo entre autoridades, organizaciones no gubernamentales y familiares de víctimas en la zona centro de la entidad. En esas mesas se formulan o discuten políticas públicas, así como nuevas estrategias para la búsqueda de personas. Las madres del interior con frecuencia viajan hasta la capital para ser parte de encuentros que no suelen ocurrir en sus municipios, lo cual las hace sentirse apartadas. Las vivencias de las madres buscadoras exponen un sentimiento de exclusión en cuanto ciudadanas y la dificultad de ser parte del modelo participativo que emerge cada tanto en la ciudad. En Norte Grande lo que hay es un vacío que “apachurra el corazón”, de acuerdo con Silvia.

En testimonios de otras madres buscadoras, el sentimiento de exclusión se ve realzado por la falta de información local que les ayude a saber qué ocurre en los municipios donde viven. Por su condición de provincia, los periódicos formalmente establecidos en estos municipios son pocos y deben lidiar con problemas de financiación junto con precarias condiciones laborales. A ello se suma la autocensura antes mencionada y de la cual me habló un periodista local: “en ocasiones los directores del periódico nos dicen: ‘¡ahí ni te metas!’, en otras ocasiones nosotros somos los que sentimos que mejor no deberíamos hablar de tal cosa, por seguridad. Sí te da impotencia, cubres pura política local que al final siempre está embarrada por el narco”. La declaración del periodista expone a Norte Grande como una zona de silencio, lo que refrenda, arguyo, la pertinencia de utilizar la noción de margen para este territorio.

Frente a la prudencia tomada por los medios tradicionales hay una efervescencia de perfiles informativos en Facebook. Dichas páginas postean toda la información sobre robos, asesinatos, enfrentamientos armados, fichas de búsqueda de personas desaparecidas y todo tipo de rumores vinculados con la violencia en la región. Mi punto aquí no es analizar la objeti vidad o veracidad de estas páginas, sino subrayar las estrategias empleadas por la población en el contexto de la guerra, en particular si las comparamos con la zona centro; donde no sólo se concentra el corazón burocrático de la entidad, sino las redacciones de los grandes medios del estado.

Asimismo, en nuestras interacciones, Rosa insistió en la falta de organizaciones no gubernamentales que puedan apoyarlas en sus municipios. De hecho, cada que requieren ayuda suelen ir a la capital para reunirse con activistas que les explican los trámites a realizar o para que las acompañen en sus reuniones con autoridades. José, un activista de Guadalajara, me contó que la capacidad de acción en las regiones es poca por dos grandes razones: hay menos oportunidad de obtener recursos y mayores riesgos para los trabajadores. Además de que su papel como actores políticos se vería mermado al estar lejos del centro de acción, donde pueden tener una mayor oportunidad de interlocución “para hacer ruido”, aunque ese ruido va disminuyéndose conforme nos alejamos de la ciudad capital. Un ruido que deviene en rumor, en sospechas, que con frecuencia subraya las alianzas inconfesables, un ruido que en Norte Grande difícilmente se apaga, ya que se cuela entre las brechas y se transforma en estrategias de búsqueda implementadas por las buscadoras.

En su etnografía sobre el trabajo sexual en el norte de México en el contexto de la guerra contra las drogas, ^{Luna (2020)} postula que el rumor es un acto de cuidado. Las personas cercanas a la antropóloga le dijeron qué nunca debía rebasar a las camionetas de vidrios polarizados, porque esos vehículos suelen ser conducidos por criminales. Las historias conteni das en los rumores hacían referencia a estar alerta y tratar a los narcos con respeto. El rumor se mueve entre locaciones o regiones, como lo indica ^{Das (2008)} al hablar de significativos acontecimientos como el asesinato de Indira Gandhi. Así, cuando la sospecha y el rumor se dan en un territorio en guerra, nos encontramos con actos de cuidado, de escucha, y de compartición de conocimiento. “Siempre estamos en contacto para contarnos lo que sabemos, nos juntamos para hablar de lo que oímos”, me dijo Silvia.

Voces desde el centro

Una tallerista explica, paso por paso, cómo utilizar el programa para construir mapas. Durante la mañana las madres han aprendido técnicas para mapear las zonas en las que saben o intuyen que hay fosas. La geógrafa expone la manera en que se pueden marcar referencias geográficas que posteriormente las buscadoras utilizan para diagramar sus jornadas de búsqueda. El taller ocurre dentro de las oficinas de una organización no gubernamental ubicada en la capital de la entidad. Se invitó a varias madres de víctimas de las regiones, pero mencionaron que no asistirían debido a la falta de transporte o dinero para gestionar su trayecto.

A lo largo de mis estancias de trabajo de campo en la región centro estuve presente en distintos talleres organizados por activistas y reuniones con autoridades, locales y federales, que han contribuido a que las madres acumulen un conocimiento que las ha definido como expertas en el tema. Ante los ojos de mis interlocutoras en las regiones, dicho conocimiento “es necesario que lo sepamos nosotras también” (Rosa). Y, si bien ellas generan otros tipos de conocimientos, las madres de Norte Grande consideran que las con diciones deberían nivelarse entre las familias de víctimas: “nuestras compañeras nos comparten lo más que pueden, usamos mucho los grupos del celular. Pero al final nunca será lo mismo”, me confió María Luisa.

Perla, quien reside en la capital, coincide en que las condiciones, de acceso a conocimiento y de búsqueda, no son equitativas: “cuando las autoridades federales visitan la entidad usualmente vienen a la ciudad. Todos los grandes eventos son aquí, las presentaciones de informes, los talleres, hasta las marchas”. La madre de Fabiola, desaparecida en 2018, subraya la forma en que las víctimas del centro terminan por recibir mayor atención e información, lo cual impacta en sus procesos de búsqueda tanto individuales como colectivos.

La centralización de las oficinas, así como el conocimiento al que tienen acceso las madres de la capital, no está directamente relacionado con el acceso a la justicia, o con encontrar a sus seres queridos, pero sí han obtenido herramientas para conocer el contexto en el que buscan y no sentirse constreñidas por las decisiones de las autoridades. Julieta concuerda con la percepción de que en la ciudad se dispone de más herramientas: “nosotras vamos a talleres, y aunque eso implica tiempo, nos permite saber cosas que nos ayudan mucho. Tratamos de compartir lo más que podemos con las demás”.

Tanto el centro como los márgenes terminan por crear subjetividades en mis interlocutoras. Las buscadoras de Norte Grande invocan el desamparo, mientras que las madres de la capital mencionan que tienen un mayor acceso a las oficinas burocráticas, a conoci miento, a medios informativos y organizaciones no gubernamentales, aunque esto no siempre se vea reflejado en los hallazgos de personas desaparecidas. No obstante, debido a la falta de estos componentes, las buscadoras de Norte Grande recurren, por ejemplo, al armado de mapeos menos tecnificados que dibujan en cuadernos para conocer las zonas de peligro en sus municipios.

Conclusión

Mediante la conformación de un margen como centro de economías ilegales y la llegada de militares, las madres de personas desaparecidas interpretan el abandono institucional -que antecede a la guerra- como idóneo para el florecimiento de las alianzas inconfesables. Para profundizar en el abandono mencionado por mis interlocutoras he recurrido al concepto de margen propuesto por ^{Das y Poole (2004)}, pero lo hago incorpo rando tanto la vertiente de las dinámicas afectivas (expresadas en la unión entre sospecha y rumor) como las críticas vertidas por otros académicos respecto a la propuesta de las autoras. Concuerdo con la idea de que, más allá de un mero binomio ente exclusión e inclusión, existen diversas lógicas de inclusión que dan como resultado una geografía oficial, en la cual cada territorio posee determinados fines asignados por los grupos en el poder (^{Krupa y Nugent, 2015}).

Pero el concepto de margen me sigue pareciendo útil para comprender la espacialidad del Estado, la intensidad y el uso de las prácticas representacionales del gobierno en un cierto territorio, así como las interpretaciones que todo ello genera. Un sentimiento que nos habla del desamparo, el cual no necesariamente se esfuma en el centro de la entidad, pero sí toma otros matices.

He postulado que los márgenes generan incertidum bre sobre el estado en que se vive, puesto que tienen esta finalidad al aparentar un retraimiento para, justo como ocurre en la región de Norte Grande, dejar el camino burocrático como una de las pocas vías para acceder a la justicia. Mientras tanto, sigue desplegándose una guerra que ha tomado a este margen como centro de economías subterráneas. El margen encierra, precisamente, la contradicción de ser centro de aquello que el Estado cataloga como ilegal, anormal o reprochable.

En sintonía con las críticas que se han hecho al concepto de margen, vale la pena discutir la pertinencia de ensanchar la lente que acompaña a esta noción, más que debatir su utilidad. Sobre todo en un país donde desaparecer es la regla y no la excepción (^{Gatti, 2022}). Como lo dijo Luisa, “este país ya no es el mismo, es otro”. Un país que con la guerra ha exacerbado la conjugación del afuera y el adentro, que ha dejado más regiones a la intemperie masificando el desamparo y la incertidumbre. En síntesis, me refiero a la necesidad de amplificar el concepto de margen para replicarlo a lo largo del territorio mexicano, para reflexionar sobre una externalización de los márgenes que hoy recubre buena parte del país. Una externalización que, dicho sea de paso, ha creado subjetividades entre los habitantes de un Estado-nación que atraviesa una ambigua guerra sellada por rumores de alianzas que permean los tres niveles de gobierno.

Por último, es importante reiterar que, al examinar al Estado desde una perspectiva antropológica, más que recurrir a una caja de herramientas llena de múltiples teorías del Estado que sencillamente buscamos embonar en nuestros casos de estudio: lo que necesitamos, de acuerdo con ^{Gupta (2015: 267)}, es descubrir las similitudes y diferencias entre los Estados, así como entre las regiones que trabajamos. Sólo así podremos identificar de mejor manera las variadas formas en que el Estado es utilizado por los grupos o elites locales para lograr un mayor poder, extender su dominio y obtener recursos (^{Gupta, 2015: 271}). Si en efecto extendemos la noción de margen a lo largo del territorio mexicano, queda la duda acerca de qué encierra un Estado que por momentos aparenta ser débil, que se ausenta y abre camino al fortalecimiento de economías subterráneas cuyo impacto ensancha el abandono. Aunque un abandono confrontado e intervenido por las víctimas y sus familias, cuyas estrategias por momentos rehacen o interrumpen el propósito de los márgenes.