Artículos

 

Política económica, deslegitimación democrática y reconstrucción social en Argentina

 

Daniel Vázquez* y Valeria Falleti**

 

* Candidato a Dr. en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política (FLACSO-México); Maestro en Sociología Política (Instituto Mora-México); Licenciado en Ciencia Política (UNAM) y Licenciado en Derecho (UNAM).

** Candidata a Dra. en Ciencias Sociales con especialidad en Sociología (FLACSO-México); Maestra en Política y Gestión en Ciencia y Tecnología (UBA); Licenciada en Psicología (UBA). Docente e Investigadora (UBACYT).

 

Recibido en junio de 2006
Aceptado en octubre de 2006

 

Resumen

Este artículo se propone analizar las consecuencias de las decisiones de la política económica del menemismo (1989-1999) en la gente y su acuerdo o desacuerdo con el modelo económico. A partir de los puntos anteriores, se intenta comprender: el surgimiento de expectativas sociales en las elecciones presidenciales de 1999, la explosión social del 19 y 20 de diciembre de 2001 como clímax de la desarticulación política, y la necesidad de pensar y generar nuevas prácticas políticas, dado el agotamiento de las formas tradicionales y las categorías universales. Se analizan en particular las asambleas barriales que se conformaron a partir de enero de 2002 y la recomposición de la política como experiencia social.

Palabras clave: decisión política, política económica, convertibilidad, democracia y expectativas sociales, asambleas barriales, nuevas prácticas políticas, procesos socio-políticos.

 

Abstract

In this paper we propose to analyze the effects generated by the economic policies carried out during the Menem administration (1989-1999). In addition, we attempt to understand the popular support or disapproval towards the economic model erected during those years. Taking these two elements as points of departure we try to explain the expectations associated to the results in the presidential elections of 1999; the social explosion that occurred on December 19^th and 20^th 2001 and its importance as a symbol of political disarticulation; and finally the new political practices that emerged as a result of the exhaustion of more traditional ones. In relation to the latter we particularly focus on the "asambleas barriales" that began to multiply since January 2002 and the reapprehension of the "political action" as a social experience.

Key words: political decision, economic policy, convertibility, democracy and social expectations, asambleas barriales, new political practices, socio-political process.

 

Relación entre mercado y democracia: propuesta teórica

La relación mercado—democracia en el advenimiento latinoamericano de la tercera ola democrática se ha estudiado en tres fases. La primera la analiza a partir de los procesos de transición, y explica la necesidad de que los primeros gobiernos posteriores a ello pertenecieran a la derecha moderada para que afianzaran el desarrollo democrático frente a los poderes fácticos tendientes al golpismo, aunque esto supeditara los procesos distributivos (Kaufman, 1986; O'Donnell, 1979; Przeworski, 1986).

En una segunda fase, esta relación se estudia a partir de las reformas estructurales, donde el análisis de la inter—temporalidad, efecto túnel o valle de transición fue el hito principal, pero no el único. Este marco supone que si bien en los primeros años de aplicación de las reformas estructurales¹ habría un proceso de concentración de la riqueza, luego esa misma se volcaría en un nuevo periodo de inversión y derrame económico para generar un proceso sostenido de crecimiento. Era de esperarse que en los primeros años de aplicación de las reformas económicas hubiera un repudio social y un efecto negativo en los gobiernos, y quizá también en el régimen democrático, que habría de reducirse en el segundo periodo de derrama y crecimiento económico.² Además de esta explicación de la relación democracia—mercado, en el cuadro siguiente se esbozan otras teorías al respecto:

Luego de más de diez años de aplicación de las reformas estructurales, se pueden observar los efectos del mercado en el régimen democrático. La propuesta es reflexionar la relación mercado—democracia en Argentina durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Se partirá de dos variables: el establecimiento de las reformas estructurales y su repercusión en tres indicadores sociales: la pobreza, el empleo y el salario. De la democracia se analizará la generación de expectativas y la aprobación de los gobiernos, tanto en las elecciones como en la toma de decisiones gubernamentales, a partir de: 1) las variaciones en el nivel de aprobación/desaprobación tanto del poder ejecutivo como del plan o modelo económico; 2) los resultados electorales; y 3) las expectativas generadas y su posible incumplimiento, con la consecuente búsqueda de nuevas formas de organización social y política, como lo fueron las asambleas barriales.³

 

La política económica de los noventa: diez años de menemismo

Carlos Menem llegó a la presidencia en 1989 tras una confusa campaña política que combinaba conceptos como "síganme... que no los voy a defraudar", la promesa de un "salariazo" o el emprendimiento de una "revolución productiva", e incluía la recuperación de las islas Malvinas. Si bien no había establecido con especificidad su programa de gobierno, sí había generado una imagen asociada al viejo populismo peronista, tanto en la búsqueda de la candidatura del Partido Justicialista, donde venció a Antonio Cafiero —representante de la corriente renovadora del peronismo—, como durante la propia candidatura por la presidencia, en que le ganó al candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo Angeloz —quien presentó una plataforma y un discurso electoral abiertamente en pro de las reformas estructurales.

Sin embargo, al iniciar su encargo en julio de ese mismo año, con seis meses de anticipación debido a la crisis hiperinflacionaria que sufría la economía y a los actos de ingobernabilidad que se sucedían en las calles, Menem anunció su intención de no reproducir la orientación de los gobiernos peronistas anteriores y dio un viraje hacia el neoliberalismo. Este viraje tiene varias explicaciones: 1) la hiperinflación que se había gestado durante la campaña electoral y desatado inmediatamente después de la elección; 2) el poder de veto que fuertes grupos empresariales habían demostrado con el anterior presidente Raúl Alfonsín; 3) los lazos de asesores y economistas peronistas tanto con la corriente neoliberal como con grupos empresariales específicos; 4) la caída del muro de Berlín y el bloque socialista internacional; y 5) la necesidad de Carlos Menem de infundir confianza en los grupos empresariales, lo que lo llevó a "sobreactuar" su posición neoliberal (Acuña, 1995 y 1996; Alcantara, 1990; Mora y Araujo, 1991; Braun y Catterberg, 1989; Gerchunoff y Torre, 1996).⁴

Una vez instalado en el gobierno, Carlos Menem inició el viraje hacia el neoliberalismo proponiendo que los recursos económicos serían administrados más eficientemente por el mercado que por el Estado, a la par que el mercado podría ordenar y regular el campo social y político. Al respecto se tomaron las siguientes acciones: 1) El nombramiento de los capitanes de la industria encabezados por Bunge & Born al frente del ministerio de economía, un grupo económico que estaba lejos de tener el perfil de los empresarios en los que se había apoyado el peronismo;⁵ aunque sólo estarían un año en el cargo. 2) La aprobación de la Ley de Reforma del Estado o de Emergencia Administrativa (ley 23,696), votada el 18 de agosto de 1989, la cual permitía vender las empresas públicas con decretos del poder ejecutivo; se fijaron un cronograma y criterios para transferir los activos públicos al sector privado y se dio a los acreedores del Estado el derecho de capitalizar sus créditos mediante títulos de deuda externa⁶ (Redacción, 18/ago./1989). El 11 de noviembre de 1991, un decreto presidencial informó de la segunda ronda de privatizaciones.⁷ 3) La aprobación de la Ley de Emergencia Económica (Ley 23,697), votada el 1 de septiembre de 1989, que suspendió una variada gama de subsidios, subvenciones, reintegros impositivos y distintas transferencias implementadas por el sector público; se reformó el régimen de inversión extranjera; se estableció el desenganche salarial de los empleados legislativos y judiciales y la calidad de prescindible del personal jerarquizado en la administración pública; se suspendieron —por un plazo de 180 días, que se prorrogaría indefinidamente—, los regímenes de promoción industrial, regional y de exportaciones, y las preferencias que beneficiaban a las manufacturas nacionales en las compras del Estado; y se impulsó la redacción de una nueva carta orgánica del Banco Central⁸ (Redacción, 2/sep./1989; Gerchunoff, 1996: 736; y Basualdo, 2001: 59). 4) La apertura comercial cuyo objetivo principal para los primeros cuatro años era reducir el arancel máximo al 20% y eliminar gran parte de los instrumentos para—arancelarios como los cupos, las licencias y las prohibiciones de importación.⁹ 5) La reforma fiscal que entró en vigor el 1° de febrero de 1990 y generalizó el cobro del IVA con una alícuota del 13%¹⁰, gravó los patrimonios y redujo las alícuotas del impuesto a las ganancias (Redacción, 1/feb/90). 6) La desregulación de la economía, proceso iniciado en diciembre de 1989,¹¹ cuyo principal componente fue el decreto desregulatorio fechado el 31 de octubre de 1991.¹² 7) La flexibilización laboral, proceso que redujo los costos laborales al cambiar las relaciones de trabajo, las formas de contratación y las pautas de negociación colectiva.¹³ 8) La reforma del sistema previsional aprobada por el congreso en septiembre de 1993, que disminuyó las aportaciones patronales, privatizó el sistema de jubilación formando un mercado de capitales con los fondos y recorrió la edad mínima para jubilarse. 9) La serie de ajustes económicos que, junto con todas estas medidas, se llevaron a cabo sobre todo los primeros dos años. Estos ajustes incluían decisiones como el recorte del gasto público o el aumento de tarifas e impuestos, de las que las más duras fueron la confiscación del primero de enero de 1990 de los depósitos bancarios a cambio de bonos estatales pagaderos a 10 años, y la rebaja de salarios de marzo de 1994.

El modelo económico argentino incluyó, además de los ajustes económicos y las reformas estructurales, la convertibilidad. El 20 de marzo de 1991 Domingo Cavallo anunció un plan que regiría a partir del 1° de abril de ese mismo año, y cambiaría el signo monetario constituyendo un peso equivalente a 10 mil australes; abandonaría la flotación sucia estableciendo por ley un valor de 1 peso igual a 1 dólar —para lo cual se fijaría la obligación de que el Banco Central mantuviese una relación entre las reservas y la base monetaria—;¹⁴ suspendería toda cláusula indexatoria en contratos o acuerdos salariales y programaría la desaparición del déficit fiscal a partir de abril de 1991, especificando que, de existir, no podría ser cubierto por emisión de moneda sino sólo por crédito. El gobierno de Carlos Menem optaba por un modelo económico tripartito: ajuste económico, reformas estructurales y convertibilidad, y por enfrentar la globalización financiera con un tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales, y una política monetaria exógena y dependiente de los flujos de divisas para determinar el total del circulante.

Este plan logró estabilizar las volátiles expectativas de los mercados financieros y, a principios de abril de 1991, las tasas de interés anuales descendieron de 44 a 22%, mientras que el valor del dólar se mantuvo estable y la tasa inflacionaria comenzó a caer —pasando de 3 079% en 1989 y 2 314% en 1990—, hasta 171% en 1991, 24,9% en 1992 y 10,6% en 1993. Se creó un marco de estabilidad; bajos aranceles de importación; créditos con tasas de interés más bajas; negociaciones con cámaras de representantes por rama (automotriz, siderúrgica, alimentaria, etc.), tendentes a intercambiar reducciones impositivas por reducciones de precios; una tendencia alcista en la bolsa y un aumento de la demanda de bienes de consumo que dieron lugar, entre 1991 y 1994, a los años de oro del modelo económico argentino y al mayor consenso social al respecto (Acuña, 1994; Gerchunoff, 1996; y Schvarzer, 1998). Sin embargo, en el primer trimestre de 1994 comenzaron a sentirse algunos de los problemas de la convertibilidad. El crecimiento de la economía estaba atado a los capitales externos que cubrían el déficit en la balanza comercial y en la de pagos (al principio la venta de las empresas públicas logró mantener este flujo de capitales); asimismo, la recesión en las economías desarrolladas había provocado una baja en las tasas de interés que indujo a los capitales a buscar nuevas plazas en los mercados emergentes, pero la posibilidad de mantener la paridad cambiaria fija se tornaría compleja en la medida en que se redujera la capacidad de atraer grandes ingresos de divisas y de mantener altos niveles de reservas: el principal enemigo de la convertibilidad iba a ser la escasez de capitales (Acuña, 1994; Gerchunoff, 1996). También en 1994 el gobierno comenzó a tener problemas para jugar en un doble tablero: convencer a los inversionistas extranjeros de que el cambio se había logrado, y a los actores sociales internos de que la transición todavía enfrentaba retos y aún no podían revertir las tendencias regresivas de las reformas.

A las dudas que comenzaban a surgir en torno al modelo económico se sumó la salida de Domingo Cavallo del Ministerio de Economía, golpeando aún más el consenso existente. No obstante, en 1996 vuelve la recuperación económica a Argentina —aunque ahora con un efecto distributivo nulo— y es cuando Domingo Cavallo y Carlos Menem dan por terminada su relación (Colina, 15/may/06). Con Roque Fernández a la cabeza del Ministerio de Economía de 1996 a 1999, lo que siguió fue la aplicación del "piloto automático", es decir, la continuación del plan de convertibilidad y las medidas de reforma estructural. Siguiendo a Jorge Baldrich (2/jun/2006) —Subsecretario de Política Económica de 1994 a 1996—, la idea de piloto automático implicó una importante confianza en el modelo económico tripartito: ya se había hecho todo lo necesario para que no hubiera ningún tipo de problema y había llegado el momento de disfrutar la estabilidad.

Como se observa en el cuadro 2, en términos de crecimiento económico e inversión, Argentina logró sobreponerse de una terrible crisis inflacionaria en 1989-1990 que le costó poco más de seis puntos del PIB y caídas en la inversión y en sus reservas internacionales. En cambio, en los años de oro de la convertibilidad (1991-1994) hay una fuerte recuperación económica que incluye el retroceso de la salida de capitales y la consolidación de las reservas internacionales. Posteriormente, en 1995, hay un nuevo bache económico que se manifiesta tanto en la caída del PIB como en tres años de intensa salida de capitales (1995-1997), aunque el crecimiento del PIB se recuperó desde 1996 y hasta 1999.

En cuanto a las cuentas públicas, en el cuadro 3 se observa que, si bien la recaudación se consolidó pasando de 12,65% del PIB en 1989 a 19,58% en 1999, los ingresos totales disminuyeron proporcionalmente más que los gastos en este mismo periodo, por lo que la brecha que se cierra entre 1991 y 1994 logrando un resultado financiero de un -0,01% del PIB en 1993 (el mejor año), vuelve a abrirse para llegar a -4,51% en 1999, a la par que la deuda crece como porcentaje del PIB.

 

Los índices sociales, los resultados electorales y el desacuerdo con el modelo económico de los noventa

Entre 1991 y 1994 la pobreza se redujo paralelamente a la reactivación de la economía y el crecimiento del PIB. Esto se debió a que la crisis hiperinflacionaria y la recesión de 1989 y 1990 tuvieron un efecto tal en la destrucción de la economía y la generación de pobreza (se pasó de 39% en 1988 a 56% en 1989 en el GBA, y las tasas inflacionarias crearon la sensación de imposibilidad de normalidad), que con echar a andar a la economía y frenar la hiperinflación, los niveles de pobreza mejoraron. La recesión de 1995 volvió a aumentar el número de pobres, y pese a que los años 1996, 1997 y 1998 fueron de crecimiento económico, no hubo una mayor distribución de la riqueza (cuadro 4).

Junto con el aumento de la pobreza en 1995 y su mantenimiento entre 1996 y 1998, años de crecimiento económico, entre octubre de 1986 y mayo de 1990 hubo una caída del salario real.¹⁵ Y si bien entre mayo de 1991 y mayo de 1994 el ingreso promedio mejora, el trecho perdido no logra recuperarse (cuadro 5). A este diagnóstico se suma el crecimiento sistemático de las tasas de desempleo y de subocupación (cuadro 6). En ambos índices se observa una ligera disminución entre 1991 y 1992, y un crecimiento importante en 1994 y 1995, sin que haya habido reducción alguna en los años de recuperación.

Incluso los tres problemas de Argentina más mencionados en las encuestas suelen ser económicos (la falta de trabajo, los bajos salarios y la inflación o la deuda), aunque a partir de 1991 la corrupción y la inseguridad comienzan a colarse entre ellos (cuadro 7). Nótese que, de acuerdo con la gente, desde agosto de 1990 hasta abril de 1999 el desempleo se consolidó como el principal problema de Argentina; un asambleísta de Barrio Norte nos dice: "[...] trabajé en una empresa privada de ferrocarriles después de las concesiones del compañero presidente Menem, puesto entre comillas y con muchos signos de interrogación. Y ahora estoy básicamente desocupado" (Sergio, 45 años).

La aprobación de Carlos Menem y su plan económico es errática durante los dos primeros años puesto que la hiperinflación no se controló sino hasta 1991. Una vez controlada la hiperinflación y en operación la convertibilidad, en diciembre de 1991 Menem logra 70% de aprobación y su plan económico 74%, aunque caerá sistemáticamente. En 1995 Menem gana las elecciones presidenciales contando con 48% de aprobación,¹⁶ aprobación que no cesará de caer hasta llegar, en octubre de 1999, a 18% (cuadro 8).

El menemismo logró, pues, sus triunfos electorales de 1991, 1993 γ 1995 con base en una estabilidad,¹⁷ que fue insuficiente para asegurarle el triunfo electoral en 1997 o en las elecciones presidenciales de 1999, como se observa en el cuadro 9. La unión del reciente Frente País Solidario (Frepaso) con la Unión Cívica Radical (UCR) para formar la Alianza por el Trabajo, la Justicia γ la Educación (Alianza) les permitió obtener 36,6% de los votos en la elección de 1997, frente a 36,3% del Partido Justicialista (PJ), γ ganar la elección presidencial de 1999 con 48,37% de los votos con Fernando de la Rúa (UCR) a la cabeza γ Carlos "Chacho" Alvarez (Frepaso) como vicepresidente.

Las consecuencias sociales de la política económica implementada por el gobierno menemista, así como su trascendencia en los resultados electorales se hacen patentes también en el grado de desacuerdo (poco de acuerdo/nada de acuerdo) con el programa económico gubernamental que, como se observa en el cuadro 10, va de 45,1% en mayo de 1997 a 65,4% en septiembre de 1999 y a 66,5% en octubre del mismo año.

Otro elemento que vale la pena resaltar es la manera de los ciudadanos argentinos de ver el pasado. De acuerdo con las encuestas del IBOPE-OPSM , en de 1997, 58% de los argentinos pensaban que las cosas habían empeorado en los últimos dos años; en febrero de 1998, 60,8% tenían esa misma impresión, γ en septiembre de 1999 la cifra alcanzaba 67,8% (cuadro 11).

Este panorama de bajos salarios, desempleo γ empobrecimiento es narrado por una asambleísta docente del barrio de Liniers en las siguientes palabras: "[...] Empieza un proceso donde la situación económica obliga a la mujer a arrimar a la olla. Todo el proceso del menemismo, en esos diez años, se vio el hecho de la desocupación del hombre, la mayoría de las docentes se convirtieron en el núcleo fundamental de la entrada, los varones, los que no tenían laburo, trabajaban de remiseros¹⁸ [...] Las mujeres pasaron a ser el sostén de los gastos regulares, trabajando en dos turnos, en tres turnos, esa es la realidad hoy" (Sara, 65 años).

No fue, pues, sorprendente que la oposición ganara las elecciones presidenciales de 1999. En cambio, resulta interesante el que todos estos indicadores conformaran la apreciación del menemismo como "mal gobierno"; apreciación que con el cambio de administración generó una serie de expectativas difíciles de satisfacer para cualquiera que hubiera sido el ganador,¹⁹ por un lado, y que no eran parte del programa de gobierno planteado por la Alianza durante la campaña electoral, por el otro.

 

Las expectativas y las realidades de la Alianza: 1999-2001

Durante la campaña electoral fue evidente que la Alianza no planteaba una política económica muy distinta de la practicada por Carlos Menem. El candidato oficialista, Eduardo Duhalde intentó incluso —aunque sin lograrlo— desmarcarse del presidente y hacer una campaña que criticara su administración.²⁰ En principio, la convertibilidad se había transformado en un bien social inamovible: los dos principales competidores —Fernando de la Rúa (Alianza) y Eduardo Duhalde (PJ)— afirmaron sistemáticamente que, de ganar las elecciones, no la tocarían. Asimismo, ambos competidores se mostraron contrarios a la solicitud que hizo el FMI en septiembre de 1999 de un ajuste económico de 1 800 mdd para el presupuesto del año 2000. En la celebración de la Convención Anual de la Asociación de Bancos el 5 de julio de 1999, tanto Eduardo Duhalde²¹ como Fernando de la Rúa confirmaron que, de ganar las elecciones, pagarían la deuda y mantendrían el modelo neoliberal (AFP, 6/jul/1999).

Así, la Alianza ganó con un mensaje de continuidad; no cuestionaba la apertura económica, las privatizaciones ni la convertibilidad; prometía, en cambio, darle a la administración pública mayor transparencia y honestidad. Sin embargo, más allá del mensaje de la Alianza a sus votantes, lo cierto es que la expectativa económica creció tanto como la política. Como describe Gerardo Adrogué (Entrevista 31/mar/06): "la elección de 1999 se vio cruzada por dos dimensiones: la dimensión económica donde la gente sabía que las cosas estaban mal, y en este sentido se generó una expectativa de cambio en la economía. Y la dimensión político—cultural: el problema de la corrupción y la expectativa de un cambio moral. Lo cierto es que ninguna de las dos funcionó". La idea de "reparación de la deuda social" jugaba un papel importante particularmente en materia económica,²² donde las principales molestias ciudadanas se debían al desempleo, a los bajos salarios y a la inseguridad. Así lo entendieron algunos de los participantes de la campaña electoral de la Alianza y, posteriormente, del propio gobierno. Por ejemplo, para Roberto Bisang, asesor económico del PAMI, la elección había otorgado el siguiente mandato (Entrevista, 4/may/2006): "Básicamente (el mandato) era: nosotros seguimos con la convertibilidad y hacemos un mecanismo de redistribución a través básicamente de medidas fiscales con un giro en lo económico mucho más hacia intervencionismos que hacia el libre mercado, y para eso las patas centrales iban a ser los mecanismos de educación, los de ciencia y técnica. No el viejo mecanismo de empresas públicas".²³

Sin embargo, las expectativas económicas de la gente estaban más cerca de la corrección y el cambio que de la continuidad de la política económica. En lo que hace a las privatizaciones (cuadro 12), en una encuesta nacional levantada en febrero de 1998, 44% de los encuestados esperaba que se revisaran las privatizaciones, y 30,9% esperaba que se mejorara el control de las empresas privatizadas. Sólo 4,9% estaba de acuerdo con la continuidad y 4,6% con la ampliación de las privatizaciones.

En otra encuesta nacional levantada en septiembre de 1999 (cuadro 13), el grueso de los encuestados esperaba que se corrigiera la política económica, y son muy altos los porcentajes de quienes esperaban un cambio. Las tres principales excepciones están en la convertibilidad, donde 55,4% de los encuestados están de acuerdo con su preservación, y el régimen impositivo y las políticas sociales contra la pobreza, donde la mayoría espera un cambio.

Interesa resaltar que la Alianza pretendió transmitir un mensaje de continuidad donde la principal diferencia con el entonces actual gobierno iba a estar en la transparencia y la eficiencia de la administración pública. Sin embargo, debido al desacuerdo generado por las condiciones de la política económica menemista, la expectativa de la ciudadanía de corrección y cambio después de las elecciones superó las promesas de la Alianza, y a las posibilidades de su realidad, una vez en el gobierno. Explica Juan Carlos Torre (Entrevista 24/may/06) que: "La Alianza que lleva a De la Rúa al gobierno tiene un tono progresista que, en el caso económico, no es tal [...] en esta coalición si hay una persona que está de más es De la Rúa, porque es una persona que tiene una trayectoria mucho más conservadora. Es decir, llega al gobierno una coalición progresista con un presidente conservador, enseguida esas dos cosas van a estar sobre la mesa, el presidente va a estar cada vez más sólo, se va a replegar en un círculo muy pequeño, sus opciones, cuando él tiene que elegir algunos ministros va a dejar una marca de su moderación [...]"

Así, como resultado de la negociación de 1999 con el FMI, la Alianza se inaugura con la peor de las medidas: una reforma fiscal. A finales de diciembre de ese mismo año se hace público que a partir del próximo 1° de enero se echaría a andar una reforma fiscal que se convertiría de inmediato en una medida impopular. Éste es el inicio de una serie de programas políticos que tuvieron la decidida oposición de grandes sectores poblacionales. Algunos ejemplos de estos programas son: 1) la reforma laboral tramitada entre febrero y abril de 2000, que incluyó la extensión del periodo de prueba de uno a seis meses, y la posibilidad de que las negociaciones salariales se hicieran directamente con los sindicatos de la empresa y no por rama (Calloni, 15/feb/00); y 2) un primer ajuste hecho a finales de mayo, que determina un recorte al gasto público de 538 mdd para disminuir el déficit fiscal en 30%; se redujeron los salarios de los trabajadores estatales y las jubilaciones de privilegio en 50%; se estableció la libre elección de obras sociales y prestadores privados —por lo que habría un avance de las empresas privadas en el servicio de salud—, y se reasignaron 300 mdd a los planes de trabajo (Calloni, 30/may/00).

En agosto de 2000 se hace público el soborno de algunos legisladores para obtener su voto en la reforma laboral concretada en abril de ese mismo año. Este escándalo es el detonador para que a principios de octubre una de las figuras clave de la Alianza, el vicepresidente Carlos "Chacho" Álvarez renuncie a su cargo. Para entonces el capital político de la Alianza estaba prácticamente extinguido. Pese a la reforma fiscal, en enero aún contaba con 70% de aprobación; para marzo, tras la reforma fiscal y laboral, su aprobación cayó 20 puntos. En octubre de 2000, tras el primer ajuste, el escándalo de corrupción y la salida de Carlos Álvarez, su índice de aprobación estaba en 23% del que ya no se sobrepondría (cuadro 14).

La expectativa de cambio y la frustración se hacen evidentes en la siguiente expresión de un asambleísta del barrio de Balvanera: "[...] que se vayan todos, estamos podridos de todos, no le creemos más a nadie [...] es el rechazo liso y llano de todo lo que era el neoliberalismo menemista en su momento, después la inoperancia de De la Rúa y la profundización de lo mismo[...] había ganado y había mucha expectativa de los sectores de la clase media, que después iba a venir el cambio con la Alianza y bueno, al poco tiempo quedó demostrado que era más de lo mismo. Era ese hartazgo, yo lo viví intensamente porque lo viví de verdad como un proceso de ruptura" (Leandro, 43 años).

En noviembre y diciembre, una serie de acuerdos entre el FMI, los gobernadores de las provincias y los legisladores de la oposición —conocida como "el blindaje financiero"— determinó que el FMI y otras instituciones otorgaran líneas de crédito a Argentina hasta por casi 40 mil mdd, para asegurar a los acreedores que rumbo al 2001 el país tendría solvencia. El 2 de marzo de 2001 José Luis Machinea, Ministro de Economía, entregó su renuncia y —tras el esporádico paso por el Ministerio de Economía de Ricardo López Murphy, cuyo nuevo plan de ajuste económico implicó la renuncia de tres ministros del gabinete (Interior, Educación y Desarrollo Social) y seis viceministros (Vales, 17/mar/01)—, Domingo Cavallo regresó al Ministerio de Economía a finales de marzo de 2001.

El plan económico —conocido como "Ley de Competitividad"— del nuevo ministro contenía: la eliminación, modificación y creación de impuestos (el más conocido de los cuales fue el impuesto al cheque); la reforma a la administración tributaria, y el recorte de 900 mdp en el gasto público. Los objetivos principales de este plan eran bajar los costos de producción de Argentina en un 20% y cumplir con la meta pactada con el FMI de 6,500 mdd de déficit fiscal (Vales, 20 y 21/mar/01). Frente a la incapacidad del plan de echar a andar la economía, se hizo un último intento con el programa "Déficit Cero" que inicia en julio de 2001 e implica la reducción de los salarios y pensiones del aparato burocrático superiores a 500 dólares en un 13% y el establecimiento sistemático del ajuste fiscal: no gastar más de lo recaudado (Calloni, 18/jul/01; García, 13/jul/01).

Si la política económica del gobierno de la Alianza no convenció a la sociedad, tampoco lo hizo con los empresarios. La recesión económica iniciada en el segundo semestre de 1998 se mantuvo durante todo 1999, 2000 y 2001, año este último en que hay una salida sistemática de capitales (cuadro 15); en diciembre se gestaba una de las peores crisis económicas en Argentina. En conclusión, pese a las expectativas generadas en materia económica, la tendencia del nuevo gobierno repitió un modelo tripartito fundamentado en el ajuste fiscal, el mantenimiento de reformas estructurales y la convertibilidad; y frente a la globalización financiera, en el tipo de cambio fijo, la libre entrada y salida de capitales y una política monetaria exógena.

 

Deslegitimación del modelo económico y fin del gobierno de Fernando de la Rúa

Un indicador interesante por su alto nivel es el de desacuerdo con el modelo económico que se liga del gobierno de Carlos Menem en septiembre y octubre de 1999 al nuevo gobierno de Fernando de la Rúa en abril, septiembre y diciembre de 2000 y hasta febrero de 2001, cuando los encuestados que están poco o nada de acuerdo con el modelo económico alcanzan 67,6% (cuadro 16).

Un segundo indicador de interés es el de la evaluación de la política económica de Luis Machinea, que viene en picada a pesar de la ligera recuperación de febrero de 2001 (cuadro 17, encuesta de Capital). Nótese que aunque ambas calificaciones, la de mal y la de muy mal, crecen, la segunda lo hace muy por encima de la primera.

Además de estos elementos generales, el desacuerdo con el modelo también crece en puntos específicos. Entre abril y septiembre de 2000 hay tres tendencias: 1) las medidas que en abril de 2000 la mayoría de los encuestados calificaba como conveniente/muy conveniente, en septiembre del mismo año habían pasado a la categoría de poco/nada conveniente (la apertura económica, la libertad de mercado financiero, la presencia en el país de grandes bancos internacionales, flexibilidad laboral y reducción del papel del Estado); 2) las decisiones que en abril de 2000 la mayoría de los encuestados ya calificaba como poco/nada convenientes, en septiembre de 2000 tenían un porcentaje más elevado (privatización de servicios públicos, desregulación de actividades económicas y eliminación de subsidios a la industria); y 3) las medidas que en abril de 2000 la mayoría de los encuestados calificaba como conveniente/muy conveniente, para septiembre del mismo año conservaban la calificación pero el porcentaje había bajado a la par que la calificación de poco/nada conveniente aumentaba (mantener la convertibilidad, la libre importación y exportación de divisas, la libertad de elección de obras sociales, la igualdad de trato al capital extranjero y nacional, la limitación a los sindicatos y el equilibrio fiscal) (Encuestas de OPSM realizadas en la Capital Federal).

En lo que a la cultura político—económica se refiere de 1985 a 1998 ésta fue mayoritariamente privatista, pero a partir de 2000 el grueso de la población genera tendencias al estatismo (cuadro 18).

En abril de 2000, 56,7% de la población pensaba que las cosas mejorarían, y en mayo de 2001 sólo 31% tiene esta expectativa mientras que 36% cree que las cosas empeorarán (cuadro 19, IBOPE-OPSM, Capital Federal). Asimismo, la revisión retrospectiva de los argentinos (de los últimos tres años contados a partir del levantamiento de cada encuesta) arrojó como resultado que, en 1999, 65,8% pensaba que las cosas habían empeorado; en febrero de 2001 la cifra rebasaba 50%, y en febrero de 2002 casi 90% de los encuestados tenía esa sensación (encuesta del IBOPE-OPSM en la Capital Federal).

Poco antes de la terrible conclusión, las elecciones legislativas dieron la victoria al Partido Justicialista con 26,6% de los votos frente a 16,9% de la Alianza. Llama la atención el crecimiento del voto en blanco, el voto nulo y el abstencionismo que, juntos, se conocieron como el "voto bronca" (cuadro 20). Esta pérdida de legitimidad, o falta de alternativas político partidistas, que se expresa en el voto bronca, es clara en la siguiente declaración en que un asambleísta de Balvanera hace referencia a los hechos del 19 y 20 de diciembre de ese año: " [...] Yo creo que surge porque hubo todo un movimiento en la Ciudad de Buenos Aires que era contestatario, por fuera de los organismos tradicionales como los sindicatos, la sociedad de fomento, que ya no existían los partidos, había una ruptura muy fuerte con los partidos de centro izquierda, el Frente Grande que había sido una gran frustración para la gente [...]" (Leandro, 43 años).

Pese a la derrota electoral, la sordera en la presidencia era insalvable. Fernando de la Rúa ratificó esa misma noche en el programa "Déficit Cero", que —puesto que él no había competido en esa elección—, no había perdido. Llegamos finalmente al 2 de diciembre de 2001, día en que Fernando de la Rúa instituye el llamado "corralito": los depositantes bancarios podrían sacar sólo 250 pesos semanales de sus cuentas de ahorro. Puesto que los trabajadores formales cobraban por la vía bancaria, sus sueldos quedaron automáticamente "acorralados". Eduardo Ratti y Daniel Campione señalan que si bien el corralito buscaba que la economía se moviera con cheques, tarjetas de débito y de crédito y pagos virtuales —lo que estaba muy bien para el comercio y la industria medianamente establecidos—, en ese momento una economía en negro, informal en importante magnitud, vivía de transacciones en efectivo. Al no poder retirar fondos salvo con cheque o depósito, esta gente fue la más afectada. Fue esto lo que provocó el estallido final: las manifestaciones y el asalto a supermercados.

Los diversos saqueos a los supermercados ocurridos el 17 y 18 de diciembre de 2001, principalmente en la provincia de Buenos Aires, generaron un marco de ingobernabilidad. La noche del 19 de diciembre Fernando de la Rúa declaró "estado de sitio", medida que recordaba la última dictadura militar en Argentina. Al respecto un asambleísta de Barrio Norte relata: "creo que lo que hubo también es mucho horror de lo que se había visto en la tele por el tema de los supermercados [...] creo que ahí hubo una cosa de espanto solidario. Y me acuerdo que cuando habló De la Rúa, yo no podía creer lo que estaba diciendo. Creo que fue el discurso más convocante en la Argentina en contra" (Sergio, 45 años). Esa misma noche comenzó a oírse un creciente retumbar de cacerolas; la gente salió a las calles, hizo fogatas en las esquinas y marchó en "oleadas" hacia el Congreso, cantando. Se buscaba pasar por alto el recién declarado estado de sitio.

Hay varios elementos qué señalar respecto a esta movilización; el primero es su espontaneidad, como lo señala un participante: "la gente salía, por ejemplo, señoras de clase media que salían en batón. Llegaron caminando a Plaza de Mayo desde barrios bastante alejados y que de golpe se encontraron con que no tenían monedas ni para volverse, porque no habían tomado ninguna precaución" (Leandro, 43 años). El asambleísta de Colegiales relata cómo la gente puede tener reacciones producto de la tensión y la espontaneidad, de las cuales posteriormente se sorprende: "[...] tipos que empezaron a tirar tiros, yo agarré la piedra y fui corriendo detrás del auto. Me encontré a diez metros de los tipos con armas y yo con la piedra y pensé ¿qué estoy haciendo? Pero casi inconsciente, ahí tiré la piedra a la mierda y me volví [...] Era algo totalmente irracional, justamente pensaría que no desubicado porque había mucha tensión contenida. Lo veía en los otros y me pasaba a mí también [...] era una descarga y había algo también desde lo corporal, era muy fuerte [...]" (Hugo, 54 años).

Otro aspecto por señalar es que el detonador no fue tanto el corralito, medida que llevaba cerca de 20 días aplicándose, sino la declaración del estado de sitio, como lo señalan dos participantes, uno de Barrio Norte: "porque se dice que todo el mundo fue a la plaza por el corralito [...] y no fue cierto, en parte habrá sido [...] pero el 19 de diciembre que yo estuve en la plaza [...] lo que más se vio fue en contra del estado de sitio, claramente [...]" (Sergio, 45 años) y el otro de Balvanera: " [...] De la Rúa declaró el estado de sitio [...] bueno eso indignó a la gente y fue la gota que derramó el vaso de una serie de ingredientes, el tema del corralito, una serie de atropellos que tenían que ver con la libertad democrática y con la libertad de sectores medios de disponer de sus ahorros y de su dinero [...]" (Leandro, 43 años). Un elemento más es que, aunque hubo un detonador, la movilización se dio como una sumatoria de tensiones que, como hemos visto a lo largo del texto, se venían gestando desde varios años atrás. Al respecto un asambleísta de Balvanera nos dice: "[...] ya te digo [...] no fue un rayo en una noche despejada, sino que eran tensiones que se venían acumulando y que ese fue el momento en que estallaron [...]" (Leandro, 43 años).

 

¿Hay vida después de la convertibilidad? La reconstrucción política desde lo social: la experiencia de las asambleas barriales

El 1 de enero de 2002, tras el rápido gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, llegó a la presidencia Eduardo Duhalde quien, junto con Jorge Remes Lenicov a la cabeza del Ministerio de Economía, iniciaron la transición económica cuyos pilares continúan vigentes en Argentina.²⁴ Al asumir el poder, Eduardo Duhalde afirma que Argentina está quebrada y no hay circulante capaz de poner en marcha a la economía, y que si bien la convertibilidad combatió la hiperinflación, también acabó con la competitividad, arrojó a dos millones de argentinos a la indigencia, destruyó a la clase media, quebró las industrias y pulverizó el trabajo. Por otro lado, ratificó la moratoria al pago de la deuda declarada por Adolfo Rodríguez Saá y afirmó que iría en contra de quienes habían hecho maniobras ilegales para sacar capital, y de quienes las habían permitido (Calloni, 2/ene/01).

Duhalde echó a andar un plan económico que previó una devaluación inicial del peso de entre 30 y 50% (que llegó a 200%), el establecimiento de la flotación cambiaria y la conversión a pesos de depósitos y deudas en dólares (Vales, 2/ene/02; Pairone, 2/ene/02).²⁵ El 5 de enero de 2002 la Cámara de Diputados comenzó a debatir el proyecto de ley que otorgaría facultades especiales al poder ejecutivo para modificar la paridad cambiaria, y declaró la emergencia económica y financiera del país. En la madrugada del 6 de enero se cerraron 10 años de convertibilidad en Argentina.

Resulta interesante revisar el sentido social que adquirió la convertibilidad, rebasando con ello tanto sus objetivos como sus posibilidades. Después de la terrible crisis hiperinflacionaria de 1989-1990 en que el dinero se diluía en las manos de los asalariados, la convertibilidad fue sinónimo de estabilidad y seguridad económica; se convirtió en un valor social. De aquí que el grueso de la población quisiera continuar con ella pese a las limitaciones económicas que implicaba. La estabilidad a partir de la convertibilidad le dio la victoria a Carlos Menem en las elecciones presidenciales de 1995, y fue también el mandato que asumió la Alianza tras las elecciones presidenciales de 1999.

Luego de los primeros meses de gobierno y de la catastrófica caída en la aprobación del gobierno de la Alianza, la convertibilidad siguió teniendo una gran aceptación, aunque entre abril de 2000 y febrero de 2001 perdiera poco más de 30 puntos que recuperaron quienes la veían como poco conveniente o negaban tener una opinión al respecto (cuadro 21).

El que la salida de la convertibilidad haya tenido cada vez menos opositores, no quiere decir que quienes aprobaban su salida apoyaran el modelo económico que la reemplazó. Como se observa en el cuadro 22, el grado de acuerdo con el nuevo modelo era muy bajo.

En paralelo a la pérdida de la convertibilidad como valor social de estabilidad y seguridad, y al desacuerdo con el nuevo modelo económico, tuvieron lugar experiencias sociales que, o bien se sumaron a otras ya existentes o bien fueron innovadoras. Eran movimientos ya existentes, por ejemplo: el de los "piqueteros", personas que quedaron desempleadas durante la apertura económica y las privatizaciones de las empresas estatales, y cuya principal forma de acción era el corte de ruta; y el de las "empresas recuperadas", que los asalariados recuperaban como cooperativas después de que fueran declaradas en quiebra.

La movilización del 19 y 20 de diciembre de 2001 aportó una innovación social: los caceroleros. A partir de esta movilización se gestaron en Buenos Aires y en las principales ciudades del país "Asambleas Barriales" para manifestar el descontento con las instituciones políticas formales. Puesto que eran espontáneas, no sólo carecían de objetivos comunes sino que al interior eran muy diversas.²⁶ No obstante, produjeron acontecimientos de gran potencialidad debido a las múltiples interpretaciones a las que dieron lugar, y porque permitieron pensar en cambios políticos, en las formas de participación y en la subjetividad.

A pesar de la polisemia que caracteriza lo acontecido el 19 y el 20 de diciembre y a las asambleas barriales, algunos elementos se repiten en las entrevistas de los asambleístas, como la afectación en la política, el lazo social generado en la experiencia compartida, y la activación del saber y de prácticas políticas anteriores. En 2006, finalmente, a la pregunta: "¿Por qué seguir con las asambleas?" los entrevistados aluden a la importancia de construir una política de "abajo hacia arriba". La idea de construir la democracia desde abajo, desde la propia sociedad, permite concebir el pasaje de lo social a lo político en los términos de Maffesoli, desde cuya perspectiva la idea de centralidad subterránea o socialidad (Maffesoli, 1993 y 2004) posibilita indagar la lógica social "subterránea"²⁷ que afecta los fenómenos o a actores sociales que luego adquirirán visibilidad pública e institucional. Al respecto, un asambleísta de Liniers comentaba que las movilizaciones del 19 y 20 de diciembre habían sido la expresión de "un proceso que iba por abajo muy profundo, de una crisis de todas las instituciones, de un régimen político [...]" (Sergio, 45 años). Asimismo, la subpolítica se diferencia de la política por el hecho de que los actores aparecen fuera del sistema político o corporativo y, además, no sólo los actores sociales y colectivos sino también los individuos²⁸ compiten entre ellos por el poder de estructuración de lo político (Beck, 1999: 141).

De esta manera, se observan cambios en la forma de pensarse y proyectarse en la vida cotidiana tanto individual como socialmente. Una encuesta del CEOP sobre las expectativas de los argentinos para 2006 muestra que quieren mejorar su calidad de vida, y que su atención da un viraje hacia lo afectivo y el cuidado de lo familiar (Clarín, 01/01/2006). Al respecto, una asambleísta de Liniers comenta: "[...] Esto de poder juntarse y comunicarse [...] todo lo que creemos nosotros que después de la dictadura y del menemismo se habían roto todos los lazos y se impuso una forma muy individualista de vivir. No a nivel romántico, a nivel práctico, de tener la posibilidad de estar con otros [...] compartir tu realidad con otro [...] tener la sensación de que podemos proyectar cosas y que no se te viene todo encima [...] yo creo que tiene que ver con eso [...] cuando la gente se empieza a organizar, hay otro amparo me parece. Se hizo una red de contención para las personas que la integran" (Meche, 37 años).

En esta tónica surgieron proyectos culturales (grupos de arte callejero, murgas, grupos de percusión) y productivos (la feria autogestionada de producción) desarrollados en espacios no institucionalizados, informales y acotados a la experiencia social: formas de solidaridad de modalidades micro, innovadoras en la función cultural (Millán, 1994: 66).

Esta experiencia puede sintetizarse y organizarse en torno a una crítica medular a la concepción institucional de la política. El papel de la sociabilidad se encuentra más acá y más allá de las formas instituidas, y constituye una centralidad subterránea informal que garantiza la perdurabilidad de la vida en sociedad. Esta idea es fundamental para pensar sobre la aparente espontaneidad de las asambleas y el papel de las emociones en su aparición y su permanencia. Los asambleístas destacan la importancia de los vínculos constituidos en dichas experiencias: algunos se animaron a ser padres; otros encontraron pareja; otros sostienen que, si bien la asamblea se suspendió, ellos siguen en contacto con asambleístas en calidad de amigos, y otros comentan que sus mejores amigos se encuentran en la asamblea. También se alude a la inserción en el barrio; una asambleísta de Villa Crespo comentaba que "si había una marcha o una actividad política era con gente con la que me identificaba por una cuestión partidaria o en política específica de derechos humanos, pero no eran mis vecinos, no tenía ligazón con el barrio en ese sentido, ninguna, y a partir de ese momento [...] eso cambió completamente [...]" (Susana, 43 años).

Consideramos que estas relaciones afectivas contribuyen a engrosar el entramado latente y subterráneo de lo social, y constituyen grupos organizados potencialmente activos ante los nuevos acontecimientos políticos. Una asambleísta de Colegiales entrevistada dice, refiriéndose al grupo de amigos que hizo en la asamblea: "[...] estamos esperando a que algo suceda [...]" (Julia, 25 años). Otra asambleísta, ésta de San Telmo, comenta en relación con los vecinos que asisten con dos ollas populares que funcionan en la asamblea para el barrio "[...] tenemos que transmitir que si son un colectivo y logran organizarse, ellos pueden conseguir lo que quieran [...]" (Participación libre en la deliberación plenaria). Una asambleísta de Villa Crespo comenta que "[...] la sensación es que la gente empezó a tomar ciertas cosas en sus manos, que les pertenecía, que podía pelear o reclamar por ellas [...] En ese sentido se capitalizó la experiencia" (Susana 43 años). Otra, de Liniers, dice que: "[...] se logró tomar como propio lo que era propio [...]" (Sara, 65 años). Uno más, también de Liniers, lo expresa como sigue: "[...] queda la llama encendida, el piloto encendido del calefón que no se termina de apagar" (Sergio, 45 años). La sociabilidad en tanto capitalización de la experiencia, conformación de redes y vínculos afectivos, y el desarrollo de una actitud de alarma, se ha incrementado. Una asambleísta de Villa Crespo comenta lo que la experiencia de la asamblea le aportó: "[...] tal vez a escuchar y aprender un poco de lo que no sabía nada, meter más la cabeza en cosas que no conocía como la política, cosas que a lo mejor se desarrollaban más en las universidades [...]" (Zulema, 63 años).

La reconstrucción de la política no fue solamente social, también el Estado ejerció acciones, muchas de ellas afortunadas, que a veces parecen coadyuvar y otras competir con la organización social. Sobresalen los nuevos llamados a elecciones, el ejercicio del gasto público y los asesinatos de piqueteros por parte de las fuerzas de seguridad pública.

Las asambleas barriales señalan el agotamiento de las formas institucionalizadas de la política y practican una democracia deliberativa y directa con la consigna de "que se vayan todos [...]" como la radicalidad de aquello que habría que inventar colectivamente.²⁹ El llamado a elecciones, el reestablecimiento de las instituciones políticas y, por tanto, la propia idea de representación política, se confrontó con la política pensada como arte de lo posible. Al respecto un asambleísta de Liniers nos dice: "A partir de mediados de 2002, el sistema, el establishment, logra reaccionar; logran empezar a recrear la imagen de la democracia, las instituciones, y que votando se iba a poder conseguir algo [...] fundamentalmente al no haber una propuesta por la positiva [...] eso se va perdiendo. Después quedan resistencias de grupos, de asambleístas [...] que pueden resistir durante [...] no más de un año más, con cierta intensidad [...] que tienen vida y tienen procesos reales [...] que es positivo porque no vuelve a foja cero el 2001, sino que queda latente [...]" (Sergio, 45 años).³⁰

Por lo que hace al gasto social, el subsidio de distintas entidades (Ministerio de Acción Social, Centro de Gestión y Participación) apoya las iniciativas y actividades de las Asambleas Barriales, aunque éstas no siempre influyen en sus decisiones.³¹ Así, al interior de las asambleas la figura estatal aparece en una doble vertiente, por un lado, como facilitador de las actividades mediante subsidios y, por el otro, como inhibidor de la movilización social. La consideración de la acción estatal como inhibidora se explica en la entrega de planes sociales a los piqueteros y a grupos que iban a conformar una cooperativa de vivienda, los cuales, al ser convocados por el presidente con la oferta de habitaciones, perdieron el sentido de la organización social. Al respecto una asambleísta de Villa Crespo comenta que "se trata de un gobierno muy hábil para romper los movimientos sociales [...] con toda la carga de que se apoyan en los derechos sociales" (Susana, 43 años). Respecto al Estado como facilitador, Manuel, de San Telmo, dice del gobierno de Kirchner que: "[...] buscó el poder en la gente, se transformó en populista, hace cosas y toma decisiones que son muy populares, el tema de los derechos humanos es una cosa muy obvia de eso, el tema de la deuda externa, el tema de la pelea por el precio de la carne de hace muy poquito [...] ese tipo de cosas son medidas muy populares. Yo no me engaño que el tipo es un santo, le conviene, pero me parece bien que le convenga eso y no le convenga meter mano dura a los manifestantes, como en algún momento le convino a Duhalde [...]" (Manuel, 25 años).

Otro elemento que explica el descenso de la movilización de las asambleas barriales, además del llamado de Duhalde a elecciones y el ejercicio del gasto social, es el miedo que suscitó el asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el Puente Pueyrredón. Una asambleísta de Liniers hace referencia a dos de estos tres hitos: "se volvió con el mismo tipo de representación, nada de asamblea constituyente; no se logró nada de nada, todo lograron encauzarlo después de la muerte de Kosteki y Santillán, en el encuadre de las elecciones, el poder logró "hegemonizar" todo el proceso [...]" (Sara, 65 años).

 

Conclusiones

Iniciamos el análisis de la relación mercado-democracia en la aplicación convencida y sin cortapisas de las reformas estructurales³² del menemismo en Argentina. El gobierno de Carlos Menem optó por un modelo económico tripartito (ajuste económico, reformas estructurales y convertibilidad) así como por un tipo de cambio fijo, la libre salida de capitales y una política monetaria exógena. Contrario a lo esperado por la teoría intertemporal de la relación mercado-democracia en la aplicación de las reformas, al tiempo que éstas se aplican se construye un acuerdo social mayor en torno al modelo económico: los años de oro de la convertibilidad (1991-1994). En cambio, cuando se esperaba que el derrame económico (1995-2001) disminuyera el descontento social debido al proceso de concentración inicial de las reformas, esto no sucedió, la pobreza aumentó, los salarios perdieron poder adquisitivo y el desempleo y subempleo crecieron. Peor aún, los efectos negativos de las reformas estructurales se deben a rasgos específicos de las nuevas reglas del juego económico, y no a costos de la transición³³ (Palermo, 1999).

Los bajos costos políticos iniciales del nuevo modelo económico se deben en buena parte a la profundidad de la crisis hiperinflacionaria de 1989-1990, de la que para salir se construyó un acuerdo de fuga hacia adelante³⁴ (como lo evidencia la victoria electoral de Carlos Menem en 1995). No obstante, este consenso sirve sólo para salir del lugar no deseado, mas no incluye un acuerdo sobre el punto de llegada. Durante el periodo analizado, la aprobación de Menem, Fernando de la Rúa y el modelo económico se mantienen en caída a la par que las tendencias de la cultura político—económica pasan de una mayoría privatista a una mayoría estatista.

De esta forma, el mercado se relaciona con la democracia por medio de la toma de decisiones gubernamental en política económica, que busca crear los marcos de inversión y crecimiento necesarios y modifica las expectativas de los ciudadanos respecto de los actos y conclusiones del propio mercado con mediación del propio gobierno. Así, las esperanzas alcanzadas en las elecciones de 1999 rebasaron los objetivos del gobierno de la Alianza, cuyas figuras —Fernando de la Rúa, Carlos Alvarez³⁵ y Luis Machinea—, estaban lejos de proponerse cambiar el modelo económico, pues querían simplemente diferenciarse en la eficiencia y la transparencia de su gobierno.³⁶ La ciudadanía resintió esta continuidad tanto en el discurso como en la acción, pues sus expectativas diferían de lo que la Alianza estaba haciendo; este desacuerdo llega a su punto clímax el 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego del 19 y 20 se organizaron asambleas barriales para discutir y deliberar tanto asuntos políticos como vecinales. Ésta ha sido una alternativa de recomposición social frente al gran desencanto de la política y sus instituciones, y a la sensación de caída no sólo económica sino social. En este sentido, la salida de la convertibilidad culminó el proceso signado por estas sensaciones.³⁷ Tanto las asambleas como otras formas de conformación de redes alternativas tuvieron como función restituir la sensación de vacío. La experiencia de las asambleas permitió a los asambleístas pensar la política no ya desde las instituciones u opciones partidarias sino a partir del lazo social y la propia existencia.³⁸

 

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Entrevistas

Académicos y encuestadores

Carlos Acuña, 24 de mayo de 2006, Universidad de San Andrés.

Claudio Iglesias, 4 de abril de 2006, Director de Proyectos de Graciela Romer y Asociados.

Daniel Campione, 15 de mayo de 2006, Director del Departamento de Historia. Centro Cultural de la Cooperación.

Enrique Zuleta, 5 de abril de 2006, Dir. Ejecutivo de OPSM-Zuleta Puceiro.

Gerardo Adrogué, 31 de marzo de 2006, Dir. Ejecutivo de Knack, Nun, Adrogué y Carusso.

Juan Carlos Torre, 24 de mayo de 2006, Universidad Torcuato Di Tella.

Manuel Mora y Araujo, 26 de marzo de 2006, Dir. Ejecutivo de Ipsos - Mora y Araujo.

Marcos Novaro, 10 de mayo de 2006, UBA y FLACSO-Argentina

María Braun, 28 de marzo de 2006, Dir. Ejecutivo de Mori y Asociados.

Ricardo Sidicaro, 15 de mayo de 2006, Instituto Gino Germani - UBA.

Ricardo Rouvier, 26 de marzo de 2006, Dir. Ejecutivo de Ricardo Rouvier y Asociados.

Roberto Barman, 20 de abril de 2006, Dir. Ejecutivo CEOP.

 

Asambleístas

Meche, 37 años, Liniers, 5 de abril de 2006.

Sara, 65 años, Liniers, 15 de abril de 2006.

Sergio, 45 años, Liniers, 15 de abril de 2006.

Leandro, 43 años, Balvanera, 12 de abril de 2006.

Sergio, 45 años, Rodríguez Peña, 18 de abril de 2006.

Susana, 43 años, Villa Crespo (Juan B. Justo y Corrientes), 22 de abril de 2006.

Zulema, 63 años, Villa Crespo (Juan B. Justo y Corrientes), 22 de abril de 2006.

Manuel, 25 años, San Temo, 12 de mayo de 2006.

Julia, 25 años, Colegiales, 22 de mayo de 2006.

Hugo, 54 años, Colegiales, 29 de mayo de 2006.

 

Políticos

Daniel Marx, 12 de mayo de 2006, Subsecretario de Deuda Interna y Externa 1988-1992 y Secretario de Finanzas, dic. 1999-dic. 2001.

Jorge Baldrich, 2 de junio de 2006, Subsecretario de Programación Económica (3) 1994-1996 y Secretario de Hacienda (2), abril-dic. 2001.

Oscar Cetrángolo, 11 de mayo de 2006, Subs. de Rel. con Provincias, diciembre 1999-junio 2001.

Roberto Bisang, 4 de mayo de 2006, Asesor del PAMI, dic. 1999-abril 2001.

 

Páginas de Internet

Ministerio de Economía

Indicadores de inflación: www.mecon.gov.ar/download/financiamiento/newinf.xls

Indicadores del PIB: www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

Desempleo y subempleo: www.mecon.gov.ar/peconomica/basehome/infoeco.html

 

Notas

¹ Las reformas estructurales implican un complejo entramado de modificaciones y ajustes institucionales que implican a dos o hasta tres generaciones. En la primera generación, a finales de los ochenta y principios de los noventa, cuando se hablaba de reformas estructurales (hoy de primera generación) se aludía al menos a tres tendencias que incluyen diversas políticas públicas: 1) ajuste económico y ordenamiento macroeconómico, 2) apertura económica, y 3) desmantelamiento del Estado.

² Este tema fue tratado por múltiples investigadores. Tal vez el primero en ponerlo sobre la mesa precisamente como intertemporalidad mediante el efecto túnel fue Hirschmann (1973), aunque el más conocido de los investigadores en este tema fue Adam Przeworski (1991) junto con Luiz Carlos Bresser Pereira y José María Maravall (1993). A estos estudios se suman los análisis de los casos polaco y mexicano que el mismo Przeworski realizó con Susan Stokes y Jorge Buendía. Sobre la aprobación/desaprobación de las reformas y la intertemporalidad en Argentina tenemos los estudios de Carlos Acuña (1994), Mario Navarro (1995), y Vicente Palermo (1994 y 1999).

³ Los puntos propuestos están lejos de agotar el análisis de la democracia entendida como un complejo entramado de actores sociales donde lo institucional es sólo uno de sus aspectos. Debe tenerse en cuenta también el funcionamiento de los canales institucionales de inclusión y otros espacios de participación social. En este sentido, las voces de los asambleístas aportan la visión y la opinión de los sujetos sociales no gubernamentales.

⁴ Con información de entrevistas realizadas a Ricardo Sidicaro, Juan Carlos Torre, Marcos Novaro, Carlos Acuña y Daniel Campione.

⁵ Los empresarios ligados al peronismo eran asociaciones de tercer y cuarto grado, organizadas a escala nacional en la Confederación General Económica o en la Confederación General de la Industria, y enfrentados normalmente a las empresas y grupos económicos más poderosos (a los que pertenecía B & B), con la Sociedad Rural Argentina y con la UIA.

⁶ Las empresas que encabezaron la lista fueron la compañía de teléfonos, la de aviación comercial, los ferrocarriles, los complejos siderúrgicos, las rutas y puertos, y varias empresas petroquímicas.

⁷ La segunda ronda incluía empresas de producción, transporte y distribución de energía eléctrica y gas. El proceso de privatización se llevaría a cabo en 1992 y el mecanismo sería el siguiente: se licitaría un porcentaje del paquete accionario de cada empresa estatal, con lo que al grupo privado que lo comprara permitiría acceder al manejo gerencial, y después el resto de las acciones se colocaría en los mercados de capitales en 1993 (Gerchunoff, 1996: 753; Simone, 11/nov./1991).

⁸ Tan importante como la emisión de estas leyes fue la delegación por parte del Congreso al ejecutivo de la facultad de legislar por decreto los detalles necesarios, dando paso a lo que Guillermo O'Donnell denominaría democracia delegativa.

⁹ Lo cierto es que para octubre de 1989 el arancel promedio nominal ya se ubicaba en 26%, y para 1990 en 17%, mientras que para fines de ese año las restricciones cuantitativas a las importaciones habían sido prácticamente eliminadas (Gerchunoff, 1996: 741).

¹⁰ Que aumentó sistemáticamente hasta llegar a 21% en 1995, incluyendo productos que ahora quedaban exentos como los medicamentos, la leche, el pan, los diarios y las revistas.

¹¹ Cuando el entonces Ministro de Economía, Antonio Erman González, quitó los controles de los precios, unificó el tipo de cambio permitiendo que flotara libremente y eliminó todas las regulaciones para la compraventa de divisas.

¹² Este decreto incluyó: la disolución de diez organismos reguladores; la eliminación de las restricciones para importar y vender medicamentos; la desaparición de las trabas para operaciones de comercio exterior; la supresión de impuestos sobre la actividad productiva; la libre negociación de honorarios por servicios profesionales; la modificación del convenio colectivo anterior al momento de la renovación; la suspensión de las facultades de la ley de abastecimientos, aunque se preserva la prerrogativa de disponer el cierre de comercios; la eliminación de las restricciones de horarios para el funcionamiento de comercios y de los puertos; y la garantía de la libertad de precios, a la par que el gobierno podría disponer el cese de prácticas monopólicas y establecer sanciones.

¹³ Algunas leyes fueron: la Ley Nacional del Empleo, sancionada el 13 de noviembre de 1991, la Ley sobre Accidentes de Trabajo, aprobada el 14 de noviembre de 1991, y el decreto 1334/91.

¹⁴ El Banco Central quedaba obligado a comprar todas las divisas que se le ofrecieran frente a las cuales podía emitir pesos, y a vender todas las divisas que se le pidieran contra lo cual debía absorber el circulante limitando el papel del Banco Central al de una caja de conversión.

¹⁵ Tendencia anterior. Entre 1974 y octubre de 1980 el salario promedio había perdido 14,3% de su valor real, y de esta fecha a octubre de 1986 perdió 12,3% (Fuente: Altimir y Beccaria, 2000: 404).

¹⁶ Se debe mencionar que: 1) el recuerdo del desastre de la hiperinflación seguía presente en la población; 2) durante la campaña tanto Carlos Menem como Domingo Cavallo explotaron ese recuerdo al presentarse como los únicos capaces de garantizar la estabilidad; γ 3) es precisamente en diciembre de 1994 cuando estalla la crisis económica mexicana γ desata el "Efecto Tequila" con dos papeles importantes: el de presentar los escollos de la economía como algo que venía de fuera γ no como un problema inherente al programa político menemista, γ el de hacer creíble la posibilidad de una nueva crisis hiperinflacionaria.

¹⁷ Para una conclusión semejante véase: Paramio, Ludolfo, 2004, "Inseguridad económica γ frustración política", en revista El Debate Político, Año 1, núm. 1, pp. 36-46.

¹⁸ Taxistas en autos privados.

¹⁹ Dado el contexto económico nacional e internacional, la crisis del Tequila y la de Rusia —que significaron una salida de capitales de los mercados emergentes—, la devaluación del real en 1999 —que fue un duro golpe a la competitividad argentina—, el declive de los precios internacionales (principalmente soja y petróleo), el fuerte endeudamiento menemista —pronunciado a partir de 1997—, el alto déficit fiscal junto a una baja recaudación y un alto déficit en las provincias, fueron elementos conocidos por el gobierno de la Alianza en la campaña electoral de 1999 pero no fueron publicitados entonces para evitar generar miedo en la elección (Novaro, 2002; y entrevistas realizadas a Manuel Mora y Araujo, Oscar Cetrángolo y Marcos Novaro).

²⁰ De acuerdo con Isidoro Cheresky (2003: 21-22) la campaña electoral de Eduardo Duhalde tiene tres momentos distintos: primero trata de diferenciarse de Carlos Menem y darle a su prédica un tono de peronismo tradicional; después intenta mejorar su imagen ante el stablishment y concretar una coalición con Domingo Cavallo, que se frustra; y al final de la campaña vuelve a temas tradicionales del peronismo y a una denuncia de un plan de ajuste de sus adversarios implicados con el FMI.

²¹ Si bien la ciudadanía votó mayoritariamente con la esperanza de que se mantuviera la convertibilidad, son tres las piezas que durante los noventa integraron al modelo económico: el plan de estabilización y ajuste que se mantuvo durante toda la década y afloró nuevamente entre 1999 y 2001; las reformas estructurales, las cuales se pueden dar con o sin plan de estabilización y con o sin convertibilidad; y, finalmente, la convertibilidad que puede subsistir con o sin reformas estructurales y con o sin planes de estabilización. El voto por el mantenimiento de la convertibilidad no implica el mantenimiento de los planes de estabilización ni de las reformas estructurales como se observa en los cuadros 10, 11, 12 y 13.

²² Esta idea se repite en diversas entrevistas hechas a los investigadores Carlos Acuña, Juan Carlos Torre, Ricardo Sidicaro y Marcos Novaro, así como a los encuestadores Manuel Mora y Araujo, Roberto Bacman, Enrique Zuleta Puceiro, Claudio Iglesias, Ricardo Rouvier y Gerardo Adrogué.

²³ Sin embargo, para algunos otros el elemento principal era ordenar la macroeconomía; por ejemplo, para Oscar Cetrángolo, quien sería subsecretario del Ministerio de Economía (entrevista 11/may/06): "La campaña del 99 no estuvo centrada sobre la política económica porque la población se manifestó por el apoyo a la convertibilidad y, por ende, te dejaba muy poco margen; lo importante ahí era ordenar la macro. Nuestra propuesta básicamente era ordenar las cuentas públicas [...]" Esta tensión en torno a dos posturas en política económica se mantuvo durante todo el gobierno de la Alianza pero la que determinó el camino por seguir fue la de ordenar la macroeconomía por medio de sistemáticos ajustes y medidas impopulares encabezada por Fernando de la Rúa, Carlos Álvarez y los diversos ministros de economía. En la contraparte estaban Raúl Alfonsín y Rodolfo Terragno.

²⁴ Los pilares son: apertura económica, dólar alto, superávit fiscal y baja inflación (comparada con los ochenta).

²⁵ Otras medidas fueron: la renegociación de la deuda externa; la ratificación del déficit cero; un seguro de cambio para la deuda externa privada; la eliminación de exenciones tributarias; un impuesto de entre 10 y 20% en las exportaciones de hidrocarburos; la conversión a pesos de las tarifas públicas, y la prohibición de cualquier tipo de indexación; la ampliación del subsidio para el desempleo, la suspensión de despidos sin causa justificada por 90 días y el establecimiento de una sanción del doble de la indemnización ante cualquier despido injustificado (Vales, 2/ene/02; Pairone, 2/ene/02; Aviles, 6/ene/02; y Calloni, 7/ene/01).

²⁶ La diversidad detectada tanto al interior de las asambleas como entre ellas se debe a la confluencia de intereses vecinales y partidarios, a los partidos de izquierda que intentaron "cooptarlas", y a distintos saberes, comunes y expertos. En relación con las diferencias entre asambleas, es significativa la inscripción territorial, el barrio en el que están y los problemas que aquejan al barrio. La siguiente frase ilustra también las diferencias ideológicas y de visión respecto de las distintas sugerencias: "[...] en la primera asamblea alguien cuenta que hay que reestatizar los servicios públicos y salió un vecino a decir, ¡no! ¿Cómo vas a plantear esto? Este país ya conoció el Comunismo [...]".

²⁷ Se accede a estas lógicas sociales por la vía de la solidaridad, las interacciones cotidianas, vecinales y de parentesco, y otras formas sociales "informales".

²⁸ Según Beck, "individualización" no significa atomización, aislamiento o soledad, sino la sustitución de las formas de la vida socio-industriales por otras, en que los individuos deben producir, escenificar y remendar, ellos mismos, sus propias biografías (Beck, 1999: 130).

²⁹ Los teóricos contemporáneos señalan las transformaciones y el agotamiento de las instituciones políticas tanto en lo político (entre otros, Beck, 1999; Held y Mc Grez, 2002; Arditi, 2000) como en lo laboral (Castel, 2004; Fitoussi y Rosanvallon, 2003). Los partidos políticos y los movimientos sociales se ocupaban del ámbito político mientras que el sindicato organizaba la política laboral.

³⁰ No le falta razón al asambleísta de Liniers, aunque en realidad aún no se sobrepone el proceso de reconstitución de la democracia, y en particular del voto, como solución de los conflictos y desacuerdos. Si bien es cierto que en las elecciones presidenciales de abril de 2003 el "voto bronca" disminuye, también lo es que en las múltiples elecciones legislativas de finales de 2003 tanto el voto en blanco como la abstención se incrementaron hasta alcanzar valores semejantes a los de 2001, e inclusive la abstención se mantiene en 29% en la elección legislativa de 2005.

³¹ Otros, como la asamblea de San Telmo, han contado con donaciones provenientes de países extranjeros.

³² Para algunos, Argentina se vuelca al neoliberalismo en 1976 con el golpe de Estado; para otros, el inicio lo marca la reforma financiera de 1977; sin embargo ni la junta militar ni el primer gobierno democrático a cargo del radicalismo llevan a cabo un proceso de reformas estructurales tan acabado como lo hizo el gobierno de Menem.

³³ Los rasgos son: vulnerabilidad externa que implica periodos de crecimiento alternados con recesiones; una escisión entre la reactivación económica y el empleo, y baja recuperación de la capacidad fiscal para sostener políticas anticíclicas y sociales de importancia (Palermo, 1999: 167-168).

³⁴ La relación entre inflación y su uso político se ha sometido a una larga discusión. Para Albert Hirschmann (en La matriz social y la política de la inflación, 1984), se puede hacer un uso político de la inflación para avanzar en la construcción de reformas económicas. En cambio para Javier Corrales (en "¿Contribuyen las crisis económicas a la implementación del mercado?", Desarrollo Económico, núm. 153), el uso político de la inflación en las reformas estructurales es menor. Vicente Palermo (1999) propone diferenciar los procesos inflacionarios de los hiperinflacionarios y especifica que la crisis argentina de 1989-1990 fue de mucha utilidad para llevar a cabo las reformas estructurales.

³⁵ El entonces vicepresidente Carlos Álvarez no renunció por la reforma fiscal de diciembre de 1999 ni por la reforma laboral de principios de 2000 o por el ajuste y el plan económico de mayo de 2000; por el contrario, pues incluso salió a explicar, al día siguiente de su anuncio, el último de los ajustes mencionados. Renunció por el escándalo de los sobornos en el Senado.

³⁶ Esto se hizo evidente tanto a partir de la implementación de los diversos planes económicos, como al nombrar los sucesores en el Ministerio de Economía tras la salida de Luis Machinea (López Murphy y Domingo Cavallo).

³⁷ La salida de la convertibilidad implicó una pérdida tanto del poder adquisitivo como del acceso a ciertos bienes materiales y culturales. Un ejemplo representativo fue la imposibilidad de viajar a otros países.

³⁸ Varios de los asambleístas entrevistados habían militado en partidos e instituciones gremiales y dejado esos espacios institucionales con una postura crítica. Las asambleas ofrecían la posibilidad de concretar esa crítica: hacer política sin jerarquías ni reglamentos ni instituciones. De esa manera, las asambleas se convirtieron en un espacio anhelado de discusión política. También era importante para los asambleístas pensar en las contradicciones que se les planteaban cuando no lograban integrar la experiencia en las asambleas con su vida cotidiana.