Articulaciones estatales y orden mundial

 

Estado, globalización y exclusión social

 

Miguel Ángel Vite Pérez*

* Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, México.
Dirección electrónica: miguelvite@yahoo.com

 

Recepción del original: 14/06/05.
Recepción del artículo corregido: 09/01/06.

 

Resumen

Este trabajo muestra algunas características de la globalización económica neoliberal y sus efectos en el Estado, favorables éstos a la crisis de la relación asalariada. Al mismo tiempo, presenta varias de sus consecuencias negativas para el caso del Estado mexicano, formulando una reflexión final sobre las posibilidades de la reconstrucción institucional mexicana para hacer frente a los desafíos de la descomposición social, enfrentada a partir de la función punitiva estatal al criminalizar la pobreza y la miseria, en lugar de fortalecer los derechos de una ciudadanía universal, y evitar las exclusiones.

Palabras clave: globalización económica neoliberal, desigualdad social, trabajo asalariado, exclusión social, ciudadanía.

 

Abstract

This paper´s objective is to point out some of the characteristics of the neoliberal economic globalization and their effects on the State, those effects being favorable to the crisis of the salaried relationship. At the same time, this paper lists some of the negative consequences of the forenamed in the case of the Mexican State and particularly in terms of said State´s functions. It is done by means of a final contemplation regarding the possibilities for Mexico´s institutional reconstruction aimed at facing up to the challenges posed by the breakdown of the social fabric, which is dealt with through the State´s punitive functions that in turn criminalize poverty and misery rather than strengthening the rights of a universal citizenry and thus avoid exclusions.

Keywords: neoliberal economic globalization, social inequality, salaried work, social exclusion, citizenry.

 

INTRODUCCIÓN

La globalización económica ha provocado cambios en cuanto a la articulación del Estado con las instituciones encargadas de regular los conflictos sociales,¹ lo que ha permitido garantizar en los trabajadores y sus familias ciertos derechos sociales que pretenden evitar las penurias creadas por la economía de mercado.

De este modo, la expansión económica de los negocios privados, con una débil intervención de las instituciones estatales, fue justificada por una ideología que depositaba la esperanza de una nueva prosperidad en la dinámica del mercado,² subordinando el bienestar social a la introducción de la mercantilización en las llamadas "protecciones sociales" –gestionadas por el Estado y prestadas como derechos universales– para evitar una crisis en las finanzas públicas (manteniendo el equilibrio entre egresos e ingresos),³ partiéndo de que un servicio público debería ser prestado como un negocio con beneficios privados y no solamente para la recuperación de los costos de la inversión realizada.⁴

Por tal motivo, es necesario hablar de una globalización económica neoliberal, cuya principal característica es la mercantilización de los servicios públicos para transformarlos en objetos de un negocio privado, sin olvidar que con la ayuda de capital financiero las transacciones alcanzaron una mayor intensidad en el plano internacional porque las regulaciones estatales fueron eliminadas.

El resultado de esto fue la presencia de una nueva desigualdad social, diferente a la derivada de los ingresos obtenidos por las diversas categorías de asalariados (vinculada con la introducción de la inestabilidad laboral) y caracterizada por un empleo precario, con ingresos bajos, derivado a su vez de la ausencia de derechos sociales que favoreció la aparición de un proceso de exclusión social.

La exclusión social, al pensarse como un proceso, nos remite a los diferentes estadios por los que pasa un asalariado para transformarse en un trabajador precario, donde los vínculos sociales y colectivos (familia, sindicato, amigos, etcétera) se debilitan y terminan por romperse. Cuando esto sucede, el individuo se convierte en un "desafiliado", es decir, en un sujeto que vive su sufrimiento en soledad, a semejanza de un vagabundo.⁵

En realidad, la utopía neoliberal de una "explotación sin límites" tiene su contraparte en el deseo de una sociedad donde los individuos no dependan de ningún colectivo para poder protegerse ante una situación de pobreza relacionada con el subempleo y el desempleo.⁶ De esta manera, el individuo será valorado en términos de su capacidad adquisitiva en el mercado.

Por otra parte, el principio organizativo de la democracia liberal se relaciona con las diferentes ofertas que presentan los partidos políticos ante un conjunto de electores considerados más que nada como consumidores, cuya capacidad está en su voto que, en mayor o menor medida, puede resultar favorable a una determinada oferta partidista.⁷ Sin embargo, esta última se basa más en las posibilidades de la mercadotecnia y, en menor grado, en el cumplimiento de objetivos relacionados con el bienestar colectivo. Es por ello que existe una tendencia a fortalecer, al menos en México, el divorcio entre las protecciones sociales y las civiles, basadas en el Estado, a cambio de una responsabilidad individualizada y mercantilizada del bienestar social mediante programas de asistencia social de tipo focal donde la presencia estatal sea "mínima".⁸

Pero la responsabilidad individualizada y mercantilizada del bienestar colectivo se ha traducido también en un vacío que paulatinamente ha sido ocupado por un eje de exclusión–violencia–verticalismo–pragmatismo–estancamiento–regresión.⁹

En consecuencia, la democracia mexicana se ha convertido en un campo de fuerzas donde la élite plural y dividida disputa los beneficios de gobernar el país en un contexto de debilidad del tejido social y, a su vez, tiene incentivos para que los líderes y gestores de algunos de los intereses colectivos quieran formar parte de aquélla al tener un mayor acceso al capital político, traducido en ventajas sociales que la mayoría no puede tener o gozar.¹⁰

El punto de partida de este trabajo es que la globalización económica neoliberal ha creado una nueva desigualdad social donde el conflicto se ha convertido en violencia directa, articulada con la violencia estructural, donde el Estado mexicano tiene una escasa capacidad para revertir sus efectos negativos sobre la sociedad.¹¹

Para examinar este supuesto, el trabajo se divide en cuatro partes: en la primera se analizan las características principales de la globalización económica neoliberal; en la segunda se revisan sus consecuencias sobre la organización del trabajo asalariado; en la tercera se estudia de manera breve el caso mexicano; y en el apartado final se elabora una reflexión general.

 

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA NEOLIBERAL

La globalización económica neoliberal no puede describirse solamente a partir de la intensificación de las relaciones comerciales en el plano mundial ni identificarse por el consumo de un mismo tipo de bienes y servicios que circulan tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, así como tampoco por la adopción de estilos de vida de parte de las élites y las clases medias que han aparecido en las grandes metrópolis.¹² No debe negarse tampoco la existencia de un patrón de consumo estandarizado a escala internacional, que uniforma gustos sin importar el grado de desarrollo de los países.¹³

Sin embargo, el sistema–mundo capitalista¹⁴ ha mostrado su capacidad de expansión, a través de los siglos, a diferente rincones del mundo, e incluso la caída de los regímenes del llamado "socialismo real" de Europa del Este y Central le ha dado un nuevo impulso al encontrar nuevas oportunidades para realizar negocios con altos beneficios.¹⁵

Al mismo tiempo, al destruir los anteriores controles institucionales, pertenecientes al "socialismo real", surgieron nuevas oportunidades de enriquecimiento rápido mediante negocios ilícitos, manejados por las mafias, dando paso a situaciones de corrupción y violencia directa, fomentada por la lucha por controlar las fuentes de enriquecimiento rápido e ilegal.¹⁶

A pesar de estos hechos, relativamente recientes, la globalización económica neoliberal ha sido posible por la imposición de una agenda de reformas económicas, desde el BM y el FMI,¹⁷ a los países subdesarrollados después de las crisis financieras surgidas en las décadas de 1980 y 1990, manifestadas como insolvencia en los pagos de sus respectivas deudas externas, confiriéndole a dichas reformas el punto de vista del capital financiero (Wall Street),¹⁸ debido a la necesidad de asegurar sus réditos, y exigiéndoles también una mayor apertura económica para invertir, sin restricciones legales e institucionales, en el patrimonio nacional, cuya inversión fue resultado del esfuerzo de diferentes generaciones.¹⁹

La apertura económica y la estabilidad financiera, para encontrar un "equilibrio" en las finanzas estatales, se reflejó en recortes al gasto social, lo que significó el fin del financiamiento a la demanda social por medio de los servicios públicos administrados por el Estado.²⁰

Lo anterior fue posible por la existencia de un sistema financiero internacional controlado por Estados Unidos mediante la imposición de su divisa, el dólar, como moneda principal para la realización de las transacciones internacionales.²¹

De esta manera, Estados Unidos impone un señoraje porque el resto de los países, como los que componen la periferia capitalista, tienen que exportar para obtener los dólares necesarios para poder hacer frente a sus compromisos financieros.²²

Esto es una muestra de que la globalización económica neoliberal es una imposición de los intereses particulares de Estados Unidos con una aparente ideología neutral sobre el resto de los países para mantener su hegemonía.²³

Hegemonía que ha tomado un cariz más imperialista, al usar sofisticadas armas para derrotar a los supuestos enemigos de la "democracia liberal"²⁴ que impiden la trasnacionalización de sus recursos naturales, por ejemplo el petróleo, cuyo control pretenden las empresas estadounidenses.²⁵

En este contexto, la expansión de la mercantilización de los recursos naturales, así como de las empresas y servicios públicos nacionales le ha quitado a los Estados de los países en desarrollo su base material para legitimar sus funciones de protección social y civil,²⁶ reduciéndolas hacia su función punitiva, es decir, al ejercicio del control social mediante la violencia organizada de sus cuerpos policiacos frente a la descomposición social, cuya expresión es lo verdaderamente ilegal, lo delictivo, así como la violencia directa, es decir, los crímenes por causas diversas.²⁷

Así, la pobreza y la miseria no son consideradas como un problema generado por la economía de mercado ni por la ausencia de políticas públicas distributivas; en cambio, se les ha mostrado como parte del crimen. En otras palabras, se ha criminalizado a la miseria, y, en consecuencia, la respuesta que puede existir es solamente la cárcel, lo cual ha fortalecido aún más a los cuerpos policiacos.²⁸

Por tanto, la función punitiva del Estado se ha impuesto sobre su función social; mientras, la descomposición social, que tiene como causa directa la violencia estructural en el caso de la pobreza, se atiende de manera parcial, con programas gubernamentales asistencialistas y dirigidos solamente a algunas familias pobres.²⁹

De este modo, el predominio de lo frágil, lo momentáneo, lo precario, no puede ser eliminado por un Estado que ha abdicado de su función social, permitiendo una nueva subordinación del trabajo a los negocios privados, lo que ha traído inseguridad laboral tanto para los que cuentan con un empleo estable como para quienes desarrollan una actividad de manera temporal o coyuntural.³⁰

El trabajo asalariado, como base de la sociedad organizada, ha dejado su lugar al trabajo por cuenta propia, que desde la ideología neoliberal se reivindica por ser la muestra de la capacidad de iniciativa individual.³¹

 

LA CRISIS DE LA SOCIEDAD DEL TRABAJO

La crisis de la sociedad del trabajo significa que el empleo asalariado ha perdido su capacidad de cohesión social porque dejó de ser el medio para mejorar la calidad de vida, lo que también fue una fuente importante de derechos o protecciones sociales garantizados por el Estado.³²

En este caso, el trabajo asalariado ha dejado de ser el centro organizativo de una sociedad que buscó la reivindicación de la colectividad mediante un empleo estable y con derechos. En otras palabras, el derecho al trabajo tenía un carácter universal, lo mismo que los derechos sociales.³³ Por eso, la ciudadanía era universal y no excluyente, pues tenía una base material para todos los integrantes de la sociedad.³⁴

La exclusión social era vista como un problema que debía ser solucionado a partir de las políticas públicas y no solamente por los mecanismos "impersonales" del mercado y por la transformación de los empleados en ejecutores de actividades por su cuenta y riesgo.

La posibilidad de caer enfermo o llegar a la edad anciana, inconvenientes comunes en las sociedades capitalistas, era asumida por el Estado y no por el mercado y de manera individual.³⁵ Sin embargo, con la crisis de la relación asalariada este riesgo se asume ahora de manera individual y el sufrimiento personal y familiar resulta ser parte del proceso de desafiliación, donde los vínculos con las instituciones estatales de bienestar se han debilitado o roto.

La nueva subordinación del trabajo a los imperativos del capital no solamente tiene como razón la disminución de los costos, como se asume desde el punto de vista derivado de la economía neoliberal, sino la necesidad de destruir las regulaciones estatales que impiden un control capitalista sobre los trabajadores.³⁶

Este control se caracteriza por la introducción de criterios de calidad para justificar las diferencias salariales entre los trabajadores pertenecientes a una misma categoría, así como por subordinar las compensaciones económicas a una productividad, medida como una intensificación mayor del ritmo del trabajo, traducido en altos rendimientos para los empresarios.³⁷

Al mismo tiempo, las diferencias salariales son mayores, pretendiendo que los estímulos y las compensaciones sean un sustituto de las protecciones sociales que, en su momento, formaron parte del bienestar colectivo gestionado por el Estado.38

En este caso, la crisis de la relación asalariada no solamente significa el fin del empleo remunerado y con derechos, sino la llegada de la inestabilidad laboral que se vive como una situación de precariedad, favorable a la desigualdad social expresada como pobreza.³⁹

Sin embargo, el empleo precario no ha creado cohesión social sino una mayor competencia individual, lo cual ha fomentado el egoísmo y la imposibilidad de crear solidaridad.

La acción social organizada no tiene sentido porque su potencial de defensa de los infortunios, como el de llegar a ser un desempleado o subempleado, ha menguado y, al mismo tiempo, la lucha es por sobrevivir, provocando que las energías individuales se canalicen hacia la misma.

Hoy la producción se ha flexibilizado⁴⁰ y con ello se han roto las jerarquías laborales a favor de una responsabilidad más personalizada y descentralizada, lo cual ha colocado al individuo en el centro de un proceso que ha finalizado con los incentivos para vincularse con los colectivos. Estos últimos, desde un punto de vista general, han perdido su funcionalidad en una sociedad donde existen identidades restringidas articuladas, por ejemplo, a la etnia, a la religión, al barrio, etcétera; es decir, una sociedad sin sociedad porque tiende a favorecer más la aparición de comunidades y mercados.⁴¹

Por otro lado, en el mundo desarrollado el trabajo precario es desempeñado por los inmigrantes "sin papeles", las minorías étnicas, así como por los más pobres.⁴² Las consecuencias de este hecho se han reflejado en la reproducción de situaciones de exclusión social, porque el acceso a las ventajas que permitieran su transformación en ciudadanos ha sido limitado.⁴³

Mientras, la pérdida de centralidad del trabajo en las sociedades subdesarrolladas ha provocado la multiplicación de las actividades por cuenta propia. Con ello, se ha detenido el proceso de asalarización y se ha informalizado el mercado laboral; es decir, los desempleados se dedican a la venta de bienes y servicios en las calles principales de las urbes.⁴⁴

El empleo precario, remunerado o no, con un mínimo de protecciones sociales o sin éstas, es otra consecuencia de la globalización económica neoliberal que ha favorecido la reproducción de la violencia estructural; es decir, la que convierte a los trabajadores en desempleados, disminuyendo sus posibilidades de mejoramiento material a partir de la percepción de un salario.

Sin embargo, el trabajador, a pesar de ser considerado como una mercancía, no lo es, porque su subjetividad, configurada mediante valores y creencias aprendidas por un proceso de socialización derivado de su pertenencia a algún grupo o colectivo, se ha convertido en una limitante para la mercantilización y, por tanto, demanda su reproducción en ámbitos pertenecientes al mundo de la vida.

Aparentemente, la colonización del mundo de la vida por parte del poder económico neoliberal y del poder político no ha concluido, pues continúa la lucha por mercantilizar diferentes aspectos de la vida social y, a su vez, se sigue sosteniendo que el "libre" mercado es la mejor opción para cumplir con los propósitos de bienestar. Mientras, se le ha conferido al Estado la "misión" de cuidar el orden y la estabilidad del sistema económico neoliberal.⁴⁵

Por su parte, la legitimidad del Estado, al descansar parcialmente en sus instituciones de bienestar social, ha dado paso a la construcción de una nueva, que oscila entre la eficiencia económica, evitando los "derroches" presupuestales y, a su vez, impidiendo la expansión de las amenazas identificadas con los fundamentalismos religiosos y laicos, englobados bajo la ideología de combate al terrorismo.⁴⁶ Es por ello que en la agenda de los organismos supranacionales se ha impuesto como una necesidad "natural" el combate al terrorismo, un enemigo que supuestamente está en contra de la democracia liberal y el mercado.⁴⁷

Pero la expansión de la desigualdad social ha provocado que el sentido de la existencia se busque en la diferencia, reivindicada mediante la etnia o la religión, ante un proceso socioeconómico excluyente que les niega las oportunidades de desarrollo que conlleva la globalización económica neoliberal.⁴⁸ En suma, esta última, desde una perspectiva general, ha debilitado las instituciones estatales de bienestar, acelerando la crisis del trabajo asalariado.⁴⁹

Por eso, lo que permanece es la necesidad de contar con ingresos que provienen de un empleo precario o del subempleo; sin embargo, lo que ha cambiado es la función social del Estado, que se ha convertido en un asistencialista focalizado, tomando como riesgo lo ilegal, donde existe un amplio abanico de actividades relacionadas con los negocios ilícitos, así como la pobreza criminalizada expresada, por ejemplo, por medio de la presencia de los trabajadores inmigrantes sin documentos de residencia, quienes ocupan barrios deteriorados clasificados como peligrosos.⁵⁰

 

EL ESTADO MEXICANO EN EL NEOLIBERALISMO

Si bien en México el pacto social corporativo se ha desvanecido, no sucede lo mismo con su vertiente autoritaria (fomentada por diversos líderes y políticos locales), en la cual existe una lucha por el control de los recursos económicos y las lealtades que permiten la reproducción de intereses particulares, lo cual ha mostrado los límites de la democracia representativa en un país donde la desigualdad social se ha incrementado.⁵¹

Estos límites son resultado de que la democracia representativa, organizada mediante el sistema de partidos políticos, donde el voto es lo que cuenta para poder tener acceso a algún puesto de representación popular, se ha convertido en un espacio de lucha entre élites para conseguir la cantidad necesaria de votos, que las legitime para gobernar. Sin embargo, esto no ha incidido en el mejoramiento de la calidad de vida de las mayorías ni en algún cambio en el modelo económico neoliberal.⁵²

Mientras, la alternancia partidista en la presidencia mexicana ha mostrado la existencia de una élite política dividida, cuyas ambiciones personales por los recursos derivados del ejercicio del poder político han mostrado que las instituciones estatales sirven más para preservar sus intereses que para solucionar los problemas relacionados con la descomposición social.⁵³

En México ha quedado asentado el asistencialismo focalizado,⁵⁴ como una estrategia de combate a la pobreza extrema, por un lado, y por el otro, la vía neoliberal para seguir buscando el crecimiento de una economía transnacionalizada a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).⁵⁵

El voto legitima un juego de intereses particulares, pero los electores solamente tienen un valor por esa circunstancia y no por ser ciudadanos con derechos, respaldados por las instituciones estatales. Aquí se encuentra la diferencia respecto a las democracias de los países desarrollados, pues en éstos el bienestar colectivo, aun con la mercantilización sufrida,⁵⁶ sigue garantizado institucionalmente, a pesar de presentarse la alternancia partidista. Mientras, en México el bienestar focalizado se mantiene y existe una tendencia a reforzarlo, no solamente como resultado del cambio de nombre de parte del nuevo gobierno a los programas asistencialistas,⁵⁷ sino porque se ha asumido la imposibilidad de recuperar el carácter universal del bienestar social.⁵⁸ Además que resulta aceptable, desde el poder, la expansión de las actividades económicas informales, calificadas también como autoempleo, donde la ilegalidad es su constante por su articulación con actividades como el contrabando y la piratería.⁵⁹

Por eso no resulta extraño que la globalización económica neoliberal se viva por las mayorías como un proceso de empobrecimiento y de expulsión de población hacia los trabajos precarios localizados en los Estados Unidos.⁶⁰ Además de la pérdida de valor del trabajo por la existencia de bajos salarios, lo cual se convierte en una causa de empobrecimiento por ingresos.⁶¹ En este caso, contar con un empleo no significa tampoco evitar la pobreza.⁶² En 2004, en México tres de cada 100 trabajadores estaban desempleados, pero del total de los ocupados, 61 de cada 100 carecía de algún tipo de prestación laboral.

Sin embargo, la gravedad de la situación está en la presencia de las actividades económicas informales,⁶³ donde los derechos sociales no existen y, en consecuencia, los ciudadanos solamente son definidos por su capacidad para ejercer su derecho al voto y por su poder adquisitivo que les permite comprar la justicia. De esta manera, el voto y el poder adquisitivo son los dos elementos que definen a la ciudadanía mexicana, justificada por la competencia política y la mercantil.

Pero no puede alcanzarse una ciudadanía sin que las protecciones sociales y civiles sean universales, dejando de lado su definición restringida al derecho al voto y por el poder de compra.⁶⁴ Sin embargo, lo grave de la situación es la presencia de un proceso de exclusión social, caracterizado por el surgimiento de grandes contingentes de población cuya vida y escaso patrimonio no dependen de la protección institucional estatal.⁶⁵

Si la ideología neoliberal combatía las regulaciones estatales y los derechos ciudadanos, ahora se encuentra con una situación donde la ilegalidad para su sobrevivencia se ha articulado con lo legal, lo formal, pero de manera conflictiva, sobre todo cuando existen grandes sumas de dinero, como en el caso del narcotráfico.⁶⁶

Por otro lado, en cuanto a los sectores sociales de ingresos medios y altos, la ilegalidad ha tomado la forma del crimen organizado, en el cual es frecuente el uso de la violencia directa, por lo que exige una mayor presencia del Estado, sobre todo por medio de sus cuerpos represivos.

Desde su punto de vista, un Estado eficiente se reduce a cumplir de manera adecuada su función punitiva y para ello debe contar con cuerpos policiacos entrenados y equipados con la mejor tecnología. El problema radica en la debilidad estatal para garantizar las protecciones civiles y sociales para la mayoría de la población mexicana y no solamente para los grupos sociales privilegiados.⁶⁷

Ahora bien, el fin del control social corporativo estatal no ha fortalecido a la organización social horizontal, sino a la personalización de la política mexicana, donde los altos funcionarios públicos buscan convertirse en líderes, usando para ello a los partidos políticos para transformarse en candidatos, intentando convencer al electorado de que son la mejor opción para gobernar.

Las disputas entre la élite política mexicana han tomado también el camino de las leyes para combatir y eliminar al enemigo político o para tener un arbitro "neutral", por medio del poder judicial, que decidirá a favor de quien tiene una mejor posición en el campo político.

Es la dinámica electoral la que ha marcado las disputas de la élite política mexicana y no el problema de la definición de nuevos mecanismos institucionales para evitar la descomposición social.

Si bien la debilidad institucional ha sido favorable a una ideologización de los desacuerdos y las disputas de la élite política, no debe tomarse como causa de que el Estado mexicano no pueda resolver el problema de la pobreza y la exclusión social, fomentada por la globalización económica neoliberal.⁶⁸

Resulta vital la reconstrucción de las instituciones estatales, en otras palabras, de las protecciones sociales y civiles, recuperando su carácter universal, para impedir que la protesta social siga por el camino de la violencia directa y se transforme en otro elemento disolvente de la capacidad organizativa de la sociedad.⁶⁹ De no tomarse ésta en cuenta, se asumirá socialmente que frente a la expansión del empobrecimiento, la opción para evitarlo es la violencia, convertida en un método de defensa de su espacio donde organiza su vida laboral ilegal, es decir, las calles y las avenidas. Sobre todo cuando la negociación con las autoridades ocurre de manera inestable porque las reglas no están escritas o tienen solamente una existencia virtual. Pero la negociación se caracteriza por la discrecionalidad de las partes, impulsando la desconfianza en las instituciones, ya que todo depende de la voluntad del funcionario público o del gobernante, así como de los supuestos beneficiados de tal acontecimiento.

Asimismo, la sociedad mexicana se encuentra formada por fragmentos donde las posibilidades de solidaridad son reducidas porque no existe un compromiso que trascienda a los mismos ni garantía de que las otras partes los asuman como suyos.

Por otra parte, la autoridad ha sido visualizada como corrupta e incapaz para detener el proceso de exclusión social, identificado ahora con los actos desviados o pertenecientes al crimen.

Sin embargo, la lógica social de los fragmentos radica en los intereses particulares; mientras, su lucha por prevalecer respecto al resto hace imposible pensar en la creación de una nueva institucionalidad que, por un lado, los sancione y, por el otro, pueda distribuir las ventajas de la globalización económica neoliberal, convertidas en otra causa de la desigualdad regional entre la prosperidad del norte del país y el rezago del sur.⁷⁰

La globalización económica neoliberal ha significado "desmodernidad" o, en otras palabras, retroceso, pobreza, delincuencia y no mejores condiciones de vida ni una nueva institucionalidad que permita la presencia de una ciudadanía universal.⁷¹ Una ciudadanía que es parte fundamental de la modernidad occidental.⁷²

Por tanto, existen las condiciones que permiten la reproducción de un Estado cuya acción principal tiende hacia lo punitivo y a ejercer el asistencialismo focalizado, favorable al fortalecimiento del eje autoritario y excluyente, donde tiene cabida la violencia estructural y directa.

 

REFLEXIÓN FINAL

Más que concluir, se abre una polémica acerca del nuevo papel que debería cumplir el Estado mexicano, lo que va más allá de la simple alternancia partidista, frente a la descomposición social, para definir un nuevo pacto ante la generalización de las consecuencias negativas derivadas de la economía neoliberal globalizada.

Ni el mercado ni el autoritarismo pueden ser los únicos factores que ayuden a la creación de una ciudadanía universal en un país donde la desigualdad social es un problema. Pero tampoco se propone romper los lazos que se tienen con la economía internacional, sancionados con la firma de acuerdos comerciales, sino la creación de un Estado que cumpla su función social para detener los problemas producidos por la falta de protecciones, frente a la pérdida del empleo, por la destrucción de los medios de subsistencia de los campesinos, incluyendo la debilidad de las regulaciones estatales.

La concentración de recursos económicos en el sistema de representación partidista, lo cual ha garantizado la alternancia de partido, no ha servido para configurar soluciones a la crisis institucional, sino que se ha convertido en una manera de reproducir los intereses de una élite política plural y dividida.

No es conveniente que el Estado mexicano siga actuando bajo la consigna liberal de "dejar hacer, dejar pasar", sino asumir un papel más protagónico para detener la ilegalidad y el empobrecimiento de una población destinada a sobrevivir mediante la realización de actividades económicas informales.

Las instituciones estatales vuelven a tener relevancia ante la inseguridad planteada por la globalización económica neoliberal, la cual afecta directamente a los más pobres, a los que comparten una misma situación de precariedad. Aunque los controles sociales estatales han adoptado un carácter más punitivo porque la amenaza proviene supuestamente del terrorismo, de los inmigrantes, de los pobres, etcétera, en realidad la mejor garantía contra el crimen es la política social.

 

REFERENCIAS

1 En este trabajo, Estado se define como el conjunto de instituciones y relaciones sociales sancionadas por el sistema legal, que penetra y controla un territorio y sus habitantes, delimitado geográficamente, y teniendo la supremacía del control de los medios de coerción para hacer efectivas, en un caso último, sus decisiones. Mientras que por régimen se entenderán los patrones formales e informales que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, así como las reglas e instituciones que regulan la permisividad hacia las posiciones más altas en el Estado. Estas definiciones son usadas para señalar que el Estado, por medio de sus instituciones, tiene dos funciones primordiales: la función social, relacionada con la de garantizar el bienestar colectivo, y la función civil, es decir, la protección a la propiedad y vida de los habitantes que ocupan el territorio donde el Estado desarrolla su dominio. Guillermo O´Donnell, "Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión", en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Contribuciones para el debate, Buenos Aires, Taurus Alfaguara, 2004, pp. 149–152.        [ Links ]

2  Esto ha sido posible gracias a un grupo de economistas neoliberales que han afianzado su poder de influencia en los debates ideológicos, dejando de lado las discusiones que pueden surgir acerca de las consecuencias negativas que el modelo económico que defienden ha tenido sobre el bienestar social. Jacques Sadir, Economistas contra la democracia. Los intereses inconfesables de los falsos expertos de la economía, traducción de Francisco Rodríguez de Lecea, Barcelona, Ediciones B, 2004, p. 287.        [ Links ]

3  El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha insistido que los bancos centrales de los países de la periferia capitalista se dediquen sólo a combatir la inflación, así como a promover la privatización de los sistemas de pensiones. Pero en Estados Unidos esto no sucede porque el seguro social ha demostrado ser un sistema más eficaz. A su vez, la política fiscal deficitaria en ese país también tiene el consenso de los demócratas y republicanos; debe mantenerse así para evitar una recesión, lo que no es válido para América Latina, de acuerdo con el FMI y el Banco Mundial (BM). Joseph E. Stiglitz, "Globalización, organismos financieros internacionales y las economías latinoamericanas", en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina, op. cit., pp. 415–417.

4  "(Es decir) La mercantilización se produce cuando se presta un servicio como un asunto de derecho y cuando una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado". Gösta Esping–Andersen, Los tres mundos del Estado de bienestar, traducción de Begoña Arregui Loco, Valencia, Edicions Alfons El Magnánim–Institució Valenciana D´Eestudis i Investigació– Generalitat Valenciana Diputació Provincial de Valencia, 1993, p. 41.        [ Links ]

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10  El campo político está conformado por un conjunto de fuerzas que logran un equilibrio inestable porque las que tienen una posición mejor se debe a que poseen más capital político; mientras las que tienen menos luchan para incrementarlo a su favor, lo que puede provocar su transformación. Véase Pierre Bourdieu, Propos sur le Champ Politique, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2000.        [ Links ]

11  La violencia estructural es causada por la pobreza y la desigualdad social, lo que es parte de la misma marcha de la economía capitalista. En cambio, la violencia directa es la que se ejerce sobre la vida y propiedad de un individuo o grupo, la cual puede provenir del mismo Estado o del crimen organizado. José María Tortosa Blasco, El largo camino de la violencia a la paz, Alicante, Universidad de Alicante, 2001, pp. 31         [ Links ]y ss.

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22  Las empresas transnacionales luchan por el subsidio derivado de la no regulación estatal de sus actividades en países subdesarrollados, donde los derechos sociales no se respetan. Klaus Werner y Hans Weiss, El libro negro de las marcas. El lado oscuro de las empresas globales, traducción de Mariano Grynszpan y Alejandra Obermeir, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2003, pp. 15–41.        [ Links ]

23 Véase Michel Chossudovsky, The Globalization of Poverty. Impacts of IMF and World Bank Reforms, Malasia, Penang, 1997.        [ Links ]

24  "(...) vivimos en democracias de mercado, más que en economías de mercado (...) el mercado regido por el principio del sufragio censatario, en que la apropiación de los bienes es proporcional a los recursos de cada uno –un dólar, un voto–. Y, por otro lado, la democracia regida por el sufragio universal –una mujer, un hombre, un voto (...) Nuestro sistema procede entonces de una tensión entre dos principios: el individualismo y la desigualdad por una parte, y por otra el espacio público y la igualdad, obligando a una búsqueda permanente de un "entredós", un compromiso". Jean–Paul Fitoussi, "Globalización, mercado y democracia", en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, op. cit., pp. 326–327.

25 Michel Chossudovsky, Guerra y globalización. Antes y después del XI/IX/MMI, traducción de Bertha Ruiz de la Concha, México, Siglo XXI Editores, 2002, pp. 65–80.        [ Links ]

26 La inseguridad en las sociedades modernas fue resuelta por medio de la pertenencia a los colectivos, de donde se derivaron derechos garantizados por el Estado ante hechos como el paro y la pobreza. Robert Castel, La inseguridad social ¿Qué es estar protegido?, traducción de Viviana Ackerman, Buenos Aires, Manantial, 2004, pp. 19–27.        [ Links ]

27  Loïc Wacquant, Las cárceles de la miseria, traducción de Horacio Pons, Madrid, Alianza Universidad, 2000, pp. 11–74.        [ Links ]

28  Loïc Wacquant, "The advent of Penal State is not Destiny", Social Justice, Estados Unidos, vol. 28 (3), 2001, pp. 81–87.        [ Links ]

29  Paul Cammack, "Ataque a los pobres a escala global", New Left Review (13), Madrid, Ediciones Akal, 2002, pp. 104–112.        [ Links ]

30  Véase Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. Une chronique du salariat, Francia, Gallimard, 1995.        [ Links ]

31  Keith Dixon, Les évangélistes du marché, París, Rasisons D´Agir Éditions, 1998.        [ Links ]

32  Robert Castel, "The Roads to Desaffiliation: Insecure Work and Vulnerable Relation–ships", International Journal of Urban and Regional Research, Estados Unidos, vol. 24 (3), 2000, pp. 519–535.        [ Links ]

33  Robert Castel, "¿Por qué la clase obrera ha perdido la partida?", Archipiélago, núm. 48, traducción de Francisco Álvarez Uría, Madrid, Archipiélago, 2001, pp. 37–48.        [ Links ]

34 Nurcia Cunill, "Ciudadanía y participación. La necesidad de su reconceptualización", América Latina. Revista del Doctorado de las Sociedades Latinoamericanas (1), Chile, Universidad de Santiago, 2002, pp. 69–94.        [ Links ]

35  La inseguridad y el riesgo personalizado provocan sufrimiento, que a su vez acaba con las capacidades del individuo y hasta con su vida, lo cual es generado por el modelo económico de la competencia capitalista, pero visto por los que no lo sufren como algo "natural" porque son los supuestos "arquitectos" de su fracaso; en consecuencia, la injusticia social se banaliza. Véase, Christophe Dejours, Souffrance en France, La Banalisation de L´lnjustice Sociale, París, Éditions du Seuil, 1998.        [ Links ]

36  Samir Amin señala que no existe un mercado de trabajo mundial debido a las restricciones que imponen los Estados–nación para la movilidad de los trabajadores, lo cual reproduce un desarrollo regional desigual y socialmente polarizante. Gabriela Roffinelli, Samir Amin y la mundialización del capital, Madrid, Campo de Ideas, S. L., 2004, p. 78.        [ Links ]

37 Luc Boltanski y Éve Chiapello, El nuevo espíritu del capitalismo, traducción de Marisa Pérez Colina, Alberto Riesco Sanz y Raúl Sánchez Cedillo, Madrid, Ediciones Akal, 2002, pp. 153–237.        [ Links ]

38 Véase Francois Dubet, Les inégalités multipliées, París, Éditions de l´Aube, 2000.        [ Links ]

39  Jean Paul Fitoussi y Pierre Rosanvallon, La nueva era de las desigualdades, traducción de Horacio Pons, Buenos Aires, Manantial, 1997, pp. 73–80.        [ Links ]

40  Gilles Balbastre y Stéphane Binhas, "Nuevas formas de producción, nuevas formas de explotación", Rafael Díaz–Salazar (ed.) Trabajadores Precarios. El proletariado del siglo XXI, Madrid, Ediciones HOAC, 2003, pp. 109–126.        [ Links ]

41  Alain Touraine, "Sociology without Societies", Current Sociology, vol. 51 (2), Londres, Sage Publications, 2003, pp. 123–131.        [ Links ]

42  Carmen Parra, "Las desigualdades entre los parados europeos", El País, Madrid, 12 de mayo de 2002, p. 8.        [ Links ]

43  Michel Wieviorka, "The Making of Differences", International Sociology, Londres, Sage Publications, 2004, pp. 281–283.        [ Links ]

44 Cfr. Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización, México, Grijalva, 1995.        [ Links ]

45  Pierre Guibentif, "Approaching the Production of Law trough Habermas´s Concept of Communicate Action", en Mathieu Deflem, Habermas, Modernity and Law, Philosophy and Social Criticism, Londres, Sage Publications, 1996, pp. 121–122.        [ Links ]

46  Immanuel Wallerstein, Un mundo incierto, traducción de Octavio Kulesz, Argentina, Libros del Zorzal, 2002, pp. 19–24.        [ Links ]

47  Peter Gozan, "¿Un nuevo paradigma político–democrático?", Revista Internacional de Filosofìa Política, núm. 17, Madrid, Universidad Autónoma de Madrid–UNED, 2001, pp. 47–75.        [ Links ]

48  Michel Wieviorka, op. cit., pp. 294–296.

49  Theotonio Dos Santos, "Neoliberalismo: doctrina y política", Comercio Exterior, vol. 49 (6), México, Bancomext, 1999, pp. 1–22.        [ Links ]

50  Mike Davis, Ciudad de cuarzo. Arqueología del futuro en Los Ángeles, España, traducción de Rafael Reig, Ediciones Lengua de Trapo SL, 2003, pp. 244–260.        [ Links ]

51  Véase Armando González Torres, Las transformaciones en la agenda social del Estado mexicano, tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, México, El Colegio de México, 1994.        [ Links ]

52  Omar Guerrero, Del Estado gerencial al Estado cívico, México, Universidad Autónoma del Estado de México–Miguel Ángel Porrúa, 1999.        [ Links ]

53 Véase Tonatiuh Guillén, Municipios en transición, actores sociales y nuevas políticas de gobierno, México, Friedrich Ebert Stifung, 1995.        [ Links ]

54 Sara Gordon, Del universalismo estratificado a los programas focalizados. Una aproximación a la política social en México, México, Instituto de Investigaciones Sociales–UNAM, 1998, pp. 1         [ Links ]y ss.

55  Francisco Zapata, Tiempos neoliberales en México, México, El Colegio de México, 2004, pp. 11–31.        [ Links ]

56 El actual primer ministro inglés Tony Blair dijo respecto al Estado de bienestar: "(...) no puede ser un saco sin fondo (...) Cada vez hay más apoyo popular a la idea de que sirva sobre todo para atender a los más necesitados, para insertar a la gente, a cambio de un compromiso de ayudarse a sí mismo (...) El mensaje (...según el periodista es) el seguir haciendo calar la idea de que el Estado de bienestar no es un derecho universal, gratuito e ilimitado, sino un instrumento puntual para ayudar a los más necesitados, acercándose así más al modelo norteamericano que al tradicional Estado asistencial centroeuropeo (...)". Walter Oppenheimer, "Blair advierte de que el Estado de bienestar no es un saco sin fondo", El País, Madrid, 11 de junio de 2002, p. 7.        [ Links ]

57  Entre 1988 y 1994, la administración del entonces presidente Carlos Salinas, perteneciente al Partido Revolucionario Institucional (PRI), puso en marcha el Programa Nacionalde Solidaridad (Pronasol), después en el siguiente sexenio (1994–2000), con un gobierno del PRI, Ernesto Zedillo, dicho programa asistencialista cambió de nombre por El Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), finalmente, en el gobierno de la alternancia en la presidencia, perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox (2000–2006), le cambió de nuevo el nombre por el de Oportunidades; sin embargo, su carácter asistencial de tipo focal, lo conservó. Cecilia González, "Pretenden garantizar mínimo de bienestar", Reforma, México, 14 de agosto de 2002, p. 2A.        [ Links ]

58  En está situación ha tenido que ver el BM con sus recomendaciones para privatizar el patrimonio público y mantener el modelo económico neoliberal. John Saxe–Fernández y Gian Carlo Delgado, Imperialismo económico en México. Las operaciones del Banco Mundial en nuestro país, México, Random House Mondadori, 2005, pp. 17–44.        [ Links ]

59  Sergio Zermeño, "México. ¿Todo lo social se desvanece?", Revista del Senado de la República, vol. 64 (1), México, Senado de la República, 1999, pp. 181–197.        [ Links ]

60  Sergio Zermeño, "Estado y sociedad en el neoliberalismo dependiente", Revista Mexicana de Sociología, vol. LVI (4), México, Instituto de Investigaciones Sociales–UNAM, 1994, pp. 109–132.        [ Links ]

61  De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares Mexicanos (ENIGH), levantada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEGI) en el año 2002, el 10% de los hogares más ricos concentraron 35.6% del ingreso; mientras, que 10% de los más pobres solamente 1.6%. Pero, en el año 2004, a pesar de la recuperación económica en el gobierno de Vicente Fox Quesada, 10% de los hogares más ricos concentró 36.5% del ingreso, y 10% de los hogares más pobres se mantuvo con el mismo 1.6%. Esto significa que la estructura de distribución del ingreso no cambió y, en consecuencia, el problema de la pobreza por ingresos no se puede solucionar solamente a partir de un crecimiento económico, sino que se necesita de la intervención estatal mediante políticas públicas distributivas del ingreso. Roberto González Amador, "Con Fox, al igual que el PRI, la riqueza se concentra, no se distribuye", www.jornada.unam.mx, consultado el 15 de mayo de 2005.        [ Links ]

62  En 2004, en México tres de cada 100 trabajadores estaban desempleados, pero del total de los ocupados, 61% de cada 100 carecía de algún tipo de prestación laboral. Entre 2000 y 2004, el total de desempleados pasó de 659 mil a más de un millón por el crecimiento de la población económicamente activa (PEA), mientras los trabajadores sin prestaciones creció en más de dos millones. Observatorio Ciudadano de la Educación, "Subempleo y trabajo decente", Diario Monitor, México, 14 de abril de 2005, p. 6A.        [ Links ]

63  Víctor Tokman, "La informalidad en los años noventa: situación actual y perspectivas", Jorge Carpio e Irene Novacovsky (comps.), De igual a igual. El desafío del Estado ante los nuevos problemas sociales, Brasil, FCE–Siempro–Flacso, 1999, pp. 80–101.        [ Links ]

64 Jhon Urry, "Globalization and Citisenship", Journal of World–Systems Research, vol. 5 (2), Inglaterra, 1999, pp. 311–324.        [ Links ]

65  Entre 1963 y 1984, donde existía una economía orientada hacia el mercado interno, con protección estatal, las desigualdades en la distribución del ingreso disminuyeron a costa del 10% más rico de la población Sin embargo, entre 1984 y 2000, con un modelo económico neoliberal, el proceso se revirtió, afectando a los estratos medios y pobres, de tal manera que el 10% más rico se apropió de las pérdidas, cercanas al 10.2%, de los estratos mencionados. Enrique Hernández Laos y Jorge Velásquez Roa, Globalización, desigualdad y pobreza. Lecciones de la experiencia mexicana, Plaza y Valdés–UAM Iztapalapa, México, 2003, pp. 82–83.        [ Links ]

66  Jean–Francois Boyer, La guerra perdida contra las drogas. Narcodependencia del mundo actual, traducción de Manuel Arbolí Gascón, México, Grijalbo, 2001, pp. 106–163.        [ Links ]

67  Sergio Tamayo, "La ciudadanía civil en el México de la transición: mujeres, derechos humanos y religión", Revista Mexicana de Sociología, vol. 62 (1), México, Instituto de Investigaciones Sociales–UNAM, 2000, pp. 61 97.        [ Links ]

68  Gerardo Ordóñez Barba, "El Estado de bienestar en las democracias occidentales: lecciones para analizar el caso mexicano", Región y Sociedad, vol. 14 (24), Sonora, El Colegio de Sonora, 2002, pp. 99–145.        [ Links ]

69  Alain Touraine, Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia, traducción de Ricardo González, México, Colección Popular 541, FCE, 2000, pp. 7–13.        [ Links ]

70  La Secretaría de la Defensa Nacional editó su libro blanco para dar a conocer las nuevas amenazas contra la seguridad nacional. Pero respecto a la ubicación geográfica de México dice: "(...) la frontera con Estados Unidos y las diferencias económicas entre ambos países han provocado una concentración de mexicanos y de (ciudadanos de) otros países hacinados en asentamientos irregulares, lo que ha provocado problemas en la relación bilateral con los estadounidenses, principalmente por el narcotráfico y la inmigración legal e ilegal (...) Mientras que en la frontera sur, los estados de Campeche, Tabasco, Quintana Roo y Chiapas tienen una gran afinidad con Centroamérica, ya que de ambos lados existe desigualdad social, y los problemas giran en torno a la migración, tráfico de personas, armas y drogas. Rubén Mosso, "Pobreza, amenaza para la seguridad nacional", Milenio. El acento en política y mil cosas más semanal, núm. 403, México, Grupo Editorial Multimedios, 13 de junio de 2005, p. 11.        [ Links ]

71 José Félix Tezanos, La democracia incompleta. El futuro de la democracia posliberal, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000.        [ Links ]

72  Oliver Kozlarek, Crítica, acción y modernidad. Hacia una conciencia del mundo, col. Devenires Textos, México, Dríada–Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2004, pp. 15–28.        [ Links ]