Transformaciones del Estado nacional e incidencia en los ámbitos de seguridad pública y justicia

 

El paramilitarismo en Chiapas. Respuesta del poder contra la sociedad organizada

 

Adrián Galindo de Pablo*

 

* Posgrado en Estudios Latinoamericanos, UNAM [adriangalindom@hotmail.com].

 

Artículo recibido el 05-02-15.
Artículo aceptado el 28-09-15.

 

Resumen

No podemos explicar el paramilitarismo en México sin hacer un análisis de lo que ocurrió en el estado de Chiapas a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es a partir de este conflicto que el paramilitarismo se convierte en una constante en dicho estado, ahí este fenómeno tendrá como principales objetivos combatir la insurgencia desatada por el EZLN, consolidar el terror como método de disuasión social y controlar los territorios, sus recursos y toda la información posible.

Palabras clave: paramilitarismo, contrainsurgencia, militarización, Chiapas, EZLN.

 

Abstract

We cannot explain the paramilitaries in Mexico without making an analysis of what happened in the state of Chiapas since the uprising of the Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). It is from this conflict that the paramilitaries becomes a constant in this state, there this phenomenon will have as main objectives combat insurgency unleashed by the EZLN, consolidate terror as a method of social deterrence and control the territories, their resources and all information as possible.

Key words: paramilitary counter-insurgency, militarization, Chiapas, EZLN.

 

INTRODUCCIÓN

El presente artículo es resultado de una investigación de campo que tiene por objetivo contribuir en la definición de paramilitarismo, destacando su relación con el Estado¹ como un actor esencial de la acumulación por desposesión² y la contrainsurgencia. Esto a partir de la experiencia chiapaneca haciendo especial énfasis en el periodo que va de 1994 a 1997. El tratamiento del tema se hace de forma descriptiva y testimonial. El procedimiento metodológico está basado en la consulta documental, la cual se centra en publicaciones cuya temporalidad va de 1994 a 2006. La intención en este corte temporal es rescatar la experiencia de los años más álgidos y visibles de la ofensiva paramilitar; además, estos años contienen los registros más claros que evidencian la relación que tuvieron distintas instancias gubernamentales en la promoción y encubrimiento de grupos paramilitares. La investigación retoma muchos informes del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDHFBC) debido a que durante décadas esta institución ha recaudado testimonios, pruebas, evidencias y ha trabajado con las víctimas de los paramilitares, lo que lo convierte en una referencia ineludible en cuanto al despliegue paramilitar en el estado de Chiapas.

El punto de partida para estudiar el paramilitarismo en Chiapas fue el fuerte proceso de militarización que se dio en el estado a partir del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por militarización entendemos "todo lo que refuerza la tendencia a recurrir a la violencia organizada como manera de resolver los conflictos sociales y mantener el control social",³ algunas manifestaciones de la militarización pueden ser: militares asumiendo funciones civiles y policiales, militarización de la policía y la seguridad privada, presencia de asesores militares extranjeros en los cuerpos de seguridad nacional, entrenamiento internacional de militares en Estados Unidos⁴ (donde hay 80 diferentes instituciones militares en las que se entrena a militares latinoamericanos).

Así, desde el primero de enero de 1994, tan sólo en cuatro municipios,⁵ se concentraron más de 30 mil efectivos del ejército mexicano con el objetivo de lanzar una ofensiva militar formal sobre el -hasta ese momento desconocido-grupo insurgente. Las hostilidades militares por parte del gobierno y del EZLN duraron once días, hasta que el 12 de enero el gobierno decretó un alto al fuego con la intención de "dialogar" con los rebeldes. Este alto al fuego fue violado por el gobierno formalmente por ofensivas militares e informalmente por agresiones paramilitares de forma continua hasta nuestros días. El último ataque de esta ofensiva fue la emboscada perpetrada por paramilitares cobijados en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos Histórica (Cioac-H), en ésta se destruyeron bienes materiales colectivos, se atentó contra la vida de varias personas y asesinaron a José Luis López, mejor conocido como Galeano, quien era maestro de zona e integrante del EZLN.⁶ De esta agresión todos los responsables están hoy día libres.

El inicio de la etapa de paramilitarización en Chiapas comienza entre marzo y abril de 1995 cuando se reinició el diálogo entre el EZLN y el gobierno⁷ y se promulga la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas.⁸ Esta Ley tenía como uno de sus objetivos reducir las intervenciones directas del ejército y privilegiar las acciones paramilitares, las cuales tienen como principal objetivo el mantenimiento del statu quo y las relaciones de producción dominantes. El paramilitarismo es un fenómeno social tolerado, alentado y organizado desde alguna instancia del poder público, principalmente sectores de las fuerzas de seguridad y del ejército respaldados por el gobierno federal o central, de ahí que una de sus características principales sea la impunidad, tema que atraviesa continuamente la investigación. El paramilitarismo es una política de Estado que responde a la necesidad de mantener, por vías clandestinas, las relaciones de producción dominantes frente a la posibilidad de crisis sociales impulsadas por las contradicciones sociales, económicas y políticas del patrón de reproducción vigente. Los paramilitares en Chiapas se convirtieron en una herramienta vital del gobierno en su estrategia contrainsurgente, la cual tiene por objetivo destruir al EZLN y sus simpatizantes al dislocar la organización comunitaria mediante el terror y la fragmentación social.

En la actual crisis humanitaria en la que vive México desde hace 9 años, en el marco de la "guerra contra el crimen organizado", estudiar el paramilitarismo es de vital importancia, ya que evidencia no sólo la forma histórica de operar de estos grupos clandestinos sino también su íntima relación con el gobierno, sus instituciones y las personas a cargo de éstas. El paramilitarismo en Chiapas puede aportar claves y elementos para dilucidar episodios recientes en torno a terribles crímenes y violaciones graves de derechos humanos como el secuestro masivo de 43 estudiantes en Iguala pertenecientes a la escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, que a pesar de ser otro contexto y otro tiempo, se pone en evidencia la participación de las fuerzas represivas del Estado en colusión con "grupos criminales".

 

GÉNESIS DEL PARAMILITARISMO

Uno de los elementos determinantes para el despliegue del paramilitarismo en Chiapas fue la histórica disputa por los territorios y sus recursos entre los grandes propietarios y los pueblos originarios y campesinos. No es coincidencia que en aquellos municipios donde hubo conflicto la mayoría de éstos eran indígenas, con altos niveles de marginación social y predominantemente ejidales.⁹

La acumulación por desposesión y el control por medio de la violencia han sido históricos medios de apropiación por parte de los grandes caciques agrarios y ganaderos, la burguesía comercial local y el capital internacional ávido de recursos estratégicos. Esta apropiación violenta y de clase tiene como objetivo asegurar la apropiación y explotación de los principales recursos locales, es decir, las tierras más productivas, infraestructura, bancos biológicos, reservas naturales ricas en recursos estratégicos, agua, entre otros recursos de primera necesidad para el capital.¹⁰ La histórica disputa por los territorios se vigorizó por el levantamiento zapatista, por un lado las comunidades vieron la oportunidad de recuperar sus territorios originales, por el otro, bajo el pretexto de combatir al EZLN y su zona de influencia, se permitió a los caciques locales apropiarse de tierras por medios violentos, no sólo para combatir el levantamiento sino también para extender su zona de influencia.

En esta tarea de apropiación violenta los paramilitares desempeñaron un papel sobresaliente:

Los grupos paramilitares fueron en esa primera etapa el instrumento principal para defender las tierras de los grandes propietarios ganaderos y de los inversionistas agroindustriales y asegurar el control gubernamental de los territorios contemplados en los programas ligados a la agroexportación, la biotecnología y el ecoturismo. A través de sus acciones se buscó impedir el proceso de recuperación de tierras, la consolidación de formas de organización y gobierno propios en las comunidades indígenas y la construcción de autonomías en los municipios rebeldes, a través de la imposición del miedo y el terror que tienden a inmovilizar a las personas y a degradar los lazos que articulan la vida comunitaria.¹¹

Los paramilitares en Chiapas fueron el instrumento contrainsurgente que permitió al gobierno enfrentarse de forma directa con las comunidades sin utilizar al ejército formalmente en los enfrentamientos. Esto se logró por medio de la profundización de los conflictos ya existentes en las comunidades, es decir, identificar añejos conflictos sociales¹² e intensificarlos mediante la organización de grupos armados en el marco de los objetivos de la guerra irregular¹³ impulsada en Chiapas, los cuales eran contener al EZLN mediante una campaña de terror en sus bases de apoyo y paralizar el proceso de toma de tierras desatado por el levantamiento zapatista.¹⁴

El paramilitarismo en Chiapas, al igual que otras experiencias del mismo fenómeno en el continente, se constituyó a partir de una alianza de clase, es decir, se unificaron como un compacto bloque distintos sectores de la sociedad que percibían al EZLN y al pueblo organizado como una amenaza. La organización de este compacto bloque de clase fue tutelada por el ejército, a pesar de esto, en Chiapas la relación entre militares y paramilitares se vio de alguna manera diluida por la alianza que le dio vida, ya que fue a estos otros grupos a los que se les encargo de forma directa las tareas de contrainsurgencia. Esta alianza estaba constituida por caciques locales, asociaciones ganaderas, funcionarios municipales, estatales y federales (principalmente afiliados al Partido Revolucionario Institucional -PRI) y fuerzas de seguridad pública municipal y estatal.¹⁵ Esta alianza fue la que organizó, coordinó y financió a los grupos paramilitares, asistidos por la inteligencia militar.

La asistencia militar y los objetivos de ésta quedan más que claros con el documento Plan de Campaña Chiapas 94.¹⁶ Este documento detalla puntualmente la estrategia contrainsurgente diseñada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que tenía como objetivo político "alcanzar y mantener la paz" mediante la destrucción de la estructura política del EZLN y el aislamiento de sus bases de apoyo en la lógica contrainsurgente de cortarle el agua al pez.¹⁷ Dentro de la estrategia uno de los puntos importantes es la relación de los militares con grupos civiles, el documento señala que parte de las operaciones cotidianas del ejército es el "asesoramiento de autodefensas y su organización". De forma más puntual el documento señala como parte de las tareas: "Organizar secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones". El objetivo de organizar grupos civiles armados para asistir los objetivos del ejército es que en la fase final de la ofensiva haya: "la capacidad de las autoridades locales de llevar a cabo operaciones autónomas de defensa contra ataques aislados de los trasgresores". Es pocas palabras, que el ejército se involucre lo menos posible en los enfrentamientos armados dejándolos a cargo de los grupos civiles organizados por ellos.

El papel del ejército en la formación de grupos paramilitares es también evidente en el apartado H del documento:

Este anexo describe actividades del ejército en el adiestramiento y apoyo de las fuerzas de autodefensa u otras organizaciones paramilitares, lo cual puede ser el principio fundamental de la movilización para las operaciones militares y de desarrollo. Incluye además el asesoramiento y ayuda que se presta a otras dependencias del gobierno y a funcionarios gubernamentales locales, municipales, estatales y federales. En caso de no existir fuerzas de autodefensa es necesario crearlas.

El documento además señala que las operaciones militares con el objetivo de adiestrar fuerzas locales de autodefensa es también para que participen en los programas de seguridad y desarrollo, es decir, que se infiltren en las instituciones oficiales y desde ahí planeen, articulen y ejecuten ofensivas armadas.

Todo este plan contrainsurgente está acompañado de una estrategia de neutralización entre la población civil descrita también en el citado documento. Esta estrategia se despliega mediante abastecimiento de recursos de primera necesidad, atención médica, construcción de infraestructura pública como escuelas, hospitales, dispensarios y carreteras,¹⁸ mejora de servicios públicos como agua y luz, establecimiento de relaciones laborales, hacer más eficiente la seguridad policiaca e incorporarse lo más posible a la organización de la vida cotidiana. Esta estrategia contrainsurgente fue aprendida y perfeccionada en las guerras imperiales estadounidenses en Asia y en las dictaduras militares asesoradas y apoyadas por ellos en América Latina.¹⁹ Al final del documento queda redactado uno de los objetivos vitales del Plan de Campaña Chiapas 94: "el objetivo principal de las operaciones, es garantizar la seguridad interior y una paz relativa dentro de la cual el desarrollo interno puede promover el crecimiento nacional" o lo que es lo mismo, salvaguardar y mantener el proyecto gubernamental enmarcado en las relaciones capitalistas de producción.

Otra evidencia de la relación directa entre militares y paramilitares es el Manual de guerra irregular de la Sedena.²⁰ Este manual detalla, entre otros muchos asuntos, el papel del ejército en el control de la población civil, el cual se ejerce bajo un rígido poder físico y psicológico. El manual en el número 553 detalla cómo debe desenvolverse el ejército en las llamadas operaciones militares no convencionales, en las cuales el personal civil, entiéndase paramilitares, puede liderar las operaciones, siempre y cuando estén dirigidos, asesorados y coordinados por el comandante militar del área. En este sentido, el manual -retomando las enseñanzas de la Escuela de Las Américas- define tres fases en las operaciones que tienen por objetivo controlar al pueblo: preparación, declaratoria y ejecutoria. De éstas, la que importa resaltar es la primera, ya que en ella se describe el entrenamiento militar a fuerzas civiles, es decir, la formación de grupos paramilitares, pero también describe las otras operaciones que acompañan y refuerzan el despliegue paramilitar: operaciones psicológicas, redes de información y programas de labor social.²¹ Esto evidencia que la actuación de un grupo paramilitar dista de ser una acción aislada sin relación con alguna instancia del gobierno.²²

Utilizar a población civil para conformar grupos armados que violentaran al EZLN, sus bases de apoyo o cualquier comunidad señalada como simpatizante quedó en manos principalmente de líderes políticos y caciques locales:

Esta "población amiga" incluyó de manera fundamental a los presidentes municipales y caciques indígenas locales, todos militantes del PRI o de partidos afines, que fueron los responsables directos de organizar y dirigir las acciones de los grupos paramilitares, con el objetivo de agudizar y violentar las contradicciones internas de las comunidades, ya fueran éstas ocasionadas en el marco de la lucha por la tierra, por la pertenencia a distintos partidos políticos u organizaciones campesinas, o por motivos religiosos.²³

Para 1999 operaban 12 grupos paramilitares en 20 municipios del estado de Chiapas, entre los grupos paramilitares se encontraban el Frente Civil, Los Tomates, Los Plátanos, Los Chentes, Priistas Armados, Los Puñales, Alianza S. Bartolomé de los Llanos, Los Quintos, entre otros.²⁴ De esos grupos cuatros son los más distintivos: Paz y Justicia, Los Chinchulines, Máscara Roja y el Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista (MIRA).

 

LOS GRUPOS PARAMILITARES

El grupo paramilitar Paz y Justicia es creado a inicios de 1995 en los municipios de Salto de Agua y Tila. Este grupo es un claro ejemplo de la alianza de clase que le da vida a este fenómeno. En este caso confluyeron grupos ganaderos, grupos agroindustriales y líderes locales priistas, entre los que destaca Samuel Sánchez Sánchez, ex diputado priista quien a través de la red de cuadros de Solidaridad Campesina Magisterial (Socama) fundó, organizó, protegió y lideró al grupo paramilitar.²⁵ Esta particular alianza nacería de las asociaciones ganaderas de Salto de Agua y tendría como operadores políticos a los cuadros priistas en Tila, además, tuvo apoyo por parte de la policía de Seguridad Pública, la Procuraduría de Justicia del estado y del ejército,²⁶ lo cual les ayudó en la fabricación de delitos y detenciones de facto a sus enemigos. El nacimiento de este grupo paramilitar tiene su origen en la alianza de clases dominantes locales que buscaban hacer frente a los movimientos campesinos.

Esta alianza promovió la creación de grupos paramilitares a partir de sus relaciones con autoridades legislativas y ejecutivas. Uno de los métodos fue mediante el apoyo que se dio a grupos paramilitares para que se conformaran como organizaciones de productores. Esto significa que las organizaciones podían recibir apoyos a la producción, es decir, obtener recursos federales y estatales para financiar la operatividad de estos grupos clandestinos y criminales. Por ejemplo Paz y Justicia en 1997 recibió de la gestión del ex gobernador Julio César Ruiz Ferro 4 600 000 pesos como parte de un convenio productivo;²⁷ en éste, el general Renán Castillo firmó como testigo de honor. Ex diputados como Walter León Montoya, Alí Cancino Herrera y Rafael Ceballos Cancino, todos del PRI, fueron señalados como promotores de grupos paramilitares desde su función pública.²⁸ Entre estos políticos resalta Samuel Sánchez Sánchez, quien dirigió directa o indirectamente a los de Paz y Justicia y a la policía municipal de Tila, con ayuda de Marcos Albino Torres López, Regidor del Ayuntamiento de Tila y líder de Paz y Justicia en las tierras bajas de ese mismo municipio. Además, Samuel Sánchez fue acusado de entregar armas y organizar ataques personalmente.²⁹ Esta relación entre grandes caciques, políticos y paramilitares es el fundamento de toda la impunidad que rodea los crímenes paramilitares, sólo así nos podemos explicar que Paz y Justicia gobernó de facto cuatro municipios de la zona norte de Chiapas, en donde sus principales tareas fueron restablecer la unidad priista, asesinar líderes opositores y mantener el cerco de impunidad.

Paz y Justicia también operó en El Limar, un estratégico punto de comunicación que tiene frontera con cinco municipios de la zona norte: Chilón, Amatán, Huitiupán, Simojovel y El Bosque. Este ejido funcionaba como la base de operaciones del grupo paramilitar al mismo tiempo que ahí operaba el Cuartel de la 11° Brigada de Operaciones Mixtas (BOM) del Ejército Mexicano,³⁰ misma que tenía por objetivo acciones de carácter "humanitario" en el marco del Manual de guerra irregular implementado por la Sedena. El propósito consistía en asegurar y consolidar en las comunidades el apoyo al proyecto oficial al mismo tiempo que se saboteaba a las bases de apoyo zapatista, es por eso que no es coincidencia que las obras del ejército se concentraran en poblados dominados por Paz y Justicia. Alrededor de los campamentos de la 11° Brigada mantuvieron sus posiciones los Cuerpos de Seguridad Pública, los cuales tenían una preferente inclinación a perseguir y detener enemigos del proyecto paramilitar así como a colaborar, apoyar, proteger y recibir órdenes de Paz y Justicia. La cercanía de los Cuerpos de Seguridad Pública con el ejército no sólo es geográfica, el primero es un cuerpo de policía militarizada entrenada por asesores militares "en retiro".³¹ Es importante mencionar que en Bachajón operaron también Los Chinchulines, elemento que apunta a una coordinación territorial entre grupos paramilitares, lo que permite un control elaborado sobre un mayor territorio y su población.³²

Otro claro ejemplo de este fenómeno es el grupo paramilitar Los Chinchulines, fundado por el ex diputado priista Rafael Cevallos Cancino³³ y ligado a Paz y Justicia. Este grupo utilizaba armas de uso exclusivo del ejército y uniformes de instituciones de seguridad pública; además, elementos de Seguridad Pública se coordinaron con este grupo paramilitar para buscar y localizar a supuestos disidentes políticos,³⁴ es decir, opositores a Los Chinchulines. Este grupo también tenía vínculos con ganaderos, agentes del ministerio público, elementos del poder judicial y políticos del PRI. El objetivo de Los Chinchulines era aterrorizar a las comunidades señaladas como presuntos simpatizantes del EZLN y romper la comunicación del ejército zapatista entre Las Cañadas y el Norte de la región Selva.

Otro grupo paramilitar fue Máscara Roja, a este grupo se le responsabiliza de la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997. Este grupo se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista, entre ellos el presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz. Las armas utilizadas por este grupo eran compradas, trasladadas y entregadas a personas vinculadas con el PRI por parte de la Policía de Seguridad Pública, el entrenamiento militar estuvo a cargo de elementos del Ejército Mexicano.³⁵ Es importante señalar que este grupo comenzó a operar al mismo tiempo que comenzaron los Diálogos de San Andrés.

El grupo paramilitar Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista, mejor conocido como MIRA, fue fundado por el ex presidente municipal de Oxchuc y ex diputado federal priista Norberto Sántiz.³⁶ MIRA es un grupo bien adiestrado que utiliza armas de uso exclusivo del ejército y que tenía por objetivo reavivar e intensificar los conflictos agrarios y políticos en la zona de influencia zapatista. Este grupo también tiene fuertes vínculos con el PRI: "Específicamente [...] con el presidente municipal de Oxchuc, Sebastián López Balté y con el profesor Enrique Alfaro López, coordinador regional de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación".³⁷ El grupo paramilitar operó y entrenó en un enclave estratégico donde colindan cuatro municipios: Huixtán, Oxchuc, Cancuc y Chanal. Este grupo también tenía relación con los aparatos represivos como la Policía de Seguridad Pública, la Policía Judicial del Estado y el Ejército Mexicano, con los cuales realizaba de forma conjunta patrullajes, hostigamientos, amenazas, maltratos, cateo de domicilios sin orden judicial y detenciones arbitrarias; en muchas ocasiones los militares patrullan vestidos de civiles, dirigidos por priistas miembros de este grupo paramilitar.³⁸

Otro actor que es importante señalar en torno a estos grupos paramilitares es la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), ésta ha sido un importante aliado en torno a uno de los principales pilares del paramilitarismo: la impunidad. La ayuda estructural que dio la Procuraduría fue mediante no establecer fiscalías investigadoras en los municipios en conflicto, realización de investigaciones y toma de medidas tenues e inconclusas marcadas por la ineficiencia, la parcialidad sistemática y la fabricación de delitos. Este último punto es la cúspide en la colusión por parte del poder judicial con el proyecto paramilitar, la justicia se convirtió en parte de los instrumentos de terror de la estrategia contrainsurgente.³⁹ Los grupos paramilitares y el Ministerio Público convertían acusaciones orales y pruebas apócrifas en detenciones inmediatas (a manos de paramilitares o agentes del estado), la impunidad permitía a los grupos paramilitares crear delitos, testigos y pruebas contra sus enemigos para que éstos fueran encarcelados o perseguidos por la "justicia", mientras los grupos paramilitares actuaban con total impunidad y a la vista de todos: "Los grupos paramilitares se convirtieron en acusadores, testigos de cargo, peritos habilitados y en auxiliares de la justicia y de ese modo fueron funcionales para la persecución judicial de opositores políticos al régimen priista".⁴⁰

La operatividad de estos grupos estuvo marcada por asesinatos en emboscadas, apropiación violenta de la tierra por medio de desalojos, robo de ganado, desplazamientos forzados de grupos políticos considerados enemigos, amenazas, secuestro, tortura, ejecución extrajudicial, detenciones sin orden de aprehensión, privaciones ilegales de la libertad, quema de casas y coches, control riguroso de los caminos por medio de retenes con conocimiento de las autoridades estatales y del ejército (recurso eficaz para controlar la circulación de periodista y así mantener el cerco mediático) así como patrullajes armados y desahucios en conjunto con estas fuerzas de seguridad pública. Entre 1995 y 2001 fueron desaparecidas y ejecutadas 122 personas por parte de grupos paramilitares, de estas víctimas 37 fueron desapariciones forzadas (31 hombres y 5 mujeres) y 86 fueron ejecutadas (79 hombres y 7 mujeres).⁴¹

 

DISPUTA TERRITORIAL Y DESPLAZAMIENTOS FORZADOS⁴²

Uno de los resultados directos de la acumulación por desposesión es el desplazamiento de las comunidades a las zonas menos productivas, dejando en manos del capital nacional e internacional la explotación de la tierra y sus recursos. La expansión capitalista, ahora bajo una operatividad neoliberal, muestra una vez más cómo es mediante la violencia más cruda que el capital expande sus horizontes de reproducción. La estrategia contrainsurgente no sólo se desplegaba para combatir al EZLN, sino también para expandir la lógica del capital a aquellas comunidades que todavía operaban bajo una lógica comunitaria, esto con el objetivo de dividirlas (desgarrar su tejido comunitario) y volverlas dependientes del sistema. Esta estrategia contrainsurgente cumplió sus objetivos y al interior de las comunidades y organizaciones campesinas creó y revivió conflictos que en muchas ocasiones desembocaron en enfrentamientos armados y más desplazamientos forzados.

El resultado concreto del despliegue paramilitar en las comunidades fue: desgaste organizativo frente a las continuas agresiones, destrucción de la economía comunitaria, degradación del tejido social por medio de la instauración del terror como mecanismo de atomización social y desplazamientos forzados,⁴³ lo cual no sólo provoca la destrucción de las comunidades y su histórica forma de organización, sino que las convierte en entes totalmente dependientes de la ayuda humanitaria cortando toda posibilidad de autonomía. Quienes son desplazados pierden toda posibilidad de reproducción económica, están totalmente arruinados porque perdieron sus propiedades y pertenecías. Viviendas, herramientas, parcelas, cosechas, animales y ganado se convierten en el botín de guerra saqueado por los paramilitares con el objetivo de financiar la guerra fratricida de la que son promotores vitales y consolidar su proyecto estratégico de purificación sociopolítica.⁴⁴

Los paramilitares comienzan a generar tensión al interior de las comunidades con amenazas a sus oponentes, extorsiones con pretexto de pagos para protección y obligan a afiliarse al PRI, luego el hostigamiento escala con asesinatos selectivos, emboscadas, quema de templos y casas y detenciones arbitrarias, todo esto hasta obligar a los señalados como opositores a desplazarse fuera de la comunidad, lo cual es seguido por saqueo, quema u ocupación de sus casas y pertenencias, actos que muchas veces se hacen acompañados de militares, lo cual comprueba la relación que existe entre estos grupos y pone acento en la impunidad que genera.⁴⁵ Los desplazamientos forzados son un método para controlar el territorio y a su población en las zonas en donde el dominio del régimen había entrado en crisis.

Así, los desplazamientos forzados cumplen una función específica:

El desplazamiento de la población inconforme y las condiciones deplorables que encuentra en el lugar de refugio parecieran formar parte de una estrategia de control sobre dicha población. La lucha para sobrevivir, cubrir las necesidades básicas y enfrentar enfermedades evitables ocupan el espacio prioritario en la vida cotidiana de los desplazados y por lo tanto dificulta la resistencia y la lucha política. Pretende paralizar todo esfuerzo organizativo.⁴⁶

Entre abril de 1995 y septiembre de 1996 había más de 21 mil desplazados por la estrategia de militarización y paramilitarización en municipios de las zonas Altos, Norte y Selva.⁴⁷ En 2006 había todavía 12 mil indígenas desplazados por el conflicto paramilitar pertenecientes a las zonas Altos y Selva.

Otro elemento importante de los despliegues paramilitares en torno a los desplazamientos forzados es la tortura psicológica que se ejerce sobre los pobladores que se quedan. Quienes no pudieron resistir o fugarse quedan obligados a participar en una nueva organización impuesta por la fuerza. Esta organización está caracterizada por una constante vigilancia, un férreo control territorial, la humillación y la impunidad. Cualquier acción puede convertirse en un delito:

Atender los animales de un zapatista o de un "abejas" ausente; platicar o comentar lo que pasa; ir a su parcela sin pedir permiso; no tener a la mano la suma exigida como cooperación para el parque; prender velas y rezar sin decir públicamente por quién; ser testigo de la quema de la casa de un disidente sin colaborar.⁴⁸

Además, era obligatorio asistir a las reuniones ejidales, en las cuales los únicos temas eran la guerra y la muerte:

[...] fijación del impuesto de guerra para la compra de armas y municiones, monto de las multas de los inconformes, debates para determinar si los disidentes serán castigados por la proscripción o la muerte, y discusiones macabras para saber si se tolera la sepultura de los muertos, y fijar la suerte de sus familiares, quienes terminarán inflando las filas de los desplazados.⁴⁹

Con estos ejemplos queda claro que una parte esencial de los despliegues paramilitares es la guerra psicológica, la cual tiene por objetivo desgarrar el tejido social y su organización. Los desplazamientos masivos son parte fundamental de la estrategia paramilitar, son un objetivo en sí mismos, es una de las armas estratégicas del Estado en la defensa de statu quo.⁵⁰

 

ACTEAL: POLÍTICA DELIBERADA DE ESTADO PARA ATACAR SISTEMÁTICAMENTE A LA POBLACIÓN

La masacre de Acteal fue el resultado de la continua violencia paramilitar y un parteaguas en la historia de Chiapas y el mundo. Esta comunidad recibió 325 personas desplazadas de las comunidades Quextic y Tzajalucum, las cuales habían buscado refugio después de que paramilitares amenazaran su vida y destruyeran sus viviendas. Los refugiados pertenecían a la Sociedad Civil Las Abejas, grupo fundado en 1992 y que siempre se posicionó como una asociación pacífica que buscó una solución no armada al conflicto en Chiapas. Las Abejas fueron asediadas y atacadas por un grupo paramilitar de Chenalhó, éste fue asistido en su formación por el Ejército Mexicano, fue protegido por la Policía de Seguridad Pública y en sus filas había militantes del PRI de las comunidades de Los Chorros, Puebla, Chimix, Quextic, Pechiquil y Canolal,⁵¹ lo cual evidencia que había una coordinación territorial entre militantes del PRI, algunos de ellos con puestos políticos, para organizarse en torno a un grupo paramilitar.

La masacre ocurre en la mañana del 22 de diciembre de 1997, el ataque se centra en la ermita católica donde se encontraban rezando la mayoría de la comunidad y desplazados. Alrededor de 60 paramilitares todos vestidos de negro, como la policía de Seguridad Pública, y con paliacates rojos y sombreros tipo militar, dispararon con armamento exclusivo del ejército a hombres, mujeres y niños totalmente desarmados. La masacre duro más de 4 horas y fueron asesinados 7 hombres adultos, 18 mujeres adultas de las cuales 5 estaban embarazadas con hasta 7 meses de gestación (a éstas los paramilitares les abrieron los vientres y les sacaron los fetos), 16 mujeres menores de edad entre los 8 meses y los 17 años y 4 niños entre los 2 y 15 años, 45 personas en total, además de 26 heridos en su mayoría menores de edad.⁵² Es importante mencionar que parte de la población de Acteal pertenecía al municipio autónomo de Polhó (bases de apoyo zapatistas), por lo que el ataque paramilitar cumplía tres tareas: atacaba a bases de apoyo zapatista y daba un golpe directo contra el municipio autónomo, debilitaba la unidad entre Las Abejas y el EZLN y mandaba un terrorífico mensaje a la sociedad civil con el objetivo de paralizarla.

La vinculación del grupo paramilitar que atacó Acteal con instancias gubernamentales se observa en los siguientes hechos: según testimonios recogidos por el CDHFBC, el camión de la presidencia municipal de Chenalhó fue utilizado como transporte para los paramilitares involucrados en la masacre, esto ordenado por el presidente municipal de filiación priista Jacinto Arias Cruz;⁵³ funcionarios públicos toleraban y consentían que civiles llevaran armas de uso exclusivo del ejército; la masacre ocurrió a 200 metros de un cuartel de la Policía de Seguridad Pública y a un kilómetro de un cuartel del Ejército sin que ninguno interviniera;⁵⁴ después de la masacre el gobierno del estado contrató un grupo de abogados para defender a las personas implicadas en ésta.

Hay reportes documentados por el CDHFBC que comprueban que la policía local asistió la matanza, así como después la policía intentó encubrir el crimen y a los responsables.⁵⁵ Otro elemento es la opacidad de funcionarios estatales así como contradicciones e inconsistencias en sus declaraciones, el entonces secretario de gobernación Emilio Chuayffet negó rotundamente la existencia de grupos paramilitares, afirmando que lo que existía eran grupos civiles que estaban armados.⁵⁶ Esta postura en torno a la masacre de Acteal buscó negar el conflicto, minimizar el problema y negar su origen: el paramilitarismo como parte de una estrategia de contrainsurgencia que tenía como principal promotor y responsable al Estado. En este mismo sentido, la hipótesis de Jorge Madrazo Cuéllar,⁵⁷ en ese entonces procurador de la República, cumplía la tarea de diluir responsabilidades. Según él la masacre se debió a un problema local entre indígenas en el que los distintos niveles de gobierno no tenían ninguna responsabilidad.

La impunidad fue el elemento que caracterizó todo este horror. A pesar de que 124 personas fueron condenadas a prisión, entre ellas mandos medios, como el presidente municipal de Chenalhó Jacinto Arias Cruz o el sargento Mariano Pérez Ruiz, quien participó entrenando al grupo paramilitar,⁵⁸ se sustituyó al gobernador y se permitieron renuncias de funcionarios de alto nivel, la responsabilidad nunca recayó sobre las instituciones ni sobre grandes figuras del gobierno. Éstas se defendieron despóticamente con la hipótesis de que la masacre tenía un móvil principalmente interfamiliar y que la colusión de ciertos funcionarios públicos eran hechos aislados. En este tenor también se encontraba la Suprema Corte de Justicia, la cual se negó a efectuar una investigación en Acteal en relación con violaciones graves a derechos humanos por miedo a arrojar conclusiones que se contradijeran con otras instancias públicas.

Pero la matanza no fue ningún accidente, ésta sirvió como pretexto para que el Ejército Mexicano militarizara aún más el estado de Chiapas. Esta nueva ofensiva consistió en el despliegue de más tropas en las zonas de influencia zapatista, empezando por Chenalhó (el corazón del conflicto) y se señaló a los zapatistas como responsables de la matanza:

Anterior a febrero de 1995 se contaba en Chiapas con 74 puntos geográficos militares y policiacos, ya sea de parte del Ejército, Policía de Seguridad Pública, Migración o Cuerpos Especiales; de febrero de 1995 a diciembre de 1996, fueron 170 puntos de control; y hasta 1997 se contaba con 187 puntos. Hoy (1998) existen alrededor de 209 puntos de control, distribuidos en 66 municipios, o sea 56.75% del total de los municipios de la entidad [...] Después de la masacre de Acteal, se sumaron unos cinco mil efectivos a la ya fuerte presencia militar en el estado. Dos mil de éstos se asentaron en Chenalhó, sumando ya un número que oscilaba alrededor de 70 mil efectivos en el estado, según diversas fuentes. Hoy hay aproximadamente un soldado por cada 50 chiapanecos, que en algunas de las zonas denominadas de "conflicto", mayoritariamente indígenas, ascienden a un soldado por cada tres habitantes.⁵⁹

Inmediatamente después de la matanza el despliegue militar se desdobló en mayor escala: retenes en las carreteras, cateos en viviendas, detenciones arbitrarias, patrullajes constantes y establecimiento de nuevos campamentos militares, todo como parte de una estrategia con dos objetivos: intimidar y penetrar a las comunidades, a la vez que se hacía parecer frente a la opinión pública que el gobierno estaba tomando cartas en el asunto.

La masacre de Acteal evidenció el profundo involucramiento de instancias gubernamentales y sus funcionarios, así como de instituciones de seguridad y sus mandos en el desarrollo, promoción y protección de grupos paramilitares.

 

GIRO EN LA ESTRATEGIA PARAMILITAR

A partir de 1998 la estrategia paramilitar cambia y amplía sus objetivos. En esta nueva etapa los despliegues paramilitares dejan de tener un papel protagónico y se pasa a una etapa en la que políticas públicas y programas sociales y de desarrollo se convierten en la punta de lanza de la estrategia contrainsurgente que busca acrecentar las divisiones al interior de las comunidades. A pesar de este cambio, el cerco militar no se reduce, no se retira la declaración de guerra, el exterminio siguió en pie. Es posible que este cambio se haya dado a partir de la masacre de Acteal, la cual rompió el cerco mediático haciendo eco en todo el mundo. La presión nacional e internacional sobre el gobierno federal en demanda de justicia y esclarecimiento de los hechos obligó a un ajuste en la estrategia y un cambio de acción para intentar borrar responsabilidades y poder continuar la ofensiva sobre el EZLN, sus bases de apoyo y toda comunidad señalada como sospechosa. Este cambio de estrategia fue incuestionable a partir de leyes aprobadas por el gobierno que, en vez de buscar justicia, acrecentaron las divisiones, fortalecieron y arraigaron el crimen y la impunidad. En algunos casos se llegó a encarcelar a algunos líderes paramilitares, pero nunca se desarticularon las organizaciones ni las redes, tampoco se hizo énfasis en la responsabilidad de instituciones oficiales en la cadena de mando que dio vida y operatividad al paramilitarismo en Chiapas.

Los ataques en esta "renovada" ofensiva, con el objetivo de agudizar las confrontaciones al interior de las comunidades, incluirían cuatro grandes acciones:

1. Por medio de la Comisión de Remunicipalización el gobierno estatal creo nuevos municipios en los territorios de influencia zapatista con el objetivo de provocar enfrentamientos entre civiles. Esta comisión sería el mecanismo mediante el cual los gobiernos municipales recibían fondos para financiar grupos paramilitares a partir de subsidios para la "seguridad".

2. Se creó la Ley de Amnistía para el desarme de los grupos civiles en Chiapas, la cual tenía por objetivo difuminar responsabilidades y garantizar la impunidad haciendo parecer que los grupos armados eran autónomos y con causas legítimas. Esta ley normalizó a los grupos paramilitares "desarmándolos" y no haciendo justicia. En los hechos era una ley de amnistía para los grupos paramilitares.

3. Se utilizaron programas sociales de manera discrecional y condicionada, mismos que fueron estimulados por grandes sumas de dinero provenientes del gobierno estatal y federal.⁶⁰

4. Se hizo un repliegue táctico de tropas en donde se retiraron 43 posiciones militares fijas de la zona de conflicto. La intención era dejar el espacio libre para que grupos y organizaciones coludidas con el poder atentaran contra los territorios zapatistas por medio de siembra de droga, introducción de carros robados, cortes clandestinos de madera, tráfico de migrantes, así como conflictos intercomunitarios por tierra y recursos como el agua.⁶¹

A pesar del acento en la ofensiva contrainsurgente por medios oficiales como programas y leyes, los grupos paramilitares no dejaron de actuar. Ahora éstos aparecen desvinculados de las instituciones oficiales como gobiernos, policías y ejército, pero la realidad es que estos grupos pasaron su etapa de consolidación y entrenamiento y ahora están listos para actuar con más autonomía. Prueba de ello es que los grupos paramilitares pasaron a conformarse como asociaciones civiles, lo cual les permite obtener recursos del gobierno para obtener financiamiento y continuar los ataques armados, en esta ocasión, de forma más selectiva y precisa.⁶² Ejemplo de esto son dos asociaciones:

• La Organización Popular para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) es un claro ejemplo de la transformación y recomposición que han sufrido los grupos paramilitares. Esta organización tiene un discurso de izquierda con el cual le disputan bases sociales al EZLN al apropiarse de sus consignas y objetivos de lucha; tiene una fuerte capacidad de organización y movilización. Está caracterizada por prácticas violentas y agresivas como la apropiación de tierras ganadas por el EZLN, este grupo obtiene recursos por medio de proyectos productivos y se posiciona en contra del EZLN y sus simpatizantes en todo momento, sus principales líderes son muy cercanos al PRI, entre ellos hay un ex diputados priistas.⁶³

• Desarrollo Paz y Justicia, fundada en 1997, tenía como presidente del Consejo de Administración a Marcos Albino Torres López, ex militar que fue el comandante en jefe del grupo paramilitar en Tila. Tenía como presidente del Consejo de Vigilancia a Savelino Torres Martínez, otro ex militar que comandaba al grupo paramilitar en Miguel Alemán. Finalmente esta asociación civil tenía en la Vocalía Ejecutiva a Raymundo Sánchez Trujillo y a Samuel Sánchez Sánchez, quienes fueron diputados federal y local respectivamente y a quienes se les imputa responsabilidad en el financiamiento y la adquisición de armas para el grupo paramilitar.⁶⁴

Una característica que no ha cambiado es la impunidad. A pesar de que los grupos paramilitares están señalados, con pruebas, como autores de diversos crímenes, ninguno de los tres niveles de gobierno los ha llevado ante la justicia, y el desarme y desarticulación de los grupos paramilitares sigue siendo un pendiente histórico que no parece tener fecha de realización. Ahora el paramilitarismo está cubierto por una estrategia más efectiva, desgastante y con un menor costo político para el gobierno. Prueba de esto es la impunidad que rodea la masacre de Viejo Velasco Suárez en 2006 y los desplazamientos forzados de Andrés Quintana Roo en 2005 y en Busiljá en 2006.⁶⁵

El paramilitarismo es parte de un proyecto político, económico y militar que busca proteger y acumular riqueza sin importar el costo social y humano. Es una herramienta que altera radicalmente la correlación de fuerzas a favor del capital en términos políticos y económicos. No hay duda de que el paramilitarismo es un elemento central en la consolidación de las bases políticas de disciplina y paz social que el capitalismo exige. Es importante recalcar que el Estado desempeña un papel activo a favor de la organización e integración de las clases dominantes, a la vez que atenta y desarticula, por medio de la violencia, a las clases dominadas. Métodos como el paramilitarismo fueron diseñados para mantener el status quo por una larga temporada por medio de una desarticulación profunda de la sociedad basada en el terror, a la vez que da rienda suelta a la clase en el poder para constituir su proyecto sin ninguna traba, el paramilitarismo es uno de los tantos aceites que lubrican la lógica del capital.

 

CONCLUSIONES

Podemos definir al paramilitarismo que se desarrolló en Chiapas como grupos filiales al PRI, patrocinados por funcionarios públicos quienes, por medio del terror como mecanismo de atomización social, buscan el control económico, político y social de un territorio definido. Actúan principalmente contra la población civil bajo la égida de las autoridades de distintos niveles, mismas que favorecen el ambiente de violencia e ingobernabilidad como un marco para sostener la impunidad de los crímenes. En suma, el paramilitarismo es una estrategia de disuasión política y social que tiene por objetivo la recuperación y el control de territorios y espacios políticos, esto por medio del terror, el hostigamiento y la destrucción del tejido social de las comunidades. Ahí donde surgió el paramilitarismo hay profundos conflictos históricos de clase fundamentados en la explotación y la dominación. Justamente la posibilidad o intento de subvertir estas condiciones es lo que le da vida.

El paramilitarismo tuvo relaciones directas con el estado ya que ayuntamientos constitucionales priistas operaron como su cobertura local. Los paramilitares:

[...] actúan con el apoyo de las fuerzas de Seguridad Pública del Estado, con el aval de ciertos diputados federales y con la dirección por parte de algunos diputados locales y presidentes municipales. Estos grupos con cacicazgo político, agrario y económico, consiguen líneas productivas, despensas, presupuestos, armas y uniformes a cambio de control y represión de la sociedad civil.⁶⁶

Evidencia de la participación del ejército y su colusión con los paramilitares fue su inactividad y silencio frente a conflictos y enfrentamientos armados desatados por los paramilitares como los casos de Acteal el 22 de diciembre de 1997 y Los Chorros el 12 de noviembre del 2000.⁶⁷

Así, la paramilitarización es resultado de la guerra de baja intensidad, estrategia oficial que señala como enemigos a quienes se oponen a la guerra y que tiene por objetivo ganar el control del territorio chiapaneco, desarticular a las poblaciones organizadas y destruir al EZLN. Los grupos paramilitares en Chiapas buscaban tres objetivos principales:

• Control físico del territorio: crear un cerco territorial que les permitiera vigilar y controlar los caminos y la gente que los transita.

• Aterrorizara la población: por medio de amenazas y cruentos ejemplos de violencia e impunidad estos grupos infunden el terror como mecanismo de atomización social con el objetivo de dislocar las organizaciones sociales, campesinas o comunitarias y eliminar a aquellos que cumplen un papel preponderante en las luchas sociales.

• Obtener el dominio económico y político: por medio de la violencia asegurar el territorio para su uso en una lógica capitalista, ya sea a través de la agricultura o ganadería extensiva o a partir de la explotación de sus recursos naturales. En pocas palabras, eliminación de los obstáculos a la expansión de las relaciones sociales que el modelo económico vigente demanda.

Es vital señalar que el principal responsable de la violencia en el estado de Chiapas es el gobierno mexicano, éste ha mantenido deliberadamente en la impunidad los crímenes que le son útiles política y militarmente, mediante instancias oficiales ha apoyado y protegido grupos paramilitares y ha mantenido voluntariamente una campaña de desinformación en contra de las comunidades y movimientos que se oponen a su proyecto. Ocultar los crímenes de los grupos paramilitares ha sido una tarea de Estado: intimidación, amenazas, presiones, expulsiones, secuestros, tortura, asesinatos, etcétera, siempre se han intentado hacer pasar como agresiones intercomunitarias que tiene su origen en conflictos religiosos, familiares, por tierras o simplemente de corte personal, cuando en la realidad todo el despliegue de violencia tiene una "connotación política de control, desestabilización, faccionalización y represión masiva y selectiva".⁶⁸ En pocas palabras el paramilitarismo es un proyecto de Estado.

La existencia de grupos paramilitares en Chiapas ha tenido una innegable conexión con distintas esferas gubernamentales, la complicidad de distintas instancias del poder público con estos grupos se desarrolla y nutre junto a los cacicazgos políticos y económicos de las comunidades. Ejemplo de esto es la masacre de Acteal y el imperio organizado de la impunidad que la rodea; de los 102 procesados por el homicidio de 45 personas sólo quedan dos en prisión, todos los demás han sido liberados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación por violación al debido proceso.⁶⁹

En torno a esta reflexión no podemos ignorar lo que está pasando hoy en día, ya que la ofensiva paramilitar no ha terminado, no es cosa del pasado. Hoy en día podemos rastrear este fenómeno en los procesos de acumulación más importantes como la minería a gran escala o la guerra contra el terrorismo y el narcotráfico, la cual encubre y legaliza los mecanismos de contrainsurgencia consolidados en el pasado. La violencia militarizada y encubierta sigue siendo un elemento central de la reproducción del capital, la legitimación de su estructura de poder y el exterminio de la disidencia.

 

Notas

¹ Por Estado entendemos un aparato de dominación de clase que se desdobla principalmente en dos dimensiones. La primera y más importante es el poder político, es decir, el poder de imponer un proyecto de clase como universal a la sociedad en su conjunto. La segunda es el aparato de Estado o gobierno, o sea todas las instituciones, reglas, leyes y personal que se aseguran de mantener, por el consenso o la fuerza, este proyecto de clase. En suma, aseguran la reproducción social bajo la orientación de intereses sociales específicos. Jaime Osorio, El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder, México, Fondo de Cultura Económica, 2009.         [ Links ]

² Esto es: "[...] la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad -común, colectiva, estatal, etcétera- en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; el tráfico de esclavos; y la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, juega un rol crucial al respaldar y promover estos procesos". David Harvey, El "nuevo" imperialismo: acumulación por desposesión, traducción: Ruth Felder, Buenos Aires, Clacso, 2005, p. 113.         [ Links ]

³ Phil Mc Manus y John Lindsay-Poland, "La militarización que resurge: una sombra sobre las Américas", en El proceso de guerra en México 1994-1999: militarización y costo humano, México, Espacio de Reflexión y Acción Conjunta sobre Militarización, Represión e Impunidad, 1999, pp. 17-18.         [ Links ]

⁴ Para más información sobre militarización véase Sabina Morales y Carlos Pérez, Militarización: una propuesta conceptual basada en el caso mexicano (1995-2012), Berlín, México vía Berlín e. V., 2014.         [ Links ]

⁵ Estos municipios fueron Ocosingo, Las Margaritas, Altamirano y Palenque, los cuales fueron identificados como las principales zonas de influencia del EZLN y por lo tanto bautizada por el ejército como zona de conflicto.

⁶ Hermann Bellinghausen, "Condena general al asesinato del maestro Luis Solís López", México, La Jornada, 9 de mayo de 2014, p. 18.         [ Links ]

⁷ Es importante recalcar que la estrategia de militarización y paramilitarización continuó desarrollándose al mismo tiempo que sucedían las negociaciones, al mismo tiempo que se daban los diálogos y el supuesto alto al fuego los paramilitares incrementaban sus agresiones.

⁸ Este decreto establece que el gobierno suspende las órdenes de aprehensión contra los miembros del EZLN, el Ejército se compromete a no ejercer presión contra éstos y a no patrullar las zonas de influencia zapatistas. Este acuerdo impedía la actuación directa del Ejército Federal en el conflicto.

⁹ Julián Rebón, "Conflicto armado y desplazamiento de población en Chiapas", en El proceso de guerra en México 1994-1999: militarización y costo humano, op. cit., p. 58.

¹⁰ En el Estado de Chiapas hay abundantes reservas de petróleo, gas natural, oro, plata, cobre, plomo, zinc, aluminio, sílice, hierro y uranio. Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro, Población desplazada en Chiapas, México, CIEPAC, 1999, p. 108.         [ Links ]

¹¹ Gabriela Vázquez O., "Violencia política en Chiapas, contrainsurgencia y paramilitarización", en Sujetos, víctimas y territorios de la violencia en América Latina, Raquel Sosa Elízaga (coord.), México, Universidad de la Ciudad de México, 2004, p. 99.         [ Links ]

¹² Conflictos y rivalidades que existían entre evangélicos y católicos, las diferentes corrientes del magisterio, las organizaciones populares, los partidos políticos, comuneros y ejidatarios, etcétera. La forma de operar era identificando conflictos al interior de las comunidades y hacerlos estallar de forma artificial para que las autoridades (civiles, policiacas y militares) lo organizaran, controlaran y utilizaran, es decir lo paramilitarizaran. Los paramilitares tienen por objetivo perpetuar el conflicto, son administradores del conflicto. Andrés Aubry y Angélica Inda, Los llamados de la memoria (Chiapas 1995-2001), México, Gobierno del Estado de Chiapas, 2003, p. 85.         [ Links ]

¹³ Una de las características distintivas de la guerra irregular o del conflicto de baja intensidad es que en ella se emplean unidades de personal civil, preferentemente originarios del lugar, dirigidos, asesorados y coordinados por las autoridades militares del área en conflicto. Manual de guerra irregular, México, Sedena, 1995.         [ Links ]

¹⁴ Una de las consecuencias positivas del levantamiento zapatista fue que reavivó la lucha agraria en Chiapas, histórica demanda de los sectores más pobres que había sido aplacada mediante violencia y amenazas por parte de los caciques y sus aliados en el gobierno. Esta demanda fue una consigna que se generalizó entre el pueblo campesino e indígena, no sólo entre las filas del EZLN, prueba de esto son las más de 30 mil hectáreas recuperadas en el área de conflicto (las cuales en su mayoría eran utilizadas para la ganadería) y los 55 municipios fuera del área de conflicto que también tuvieron acciones parecidas. En total había una superficie de alrededor de 72 mil hectáreas en disputa, es decir, casi la mitad del estado. Véase María Eugenia Reyes Ramos. "El movimiento zapatista y la redefinición de la política agraria en Chiapas", México, Revista Mexicana de Sociología, vol. 63, núm. 4, UNAM, 2001, pp. 197-220.         [ Links ]

¹⁵ Gabriela Vázquez O., "Violencia política en Chiapas, contrainsurgencia y paramilitarización", op. cit., p. 92.

¹⁶ Véase documento en el sitio electrónico del Frayba [http://www.frayba.org.mx/articulos.php?author_ID=29]. En adelante se citará el documento, no se especifica el número de página ya que el documento no viene con las hojas numeradas.

¹⁷ "Cuando Mao afirma que 'El pueblo es a la guerrilla como el agua al pez', indudablemente que dijo una verdad de validez perdurable [...] al pez se le puede hacer imposible la vida en el agua, agitándola, introduciendo elementos perjudiciales a su subsistencia, o peces más bravos que lo ataquen, lo persigan y lo obliguen a desaparecer o a correr el riesgo de ser comidos por estos peces voraces y agresivos que no son otra cosa que los contraguerrilleros". Manual de guerra irregular, op. cit., p. 20.

¹⁸ El gobierno federal construyó entre 1995 y 1997 en Chiapas 3 400 km de carreteras y caminos, 311 nuevos puentes y dos aeropuertos. Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro, Población desplazada en Chiapas, op. cit., p. 23.

¹⁹ Al menos siete generales y tres coroneles del ejército mexicano que estuvieron a cargos de operaciones en Chiapas entre 1994 y 1997 en el marco de la guerra irregular desatada contra el EZLN estudiaron en escuelas militares de Estados Unidos como el Fuerte Gulick o la Escuela de las Américas y recibieron entrenamiento sobre operaciones de guerra irregular, operaciones conjuntas, contrainsurgencia y contraguerrilla, entre otros. Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa (doce años de militarización en Chiapas), San Cristóbal de Las Casas, CIEPAC, 2006, pp. 178-179.         [ Links ]

²⁰ Manual de guerra irregular, op. cit.

²¹ Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), Acteal: entre el duelo y la lucha, México, 1998, p. 42.         [ Links ]

²² La relación entre paramilitares y las instituciones de seguridad es más que evidente, denuncias de campesinos y pobladores de distintas comunidades evidencian la operatividad de esta relación; algunos ejemplos: hostigamiento e intimidación a miembros de la comunidad de Misopá por miembros de Paz y Justicia acompañados de policías; entrenamiento de campesinos por parte de militares en la comunidad Arroyo Granizo; autoridades de la comunidad El Censo denunciaron que el grupo paramilitar MIRA es apoyado por el ejército y elementos de la Policía de Seguridad Pública; campesinos de la comunidad Venustiano Carranza denunciaron que el gobierno promueve la creación de grupos de choque como Los Pelones, quienes son asesorados por miembros del PRI, Los Coras apoyados por caciques y el grupo paramilitar San Bartolomé de los Llanos, el cual recibe entrenamiento de policías y militares además de obtener el armamento por medio de la presidencia municipal; promoción del uso de armas como medio de autodefensa por parte de militares en la comunidad de Tzimol. CDHFBC, La legalidad de la injusticia, México, 1998, pp. 80-83.         [ Links ]

²³ Gabriela Vázquez O., "Violencia política en Chiapas, contrainsurgencia y paramilitarización", op. cit., p. 93.

²⁴ Onésimo Hidalgo y Gustavo Castro, Población desplazada en Chiapas, op. cit., p. 27.

²⁵ CDHFBC, Ni Paz Ni Justicia, México, 1996, p. 94-100.         [ Links ]

²⁶ Uno de los principales aliados de Paz y Justica fue el general de División, diplomado de Estado Mayor, Mario Renán Castillo Fernández, quien comandó la VII Región Militar con sede en Tuxtla Gutiérrez del 1 de febrero de 1995 al 16 de noviembre de 1997. A este militar se le atribuye la edición del Manual de guerra irregular de la Sedena. CDHFBC, Crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado en Chiapas, México, 2005, pp. 12-13.         [ Links ] Este militar tiene un doctorado en psicología militar y es egresado del Centro de Entrenamiento en Guerra Psicológica, Operaciones Especiales y Fuerzas Especiales de Fort Bragg. Isaín Mandujano, "Los 'contras' de Chiapas: nombres y apellidos...", México, Proceso, núm. 1712, 22 de agosto de 2009, p. 74.         [ Links ]

²⁷ Isaín Mandujano, "Los 'contras' de Chiapas: nombres y apellidos...", op. cit., p. 74.

²⁸ CDHFBC, Ni Paz Ni Justicia, op. cit., p. 148.

²⁹ Ibid., p. 101-114.

³⁰ Ibid., p. 133.

³¹ "Se ha denunciado que las ligas del Ejército con Paz y Justicia fueron muy estrechas, y se estableció que ese grupo tuvo siempre el apoyo de una organización policiaca estatal especial creada tras el alzamiento armado del EZLN en enero de 1994. A esa organización, denominada Agrupamiento Maya, únicamente podían ingresar ex militares. Además, el entrenamiento que recibían era de corte militar. Una base de ese agrupamiento se asentaba en El Limar, uno de los dos bastiones de Paz y Justicia, al igual que Miguel Alemán. El coordinador de la policía estatal, el general retirado Julio César Gamboa Solís, creador del Agrupamiento Maya, se mantenía bajo la observación permanente del general de división y comandante de la VII Región Militar, Mario Renán Castillo Fernández. Ese grupo desapareció poco después de la matanza de Acteal". Isaín Mandujano, "Chiapas: paramilitares vigentes", México, Proceso, núm. 1717, 27 de septiembre de 2009, p. 32.         [ Links ]

³² Andrés Aubry y Angélica Inda, Los llamados de la memoria (Chiapas 1995-2001), op. cit., p. 51.

³³ Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa..., op. cit., p. 38.

³⁴ CDHFBC, Ni Paz Ni Justicia, op. cit., p. 127.

³⁵ Onésimo Hidalgo, "El otro Chiapas en cifras", en El proceso de guerra en México 19941999: militarización y costo humano, op. cit., p. 44.

³⁶ Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa..., op. cit., p. 38.

³⁷ Gabriela Vázquez O., "Violencia política en Chiapas, contrainsurgencia y paramilitarización", op. cit., p. 96.

³⁸ CDHFBC, Presunta justicia, México, 1999, pp. 45-47.         [ Links ]

³⁹ CDHFBC, De la memoria a la esperanza, México, 2001, pp. 109-117.         [ Links ]

⁴⁰ Ibid., pp. 114-115.

⁴¹ CDHFBC, Sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, México, 2007, p. 86.         [ Links ]

⁴² "El desplazamiento implica el movimiento poblacional producto de la violencia política o de la amenaza de la misma, como resultado de: a) acciones de expulsión de población; b) huida por ataque armado; c) abandono estratégico del territorio, ya sea por amenaza o por allanamiento". "El costo humano del proceso de guerra de 'exterminio selectivo' en México: 1994-1999. Avance exploratorio analítico de las luchas sociales", en El proceso de guerra en México 1994-1999..., op. cit., p. 99.

⁴³ CDHFBC, La guerra en Chiapas: ¿incidente en la historia?, México, 2000.         [ Links ]

⁴⁴ Los paramilitares también utilizan las propiedades de los desplazados para repartirlas entre los pobladores sin tierra. El objetivo es satisfacer la necesidad histórica de este tipo de población, legitimar el orden paramilitar impuesto mediante la violencia e imposibilitar el retorno de los propietarios originales que han sido desplazados. Un ejemplo de esta práctica la encontramos en Los Chorros, ahí los terrenos de las casas quemadas se vendieron por lote y no pasaban los tres mil pesos, los cafetales se vendieron a 15 pesos la mata y las milpas se vendieron por "tareas" de 4 por 40 "brazadas" en 400 pesos. Andrés Aubry y Angélica Inda, Los llamados de la memoria (Chiapas 1995-2001), op. cit., p. 98.

⁴⁵ CDHFBC, Presunta justicia, op. cit., pp. 91-92.

⁴⁶ Ibid., pp. 92-93.

⁴⁷ Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa (doce años de militarización en Chiapas), op. cit., p. 42.

⁴⁸ Andrés Aubry y Angélica Inda, Los llamados de la memoria (Chiapas 1995-2001), op. cit., p. 93.

⁴⁹ Ibid., p. 86.

⁵⁰ "La ejecución del desplazamiento es la expresión del dominio de una orientación en la concepción de una política de seguridad de Estado, es decir, se trata de una determinación político-estratégica de expulsar población". "El costo humano del proceso de guerra de "exterminio selectivo", op. cit., p. 100.

⁵¹ CDHFBC, Acteal: entre el duelo y la lucha, México, 1998, pp. 6-7.         [ Links ]

⁵² Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa (doce años de militarización en Chiapas), op. cit., p. 44.

⁵³ CDHFBC, Acteal: entre el duelo y la lucha, op. cit., p. 9.

⁵⁴ CDHFBC, Crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado en Chiapas, op. cit., p. 3.

⁵⁵ CDHFBC, Acteal: entre el duelo y la lucha, op. cit., pp. 18-22.

⁵⁶ Jesusa Cervantes, "Chuayffet: el gobierno, ajeno a grupos civiles armados", La Jornada, México, 27 de diciembre de 1997.         [ Links ]

⁵⁷ Juan Manuel Venegas, "Madrazo: en Acteal, conflicto intercomunitario", La Jornada, México, 27 de diciembre de 1997.         [ Links ]

⁵⁸ CDHFBC, La legalidad de la injusticia, op. cit., p. 77.

⁵⁹ CDHFBC, Acteal: entre el duelo y la lucha, op. cit., p. 40.

⁶⁰ Dentro de estos programas destacan: "Progresa (que da apoyo a las familias que llenan los 'requisitos' para ser consideradas en pobreza extrema), Procampo (que proporciona subsidio a los campesinos que cultivan productos 'transables' en el mercado internacional), Procede (a través del cual se regulariza la situación de determinados predios)". Gabriela Vázquez O., "Violencia política en Chiapas contrainsurgencia y paramilitarización", op. cit., p. 102. En este sentido cabe resaltar la utilización que el actual gobierno de Peña Nieto hace del programa Cruzada Nacional Contra el Hambre. Éste se utiliza como punta de lanza para penetrar y dividir a las comunidades, a la vez que reposiciona al ejército en las zonas de influencia zapatista. El inicio de este programa lo realizó Peña Nieto y el gobernador del estado de Chiapas en enero de 2013 en el municipio de Las Margaritas, territorio emblemático del zapatismo, en pocas palabras, una declaración de guerra velada. Es importante no olvidar que: "[...] el objetivo más importante de los programas de dependencia oficial, es anular la construcción de alternativas civiles, garantizando la continuidad de la pobreza, buscando maquillar los estándares de desarrollo en el marco del discurso de respeto y garantía de los derechos humanos, tratando también de invisibilizar las condiciones que padecen millones de víctimas de las políticas gubernamentales. Su objetivo no es atender ni resolver las causas de fondo, sino persistir en las políticas populistas de fracaso estructural, pero que sirven para la utilización política electoral, de manipulación y control social". CCDHFBC, La Realidad contexto de guerra, México, 2015, p. 4.         [ Links ]

⁶¹ Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa..., op. cit., p. 168.

⁶² Asesinatos en emboscadas por parte de paramilitares en contra de bases de apoyo zapatistas como los de Antonio Mejía Vásquez en 2002 y José Arias Sántiz en 2004 son ejemplos de este tipo de ataques.

⁶³ Onésimo Hidalgo Domínguez, Tras los pasos de una guerra inconclusa..., op. cit., p. 61.

⁶⁴ CDHFBC, Crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado en Chiapas, op. cit., p. 21.

⁶⁵ CDHFBC, Sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas, op. cit., pp. 121- 135.

⁶⁶ CDHFBC, La legalidad de la injusticia, op. cit., p. 78.

⁶⁷ Andrés Aubry y Angélica Inda, Los llamados de la memoria (Chiapas 1995-2001), op. cit., pp. 106-109.

⁶⁸ CDHFBC, La legalidad de la injusticia, op. cit., p. 78.

⁶⁹ Jesús Aranda, "Ordena la SCJN la liberación de tres sentenciados por la masacre de Acteal", La Jornada, México, 13 de noviembre de 2014, p. 13.         [ Links ]