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Introducción1
A raíz de la firma del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), en noviembre de 2016, las expectativas de los colombianos estaban puestas en lo que sucedería en el país posteriormente a tal hecho. Con el pasar del tiempo, desde entonces se ha evidenciado la profundización de los episodios de violencia marcados por un acontecimiento en particular: el asesinato de líderes sociales.
Al indagar por la cantidad de casos de dicho tipo de asesinato surgen disparidades. Puentes (2020), por ejemplo, es inconsistente en su conteo. Para este autor, la Fiscalía lleva un “registro de 397 asesinatos entre 2016 y 2019” (Puentes, 2020, párr. 4); para la Defensoría del Pueblo “llega a los 555 asesinatos entre 2016 y el 31 de octubre de 2019” (Puentes, 2020, párr. 6); para las organizaciones de la sociedad civil, como Somos Defensores, la cifra es de “426 asesinatos entre 2016 y octubre de 2019” (Puentes, 2020, párr. 9) y para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), “Desde la firma definitiva del Acuerdo de paz -24 de noviembre de 2016- hasta el 30 de enero de este año [2019] fueron asesinados, según ellos, 756 líderes” (Puentes, 2020, párr. 11).
Resaltan dos elementos: por un lado, la cantidad de asesinatos, y por otro, la discrepancia entre cifras. En cuanto al primero, podría pensarse que con la terminación de la confrontación armada entre las FARC-EP (fundadas en 1964) y el Estado colombiano, descenderían las muertes por esa causa. Sin embargo, firmado el acuerdo de paz, los territorios quedaron a merced de otros grupos al margen de la ley que siguieron cometiendo asesinatos: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC-EP, grupos criminales/narcoparamilitares, como los Pelusos, el Clan del Golfo e, incluso, la delincuencia común. Estos grupos buscan desplazarse unos a otros por el control del territorio que les permita sus actividades ilícitas tales como el tráfico de drogas, la expansión de cultivos de coca, la extracción minera, o el dominio geográfico como ejercicio de poder.
El informe anual de 2019 de Naciones Unidas presentado en marzo de 2020 y que evalúa la situación de los derechos humanos en Colombia indicaba que:
De los 108 asesinatos documentados por el ACNUDH, el 75% ocurrió en zonas rurales; el 86% en municipios con un índice de pobreza multidimensional superior a la media nacional; el 91% en municipios con tasas de homicidio que indican la existencia de violencia endémica; y el 98% en municipios caracterizados por la presencia de economías ilícitas y del ELN, así como de grupos violentos y de grupos criminales […]. Los ámbitos del ejercicio de defensa de derechos humanos más afectados continuaron siendo aquellos en los que se defienden los derechos de las comunidades y los grupos étnicos, representando el 65% de los asesinatos […]. (ACNUDH, 2020, p. 5).
La diferencia en las cifras, por su parte, puede obedecer a varios factores, como la dificultad para definir quién es un líder social, pues al no haber claridad sobre su identidad no se percibe un concepto unificado entre quienes proveen los datos. De esto se desprendería la variedad de actividades del líder, lo que impide aún más determinar el tipo de liderazgo. Otra limitante que influye en la discrepancia de los números es posiblemente la metodología que cada entidad pueda utilizar; por ejemplo, no todos tienen el mismo acceso a los lugares o registros.
Así, este artículo tiene por objetivo analizar el asesinato de líderes sociales en Colombia en el periodo comprendido entre la firma de los Acuerdos de Paz de La Habana (noviembre de 2016) y el primer semestre de 2020, con el fin de resolver una pregunta: ¿cuáles serían las características predominantes que llevan a que un líder social tenga mayor probabilidad de ser asesinado a partir de los datos examinados?
Se parte de la hipótesis de trabajo de que los asesinatos de los líderes son sistemáticos y obedecen a un patrón relacionado con la permanencia del conflicto armado en diferentes regiones de Colombia, esto en contraste con la versión principal manejada en su momento por el gobierno nacional que señalaba que los asesinatos son obra de la delincuencia común u otros factores no necesariamente asociados con el conflicto armado, entre los que estarían las cuestiones personales o circunstanciales.
Dicha problemática reviste importancia académica, social y política. Colombia es, en la actualidad, el único país en América Latina con un conflicto armado activo en el que persiste una multiplicidad de actores irregulares que incluyen guerrillas (ELN, disidencias de las FARC, entre otros), grupos de derecha (narcoparamilitares), así como grupos vinculados con el narcotráfico que con su accionar han impedido el normal desarrollo del actuar y trabajo de los líderes sociales. Así, Colombia es vista como un caso de estudio único (Stake, 1999) sobre los efectos del ejercicio del liderazgo social, en una situación de posacuerdo bélico, que se tuvo mediante la firma de un acuerdo de paz con uno solo de los actores armados irregulares involucrados y en medio de un conflicto armado interno todavía activo con presencia de otros actores armados irregulares.
El aumento en el número de líderes sociales asesinados refleja uno de los muchos resultados y efectos de un proceso de paz imperfecto entablado con solo uno de los actores armados irregulares, pero, además, muestra las dificultades que trae consigo el ejercicio de un liderazgo social que, si bien puede compartir características con el de otras latitudes latinoamericanas, como Brasil o México, en pro de las causas ambientales, o en Venezuela y Nicaragua, en defensa de derechos civiles y políticos (Serna, 2019), en Colombia este liderazgo se ve en particular afectado por la persistencia de un conflicto armado interno, la prevalencia de diversos actores irregulares con intereses propios, y por falencias estructurales sin resolver (Wilches et al., 2021).
El artículo se organiza en cuatro partes. La primera es un marco de referencia con algunas definiciones sobre los líderes sociales, e investigaciones más relevantes en torno a su asesinato. En segundo lugar, se describe la estrategia empírica utilizada para el análisis de la información de los líderes sociales asesinados. En tercero, se exponen los resultados descriptivos, y de los modelos correlacionales probabilísticos estimados, junto con la discusión de los hallazgos, para finalizar con las conclusiones.
Marco de referencia
¿Quién es un líder social?
Una de las principales dificultades asociadas al seguimiento de la actividad de los liderazgos sociales en Colombia se relaciona con su definición y acotación de su accionar. Como afirma la organización no gubernamental Somos Defensores (2019b):
[Existen] dificultades para “ubicar” en una sola actividad a los líderes y lideresas sociales, pues su ámbito de acción en la mayoría de las ocasiones es múltiple; “Muchos de ellos asumen distintas tareas de liderazgo local, por lo cual pueden asumir simultáneamente actividades, por ejemplo, como dignatarios de Juntas de Acción Comunal, liderazgo cívico comunal y étnico, entre otros” (p. 66).
Así, para entender el fenómeno creciente del asesinato de líderes sociales, es menester aproximarse a las discusiones en torno a su actividad en el país. En tal sentido, el Plan de Acción Oportuna de 20182 los define como “quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos” (Ministerio del Interior de Colombia, 2018, p. 3). De modo que,
[…] se entiende que una persona puede ser defensora de los derechos humanos en diferentes ámbitos de liderazgo, identificándose en principio los siguientes: líder comunal, líder comunitario, líder de Restitución de Tierras, líder campesino, líder social, líder sindical, líder ambiental, líder de mujeres, líder afrodescendiente, líder indígena, líder de víctimas o de desplazados, líder juvenil y de la infancia, líder cultural, líder LGBTI, líder en salud, líder minero artesanal, comunicador(a) defensor(a) de derechos humanos, abogado(a) defensor(a) de los derechos humanos, defensor(a) o líder asociado a Organizaciones no Gubernamentales (ONG), líder en la implementación del acuerdo de paz, líder en materia de sustitución de cultivos, líder de movimiento político y líderes religiosos. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, 2019, p. 11).
Por otro lado, Indepaz, una organización no gubernamental (ONG) que trabaja en temas de desarrollo y paz y que ha hecho un pormenorizado seguimiento del asesinato de líderes sociales, ofrece una aproximación un poco más clara, al indicar que el líder o lideresa social es “aquella persona que defiende los derechos de la colectividad y desarrolla una acción por el bien común reconocida en su comunidad, organización o territorio” (Indepaz, 2020a, p. 4). Sin embargo, Indepaz también toma en cuenta lo consignado en las declaraciones de Naciones Unidas, de forma que su contabilización de homicidios de líderes sociales es superior a la de otras organizaciones, pues abarca a más categorías.
Finalmente, la conceptualización de diversas organizaciones participantes en la elaboración del informe sobre los patrones de asesinatos de líderes sociales en el posacuerdo indica que:
La condición de liderazgo social se fundamenta en dos pilares: la actividad concreta que esta persona desempeña y el reconocimiento que de esta actividad hace la comunidad en la que se encuentra inserta. De este modo, un líder o lideresa social es una persona que cuenta con reconocimiento de su comunidad por conducir, coordinar o apoyar procesos o actividades de carácter colectivo que afectan positivamente la vida de su comunidad, mejoran y dignifican sus condiciones de vida o construyen tejido social. Estos procesos y actividades generalmente son construidos e implementados apoyándose en el consenso de las personas de las que se origina el reconocimiento de su condición como líder o lideresa. Su legitimidad se fundamenta en el reconocimiento de la comunidad frente a la cual se orienta su actividad concreta. (Comisión Colombiana de Juristas et al., 2018, pp. 8-9).
Esta definición es la que se retoma en este artículo. Pero, por razones metodológicas y de clasificación, se ha categorizado el tipo de liderazgo de los líderes sociales asesinados encontrados con base en la organización o actividad que desarrollaban al momento de su fallecimiento (anexo 1).
El asesinato de líderes sociales desde la literatura académica
Para el balance de la producción académica sobre el tema en cuestión se trabajó con 26 documentos,3 los cuales se agruparon en cuatro categorías: análisis de contexto (12), aproximaciones jurídicas (4), trabajos de grado (7), y enfoques cuantitativos y de modelación estadística (3).
Del primer grupo, es decir, de los textos que contextualizan la situación de los líderes sociales en el país, Escobar (2020) coloca en conocimiento la grave situación por la que atraviesan los defensores de derechos humanos y líderes sociales advirtiendo que el tema de las cifras es tan complejo como polémico, entre otras cosas, porque no existe un registro unificado de las agresiones.
Por su parte, Villamizar-Acosta (2019) revisa la situación de coyuntura con énfasis en los mecanismos de protección de los defensores de derechos humanos. Sus aproximaciones evidencian el incremento en el número de homicidios de defensores de derechos humanos en la etapa de posacuerdo dejando entrever la lenta respuesta del gobierno nacional para la implementación efectiva de programas de protección.
Cometa & Rodríguez (2019) y Pérez (2018) observan que el asesinato de líderes sociales no es un fenómeno desconectado o aislado ni algo coyuntural, sino la respuesta a acontecimientos intencionados. Así, detrás de esos asesinatos hay una lógica de persecución en contra de todo aquello -persona, proyecto, organización o comunidad- que se distancie del modelo económico imperante, y los líderes sociales son vistos como parte de ello.
Desde una perspectiva histórica y de análisis de coyuntura, Caro (2019) reconoce en el asesinato de líderes sociales un nuevo ciclo de violencia sociopolítica en Colombia, que se enmarca en una creciente polarización política y social, misma que ha provocado una estigmatización y persecución de quienes se ve como contradictores políticos o “enemigos internos”, lo que revela el resurgimiento de formas tradicionales de violencia afincadas en la historia política colombiana.
Fernández (2018) se enfoca en presentar una situación general del fenómeno al que contrasta con aproximaciones que asumen una posición pro defensa de estos liderazgos colectivos exterminados (Rincón et al., 2017). Otros trabajos han empleado estudios de caso (Osorio Aguilar, 2017; Castiblanco Cristancho, 2019; Barreto Daza, 2018) para dar cuenta de la situación, mientras que a partir del examen de titulares de prensa, Osorio Matorel (2018) muestra cómo se ha legitimado el asesinato, la violencia y la muerte de los líderes sociales.
Por último, Orjuela Erazo (2019) estudia la ineficiencia estatal en lo relacionado con el acompañamiento, prevención, atención y protección de los líderes sociales tomando como marco de análisis el aporte del área de las relaciones internacionales; así, este autor muestra cómo las normas internacionales de derechos humanos generan cambios en el comportamiento de un Estado en lo que esta problemática concierne.
De las aproximaciones jurídicas, Lozano & Amaya (2020), mediante una revisión del marco jurídico de protección a los defensores de derechos humanos en Colombia, junto con la revisión de los ejes constitucionales y las entidades estatales encargadas de su protección, determinan la ineficacia de las políticas adoptadas por el Estado colombiano pese al andamiaje jurídico existente.
Niño Farfán (2019) analiza cuál ha sido el procedimiento administrativo ejecutado en relación con los asesinatos de líderes sociales y examina la responsabilidad del Estado para determinar la efectividad en cuanto a la reparación o si, por el contrario, se requieren ajustes al respecto. Esta autora concluye que, si bien se han fallado sentencias en contra del Estado por su omisión en la protección de los líderes sociales, eso no es suficiente. En la misma vía se encuentra Parra Martínez (2019), quien analiza las obligaciones del Estado colombiano en materia de seguridad e integridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y deja entrever que las medidas adoptadas no bastan.
Para Maldonado et al. (2017), el asesinato de líderes sociales da cuenta de una revictimización en tanto que quienes hoy aparecen como víctimas son representantes de las comunidades y personas que fueron amparadas en su momento por la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), por lo que tales muertes se explican por la desatención en cuanto a garantías de protección.
En el tercer cuerpo de literatura, los trabajos de grado, las aproximaciones se han hecho mayoritariamente desde los estudios de comunicación. Díaz Alarcón (2019) plantea cómo algunos medios de comunicación, en específico RCN y Caracol TV, han manipulado la información sobre el asesinato de líderes sociales, lo que provoca su encubrimiento. Moreno & Rincón (2019), por su parte, mediante la aplicación de entrevistas, profundizan en las facetas de lo que significa ser un líder social desde los relatos y experiencias de vida de sus protagonistas.
Forero Parra & Rodríguez Carrillo (2019) examinan las cuentas de Twitter de cien congresistas colombianos para ver su tratamiento de los asesinatos y agresiones contra líderes sociales. Utilizan el concepto de agenda setting, la teoría del framing o encuadre, y el método del análisis de contenido. Así, estos autores afirman que quienes más se pronunciaron fueron representantes de la oposición y que la mayoría tendía a informar sobre un hecho asociado sin que se profundizara el porqué, los posibles patrones y sin atribución de responsabilidad alguna.
Forero González et al. (2019) revisaron la literatura científica, técnica y periodística en relación con el asesinato de los líderes sociales y el derecho a la libertad de expresión posteriormente a la firma de los acuerdos de paz. Su objetivo es elucidar cómo el asesinato de líderes, entre 2016 y el primer trimestre de 2019, se relaciona con el ejercicio de este derecho constitucional.
Medina & Pimiento (2018) se enfocan en examinar la manera en que se ha informado digitalmente en el portal El Tiempo.com sobre el asesinato de líderes sociales en regiones geográficas específicas, como la surcolombiana, conformada por los departamentos de Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca y Tolima. Estos autores muestran que las noticias en su mayoría fueron de carácter informativo, de poca profundidad, mínimo seguimiento a la información y escaso análisis sobre la situación, lo que revela la falta de rigor en la cobertura noticiosa. Osorio Matorel (2017), en cambio, desarrolla un análisis mucho más positivo del actuar de los medios nativos digitales colombianos La Silla Vacía, Razón Pública y Verdad Abierta, mostrando que su forma de cubrir el asesinato de líderes sociales ha suplido las deficiencias de los medios de comunicación privados y tradicionales.
Dueñas Guiza (2018) examina la cobertura de los medios de comunicación del asesinato de líderes sociales después de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno y las FARC-EP. Su base informacional es mucho más robusta y amplía los medios examinados. Así, se ocupa de los portales web de periódicos (El Tiempo, El Espectador, Revista Semana), medios audiovisuales (Canal RCN y Canal 1), y cadenas radiales (Caracol Radio y RCN Radio), además del análisis de diversos géneros periodísticos: noticias, artículos de opinión, crónicas y entrevistas. Los resultados evidencian que aun cuando hay territorios altamente afectados por el conflicto (Nariño y Córdoba), estos han sido invisibilizados por parte de los medios.
En el cuarto grupo de trabajos con base empírica y de modelación estadística, tenemos a Prem et al. (2018), autores que afirman que los acuerdos de paz son contraproducentes porque generan vacíos territoriales de poder que llena el Estado. Así, el asesinato de líderes sociales estaría asociado al papel que estos últimos ejercen en la sociedad lo cual causa la selección de víctimas en función de su actividad.
Ball et al. (2018), por su parte, se enfocan en la estimación del número total de líderes sociales asesinados entre 2016 y 2017 revelando con ello que la probabilidad de que el aumento de la violencia letal entre estos años haya sido de 10% o más fue de 0.6. Y muestran que “[…] contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, es posible conseguir una aproximación cercana a la realidad”. (Ball et al. 2018, p. 15).
La investigación de Ángel & Ball (2019) muestra que “después del Acuerdo de Paz la violencia letal contra líderes sociales ha aumentado, una teoría que ha sido ampliamente discutida en Colombia, pues algunos analistas consideran que la violencia es la consecuencia de un reajuste y competencia entre grupos armados” (p. 7).
La literatura aquí revisada muestra un panorama general de los análisis que se han hecho acerca del asesinato de líderes sociales en Colombia en el lapso de tiempo considerado. Sin embargo, en su mayor parte, estos trabajos son de carácter descriptivo y, a excepción del adelantado por Prem et al. (2018), no se halló otro estudio que buscara establecer los factores que se relacionan más con el asesinato de estos líderes. Es por eso que en este artículo se hace una aproximación a este fenómeno a fin de arrojar luces sobre las características de los homicidios y contribuir a la discusión en torno a las políticas que se podrían tomar para controlar los crímenes.
Método
Este artículo utiliza una metodología cuantitativa con un tipo de estudio no experimental y correlacional. Los datos son de carácter transversal en tanto que, pese a incluir observaciones de cuatro años diferentes, son individuos independientes y no se asume algún grado de autocorrelación entre los casos (García et al., 2009).
El análisis de los datos se compone de dos momentos. Una fase descriptiva en la que se caracterizan los asesinatos de los líderes sociales, y una fase de análisis, a través de un modelo correlacional binomial de tipo regresión logística (logit) con propósito predictivo, cuyo objetivo es identificar las correlaciones entre variables para predecir la ocurrencia de un evento o la pertenencia a una u otra categoría (Herrera & Santana, 2013).
Datos
La información utilizada para nuestro análisis se recuperó de informes y notas de prensa elaboradas por diversos centros de pensamiento y medios de comunicación reconocidos por su trabajo en la documentación del asesinato de líderes sociales, a saber: Comisión Colombiana de Juristas, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI), Verdad abierta.com, Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, Centro de Investigación y Educación Popular, Asociación Campesina del Catatumbo, Movimiento Ríos Vivos Antioquia y Confederación Nacional de Acción Comunal (2018), Programa Somos Defensores (2017, 2018, 2019a, 2019b), el portal periodístico Pacifista, e Indepaz (2020b). A partir de la lectura de los testimonios recogidos en las fuentes descritas, se recopilaron datos según sexo, lugar de ocurrencia, tipo de liderazgo y presunto responsable de 364 asesinatos de líderes sociales cometidos entre el 24 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2020.
Para garantizar la rigurosidad del análisis cuantitativo, se estandarizó la información a partir del tipo de liderazgo que ejercían los líderes sociales y los presuntos responsables de los asesinatos. Así, los primeros se clasificaron en cinco categorías: 1) cívico comunitarios, 2) indígenas, 3) de asociaciones comunitarias, 4) de asociaciones políticas, y 5) otros. Los presuntos responsables se agruparon en las categorías: 1) disidencias de las FARC-EP, 2) grupos narcoparamilitares, 3) ELN, 4) Fuerza Pública, 5) sin identificar, 6) varios responsables, y 7) otros. Los anexos 1 y 2 presentan la definición de cada categoría.
Adicional a la información a nivel individuo, y siguiendo el ejercicio pionero de Prem et al. (2018), se incorporaron al análisis variables a nivel departamento. El anexo 3 detalla estas variables y la relación esperada con la probabilidad de que el líder social asesinado pertenezca a cada una de las categorías analizadas. De las variables consideradas, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes busca capturar desde vulnerabilidades altas hasta la victimización por delincuencia común. Las variables número de habitantes, tasa de pobreza monetaria, tasa de analfabetismo, los puntajes de las pruebas SABER, ingresos tributarios, e índice de desempeño fiscal, buscan aproximarse a la realidad socioeconómica de los departamentos. Las últimas tres se asocian directamente con el conflicto armado y el posacuerdo: índice de intensidad del conflicto armado, actividad económica principal del departamento y voto en el plebiscito de refrendación de los acuerdos de paz en 2016.
Estrategia de análisis
Para el análisis de la información, primero se recurrió a un ejercicio descriptivo transversal cuyo objeto es representar el comportamiento de un conjunto de variables para uno o varios grupos poblacionales, en este caso, los líderes sociales (Herrera & Ruíz, 2013). En segundo lugar, se utilizó un modelo correlacional predictivo de carácter binomial, o modelo logit.
Los modelos de regresión logística binomial son en esencia regresiones múltiples que permiten predecir a cuál categoría (entre dos posibles) un individuo tiene mayores probabilidades de pertenecer dada otra información determinada (Field et al., 2013). En su forma más sencilla, el modelo de regresión logística binomial toma la forma:
Así, el resultado de la evaluación varía entre 0 y 1, donde 0 significa que pertenecer a Y tiene muy bajas probabilidades de ocurrir, y 1 que es muy probable que Y ocurra (Field et al., 2013). Para este caso, el ejercicio se realizó para cada uno de los tipos de liderazgo identificados, asumiendo el valor de 1 si el líder asesinado ejercía el tipo de liderazgo “X”, o 0 si no lo ejercía; sobre esta base, el ejercicio permite predecir, dado un conjunto de variables individuales y a nivel departamento, la probabilidad de que un líder asesinado ejerciera uno u otro tipo de liderazgo social.
En tal sentido, este análisis posibilita la validación de la hipótesis de trabajo enunciada en la introducción, esto es, que los asesinatos de líderes sociales no son hechos aislados o de delincuencia común, sino que hay una tendencia asociada al conflicto armado que está en la base de estos delitos. Así, en términos formales, se plantea que:
H1: Las variables a nivel departamento asociadas en mayor medida con el conflicto armado (IIC, actividad económica principal del departamento, votación en el plebiscito) tienen una relación positiva y estadísticamente significativa con la probabilidad de que el líder social asesinado pertenezca a las categorías de liderazgo cívico comunitario, de asociaciones comunitarias y asociaciones políticas.
H2: Las variables a nivel departamento asociadas con las industrias extractivas tienen una relación positiva y significativa con la probabilidad de que el líder social asesinado pertenezca a las categorías de liderazgo cívico comunitario e indígena.
Resultados
Aquí se describen los resultados del análisis descriptivo para los 364 líderes sociales asesinados en el periodo de estudio, según tipo de liderazgo, presunto responsable, departamento y sexo. En un segundo momento se muestran los resultados de los modelos logísticos binomiales estimados para cada tipo de liderazgo ejercido por los líderes sociales asesinados.
Características del asesinato de líderes sociales (2016-2020-I), según tipo de liderazgo
En el periodo de estudio han sido asesinados en Colombia 364 líderes sociales, la mayor proporción (132) se reportó en 2018, año de posesión del entonces presidente de la república Iván Duque Márquez; el incremento era del 127.6% respecto a 2017. Entre 2018 y 2019, los casos se redujeron en 14.39%; sin embargo, en términos absolutos (113), la cifra se mantuvo muy superior a los años previos a la posesión del nuevo gobierno. La Figura 1 muestra la tendencia de los asesinatos de líderes sociales en el periodo de referencia.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 1 Cantidad de líderes asesinados en 2016-2020-I, por año y según tipo de liderazgo
Llama la atención el comportamiento de los asesinatos según el tipo de liderazgo. Así, aun cuando hay mayor cantidad de líderes sociales asesinados en el “Cívico-comunitario” en 2018 y 2019, hubo un aumento destacado en términos proporcionales en el tipo “Asociaciones comunitarias”, que pasó de 9% en 2018 a 16.8% en el 2019. En lo corrido de 2020 esta cifra aumentó al 22.2%. Esto es similar al caso de “Líderes indígenas”, quienes en el mismo periodo pasaron del 11.36 al 24.77% de los asesinatos totales de líderes sociales. En el primer semestre de 2020, había sido 13.3%.
Ahora bien, el asesinato de líderes sociales muestra patrones de concentración regional y por tipo de liderazgo, como se aprecia en la Tabla 1. De esta forma, el departamento de Cauca es donde mayor cantidad de asesinatos de líderes sociales se han presentado con 87 casos, mayoritariamente de líderes indígenas (44.06% del total). En tanto que donde más asesinatos de líderes sociales cívico-comunitarios se han dado es en Antioquia con 19.31% del total. También resalta que en 28 de los 32 departamentos del territorio nacional ha sido asesinado al menos un líder social.
Tabla 1 Cantidad de líderes asesinados en 2016-2020-I, por departamento según tipo de liderazgo
| Departamento | Líderes cívico-comunitarios | Líderes indígenas | Líderes de asociaciones comunitarias | Líderes de asociaciones políticas | Otros |
|---|---|---|---|---|---|
| Antioquia | 28 | 0 | 9 | 2 | 12 |
| Arauca | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Atlántico | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bolívar | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Boyacá | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caldas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Caquetá | 11 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Casanare | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cauca | 20 | 26 | 20 | 1 | 20 |
| Cesar | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Chocó | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| Córdoba | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 |
| Cundinamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Guaviare | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huila | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| La Guajira | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Magdalena | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Meta | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| Nariño | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Norte de Sder. | 16 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| Putumayo | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Quindío | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Risaralda | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Santander | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sucre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Valle del Cauca | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 |
| Vichada | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total general | 145 | 59 | 57 | 14 | 89 |
Fuente: Elaboración propia.
En cuanto al sexo de los líderes sociales asesinados, la mayor proporción es de hombres con 84.34% del total. Pero, como lo muestra la Tabla 2, mientras la mayor proporción de líderes sociales asesinados eran cívico-comunitarios, las mujeres líderes asesinadas en su mayoría ejercían otro tipo de liderazgos: campesinos (5), ambientales (2), estudiantiles (1), religiosos (1) y feministas (1).
Tabla 2 Cantidad de líderes asesinados en 2016-2020-I, por sexo según tipo de liderazgo
| Tipo de liderazgo ejercido | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| Líderes cívico-comunitarios | 127 | 18 |
| Líderes indígenas | 49 | 10 |
| Líderes de asociaciones comunitarias | 51 | 6 |
| Líderes de asociaciones políticas | 12 | 2 |
| Otros | 68 | 21 |
| Total general | 307 | 57 |
Fuente: Elaboración propia.
Características del asesinato de líderes sociales (2016-2020-I), según presunto responsable
El análisis de los asesinatos de líderes sociales por presunto responsable evidencia elementos significativos. Como lo muestra la Figura 2, en la mayor parte de los asesinatos no se ha identificado el presunto responsable (79.12%); lo que expresa el alto grado de impunidad en estos delitos y del descuido estatal en la identificación y enjuiciamiento de los culpables.
Nota: Para la mayor parte de los homicidios no se han identificado los presuntos responsables, pero ello no se incluye en la gráfica por temas de visibilidad. Las cifras muestran que no se conoce el homicida para 10 casos en 2016, 48 en 2017, 102 en 2018, 86 en 2019 y 42 en 2020, para sumar 288 casos.
Fuente: Elaboración propia.
Figura 2 Cantidad de líderes asesinados en 2016-2020-I, por año y según grupo armado responsable
Cuando el responsable se ha identificado, son las disidencias de las FARC-EP y los grupos narcoparamilitares responsables del 61.84% de los asesinatos. Asimismo, se aprecia un aumento de estos actos delictivos por parte de los grupos narcoparamilitares, que pasaron de cometer el 30.43% en 2018 a 39.13% en 2019.
La Tabla 3 sintetiza las dos grandes categorías descritas en esta primera sección: tipo de liderazgo y presunto responsable. Dejando de lado los asesinatos en los que no se ha identificado al autor, se evidencia que las disidencias de las FARC-EP son los principales presuntos responsables del asesinato de líderes cívicos-comunitarios (40%). Que los grupos narcoparamilitares lo son de los líderes de las asociaciones comunitarias (66.66%) y otros tipos de liderazgo (42.85%). Por último, los asesinatos contra los líderes indígenas son los que presentan mayor impunidad, con 86.44% de casos en los que se desconoce el responsable.
Tabla 3 Cantidad de líderes asesinados en 2016-2020-I por presunto responsable y según tipo de liderazgo
| Disidencias FARC-EP | Grupos Narcoparamilitares | ELN | Fuerza pública | Sin Identificar | Varios responsables | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cívico-comunitarios | 16 | 8 | 5 | 1 | 102 | 6 | 4 |
| Indígenas | 3 | 1 | 2 | 1 | 51 | 1 | 0 |
| Asociaciones comunitarias | 2 | 6 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 |
| Asociaciones políticas | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| Otros | 3 | 6 | 3 | 0 | 82 | 1 | 1 |
Fuente: Elaboración propia.
Análisis logístico (variables relacionadas con el asesinato de líderes sociales en Colombia)
Los análisis descriptivos descritos arrojan algunas luces sobre la existencia de patrones de asesinato de líderes sociales en Colombia. Atendiendo a esto, en esta sección se describen los resultados del ejercicio de regresiones logísticas binomiales estimadas para cada tipo de ejercicio de liderazgo. Se partió de la hipótesis de que el asesinato de líderes no obedece a hechos de delincuencia común, como se ha señalado repetidamente por parte de integrantes del gobierno nacional, sino que subyacen en este tipo de delitos factores asociados con las dinámicas propias del conflicto armado que subsiste en amplias regiones colombianas.
La Tabla 4 presenta las estadísticas descriptivas de las variables cuantitativas a nivel departamento que fueron incluidas en los modelos estimados.
Tabla 4 Estadísticas descriptivas variables macroeconómicas (a nivel departamento) incluidas en el modelo
| Obs. | Media | Desv. Est. | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes (%) | 350 | 25.33 | 11.91 | 2.35 | 51.18 |
| Número de habitantes | 350 | 2 141 927 | 2 021 840 | 84 716 | 6 613 118 |
| Tasa de pobreza monetaria (%) | 350 | 37.08 | 12.99 | 12.5 | 61.1 |
| Tasa de analfabetismo (%) | 350 | 13.36 | 5.05 | 5.6 | 28.6 |
| Puntaje componente matemáticas prueba SABER 11 (Segundo semestre) | 350 | 50.53 | 2.27 | 42.17 | 55.13 |
| Índice de Intensidad del Conflicto Armado | 350 | 35.53 | 25.06 | 0.00 | 100.00 |
| Reservas de crudo (miles de barriles) | 350 | 4613.48 | 14 488.10 | 0.00 | 85 042.40 |
| Producción oro (kg) | 350 | 395.29 | 718.84 | 0.00 | 2112.70 |
| Coca (ha) | 350 | 1458.54 | 1194.03 | 0.00 | 4573.46 |
Nota: Las estimaciones de los modelos se realizaron con 350 observaciones, pues en 14 hubo falta de datos en las variables de interés.
Fuente: Elaboración propia.
Para todos los modelos de la Tabla 5 se garantizó el principio de parsimonia a través del cálculo del criterio de información Akaike, se validó la no existencia de datos atípicos, se aseguró el cumplimiento de no multicolinealidad con la prueba de factor de influencia de la varianza (VIF) y la existencia de relaciones lineales entre las variables predictoras continuas y el logit de la variable resultado (Field et al., 2013).
Tabla 5 Efectos marginales del modelo logit binomial sobre los determinantes del tipo de liderazgo del líder social asesinado
| Líderes cívico-comunitarios | Líderes indígenas | Líderes asociaciones comunitarias | Líderes asociaciones políticas | Otros | |
|---|---|---|---|---|---|
| Factores individuales | |||||
| Sexo (0: Mujer; 1: Hombre) | 0.161** (0.074) |
-0.180** (0.074) |
|||
| PR_Disidencias FARC | 0.292** (0.100) |
-0.021** (0.009 |
|||
| PR_ELN | -0.015*** (0.002) |
0.3953* (0.2207) |
|||
| PR_NP | 0.3795** (0.1799) |
||||
| PR_Otro | 0.620*** (0.028) |
||||
| PR_Sin Id | -0.013 (0.009) |
0.1956*** (0.0579) |
|||
| Factores asociados con el conflicto armado (departamento) | |||||
| AP_Agricultura | -0.089 (0.083) |
||||
| AP_Industria | -0.034*** (0.076) |
||||
| Plebiscito | 0.097*** (0.003) |
0.011** (0.004) |
|||
| Reservas barriles de crudo (miles) | -0.000* (0.000) |
-0.000** (0.000) |
0.000 (0.000) |
0.000 (0.000) |
|
| Producción de oro (Kg) | 0.000*** (0.000) |
-0.000* (0.000) |
|||
| Coca (Hectáreas) | 0.000 (0.000) |
-0.000** (0.000) |
|||
| Factores asociados con la delincuencia común (departamento) | |||||
| Tasa de homicidios por 100.000 hab. | -0.001 (0.001) |
-0.0004*** (0.0001) |
0.003** (0.001) |
||
| Factores socioeconómicos | |||||
| Pobreza | -0.0005*** (0.0002) |
||||
| Analfabetismo | -0.016** (0.065) |
||||
| SABER 11 (Mat) | -0.020* (0.011) |
0.012 (0.007) |
|||
| Ingresos tributarios (Log) | 0.018 (0.047) |
||||
| R2 Hosmer y Lemeshow | 0.1016 | 0.1190 | 0.0561 | 0.1920 | 0.0510 |
| R2 Cox y Snell | 0.1279 | 0.1013 | 0.0487 | 0.0624 | 0.0537 |
| R2 Nagelkerke | 0.1729 | 0.1710 | 0.0827 | 0.2189 | 0.0812 |
| Prueba F | 47.908 (.000) |
37.404 (.000) |
17.4778 (.014) |
22.578 (.000) |
19.3240 (.001) |
Nota: Entre paréntesis, errores estándar. Significancia: *10%, **5%, ***<1%. Para efectos ilustrativos, se presenta el valor del R2 según tres de las tipologías más utilizadas para su cálculo; sin embargo, como señalan Field et al. (2013), para el caso de los modelos logit, esta medida no es un buen indicador de la significancia global del modelo.
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados de las estimaciones evidencian la existencia de asociaciones más allá de lo esperado entre variables a nivel individual, variables a nivel departamento asociadas con la delincuencia común y variables a nivel departamento asociadas con el conflicto armado y los diferentes tipos de liderazgo.
El primer modelo estimado corresponde a los líderes cívicos-comunitarios. Y los resultados muestran que ser hombre aumenta en 16.1 puntos porcentuales (pp) la probabilidad de que el líder social asesinado pertenezca a esta tipología. Asimismo, la probabilidad aumenta en 29.2pp si los principales responsables fueron las disidencias de las FARC u otro actor armado (62pp). Por otra parte, la probabilidad de que este tipo de líder social sea asesinado se reduce si la principal actividad económica del departamento es la industria (3.4pp) y cuanto mayores sean las tasas de analfabetismo del departamento (1.6pp).
Para el caso de los líderes indígenas, la variable que mayor relación tuvo con la probabilidad de que el líder social asesinado perteneciera a este grupo es el desempeño del municipio en las pruebas SABER Matemáticas. El aumento de 1 pp en el promedio de las pruebas reduce en 2pp la probabilidad de que el líder social asesinado sea indígena. Llama la atención que, pese a ser significativas en términos estadísticos, las variables asociadas a industrias extractivas muestran relaciones casi nulas con el asesinato de este tipo de líderes.
En cuanto a los líderes de asociaciones comunitarias, la probabilidad de que el líder social pertenezca a esta categoría se relaciona en gran medida con los resultados de las elecciones del plebiscito para ratificar los Acuerdos de Paz de La Habana. Si el líder asesinado desarrollaba sus actividades en un departamento donde ganó el “Sí”, la probabilidad de que este líder perteneciera a asociaciones comunitarias se incrementa en 9.7pp; sucede igual ante el incremento en el puntaje promedio de las pruebas SABER 11 Matemáticas (1.2pp). En tanto que el principal responsable del homicidio sea el ELN, reduce la probabilidad de que el líder social perteneciera a esta categoría en 1.5pp.
El cuarto modelo estimado corresponde a los líderes de asociaciones políticas. Como en el caso anterior, ejercer sus actividades en departamentos donde ganó el “Sí” aumenta la probabilidad de que el líder asesinado perteneciera a esta categoría en 1.1pp. Probabilidad que se reduce si el principal responsable no se ha identificado (1.3pp) o fueron las disidencias de las FARC (2.1pp).
Finalmente, para el caso de otros liderazgos, la probabilidad de que el líder asesinado perteneciera a este grupo se reduce en 1.8pp si era hombre; pero, aumenta si el principal responsable fue el ELN (39.5pp), un grupo narcoparamilitar (37.95pp) u otro actor sin identificar (19.56pp).
En síntesis, los resultados apuntan a que el asesinato de líderes sociales presenta las asociaciones más significativas con variables relacionadas con el principal responsable del crimen, lo que podría ser indicio de una sistematicidad en la que diferentes actores cometen diferentes tipos de asesinatos según sus actividades (subversivas, narcoparamilitares, políticas, entre otros); y, para el caso de los líderes de asociaciones comunitarias y políticas, con el comportamiento de las elecciones en el plebiscito, que estaría indicando un fuerte elemento político en la reciente ola de violencia contra estos líderes sociales.
Discusión
Hasta aquí se ha realizado un análisis descriptivo que indica un aumento de casos reportados, sobre todo durante 2018 (132), y un ejercicio de regresiones logísticas binomiales. Se observa el incremento significativo de asesinatos en términos absolutos de líderes agrupados en la categoría cívico-comunitarios con un alza en más del triple, es decir, de 20 muertes en 2017 se pasó a 64 en 2018. Situación que se repite entre 2018 y 2019, cuando el asesinato de líderes agrupados en asociaciones políticas aumentó tres veces más y el de los líderes indígenas fue de casi el doble. Además, en este periodo tal aumento se dio en tres de las cinco categorías empleadas en este estudio (anexo 1).
Entre los líderes con mayor protagonismo y que significan una más alta presión sobre los actores armados irregulares en el ejercicio de sus funciones en las zonas afectadas por situaciones de conflicto armado, se identifica a los cívico-comunitarios, los de asociaciones comunitarias y los indígenas. Los modelos trabajados los revelan como los tres grandes grupos concentradores del mayor número de asesinatos. Su activismo y reconocimiento por parte de su comunidad hacen que lideren los procesos colectivos que benefician a esta última y que se advierta hasta qué punto ser líder social en Colombia constituye una sentencia de muerte.
Una plausible explicación en el comportamiento de las cifras en 2018 y 2019 está ligada a dos elementos; por un lado, para esta época, el acuerdo de paz ya contaba con más de dos años de su firma; y por otro, es el periodo en el que inicia la administración de Iván Duque, claro opositor de lo dispuesto en el acuerdo. Este hallazgo no debe tomarse a la ligera al observar que, aunque durante su campaña para la presidencia indicaba que continuaría con el proceso de paz, sus afinidades ideológicas y pertenencia al Centro Democrático (partido político de derecha) iban en dirección contraria a lo pactado. Téngase en cuenta que fue su partido el que lideró la campaña por el no del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz en Colombia en 2016 y que justamente fue la decisión ganadora. Que las muertes de líderes de asociaciones comunitarias y políticas mantengan relación con los departamentos en los que ganó el sí en el plebiscito, expresan la concomitante relación que la variable política tiene en la comisión de estos asesinatos. Así, un voto favorable a la paz en el pasado trae consigo una sentencia y posible muerte de quienes creyeron en ello.
El aumento de asesinatos en 2018 podría explicarse por el bajo compromiso del gobierno nacional con el proceso, y también por la debilidad de acordar la paz con un solo grupo de los tantos existentes, y al margen de la ley. Si bien el acuerdo era entre el gobierno y una de las guerrillas más fuertes del país, eso no garantizaba que el conflicto terminaría y más aún si no se daba solución inmediata y efectiva a la débil presencia del Estado en las zonas donde lideraba el grupo ilegal. Hay que remarcar que estos territorios son zonas de frontera con países como Ecuador, que la comparte con los departamentos de Nariño y Putumayo, o Norte de Santander con Venezuela. Su ubicación es de difícil acceso y al carecer de una fuerte presencia estatal, en términos militares e institucionales, se facilita la economía ilegal. Tal panorama constituyó el foco de enfrentamientos entre los grupos ilegales que quedaron en el país y su disputa por el territorio otrora ocupado por las FARC-EP. De tal modo que, al quedar este espacio sin presencia guerrillera, otros grupos han entrado a disputar su control; y todo aquel que atente o vaya en contra de sus actividades es susceptible de ser asesinado.
Entre los departamentos que, en principio, las FARC-EP no tenían presencia destacan Cauca, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Guaviare y Meta. Pero al revisar los resultados por departamento resalta que donde ha habido más asesinatos de líderes sociales es justamente en Cauca, Norte de Santander, Nariño y Putumayo, además de Antioquia, Caquetá y Chocó, zonas que coinciden con las que históricamente han sido afectadas por conflictividad armada.
En tal sentido, se coincide con la literatura cuando se refiere la ineficiencia estatal en el acompañamiento, prevención, atención y protección de los líderes sociales (Cometa & Rodríguez, 2019; Pérez, 2018; Orjuela Erazo, 2019), que, para el presente caso de estudio, se refleja en la continuidad del conflicto en Colombia y en lo que indican Prem et al. (2018) respecto a lo contraproducente de los vacíos territoriales en los acuerdos de paz.
El hallazgo referente al presunto responsable refleja la debilidad de las instituciones colombianas frente a la aplicabilidad de mecanismos existentes para evitar o prevenir este tipo de delitos, a la luz de que esta cifra va en vertiginoso aumento. Así, se deduce un sistema de justicia ineficiente al haber pocos datos de los responsables y, por consiguiente, la imposibilidad de su judicialización, dando paso a la impunidad. Pueden existir protocolos de denuncia o planes de acción oportuna propuestos desde el gobierno, pero se revelan inservibles si las cifras siguen aumentando y no se ve compromiso real del gobierno nacional para trabajar mancomunadamente con el local, sobre todo en zonas donde el conflicto armado persiste. La deuda en efectividad judicial y de casos que deberían ser considerados como prioritarios sigue vigente.
Con lo expuesto hasta aquí, y retomando las hipótesis de trabajo planteadas en nuestra sección metodológica, no se identifica evidencia estadística que permita rechazar la hipótesis 1 en tanto que los departamentos con mayor número de asesinatos de líderes sociales se relacionan positivamente con la probabilidad de que el líder asesinado pertenezca a los liderazgos cívico-comunitario, y de asociaciones comunitarias, y políticas. Asimismo, las variables a nivel departamento se asocian en mayor medida con el conflicto armado, pero no solo en términos de actividad económica o de votación en el plebiscito, sino también con el vacío que dejó un acuerdo de paz débil y con poco compromiso de continuidad por parte del gobierno, lo que permitió que nuevos y viejos grupos ilegales entraran en disputa por el territorio.
Frente a la dinámica de exterminio de líderes sociales en donde mayoritariamente la actividad económica es extractivista o agrícola, destaca el caso de los líderes indígenas que, pese a que las variables estadísticamente son significativas, al asociarlas a las industrias extractivas muestran relaciones casi nulas con el asesinato de este tipo de líderes. Ello plantea nuevos retos sobre cómo concebir el escenario de posacuerdo, tanto por los intereses dispuestos de parte del gobierno central en función de sus nuevas apuestas de desarrollo, como por parte de los actores armados que continúan explorando nuevos combustibles y economías de guerra disímiles, pero a la par complementarias a los cultivos de coca. En este aspecto, los líderes sociales que se presentan como defensores del territorio terminan en medio de estos intereses estratégicos. De esta forma, no se encuentra evidencia para rechazar la hipótesis 2, al haber una relación positiva con la probabilidad de que el líder social asesinado pertenezca a las categorías de liderazgo cívico-comunitario e indígena.
En cuanto al asesinato de los liderazgos indígenas valdría tomar en consideración lo sostenido por Forero González et al. (2019), para quien el crimen es un fenómeno más asociado con el derecho a la libertad de expresión, elemento adecuado en la identificación de las luchas indígenas. Al respecto, podría señalarse que el líder indígena no es asesinado exclusivamente en virtud de contar con una relación positiva y significativa con la presencia en el territorio de industrias extractivas (petróleo y oro) pero sí, posiblemente, frente a lo que él denuncia o señala sobre las mismas ya bien en sus territorios o en otras geografías afectadas por el extractivismo. En lo que concierne a los cultivos de coca, se debe recordar que para el indígena esta planta adquiere una lectura y cosmovisión distinta a la dinámica del narcotráfico y, en este orden, el relacionamiento, como con la industria extractiva, no es directo ni significativo.
En este sentido, y metodológicamente, examinar una relación directa, positiva y significativa entre el tipo de liderazgo y las variables asociadas con las industrias extractivas hubiese requerido de una identificación aparte del líder como ambientalista, categorización no contemplada aquí, pero que revela una gravedad en el fenómeno de asesinato, tal como explicita el informe anual de Global Witness (2020), el cual denuncia a Colombia como el país con mayor número de asesinatos de ambientalistas a nivel mundial, mostrando su relación directa con la industria extractiva. Hay aquí un problema clasificatorio y de definición sobre cómo identificar a un líder social, lo cual ya se advertía en la primera parte de este artículo, pues no necesariamente es el quehacer de un líder indígena la causa asociada a las industrias extractivas.
Para finalizar, y retomando los descriptores trabajados en este artículo, se ha de recordar que el asesinato de líderes sociales indígenas aparece con un alto grado de impunidad así como con nula identificación de sus responsables. Esto deja entrever que el asesinato de líderes indígenas pareciera claro pero que en realidad requiere mayor atención y de la profundización de su análisis.
Conclusión
El objetivo de este artículo ha sido analizar el asesinato de líderes sociales a partir de la indagación desde diferentes variables socioeconómicas relacionadas con el conflicto armado, con el fin de identificar si existe un patrón sistemático en estos asesinatos. Según el modelo logit y frente a la pregunta central de cuáles serían las características predominantes que hacen que un líder social se encuentre en mayor probabilidad de ser asesinado, y a partir de los datos examinados, las estimaciones concluyen que ser hombre; vivir en Cauca, Antioquia, Putumayo, Norte de Santander, Nariño, Caquetá o Chocó; defender causas indígenas o campesinas, y ser miembro de una Junta de Acción Comunal, se constituyen como factores de vulnerabilidad que aumentan la probabilidad de ser asesinado por parte de disidencias de las FARC-EP o, en su defecto, por actores armados sin identificar.
En relación con la primera variable (sexo), la dinámica de la guerra parecería estar bajo una lógica de identificación y primacía del rol de lo masculino en la defensa de los territorios. Sin embargo, cuando el fenómeno es visto desde la perspectiva de otros liderazgos, ser mujer hace que sea dos veces más probable ser asesinado.
El cuanto a la ubicación geográfica no extraña en los resultados, pues son departamentos que históricamente han sido escenario de conflictividad armada. Pese a que el análisis de los datos fue posterior a la firma de un acuerdo de paz, lo que se muestra es el resultado de una paz imperfecta en donde quienes creyeron en el proceso (los líderes sociales) y vieron allí la posibilidad de ser diferentes -defender y potencializar los territorios; promover y dinamizar una mayor participación comunitaria-, ven los efectos de un reacomodo de las lógicas de la guerra. Es decir, una reagrupación de fuerzas con mando bajo o medio en la disputa y control de los territorios, lo que deja ver que el asesinato de líderes no es ajeno a dinámicas heredadas, evidenciando los efectos de un gobierno al que no le interesa defender el acuerdo de paz logrado. En otras palabras, se asiste a la polarización de enemigos internos en el nuevo ciclo de violencia sociopolítica, como lo señala Caro (2019).
Defender causas indígenas o campesinas y a la par ser miembro de una junta de acción comunal aumenta la vulnerabilidad para que quien sea líder en estas condiciones se convierta en objeto de ataque. El elemento identitario del liderazgo indígena revela en uno de nuestros modelos que, si las condiciones estructurales se ven afectadas -aumento en la pobreza, por ejemplo-, hay mayor probabilidad de que se sucedan homicidios en su contra, lo cual lleva a pensar que, tanto bajo lógicas de conflictividad armada, como en situaciones estructurales de la sociedad, se mantiene la deuda social, política y de reconocimiento, respeto y defensa de lo indígena.
Si bien el conflicto armado interno no se puede identificar como étnico, sí revela un ataque directo hacia lo que tenga que ver con ello, incluyendo los liderazgos afines a su causa; y por parte de la estatalidad, una desatención. Uno de los modelos revela que el asesinato de líderes sociales asociado con el perfil indígena deja elementos a la deriva, e incluso que ameritan mayor revisión y profundización; por ejemplo, su relación con las industrias extractivas y cultivos de hoja de coca a través de modelos mucho más ajustados y con información más completa. Los asesinatos han ido en aumento, es cierto, y a ello se suma que estos crímenes son los que reportan mayor impunidad y desconocimiento de los responsables en su comisión, pero no es menos cierto que quien ejerza este liderazgo muere o por un deficitario sistema de condiciones estructurales o por dinámicas asociadas a la conflictividad armada. En definitiva, se podría señalar una estigmatización de lo indígena.
Por último, y con respecto a los presuntos responsables, que el ejercicio de las acciones en contra de los liderazgos sociales sea cometido por disidencias de las FARC-EP o por actores sin identificar es indicio de que nos encontramos en medio de una construcción de paz donde los intereses estratégicos y económicos sobre los territorios siguen imponiéndose. Estos actores e intereses perpetúan por más tiempo lo que ha sido característico en el territorio a nivel nacional: una violencia armada exacerbada que revela por lo menos el asesinato de un líder en 28 de los 32 departamentos colombianos en el periodo examinado.
La mayoría de los presuntos responsables aparecen sin identificar. Esto plantea grandes retos para el gobierno colombiano en materia de investigación y aplicación de justicia en el marco del posacuerdo. Que se desconozca quiénes son los responsables del asesinato de líderes sociales se ha convertido en el argumento para que, desde el gobierno, se sostenga que son hechos aislados, que no tienen sistematicidad y que son resultado de la delincuencia común, lo que trae consigo su poca o nula atención. El interrogante sin resolver de quién está tras los hechos recuerda una “mano negra” que está conduciendo la eliminación sistemática y que por no estar identificada posibilita su continuo ejercicio, toda vez que al final no hay judicialización.
El resultado del modelo correlacional predictivo es preocupante teniendo en cuenta la existencia de un gobierno indiferente, ocupado más por su prestigio, imagen y favorecimiento, que por lo que sucede en las regiones del país. Un gobierno que poco tiene por ofrecer en términos de política pública para la defensa de líderes sociales. De nada sirve indicar en el Decreto 1745 de 1995 a quién proteger; o definir quién es un líder social en el Plan de acción oportuna de prevención y protección para los derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas -como se pudo constatar en la introducción de este artículo-, si en la práctica las cifras demuestran que ello es insuficiente.
El escaso trabajo entre el gobierno nacional y el local queda claro cuando se observa que el número mayor de asesinatos se encuentra identificado, en parte, mediante las características arriba mencionadas. Esto se sustenta en que el tipo de liderazgo categorizado como “Líderes cívicos-comunales” es el grupo en el que más han sucedido asesinatos, sobre todo de quienes han sido líderes o miembros de las Juntas de Acción Comunal, sobre lo cual tendrán que tenderse líneas de acción, ahora sí, urgentes.
Una limitación -quizá la más fuerte en esta investigación- aparece al categorizar el tipo de liderazgo, debido a las múltiples actividades que puede realizar un líder. Ello impide resultados concretos (y esto demuestra lo mencionado en la introducción cuando se aludía a la metodología) ya que pertenecer a una asociación, ser miembro de una Junta de Acción Comunal y, al mismo tiempo, campesino e indígena, no permite registrar ni hacer la lectura en términos cuantitativos frente a la característica específica y unívoca por la cual podría una persona ser más vulnerable de ser asesinada. De esta manera:
No se puede identificar de manera indefectible que exista una actividad particular de un líder social que indique que es esa la que mayor probabilidad tiene de inducir el asesinato.
Con esto se evidencia que de persistir el abandono o la indiferencia con que se ha tomado o continuado el proceso de posacuerdo, la violencia seguirá presente y en aumento, ahora a merced de los que se disputan el territorio antes ocupado por las FARC-EP.
Finalmente, se deduce que los mecanismos jurídicos e institucionales existentes son insuficientes e ineficaces en la protección de los líderes sociales independientemente de cuál sea su actividad, lo que invita a estudiarlos en mayor profundidad para plantear alternativas de solución que se reflejen en una política pública más cercana a la realidad del país. Ello representa una labor que indica seguir con el estudio, ya no para identificar patrones de líderes asesinados, sino para buscar soluciones apropiadas; su hallazgo iría en beneficio tanto de Colombia como de sus países vecinos, sobre todo cuando el conflicto armado interno no solamente afecta lo local sino impacta en la seguridad de las relaciones internacionales con la región.
