Artículos

 

Conflictos agrarios del Nordeste argentino en la década de los setenta

 

Guido Galafassi*

 

Doctor en Antropología por la FFyL de la UBA. Profesor e investigador del CONICET, de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UBA.

 

Recibido en octubre de 2005.
Aceptado en marzo de 2006.

 

Resumen

El objetivo de este artículo es aproximarse al problema suscitado con la tenencia de la tierra —como factor clave en la producción agropecuaria— en la provincia de Formosa de la década de 1970, a partir de la emergencia y el accionar de movimientos agrarios de pequeños productores y campesinos. Se definen algunas hipótesis sobre los factores que tuvieron un papel clave en la relación entre la estructura de la producción y la emergencia de estos movimientos. Tanto la tenencia como el uso de la tierra formaron parte de una serie de conflictos sociales en los cuales intervino la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (integrante de las Ligas Agrarias de la región del Nordeste argentino en los años setenta).

Palabras clave: movimiento social, región chaqueña, desarrollo, conflicto social, agricultura, tenencia de la tierra.

 

Abstract

The objective of this paper is to analyze the origin and development of a rural social movement in the Argentinean northeast in the seventies. The paper focuses on a particular peasant organization, the ULICAF (Union de Ligas Campesinas Formoseñas), a rural social movement which was born in Formosa province. The fundamental topic to study in this paper are the different aspects related to the ownership of land, which was for this peasant movement one of the most important problem to solve.

Key words: social movement, development, social conflict, agriculture, land ownership.

 

Introducción

El objetivo de este trabajo es analizar los conflictos, las luchas y movilizaciones de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas (ULICAF) de la década de 1970, estrechamente relacionados con el problema de la tenencia de la tierra y su uso; problema clave en el accionar de este movimiento social agrario en la región Nordeste de la Argentina, una de las áreas históricamente más desatendidas del "interior".

Es importante comenzar mencionando que entre 1955 y 1976, el "interior" (es decir las regiones extra-pampeanas) tuvo un protagonismo importante en la política argentina debido, en un principio, a la "resistencia peronista" que siguió a la destitución de Juan Domingo Perón por la dictadura militar de Lonardi-Aramburu (llamada Revolución Libertadora), pero especialmente a partir de la dictadura militar instaurada en 1966 (llamada Revolución Argentina), y luego del masivo levantamiento obrero-estudiantil de Córdoba en mayo de 1969 (Cordobazo). Tras este último, los levantamientos y rebeliones populares crecieron hasta que fueron abruptamente "aniquilados" por la dictadura instalada en 1976, la cual dejó una cifra de cerca de 30 000 desaparecidos.¹

La "Revolución Argentina" aplicó una política débil de reestructuración económica mediante proyectos de desarrollo regional (continuando así la política del gobierno "desarrollista", de elección democrática, de Arturo Frondizi [1958-1962]). Y si bien su objetivo era modificar el fuerte desequilibrio que hacía de la región pampeana el área que más concentraba la producción, la población y los recursos económicos (situación por la que algunos hablaron de la existencia de "dos Argentinas"), sus aspiraciones más profundas tenían que ver con anular los movimientos contestatarios del interior. Estas movilizaciones, que tuvieron diversos frentes tanto en lo estudiantil como en lo obrero-sindical, incluyeron huelgas, manifestaciones callejeras, actos diversos y puebladas (se desarrolló también un número definido de organizaciones de guerrilla urbana), y pusieron en tela de juicio un modelo económico político de concentración y desigualdad, no sólo entre clases y subclases, sino también entre regiones.²

Los diferentes movimientos de protesta rural en general, y las Ligas Agrarias —desarrolladas en las provincias del Nordeste— en particular, se apoyaban en el factor de marginalidad de los pequeños productores, campesinos y trabajadores rurales en la sociedad capitalista vigente. Las Ligas Agrarias representaron entonces a un gran sector de productores rurales: colonos y campesinos que, viéndose marginados del modelo de desarrollo dominante, irrumpieron en la arena de la lucha política de los setenta y colocaron al agro al lado del resto de las expresiones de cambio radical de aquellos años.

 

Relaciones de producción, tierra y crisis regional

Es importante destacar la doble crisis de fines de los sesenta en las provincias del Nordeste, dada su influencia en el surgimiento de las Ligas Agrarias y sus reivindicaciones (Roze, 1992): por un lado, una crisis agropecuaria nacional relativa y, por otro, una crisis regional (norte de Santa Fe, Chaco y Formosa) que fueron parte de una serie de cambios en la producción algodonera; cambios que ensanchan la desigualdad entre zonas de distinto desarrollo relativo. Las provincias del Nordeste se ubican en las regiones más desfavorecidas en el crecimiento del producto bruto (Rofman y Romero, 1996: 233).

Si bien desde mediados de los años cincuenta la producción agropecuaria sostuvo un proceso de recuperación, en que aumentaron la inversión, la innovación tecnológica, la productividad y la superficie sembrada, hacia fines de los años sesenta se registra una crisis marcada por el precio insuficiente de los productos de las cosechas, el aumento permanente del precio de los insumos y el incremento exagerado de las cargas impositivas y sociales —según lo marcaron las propias entidades más representativas del agro nacional—, lo que llevó a deprimir "el ingreso agropecuario hasta límites insostenibles que imposibilitaron las mínimas inversiones necesarias para el acceso a la tecnología".³

Dicha crisis nacional es el prolegómeno del nuevo ciclo de acumulación que comienza a mediados de los setenta (o el coletazo final del ciclo sustitutivo de importaciones iniciado en los treinta). Se empieza a gestar la etapa centrada en la apertura económico-financiera, reestructurando todo el ciclo del capital y generando un prolongado declive de las economías regionales y el deterioro del mercado interno (cfr. Manzanal y Rofman, 1989; Aspiazu y Nochteff, 1994; Rofman y Romero, 1997; Iñigo Carrera, Podestá y Cotarello, 1999).

En consonancia con los procesos nacionales, desde una década atrás se venía deteriorando el precio del algodón, con la consecuente disminución de la producción regional (la superficie sembrada disminuyó casi un 40%), debido a las políticas que desalentaban el cultivo del textil y promovían, a cambio, un espectro diversificado de granos y la ganadería complementaria ("pampeanización" periférica), para, de esta manera, destinar las mejores tierras de la pampa húmeda al engorde del ganado para exportación (Roze, 2003). Así, después de haber llegado a su pico máximo en 1957-1958 con 732 000 has sembradas y 550 000 toneladas producidas entre fibra y semillas, la producción de algodón desciende en el trienio 1969-1971 a 429 000 hectáreas y 369 500 toneladas (Bolsa de Cereales, 1984).

Las consecuencias de esta crisis fueron, por un lado, la pauperización de los productores agropecuarios tradicionalmente mejor acomodados, que no pudieron acceder al proceso de capitalización (principalmente los ubicados en el norte de Santa Fe y en Chaco); y por el otro, la proletarización de muchos de ellos. De esta manera, la emigración —primero de familiares y después de todo el grupo—, y la venta, el abandono o la entrega de la explotación en pago de deudas, y la transformación de algunos de ellos en obreros temporarios para completar el sustento (sin que esto detuviera el endeudamiento progresivo), comenzaron a ser situaciones habituales en la región.

Las organizaciones cooperativas ligadas a la producción algodonera (mucho más desarrolladas en Santa Fe y Chaco) también sufren las consecuencias de esta crisis, pues mientras las empresas comercializadoras pagan en su mayoría al contado, las cooperativas pueden pagar sólo una parte a la entrega, y el resto cuando hacen la venta.

Es importante también resaltar el carácter periférico de la región en el tradicional esquema centrífugo del desarrollo regional en Argentina, que se agudiza de los años cincuenta en adelante, a partir de una fuerte penetración de capital internacional (Rofman y Romero, 1996). La región del Nordeste se caracterizó, en efecto, por no producir el rango de productos básicos de exportación que configuraban la estructura agropecuaria dominante (y más exitosa) del país (Flichman, 1977). Los productos de estas provincias abastecían el mercado interno, que ya venía sufriendo fuertes crisis y una reducción al comienzo del proceso aperturista y neoliberal que significó la cuasi liquidación de las economías regionales tradicionales.

Debemos destacar cierta heterogeneidad interna en la producción. Se han desarrollado, por un lado, actividades que podríamos denominar "pampeanas", tales como el cultivo del girasol y el maíz, y la ganadería vacuna; actividades de carácter marginal, dadas las condiciones naturales inferiores de esta región. Y por otro, actividades para las que la región presenta ventajas comparativas, tales como el cultivo de cítricos, el algodón, la hierba mate, el té, el tung, el tabaco, y actividades forestales. En este esquema, la provincia de Formosa estaba orientada a la ganadería extensiva y a la producción de algodón, que tenía una participación mayoritaria en la generación del valor agregado agrícola y una alta incidencia, en particular en el sector este de la provincia, tanto en empleo como en la conformación económico-territorial (Manzanal y Rofman, 1989).

Respecto a las relaciones de producción, cabe destacar el escaso peso relativo de los trabajadores asalariados y la acentuada presencia de explotaciones basadas en el trabajo familiar. Esta diferencia se evidenció sobre todo después del censo de 1937, cuando las actividades ganaderas y forestales (demandantes de mano de obra) comenzaron a perder importancia frente a la agricultura. Así, mientras en 1960 nos encontramos con un 15,6% de asalariados (frente al 25,1% nacional), en 1969 este rubro desciende al 9,8%, (y el nacional al 18,3%).⁴ Estos datos ayudan a comprender la importancia de la conformación de Ligas Agrarias de campesinos y pequeños productores en esta región.

Siguiendo a Flichman (1977), podríamos considerar tres tipos básicos de explotaciones agropecuarias en la región: a) producciones familiares dominantes en la agricultura (colonos), b) explotaciones ganaderas "tradicionales" de carácter extensivo, y c) un nuevo tipo de empresa ganadera mucho más capitalizada. El colono es un productor directo que contrata esporádicamente mano de obra asalariada poco calificada y coexiste con un estrato de campesinos (sobre todo en Formosa y Corrientes) que ocupan tierras fiscales o bien son aparceros o arrendatarios de grandes terratenientes.

La población de la provincia de Formosa es, en su mayoría, "blanca", y su economía se basa en la ganadería extensiva asentada en grandes latifundios y en una intensa explotación forestal (Borrini, 1991; De la Cruz, 2004). A la par, se registra la presencia intersticial de explotaciones agrarias minifundistas que no superan las 25 hectáreas, por lo que el acceso a la tierra y su uso son un problema central para estos productores.

La "economía del algodón" originada a principios del siglo xx (Girbal, 2004) fue desarrollada fundamentalmente por pequeños productores familiares de emigración espontánea (sin la intervención del Estado) desde provincias vecinas —incluyendo tanto criollos como inmigrantes de origen europeo provenientes de la colonización chaqueña—, que ocuparon las tierras fiscales intersticiales aún libres (Brodherson y Slutzky, 1975). Se conformó así una estructura agraria de minifundio, pues a la escasa superficie de tierra con disponibilidad agrícola (la restante tras los primeros repartos que conformaron los grandes latifundios), se sumaron el magro capital inicial de los productores y una diferencia en el precio de su producción (Rofman et al., 1987). Para 1960, del 95,4% de explotaciones algodoneras en terrenos de hasta 25 hectáreas, el 52,5% estaba constituido por superficies de hasta cinco hectáreas (Slutzky, 1975; Lavergne, 1977).⁵

Las características de la economía formoseña definían entonces dos sectores: uno, de grandes explotaciones ganaderas, que obtenía sus ganancias fuera de la provincia mediante la extracción de recursos locales por capitales externos; proceso sustentado en latifundios con escasa o nula inversión. Otro, de tipo "campesino", compuesto por pequeños productores, ocupantes en su mayoría de tierras fiscales (lo que marcaba su precariedad en relación con la tenencia), dedicados sobre todo a la producción para subsistir y de algodón para el mercado, lo que los subordinaba económicamente, pues los beneficios de la producción algodonera eran aprovechados en gran parte por las empresas comercializadoras, los acopiadores privados, etc. Esto último conformaba un cuadro muy similar al de la provincia de Chaco, que dio precisamente origen a las Ligas Agrarias Chaqueñas, cuya situación en relación con la tierra fue la gran diferencia (Galafassi, 2004).

Los cambios en la conformación espacial de las actividades productivas de la región pampeana tendrían una importante repercusión en las relaciones de producción del Nordeste en los años sesenta, cuando ésta se convirtió en depositaria de parte de la cría de ganado que se desplazaba desde la pampa, y adoptó un perfil con preponderancia de las actividades de engorda. El Nordeste, y en particular la provincia de Formosa, disponían de tierras baratas y condiciones climáticas adecuadas. Este proceso responde a la transformación cualitativa de los planteles de ganado de las antiguas explotaciones; a la división y la venta de antiguos latifundios; y a su pase a manos de empresas ganaderas de la pampa o a grupos capitalistas de otros sectores productivos. Lo que coexistió con una privatización a partir de la adjudicación de tierras fiscales. Este último proceso constituye un factor importante en la movilización campesina y la emergencia de conflictos sociales ligados a la tenencia de la tierra (Roze, 1992).

 

El Movimiento Rural y las Ligas Agrarias en el Nordeste

El proceso de las Ligas Agrarias empieza a fines de 1970 y termina prácticamente en marzo de 1976 con la destitución del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.⁶ Una amplia diversidad de productores —desde campesinos minifundistas pauperizados hasta chacareros medianos, tal como los identifica Roze (1992)—, comenzaron a integrarse en una organización provincial y regional que habrá agrupado a más de 20 000 familias y 54 000 jóvenes. Los sectores de poder las vieron con miedo y determinaron que detrás suyo se perfilaba la "mano oculta del comunismo", al decir de un editorial del diario La Prensa (27 de febrero de 1972).⁷ Pero también fueron interpretadas positivamente, en sintonía con la efervescencia de diversas expresiones revolucionarias de aquellos años, como la "larga marcha" del campesinado hacia la revolución (Ferrara, 1973).

El proceso de conformación fue gradual; el Movimiento Rural de la Acción Católica fundado en 1958, fue uno de los que emprendieron una estrategia de cooperación e interacción entre los pequeños productores. De ser una organización exclusivamente evangelizadora, pasó a ser reivindicativa, al compás de la emergencia de ideas y procesos tanto de rebelión social en el seno de la Iglesia —con el surgimiento de la Teología de la Liberación—, como en procesos políticos en toda Latinoamérica, que afectaron en forma notable los debates y la organización de este movimiento rural.

Esta evolución del Movimiento Rural no estuvo exenta de conflictos ideológicos y políticos al interior de las estructuras eclesiales. Mientras las Jerarquías de la Iglesia sostenían la necesidad de que el Movimiento Rural se circunscribiera a la evangelización, considerando que la marginalidad de los campesinos, trabajadores y pequeños productores rurales se explicaba por su escasa formación educativa, las bases del Movimiento Rural y la mayor parte de los diferentes sujetos del campo que se fueron integrando, adoptaron gradualmente una posición social y política radical. La premisa básica de este sector fue la concientización como motor del cambio social. Varias ediciones del periódico Siguiendo la huella ilustran este fenómeno en relación con la celebración del Día del Agricultor.

Si bien el propio Movimiento Rural se consideraba una organización evangelizadora y a lo sumo de asistencia, las celebraciones del Día del Agricultor se tomaron festivamente. Sin embargo, ya en 1968 se cuestiona el sentido de estas celebraciones en el marco de precariedad, explotación e injusticias que vive el campo. A mediados de 1971, una vez que las Ligas Agrarias hacen su aparición, Siguiendo la Huella define el Día del Agricultor como una oportunidad para la denuncia explícita. En el número de agosto expresa: "Que este nuevo día del agricultor no sea camuflado más con asados, bailes, elección de reinas y todo acto folklórico alguno. Más bien, que sea una verdadera expresión de un pueblo que sufre, de hombres cansados de esperar, de familias que saludan sus pagos yendo en busca de un destino que el campo les ha negado; asumiendo a la vez valientemente el papel que le corresponde, como miembro activo de la sociedad. No dejemos que haga otro lo que a nosotros nos toca realizar".

A mediados de 1972, este enfrentamiento de la Jerarquía y las bases desembocó en la decisión de la Comisión Episcopal Argentina de separar al Movimiento Rural de la Acción Católica a la que pertenecía. En este momento las Ligas Agrarias estaban trabajando con plena independencia del propio Movimiento Rural; razón por la cual esta decisión se circunscribió a una disputa interna en la estructura de la Iglesia Católica.

En el clima de agitación socio-política de los años setenta, el trabajo social del Movimiento Rural en su última etapa —insertada en una crisis regional que generaba pauperización y la expulsión de productores—, favoreció la emergencia de movimientos rurales de protesta en las distintas provincias del Nordeste, organizados a partir de la reunión de los productores en cada provincia, pero con una importante dinámica de articulación y conjunción regional.

Así surgieron la ULICAF y otras organizaciones provinciales de características diferenciales entre las que, sin lugar a dudas, las Ligas Agrarias Chaqueñas (LACH) —las primeras en fundarse—, y el Movimiento Agrario Misionero (MAM), fueron las más importantes en número de militantes y por sus acciones de reivindicación y protesta. Las Ligas Agrarias Correntinas (LAC) tuvieron también un desarrollo destacado, con la particularidad de nuclear a productores más próximos a la caracterización más tradicional de "campesinos", en donde el problema de la falta de acceso a la tierra adquiría una dimensión mucho más importante. Los movimientos reivindicativos agrarios en el norte de la provincia de Santa Fe, como la Unión de Ligas Agrarias de Santa Fe (ULAS) y las Ligas Agrarias Entrerrianas en la provincia de Entre Ríos, tuvieron un desarrollo notoriamente menor y aparecieron tardíamente, (cfr. Bartolomé, L., 1982; Archetti, E., 1988; y Stolen, K., 2004).

 

El problema de la tierra y la acción de la Unión de Ligas Campesinas Formoseñas

Hacia fines de los años sesenta se vislumbra entre los pequeños productores de la provincia de Formosa que el acceso y el uso de la tierra, conjugados con la crisis regional de producción, representan uno de los principales problemas del agro provincial. En este estado de los factores estructurales del ámbito de la producción, surge una instancia de organización de los pequeños productores, y el Movimiento Rural de la Acción Católica comienza a tener una presencia importante. Sus actividades propician encuentros reivindicativos donde los problemas principales son el acceso a la tierra y su tenencia, y la satisfacción de las necesidades básicas (el movimiento cooperativo, importante en la conformación de las Ligas en Chaco tuvo, en cambio, poca presencia).

El memorando aprobado en la "Primer Asamblea Campesina" (realizada en marzo de 1971, en plena dictadura militar) exige: (1) terminar con los desalojos de campesinos endeudados; (2) reconsiderar la entrega de tierras determinando la unidad económica de acuerdo con cada zona en especial; (3) controlar efectivamente el incumplimiento de los precios mínimos por parte de los comercializadores; (4) otorgar créditos a los agricultores más necesitados; y (5) detener el alza del costo de vida. A partir de esta primera asamblea, la organización de los pequeños productores formoseños avanza aceleradamente y se constituyen Consejos Campesinos por colonia. Se suceden las movilizaciones, "Reuniones Campesinas"⁸ y concentraciones a las que asisten miles de productores. El 11 de diciembre se reúne, finalmente, el Segundo Congreso Campesino, y se decide la creación de la "Unión de Ligas Campesinas Formoseñas". Una vez más, se evidencia la centralidad de la tenencia de la tierra para los agricultores.

Este problema, crítico para la ULICAF, se aborda en una primera etapa mediante la búsqueda, clasificación, calificación, y elección de las tierras por ocupar. El papel central que las ligas formoseñas asignan a la tierra las diferencia de la posición dominante, definida por ella como "capitalista liberal". En esta primera etapa las ligas reconocen críticamente la existencia de los tres factores clásicos de la producción, tierra, capital y trabajo, y de la actividad del empresario que combina los tres factores anteriores. Mientras al capital le corresponde un interés, al trabajo un salario y al empresario un beneficio, a la tierra le corresponde la renta que el campesino paga a su propietario. La crítica —y la acción consecuente— de las ligas formoseñas se dirige precisamente a esta última condición, puesto que estaban construyendo su identidad como rasgo cultural distintivo y diferenciado del resto de los sujetos sociales de la producción regional (Comas d'Argemis, 1998:37).

Así, en un documento referido a la ley de tierras de la provincia (en donde todavía se manifiesta la influencia de su reciente origen cristiano), las ligas declaran lo siguiente: "Sin embargo nosotros debemos pensar que, de los tres elementos arriba mencionados, el más importante es el trabajo, pues es el aporte del HOMBRE a la Obra de la Creación. Es el que incorpora el valor de los bienes que se producen. Desgraciadamente, en la actualidad el trabajo tiene menor importancia y depende del capital y de la tierra, debiendo ser al revés. Así, LA TIERRA DEBE SER DEL QUE LA TRABAJA! Es decir, no debe constituir más un bien de renta, un bien que se alquila para producir una renta (alquiler). La concepción cristiana sostiene que la tierra debe entregarse a aquellos que la trabajan, y no ser de señores que sólo cobran alquiler a fin de mes, o a fin de año y gozan de los beneficios de ser propietarios en las ciudades, e incluso en países extranjeros."⁹

La política de tierras del Estado provincial era una de las principales preocupaciones de las agrupaciones campesinas, ya que el 68% de la superficie cultivable de la provincia estaba en manos del propio Estado, según cifras del Censo Agropecuario de 1960. En este contexto, aprueban en un principio la aplicación de la ley provincial de tierras N° 113 —distinta de una reforma agraria, que consiste en un cambio estructural del régimen de la tierra. Esta normativa constituye una ley de colonización que las ligas consideran necesaria aunque no suficiente: "Si se aplicara totalmente acarrearía un gran beneficio al campo. Sin embargo no debemos olvidar que, aunque se aplique totalmente, si no se solucionan los problemas básicos (comercialización, créditos bancarios, asesoramiento especializado) los campesinos seguirán en la pobreza y al poco tiempo tendrán que vender esas tierras que se les entregaron para poder seguir viviendo. Y las comprarían aquellos que ya tienen dinero y tierras. De allí que haya que luchar porque la ley se aplique pero no olvidar que la solución final es la modificación de todo el sistema".¹⁰

Esta ley planteaba como objetivos de principal interés para la ULICAF: (1) la entrega de las tierras fiscales para ponerlas a producir; (2) la expropiación de la tierras privadas que "constituían un impedimento para el progreso económico y social de la zona en que se encuentran" y su ulterior entrega; (3) la adjudicación de tierras fiscales o privadas expropiadas a los colonos. La ley pone especial atención en la posición jurídica del campesino respecto de la tierra, puesto que aquellos catalogados como intrusos (sin derecho ni autorización de la Dirección de Tierras) pueden ser desalojados fácilmente; mientras que los ocupantes (con el nombre registrado y autorizado por la Dirección de Tierras), los arrendatarios o poseedores de títulos provisorios, deben actuar en forma efectiva para lograr la adjudicación definitiva de su tierra.

Sin embargo, los problemas por la aplicación que el gobierno provincial hace de esta ley de colonización no tardaron en manifestarse; hubo limitación, reducción, inseguridad e incluso expulsión de los colonos, con lo que su gestión fue cuestionada. En el Segundo Congreso Campesino del 11 de diciembre se le dedica especial interés al problema de la aplicación de la ley 113, y se elabora un detallado informe al respecto en el que se denuncia la situación de sumisión y atraso de los colonos.¹¹

Pero las entregas no se hicieron tal como los campesinos de las ligas lo esperaban. La ULICAF denunció que antes de las entregas se deslindaron parcelas habitadas y trabajadas por familias e incluso por colonias enteras. Por otra parte, la provincia no se había dividido en zonas ni se habían determinado las unidades económicas por zonas previstas en el artículo 20 de la ley. Así, las adjudicaciones se hicieron con un cierto apego a las ocupaciones anteriores; la modificación de los predios dio lugar a peleas entre los vecinos y un corrimiento de los alambrados con el consecuente conflicto entre los ocupantes.

Por otra parte —y quizás éste sea el problema más grave—, en reiteradas oportunidades se entregaron títulos a los poseedores de grandes extensiones, haciendo caso omiso de los pobladores, de quienes se dijo que se reubicarían en entregas posteriores. De las tierras adjudicadas entre 1968 y 1973, el 64% correspondía a propiedades de entre 1 000 y 5 000 hectáreas, y un 30% a propiedades de entre 5 000 y 10 000 hectáreas. A las propiedades de menos de 200 hectáreas les correspondió un magro 2,6% (Brodherson y Slutzky, 1975).

En este proceso de adjudicación de tierras a grandes propietarios, las ligas denuncian, además, las diversas expulsiones coercitivas de los colonos ocupantes para no tener que pagarles un precio adecuado por la tierra. También la ULICAF denuncia la disparidad en la adjudicación de las tierras, "Mientras a los pequeños colonos se le entregan tierras hasta de 13 hectáreas, a veces se adjudican campos ganaderos de hasta 8,300 hectáreas".¹² Ante este panorama, la ULICAF decide hacer una serie de demandas al Estado provincial para que éste haga efectiva la entrega de tierras a quien las trabaja. Estas exigencias muestran a las claras la centralidad de la cuestión de la propiedad de la tierra para las ligas agrarias de la provincia de Formosa, puesto que se venía heredando un prolongado problema de inseguridad jurídica y política respecto del territorio ocupado y trabajado por los campesinos. Es importante destacar que a pesar de la actuación de los gobiernos en turno, se sigue depositando en el Estado el poder de reglamentar, planificar y gestionar la solución de las demandas.

El "Informe a las Colonias del viaje" que hizo la Comisión Técnica en diciembre de 1972 es un elemento útil para analizar el papel de las Ligas Agrarias Formoseñas respecto de la ocupación de la tierra. Dicho informe responde a la promulgación de la ley provincial número 618 que establece "una reserva de 380 mil hectáreas fiscales con destino a la ubicación de agricultores reunidos en la ULICAF".¹³ Si bien esta ley sorprendió a las propias organizaciones de campesinos, fue el resultado de la movilización que las Ligas Formoseñas sostuvieron durante 1972. Las conclusiones de este informe destacan que ninguna de las 380 000 hectáreas ofrecidas por el gobierno estaba disponible para su ocupación inmediata, y que todas necesitaban una gran inversión; incluso en las mejores había que invertir en el desmonte. Las ligas terminan cuestionando el área propuesta por el gobierno, y destacan que venían pidiendo tierras en la franja este de la provincia, cuyas condiciones climáticas y características del suelo son adecuadas para su cultivo inmediato. En el Cuarto Congreso Campesino se decide finalmente aceptar sólo las tierras más aptas (14 000 hectáreas); se rechaza el resto del ofrecimiento y se exigen créditos a largo plazo para trabajarlas (Vilá, 2000).

Una vez instalado el gobierno constitucional peronista de 1973, la ULICAF adopta una actitud expectante, fundada en la promesa de liberación social y nacional del Frente Justicialista de Liberación (alianza del peronismo y otras fuerzas menores), lo que evidencia el paulatino acercamiento de las ligas al ala más combativa del movimiento peronista. Pero además, el tema de la tierra fue consigna del peronismo; recuérdese el mensaje de asunción del gobernador Antenor Gauna: "Sé muy bien cuál es el estado anímico de los productores agropecuarios con respecto a la entrega de la tierra pública. Partiendo de la base de que el justicialismo ha hecho una bandera de que la 'tierra debe ser para quien la trabaja', nuestra acción en esta materia tendrá carácter ratificatorio de esa posición".¹⁴ Las ligas llaman a esta nueva etapa del "triunfo del pueblo", y adoptan actitudes y emprenden acciones de colaboración con el "gobierno popular".¹⁵ Esto dio lugar a situaciones contradictorias y de tensión puesto que muchas veces las bases del movimiento pasaron por encima de las propuestas más "dialoguistas" de la conducción.

La primera decepción frente al gobierno peronista tuvo lugar cuando ni el gobernador Gauna ni el vicegobernador Ausberto Ortiz (proveniente de la Confederación General del Trabajo provincial) asistieron a la gran marcha de alrededor de 2 500 productores campesinos a la ciudad de Formosa, a la que sí se sumaron, en cambio, delegaciones de las ligas de Santa Fe y Corrientes. Los manifestantes exigieron desde los altoparlantes la presencia del ejecutivo y, en particular, la del vicegobernador: "Ortiz es obrero, secretario general de la CGT y que por lo tanto no debe defraudar a los obreros del surco"; "El gobierno debe ser para el pueblo y no el pueblo para el gobierno"; "Este es un gobierno justicialista y no debe ser injusticialista". Solamente se presentaron el Ministro de Gobierno y el Subsecretario de Recursos Naturales, y prometieron revisar las adjudicaciones y permisos de ocupación de entre 1966 y 1973. Uno de los oradores de las ligas cerró el acto en los siguientes términos: "Queremos que quede claro que no estamos ni estaremos en contra del partido gobernante, sino que lo apoyaremos en la medida en que cumpla, con hechos concretos, el anhelado cambio que el pueblo espera". En un comunicado de prensa posterior, las ligas expresan su profunda desilusión ante la ausencia del Gobernador, quien había prometido asistir (Servetto, 202:173).

En un documento de 1974 se recordarían las recientes gestiones de las ligas ante el gobierno electo y la desilusión ante su incumplimiento. Se llama la atención también sobre el proceso de ocupación de la tierra que se había puesto en marcha. "Antes de que asumiese el gobernador Gauna, la ULICAF en una entrevista le hizo entrega de un memorial donde se resumían las aspiraciones del campesinado respecto a tierras, comercialización de la producción, créditos, educación, salud y jubilación. Se le hizo saber que la organización esperaba su respuesta a esos pedidos en una concentración que se organizaría en el mes de junio en la ciudad de Formosa, llegada la ocasión, el gobierno no se hace presente ante los miles de campesinos reunidos para escuchar. La gente vuelve desilusionada al campo. Se está en los meses en que comienza la nueva campaña algodonera y la gente precisa tierra para trabajar. Comienzan espontáneamente las ocupaciones de tierras. Siete ocupaciones se suceden en el término de dos meses".¹⁶

La ULICAF intervino siempre después de las ocupaciones individuales y sólo para gestionar su legalización ante los organismos correspondientes, lo que evidencia las contradicciones y tensiones mencionadas más arriba. En un comunicado al gobierno señala que "en solo tres casos la ULICAF ha tomado intervención en la situación luego de haberse producido las ocupaciones y como consecuencia del pedido de los interesados". En respuesta a las frecuentes represiones policiales de las ocupaciones, termina declarando que: "en síntesis, queremos destacar que nuestra organización ha querido siempre solucionar las situaciones dadas por las ocupaciones evitando que se llegue a la violencia y a hechos irreparables".¹⁷

Así, la conducción de las ligas justifica y legitima, desde su posición de intermediaria, la ocupación de la tierra "como consecuencia de la falta de respuesta del Poder Ejecutivo al memorial que se le presentó [...] también por el desaire que se les hizo el 25 de junio cuando el vicegobernador faltó a una concentración largamente esperada".¹⁸ Con esto se hace evidente el intento de la dirección de las ligas de reencausar la política oficial para que cumpliera lo prometido en la campaña y evitar posibles disturbios de la base de las ligas. El motivo del desborde de las masas campesinas es, pues, la actitud despectiva y sin respuesta de un gobierno al que se había visto como esperanza de liberación y justicia social.

Ante estas acciones el gobierno provincial promueve un decreto de revisión de las adjudicaciones de la tierra realizadas durante la dictadura militar y accede a nombrar representantes de los campesinos en las comisiones asesoras de la Dirección de Colonización y Tierras Fiscales y en el Directorio Provincial del Algodón, lo que representa un triunfo de la táctica de la ULICAF, que declara que "la importancia del proceso de reconstrucción y liberación nacional reitera su decisión de apoyar y defender las medidas populares que tome el gobierno".¹⁹ Sin embargo, la revisión de adjudicaciones no prosperaría, a pesar de que (incluso desde el partido radical y con el apoyo de la Sociedad Rural de Formosa que, en un principio, se opuso al proceso de revisión de las adjudicaciones), se promueve una ley de expropiación de grandes campos que los declara de utilidad pública.

Si bien las presiones de la ULICAF fueron el pretexto de la expropiación, ésta dio lugar a que la burguesía agraria provincial tomara la iniciativa para preservar sus privilegios frente a las empresas multinacionales, lo que explica el apoyo de la Sociedad Rural provincial al proyecto. La situación de conflicto en el poder provincial que esto conllevó terminaría tres meses después con la intervención federal del gobierno provincial. La ULICAF adoptó una actitud francamente crítica con respecto a los sectores que boicoteaban la revisión: "En efecto, estas medidas claramente populares, estaban siendo atacadas por los enemigos del campesinado, estos encontraron un aliado en la persona del Vicegobernador. Tanto hicieron, tanto procuraron trabar la marcha del gobierno que se inclinaba a favorecer al campesino, que finalmente lograron provocar la intervención Federal a la Provincia."²⁰

La puja constante en la repartición de los cargos del gobierno provincial, entre otros factores, pronto fracturó la tensa relación del Gobernador y el Vicegobernador —quienes representaban a diversos sectores internos del propio partido peronista—. En julio de 1973, el sector sindical promueve un juicio político al Gobernador, que se hizo efectivo en noviembre de 1973 (luego de fuertes conflictos, ofensivas y contraofensivas entre los bandos en pugna), cuando el Gobernador le solicita al Congreso Nacional la intervención federal al Poder Legislativo. El 17 de noviembre el poder central sanciona finalmente la Ley de Intervención Federal a los tres poderes de la provincia de Formosa (Servetto, 2002: 183).

Al mismo tiempo y ante el congelamiento de la revisión de adjudicaciones —debido a la crisis institucional—, la ULICAF retoma las reivindicaciones por la mejora de los precios, los mecanismos de comercialización y los créditos en relación con la producción del algodón, aunque será la Defensa del Productor Agropecuario (DEPROA) la que domine en esta lucha, ya que representaba fundamentalmente a los medianos productores (con un grado mayor de capitalización) asemejándose así a los productores chaqueños de las ligas (Roze, 1992).

Luego de la crisis y la intervención provincial, nuevas ocupaciones, esta vez en Tacaaglé, reavivan los conflictos en torno a la cuestión de la tierra. La conducción de la ULICAF —que tampoco esta vez tuvo que ver con la ocupación—, otorga su "apoyo moral a los ocupantes de Tacaaglé", y un aporte para mercaderías, lo que quedó plasmado en las conclusiones del 7° Congreso del movimiento de las ligas. Además, denuncia a la Dirección de Colonización por no responder a las necesidades de los campesinos, denuncia nuevos desalojos, y advierte sobre lo que podría ocurrir si el gobierno no toma medidas. Llega finalmente a un acuerdo con la intervención provincial en el que ésta se compromete a intervenir desde la Dirección de Tierras mientras los ocupantes se retiren.

Por entonces también se retoma la política de revisión de adjudicaciones; la ULICAF adopta una posición firme en favor de la expropiación de los grandes latifundios para que se repartan entre los pequeños productores, con lo que se distancia del nuevo gobierno provincial. Se retoman también las ocupaciones en Tacaaglé porque lo pactado no se cumplió, y esta vez la conducción de la ULICAF asume plenamente la acción, aunque lo plantea más como un apuntalamiento que como una confrontación directa con un gobierno al que creía proclive a adoptar políticas populares. Señala explícitamente que: "no es una acción contra el gobierno sino una movilización y una actitud firme de las bases campesinas que lo ayuden a definirse a favor del pequeño y mediano productor.".²¹ La intervención provincial accede a negociar "por última vez", lo que termina deteriorando las relaciones ya débiles con la ULICAF.

Con esto, la ULICAF concluye su re-caracterización del gobierno. Luego de la etapa camporista, etapa en que los sectores de la izquierda peronista ocupan cargos en el gobierno (tanto nacional como en las distintas provincias), la ULICAF llama la atención cuando en una asamblea multisectorial expresa que "...el campesinado está dispuesto a apoyar a cualquier gobierno o a cualquier partido pero siempre que éstos cumplan efectivamente con la voluntad popular."²² La posición crítica frente al gobierno se agudiza cuando la lucha por la tierra se declara en fase de derrota total, pues la "iniciativa ha quedado totalmente en manos del gobierno y su política tiene un ritmo que la ULICAF no puede sino criticar" (Roze, 1992:110).

Sin embargo, la separación irreversible se produce en ocasión del paro agrario nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Ligas y Movimientos Agrarios, al que la ULICAF se adhiere. Las fuerzas de seguridad reprimen el paro, realizan actos de provocación a ollas populares y detienen a numerosos campesinos. La dirección de las ligas hace explícita su opinión sobre el gobierno al expresar que la actitud del Estado frente al paro "no hace más que demostrar el carácter antipopular y represivo del gobierno."²³ La aparición de Montoneros en la provincia, la ocupación del aeropuerto local y un intento semejante por parte del regimiento de Formosa, provocan una respuesta represiva con operativos "antisubersivos" en toda la provincia, que incluyen la detención de varios miembros de la ULICAF, (a pesar de que ésta se había adherido al duelo por los soldados caídos). Las ligas formoseñas, fragmentadas, tienen dificultades cada vez mayores conforme el Estado intensifica su represión: continúan las detenciones de los miembros de las ligas (incluida la Comisión Coordinadora Central) y se denuncian apremios ilegales contra los detenidos. La dictadura militar, instalada en marzo de 1976, liquida lo que queda de la organización.

 

Consideraciones finales: crisis, movilización social y antagonismo entre las clases

Considerando el ambiente de exclusión, marginación y carencia de la tierra de los campesinos y los pequeños productores en la provincia de Formosa, podemos suponer que la agitación y concientización del Movimiento Rural, y su transformación en movimientos agrarios autónomos —así como la crisis que agudizó la pauperización—, posibilitaron la emergencia del movimiento rural de protesta. A partir de las primeras actividades organizativas del Movimiento Rural, se generaron encuentros reivindicativos en Formosa, en los que los temas principales eran el acceso a la tierra y su tenencia (lo que la diferencia de las restantes provincias del Nordeste), y la satisfacción de las necesidades básicas.

La crisis de los años setenta en la región chaqueña podría caracterizarse como una variante tardía del proceso en donde la producción agraria adquiere gradualmente el carácter de economía capitalista y desplaza cualquier forma de producción familiar, o la orienta exclusivamente a la acumulación y maximización de las ganancias. El que la categoría de "campesino medio" resista mejor este proceso no implica que no se vea afectada. La condición intermedia del campesino medio, entre la del productor capitalista y la del campesino clásico, le permite una mayor flexibilidad ante las contingencias. La producción familiar de la región chaqueña permitía adecuarse a las crisis —particularmente en Formosa, donde la presencia de los "campesinos medio—pobres" era mayoritaria— mediante estrategias de subsistencia de la clase campesina, como las conductas económicas de autodefensa social que no pueden utilizar, en líneas generales, las explotaciones plenamente capitalistas.²⁴ La concientización y organización de los productores agrarios como clase, y el clima "revolucionario" de los años setenta posibilitaron el surgimiento de movimientos de protesta que ponían en jaque la estructura tradicional de las sociedades hijas de la modernización periférica.

Mientras la relación pequeños productores-monopolios comercializadores está presente en toda la región chaqueña algodonera, aunque en particular en Chaco, la lucha por la tierra se presenta sobre todo en Formosa, ligada a los "campesinos medio-pobres" o pequeños productores de subsistencia. La economía formoseña se caracterizaba por dos sectores: uno de grandes explotaciones ganaderas cuyas ganancias provenían de fuera de la provincia, gracias a la extracción de recursos locales por capitales del exterior, que se sustenta en latifundios con escasa o nula inversión; y otro de tipo "campesino medio-pobre", de pequeños productores que ocupaban, en su mayoría, tierras fiscales y se dedicaban a la producción para subsistir y de algodón para el mercado. Este último sector estaba económicamente subordinado, pues los beneficios de la producción algodonera eran aprovechados por las empresas comercializadoras, los acopiadores privados, etc.

Las Ligas Agrarias justificaron su movimiento de protesta en la exclusión de los colonos y los campesinos. El Nordeste representaba (y sigue representando) una región periférica —e incluso excluida—, frente a la región pampeana central. Pero los pequeños productores sufrían, además, una exclusión en términos de su lugar, definidamente marginal, en la estructura económica y social de la región del Nordeste, dominada —tal como lo precisaban las ligas—, por los monopolios. Así, en la provincia de Formosa al problema de la tenencia de la tierra se sumaba un componente que agravaba la situación. Lo que origina la rebelión agraria es, sobre todo, este "quedar afuera" de las condiciones favorables de la modernización.

Desde la óptica de las ligas, el monopolio y la complicidad del Estado eran la causa del atraso "campesino". La asociación monopolios-Estado era considerada como una entidad funcional del modelo de desarrollo capitalista vigente. El cambio social que proponían era visto como resultado de la lucha entre sectores o clases sociales, donde los agentes dominantes del sistema socioeconómico debían perder indefectiblemente sus privilegios (causa del subdesarrollo) para redistribuir los recursos (incluidos los del medio natural, como la tierra) de forma más equitativa entre todos los sectores.

Así lo veían los propios dirigentes de las Ligas Agrarias, quienes definían su proceso como "un movimiento de masas propio de los campesinos en la Argentina. Un movimiento que no está dentro del sistema porque lucha contra él. En vez de un sistema de explotación y de opresión, que hay que destruir, nosotros queremos construir un sistema de liberación."²⁵

El problema de la tierra era relativamente importante, aunque diferencial, en el plano de las reivindicaciones de las distintas Ligas Agrarias provinciales. Puesto que este recurso hace la forma de producir, aparece como una preocupación permanente en todos los estratos de productores. No obstante, el tipo de reivindicación guarda relación tanto con la base social como con el contexto histórico y territorial; de aquí que las diferentes Ligas desplegaran toda una gama de variantes. Las acciones para llevar adelante estas tareas eran más probables en las regiones de colonización reciente, donde se podían encontrar aún tierras desocupadas o donde la frontera podía expandirse. Marcaban otra notable diferencia la falta de propiedad y el trabajo de tierras fiscales.

En Formosa, a la exigencia de redistribución de tierras de los terratenientes y a la aplicación de la ley de regulación territorial en beneficio de los colonos o campesinos sin propiedad, se suma toda una serie de cuestiones relativas a la ocupación de nuevas tierras, extendiendo la frontera, lo que define sus características, su ubicación y su uso.

Y si bien hay diferencias estratégicas en las ligas provinciales, asociadas a diferencias de clase en la base social de una misma organización regional, en todos los casos el concepto jurídico-político es el sustento ideológico: las tomas se justifican como recuperación de las tierras por sus legítimos dueños, es decir, por quienes las trabajan.

Por otro lado, la relación histórica entre los grandes explotadores ganaderos y los "campesinos medio-pobres" —sin tierra— (sobre todo en Formosa, aunque también en Chaco), no tuvo, en su mayoría, un carácter conflictivo; el campesinado representaba un sector tan marginal en las relaciones sociales de poder, que su imposibilidad de capitalizar —unida al cultivo de tierras intersticiales apenas suficientes para satisfacer las necesidades mínimas—, limitó las demandas y, por consiguiente, los antagonismos. Esta aparente calma en la relación de las clases entre sí se vio trastocada con la entrada de la región Nordeste en una nueva distribución de las funciones regionales, lo que propició que las contradicciones sociales afloraran. La necesidad de liberar tierras pampeanas de la cría del ganado y destinarlas al engorde transformó las funciones productivas de la provincia y dio lugar a cambios estructurales como la división y la venta de antiguos latifundios. Lo que aceleró la entrada de capitales externos o de origen distinto del ganadero y la privatización por adjudicación de tierras fiscales. Este proceso, desarrollado en la década de los sesenta, propició las condiciones que originaron los conflictos centrales de la movilización campesina y la emergencia de las ULICAF en Formosa.

La mencionada ley provincial N° 113 de 1960 fue el instrumento de la adjudicación de tierras fiscales que intentó ordenar definitivamente —según la lógica de los sectores hegemónicos—, la estructura rural formoseña, que se caracterizaba por la presencia de ocupantes gratuitos de tierras y arrendatarios fiscales, y por toda una variedad de formas precarias de tenencia, producto de décadas de ocupación espontánea y formas inestables y primitivas de colonización.

La movilización de las ligas agrarias campesinas intentó limitar la enajenación de los históricos intersticios productivos que posibilitaban la existencia del estrato campesino. Así, a la crisis del algodón (que emparentaba la lucha en Formosa con la de las ligas chaqueñas y santafecinas) se sumaron, en Formosa, la posibilidad de expulsión de los campesinos de sus tierras, y la apertura de la ocasión histórica —a partir de la letra de la ley—, para enmendar la precaria situación de tenencia de la mayoría de los pequeños productores.

Considerando que los conflictos sociales deben verse como enfrentamiento de clases, fracciones de clase o modelos sociales anclados en diferentes intereses sectoriales, su lucha resalta las desigualdades sociales y las desigualdades socioeconómicas espacio-territoriales. Definen explícitamente su actuación desde su marginalidad, sometimiento social y "subdesarrollo" regional, frente a la producción agropecuaria dominante, que concentra los recursos y define las políticas para el sector. Así, intervienen también en el debate sobre el desarrollo.

Más que apelar a una teoría de la acción colectiva²⁶ que tienda a ver al conflicto en términos de identidades en juego en un sistema social, debe destacarse la emergencia de estos sujetos colectivos ("pueblos que resisten").²⁷ como sujetos inscritos en una variante de cambio social y de transformación de la sociedad.²⁸ Esto implica que su posición de antagonista es el eje de la interpretación y no un elemento más. En la Argentina de los años setenta, las condiciones estructurales de dependencia y desigualdad social, económica y política estaban presentes en las agendas de las organizaciones sociales y políticas urbanas o rurales. En este clima de disputa respecto del rumbo político y del modelo de desarrollo, la disputa por la tierra se transformó en un reclamo específico por parte de la ULICAF, que marcó así su rasgo distintivo frente al resto de las ligas agrarias provinciales.

 

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Notas

¹ Para informarse sobre la política, las luchas y movilizaciones de este período ver: Balvé, et al. (1973); Antognazzi y Ferrer (1995); Anzorena (1998); Pozzi y Schneider (2000); James (2003); y Lapolla (2005).

² Véase un panorama más amplio sobre la cuestión del interior, las políticas de desarrollo y los movimientos de protesta en Healey (2003).

³ Esta caracterización está presente en una Declaración de las Entidades Agropecuarias, en Revista UCAL (1970).

⁴ Los datos sobre porcentaje de trabajadores asalariados cambiarían seguramente si se incluyera el trabajo transitorio o estacional. Pero esto no modificaría la importancia de explotaciones basadas en el trabajo familiar. Por ejemplo, según estimaciones del INTA de 1970, las explotaciones familiares llegaban a cubrir casi el 50% del tiempo de trabajo en el cultivo del algodón con mano de obra contratada (Stagno, 1970).

⁵ Según los datos del Censo Nacional Agropecuario de 1960.

⁶ En 1970, cuando se inicia la conformación de las Ligas Agrarias, el país estaba gobernado desde 1966 por la dictadura de la llamada "Revolución Argentina". Era presidente el general Juan Carlos Onganía, quien fue sucedido en junio por el general Roberto Marcelo Levingston quien, a su vez, fue reemplazado en 1971 por el general Alejandro Agustín Lanusse. Este último llevó adelante una transición política que terminó en las elecciones de 1973, en las que el Peronismo se impuso y Héctor J. Campora fue electo presidente (dado que la proscripción sobre Perón seguía vigente) en un clima de confrontación y propuesta de cambio social. En las calles retumbaban las consignas "Perón-Evita/La Patria Socialista" o "Campora al gobierno/Perón al poder". A los pocos meses Campora renuncia y se convoca a nuevas elecciones sin proscripciones, gracias a las cuales, ahora sí, Perón puede retornar a la presidencia junto a su esposa María Estela Martínez de Perón (a través de la fórmula Perón-Perón). En 1974, Juan Domingo Perón muere y su esposa asume la presidencia. Es destituida por el golpe militar de marzo de 1976 (cfr. James, 2003).

⁷ También llama la atención su ausencia en las recientes historias agrarias de la Argentina. Por ejemplo, Barsky en su historia neoclásica del agro, a pesar de mencionar la caída de la producción algodonera, desconoce la crisis que esto genera en la región chaqueña y el consecuente conflicto entre monopolios y productores que da origen al movimiento de las ligas (cfr., Barsky y Gelman, 2001).

⁸ Como resultado de la Segunda Reunión Campesina celebrada el 9 de mayo se redacta el documento "Información a la opinión pública y al gobierno" en donde declaran que "se hace necesario terminar con los desalojos, se reconsidere la tenencia de la tierra buscándose tierras aptas para colonizar, ocupar y adjudicar y que en definitiva la tierra se la entregue a quien la trabaja".

⁹ Folleto de la ULICAF, La ley de tierras de la provincia de Formosa, 1971.

¹⁰ Ibidem.

¹¹ Documento de la ULICAF, Memorial al gobierno y al pruebo, diciembre 1971.

¹² Ibidem.

¹³ Diario La Mañana, 11 de noviembre de 1972, Formosa.

¹⁴ Diario La Mañana, 30 de mayo de 1973, Formosa.

¹⁵ Es interesante que hayan sido múltiples las esperanzas que emergieron con la instalación de este nuevo gobierno peronista, debido a un fuerte componente de núcleos progresistas y combativos. Pero a pesar de que algunos autores (por ejemplo, cfr. Tcach, 2003:71) caracterizan esta etapa iniciada en 1973 como de "Primavera Democrática" —para deslegitimar así la continuación de las luchas, resistencias y movilizaciones de las diferentes organizaciones y movimientos de protesta— sólo en los meses de gobierno de Héctor Cámpora se notó un cambio en este sentido (que incluyó la liberación de presos políticos de la dictadura). Con la asunción de Perón, el gobierno se distancia abiertamente de los sectores combativos del propio peronismo y, finalmente, reinicia la represión (vía Fuerzas Armadas, como así también, vía una nueva fuerza para-policial, la AAA —Alianza Anticomunista Argentina— liderada por el entonces Ministro de Bienestar Social, José López Rega) durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón. Esta situación se refleja, si bien con cierta inercia, en la conducta de la ULICAF frente al poder.

¹⁶ Documento de la ULICAF, Sobre los problemas de tierras y sus pasos en búsqueda de solución, abril 1974, p. 8.

¹⁷ Diario La Mañana, 15 de julio de 1973, p. 7, Formosa.

¹⁸ Ibidem.

¹⁹ Diario La Mañana, 26 de septiembre de 1973, p. 7, Formosa.

²⁰ Documento de la ULICAF, Sobre los problemas de tierras y sus pasos en búsqueda de solución, abril 1974, p. 9.

²¹ Diario La Mañana, 23 de agosto de 1974, Formosa.

²² Diario La Mañana, 1° de noviembre de 1974, Formosa.

²³ Diario La Mañana, 10 de septiembre de 1975, p. 7, Formosa.

²⁴ Sobre la des-campesinización en relación con la categoría "campesino medio" ver, por ejemplo, Azcuy Ameghino, 2000.

²⁵ Reportaje a Carlos Piccoli en el periódico político La Comuna, número 8, noviembre de 1972.

²⁶ Como se sigue por ejemplo en, Offe (1985); Melucci (1994); Craig Jenkins (1994); Tarrow (1997); Mc Adam, Dough y Zald, Meyer (1999); Giarraca (2001); Schuster y Pereyra (2001).

²⁷ Trinchero, 1998.

²⁸ Vale la pena mencionar algunos autores y textos que comparten esta perspectiva como, por ejemplo, González Casanova (1998); Brass (2000, 2002); Brass y Veltmeyer (2002); Murria (2002); Veltmeyer (2002); Petras y Veltmeyer (2005).