Introducción

El fundamento de un sistema democrático radica en la activa participación de la ciudadanía en los asuntos públicos de su comunidad. La legitimidad inherente a la democracia se encuentra estrechamente vinculada a la implicación de los ciudadanos en el proceso político (^{Somuano, 2005}). Al dirigir nuestra atención específicamente hacia la esfera electoral, donde la participación se manifiesta principalmente a través del acto de votar, es imperativo reconocer que este tipo de involucramiento no solo facilita la representación ciudadana, sino que también se traduce de manera directa en la formulación de políticas públicas que responden a las necesidades concretas de la población (^{Miguélez, 2014}). La baja participación electoral conlleva riesgos significativos para la sostenibilidad y el fortalecimiento de la democracia, así como para su consolidación (^{Cruz, 2003}; ^{Nohlen, 2004}; ^{Shenga & Pereira, 2019}). Por lo tanto, es imperativo identificar y evaluar el impacto de los diversos factores asociados a la participación electoral, dado el papel fundamental que desempeña en la salud y la robustez de las instituciones democráticas.

Aunque es innegable que los modelos tradicionales del comportamiento electoral han sido la piedra angular de las investigaciones durante décadas, en ciertos contextos resulta imperativo considerar una gama más amplia de variables que inciden de manera significativa en las inclinaciones de los ciudadanos al ejercer su derecho al voto. Este escenario se manifiesta especialmente en situaciones donde diversos actores recurren a la violencia directa (^{Galtung, 2004}), ya sea de índole política o criminal. En tales circunstancias, la presencia de este factor añade una complejidad adicional al análisis del comportamiento electoral, exigiendo una comprensión más profunda de las dinámicas que influyen en las decisiones de los ciudadanos en las urnas. En este orden de ideas, “la influencia de actores armados al margen de la ley en el marco del proceso electoral introduce un nuevo factor a la hora de examinar el comportamiento electoral del ciudadano” (^{Valencia & Sanín, 2018, p. 92}).

En términos generales, las repercusiones tangibles de la violencia en la calidad de vida, sumadas al manejo estratégico que hacen de este tema tanto políticos como medios de comunicación, confieren a la (in)seguridad un carácter relevante que puede influir en las decisiones electorales de los ciudadanos (^{Ley, 2017}). Tal y como afirman ^{Infante & Medellín (2017, p. 205)}, “los contextos en que se mueven los procesos electorales pueden afectar de manera directa al resultado, porque los electores pueden verse afectados por las diferentes circunstancias en el camino”. En este contexto, la presencia de violencia engendra desconfianza institucional, lo que podría disminuir la percepción de los ciudadanos sobre la eficacia gubernamental (^{Díaz, 2016}), llevándolos a recluirse en la esfera privada y a desinteresarse de los asuntos públicos.

Esto puede tener repercusiones aún más significativas en el ámbito local por dos razones fundamentales. En primer lugar, las elecciones locales suelen experimentar niveles de participación más bajos en comparación con las elecciones estatales o federales, pues las primeras suelen ser consideradas de segundo orden (^{Lefevere & Van Aelst, 2014}; ^{Marsh, 1998}; ^{Reif, 1997}). En segundo, al contemplar específicamente los contextos de violencia criminal, se observa una mayor incidencia a nivel local, ya que las organizaciones criminales muestran un mayor interés en influir en los resultados electorales locales (^{Albarracín, 2018}; ^{Alvarado, 2019}; ^{Boudreaux & Torres, 2020}; ^{Ponce et al., 2021}), y esto se debe a varios motivos. El primero es que los gobiernos municipales representan fuentes cruciales de información lo que permite a las organizaciones criminales identificar posibles objetivos de robo, extorsión o secuestro. El segundo es que estos gobiernos también constituyen una fuente de poder para las organizaciones criminales, ya que pueden utilizar a las fuerzas policiales municipales como sus brazos armados. Además, al controlar estas instituciones, obtienen acceso a armamento e información sobre los planes de otras agencias estatales. Por último, los gobiernos municipales representan una fuente de ingresos, ya sea a través de la extorsión directa o mediante la asignación de contratos para servicios u obras públicas (^{Chacón, 2018}; ^{Cubides, 2005}; ^{Dal Bó et al., 2006}; ^{Hope, 2021}; ^{Ponce, 2016}, ²⁰¹⁹; ^{Trejo & Ley, 2021}).

Los grupos criminales llevan a cabo actos de violencia previos a las elecciones con el objetivo de influir en los gobiernos municipales, anticipándose al resultado, ya que encuentran más atractivo intervenir en el proceso electoral en lugar de esperar a que se declare un ganador. Esto se debe a que tomar el control sobre los gobiernos municipales una vez que los alcaldes ya han asumido el cargo puede ser más costoso. Cuando el alcalde y los funcionarios están firmemente establecidos, cuentan con la protección de la policía local y posiblemente gozan de la salvaguarda de algún otro grupo criminal. En estas circunstancias, alterar el statu quo puede resultar menos viable para las organizaciones criminales (^{Ponce et al., 2021}).

En América Latina, México se presenta como uno de los contextos más idóneos para investigar los impactos de la violencia criminal en la participación electoral, dado que el país ha experimentado elevados niveles de violencia vinculada al crimen organizado desde, al menos, principios del presente siglo. A pesar de que la literatura sobre este tema está en constante crecimiento, aún persisten notables vacíos en la investigación. Varios estudios identificaron una relación negativa entre la violencia criminal y la participación electoral a nivel municipal, centrándose en asesinatos o ataques dirigidos contra actores políticos (^{Ley, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Trejo & Ley, 2016a}, ^2016b). Otros trabajos examinaron este fenómeno en casos específicos, como el Estado de México (^{Pulido & Almaraz, 2017}) o Guerrero (^{Jiménez & Solano, 2016}), y en ocasiones limitando su análisis a una única convocatoria electoral (^{Jiménez & Solano, 2016}; ^{Valdez & Paniagua, 2011}). Además, hay investigaciones que abordaron las elecciones locales utilizando la tasa de homicidios por arma de fuego por cada 100 000 habitantes como indicador de violencia criminal, pero estas publicaciones datan de varios años atrás y no contemplan las elecciones celebradas de 2012 en adelante (^{Bravo et al., 2014}). Hasta la fecha, no se tiene conocimiento de ninguna investigación que se haya enfocado exclusivamente en analizar cómo el nivel de desarrollo de los municipios incide en la relación entre la violencia criminal y la participación electoral en los últimos años.

Con el objetivo de enriquecer la discusión en torno a los factores que influyen en las disparidades de participación electoral en distintos territorios, y con un enfoque específico en la influencia de la violencia criminal en los resultados electorales, esta investigación dirige su atención hacia las alcaldías de Ciudad de México (CDMX) y los municipios de Chiapas. La elección de estas ubicaciones se justifica por tres razones fundamentales. 1) Ambas regiones presentan notables variaciones entre sus municipios en cuanto a las tasas de homicidios por cada 100 000 habitantes. 2) Se destaca la disparidad en los índices de desarrollo humano, donde todas las alcaldías de la CDMX registran un índice muy alto (^{PNUD, 2019}), mientras que Chiapas tiende a ocupar posiciones inferiores en los rankings de desarrollo. 3) Se ha comprobado que el nivel de desarrollo humano municipal solo afecta la relación entre violencia criminal y participación electoral en los casos extremos de desarrollo (^{Bravo et al., 2014}).

El objetivo principal de la investigación es analizar la participación electoral en elecciones municipales llevadas a cabo en CDMX y en el estado de Chiapas. En concreto, se busca indagar si los niveles de desarrollo humano municipal afectan la relación entre la violencia criminal, medida a través de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, y la participación electoral en los comicios municipales realizados en CDMX y Chiapas en el periodo comprendido entre 2006 y 2018. Para lograr una comprensión más completa, se incorporan diversas variables identificadas por la literatura como influyentes en el comportamiento electoral de los ciudadanos.

La contribución principal de la investigación radica en la comprensión de cómo la violencia afecta la participación, considerando el desarrollo medido a través del índice de desarrollo humano (IDH) municipal. La relevancia del estudio se justifica por varias razones: ofrece una comprensión más profunda de cómo la violencia afecta la participación, proporcionando información relevante sobre las dinámicas políticas y sociales en contextos afectados por la criminalidad; al considerar el desarrollo humano, la investigación amplía la perspectiva, permitiendo evaluar no solo el impacto inmediato de la violencia en la participación electoral, sino también su relación con factores más amplios de progreso y bienestar en una comunidad. Por lo tanto, este enfoque puede arrojar luz sobre las complejidades de la relación entre el desarrollo humano, la violencia y la participación electoral. Los hallazgos podrían ser fundamentales para informar políticas públicas y estrategias encaminadas a mejorar la participación cívica en contextos afectados por la violencia criminal.

Este artículo se organiza en cinco secciones. En la primera se aborda el marco teórico que fundamenta la conceptualización y el enfoque teórico del artículo. En la segunda se tratan los antecedentes que contextualizan el objeto de estudio. En la tercera se detalla las decisiones metodológicas adoptadas, delineando la metodología empleada para la recopilación, análisis y evaluación de los datos. La cuarta sección expone los resultados obtenidos a través de la aplicación de la metodología previamente descrita. La quinta sección engloba la discusión de los hallazgos y las conclusiones derivadas de la investigación.

Marco teórico

Se pueden identificar al menos tres manifestaciones de violencia, cada una con distintas implicaciones para la participación política-electoral en los contextos en los que se manifiestan. Un primer conjunto de investigaciones analiza el impacto de la violencia derivada de la guerra civil en la participación política, un tipo de violencia que parece incrementar el liderazgo, la participación comunitaria y la electoral (^{Blattman, 2009}; ^{Voors et al., 2012}). Un segundo grupo de estudios se enfoca en los efectos de la violencia generada por grupos terroristas en la participación política. En este caso, varias investigaciones han concluido que la violencia terrorista tiende a aumentar la inclinación a votar por partidos conservadores y aquellos que proponen políticas de mano dura en materia de seguridad (^{Robbins et al., 2013}; ^{Rose et al., 2007}). Un tercer conjunto de investigaciones ha examinado los efectos de la violencia homicida, ya sea de naturaleza criminal o no, en la participación política. Algunos autores encontraron que este tipo de violencia incrementa la participación comunitaria (^{Bateson, 2012}), la participación no electoral y disruptiva (^{Bateson, 2012}; ^{Somuano & Velázquez, 2013}), así como la probabilidad de respaldo a opciones golpistas (^{Pérez, 2003}) y autoritarias (^{Malone, 2010}). Sin embargo, algunos de estos estudios muestran una limitación al abordar cómo la condición de víctima o no de actos delictivos afecta la participación, ya que la victimización no logra capturar toda la complejidad de la experiencia de vida en un entorno caracterizado por la violencia. En este sentido, según ^{Ley (2018, p. 1966)}, “incorporar el contexto de violencia en el cual viven los votantes es importante para explicar cómo, cuándo y dónde las víctimas y las no víctimas deciden participar políticamente”.

Centrándonos en la participación política en el ámbito electoral, que se concreta en el acto de votar, diversos autores han investigado los impactos de la violencia criminal dirigida contra actores políticos en la participación electoral (^{Albarracín, 2018}; ^{Ley, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Trejo & Ley, 2016a}, ^2016b; ^{Albarracín, 2018}; ^{Ley, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Trejo & Ley, 2016a}, ^2016b). Además, hay otro grupo de investigadores que se ha centrado en analizar los efectos de la violencia homicida en general, ya sea de índole criminal o no, en dicha participación (^{Bravo et al., 2014}; ^{Espinosa, 2018}; ^{García-Sánchez, 2007}, ²⁰¹⁰; ^{Jiménez & Solano, 2016}; ^{Pulido & Almaraz, 2017}; ^{Trelles & Carreras, 2012}; ^{Valdez & Paniagua, 2011}).

Aunque la influencia de la violencia criminal puede ejercer un impacto considerable en la participación electoral, este aspecto se ha discutido de manera limitada por la teoría y ha recibido una atención empírica insuficiente (^{Bedoya et al., 2019}; ^{Romero, 2017}), generando así un menor consenso en la literatura (^{Bravo et al., 2014}). Si bien se ha explorado extensamente el efecto de la violencia generada por el crimen organizado en las actitudes políticas (^{Bateson, 2012}; ^{Cruz, 2000}, ²⁰⁰³; ^{Fernández, 2013}; ^{Fernandez & Kuenzi, 2010}; ^{Parás, 2003}), existe diversidad de posiciones en cuanto a si la violencia criminal indiscriminada, no dirigida exclusivamente contra actores políticos, afecta o no las elecciones. Mientras algunos autores sostienen que esta forma de violencia no tiene ningún efecto en los procesos electorales (^{Fernández, 2013}), otros encontraron un impacto negativo, tanto a nivel agregado (^{García-Sánchez, 2007}, ²⁰¹⁰; ^{Trelles & Carreras, 2012}) como a nivel individual (^{Bratton, 2008}; ^{Collier & Vicente, 2008}).

La violencia empleada por las organizaciones criminales puede reducir la demanda electoral (es decir, la participación electoral) por medio de dos mecanismos: el incremento del número de ciudadanos desencantados y apáticos, y el aumento del nivel de inseguridad percibida durante el proceso electoral. En relación con el primer mecanismo, la insatisfacción con el funcionamiento de la democracia y la falta de confianza en las instituciones políticas son factores que pueden llevar a niveles más bajos de participación electoral. Los ciudadanos expuestos a la violencia tienden a perder confianza en el sistema político y evalúan de manera negativa el funcionamiento de la democracia (^{Cruz, 2000}, ²⁰⁰³). Respecto al segundo mecanismo, el que haya altos niveles de violencia puede intimidar a los ciudadanos, quienes podrían optar por quedarse en casa en lugar de ejercer su derecho al voto el día de la elección (^{Trelles & Carreras, 2012}). Incluso la violencia criminal dirigida exclusivamente contra actores políticos puede tener efectos significativos indirectos en los votantes, ya que, si las organizaciones criminales pueden asesinar a la máxima autoridad de un territorio específico, la percepción generalizada entre los ciudadanos será que todos están sujetos a la voluntad de los criminales (^{Trejo & Ley, 2021}). Además, puede interpretarse como una señal para los votantes acerca del alto costo de respaldar a candidatos que se oponen a las ambiciones políticas de los grupos criminales (^{Albarracín, 2018}).

Sin embargo, es preciso reconocer que la violencia criminal puede tener consecuencias divergentes sobre la participación electoral, y estas pueden estar condicionadas por el nivel de desarrollo de los territorios involucrados, según la perspectiva del voluntarismo cívico. Este paradigma, considerado una de las contribuciones más destacadas en la literatura sobre participación y abstencionismo (^{Anduiza, 1999}; ^{Rosenstone & Hansen, 1993}; ^{Verba et al., 1995}), postula que las disparidades en la distribución de recursos entre los actores sociales se manifiestan comúnmente en diferencias en las tasas de participación. Este enfoque argumenta que las desigualdades en los recursos disponibles para los ciudadanos, ya sean materiales, cognitivos o de tiempo, son la principal explicación de la participación política. En líneas generales, se sostiene que aquellos individuos con mayores recursos tienen una mayor probabilidad de involucrarse en la vida política. Por lo tanto, las disparidades sociales se traducen de manera intrínseca en desigualdades políticas. En consecuencia, anticipamos que las repercusiones de la violencia variarán en función de la estructura social de cada municipio, especialmente considerando la presencia o ausencia de recursos que capaciten a los ciudadanos para ejercer su “voz” (^{Hirschmann, 1970}). Específicamente, se formula la hipótesis H1. La asociación entre la participación electoral y la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes muestra variaciones que están condicionadas por el nivel de desarrollo humano a nivel municipal.

Antecedentes

Para una comprensión más precisa de cómo la violencia impacta en la participación electoral, es útil clasificar las investigaciones en dos categorías: aquellas que se centran exclusivamente en la violencia criminal dirigida contra actores políticos y aquellas que abordan la violencia homicida, ya sea de naturaleza criminal o no, de manera indiscriminada y no dirigida exclusivamente contra actores políticos.

En relación con las investigaciones sobre la violencia criminal dirigida contra actores políticos y su impacto en la participación electoral, ^{Ley (2018)} sostiene que la utilización estratégica de la violencia por parte de organizaciones criminales, dirigida hacia funcionarios públicos y candidatos durante los procesos electorales, conduce a una disminución en la participación electoral. Este fenómeno se evidencia tanto a nivel agregado como a nivel individual. Mediante un análisis de los incidentes violentos contra actores políticos en México entre 1995 y 2012, cruzando estos datos con las tasas de participación electoral a nivel local y federal en ese mismo periodo, se concluyó que, a nivel agregado, las regiones con un mayor número de ataques criminales contra funcionarios y candidatos exhibieron niveles inferiores de participación electoral. A nivel individual, se observó que a medida que aumentaba el número de ataques criminales contra candidatos y funcionarios públicos, disminuía la probabilidad de que un individuo participara en el acto de votar. Este último hallazgo se derivó de un análisis de una encuesta realizada cuatro días después de las elecciones federales del 1 de julio de 2012.

Siguiendo la línea de investigación de ^{Ponce (2016)}, ^{Lizama (2018)} examinó los impactos de la violencia dirigida contra actores políticos tanto en la participación como en la competitividad electorales. Su análisis abarcó los procesos electorales locales que tuvieron lugar en México de 2006 a 2017. Según este autor, los asesinatos de actores políticos tienen un doble propósito: 1) influir en la competencia al presionar a los candidatos (afectando la oferta), y 2) dirigirse a los electores con el objetivo de persuadirlos para que respalden a ciertos candidatos o para que se abstengan de participar (afectando la demanda). Lizama concluye que la violencia electoral intensifica la desafección hacia el ámbito político local en México, resultando en una disminución tanto en la participación ciudadana como en la competitividad electoral. A diferencia de ^{Ley (2018)}, es importante destacar que ^{Lizama (2018)} no estableció relaciones estadísticas, ya que su investigación adopta un enfoque cualitativo.

En cuanto a las investigaciones que exploran los impactos de la violencia homicida indiscriminada no relacionada con el crimen organizado sobre la participación electoral, ^{Pulido & Almaraz (2017)} llevaron a cabo un análisis del efecto de la violencia en el comportamiento electoral de los ciudadanos en el Estado de México a nivel municipal, considerando los procesos electorales que tuvieron lugar entre 2006 y 2015. Utilizando un modelo econométrico de mínimos cuadrados, identificaron que la violencia sí influyó en el comportamiento electoral de los mexiquenses, si bien no afectó de la misma manera a todos los partidos políticos. Indican que la violencia, medida a través de la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes, impactó negativamente en el PRI (Partido Revolucionario Institucional) y el pan (Partido Acción Nacional), pero no tuvo un efecto similar en el PRD (Partido de la Revolución Democrática). Esto se debe a que los ciudadanos penalizaron a los dos primeros partidos debido a su responsabilidad en las políticas estatales y nacionales durante ese periodo.

^{Espinosa (2018)}, por su parte, examinó la relación entre la participación electoral en las elecciones federales intermedias y las tasas de homicidio en México entre 1996 y 2016. Se identificaron diferentes patrones de correlación: estados más afectados por la violencia exhibieron niveles más bajos de participación electoral (Chihuahua, Guerrero y Baja California), mientras que estados menos afectados mostraron una alta participación (Querétaro y Yucatán), confirmando así una correlación inversamente proporcional. Sin embargo, al analizar el interior de los estados de Guerrero y Coahuila, y considerando el conjunto nacional, se reveló una correlación positiva significativa entre 1996 y 2016. Esto indica que, durante ese periodo, a medida que aumentaba la tasa de homicidios, también lo hacía la participación electoral. Según ^{Espinosa (2018)}, en situaciones donde la participación disminuyó, fue porque el electorado se mostró apático respecto a la eficacia de su voto o percibía una falta de seguridad para involucrarse en el sistema democrático. Por otro lado, cuando la participación aumentó, se debió a un mayor interés del electorado en votar para buscar cambios en la política de seguridad.

En cuanto a las investigaciones que abordan los impactos de la violencia criminal indiscriminada no específicamente dirigida contra actores políticos sobre la participación electoral, ^{Trelles & Carreras (2012)} llevaron a cabo un análisis de las elecciones en México entre 2000 y 2010. Sus hallazgos indican que a medida que la violencia criminal aumentó a nivel municipal (utilizando la tasa de homicidios por cada 1000 habitantes como proxy), los ciudadanos tendieron a retirarse de los canales públicos de participación, refugiándose en sus ámbitos privados. Esto resultó en una disminución de la participación electoral en las elecciones federales a nivel municipal. Además, la participación electoral también experimentó una reducción cuando el nivel de violencia criminal aumentó en municipios circundantes, ya que la cobertura mediática de casos particulares afectó la percepción de los ciudadanos que residían en áreas cercanas a lugares con altos índices de violencia criminal. Al analizar datos de la encuesta LAPOP 2010, los autores también evaluaron los efectos de la violencia criminal en la participación electoral en elecciones presidenciales y a gobernador a nivel individual. Encontraron que los ciudadanos expuestos a niveles elevados de violencia criminal manifestaron menor probabilidad de votar en futuras elecciones en comparación con aquellos que residían en áreas menos afectadas por la violencia.

Por otra parte, ^{Bravo et al. (2014)}, analizando la participación electoral agregada entre 1994 y 2012, mostraron que los años en los que hubo elecciones presidenciales tendieron a ser aquellos en los que se registró una mayor participación. Hallaron asimismo que la relación entre tasas de homicidios por arma de fuego por cada 100 000 habitantes (indicador que usaron como proxy de violencia criminal) y participación en elecciones municipales no fue muy fuerte. Aunque en su estudio consideraron el nivel de desarrollo de los municipios como una variable interviniente, no se confirmó la hipótesis condicional. Solo en municipios con condiciones extremas se manifestó la relación esperada: en lugares con un desarrollo muy bajo, se observó un efecto negativo (aunque modesto) entre la violencia y la participación, mientras que en municipios con un desarrollo muy alto se percibió un efecto positivo.

Finalmente, ^{Jiménez & Solano (2016)}, enfocándose en el contexto de Guerrero, examinaron el impacto de la violencia criminal en el entorno político durante las elecciones de 2015. Este impacto abarcó a candidatos, funcionarios y activistas políticos, involucrando homicidios, amenazas y secuestros. Analizaron la participación ciudadana en la formación de las mesas electorales, la dinámica de las campañas y la “normalidad” de los organismos electorales. Los autores concluyeron que, a pesar de la violencia, la ciudadanía acudió a votar, logrando una participación elevada y demostrando que la violencia no impide la confianza en las instituciones democráticas. Sin embargo, aunque mínima, se observó una ligera disminución en la participación, pasando del 59.2% en 2012 al 56.47% en 2015. Cabe mencionar que este estudio tiene limitaciones, como la falta de análisis sobre la evolución municipio por municipio y la ausencia de relaciones estadísticas entre variables, dada la naturaleza cualitativa de su enfoque.

Metodología

Resultados

Antes de exponer los resultados de los modelos de regresión, se presentan los estadísticos descriptivos en la Tabla 2. En relación con la participación electoral, es destacable que, en Chiapas, el promedio no experimentó un incremento sustancial durante los años de elecciones presidenciales. En contraste, en CDMX se observó un aumento en la participación durante los periodos electorales de 2006, 2012 y 2018, coincidiendo con la elección de un nuevo presidente. Sin embargo, es crucial señalar que la dispersión con respecto a la media fue significativamente mayor en los municipios de Chiapas, indicando una variabilidad más pronunciada en los datos, con algunos municipios exhibiendo porcentajes elevados de participación y otros apenas superando el 30%.

En cuanto a la tasa de homicidios, la CDMX exhibió consistentemente un promedio superior a lo largo de todos los años examinados. No obstante, este fenómeno puede atribuirse en gran medida a la alcaldía Cuauhtémoc, la cual, en determinados periodos, registró tasas de homicidio superiores a 100 por cada 100 000 habitantes. La amplia dispersión de los datos con respecto a la media en CDMX durante prácticamente todos los años subraya esta observación.

Por último, es relevante resaltar otro indicador: el IDH. Mientras que las alcaldías de CDMX exhibieron un IDH elevado, en los municipios de Chiapas se evidenció una variación más marcada, aunque el promedio se situó por debajo del umbral de 2, indicativo de un IDH bajo-medio. Esta característica permite poner a prueba la hipótesis de la incidencia del desarrollo en la relación entre la violencia y la participación electoral.

Abordando los modelos de regresión, el primer modelo propuesto (Tabla 3) destaca las variables clave para entender la participación electoral en las alcaldías de CDMX y los municipios de Chiapas. En cuanto a las variables de control, ambas revelan su relevancia en la explicación de la participación electoral. La competitividad, por un lado, presenta una relación negativa: en situaciones de menor competitividad electoral, la población tiende a participar un 0.07% menos, manteniendo constantes las demás variables. Por otro lado, la concurrencia muestra una relación positiva, indicando que cuando las elecciones coinciden con comicios presidenciales, la participación electoral experimenta un aumento del 1.70%.

En lo que respecta a las variables predictoras propuestas en la hipótesis, la tasa de homicidios y el IDH exhiben comportamientos contrastantes. La primera no alcanza niveles significativos en el modelo, lo que implica que su variabilidad no incide en los porcentajes de participación electoral. Por el contrario, el IDH revela una significatividad sustancial. Con un nivel de confianza del 99.9%, los niveles medio y alto de desarrollo humano provocan una disminución en la participación electoral en comparación con municipios en niveles más bajos. Específicamente, los municipios con niveles medios de IDH experimentan una reducción del 4.37% en los votos en comparación con aquellos de escaso desarrollo, mientras que los municipios más desarrollados también disminuyen su participación en un 1.7%.

Con el propósito de validar la relación entre las variables independientes, las tasas de homicidios y el IDH, como posible variable explicativa de la participación electoral, se ha incorporado una interacción entre ambas en el modelo. Sin embargo, los resultados no respaldan la hipótesis de la investigación. Al establecer los municipios de bajo desarrollo como la categoría de referencia, no se evidencia significatividad en los otros dos niveles, lo que indicaría que la tasa de homicidios no varía de manera explicativa según el nivel de IDH. Los efectos marginales, como se muestra en la Tabla 4, corroboran la falta de sustento para esta hipótesis. Los cálculos de esta interacción no revelan significatividad en los efectos derivados de la relación entre el IDH y la tasa de homicidios. En virtud de estos hallazgos, se concluye que la interacción propuesta carece de utilidad para explicar la variabilidad de la participación electoral en los 667 municipios de CDMX y Chiapas. En consecuencia, se propone un segundo y último modelo que excluye la interacción como variable predictora.

En el último modelo (Tabla 5), las variables de control mantienen valores significativos similares a los del modelo anterior. Sin embargo, en cuanto a la tasa de homicidios, su significatividad persiste ausente al intentar explicar la participación política en las urnas. Por otro lado, el IDH exhibe un incremento en su capacidad explicativa. En comparación con los municipios clasificados como de bajo desarrollo humano, aquellos categorizados como de nivel medio y alto predicen una disminución en la participación electoral del 5 y 17%, respectivamente. A partir de este modelo, se logra explicar el 10.151% de la varianza en la participación electoral de estos 667 municipios mediante las variables independientes seleccionadas.

Discusión y conclusiones

A partir de los resultados expuestos en la sección previa, se puede inferir que no todas las variables examinadas en este estudio muestran una correlación significativa con la participación electoral. Este hallazgo abre la puerta a varias observaciones que vale la pena resaltar y explorar en mayor profundidad.

En primer lugar, uno de los resultados es que existe una relación positiva entre la concurrencia y la participación electoral. Este hallazgo respalda la teoría y coincide con investigaciones previas (^{Bravo et al., 2014}; ^{Caren, 2007}; ^{Delgado, 1998}; ^{Hajnal & Lewis, 2003}; ^{Marsh, 1998}; ^{Miguélez, 2014}; ^{Reif, 1997}). La estrecha relación se explica por el hecho de que las elecciones concurrentes tienden a aumentar la participación, ya que los costos permanecen prácticamente constantes mientras que los beneficios se incrementan (^{Lijphart, 1997}).

En segundo lugar, la observación de elevadas diferencias porcentuales entre la primera y la segunda fuerza política se relaciona negativamente con la participación electoral, indicando que niveles bajos de competitividad se asocian con una menor concurrencia a las urnas. Este resultado concuerda con hallazgos en la literatura que sugieren una relación positiva entre mayor competitividad y una participación electoral más elevada (^{Blais, 2000}, 2006; ^{Cancela & Geys, 2016}; ^{Gaarsted, 2002}; ^{Levine & Palfrey, 2007}; ^{Miguélez, 2014}; ^{Soto & Cortez, 2014}; ^{Tavares & Carr, 2012}). Teóricamente, cuando las elecciones son más decisivas el grado de abstención es menor, pues los votantes perciben que su participación puede marcar la diferencia en los resultados. No obstante, se reconoce la existencia de estudios que no encuentran dicha relación (^{Kostadinova & Power, 2007}; ^{Ortega & Trujillo, 2013}), sugiriendo la necesidad de investigaciones futuras con un mayor número de convocatorias electorales y el uso de indicadores de competitividad más complejos.

En tercer lugar, la explicación de la menor participación en municipios con niveles medios y altos de desarrollo humano podría residir en la asociación histórica del clientelismo electoral en México con condiciones sociales de marginalidad y pobreza (^{Aparicio, 2002}; ^{Gómez, 2001}; ^{Valdés, 2001}). Esto sugiere que en municipios con un bajo IDH se darían condiciones propicias para prácticas de movilización del voto mediante clientelismo.

En última instancia, se constata que el IDH no desempeña un papel significativo en la relación entre la violencia criminal y la participación electoral, refutando la hipótesis inicialmente planteada. Además, se evidencia la ausencia de una relación directa entre estas dos variables. Este descubrimiento coincide con la investigación realizada por ^{Bravo et al. (2014)} para el periodo 1994-2012 en México. Estos autores encontraron una relación no muy fuerte entre la violencia criminal y la participación electoral en elecciones municipales, así como un efecto del IDH sobre esta relación limitado únicamente a casos extremos de desarrollo (muy bajo o muy alto). Es importante destacar que este resultado se alinea con la idea de que la complejidad de las interacciones entre la violencia criminal, el desarrollo humano y la participación electoral no puede ser encapsulada por una única variable.

Sin embargo, otros estudios encontraron una relación negativa entre la violencia criminal y la participación electoral a nivel municipal, aunque se centran específicamente en casos de asesinatos o ataques dirigidos contra actores políticos (^{Ley, 2017}, ²⁰¹⁸; ^{Trejo & Ley, 2016a}, ^2016b). Estas divergencias resaltan la complejidad y la variabilidad en las dinámicas que vinculan la violencia criminal y la participación electoral, subrayando la necesidad de investigaciones adicionales para comprender completamente estos fenómenos.

Este hallazgo podría sugerir que la violencia que tiene un impacto más significativo en la participación electoral es aquella dirigida específicamente contra actores políticos, en lugar de la violencia indiscriminada. Este patrón concuerda con investigaciones realizadas en el contexto colombiano (^{Ardila & Guzmán, 2020}), insinuando que cuando la violencia es indiscriminada, la población tiende a buscar soluciones electorales. En contraste, cuando la violencia está focalizada en actores políticos, el mensaje implícito es que cualquier ciudadano está sujeto a la voluntad de los grupos criminales (^{Trejo & Ley, 2021}).

No obstante, como se planteó inicialmente, la explicación de este descubrimiento podría estar más vinculada a investigaciones que sugieren que, dependiendo del territorio, el incremento de la violencia (no necesariamente criminal) puede tener efectos variables en la participación electoral. En casos en los que disminuye, el electorado puede manifestar apatía frente a la efectividad de su voto o percibir falta de seguridad para participar en el sistema democrático. Por otro lado, cuando la participación aumenta, esto podría deberse a un mayor interés del electorado en votar para buscar cambios en la política de seguridad (^{Espinosa, 2018}). Es importante señalar que los resultados obtenidos también podrían atribuirse al hecho de que, aunque los asesinatos asociados con el crimen organizado hayan impulsado el aumento general de homicidios en México (^{Instituto para la Economía y la Paz, 2023}), el indicador de violencia criminal seleccionado para esta investigación quizás no sea una proxy precisa de la violencia criminal.

En síntesis, la falta de influencia significativa del IDH en la relación entre violencia criminal y participación electoral tiene varias implicaciones. Indica que la dinámica entre la violencia criminal y la participación electoral no puede explicarse únicamente a través del nivel de desarrollo humano. Esto sugiere la existencia de múltiples factores que influyen en la relación. Además, subraya la importancia de contextualizar los estudios sobre la relación entre violencia criminal y participación electoral, reconociendo que las dinámicas pueden variar significativamente en diferentes contextos y condiciones socioeconómicas. Asimismo, implica que otros factores, como la presencia de conflictos políticos, la percepción de seguridad, la efectividad de las instituciones y la calidad del sistema democrático, podrían tener un impacto significativo en la relación estudiada. Por último, plantea desafíos para la formulación de políticas, ya que la mejora del desarrollo humano por sí sola podría no ser suficiente para contrarrestar los efectos de la violencia criminal en la participación electoral.