Reforma del Estado y gobernabilidad

 

La inquietante fragilidad de una democracia electoral imperfecta. La elección presidencial del 2006

 

Luis H. Méndez B.

 

Profesor investigador del Departamento de Sociología, UAM–Azcapotzalco.

 

Artículo recibido el 14–09–07
Artículo aceptado el 12–01–08

 

Resumen

Desde una coyuntura específica, la elección presidencial del 2006, y en un marco histórico que inicia en 1983 con la llamada transición mexicana a la democracia, el presente artículo se propone mostrar las enormes dificultades que enfrenta nuestro país para crear un nuevo Estado, con un nuevo proyecto nacional y legitimado desde un nuevo pacto social, que tome como valor simbólico supremo a la democracia electoral propia de los países occidentales inmersos en una sociedad de libre mercado.

Palabras clave: democracia, partidos políticos, representación simbólica, coyuntura, territorio, legalidad–legitimidad.

 

Abstract

In the context of the specific event of 2006's presidential election, and in the historical frame started in 1983 with the so called "mexican transition to democracy", this paper shows the enormous difficulties faced by our country towards the creation of a new State and a new national project both legitimated by a new social pact which embraces electoral democracy as a supreme symbolical value found in all occidental countries which are immersed in a free trade society.

Key words: democracy, political party, symbolical representation, conjuncture, territory, legality–legitimacy.

 

UNA PROVISIONAL DEFINICIÓN DEL ENTORNO POLÍTICO

Cuando hablamos de democracia como símbolo dominante en México,¹ estamos haciendo alusión, en lo esencial, a una democracia política restringida a un conjunto de procedimientos técnico–administrativos, jurídicamente normados, orientados prioritariamente a hacer creíbles y confiables los procesos electorales. En este entorno, los partidos políticos han jugado un triste papel: en su lucha por impulsar un proceso de transición a la democracia, fueron obligados por las realidades políticas cotidianas a negociar con el poder. no era posible alcanzar una nueva democracia sin inmiscuir al poder estatal. El entendimiento con los gobiernos en turno era obligado. Paulatinamente, el partido político tradicional se fue transformando. Desde Miguel de la Madrid hasta Vicente Fox, pasando por Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, esta necesidad perentoria de negociar en busca de la democracia fue obligando a los partidos políticos de oposición a impulsar cada vez menos acciones de movilización social, y más de control social y político. La discusión política se olvidó de los principios y de los programas para centrarse en los procedimientos.

Los partidos políticos, en su camino a la democracia, se vieron forzados a entrar en componendas o pactos entre ellos mismos y/o con el régimen, y en estos frecuentes entendimientos políticos, se obligaron a contener no sólo sus principios ideológicos, sino también las demandas que de ellos emanan, la combatividad de sus partidarios e incluso el descontento de los sectores más agraviados de la sociedad civil. El resultado alcanzado fue, al menos en lo formal, una democracia liberal asentada en instituciones ciudadanas, constitucionalmente legalizadas, cuyos actores centrales negocian, a través de élites partidarias y políticas, no principios éticos o programáticos, sino, generalmente, modelos de sistemas operativos en materia electoral.

Subrayo lo de formal porque esta democracia, ya de por sí limitada a la cuestión electoral, no ha podido deshacerse aún de la nociva influencia de la vieja cultura política nacional heredada de la revolución Mexicana. En este sentido, los contenidos esenciales del símbolo democracia, son frecuentemente alterados por los símbolos instrumentales creados por los actores, especialmente políticos, involucrados en los ritos que este símbolo dominante genera. Qué mejor ejemplo al respecto que los procesos político–electorales del tiempo de la llamada transición mexicana, en especial los del 2006. En la lucha política cotidiana, los partidos políticos han manipulado la idea central de democracia creada por ellos mismos (junto con el poder institucional y con algunos sectores de la sociedad civil). De diferentes formas y con diversas intensidades, en cada uno de los procesos electorales se desdicen los contenidos del símbolo dominante. con frecuencia, las viejas herramientas corporativas son empleadas sin recato. Clientelismo, cacicazgos, tráfico de influencias, compadrazgos y corrupción, conviven patológicamente con la exigencia democrática de hacer creíbles y confiables los procesos electorales. En la cotidianeidad de la lucha política en el país, la nueva democracia mexicana mantiene, de manera soterrada, la vieja concepción de que hacer política en México significa eliminar al adversario, y se vuele eufemístico el discurso de la clase política cuando pretende hacernos creer que su objetivo se centra en la discusión de alternativas viables para lograr acuerdos sensatos que conduzcan la gran tarea de construir el todavía ausente proyecto nacional. Se ha mostrado ineficaz para garantizar que los candidatos a puestos públicos, popularmente electos –del presidente de la república al presidente municipal, pasando por gobernadores, diputados y senadores– ejerzan un poder público visible, que destierre de la vida política del país los centros ocultos de poder que actúan y deciden al margen de la legalidad.²

En este sentido, hoy debemos aceptar que nuestra cumplida y limitada transición a la democracia, parte importante de la obligada pertenencia al mundo global, ha resultado incapaz de mantener la estabilidad política en el país. no sólo se restringió su ámbito de acción a la lucha electoral, su limitada modernidad fue obstaculizada con frecuencia por los partidos políticos y los poderes públicos en turno, al emplear, sin pudor, los métodos antidemocráticos de nuestra vieja cultura política. La democracia de la nueva modernidad capitalista, adoptada como símbolo dominante en México, no ha logrado imponerse a las significaciones instrumentales que los actores políticos le dan al término democracia.

Los resultados políticos obtenidos a lo largo de este conflictivo periodo de reacomodo han sido limitados. La gran ineficacia mostrada por los actores políticos –al menos desde enero de 1994– para construir, con base en acuerdos, un nuevo proyecto nacional que cubra el gran vacío político creado desde el levantamiento zapatista, así como su profunda insensibilidad para evitar la lucha sorda, despiadada y sin principios establecida entre los partidos políticos con el principalísimo fin de alcanzar el poder por el poder mismo, han puesto al país en una preocupante situación de ingobernabilidad, cada vez más frecuente en el tiempo y más amplia en el territorio.

En la actualidad, México se define desde lo económico y no desde lo político. Es débil nuestro Estado–nación, y débil también la manera como se legitima desde un poder legal; en estas condiciones, es otro territorio quien nos determina, más amplio, más abarcador, supranacional (el TLCAN), perteneciente a su vez al imaginario espacio planetario del mundo global y su mito homogenizador. Esta distinción nos ayuda a explicar, al menos en parte, el carácter incierto de nuestro desarrollo. Una estructura política sólida es sinónimo de fortaleza y estabilidad; en cambio, una determinación económica extraterritorial, es equivalente de inestabilidad, producto del carácter caprichoso y coyuntural que expresa. nuestra economía se encuentra inserta en una inmensa red internacional que se impone sobre nuestro Estado–nación. Son, en lo esencial, poderes trasnacionales quienes nos señalan el rumbo a seguir. Las consecuencias para el país son graves, en especial porque este tipo de determinación favorece, entre otras cosas, la existencia de una sociedad desestructurada. Esto es, mientras más se debilita la determinación política del territorio, más se fortalece la violencia y la impunidad a su interior.³

Si hablamos de territorio, nos referimos no sólo a la estructura de un espacio culturalmente ocupado; también, y de manera prioritaria, a la vida cotidiana de los actores sociales que intervienen, manteniendo o modificando la estructura de poder que en él se establece. Hablamos de sus relaciones dentro y fuera del trabajo, pero también de aquellas que construyen familiarmente, que edifican con grupos sociales o religiosos diversos o con las heterogéneas formas de autoridad, formal o informal, que se manifiestan en el territorio. Este fenómeno, al que algunos llaman territorialidad, se define hoy en nuestro país tanto interna como externamente; es decir, tanto por las costumbres y hábitos particulares asignados por la tradición a los diversos actores sociales involucrados, como por la contradictoria relación que establecen con otros territorios más amplios que imponen conductas y formas de comportamiento, las cuales casi siempre contradicen las identidades originales. Esta relación, que induce a comportamientos sociales inciertos, riesgosos y contingentes, hace de nuestra territorialidad un conjunto de relaciones sociales inestables por el gran potencial de ambigüedad y ambivalencia que contienen. La territorialidad nacional es desequilibrada y como cualquier tipo de desequilibrio, pervierte la vida social y engendra diversas formas de violencia.⁴

No hablamos aquí de la violencia que, soterrada o abiertamente, contienen las representaciones sociales que construyen la vida cotidiana, representaciones propias de cosmovisiones o ideologías legitimantes, o de estatutos morales orientadores de la vida social. no son éstas formas institucionalizadas de violencia que tienden a la estabilidad, las que nos preocupan, sino más bien todas aquéllas que socavan las seguridades on–tológicas de los colectivos humanos, producto de la presencia de situaciones sociales donde convive lo viejo con lo nuevo, circunstancias de diversa índole donde es posible ser, al mismo tiempo, lo uno y lo otro. La violencia que hoy experimentamos no es la que se ejerce en un contexto de instituciones sólidas, sino en un espacio social intermedio, indefinido, proclive a ser desestructurado. no aludimos al monopolio de la violencia "legítima" que ejercen las instituciones de gobierno a través de la policía y del ejército, violencia que no deja de estar presente; más bien nos interesa advertir sobre la presencia de una violencia no institucionalizada que tiene su origen en el cínico comportamiento de los procesos de internacionalización del capital en el territorio nacional. Sin un orden específico y políticamente aceptado, México seguirá siendo lo que es: un territorio que se define desde la violencia.

 

LOS RESULTADOS POLÍTIICOS DE LA CONTIENDA ELECTORAL DEL 2006

La lucha política por el desafuero de Andrés Manuel López obrador (AMLO) y su atropellado desenlace producto de una masiva respuesta popular, parecían presagiar el inicio de un tiempo de coyuntura que podría conducirnos a un momento histórico excepcional por las posibilidades que planteaba:⁵ por un lado, el proyecto de la izquierda partidaria Partido de la revolución Democrática (PRD), empeñada en construir una nueva idea de nación que incluía, como prioritario, el bienestar social, aunque dispuesto a no abandonar el camino del mundo global; por el otro, la continuación de un largo, ambiguo y hasta hoy fallido proceso de construcción de otra idea de sociedad, en este caso de libre mercado en su acepción más ortodoxa, impulsado por la derecha partidaria Partido Acción nacional (PAN), decidida a impedir el retorno de políticas sociales propias de un Estado benefactor, en su opinión, ya superado. Y en medio de estas dos alternativas, un desdibujado proyecto impulsado por la más importante fuerza política del país Partido revolucionario Institucional (PRI), incapaz hasta ese momento de superar sus contradicciones: la de ser artífice y heredero ideológico del Estado nacionalista revolucionario que él mismo se propuso desmantelar para sustituirlo por un proyecto neoliberal a lo largo de tres sexenios (1983–2000).⁶

Se pensaba que la respuesta política al enfrentamiento programático de los tres principales partidos políticos la daría el resultado electoral del 2 de julio. Se imaginó que el voto ciudadano, protegido por las instituciones electorales (Instituto federal Electoral (IFE), código federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y tribunal electoral) decidiría el rumbo del país. Por desgracia no fue así. Después de 6 meses de una desquiciante contienda electoral antecedida de largas y alteradas semanas de batalla preelectoral, y de casi tres años de intensa –y frecuentemente antidemocrática– lucha política partidaria en torno a la disputa por la presidencia de la república, el gobierno foxista, los partidos políticos, la ciudadanía y las instituciones electorales arribaron al 2 de julio en una atmósfera de desconfianza y políticamente maltrechos. no era para menos: desde los turbadores meses del desafuero, el ambiente político nacional, ya de por sí descompuesto, arreció su proceso de enrarecimiento. varios hechos, entremezclados, terminaron por pervertirlo.

Cómo no recordar la preocupante debilidad –¿o parcialidad?– del Instituto federal Electoral después de la autoritaria designación, en el 2003, de los nuevos consejeros electorales y de su presidente a partir de un acuerdo arbitrariamente decidido e impuesto por el PRI y el PAN ignorando al resto de las fuerzas políticas, en especial al PRD. Y qué decir de la confusa actuación de este mismo Instituto durante los meses de la contienda electoral. Cómo olvidar la militante –por tanto caprichosa, injustificada e insostenible– intromisión del Ejecutivo federal y de su aparato para favorecer una particular orientación política, la de su partido, ignorando sus obligaciones como jefe de Estado. cómo no hablar de los descompuestos comportamientos de los partidos políticos, que con harta frecuencia ignoraron los mandatos de la normatividad electoral vigente, o sus desleales pugnas internas y externas con demasiada frecuencia señaladas por la corrupción, o su compulsiva determinación por eliminar al adversario antes que dialogar con él. cómo dejar de hacer alusión a la ilegal, despótica y parcial injerencia de ciertos sectores sociales, como los empresarios de la televisión, la iglesia católica o, en general, los señores del dinero, transformados a lo largo del proceso en poderosos grupos de presión política a favor de la orientación de derecha representada por el PAN.

Todo esto en un desfavorable entorno señalado por la ambigüedad y la ambivalencia, por un vacío político que hizo cada vez más frecuentes los momentos de ingobernabilidad en el país. En suma, la elección presidencial del 2006 y sus inquietantes consecuencias, fueron el reflejo de la incapacidad de una clase política que, desde 1983, se propuso, obviamente sin conseguirlo, reformar al Estado, crear un nuevo pacto social e inaugurar un nuevo proyecto nacional para enfrentar los retos que le planteaba el mundo global al nuevo tiempo mexicano.⁷

Este conflictivo y desaseado proceso político creó un frágil entorno para el ejercicio de la democracia electoral, y aquí ubicamos cualquier tipo de explicación a la elección del 2 de julio del 2006. Al llegar a este momento culminante, tenemos que comenzar a preguntarnos si el tiempo de coyuntura, tal como lo imaginamos, terminó creando, con estas elecciones, una nueva posibilidad de transformación política en el país, o si, por el contrario, seguiremos soportando las preocupantes inercias de un orden en construcción. Evidentemente, es pronto aún para responder. faltan elementos que arrojen claridad sobre esta cuestión. Sin embargo, y a sabiendas de que la realidad política del país todavía tiene mucho que decir, nosaventuramos con la hipótesis del continuismo: pensamos el 2 de julio del 2006 como una coyuntura más que se frustra –la sexta en 24 años.⁸

Los resultados electorales revelaron un hecho inédito que, por sí mismo, explica, al menos formalmente, el beligerante rumbo que tomó la disputa política después del 2 de julio del 2006: por primera vez en la historia reciente del país, los resultados no dieron un claro ganador de la contienda, situación que, aunada al ambiente de desconfianza prevaleciente en el ámbito político y extendido ya al ámbito social, hizo del proceso postelectoral un tiempo de incertidumbre donde privó el rumor y la especulación; tiempo contingente, tiempo riesgoso, que transportó nuestro imaginario a aquel no tan lejano episodio del fraude electoral en 1988. Por supuesto, ni fueron las mismas circunstancias políticas ni eran iguales las fuerzas sociales que en ese momento se midieron, pero, como buen imaginario, registró de inmediato la huella del fraude en una gran parte de la población.⁹

Varios fueron los acontecimientos que favorecieron la creación de un imaginario de fraude entre la ciudadanía, y bien podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que el origen inmediato lo encontramos en el errático comportamiento de las instituciones electorales y de las grandes lagunas que mostró el código federal Electoral para dar respuesta legal y sanción oportuna al sinfín de irregularidades que mostró la contienda electoral. La incapacidad de la autoridad electoral –¿o el temor? ¿o la complicidad?– para castigar la guerra sucia del Partido Acción nacional en contra de la oposición de izquierda,¹⁰ o la ilegal intromisión del Ejecutivo federal a favor de su partido, se sumó a la mal intencionada –y por supuesto también delictiva– ingerencia de poderosos sectores de la sociedad civil. también se agregaron las cúpulas del empresariado nacional, la alta jerarquía de la Iglesia católica, los medios electrónicos, y gran parte de los medios impresos, para impedir el avance de la oposición de izquierda. A esto se sumó la acción bien ideada del Partido nueva Alianza (Panal) para jugar a favor del candidato panista.¹¹ todos estos factores estuvieron acompañados de un largísimo tiempo histórico –1810–2006– que creó y fortaleció entre los mexicanos una poderosa cultura de la desconfianza, e hizo que cuando en la noche del 2 de julio el Instituto federal Electoral y las empresas encues–tadoras anunciaran su decisión de no hacer públicos los resultados electorales por lo cerrado de la competencia presidencial, el fantasma del fraude se instalara en las mentes de una gran mayoría de ciudadanos votantes.

El candidato del PAN se declaró de inmediato vencedor, el del PRD –¿por qué quedarse atrás?– realizó la misma acción ilegal, y el IFE, ante el incierto y amenazante entorno político, dejó que hablara por él el Programa de resultados Electorales Preliminares (PREP), pero sin hacer de conocimiento público la existencia de un archivo especial que concentraba el cúmulo de actas con inconsistencias que había arrojado el proceso. Al final, los resultados del prep oficializaron el apretado resultado entre PAN y PRD –poco más de medio punto porcentual– y el Presidente del IFE, contraviniendo la ley, declaró vencedor al candidato del PAN. Poco después, cuando las fuerzas perredistas denunciaron el ocultamiento por parte del IFE del archivo de inconsistencias, se acaloró el sentimiento de sospecha, y la suspicacia y el recelo político congelaron cualquier posibilidad de diálogo entre las fuerzas enfrentadas. La idea de fraude se instaló en las fuerzas opositoras de izquierda, y la enorme movilización social que generó la demanda política de voto por voto casilla por casilla mostró, para los presuntos ganadores, amenazantes atisbos de una violencia social que nunca se dio.¹² En este ambiente político descompuesto, no resultó para nada extraño la propuesta del IFE de contar las actas para certificar los resultados del prep, aunque nada extraño resultó tampoco el resultado que confirmaba lo que ya antes había declarado el IFE: el apretado –¿planeado?– triunfo del candidato del PAN. La desconfianza se impuso a la oposición partidaria y en las redes ciudadanas se acrecentó la sospecha y subió de tono la irritación. Sólo quedaba ya la voz del Tribunal Federal Electoral para salvar la credibilidad de las instituciones democráticas, y esa voz autorizada terminó por ahondar el escepticismo de buena parte de los mexicanos en la recuperación de nuestra enfermiza democracia.

En efecto, después de agitadas semanas de confrontación política e inusual movilización social, el tribunal federal Electoral emitió su fallo:¹³ calificó como válida la elección presidencial y declaró a Felipe Calderón Hinojosa presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012, de conformidad con el artículo 99 párrafo cuarto fracción segunda de la constitución. Y en cuanto a las impugnaciones sobre un conjunto de irregularidades al proceso electoral presentadas por la coalición por el Bien de todos, el tribunal estimó que, si bien muchas de ellas fueron contrarias a la ley, no podía calcularse el impacto sobre la elección. La difusión, consideró, de mensajes emitidos a través de los medios electrónicos e impresos por las fuerzas partidarias y por fuerzas sociales convertidas en grupos de presión, como el consejo coordinador Empresarial, era ilegal y sin duda generó efectos negativos que atentan en contra del principio de la libertad del voto en tanto que pudieron constituir un factor determinante que influyera en el ciudadano para orientar su elección en determinado sentido. Sin embargo, consideraron que, a pesar de la existencia del conjunto de irregularidades señaladas por la oposición de izquierda, "la sola existencia de algunos spots o mensajes negativos es en sí misma insuficiente para concluir, indefectiblemente, que se ha afectado el principio de la libertad del voto". En su opinión, "no existen elementos que permitan establecer de manera objetiva que la intención del voto de los electores fue afectada preponderantemente por la difusión de spots negativos".

Más adelante se insiste en que sí hay un vínculo temático y una consonancia entre los spots emitidos por el PAN y los del consejo coordinador empresarial, y vuelven a afirmar que existe una violación legal que quebranta los principios constitucionales de igualdad en la contienda y de legalidad electoral, pero se insiste en que "por sí misma, no es determinante para el resultado de la elección ya que no obran elementos probatorios en autos que demuestren fehacientemente el impacto de los spots difundidos por el CCE ". Y la misma cantaleta jurídica la repiten para el caso de la intromisión de la empresa Jumex a favor del PAN o de la intervención de varias empresas mercantiles: no hay medio de prueba alguno para establecer el impacto que pudo haber tenido en el proceso electoral.

En cuanto a las ilegales intervenciones del presidente Vicente Fox, el tribunal consideró que, si bien pudieron contribuir en alguna forma para determinar la intención del voto, esta influencia se vio disminuida por diferentes aspectos (la tregua navideña, el acuerdo de neutralidad y la orden decretada por la corte de suspender la publicidad institucional); sin embargo, el tribunal acepta que, de no haber sido por estas restricciones, las declaraciones del presidente de la república se hubieran constituido en un riesgo para la validez de los comicios y podrían haber representado un elemento importante en el resultado final de la elección.

En suma, para el tribunal, los factores de atropello a la normatividad en los comicios fueron evidentes, pero, en su apreciación –pensamos que con escaso sustento legal– no era posible medir el impacto que tuvieron sobre la intención del voto. De manera por demás subjetiva, ligera y poco apegada a la reflexión jurídica, resultaba inútil, desde su muy parcial perspectiva, cualquier esfuerzo orientado a precisar el impacto que sobre la elección presidencial tuvo el amplio conjunto de irregularidades que, a lo largo del proceso, se advirtieron. fue poco afortunado –jurídica y social–mente– el fallo del tribunal. Aún queda impreso en la memoria de millones de mexicanos la desconfiada interrogante sobre por qué no recurrieron al voto por voto y casilla por casilla; por qué no investigaron a fondo las principales causales que podrían haber orientado su juicio hacia la nulidad abstracta de la elección; por qué no se tomaron el trabajo de indagar, a fondo e imparcialmente, y con la información a su alcance, el impacto que tanta irregularidad tuvo sobre la intención del voto. Su decisión terminó polarizando aun más a las fuerzas políticas en pugna y exacerbando el descontento social. El gigantesco movimiento ciudadano de protesta se había transformado ya en plantón y, después del restringido fallo emitido por el tribunal, se constituyó una Convención Nacional Democrática que decidió, entre otras cosas, desconocer el veredicto de la magistratura.

A casi dos años de la elección presidencial, la incertidumbre sigue comandando los procesos políticos, y la violencia amenaza los comportamientos de los actores sociales involucrados. Persiste la intranquilidad y la molestia social, se consolida la cultura de la desconfianza, aumentan los momentos de ingobernabilidad en el país, y el descontento ciudadano se instala más allá de los procesos electorales (qué mejor y preocupante ejemplo que el conflicto en oaxaca).

 

LAS DESVENTURADAS CONSECUENCIAS DE UNA COYUNTURA NO RESUELTA

En lo inmediato, la coyuntura creada por la elección presidencial mostró las enormes debilidades de nuestro sistema democrático–electoral. Las instituciones responsables, en contra de lo publicitado a lo largo del proceso, y en contra también de su corto –y se nos hizo creer que exitoso– historial, se manifestaron incapaces en esta ocasión de hacer creíble el proceso de elección presidencial y de manejar con buen juicio la crisis política que generaran. Las consecuencias, hasta hoy, son graves. En lugar de consolidarse nuestro sistema democrático, el país se polarizó e inició un riesgoso proceso de enfrentamiento político al margen de los marcos establecidos por la ley electoral. A la lucha política partidista se le agregó un nuevo elemento: el ingrediente social. La disputa por el poder desplazó la desavenencia programático–partidista, para transformarse en conflicto social. El enfrentamiento rebasó a los partidos políticos y mostró con mayor claridad lo que cotidianamente se disimula: el encuentro clasista, la distinción geográfica, el comportamiento racista y discriminatorio, y el abismo existente entre ricos (que son cada vez menos) y pobres (que son cada vez más).

La coyuntura mostró dos grandes bloques, dos posiciones políticas, dos formas diferentes de entender la realidad nacional, dos visiones de nación que hasta hoy se muestran irreconciliables. Por un lado, la alianza que apoya el programa del candidato perredista, Andrés Manuel López obrador, sintetizado en una proclama política con marcada orientación social: Por el Bien de Todos Primero los Pobres, integrada por los cuadros partidarios del PRD, PT y convergencia, y de manera prioritaria, por las extensas redes ciudadanas (movimiento social en formación), creadas desde el liderazgo de AMLO, cuyo origen social es la pobreza. Entre estas dos grandes fuerzas navegan, de forma no definitiva y cambiante, algunas organizaciones obreras, grupos de intelectuales, organizaciones no gubernamentales y sectores de clase media.¹⁴

Por el otro, el conjunto de poderes políticos y sociales que se aglutinan alrededor del programa de felipe calderón, candidato del Partido Acción nacional, formalmente reconocido como triunfador de la contienda electoral por la presidencia de la república. A este bloque lo distinguen, además de los militantes panistas, los grandes empresarios organizados, gran parte de los dueños de los medios electrónicos e impresos, la cúpula clerical de la iglesia católica, los viejos líderes corporativos inscritos en el congreso del trabajo, los líderes, igualmente corporativos, del poderoso Sindicato nacional de trabajadores de la Educación (SNTE), y por supuesto el aparato de Estado y la utilización política de sus programas sociales.

A diferencia del primer bloque, éste no formula con claridad un programa de gobierno alternativo, por tanto, podemos ubicarlo dentro de la línea del continuismo: una sociedad de libre mercado imperfecta que convive, negocia, manipula o se enfrenta a un nacionalismo anacrónico. La permanencia de lo ambiguo y lo ambivalente en el quehacer de la clase política, en la indefinición de las instituciones y, en lo general, en la permanente pérdida de identidades dentro de la sociedad civil, continua definiendo el contexto del orden social impreciso que hoy determina a la nación mexicana. cualquier tipo de acción de gobierno orientada a consolidar un orden neoliberal –la reforma energética, por ejemplo– encontrará la reacción del bloque opositor de izquierda en sus dos vertientes: como movimiento social y como segunda mayoría parlamentaria en el congreso y cualquier proyecto institucional destinado a mejorar los niveles de vida de la población marginal se topará también con la oposición de las poderosas fuerzas políticas, económicas y sociales que, por encima incluso de la ley y en defensa de sus privilegios, impulsaron a como diera lugar el triunfo del candidato panista.

En este problemático entorno, y a pesar de los avances en la relación con parte de la izquierda partidaria y con el PRI, el nuevo gobierno no logra salir del vacío político que, al menos desde el 1 de enero de 1994, vive el país. Padece, en diversos territorios –especialmente en aquellos donde florece la pobreza– tiempos de ingobernabilidad cada vez más prolongados. todavía nos sigue pareciendo problemático imaginar que el nuevo gobierno logrará enfrentar con éxito el reto de hacer crecer a la economía mexicana más allá del equilibrio macroeconómico, que enfrentará decididamente la apremiante necesidad de fortalecer y encadenar nuestra planta productiva a través de la modernización tecnológica, la productividad y la competencia externa, y que aceptará el inaplazable esfuerzo por combatir con eficiencia y realismo político la generalizada situación de pobreza que sufre la inmensa mayoría de mexicanos. A pesar del importante impulso desde el Senado de la república a la reforma del Estado, los acontecimientos sucedidos a lo largo del 2007, nos impiden suponer todavía cambios sustanciales a las instituciones responsables de impartir la justicia, de afianzar la seguridad social, de resolver los acuciantes problemas de seguridad pública, de hacer eficiente el sistema educativo nacional, etc. Es complicado concebir, insistimos, que exista la voluntad y la fuerza política en el gobierno calderonista para terminar con las cada vez más dilatadas inercias de inmovilidad y pasmo que han acompañado a los últimos cuatro gobiernos, incapaces de definir con claridad el rumbo de la nación, sin ambigüedades ni ambivalencias.

A partir de lo acaecido en un año de gobierno calderonista, bien podemos suponer, con todo el riesgo a equivocarnos, que la coyuntura del 2 de julio del 2006 se agregue a la ya larga lista de momentos históricos privilegiados en que los actores políticos y sociales, inmiscuidos en nuestro largo periodo de modernidad sin rumbo, pudieron definir el inquietante tiempo de incertidumbre que vive el país desde 1983.

Por supuesto, hay que decirlo, no son muchos los que comparten nuestra interpretación sobre los acontecimientos antes analizados. Para no pocos analistas políticos e intelectuales, la borrasca política de julio comenzó a desvanecerse con el inicio del nuevo gobierno; la censura ejercida pocas semanas antes por parte importante de la sociedad había comenzado a menguar...

Una opinión autorizada e intelectualmente reconocida afirmó que

"...cerca de un año después de la gran confrontación, la sociedad mexicana se encuentra tranquila...Los fantasmas que invocaron los políticos fueron sofocados por la insospechada civilidad de una gran parte de la sociedad. La sociedad civil logró amortiguar los agitados temblores de la sociedad política (y..) de alguna extraña manera la clase política comprendió que había llegado el momento de frenar las confrontaciones"¹⁵

Afirmando más adelante que "en 2006, López Obrador perdió las elecciones presidenciales por un margen muy pequeño, pero esta vez en unas elecciones democráticas y transparentes".¹⁶

Es una interpretación compartida en algunos espacios de la intelectualidad mexicana con la cual discrepamos, por su alto grado de generalidad que lejos de explicar, confunde. no resulta muy acertado, creemos, afirmar que después de casi un año de la gran confrontación, la sociedad mexicana se encuentra tranquila. Entendemos que la calificación de "tranquilidad" hace referencia directa al conflicto electoral y a la polarización que produjo en la sociedad, que por cierto es todavía difícil aceptar que terminó. Pero consideramos más inadecuado aún desligar de este proceso los graves conflictos sociales que, queriéndolo o no, se entretejieron con el conflicto y que a pesar de la rudeza con que se pretendió resolverlos, continúan vigentes. Pero más cofunde este juicio acerca de la "tranquilidad social", al observar con inquietud la todavía indefinida lucha contra el crimen organizado, la presencia activa del ejército sustituyendo a la policía en amplias e importantes zonas urbanas del país, la nueva polarización social que desató la promulgación de la Ley contra el aborto en el Distrito Federal, las respuestas en contra de la ley del issste y la discusión en la Suprema corte de Justicia sobre la tan mentada Ley televisa, entre otros muchos descontentos sociales más, que regionalmente muestran una sociedad inquieta, alarmada, a veces estremecida y a veces también movilizada. La expresión "tranquilidad social" es excesiva cuando se circunscribe exclusivamente al debilitamiento de un movimiento social que surge al calor de la lucha postelectoral dentro de una tendencia ideológica–política a la que Roger Bartra define como populismo conservador.

Igualmente irritante resulta la afirmación de que "la sociedad civil logró amortiguar los agitados temblores de la sociedad política (y que), de alguna extraña manera, la clase política comprendió que había llegado el momento de frenar las confrontaciones". ¿De qué sociedad civil nos estará hablando? ¿La de los ciudadanos que, considerados como individuos, votan? ¿La de aquellos que, a través de las encuestas, manifestaron su descontento? ¿Se referirá quizá a la opinión pública que sólo adquiere concreción a través de los dos grandes monopolios televisivos? ¿nos hablará de la posición de las organizaciones no gubernamentales? ¿o del heterogéneo y contradictorio espacio donde se desarrollan las organizaciones que se distinguen de la sociedad política, algunas de ellas –como lo afirmó Gramsci– con la fuerza suficiente para darle contenido ético al Estado? no sabemos en concreto qué sociedad civil logró tal hazaña pero, sobre todo ¿podemos creer realmente que desde la sociedad civil, entiéndasele como se quiera, salió el mensaje a la sociedad política para que frenara sus impulsos autodestructivos? Y, por último, ¿por qué debemos creer que las elecciones del 2006 fueron democráticas y transparentes? Ya expresamos más arriba nuestra opinión al respecto. Uno podría entender las enormes dificultades que existen para demostrar fehacientemente el fraude en la elección presidencial, pero lo que sí resulta complicado es tratar de negar las múltiples evidencias que hicieron de este rito democrático un acto ominoso, autoritario y oscuro. Hace sólo unos meses, con la llamada reforma Electoral realizada desde el congreso quedó, al menos implícitamente claro, lo desaseado del proceso electoral y lo turbio del comportamiento de las instituciones implicadas.

En algo sí coincidimos con Roger Bartra: "Sospecho que estoy pecando de optimista y no dudo en decir que esta aparente tranquilidad después de la tormenta postelectoral puede romperse en cualquier momento", aunque a decir verdad, para nosotros, todavía no ha ocurrido algo parecido a una tranquilidad social.¹⁷

En suma, el nuevo presidente y su equipo mantienen la pretensión de legitimarse, anónima y silenciosamente, a través del excesivo uso de las encuestas con el desmedido y acrítico apoyo de los medios electrónicos, de importantes sectores de la sociedad civil (la Iglesia católica y sus grupos de presión, la fuerza empresarial y los refuncionalizados bastiones corporativos del sindicalismo nacional) y del aparato de gobierno en su conjunto. La resistencia social continúa presente y sin solución, pero dispersa y sin mostrar avances considerables, mientras la oposición "lopezobradorista" parece perder fuerza.

Muchos analistas políticos coinciden en que este desplome político de la oposición de izquierda fue consecuencia de varios errores estratégicos cometidos por el grupo ahora opositor. Se refieren en lo esencial al plantón realizado en la avenida Paseo de la reforma que, dicen, le quitó millones de simpatizantes, le generó un sinnúmero de discusiones internas, lo desgastó financieramente y le hizo perder parte importante de sus aliados de campaña; aunque más lo debilitaron, suponemos, las grandes diferencias al interior de las estructuras perredistas, las distancias cada vez más amplias con sus "aliados" en el Poder Legislativo, sus conflictivas relaciones con los gobernadores de su partido y, sobre todo, el incuestionable hecho de que un movimiento ciudadano con las características del que levantó la fuerza de López Obrador tenía por fuerza una oportunidad reducida en el tiempo y en el espacio, y que si esa enorme fuerza social no era aprovechada para fortalecer la alianza partido–movimiento social–fuerza legislativa y traducirla en un proyecto político alternativo, era inevitable que el proyecto opositor abanderado por AMLO tendiera a enfriarse. reducir esta compleja situación política a los efectos del plantón en reforma, es pecar un poco de ingenuidad.

Por lo demás, se nos ha querido vender la idea de que la polarización política del país, producto de la conflictiva sucesión presidencial en el 2006, terminó en los primeros meses de gobierno de Felipe Calderón. nada más falso. Que hayan crecido favorablemente los índices de apoyo al poder en turno no significa que se haya extinguido parte importante de la población que sigue manifestando su desacuerdo con los resultados electorales, con el continuismo de los gobiernos neoliberales a la mexicana y con las agresivas políticas de ataque a las viejas conquistas sociales de la población trabajadora. La derecha en el poder ha tenido la insensatez política de exacerbar las diferencias entre los mexicanos, y no sólo políticas, también sociales y raciales; ha cometido la imprudencia histórica de debilitar el carácter laico de un Estado en preocupante situación de fragilidad. En suma, de acuerdo con nuestra particular interpretación de los estudios de opinión, el próximo sexenio nos depara más de lo mismo: una sociedad política entretenida en simular un México democrático, un tiempo económico de recuperación y una fructífera participación en el mundo global, y para buena parte de la sociedad civil, en especial la agrupada en los llamados sectores medios de la población, la creencia en una idea de democracia sujeta a una rígida –¿obsesiva?– concepción de orden bastante alejada de la democracia política liberal que busca imponerse –todavía sin éxito– en el país. Así visto nuestro futuro más próximo, mal harían nuestros políticos en hacer descansar las políticas públicas en las encuestas de opinión. Ellos lo saben bien; tanto que no es gratuito que su uso tenga un sentido casi único: legitimar su acción política.

 

EN LUGAR DE COLOFÓN, UNA SUCINTA INDICACIÓN HISTÓRICA

Quisiéramos concluir ratificando el carácter ambiguo con el que, desde el inicio de este escrito, definimos el entorno en que se dio la coyuntura del 2 de julio del 2006; y confirmar también que dicho entorno abarca, cuando menos, el periodo sin soluciones definitivas que inició el país obligadamente en 1983. Ambiguo por la contradicción no resuelta entre redes de significación cultural de un pasado nacionalista, arraigado con fuerza en la conciencia de la clase política mexicana y que aún determina de manera importante su comportamiento (corrupción, clientelismo, compadrazgos, caciques, caudillos, imaginarios corporativos...) Esto se une a las frágiles construcciones ideológicas de un orden neoliberal que pretende imponer –con muy relativo éxito– una sociedad de libre mercado (democracia, libertad, derechos humanos, productividad, competencia, calidad total...). Si queremos ser históricamente más estrictos para definir como ambiguo el incierto, contingente y riesgoso tiempo de construcción de un orden neoliberal en México, tendremos que hacer alusión a un conjunto de elementos problemáticos que se remontan al origen de nuestra existencia como nación independiente –en realidad más lejos– y que todavía se encuentran distanciados de soluciones posibles. nos referimos en concreto, y de manera especial, a las dos grandes discordancias que atraviesan nuestra historia patria, a las dos grandes paradojas que, después de casi 200 años –y seguramente más– siguen sin resolverse y continúan redefiniendo la vida política y social de la nación mexicana: por un lado, legalidad vs. legitimidad; por el otro, justicia vs. legalidad.

Un somero repaso por los grandes acontecimientos desde los cuales tratamos de leer nuestra biografía, o más importante aun, un reconocimiento del anónimo caudal de nuestro histórico tiempo largo, nos hará topar, obligadamente, a cada paso de nuestro acontecer, con estas dos grandes calamidades que hoy hacen imposible consolidar una sociedad democrática que supere su simulado estatus de autenticidad. toda la lucha social en México, toda la lucha política opositora, termina por resolverse en el desigual equilibrio de estos factores: la legalidad se traga a la legitimidad, y la justicia siempre se desdibuja ante lo normativo. nuestro tiempo actual no escapa a esta lógica. Hoy tenemos un nuevo presidente, legalmente reconocido, pero ilegítimo ante la vista de millones de mexicanos. Hoy, por enésima vez en el accidentado transcurso de nuestra historia, la legalidad logró disimular a la justicia. otra vez lo ambiguo nos señala, nos hace ambivalentes y nos convierte en híbridos.

El problema sin embargo, va mucho más allá de un proceso electoral por conflictivo que haya sido. Es una complicación más grande, un dilema de cultura nacional: ¿cómo ser legítimo en un marco de legalidad?, ¿cómo alcanzar la justicia social sin tener que violentar el derecho?, ¿cómo hacer valer la dignidad y el respeto social sin transgredir la norma? El nuevo presidente poco puede hacer para compensar este desequilibrio histórico. no cuenta ni con el poder ni con la voluntad política para suavizar el agravio enraizado en la memoria de decenas de generaciones lastimadas por la miseria, humilladas por el despojo realizado a sus derechos fundamentales e ignoradas por un poder al parecer inmarcesible, que nunca ha tenido la costumbre de ver y mucho menos de escuchar hacia abajo. nuestro querido México de las tres revoluciones no ha logrado conciliar legalidad y justicia; y por ello, la legitimidad política continuará, como siempre, en entredicho... Y no pensamos que hoy existan condiciones para sanar tan profundas heridas.

 

NOTAS

¹ Entender el fenómeno de la democracia como símbolo dominante en México, exige percibirla como parte de una estructura de significaciones muy amplia y compleja, construida desde el poder y desde influyentes sectores de la sociedad civil, para organizar el funcionamiento global de la nación. El carácter dominante que adquiere este símbolo, se lo da, tanto su comprensión ideológica–conceptual en el mundo occidental de la llamada sociedad de libre mercado, como su particular utilización por los sectores dominantes en el país. respecto al problema conceptual de los símbolos dominantes en sociedades modernas, ver Luis H. Méndez B., Ritos de paso truncos: el territorio simbólico maquilador fronterizo, México, UAM–A–Ediciones Eón, 2005, pp. 108–120;         [ Links ] Víctor Turner, La Selva de los símbolos, México, Siglo XXI, 1999;         [ Links ] rodrígo Díaz cruz, Archipiélago de rituales, Barcelona, Anthropos–UAM–I, 1998, pp. 225–227.        [ Links ]

² La democracia como símbolo dominante, se acompaña de un conjunto de símbolos instrumentales que los actores involucrados en el proceso crean y que, con frecuencia, revisan, interpretan o simplemente contradicen el contenido del símbolo dominante. Ver idem.

³ Al respecto, ver el trabajo de Gilberto Jiménez, Territorio, cultura e identidades. La región socio–cultural, México, Instituto de Investigaciones Sociales UNAM, 1998.        [ Links ]

⁴ Para profundizar sobre el concepto de territorio, ver c. raffestin, Pour une Géografie du pouvoir. París, LITEC, 1980.        [ Links ]

⁵ Ver Luis H. Méndez B. "El desafuero de AMLO dentro del tiempo corto de la historia", México, El Cotidiano No. 132, julio–agosto, 2005.        [ Links ]

⁶ No era exagerado imaginar que en ese momento podría quedar integrado a cualquiera de los dos proyectos dominantes encabezados por la izquierda y la derecha partidaria; o bien en un difícil proceso de refundación, resurgir como una nueva fuerza partidaria y seguramente con la fuerza política disminuida. no fue así, la realidad electoral nos lo muestra: el PRI de siempre, autoritario, antidemocrático, corporativo, cupular, es hoy la fuerza política más importante del país.

⁷ Ver el número 141 de la revista El cotidiano, Procesos Electorales: incertidumbre, contingencia y riesgo en la elección presidencial, México, enero–febrero, 2007.        [ Links ]

⁸  Se entiende en este trabajo como coyuntura a un momento histórico privilegiado de la realidad, que contiene la posibilidad de cambios políticos significativos en el esquema de dominación política establecido. En este sentido, consideramos como coyunturas en el periodo de la transición en México las siguientes: 1. el 1 de diciembre de 1982; 2. el 6 de julio de 1988; 3. el 1 de diciembre de 1994; 4. el 1 de enero de 1995; 5. el 6 de julio del 2000; 6. el 2 de julio del 2006. coyunturas aquí consideradas como frustradas porque, desde nuestro punto de vista, no concluyeron con la creación de un nuevo periodo sustentado en un nuevo proyecto nacional que descansara en un nuevo pacto social. Siguen vigentes los principales retos políticos que planteó la coyuntura de 1982. vivimos un rito de paso atorado en su fase liminal. La ambigüedad y la ambivalencia definen este tiempo mexicano al que equivocadamente hemos llamado transición a la democracia.

⁹  Imaginario no es igual a representación falsa o equivocada de la existencia, es una construcción simbólica particular a través de la cual se explica la realidad o parte de ella. Es abundante la bibliografía al respecto, citamos aquí un texto ampliamente reconocido por los estudiosos del tema: cornelius castoriadis, La institución imaginaria de la sociedad, Barcelona, Tusquets, 1983.        [ Links ]

¹⁰  Hablar de la guerra sucia del Partido Acción Nacional es sólo un eufemismo, resulta más claro bautizarla como una guerra del miedo, técnica, política y financieramente planeada por este instituto político, que se plasmó en un conjunto de acciones orientadas –pensamos que con éxito– a cambiar la intención del voto de parte importante de la población que sufragó. Es fácil reconstruir esta historia, basta revisar la prensa nacional, recordar los spots publicitarios del PAN por la televisión, o simplemente traer a la memoria los miles y miles de mensajes que se difundieron a nivel empresa, iglesia o teléfono a lo largo y ancho del país, para ubicar el daño que este tipo de acciones le causó no sólo a su contrincante y a su partido, sino principalmente a nuestra frágil democracia. Andrés Manuel López obrador, se difundió, era un peligro para México, se recomendaba no votar por un candidato que "te va a quitar tu casa", "te va a dejar sin empleo", o que estaba relacionado con los grupos armados en el país, que mantenía una alianza desestabilizadora con el presidente de venezuela, etc.

¹¹  La existencia y los comportamientos político–electorales del Panal, antes, durante y después del proceso electoral, son un ejemplo fehaciente del carácter anfibológico de la realidad mexicana actual. Surge de la fuerza política–corporativa del Sindicato nacional de trabajadores de la Educación, en otro tiempo bastión importante del orden nacionalista–revolucionario a lo largo de los gobiernos priístas. Producto de pugnas internas –prácticamente desde el inicio del sexenio actual– entre la dirigencia sindical –emblemáticamente representada por su líder "moral" la maestra Elba Esther Gordillo– y el desarticulado PRI, representado por roberto Madrazo posteriormente candidato de su partido a la presidencia de la república, la autoritaria señora de los destinos del snte inicia un acercamiento con el gobierno foxista –neoliberal– que terminará rompiendo el pacto corporativo con el PRI, para iniciar una nueva alianza, igualmente corporativa con el PAN, que culminará con la formación del Panal. La estrategia electoral fue clara y determinante: gran parte de los integrantes del nuevo partido, casi todos maestros, votaron corporativamente, por un lado, por sus candidatos a diputados y senadores, por el otro, por el candidato del PAN para presidente. En una elección tan cerrada, estos votos fueron definitivos. El candidato panista le debe en gran medida la presidencia a este partido, y ya se lo están cobrando.

¹² Fue monumental y muy llamativa la respuesta ciudadana organizada por el equipo de AMLO con el apoyo del PRD en la lucha postelectoral. Cuatro marchas que, por la gran cantidad de asistentes, terminaron por transformarse en enormes plantones que cubrían todo el Centro Histórico, la Alameda Central por Av Juárez y buena parte de reforma, en una ocasión, hasta el Museo de Antropología. Entre uno y tres millones de manifestantes corearon hasta el agotamiento la consigna que los había llevado a la calle en un inusual acto de identificación colectiva: voto por voto y casilla por casilla, y no fueron escuchados. Al reclamo ciudadano, oídos sordos. ni los actores políticos, a excepción del PRD, ni la autoridad electoral, tomaron en cuenta la voz de los de abajo. Ante la cerrazón, el movimiento social se radicalizó, y, sin sobrepasar la lucha pacífica, se constituyó en plantón permanente, y el día 16 de septiembre, en Convención Nacional Democrática. La respuesta fue más que evidente: una gran parte de la población decidió no reconocer el triunfo del candidato panista a la presidencia de la república. fue interesante advertir la cualidad de la movilización social. Por siempre, la movilización social en México mostraba su cariz corporativo. Eran las organizaciones sociales, campesinas y sindicales las que marchaban, ahora, por primera vez, predominó el ciudadano. De las grandes pancartas grupales a la denuncia individual a través de carteles improvisados. El movimiento corporativo en México comenzó a transformarse en movimiento social. Para advertir las diferencias entre uno y otro desde una perspectiva teórica, revisar los números 28 y 29 de la Revista Sociológica, uam–a, 1995, dedicados a los movimientos sociales desde diferentes perspectivas de análisis sociológico.

¹³ Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, La Calificación Presidencial. ver la prensa nacional en la última semana de agosto para revisar el documento y su impacto político.

¹⁴ Vale aclarar que después de más de un año de gobierno calderonista, el bloque de izquierda, lejos de consolidarse, se debilita. tanto al interior del PRD, en su alianza con parte importante de la izquierda partidaria, y en las relaciones establecidas con las redes ciudadanas comandadas por Andrés Manuel López Obrador, se muestran diversas alternativas políticas que se confrontan de manera tan violenta que a veces parece inminente el rompimiento.

¹⁵ Ver el prólogo del libro de Roger Bartra, Fango sobre la democracia. Textos polémicos sobre la transición mexicana, México, Editorial Planeta, 2007.        [ Links ]

¹⁶ Idem, p. 61.

¹⁷ Con estas precisiones, si se puede entrar a discutir con más confianza el papel del lópezobradorismo, de la izquierda democrática, de la derecha yunquista y de la democracia liberal de centro que, según Bartra, encabeza Felipe Calderón, pero sobre todo, hablar sobre nuestro futuro inmediato en todos los niveles de nuestro espectro social.