Introducción

El covid-19 ha significado una catástrofe sanitaria sin precedentes. La expansión masiva, gravedad y alta tasa de mortalidad en población de riesgo han sido características del coronavirus Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS-CoV-2), lo que ha expuesto a la población mundial a una pandemia cuyos efectos epidemiológicos son comparables a la influenza, que a principios del siglo XX contagió a un tercio de los habitantes del planeta y significó la muerte de entre veinte y cincuenta millones de personas (^{Lüthy et al., 2018}).

Cuando a finales de 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió diagnósticos de un tipo desconocido de neumonía en la ciudad de Wuhan, China, nadie esperaba que la enfermedad llegara a cada territorio del planeta. Ante la incertidumbre por su origen y los primeros resultados de investigación respecto a patrones de contagio y mortalidad, rápidamente se hicieron más severas las medidas de contención hasta que, inevitablemente, traspasaron las fronteras asiáticas. Para inicios de marzo de 2020 ya había muertes por este coronavirus en países como Estados Unidos, España e Italia, lo cual puso de manifiesto el peligro potencial del brote y su capacidad para constituirse en el desencadenante de un colapso sanitario, económico y social en todo el mundo.

Entre las medidas sanitarias, el confinamiento prolongado y la desaceleración de la dinámica social se posicionaron como políticas básicas de gestión, lo cual repercutió sobre la vida social, la interacción y el turismo en las ciudades (^{Swinford et al., 2020}). En poco tiempo obligó a restringir los flujos migratorios entre países, a controlar el comercio internacional y a tratar de contener la progresiva caída que mostraban las bolsas, el mercado laboral y las transacciones comerciales.

Los efectos colaterales del virus han ocasionado la contracción de la producción, desempleo masivo, desplome de sistemas financieros y, en general, una crisis económica mundial comparable con la crisis subprime de 2008 (^{Martínez & Medina, 2020}). La ausencia de vacunas y medidas terapéuticas efectivas al inicio de la pandemia implicó una vigilancia epidemiológica a nivel global y el control de los desplazamientos de la población para contener la expansión de la covid-19.

En este contexto emergieron medidas como el teletrabajo, la reducción de jornada y salarios, e incluso despidos masivos, en perjuicio principalmente de la población más vulnerable en razón de género, raza o edad (^{Gutiérrez et al., 2020}; ^{Kurtzleben, 2020}; ^{Morrow-Howell et al., 2020}). Una situación cuyos impactos se agravan en contextos como el latinoamericano (^{Filgueira et al., 2020}), donde la jibarización de los Estados, el empobrecimiento de los servicios sociales y la debilidad estructural para responder a las emergencias, dificultaron la capacidad de los gobiernos para abordar oportuna y eficientemente el desafío de contener la epidemia, estabilizar la economía y mitigar los costos sociales de la crisis (^{Santos, 2020}); consecuencias que se vuelven palpables sobre todo entre los grupos de riesgo como el de las personas mayores.

Repercusiones de la crisis covid-19 sobre personas mayores

La situación de las personas mayores es una preocupación social e institucional que ha crecido en las últimas décadas (^{OMS, 2015}). Diversos estudios han expuesto la precarización afectiva, económica, relacional y de salud que aparece en esta etapa de la vida (^{Gómez, 2019}; ^{Martínez-Sanguinetti et al., 2019}; ^{Rubio, 2019}). Al progresivo deterioro físico y cognitivo se añade la pauperización de los ingresos, el empobrecimiento de las redes de soporte, el advenimiento de la soledad y la forzada prolongación en el mercado laboral, en especial en contextos de Estados jibarizados y de rol subsidiario (^{Dulcey, 2017}; ^{OECD, 2017}; ^{Durán & Kremerman, 2018}; ^{Huenchuan, 2020}; ^{Leiva et al., 2020}; ^{Morales, 2021}). Todo ello deriva en una fuerte reducción de la calidad de vida de las personas mayores, lo cual se agudiza en contextos de crisis económica, social o sanitaria, como en el reciente escenario de pandemia.

El estudio del envejecimiento aborda aspectos biológicos, epidemiológicos, familiares y económicos, puesto que llegar a la tercera o cuarta edad no es solo cuestión de vivir, sino de hacerlo dignamente (^{Dorantes et al., 2007}; ^{Guerrero & Yépez-Ch, 2015}). Por esto, en los últimos treinta años han surgido iniciativas que buscan replantear la cuestión del envejecimiento con sus características y necesidades; son movimientos sociales y académicos preocupados por dignificar esta etapa natural en la vida (^{Pérez, 2016}; ^{Robledo & Orejuela, 2021}).

Uno de los principales objetivos de los nuevos programas ha sido expandir el foco de las políticas para adultos/as mayores, integrando a la concepción de bienestar aspectos más blandos como la autoestima, el sentido de pertenencia y las oportunidades de desarrollo que perciben las personas mayores en su comunidad y/o sociedad (^{Vargas et al., 2013}; ^{Rivera-Márquez et al., 2014}). En efecto, los hallazgos de investigación muestran que, aparte de la calidad del ambiente familiar y la disponibilidad de recursos económicos, el bienestar subjetivo de las personas mayores impacta sobre su estado de ánimo, autoestima y satisfacción con la vida (^{Jiménez, 2011}; ^{Dulcey, 2017}).

A la otrora hegemónica descripción desde el lenguaje de la carencia, donde la vejez implica escasez de apoyo, recursos, integración y fuerza (^{Sánchez et al., 2019}), se adicionan categorías analíticas desde perspectivas más integrales (^{Morejón, 2019}). La vejez se ha transformando en un fenómeno que mezcla categorías epidemiológicas, sociológicas, económicas y hasta psicológicas para responder a la pregunta sobre cómo se encuentran las personas mayores, cuestionamiento que con la abrupta expansión de la crisis sanitaria por covid-19 vuelve a requerir estudios y evidencia.

Aun cuando las medidas de cuarentena total y semiparcial, junto con la restricción de las relaciones sociales, ayudaron a frenar la expansión del virus y evitar un colapso mayor (^{MINSAL, 2020}), la paralización de actividades dejó sentir de forma progresiva sus efectos negativos sobre la ciudadanía, más aún entre los grupos vulnerables. La falta de ingresos, la precarización laboral y la ausencia de un Estado capaz de asegurar mínimos de bienestar con equidad y oportunamente, forzaron a las familias a adoptar medidas cada vez más austeras para sobrellevar la crisis.

Deprivaciones y limitaciones que para una proporción significativa de personas mayores se tradujo en el empeoramiento de sus carencias (^{Ortega, 2018}; ^{Riveros et al., 2017}). Por ejemplo, es sencillo prever que su inseguridad monetaria y alimentaria crecerá, por cuanto el acceso a salud, medicamentos y alimentos está condicionado por los recursos económicos, una situación compleja donde los sistemas previsionales están lejos de cumplir con pensiones dignas (^{Vaca-Bermejo et al., 2015}; ^{Durán & Kremerman, 2018}).

En contexto de crisis sanitaria, la insuficiencia de ingresos ha presionado para la implementación de estrategias económicas familiares de emergencia que compensen la pérdida de presupuesto por el aumento del desempleo. Las familias deben restringir su consumo y gastos, adquirir más deudas, desprenderse de sus ahorros y vender algunos bienes. Si bien esto es en lo inmediato un paliativo, se vuelve insostenible a largo plazo, e implica empobrecimiento del hogar, pues desprenderse de activos deriva en pauperización y obstaculiza una recuperación económica pospandemia. Todo esto pone de relieve la precariedad de un sistema de seguridad social incapaz de garantizar a todos/as una vida digna.

Así, en este escenario de vulnerabilidad acentuada por la crisis sanitaria, con datos aportados por la Encuesta Social Covid-19 (^{ESC-19, 2020}), esta investigación explora y analiza la situación socioeconómica de hogares chilenos con algún integrante de 65 o más años durante la pandemia, con objeto de develar la situación de sus ingresos y las estrategias de emergencia tomadas para enfrentar la crisis sanitaria y económica.

Metodología

Resultados

Debido a la situación sanitaria de los últimos meses por la covid-19, la población ha experimentado diferentes desequilibrios económicos en el flujo de ingresos familiares (Tabla 2). De acuerdo con la ^{ESC-19 (2020),} el 54.7% de los hogares con personas mayores reporta una disminución en sus ingresos del último mes. En igual sentido, la percepción de insuficiencia de ingresos en este grupo de hogares alcanza un 47.8%. Proporciones por debajo de lo informado en hogares que no incluyen este tipo de integrante, cuyas diferencias están entre -8.3 y -1.6 puntos porcentuales, respectivamente.

Respecto de los atributos que condicionan la disminución de ingresos en las familias con presencia de personas mayores, a excepción del sexo del jefe de hogar [χ^²= 4.564; p < 0.05], no se encontraron diferencias estadísticamente significativas según zona de residencia [χ^²= 1.190; p>0.05], quintil de ingresos [χ^²= .078; p>0.05] o nivel educativo del jefe de hogar [χ^²= .0896; p>0.05].

La acentuada reducción de ingresos con ocasión de la crisis por covid-19, aunque generalizada y con relativa independencia del tipo de hogar, no expone a todas las familias a igual situación de vulnerabilidad. La percepción de insuficiencia de ingresos para solventar los gastos corrientes del grupo varía significativamente en razón del quintil de ingresos [χ^²= 90.298; p<0.00], el sexo [χ^²= 4.193; p<0.05] y el capital educativo [χ^²= 91.015; p<0.00] del jefe de hogar. Es así como 47.8% de los hogares con presencia de personas mayores reporta que los ingresos disponibles posteriores al inicio de la pandemia resultan insuficientes; inestabilidad que se acentúa en hogares con jefatura femenina (56.0%), bajos niveles educativos (56.8%) y pertenecientes al 20% más pobre de la población (61.2%).

La disminución de los ingresos autónomos del hogar ha derivado en lo inmediato en la implementación de estrategias para reducir gastos y generar ingresos complementarios. Entre las unidades que registran presencia de personas mayores, el impacto más notorio se observa en la contracción de los gastos en alimentación (53.3%), hecho que es acompañado, aunque con menor intensidad, por la limitación del consumo de servicios básicos (40.4%), como electricidad, calefacción y conexión a Internet. Asimismo, 1 de cada 5 hogares (20.5%) de la muestra ha dejado de pagar deudas y cerca de un tercio (31.8%) indica haber reducido sus gastos en salud, postergando consultas médicas, exámenes y compra de medicamentos.

Estas medidas para aminorar gastos en hogares con presencia de personas mayores son complementadas con estrategias económicas para producir ingresos, sobre todo vinculadas con la reducción de activos (49.3%) y la adquisición de deudas (34.2%). Al interior de estas categorías, destacan mayoritariamente el gasto de ahorros (51.1%), uso del crédito (22.4%) y realizar actividades que signifiquen ingresos adicionales (16.1%). El uso de estas medidas es tan extendido que casi no hay diferencias al segmentar por características del hogar sin importar el tamaño del grupo, la zona de residencia del quintil socioeconómico o la situación laboral, nivel educativo o género del jefe/a de hogar (Tabla 4).

Sin embargo, el resto de medidas para recaudar ingresos sí muestra diferencias de acuerdo con los atributos del grupo familiar (Tabla 4), en especial las referidas al préstamo formal (E3) e informal (E4) y las actividades adicionales (E7). De este modo, cuando la jefatura de hogar es femenina, se incrementa la solicitud de préstamos informales a familiares, amigos, vecinos o conocidos (25.2%) en comparación con la jefatura del hogar masculina. El tamaño del hogar también muestra discrepancias: contar con más de 4 integrantes aumenta la realización de actividades adicionales (24.7%) respecto de las familias con menos de ese número de integrantes.

Por su parte, los quintiles socioeconómicos extremos muestran alta heterogeneidad en el uso de estrategias económicas cuando la unidad familiar registra presencia de adultos mayores. Quienes pertenecen al primer quintil se ven más presionados para la venta de bienes (11.3%), uso de ahorros (53.4%), préstamos informales (30.0%) y realización de actividades adicionales (21.3%), mientras que las personas de nivel socioeconómico más elevado reportan mayor inclinación a solicitar créditos formales (12.8%) y el uso de tarjetas de crédito (13.7%).

Si bien el impacto económico de la emergencia sanitaria se reduce cuando hay más de un proveedor en el hogar, igualmente se observa una fuerte precarización cuando el jefe de hogar ha perdido su empleo. En estos casos se advierte una mayor tendencia a vender bienes (13.7%), usar ahorros disponibles (68.9%), solicitar préstamos a familiares o amigos/as (26.9%) o desarrollar actividades complementarias (21.3%). Por su parte, el nivel educativo del jefe de hogar registra una incidencia más homogénea en las iniciativas para la generación de ingresos.

Las acciones económicas familiares para enfrentar la crisis se complementan con la reducción de gastos. Un significativo contingente de familias con personas mayores reporta haberlos reducido en alimentación (50.5%), salud (31.7%) y calefacción (27.4%), además de renegociar o dejar de cancelar deudas (21.4%).

Como era de esperar, la más significativa vulnerabilidad se observa en familias de mayor tamaño, en las que el jefe de hogar ha perdido su empleo y en las que son parte del primer quintil de ingresos, acentuándose las brechas en lo que se refiere a reducción por concepto de alimentación, pago de servicios básicos y calefacción.

Discusión

La crisis socioeconómica y sanitaria a causa del SARS-CoV-2 en Chile tensionó diversos aspectos de la vida social, en particular los relativos al trabajo, los ingresos y los gastos familiares, aunque la incidencia, mortalidad y velocidad de expansión de la pandemia ha sido heterogénea y ha afectado diferencialmente a territorios y grupos de personas (^{Espin et al., 2020}). La preocupación por la salud y bienestar se constituyó en una medida global, intensificando el confinamiento social y el aislamiento, lo cual afectó al mercado laboral, y a la disponibilidad de empleos y asequibilidad de servicios básicos.

Como se expuso en los resultados, la disminución e insuficiencia de ingresos se masificaron entre la población y, aunque relativamente lo fue menos en hogares con presencia de personas mayores, la precariedad de las familias chilenas quedó demostrada, sobre todo las que se sitúan en el umbral de la pobreza (^{OIT, 2019}). Las actividades económicas decayeron abruptamente, lo que redujo la captación de ingresos por la reducción de salarios y el despido y/o desafiliación de beneficios vinculados al contrato laboral, una inestabilidad que se proyectó por varios meses (^{CEPAL, 2020a}).

Dada la fragilidad del sistema de seguridad social chileno que se fundamenta en un modelo de satisfacción de necesidades dependiente del mercado, la aparición de crisis económicas globales o sanitarias impactan con mayor intensidad que en otros contextos en los que el Estado juega un rol más protagónico (^{Buteler, 2020}). En Chile, los servicios sociales asociados a derechos están privatizados, por lo que su provisión, acceso, calidad y asequibilidad dependen de los ingresos del hogar, lo que expone a importantes sectores poblacionales a una situación de vulnerabilidad, la cual se profundizó con la crisis sanitaria.

Particular atención merece el caso de las personas mayores, cuya situación económica se agrava en contextos de crisis. En efecto, dadas las paupérrimas pensiones que reciben del sistema privado de capitalización individual debido a las bajas tasas de remplazo, que en Chile alcanzan el 64.3% de las remuneraciones a nivel general y un 49.9% entre mujeres (^{Paredes, 2014}), las personas mayores deben prolongar su vínculo con el mercado del trabajo y/o hacerse dependientes de las remesas y ayudas económicas de sus familiares cercanos para complementar sus ingresos. Así, contingencias como el confinamiento y la contracción del mercado del trabajo a raíz de la pandemia restringen sus usuales estrategias y mecanismos para proveerse ingresos, directos o como transferencias de terceros.

Esta debilidad para solventar necesidades es inquietante, más aún si añadimos el frágil estado de salud de las personas mayores, que las convierte en grupo de alto riesgo ante el contagio por el covid-19: su situación de inmunosenescencia y pobre reserva funcional (^{Medeiros et al., 2022}) las vuelve sumamente dependientes de medicamentos y suplementos alimenticios (^{Huenchuan, 2020}), gastos que además de constantes y significativos, deben solventar por sí mismas. Esta carencia de recursos repercute en su bienestar psicológico, ya que sus presupuestos son cada vez más estrechos y deben afrontar la incertidumbre debida a la contingencia sanitaria. Los niveles de ansiedad y preocupación crecieron notoriamente durante los meses de pandemia y, si bien son fenómenos que han llegado a ser parte de la vida social contemporánea (^{Han, 2017}), en personas mayores agudizan el sentimiento de pesimismo y la insatisfacción con la vida por su perfil de riesgo sanitario (^{Callís et al., 2021}; ^{Morrow-Howell et al., 2020}; ^{Pérez, 2020}; ^{Wang et al., 2020}).

Si bien un componente significativo del ingreso económico de las personas mayores proviene de pensiones laborales y transferencias estatales, situación que les otorga relativa estabilidad, estas rentas se ven impactadas por el encarecimiento del coste de vida y devaluación del dinero a causa de la crisis sanitaria. Es así como, aunque menos intensa que en otro tipo de familias, la reducción de presupuesto es reportada por 1 de cada 2 familias con personas mayores (54.7%), situación que agudiza la precariedad de los hogares más pobres, de jefatura femenina y escaso capital educativo. El mercado laboral castiga las bajas cualificaciones y limitado nivel educativo de los proveedores de ingresos, sobre todo en periodos de crisis, proyectando esta precariedad hacia el resto de las dimensiones de la vida social (^{Meza, 2018}; ^{Cerda et al., 2020}).

Aunque la calidad de vida de las personas mayores previo a la pandemia ya se consideraba precaria económica y socialmente (^{Beytía, 2012}; ^{Huenchuan, 2020}), tanto por su notable reducción en la capacidad de allegarse ingresos como por sus débiles redes de soporte (^{Ruiz-Tagle, 2011}; ^{Apablaza & Vega, 2019}), con la restricción de algunos servicios sociales y médicos, el confinamiento en casa por cuarentena preventiva y el alza en el costo de vida, el deterioro en sus condiciones de vida se acrecentó.

La insuficiencia de ingresos amplificada por la pandemia ha derivado en estrategias y acciones familiares para la disminución de gastos o generación de ingresos. En concreto, las categorías de gasto que más se redujeron refieren a alimentación, servicios básicos y prestaciones de salud, lo que permite suponer una precariedad latente y a largo plazo de las familias, especialmente cuando tienen personas mayores entre sus integrantes. Por ejemplo, 1 de cada 2 (53.3%) de estas familias se vio forzada a recortar gastos en alimentación, lo cual adviene no tan solo en consumir menos calorías de las necesarias, sino que significa reducir la variedad de la dieta, posponer el consumo de alimentos frescos y priorizar los hiperprocesados, que suelen ser más asequibles, pero con más altos niveles de grasa, sodio y azúcar (^{Morrow-Howell et al., 2020}). Si a esto añadimos el sedentarismo y comorbilidad de las personas mayores, estamos ante un problema que trasciende la individualidad y se instala como materia urgente de política de salud pública para el mediano y largo plazo (^{Tafur et al., 2018}).

En cuanto a racionar gastos en servicios básicos o dejar de pagarlos, preocupan los problemas de higiene, comunicación y calefacción que sobrevienen por ello. Estas limitaciones en el consumo de agua, luz, telefonía, gas o leña, que alcanza al 40.4% de los hogares con personas mayores, les permite liberar recursos para otras necesidades, pero también supone el riesgo de empobrecer las condiciones de vida y bienestar.

Por el riesgo de contagio del SARS-CoV-2 es importante vivir en un lugar equipado con tales servicios; disponer de un hogar temperado, lavarse las manos continuamente y mantenerse comunicado, son factores que benefician la salud, y menguan el deterioro psicológico del prolongado aislamiento social preventivo. En efecto, si el distanciamiento social constituye una medida eficaz para contener los contagios y proteger a grupos vulnerables como las personas mayores, acarrea también alteración en las dinámicas sociales y familiares, repercutiendo en el bienestar subjetivo, lo cual se manifiesta como cuadros de estrés, ansiedad y depresión (^{González-Soto et al., 2021}; ^{Naranjo-Hernández et al., 2021}).

Debido a la emergencia sanitaria, las personas dejaron de asistir a los servicios de salud por temor al contagio, al mismo tiempo que estas instituciones debieron posponer consultas médicas, tratamientos y operaciones para dar prioridad al testeo, contención y cuidado de personas contagiadas por covid-19. Esto, unido a la reducción de gastos de salud evidenciada en la Tabla 3, configura un árido escenario de vulnerabilidad para las personas mayores, más aún si pertenecen a sectores de bajos recursos.

Como en Chile la salud está fuertemente privatizada y los servicios públicos se encuentran pauperizados y colapsados, la atención enfrenta serias limitaciones de calidad, oportunidad y asequibilidad (^{Goyenechea, 2019}). En efecto, tal atención tiende a ser calificada como lenta y poco satisfactoria, en contraposición al sistema privado, aunque por sus costos este sea inalcanzable para muchas familias (^{CEPAL, 2020b}). Los medicamentos, por otra parte, exhiben sobreprecio y hay colusiones en la industria farmacéutica, la cual opera desreguladamente. Estas problemáticas han aumentado con la crisis sanitaria, como expresión de un Estado jibarizado, parcialmente desafectado de la protección de sus ciudadanos/as, que en su rol subsidiario deriva la provisión y satisfacción de necesidades a la relación entre el mercado y los consumidores (^{Artaza & Méndez, 2020}).

Por otro lado, la necesidad de ingresos lleva a los hogares a buscar nuevas formas de completar su presupuesto. Los resultados de la ^{ESC-19 (2020)} reportan que alrededor de 1 de cada 2 hogares con personas mayores (49.3%) tuvieron que reducir activos, y que 1 de cada 3 (34.2%) adquirió deudas, estrategias que, no obstante producir alivio económico, en el mediano plazo provocan la pobreza en la unidad familiar. La pandemia y la crisis económica que causó forzaron a las familias a desprenderse de bienes y ahorros, descapitalización que al dedicarse al gasto corriente significa pérdida y disminución de un patrimonio que costó mucho tiempo reunir (^{de la Fuente Lavín, 2020}).

Lo mismo pasa con la adquisición de deudas por préstamos o uso del crédito, lo cual aumenta el ya preocupante sobrendeudamiento en la población, e hipoteca las rentas y estabilidad financiera del grupo familiar (^{Clunes, 2020}). En términos generales, es preocupante la realidad socioeconómica de las personas mayores en Chile (^{OECD, 2015}), dependientes muchas veces del resto y del acceso al crédito, alternativa que ha crecido propiciada incluso por las instituciones encargadas de las leyes y beneficios para ese sector de población (^{SBIF, 2015}).

La deuda contraída por los hogares chilenos, en específico la de aquellos con presencia de personas mayores, ya era una situación de riesgo previo a la crisis, por lo que, lejos de ser un fenómeno coyuntural, se trata de una tendencia para solventar el consumo y gasto corriente. No solo una alta proporción del ingreso familiar se usa para devengar deuda, agravando aún más la fragilidad económica, sino que esta deuda ha adquirido una proporción crítica del ingreso disponible, complicando al hogar por una posible insolvencia, lo cual se intensifica en momentos de crisis como la pandemia, más aún si recordamos que las personas mayores ya constituían un segmento vulnerable debido a sus escasos niveles de inclusión y alfabetización financiera, así como por sus altos índices de endeudamiento, sobre todo en la industria del comercio minorista, sector que grava con mayor tasa de interés sus créditos de consumo (^{García et al., 2013}; ^{Lusardi & Mitchell, 2014}; ^{Denegri et al., 2018}).

Conclusiones

La Encuesta Social Covid-19 aporta información relevante sobre la situación socioeconómica de la ciudadanía durante los primeros años de crisis sanitaria por covid-19. Si bien la población en su totalidad se vio expuesta a la reducción de sus recursos financieros, los hogares con presencia de personas mayores concitan mayor interés por los atributos individuales y sociales que hacen de estas un grupo en especial vulnerable.

Aunque menos acentuada que en otro tipo de hogares, la pandemia ocasionó una profunda disminución en los ingresos disponibles entre familias con personas mayores. Esta situación empeoró la ya deteriorada suficiencia económica y calidad de vida de estos grupos, los cuales se vieron obligados a implementar estrategias económicas para gestionar el menguado presupuesto familiar.

Los hogares con personas mayores debieron restringir sus gastos en alimentación, servicios básicos y prestaciones de salud y medicamentos, lo cual, si bien alivia las finanzas familiares, en la mayoría de los casos es un paliativo momentáneo que pierde eficacia rápidamente. Estas deprivaciones ponen en riesgo las condiciones básicas de vida entre personas mayores, por cuanto una alimentación deficiente, la morosidad de servicios básicos, los eventuales cortes de suministro y la acumulación de deudas, incrementan su vulnerabilidad.

En el contexto actual, las familias enfrentan una seria disyunción entre gestionar un presupuesto restringido y alcanzar adecuadas condiciones de calidad de vida, problemática que ha escalado con la pandemia y pronostica un árido bienestar para los sectores pobres a mediano y largo plazo. Por esto, el control de las tasas de morbilidad y mortalidad por SARS-CoV-2 no es suficiente para mejorar su vulnerabilidad, puesto que también se requerirán apoyos institucionales y de política pública para sostenerles en tanto algún miembro de la familia se reinserta al mercado laboral, junto a incentivos comerciales y/o económicos que reactiven el ciclo económico y se produzcan bolsas de empleo. Una situación relevante al reparar en la fragilidad y dependencia económica de las personas mayores.

En cuanto a las acciones para generar ingresos, se repite el uso de ahorros, la reducción de bienes y la adquisición de deudas, sea por créditos formales o informales. Todo esto constituye una pérdida de patrimonio y descapitalización de la unidad familiar difícil de recuperar, ya que implica desprenderse de bienes que costaron años de esfuerzo mancomunado. Y conlleva elevar el nivel de endeudamiento que condiciona el bienestar e hipoteca las rentas futuras y que, al volverse insostenible, pauperiza la calidad de vida familiar.

La situación socioeconómica de las familias chilenas durante la pandemia es alarmante, y dadas las características sociales y de clase en Chile, es en realidad la prolongación de brechas preexistentes. El análisis de la ESC-19 es un reflejo de la histórica segmentación social del país, acentuada por la pandemia y sus impactos laborales, económicos y sanitarios sobre los hogares, en particular cuando declaran la presencia de personas mayores.

La crisis sanitaria expuso la debilidad de un modelo estatal ajeno a la responsabilidad económica y social de brindar a sus ciudadanos una vida digna, a la vez que pone en relieve la necesidad de estructurar una política de seguridad social integral que efectivamente considere a todos y todas. El bajo monto de las pensiones que proporciona el sistema de administración privada condena a las personas mayores a la pobreza y vulnerabilidad, situación que las obliga a prolongar su permanencia en el mercado de trabajo. Por ello, contingencias como la covid-19 les resulta perjudicial tanto por su perfil de riesgo inmunológico debido a su avanzada edad, como porque el desempleo masivo mengua sus ingresos disponibles.

En este sentido, la política pública debe plantear acciones inmediatas y cambios estructurales. En primer lugar, incrementando el tipo y monto de los subsidios económicos disponibles para hacer frente a la contingencia sanitaria y suplir la pérdida de ingresos, en específico los dirigidos a personas mayores y/o sus hogares. Segundo, llevar a cabo una reforma del modo en que se gestiona la seguridad social en Chile, sobre todo la de carácter previsional, cambiando la lógica del ahorro individual por la de corresponsabilidad entre el Estado, el empleador y el trabajador, que establezca una tasa de remplazo capaz de garantizar una digna calidad de vida, incluso en momentos de crisis como el que produjo la pandemia del covid-19.