El Estado y los derechos humanos… es un extenso trabajo de investigación empírica y documental, en el que los autores debaten acerca de las condiciones políticas y económicas que inciden en forjar un determinado tipo de acuerdo estatal en los países de estudio que a la postre sirve de sustrato fértil o infértil para el ejercicio de los derechos humanos. Esta obra, que gira en torno a estudios de caso para tres países en América Latina: México, Uruguay y Ecuador, se distingue por su solidez metodológica que parte del supuesto de que a mayor institucionalización mayor disfrute de derechos humanos. Los autores consideran, además, las condiciones y mecanismos para cada país en particular mediante entrevistas, grupos de enfoque y selección temporal, de acuerdo con eventos relevantes que han marcado la historia de los derechos humanos en cada una de esas naciones.

¿Qué hace que la promesa de los derechos humanos se pueda cumplir? Es una interrogante presente a lo largo de la obra, y que permite emprender una revisión exhaustiva resuelta en la siguiente estructura. En primer lugar, los autores establecen tres categorías analíticas que sirven de eje para los demás capítulos: el acuerdo estatal, la institucionalización, y el ejercicio de derechos. El acuerdo estatal se entiende como “los principales acuerdos entre los actores dominantes acerca del papel que deben jugar las instituciones y las prácticas formales e informales que deben predominar […]” (p. 11). La institucionalización se refiere al desarrollo institucional y las disposiciones normativas en consonancia con los derechos humanos, que, para efectos de esta obra, implica la incorporación de narrativas en la estructura estatal; mientras que el ejercicio de derechos remite a su goce y disfrute.

La propuesta analítica de Ansolabehere, Valdés-Ugalde y Vázquez consiste en posicionar el acuerdo estatal en el nivel macro, la institucionalización en el nivel medio y el disfrute de derechos en el micro, lo cual sirve para conformar la discusión sobre cómo se interrelacionan los acuerdos estatales con los arreglos institucionales para el posicionamiento de reglas y pautas político-sociales, y sus consecuencias para el ejercicio de los derechos humanos.

Del capítulo segundo al cuarto del libro se desarrollan los casos de estudio. Respecto a México, el hito, se sostiene, serán las elecciones federales de 1988, cuyo escenario dio pie a la lucha por los derechos políticos y civiles, con lo que estuvo vinculada en un principio la institucionalización de los derechos humanos en este país. En tal sentido, la lucha se hacía en pro de la democratización y de la transición política. La discusión escala cuando se suman otros elementos a la ecuación. Así sucedió con la presión internacional, la cual dio cabida a la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1990 y la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en 1998; y de las demandas del movimiento indígena con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, que sentaron las bases para el reclamo de los derechos colectivos.

En un amplio y sólido recorrido por los principales eventos y procesos políticos que vivió México, el núcleo del debate se traslada al sexenio de Felipe Calderón durante el periodo 2006-2012, debido a que entonces se concreta la reforma constitucional de 2011, una de las más significativas en materia de derechos humanos. Los autores critican, por un lado, que uno de los temas clave de este sexenio fueron la seguridad y la justicia, con múltiples consecuencias sociales y amenazas a los derechos humanos; por otro, el empate entre políticas públicas de seguridad y los derechos humanos, en la medida en que, según señalan, existían fuertes contradicciones entre el avance normativo y de institucionalización y las políticas de seguridad, así como la dificultad para trasladar a la práctica el ejercicio de derechos.

Para el caso de Uruguay, ciertamente, el estudio de los derechos humanos obedece a una mirada por completo distinta, debido a que sus indicadores en diversos tipos de derechos son muy altos en comparación con el resto de América Latina, y de que es un país que proviene de la dictadura militar, un particular contexto político-social. Lo anterior da al lector algunas pautas para comprender la dimensión de los derechos humanos desde otro ángulo. El análisis que nos ofrecen los autores parte de dos acuerdos estatales: el neoliberal y el posneoliberal.

En cuanto al acuerdo neoliberal, es preciso entenderlo tomando como punto de partida los antecedentes históricos del país, de modo que la discusión se vuelca en gran medida en torno a los derechos de verdad y de justicia de las víctimas de la dictadura. En cambio, el acuerdo posneoliberal, desde 2005, contempló en su eje la noción de desarrollo y el vínculo entre Estado y economía, para lo cual se impulsó el desarrollo social y la política distributiva característicos de los gobiernos de izquierda. Esto coloca al lector en la discusión sobre cómo en Uruguay la institucionalización fue tardía, aunque no necesariamente había ausencia de goce de derechos. Es decir, se superponen variables como el acuerdo estatal y los indicadores de desarrollo social para explicar este ejercicio de derechos.

En relación con Ecuador, los autores ligan, como en los casos de México y Uruguay, el proceso de institucionalización de derechos humanos al tipo de acuerdo estatal del país y a su devenir histórico específico. Los antecedentes que se nos propone son las reformas estructurales del Estado, la fuerte inestabilidad política -y, en consecuencia, del acuerdo estatal-, las políticas neoliberales, los conflictos políticos y, finalmente, la llegada de Rafael Correa a la presidencia ecuatoriana en 2007.

Los eventos y procesos mencionados ayudan a entender cómo se insertaban temas y otros procesos políticos y sociales en la agenda de derechos humanos, por ejemplo, el movimiento indígena. Ecuador, en este sentido, responde a una dinámica en la que su discurso de derechos humanos jamás fue dominante; sin embargo, el proceso constituyente de 2008 arrojó un amplio catálogo de derechos y adopción de estándares internacionales, que se convirtieron en bases importantes para la institucionalización de derechos humanos en este país.

En el apartado final, Ansolabehere, Valdés-Ugalde y Vázquez ofrecen algunas conclusiones y consideraciones en las que retoman los aspectos más destacables de los casos de estudio apoyándose en las categorías analíticas presentes en el texto, mismas que sirven como elementos de comparación y de reflexión sobre cómo cada país experimentó procesos diferentes, de modo que derivaron en acuerdos estatales y procesos de institucionalización distintos que permiten entender y responder a la pregunta inicial de los autores: ¿qué hace que la promesa de los derechos humanos se pueda cumplir?

Sin embargo, otros horizontes de investigación quedan abiertos, por ejemplo, considerar, para cada caso analizado, los procesos sociales y políticos que alimentan una particular cultura cívica en cada sociedad, en escenarios diversos mediados por dimensiones como la desafección democrática o las violencias, y que pueden tener efectos bilaterales sobre los procesos de institucionalización de derechos humanos, así como su propio ejercicio. En este sentido, conviene pensar en qué factores se asocian positiva o negativamente con el ejercicio de derechos humanos y su garantía desde las instituciones y autoridades estatales, pero también pensar, más que en el consenso para lograr una agenda institucional de derechos humanos, en los conflictos que producen las realidades sociopolíticas de cada sociedad.

En suma, El Estado y los derechos humanos… significa una importante contribución a la discusión sobre la integración de los derechos humanos a la agenda pública. Y representa un esfuerzo por incorporar algunas categorías que sirven como ejes analíticos para comprender los procesos políticos y sociales, el papel de actores importantes como el poder legislativo y el poder judicial, así como de la sociedad civil, y cómo se conjugan para explicar la vida social y el ejercicio de los derechos humanos, atravesados en todo momento por el Estado.