Introducción

El debate sobre el presidencialismo en América Latina, en especial desde el trabajo de ^{Mainwaring & Shugart (1997)}, se ha centrado en la relación Ejecutivo-Legislativo y en cómo el primero puede conseguir apoyo del segundo para poner en marcha sus propuestas de políticas públicas. Se explicaba la debilidad de algunos presidentes por la difícil relación entre presidencialismo y multipartidismo o, dicho de otra forma, por la falta de fuertes bancadas del partido de gobierno que lo apoyasen. Desde estos supuestos, resulta pertinente preguntar sobre el proceso que permitió a una persona que inicialmente no tenía partido convertirse en el presidente con uno de los gobiernos más estables de Ecuador.

¿Cómo fue posible que Rafael Correa, un desconocido profesor universitario que saltó a la escena pública el 20 de abril de 2005, ganase la Presidencia el 26 de noviembre de 2006? Se había dado a conocer como ministro de Economía del débil gobierno de Palacios, quien llegó al poder por cauce constitucional tras el derrocamiento de Gutiérrez. Correa ganó en segunda vuelta a Álvaro Noboa -conocido empresario finalista presidencial en 2002- con el mérito añadido de que en, ese momento, no se acompañó de candidatos a diputados, ni tenía un aparato organizativo o grandes actores sociales o políticos respaldándole.

Para explicar cómo un presidente elegido sin apoyo parlamentario pudo liderar procesos políticos con el objetivo de construir un nuevo escenario político y alterar la correlación de fuerzas a su favor, se plantea como hipótesis que el presidencialismo permite desarrollar tendencias plebiscitarias gracias a las cuales los presidentes pueden provocar shocks en el sistema institucional con los que logran dicha alteración de fuerzas y garantizarse sólidos apoyos parlamentarios a largo plazo. Para que esto ocurra debe producirse una estructura de oportunidad política que reúna al menos tres elementos: 1) un sistema de representación política en crisis, 2) un presidente que cuente con altos niveles de popularidad y aceptación, y 3) un presidente convencido de que sus decisiones -en tanto representante directo del pueblo- pueden estar por encima de instituciones y normas.

El shock institucional puede tener distintos grados e ir desde el autogolpe, como en 1992 en Perú durante el gobierno de Fujimori, hasta la coacción, como hizo el presidente Bukele en El Salvador, cuando irrumpió con militares en la Asamblea en 2020. En medio de esos extremos, estarían países en los que se estiró el orden institucional, alterando y rompiendo ciertas normas y leyes para forzar la creación de un nuevo orden político y/o nuevas elecciones. Estos casos, en estricto sentido, no cuestionan la literatura que señala la necesidad de contar con una amplia mayoría parlamentaria -ya sea de su propio partido o en coalición- sino que, más bien, muestran una serie de estrategias de reequilibrio de fuerzas, concentración de poder y formación de una nueva élite que remplace a los viejos actores, caras visibles de la crisis de representación que, a su vez, es circunstancia necesaria para que estas estrategias sean posibles.

A diferencia de ^{Pérez-Liñán (2001}, ²⁰⁰⁸⁾ que analiza pormenorizadamente las crisis presidenciales y su relación con la gobernabilidad en 17 países, este artículo se centra en el proceso posterior a la crisis presidencial y busca mostrar cómo se reconstruye el sistema de representación, generando una nueva élite política y una organización partidista que da soporte al presidente. Si el shock institucional resulta exitoso, es de esperar que se articule un proceso de reestructuración de las élites que es el que se explicará a continuación; pero sin dejar de revelar el proceso previo que posibilitó la renovación.

Se contrastará la hipótesis en el caso ecuatoriano, tratando de reconstruir el proceso en su conjunto, abarcando la crisis de representación, la ruptura institucional que abocó a la convocatoria de la Asamblea Constituyente y la construcción de un modelo plebiscitario. El hilo conductor del análisis son los mecanismos que permitieron al gobierno construir una élite adepta y contar con una sólida mayoría parlamentaria durante los diez años de su gestión.

Presidencialismo y cambios de élite política

Uno de los focos de inestabilidad del sistema presidencial ecuatoriano ha sido la pugna de poderes, expresión con que se define en el país el enfrentamiento entre Ejecutivo y Legislativo (^{Burbano de Lara & Rowland, 1998}; ^{Mejía, 2009}; ^{Sánchez, 2008}). La dificultad para procesar conflictos llegó al extremo de que, en diez años, tres presidentes no terminaron sus mandatos (^{Sánchez, 2002}). Pero no es un problema solo de la tercera ola (^{Huntington, 1994}), durante la segunda, ^{Pyne (1973}, ¹⁹⁷⁷⁾ estudió las crisis presidenciales de 1963 y 1972 para demostrar el peso institucional del Legislativo y su capacidad desestabilizadora gracias al poder de bloqueo, alejándose así de la tendencia dominante en la literatura donde primaban conceptos como “preponderancia presidencial” (^{Lambert, 1973}).

La raíz del problema a estudiar está en la separación de poderes, que se hace efectiva en el presidencialismo mediante la elección directa y separada de las ramas, desvinculando así el origen y supervivencia del Ejecutivo y Legislativo. Así, puede resultar electo un presidente que no cuente con apoyo del Legislativo, lo que a priori dificulta el proceso de toma de decisiones y aumenta las probabilidades de confrontación (^{Linares, 2011}; ^{Mainwaring & Shugart, 1997}; ^{Sartori, 1997}; ^{Shugart & Carey, 1992}). Se posibilita también la llegada a la presidencia de outsiders (^{Mayorga, 1995}) de vocación bonapartista que no cuenten con estructuras adecuadas para gobernar ni con el apoyo de actores políticos relevantes.

También se produciría lo que ^{Linz (1997)} llamó legitimidad democrática dual, al contar cada rama con la delegación directa del soberano a través del voto. Esta característica, explica, puede generar elecciones con tendencias plebiscitarias, combinadas con una lógica de suma cero en la distribución del poder y la fuerte carga unipersonal que tiene la elección presidencial; aunque ^{Mainwaring & Shugart (1997)} argumentan que la lógica de suma cero puede ser más rígida en los parlamentarismos gracias a la disciplina y fortaleza de los partidos.

Abundando en los peligros de personalización del poder, ^{Nohlen & Fernández (1998)} ponen énfasis en los antecedentes históricos al señalar que los riesgos son mayores por la tradición militarista, caudillista, oligárquica y autoritaria de América Latina, pues la elección directa de una persona dotada de mucho poder por el sistema institucional, puede degenerar en elecciones de carácter plebiscitario en las que el electo adopte una actitud mesiánica y caudillista.

Algunas de las afirmaciones previas, contrastadas en trabajos como los de ^{Carey & Shugart (1998)}, ^{Jones (1995)} o ^{Shugart & Carey (1992)}, comparten la conclusión de que hay distintos tipos de presidencialismo que varían en función de factores como los poderes que la Constitución otorga a los presidentes y la configuración de los subsistemas del sistema político, en especial los de partidos y los electorales. Si bien el trabajo de ^{Mainwaring & Shugart (1997)} es de referencia sobre la relación entre sistema de partidos y presidencialismo, más si el sistema es multipartidista, sus afirmaciones fueron matizadas por estudios como el de ^{Lanzaro (2001)} que concluye que el multipartidismo peligroso es el poco propenso a las coaliciones. Sin embargo, no han sido tan raros los gobiernos de coalición y, cuando no se han logrado, ha sido por motivos similares a los del parlamentarismo. Como parte de la literatura señala, los incentivos para formar coaliciones y cooperar con el Ejecutivo pueden ser tan fuertes en los sistemas presidencialistas como en los parlamentarios, no hay razones para esperar que los presidencialismos con multipartidismo sean menos estables y funcionales (^{Chasqueti, 2001}; ^{Cheibub, 2002}; ^{Cheibub & Limongi, 2002}). Esto no niega que la formación de gobierno en el parlamentarismo sea de suyo un sistema de fomento de cooperación o que ofrezca mejores herramientas para procesar crisis institucionales.

Los problemas de colaboración entre Ejecutivo y Legislativo suelen darse durante el policy making, pues las medidas que tome el gobierno deben contar con aprobación del parlamento y del presidente y, para garantizar que así sea, ambos cuentan con atributos institucionales que los convierten en actores o puntos de veto (^{García Montero, 2009}). Como la separación de poderes tiene el potencial de transformarse en separación de propósitos y bloquear el sistema político (^{Haggard & Mc Cubbins, 2001}), cuando esto se produce es por la combinación entre un gran número de jugadores de veto y un presidente que no controla el Congreso.

Por medio del concepto “crisis presidencial”, ^{Pérez-Liñan (2001)} define los bretes de gobernabilidad que involucran un conflicto extremo entre ambos poderes, con el peligro añadido de que puede transformarse en crisis de estabilidad política. Este autor las clasifica según las formas de resolución en: a) remoción del presidente por juicio político, b) golpe legislativo, c) disolución constitucional del Congreso, d) autogolpe, e) estabilización política y f) Junta Militar. Para explicar las distintas dinámicas con que se procesan las crisis y las formas de resolución conjunta variables institucionales, económicas y otras basadas en la teoría de los movimientos sociales (^{Pérez-Liñán, 2008}). Aceptando lo anterior como punto de partida, aquí se analizará cómo se reconstruye el sistema de representación y surge una nueva élite política que da soporte y apoyo al presidente que provocó la crisis debido a su necesidad de cambiar la correlación de fuerzas en el Legislativo.

Desde el trabajo clásico de ^{Lipset & Solari (1967)} sobre las élites de América Latina, se las considera constituidas por personas que ocupan cargos y están en la cumbre de estructuras claves de la economía, el gobierno, el ejército, la política, la religión, las organizaciones de masa, la educación o sus grupos profesionales, por lo cual toman decisiones que afectan a terceros. Esta definición propició que se trabajase con una visión de las élites que iba más allá de lo que, desde los elitistas clásicos, se entendía como “clase política” -siguiendo a Mosca-; o de la idea de oligarquía, tan usada en la región; o de la burguesía como clase, propia del marco teórico marxista (^{Ansaldi, 2004}; ^{Cueva, 1987}). Pero señalar que la élite es plural y que no está solo en el gobierno o en la propiedad de medios de producción, no profundiza suficientemente en las implicaciones políticas que tienen las élites y su acción, por eso es preferible hablar de grupos de individuos que, debido a su control sobre los recursos, ya sean naturales, económicos, políticos, sociales, organizacionales o simbólicos (experiencia o conocimiento), están en una posición privilegiada para influir en las prácticas y en las decisiones formales o informales (^{Bull, 2014}).

Desde esta perspectiva, los diputados son parte de la élite por pertenecer al grupo con capacidad de influir en las políticas y actividades del Estado, participando de forma activa o pasiva en la administración del poder político, entendido como espacio de toma de decisiones con carácter obligatorio (^{Uriarte, 1997}). Por las mismas razones se incluyen los políticos profesionales con cargos en los partidos, el Ejecutivo o los gobiernos locales. A mayores, los parlamentarios son el semillero de los partidos con miras a integrar el gobierno, ministerios o altos cargos e influyen en la política de sus respectivos países (^{Aberbach et al., 1983}).

Al observar la variación en la élite parlamentaria, se pueden detectar los cambios ocurridos por el proceso de integración y movilización social y política y de establecimiento de reglas de acceso a posiciones y recursos en la sociedad (^{Rokkan, 1969}). Además, la élite política tiene la particularidad de que son al mismo tiempo los principales productos y productores de los procesos de democratización y de construcción de las instituciones democráticas (^{Best & Cotta, 2000}). ¿Cómo fue este proceso en Ecuador durante el gobierno de Correa? ¿Hubo cambios en el sistema político que propiciase una mayor integración/movilidad social, que materializase la promesa de que la Patria sea de todos? Y, sobre todo, ¿cómo se construyó esa nueva élite?

Antecedentes de la Asamblea Constituyente y la construcción del presidente plebiscitario

Además de las trasformaciones del Estado, políticas públicas y relaciones entre actores sociales y políticos ocurridas durante los diez años del gobierno de Correa (^{Mantilla & Mejía, 2012}; ^{Sánchez & Pachano, 2020}), la Revolución Ciudadana profundizó en el cambio de la coalición dominante (^{Morlino, 1985}) que venía gestándose durante un dilatado proceso cuyo primer gran síntoma fue la interrupción del gobierno de Bucarán en 1997 y que continuó en la crisis económica y política que acabó con la salida de Mahuad del gobierno (^{Sánchez, 2002}). El siguiente paso fue la Rebelión de los Forajidos (abril de 2005) que puso fin a la presidencia de Gutiérrez e hizo patente la desafección y malestar con el trabajo de partidos y élites políticas como representantes de los ciudadanos en las instituciones, manifestada en el “Que se vayan todos” (^{Cárate Tandalia, 2009}).

El ciclo de inestabilidad descrito está vinculado a la incapacidad de los actores políticos de atender las demandas sociales potenciadas por la crisis que trajo la quiebra del sistema financiero, la dolarización y la falta de capacidad estatal, consecuencia del proceso de reducción de las funciones reguladoras del Estado. Correa supo canalizar y aprovechar este malestar al posicionar al neoliberalismo y la partidocracia como causa de los problemas (^{Echeverría, 2007}), a la vez que se anunciaba como justiciero, siguiendo la tradición populista ecuatoriana con origen en la década de 1930 (^{De la Torre, 2015}). Recordemos su eslogan electoral “¡Dale Correa!” que jugaba con el doble sentido de “dale” que sirve para animar o para indicar golpe de castigo.

El ascenso y consolidación de Correa como líder también se asocia a la crisis de expectativas de la sociedad ecuatoriana. Las crisis son momentos propicios para el surgimiento de liderazgos fuertes, pues si el curso de la acción estuviera claro, bastaría con que la autoridad aplicara los procedimientos para solucionarlas (^{Llanos & Margheritis, 1999}). Desde este axioma, resulta comprensible la aceptación mayoritaria de un candidato con un discurso radical en contra del establishment, más aún si se presenta con una propuesta de refundación del país y ofrece una herramienta: la Asamblea Constituyente. La elección de una persona sin pasado político que desarrolla su acción en el terreno de la democracia pero atacando implacablemente a los partidos políticos en tanto protagonistas principales del régimen -un outsider, en términos de ^{Mayorga (1995)} - es un claro indicador del desgaste y hastío con los actores ya instalados en el sistema político. Buena muestra de ello fueron los resultados de las elecciones de 2006, cuando se desplazó a los partidos tradicionales frente a fuerzas políticas emergentes y candidatos outsiders, entre quienes sobresalía el propio Correa (^{Machado Puertas, 2007}).

La prueba de que la estrategia de Alianza País (AP)¹ fue acertada y conectó con los electores es que ganó las elecciones presidenciales sin presentar candidatos a diputados -personalizando así la elección- al convertirlas en un acto plebiscitario que delegaba en Correa el mandato de refundar el sistema político. Su voluntad de ruptura fue manifiesta al alejarse del espacio de la “partidocracia”, representada por el Congreso, y al reafirmarse en el compromiso de convocar a una Asamblea Constituyente (^{Basabe-Serrano, 2013}). La maniobra para desacreditar al Legislativo no solo fue discursiva, también implicó actuaciones que mostraron la voluntad del presidente de romper la legalidad para cambiar la correlación de fuerzas y hacerse con el apoyo de ese Legislativo. En la misma toma de juramento rehusó el uso de la fórmula establecida: “¿Jura cumplir la Constitución Política y las leyes de la República [...] respetar la institucionalidad democrática del país dentro del Estado Social de Derecho, consagrado en la Carta Magna?”, omitiendo que respetaría las normas con el siguiente eufemismo: “Ante dios y ante el pueblo ecuatoriano juro cumplir el mandato que me otorgó la ciudadanía del Ecuador, el 26 de noviembre”. Juramento consecuente con una concepción mesiánica y plebiscitaria de la democracia, en la que él está por encima de las normas porque su misión es cumplir la voluntad popular, en él delegada y encarnada.

Los diputados fueron destituidos el 7 de marzo de 2007, acusados de interferir contra los procesos electorales cuando, en uso de sus atribuciones, llamaron a juicio político a los miembros del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no haber convocado a elecciones para la Asamblea en los términos aprobados por el Congreso. Al afectar la destitución a 57 diputados de la oposición, se acabó con toda posible resistencia en un Congreso que pronto estaría copado por suplentes ya alineados con el oficialismo. La operación fue dirigida por el ministro Gustavo Larrea, quien previamente reunió a los suplentes en un hotel cerca de Quito para luego trasladarlos en masa al Congreso, cubiertas las caras con manteles para evitar ser reconocidos -de ahí la denominación “el Congreso de los manteles”-. A esta ilegalidad se suman otras, los destituidos solicitaron amparo y protección ante las autoridades judiciales y constitucionales; pero el gobierno presionó en todas las instancias para evitar que intercedieran y también usó fuerzas de choque vinculadas al Movimiento Popular Democrático (MPD), partido marxista leninista que en ese momento controlaba el movimiento estudiantil y el sindicato de maestros. Una vez reelecto, Correa persiguió a sus antiguos colaboradores: intervino la Unión Nacional de Educadores (une), expropió su fondo de pensiones y acusó del delito de rebelión a estudiantes que protestaban en contra de alguna de sus medidas.²

La Constituyente fue parte del proceso del shock institucional y sirvió como mecanismo de reconstrucción interna tras la crisis que arrastraba el país.³ Como instrumento de reforma y de construcción de legitimidad, también se usó en Venezuela y Bolivia (^{Nolte & Schilling-Vacaflor, 2016}) e implicó la ruptura con el pasado, materializando la voluntad expresa de superar las desigualdades y planteando un nuevo papel del Estado en la economía (^{Viciano & Martínez Dalmau, 2010}). En este proceso, el plebiscito de ratificación de la nueva Constitución también sirve como mecanismo de legitimación (^{Martínez Dalmau, 2015}), lo que refuerza la autopercepción de los presidentes como ejecutores de la voluntad popular y sus representantes directos. Correa, un presidente ajeno al statu quo que lideraba un proyecto radical de cambio, requería de mecanismos indiscutibles de legitimación y apoyo social como una Asamblea y un plebiscito. Partía del convencimiento de que la transformación que buscaba pasaba necesariamente por la concentración de poder en sus manos, para lo que era ineludible cambiar las instituciones.⁴

La Asamblea ecuatoriana fue un momento simbólico de construcción de una nueva identidad nacional; buscaba romper la visión neocolonial y oligárquica, para reencontrarse en un idealizado nuevo sujeto mestizo que vive en armonía con indígenas y afrodescendientes. Todos formando “La Patria”, entendida como espacio simbólico de identidad común (^{Zepeda, 2010}). En el campo institucional se introdujeron medidas, como la ciudadanización del control político y se eliminó la independencia del Banco Central. La primera implicó que las instituciones y autoridades de control dejaran de ser elegidas por el Legislativo y pasaran a depender de una instancia llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue captado por Correa, quien intervino en la selección de sus integrantes: casi todos ex colaboradores del gobierno, lo que aumentó su poder concentrado.

El Banco Central perdió la independencia porque, según él, vulneraba la legitimidad democrática y limitaba la capacidad del gobierno en política monetaria (^{Correa, 2009}). Argumento que encajaba con su visión plebiscitaria y delegativa de la democracia, pues la premisa de la legitimidad democrática implica únicamente el haber participado y ganado las elecciones y, por lo tanto, “no es democrático” que intervengan en política o en la toma de decisiones quienes no lo hicieron. Este argumento fue desarrollado en el Decreto 16 por el que se censuró la participación en política de organizaciones civiles y sociales.

La presencia de un “extraño en Carondelet” (^{Lucas, 2007}) se interpretó como el fin de un periodo en que el gobierno fue controlado por una élite política proveniente y promovida por los partidos en el poder desde la transición de 1979. Aparte del cambio de ciclo electoral que representa el triunfo de los “no partidócratas” de AP, el nuevo gobierno y todo el proceso de modificación del sistema político que generó abrieron las puertas a otro modelo de liderazgo y permitieron el ascenso de una nueva élite política, tal y como se describe a continuación.

La crisis de representación: de la partidocracia a la hegemonía del correísmo

Desde las elecciones de 1978-79, que marcaron el fin de la dictadura, cuatro partidos se consolidaron como principales del sistema con alrededor de las tres cuartas partes del voto, a saber: Partido Social Cristiano (PSC), Partido Roldosista Ecuatoriano (pre), Izquierda Democrática (ID) y Democracia Popular (DP) (^{Pachano, 2007}; ^{Sánchez, 2008}). Pero los partidos eran un espacio de representación que no gozaba de la confianza de los ciudadanos, quienes solo volvieron a confiar en ellos durante la hegemonía de AP como partido orgánico, siendo los años 2011 y 2013, en pleno auge del correísmo, los de mayor confianza de toda la serie (Cuadro 1).

A diferencia de la crisis de 1997 que no mermó significativamente la base electoral populista del pre, la de 2000 afectó directamente a la DP, partido demócrata cristiano del presidente que pasó del 29.75% de los escaños al 4% (elecciones de 2002). Este dato no solo refleja la crisis de un partido, sino también la del fracaso en el gobierno de los partidos modernizantes que apostaban abiertamente por la democracia liberal y la economía de mercado como sistema político y económico del país, a la vez que hacían contrapeso a los partidos populistas. Por eso no sorprende que los nuevos partidos que emergieron tuviesen tendencias populistas e hiciesen política recurriendo a formas personalistas, patrimoniales o clientelares tradicionales.

La conformación del Congreso Nacional de 2002 (Cuadro 2) refleja lo arriba señalado. La suma de escaños de los cuatro partidos (PSC, ID, pre y DP-UDC) era un 20% menor que en las elecciones previas. En 2002, aparecen dos partidos de reciente formación, el PRIAN y PSP, que irrumpen con fuerza, perfilándose como potenciales partidos hegemónicos (Cuadro 2). Sin embargo, el surgimiento de estas fuerzas no significó el rompimiento y renovación general del sistema de partidos, más bien se convirtieron en representantes de intereses emergentes que no canalizaban los otros partidos.

El eje de la campaña de Correa de 2006 fue el ataque a la partidocracia. El objetivo explícito no era solo vencerlos, sino eliminarlos de la escena política y, por eso, no presentó candidatos al Congreso. Con los coletazos de ese discurso, en la convocatoria a elecciones para integrantes de la Asamblea Constituyente de 2007 se encuentra el punto de partida de la futura hegemonía de AP como máquina electoral del correísmo. Ahí se reafirma y profundiza la pérdida de escaños de los partidos tradicionales, que apenas obtuvieron en conjunto 9 de un total de 130: PSC (5), ID (3) y PRE (1).

Los resultados de 2007 (Cuadro 3) reflejan el éxito de AP al obtener mayoría absoluta con 77 escaños (cuatro en alianzas) a pesar de no cumplir dos años de existencia, e implicó la renovación y sustitución de la élite parlamentaria. Parte del triunfo de AP se explica porque las elecciones fueron planteadas en términos plebiscitarios, haciendo del voto por ese partido una muestra de apoyo a Correa y sus propuestas. El discurso antipartidos afectó a los partidos emergentes, que no pudieron hacer contrapeso u ofrecer alternativa a la maquinaria política del correísmo. En términos absolutos, con 27 escaños (PSP 19 y PRIAN 8) alcanzaron menos de la mitad de los 56 diputados de la legislatura previa (PSP 24 y PRIAN 28). El declive fue mayor en términos relativos al pasar del 56 al 20.9% del total de la Asamblea.

Entender AP implica analizarla como una maquinaria electoral y política construida desde el Estado y usando sus recursos durante los diez años de Correa, donde se dio una especie de fusión entre Estado, gobierno, líder y partido. Una cuadriga que tiró de la Revolución Ciudadana con el presidente de conductor, líder y decisor cuasi único y no cuestionado; donde actores e instituciones fueron en ocasiones parte de un todo enfocado a cumplir los objetivos del líder y de la Revolución Ciudadana (^{Benavides, 2012}; ^{Herrera, 2017}; ^{Trujillo, 2018}). Prueba de la dependencia del partido de los recursos públicos y del líder es que prácticamente desapareció al salir Correa de la presidencia y la posterior ruptura con Moreno (^{Polga-Hecimovich & Sánchez, 2021}).

Al borrarse la línea entre organización política e instituciones estatales, se producen vicios que erosionan la democracia como la desaparición del principio básico de igualdad entre los partidos en competencia, la utilización instrumental de los recursos públicos, la pérdida de independencia de organismos electorales y de control o la restricción -incluso eliminación- del pluralismo. En términos comparados, AP vivió un proceso similar a lo que algún momento fue el Partido Revolucionario Institucional (PRI) mexicano (^{Woldenberg, 1993}).

Esta imbricación fue defendida por Correa con naturalidad y reivindicada como algo positivo. En el Enlace Ciudadano 236 del 15 de septiembre de 2012, señalaba que el buró político de AP era un órgano conformado por dos o tres ministros, el propio presidente, el presidente de la Asamblea, los gobiernos locales -en ese entonces el alcalde de Quito y el prefecto de Pichincha- y el secretario de AP. Como se puede ver, se genera un amasijo en el que resulta imposible determinar dónde termina el movimiento político y dónde comienza el gobierno, o viceversa. Además, siempre según sus palabras, no tenía otro origen que su propia voluntad: ser el creador de ese cuerpo le daba atribución de invitar a los fieles y excluir a quienes tuvieran opiniones divergentes. Para ilustrar dicha potestad citó el caso de una asambleísta que se apartó de la línea política establecida, diciendo “no voy a tener a una persona en la que no confío”. Siempre usó la primera persona del singular. En resumen: no se trata de un órgano estable ni sujeto a norma alguna, sino que depende de su decisión personal, lo que crea incentivos de incondicionalidad.

Ya con la nueva Constitución se eligió la Asamblea Nacional 2009-2013 (Cuadro 3). AP conservó el primer lugar, pero sin la mayoría absoluta (44.6%, incluidos cinco elegidos en alianzas); su descenso respecto a la Asamblea Constituyente implicó el despunte de otros partidos, y más bien aumentó la fragmentación pasando del número efectivo de partidos (NEP) de 2.9 a 4.1. En esta legislatura hubo nueve bancadas de organizaciones nacionales y 18 de provinciales. Ocupó el segundo lugar PSP con 19 legisladores (13.8%), cantidad de representantes igual a la del conjunto de agrupaciones provinciales que no formaban una bancada. De entre los partidos tradicionales, solo el PSC tuvo un leve incremento al presentarse en alianza con Madera de Guerrero (MG), una nueva organización provincial del Guayas: alcanzaron 11 legisladores (8.5%).

En las elecciones para la Asamblea Legislativa 2013-2017 (Cuadro 3), AP obtuvo sus mejores resultados con 100 escaños de 137, lo que marcó un precedente, pues ningún partido ecuatoriano había obtenido el control del 73.0% del Legislativo. Con esto superaba la mayoría calificada que le permitió introducir algunas reformas constitucionales gracias a interpretaciones controversiales de la Corte Constitucional. Así se posibilitó un conjunto de reformas entre las que se incluyó la reelección indefinida de las autoridades de elección popular, incluido el presidente.

Al igual que en la legislatura anterior, no hubo contrapartida en la conformación de una o dos bancadas relativamente significativas de oposición. Los 37 escaños restantes se repartieron entre diez organizaciones -la mayor con el 8% del total (11 escaños)-, cuyas posibilidades para influir de alguna manera en el desempeño de la actividad legislativa eran prácticamente nulas. Además, Correa imponía una estricta disciplina y control vertical a sus diputados, por ejemplo, las sanciones a las diputadas que osaron plantear la necesidad de discutir causales de aborto en contra de la voluntad fundamentalista católica de Correa que es un consumado antiabortista (^{Morales Hidalgo, 2020}). En ese contexto, Creando Oportunidades (CREO), dirigido por el ex banquero Guillermo Lasso -que había quedado segundo en las elecciones presidenciales frente a Correa y que ganó finalmente la presidencia en 2021-, emergió como partido de oposición más fuerte, pero tenía diez diputados y carecía de propuestas sólidas más allá de la oposición radical al presidente.

En la última legislatura de la Revolución Ciudadana (2017-2021), AP redujo su representación a 74 escaños, pero mantuvo la mayoría absoluta con el 54.0% de la Asamblea (Cuadro 3). La reducción reflejó el desgaste del liderazgo de Correa y la poca aceptación de la candidatura del binomio Moreno-Glass, impuesta por él. A pesar de no ser candidato, Correa protagonizó la campaña. Influyó también en el deterioro de la situación económica que mostraba signos de desaceleración reflejada en la caída del gasto público (^{De la Torre et al., 2020}). La disminución del número de escaños de AP favoreció a CREO (en alianza con SUMA) y al PSC que incrementaron su representación. El primero cuadruplicó sus escaños y el segundo los duplicó respecto al periodo 2013-2017. Asimismo, aumentó la fragmentación dado que siete organizaciones políticas adicionales obtuvieron escaños. El distanciamiento entre Correa y su sucesor, Lenin Moreno, llevó a la ruptura de la bancada de AP y la creación de una nueva llamada Revolución Ciudadana, RC, siglas coincidentes con las iniciales de Rafael Correa.

Renovación de élites durante la Revolución Ciudadana

En su trabajo seminal sobre los diputados de Ecuador, ^{Pachano (1991)} emprende una pormenorizada descripción de los rasgos políticos, sociales y laborales de los diputados, lo cual complementa con elementos de su entorno electoral y geográfico. A partir de los clásicos de la teoría de las élites o “clase política” y de conceptos como legitimidad o cultura política explica las características del sistema político ecuatoriano. El otro gran trabajo sobre la élite parlamentaría ecuatoriana es el de ^{Mosquera Andrade (2006)}; centrado en las mujeres congresistas, tiene como objetivo determinar si las cuotas para la elección de diputados supusieron cambios en la cultura política machista y si la mayor presencia de mujeres en el Legislativo les implicó beneficios como colectivo social. Con los datos del proyecto PELA-USAL se publicaron los trabajos de ^{Mateos & Alcántara (1998)} y Barragán & García (2013). Los primeros analizaron por completo la encuesta aplicada a los diputados electos en 1996; los segundos, los resultados del estudio realizado en la Asamblea Nacional de Ecuador 2013-2017, buscando explicar el cambio en la composición de la élite.

A diferencia de esas investigaciones, el presente trabajo se centra en los diputados del bloque de gobierno, pues la pregunta es cómo pudo gobernar, de forma estable, un presidente que no contaba ni con el respaldo de un partido que lo dotara de personal político para la administración, ni de un sólido bloque de diputados que lo apoyara en el Legislativo. Para entenderlo, es preciso reconstruir cómo desde el Estado fue modelando el sistema institucional haciéndose con el partido hegemónico y cincelando una élite política adepta.

Al no proceder de un partido, Correa accedió al poder sin la presión de una maquinaria política entre la que repartir incentivos selectivos (^{Panebianco, 1990}); a ello se sumaba la ausencia de intereses sectoriales vinculados al gobierno que condicionaran el nombramiento de altos cargos. Por otro lado, como AP no presentó candidatos a diputados provinciales en 2006, tuvo menos “favores que pagar” o exigencias de pork barrel (^{Ames, 1995}). Pero esa libertad y margen de maniobra tenían otra cara, la de no contar con personal dirigente al cual encargar la gestión y administración del Estado, más aún si se toma en cuenta que uno de sus objetivos era la renovación de las élites políticas -de la “partidocracia”- y la crítica y confrontación con las élites económicas y sociales caricaturizadas como “pelucones” (^{Verdesoto, 2007}; ^{Wolf, 2018}).

^{Wolf (2018)} señala que se creó una nueva élite para ocupar el lugar de la que era desplazada. No obstante, ^{Bull & Sánchez (2020)} sostienen que los esfuerzos del gobierno para construir esta nueva élite en torno a un partido fuerte y a una tecnocracia que se encargase de los asuntos públicos parecieron exitosos mientras el presidente Correa controlaba el aparato político y administrativo del Estado; pero el modelo mostró su debilidad, y finalmente fracasó, al no consolidarse el partido y la tecnocracia como un colectivo cohesionado y operativo al margen del poder estatal, procesos que se dieron a la par de la salida de Correa del gobierno y de la disminución de los ingresos fiscales.

Lo que mejor explica este fracaso en la consolidación de una nueva élite es el tipo de liderazgo y conducción política del presidente Correa, caracterizado por el personalismo carismático y estudiado principalmente bajo el marco teórico del populismo (^{Collins, 2014}; ^{Conaghan, 2011}; ^{Conaghan & De la Torre, 2008}; ^{De la Torre, 2020}). Correa construyó un modelo de gobierno centrado en su liderazgo y propia capacidad decisoria, a través de mecanismos como los decretos (^{Polga-Hecimovich, 2020}) y en detrimento del papel que podían desarrollar las personas que formaban su gobierno o partido como parte de un proyecto colectivo. En términos de ^{Weber (1984)}, se puede decir que primó la legitimidad carismática tradicional antes que la racional legal.

La creación de un aparato de planificación tecnocrática (^{Sánchez & Polga-Hecimovich, 2019}) favoreció la incorporación de una nueva élite a la que ^{Wolf (2018)} caracteriza como “tecno-burocracia joven y preparada”, conformada por profesionales, incluidas muchas mujeres, “que no provenían ni de los viejos partidos ni del empresariado oligárquico”, análisis que refuerza la hipótesis del gobierno de Correa como régimen tecnopopulista sostenida por ^{De la Torre (2020)}, quien señala que durante la Revolución Ciudadana se dio una extraña combinación entre dominación racional -propia de la tecnocracia- y carismática -propia del populismo.

Evidencia de la renovación de élites con la Revolución Ciudadana se observa en la estructura y composición ministerial (^{Basabe-Serrano et al., 2018}; ^{Rojas, 2012}). Sin embargo, uno de los cambios más significativos se produce en la élite parlamentaria por el colapso del sistema de partidos (véase nuestro cuarto apartado), que limitó el acceso al Legislativo a antiguos dirigentes de las organizaciones políticas.

Del Congreso Nacional a la Asamblea Nacional

La Constitución de 2008 no solo modificó el nombre del Legislativo, que dejó de llamarse Congreso Nacional para ser Asamblea Nacional, sino que también sentó las bases institucionales para cambiar el sistema político, lo que influyó en la renovación de las élites. No era la primera vez que cambiar el nombre del Congreso reflejaba la voluntad de renovar una institución muy desgastada ante la opinión pública (Gráfico 1): fieles a la fijación por la reforma institucional que hay en Ecuador (^{Sánchez, 2006}), en 1983, cuatro años después de la transición, ya se había sustituido el nombre de Cámara Nacional de Representantes por el de Congreso Nacional.

Fuente: Latinobarómetro de los años citados en los datos.

Gráfico 1 Confianza en el Legislativo de Ecuador 

Además de los cambios simbólicos, desde 2007 se dieron otros sustanciales que tuvieron como factor coadyuvante el colapso del sistema de partidos y la lucha contra la “partidocracia”, eje del discurso del candidato Correa sostenido a lo largo de su gobierno. El periodo se caracterizó porque los políticos que se incorporaron al Legislativo eran más amateurs que profesionales (^{Jones et al., 2002}) y porque su elección se debió sobre todo a coattail effect o down-ballot effect (^{Ames, 1994}; ^{Mondak, 1990}), es decir, al fuerte arrastre electoral del líder y a su modelo de gestión personalista de la política.

Esta combinación de factores, más la centralización de la toma de decisiones en el núcleo de AP, permitió a Correa el control férreo y absoluto de su grupo parlamentario, a lo que contribuyó el que los espacios de poder y la distribución de sus beneficios giraba en torno a Correa durante la Revolución Ciudadana y, por lógica plebiscitaria, estar junto a él implicaba disfrutar de sus niveles de aceptación y fortaleza electoral.

Las nuevas élites parlamentarias

AP funcionó durante la Revolución Ciudadana como apéndice del gobierno, carente de plena autonomía funcional (^{Benavides, 2012}; ^{Herrera, 2017}; ^{Trujillo, 2018}). Esto, evidentemente, se trasladó a la confección de las listas de candidatos a diputados, al manejo de la agenda política, a la estrategia electoral y, por extensión, al mantenimiento de la carrera política de los diputados. Hay que sumar, como ya fue señalado, que Correa era el principal activo electoral de AP y por ello la elección de diputados estaba muy influida por el arrastre electoral del presidente (coattail effect).

Para contrastar estas afirmaciones se utilizarán los datos del proyecto PELA-USAL sobre los diputados del bloque de AP con énfasis en tasas de reelección, cargos electorales previos y percepción de los diputados sobre el motivo de su elección. Además, a fin de demostrar si efectivamente hubo cambios en la composición de la élite legislativa y las características de los “nuevos” representantes, se identificarán rasgos sociopolíticos de los asambleístas de AP, como la carrera política, su origen como candidatos y la edad. En la medida de la disponibilidad de datos, se analizarán la Asamblea Constituyente de 2007 y las legislaturas 2009, 2013 y 2017.

La Asamblea Constituyente 2007-2008 fue la primera gran victoria de AP como partido de gobierno (Cuadro 3) en una campaña marcada por un discurso de Correa sobre la Asamblea como espacio de refundación de la Patria. Para ello, era esencial la renovación política y el combate contra la partidocracia. En esas elecciones se vio una tendencia generalizada de remplazo de cuadros políticos: los datos de PELA-USAL muestran que para el 85.7% del total de encuestados fue su primera legislatura y para el 75.5% su primer puesto de representación popular.

La tasa de incorporación de nuevos diputados de AP fue muy elevada: superior al 69% (Gráfico 2). En parte, es una consecuencia lógica de que al haberse dado un proceso de renovación general de las élites, el 90% de los representantes electos no hubiesen tenido experiencia como legisladores. Lo que llama la atención es que, en todas las legislaturas constituidas bajo el liderazgo de Correa, la tasa de nuevos diputados fue muy alta, a pesar de que AP se convierte a partir de 2008 en el partido hegemónico del sistema político. Si bien es cierto que los diputados solo podían ser reelegidos una vez, la renovación no deja de ser elevada al comparar las legislaturas 2009-2013 y 2013-2017, pues teóricamente se podían presentar a la reelección los 59 diputados de AP y solo 30, cerca de la mitad, repitieron escaño aun cuando el grupo se incrementó en un 69.5%, para obtener un histórico bloque de 100 asambleístas del total de 137.

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2008, 2009, 2013 y 2017.

Gráfico 2 ¿Ha sido elegido diputado en alguna ocasión anterior? 

Cabe una puntualización respecto a la primera legislatura luego de la Constituyente que tiene el menor porcentaje de asambleístas con experiencia parlamentaria: en otra pregunta se les consultó si habían ocupado otros cargos de elección, aparte del actual de diputados, y el 41.9% de los de AP dijeron que sí, destacándose el grupo de diputados constituyentes, lo que muestra cierta continuidad de la élite entre esos dos momentos políticos (Cuadro 4) y sin que esto reste relevancia a las elevadas tasas de renovación de las élites.

Cuadro 4 ¿Ocupa o ha ocupado algún puesto de elección popular además de diputado? (AN 09-13) 

	Porcentaje	Cargo anterior
Sí	41.9	Asambleísta Nacional Constituyente	13	72.2
		Concejal	3	16.7
		Miembro Junta Parroquial	2	11.1
		Total	18	100.0
No	58.1
Total	100.0

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2009.

Es de suponer que la renovación de diputados formaba parte de una estrategia del presidente para construir fidelidades y repartir poder entre las élites provinciales, misma que iría en línea con la hipótesis de este trabajo sobre la fidelidad del grupo parlamentario de AP a Correa: el control que este mantenía sobre el grupo induciría esa relación de dependencia. Para respaldar esta afirmación, véanse las respuestas de los representantes de AP en la Asamblea Constituyente sobre el procedimiento para nombrar candidatos a diputados (Cuadro 5). El 65% de las nominaciones dependía directamente de los líderes del partido en un momento de centralización del poder en el presidente y su entorno. En segundo lugar, estarían los nominados por asambleas de activistas; pero, como señala ^{Herrera (2017)}, AP vivía una ficción participativa, permitiendo que se diesen esos procesos sin dejarlos al azar y cuidándose mucho, por medio de “operadores políticos” (^{Trujillo, 2018}), de que fueran elegidas las personas funcionales a la estructura vertical de AP, con Correa a la cabeza.

Cuadro 5 ¿Quién decide los candidatos a diputado de su partido? Primer y segundo lugar 

	1er. lugar	2º lugar
Líderes nacionales	56.7	6.7
Líderes regionales	8.3	48.3
Asambleas locales de activistas y delegados	18.3	15.0
Asambleas nacionales del partido	3.3	5.0
Elecciones internas solo de sus militantes	3.3	5.0
Elecciones internas abiertas a los ciudadanos	5.0	8.3
Otros	1.7	1.7
N. C.	3.3	10.0
Total	100.0	100.,0

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2009.

Pero no se trataba solo de políticos amateurs en el Legislativo. En la legislatura que se inicia en 2009 (Cuadro 6), el 29.5% de asambleístas había comenzado su carrera política coincidiendo con la crisis del sistema político durante el gobierno de Mahuad. Dicha crisis generó altos niveles de movilización social y política que se prolongaron durante años, ya fuera por la oposición al Tratado de Libre Comercio o por la Revolución de los Forajidos. Lo más sorprendente, en términos de renovación de élites y de la vinculación de su carrera política a la Revolución Ciudadana, son los años referenciales de inicio de carrera de los asambleístas de las legislaturas de 2013 y 2017, cuando el 25 y el 34.9 %, respectivamente, coinciden con la llegada de Correa al poder.

Cuadro 6 ¿En qué año inició su trayectoria política? 

Años	AC 08-09	AN 09-13	AN 13-17	AN 17-21
2016-2012	0.0	0.0	2.9	4.7
2011-2007	6.8	6.8	22.1	30.2
2006-2002	16.9	22.7	22.1	16.3
2001-1997	6.8	11.4	13.2	14.0
1996-1992	10.2	9.1	11.8	4.7
1991-1987	5.1	6.8	7.4	7.0
1986-1982	15.3	11.4	4.4	7.0
1981-1977	22.0	18.2	10.3	9.3
1976-1972	5.1	4.5	2.9	4.7
1971-1967	6.8	4.5	1.5	2.3
1966-1962	.	0.0	0.0	0.0
No Recuerda	1.7	4.5	1.5	0.0
	100,0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2008, 2009, 2013, 2017.

Si aproximadamente un tercio de los diputados iniciaron su carrera a la par que la Revolución Ciudadana (Cuadro 6), resulta lógico que su correlato sea la incorporación de personas más jóvenes. Además, por esta cuestión temporal, es muy difícil que pudiesen haber desarrollado una carrera política autónoma, de ahí que su capital político estuviera asociado a Correa y a la Revolución Ciudadana. En este sentido, cabe centrar la observación en la edad que tenían los integrantes de la legislatura 2017-2021: si el 18.7% de los diputados de AP eran menores de 34 años, se trata de personas que tenían máximo 23 cuando Correa había llegado al poder.

Cuadro 7 Edad de los asambleístas 

Edad	AC 08-09	AN 09-13	AN 13-17	AN 17-21
24-28	6.7	2.3	7.4	4.7
29-33	5.0	20.5	7.4	14.0
34-38	18.3	11.4	23.5	7.0
39-43	16.7	15.9	17.6	14.0
44-48	20.0	18.2	7.4	7.0
49-53	15.0	25.0	14.7	20.9
54-58	11.7	6.8	14.7	23.3
59-63	6.7	0.0	2.9	0.0
64-68	0.0	0.0	0.0	7.0
N.C.	0.0	0.0	4.4	2.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2008, 2009, 2013, 2017.

El arrastre electoral de Correa

Un argumento central de este trabajo es que, a pesar de no tener al inicio de su gestión un partido político que le apoyase, Correa tuvo cómodas mayorías legislativas gracias a que su popularidad y éxitos electorales se trasladaron a los diputados en algo que la literatura denomina coattail effect. Así, los electores tienden a premiar a los candidatos a diputados del partido del presidente, más allá de la fuerza electoral propia que puedan tener. Una de las primeras condiciones para que esto suceda es que el presidente cuente con amplios niveles de popularidad y aceptación, lo que sucedió en este caso (Cuadro 8).

Cuadro 8 Niveles de aceptación de Correa 

Fecha	Porcentaje	Fuente
2008 (abril)	58%	CEDATOS
2009 (abril)	60%	CEDATOS
2010 (abril)	46%	CEDATOS
2011 (mayo)	65%	Informe Confidencial
2012 (mayo)	70%	CEDATOS
2013 (junio)	86%	Perfiles de Opinión
2014 (abril)	75%	Consulta Mitofsky
2015 (junio)	46%	CEDATOS
2016 (junio)	39%	CEDATOS

Fuente: Encuestas de opinión de las fechas y empresas citadas en cada uno de los valores.

Sin duda, Correa es el candidato presidencial más exitoso en la historia reciente del Ecuador, y ha marcado hitos como el de las elecciones de 2013, cuando obtuvo el 57.17% de votos en primera vuelta. Como se ve en el Gráfico 3, que compara votos obtenidos por Correa y los asambleístas de AP en cada provincia, solo hay un caso, en la provincia del Napo en 2013, en la que el candidato a diputado obtiene más votos que el candidato a presidente. Para leer el gráfico se debe comparar entre las líneas sólidas y la de puntos, lo que muestra dos efectos: el ya señalado de mayor votación al presidente, y la similitud constante de la tendencia de voto entre las distintas provincias.

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2009 y 2013.

Gráfico 3 Comparación de voto entre Correa y asambleístas de AP por provincia 

^{Polga-Hecimovich (2014)} demuestra la existencia de coattail effect en las elecciones de 2013; pero, además del análisis de los resultados electorales, una de las mejores evidencias de que la elección de los asambleístas de AP dependía en gran medida de la popularidad de Correa, son las respuestas de los diputados al preguntárseles sobre las razones para haber sido electos (Cuadro 9): señalaban al líder del partido como causa principal y al programa del partido -básicamente la acción del gobierno de Correa- como segunda causa para obtener el voto, un porcentaje del 67.6% en 2013 sumando ambas respuestas. En contraste, llama la atención la menor relevancia dada a los propios atributos de los asambleístas -como podrían ser la experiencia o la simpatía- como principal motivo del voto.

Cuadro 9 ¿Cuál es la razón por la que cree que fue elegido diputado? Primer y segundo lugar 

Razones	AC 08-09		AN 09-13		AN 13-17
	1er	2º	1er	2º	1er	2º
Por el líder del partido	45.0	23.7	31.8	20.5	50.0	17.6
Por la campaña electoral realizada	3.3	13.6	11.4	9.1	4.4	13.2
Por el programa del partido	13.3	16.9	18.2	15.9	11.8	16.2
Por la tradición familiar del votante	0.0	1.7	0.0	2.3	1.5	0.0
Por simpatía personal	5.0	13.6	11.4	11.4	0.0	5.9
Por la ideología política del partido	20.0	10.2	11.4	20.5	14.7	13.2
Por su experiencia en otros cargos políticos	11.7	18.6	13.6	15.9	7.4	13.2
Por su gestión anterior como asambleísta (*)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	7.4
Por su formación y conocimientos técnicos (*)	0.0	0.0	0.0	0.0	4,.	13.2
NS/NC	1.7	1.7	2.3	4.5	2.9	0.0
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

* Solo para el periodo 2013-2017.

Fuente: Base de datos PELA-USAL para Ecuador de 2008, 2009 y 2013.

Conclusiones

A lo largo del texto se ha analizado una serie de prácticas y estrategias mediante las cuales Rafael Correa cambió una situación inicial en la que no contaba con el apoyo ni del parlamento ni de un partido sólido, por un escenario en el que tuvo la mayor cantidad de diputados de gobierno en la historia del Ecuador. Esto fue posible porque la forma de gobierno presidencial permite la desvinculación de origen y supervivencia de Ejecutivo y Legislativo mediante elecciones directas y separadas, pudiendo incluso resultar elegidos presidentes sin apoyo en el Legislativo.

Correa llegó a la Presidencia sin ese soporte parlamentario y con la intención de alterar radicalmente el escenario institucional, lo que generó un shock mediante una Constituyente que también cambiaría el espacio de poder de los actores tradicionales. Los altos niveles de popularidad y aceptación que consiguió, unidos a la crisis del sistema de representación política, allanaron el camino a sus tendencias plebiscitarias, cimentadas en la convicción de que sus decisiones, llegado el caso y en tanto representante del pueblo, estarían por encima de instituciones y normas.

Una vez alterado el escenario institucional, desde el poder se estructuró un partido que funcionó como maquinaria electoral, a la vez que se captaron élites con las que gobernar desde los puestos de la administración y el Legislativo. Para ello se recurrió a dos mecanismos: por un lado, se instrumentalizó el poder del Estado para beneficio propio y, por el otro, se aprovechó la capacidad electoral del presidente para operar con un sistema de movilización y campaña permanente que tenía su catarsis en las elecciones. El hecho de que estas siempre fueron presentadas como un juego plebiscitario no solo benefició a Correa, sino también a los candidatos de su partido gracias al arrastre electoral del presidente (coattail effect).

En este sentido, como muestran los datos, el espacio dejado por la partidocracia y su élite fue ocupado por personas cuyas carreras políticas estuvieron muy vinculadas al éxito de Rafael Correa y, en gran parte, supeditadas a él. No solo porque la mayoría de ellos iniciaron su trayectoria política a la par de la llegada al poder de AP, sino además porque, a pesar de ser políticos exitosos en apariencia, como lo demostraba el que hubieran obtenido escaños en la Asamblea Nacional, sus carreras dependieron más de la cúpula y del líder supremo del partido que de su propio rendimiento como diputados. Además, los representantes más jóvenes estaban muy socializados en una praxis política confrontacional que forzó una mayor fidelidad al líder por un efecto simple de la polarización. La dinámica maniquea que esta genera hace que el no apoyar al líder incondicionalmente sea visto como apoyo implícito a la oposición.

En realidad, esta nueva élite no encontró en AP el espacio de acción colectiva desde donde consolidar sus carreras, debido un sistema de toma de decisiones excluyente y en el que no participaban. El proceso fue beneficioso mientras la sola presencia del líder era garantía de éxito electoral, pero mostró sus falencias en cuanto el presidente dejó de ser Correa. Tanto es así que el partido desapareció del Legislativo en el periodo que inició en 2021 luego de la división entre quienes querían la renovación de las estructuras y hacer un poco de autocrítica, y aquellos que se mantuvieron fieles al legado de Correa en todos sus aspectos y con todas las consecuencias.

Esta investigación deja abiertas algunas preguntas sobre la relación entre líder, partido y élites, sobre todo en contextos de fuertes liderazgos populistas. Así, por ejemplo, las elecciones ecuatorianas de 2021 pusieron en evidencia algunos de los fallos de un modelo de hiperliderazgo que coarta la iniciativa de los miembros de la organización partidista y su estrategia. No se puede negar que el “correísmo” es una tendencia política con arraigo electoral. Ahora bien, al sustanciarse en la reivindicación del legado de la Revolución Ciudadana y la figura de Correa, tiene el reto de armarse evitando que este legado y la tendencia del líder a controlar todos los procesos limite la institucionalización del partido, así como el avance de las carreras políticas de sus miembros, adaptando su programa político a las nuevas coyunturas.