Comentarios y debates

 

La migración y las remesas mexicanas en el contexto de la globalización

 

Gerardo González Chávez*

 

* Investigador y responsable de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología (IIEC-UNAM). Correo electrónico: gerardog@servidor.unam.mx

 

Fecha de recepción: 11 de mayo de 2006.
Fecha de aceptación: 22 de septiembre de 2006.

 

El mercado de trabajo está conformado por cuatro elementos de análisis básicos: el comportamiento de la tasa de desempleo, el empleo formal, el empleo informal y los trabajadores inmigrantes. En ese contexto, el análisis de la migración implica incorporar a la fuerza de trabajo en el mercado laboral internacional. Para el caso de México, el mercado de trabajo de Estados Unidos es el más importante desde la perspectiva de la globalización. Es decir, para entender el problema de los migrantes se deben analizar las condiciones de la oferta y la demanda de trabajo en el mercado local para poder entender los factores que explican su expulsión hacia otros.

En el capitalismo actual, la circulación de mercancías se traslada al mercado mundial que se encuentra dominado por las empresas transnacionales, las cuales establecen las condiciones necesarias para su reproducción en el ámbito de la globalización. En ese sentido, la movilidad poblacional,¹ por motivos económicos, corresponde a la búsqueda de un empleo o de mejores condiciones materiales de vida. La mayoría de las investigaciones señalan que ese fenómeno es producto de la falta de oportunidades de empleo en los mercados nacionales,² aunque también influyen otros factores, como las diferencias salariales entre una economía subdesarrollada en contraste con los países industrializados, así como las expectativas individuales creadas a partir de la difusión de los beneficios de la apertura económica y la libertad de los mercados.³ De esta forma, la migración y su control constituyen uno de los retos de la política neoliberal, principalmente para los países receptores, más aún si se toma en cuenta que en su mayor parte se realiza de manera ilegal o indocumentada, aunque una gran proporción se da en esas condiciones por así convenir a los intereses de quienes hacen uso de esa fuerza de trabajo.

Esto es claro por el manejo discrecional que se hace de la ideología neoliberal; por un lado, están los principios que rigen el libre mercado y, por otro, la realidad cotidiana donde la libre circulación de la fuerza de trabajo aparece más como un mito del neoliberalismo. Se plantea el libre tráfico de la mayoría de las mercancías y productos pero, al mimo tiempo, el Estado ejerce un estricto control de la fuerza de trabajo. Es decir, frente a la "desfronterización" de los bienes y servicios, ha surgido una "refronterización" que rechaza a los inmigrantes extranjeros con y sin documentos. Esa situación afecta cada vez más a los países y regiones y sus vínculos con intrincados procesos que atañen al mundo entero debido, en gran parte, a las políticas gubernamentales (Verea, 2003:43; Castles y Miller, 2004:337).

Las economías más desarrolladas ejercen gran atracción sobre los trabajadores que buscan un empleo o que perciben ingresos muy reducidos en su país de origen. Esa necesidad da lugar a acciones contradictorias: los mercados de las economías atrasadas, por su lado, consideran esos espacios como un amortiguador de las graves dificultades para absorber la demanda de trabajo, en tanto que los países desarrollados establecen un control cada vez más estricto de las migraciones laborales con el objetivo de mantener vigilado tanto el mercado laboral interno, como las condiciones precarias de los inmigrantes.

El mundo de los que inmigran al mercado de trabajo internacional es creciente. De acuerdo con el informe de la Organización Internacional para la Migración (OIM), el número de inmigrantes en el mundo se duplicó entre 1965 y 2000 de 75 a 150 millones (Castles y Miller, 2004:15). Esa tendencia se ha mantenido y alcanza ya 190 millones de personas en 2005. Ello corresponde a un crecimiento anual de 1.3% de personas en el mundo que viven fuera de su lugar de nacimiento. En los últimos años, los principales países receptores fueron Estados Unidos, Rusia, Alemania y Ucrania (CONAPO, 2004:12-13).

No debemos olvidar que la fuerza de trabajo es una mercancía especial, generadora de riqueza, por lo que el camino que siga su apropiación afectará tanto a los países receptores como a los expulsores de ese tipo de mercancías. Los trabajadores reciben un salario por su trabajo y se convierten en consumidores en los mercados locales, pagan impuestos y envían recursos a sus familias. En tanto, los empresarios contratan esa fuerza de trabajo con grandes ventajas, porque establecen salarios más bajos, sin prestaciones sociales, jornadas de trabajo mayores a las prevalecientes en esas economías, etcétera. Es decir, la llegada y permanencia de los inmigrantes ha significado importantes beneficios para los inversionistas locales que demandan fuerza de trabajo que estimule la producción y el crecimiento general de la economía; de ese modo, son un factor esencial en la conversión regional y en la competencia mundial. Asimismo, los países exportadores de fuerza de trabajo también se ven beneficiados con las remesas que reciben y les sirve como válvula de escape para mitigar el desempleo, además de ayudar a mitigar el problema de la pobreza y los desequilibrios de la balanza de pagos.

Este comportamiento del mercado laboral ha permitido un abaratamiento global de la fuerza de trabajo por el incremento competitivo y la disminución del precio del trabajo, por lo cual los empresarios han podido establecer con mayor facilidad las nuevas formas de organización laboral y remuneración arriba señaladas y, que significan graves violaciones a los derechos laborales fundamentales, además de influir en la regulación del costo laboral de los trabajadores nativos. La fuerza de trabajo inmigrante es una mano de obra abundante, barata y temporal, la cual ha sido no sólo necesaria, sino estratégica para el desarrollo y la competitividad, particularmente para algunos sectores de la economía estadounidense, en especial la agricultura, aunque en los últimos años ésta ha tendido a generalizarse a las diversas actividades económicas.

México se sitúa a la cabeza de los países de América Latina emisores de inmigrantes legales e indocumentados hacia Estados Unidos, seguido por Brasil, El Salvador, República Dominicana y Jamaica. Quienes emigran son jóvenes en plenitud productiva, entre 15 y 44 años, con una escolaridad crecientemente superior a los 10 grados (CONAPO, 2004:29): esa situación no es nueva, ha sido producto de la historia de la conformación del mercado laboral que requiere la acumulación capitalista. Los estadounidenses han demandado inmigrantes temporales, tanto en forma legal como ilegal, en las distintas etapas de su desarrollo. por ello podemos afirmar que la contratación de esos trabajadores es una necesidad para el sostén de la actividad económica capitalista de Estados Unidos.

Esa situación es muy clara cuando observamos la forma como se establecen las relaciones entre México y aquel país, es decir, a pesar de la creciente importancia de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, no se acepta como una relación binacional, en la que se reconozca el valor de la población inmigrante en el fortalecimiento de la economía y no sólo como un problema que está centrado en el control de éstos. Es una política que tiende a restringir los flujos migratorios con la adecuación constante de leyes, restricciones sistemáticas a la entrada y la permanencia, pero sin destacar el problema de la demanda y la explotación de la fuerza de trabajo.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se amplió la disminución de barreras arancelarias para facilitar la libre circulación de capital, bienes y servicios entre México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, el gobierno mexicano, debido a numerosas presiones, decidió no incluir el tema migratorio en el tratado pues existía un alto riesgo de que no se aprobara, dada la reticencia por parte de los estadounidenses. De esa manera, el TLCAN no incluyó disposiciones que permitieran la migración entre los tres países signatarios, es más, el empleo permanente no aparece como algo que tenga que ser promovido, sino que debe ser protegido en cada país (Verea, 2003:15 y 135). Los acuerdos de liberalización fortalecieron los puntos esenciales y ampliaron las reformas para imponer la apertura económica de la mayoría de las cercanías, el alejamiento del Estado en su intervención económica directa, la privatización de amplios sectores económicos, entre otros, pero se evitó tratar el asunto de la libre circulación de la fuerza de trabajo, a pesar de que esa política provocó un aumento significativo del número de inmigrantes, tanto legales como indocumentados hacia Estados Unidos y Canadá.

Los acuerdos internacionales dejaron fuera la liberalización del mercado laboral, limitándose al establecimiento de nuevos mecanismos de control o de combate directo de los flujos migratorios ilegales (restricciones de tránsito y tiempo de permanencia que incluye la construcción de muros fronterizos), o el establecimiento de sanciones a los patrones que contrataran a los trabajadores indocumentados, con la idea de disuadir a los posibles contratantes de indocumentados, así como a los inmigrantes para que desistieran en su intento de entrar a Estados Unidos.

El aumento del presupuesto para contratar nuevos elementos para la patrulla fronteriza o brigadas militares estadounidenses, además de la sofisticación de los sistemas informativos de inteligencia para compartir información entre agencias de inteligencia y servicio secreto, como la Agencia Central de Inteligencia, la Oficina Federal de Investigaciones, el Sistema de Inmigración y Naturalización (CIA, FBI, INS, respectivamente, por sus siglas en inglés), y el Departamento de Estado, además de la aplicación de programas de registro y control de inmigrantes tales como el Sistema Computarizado de Scanner Biométrico (IDENT), la compra de helicópteros, luces de gran intensidad y equipo de alta tecnología (Massey, 2003:17), a lo que realmente contribuyeron fue crear un clima de restricción y persecución incompatible con la importancia económica que representa esa fuerza de trabajo para la economía de Estados Unidos. Es decir, las condiciones de paso en la frontera de México con aquel país resultan crecientemente peligrosas, tanto por la vigilancia y restricción por medios violentos, como por las difíciles características geográficas de la región, sin que esas medidas hayan reflejado una disminución efectiva del número de inmigrantes que llegan a ese país, por el contrario, se observa un incremento de la inmigración ilegal. por otro lado, en ese largo recorrido de restricciones también se encuentran las acciones para impedir que los inmigrantes indocumentados puedan tener acceso a la educación pública y a los servicios médicos gratuitos, excepto en casos de emergencia (Verea, 2003:93). Además, no hay que olvidar la última embestida aprobada el 26 de octubre de 2006 para destinar entre 4 y 6 mil millones de dólares para la construcción de una barda de mil 125 kilómetros a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos.

Las condiciones específicas del mercado de trabajo antes descritas nos permiten asegurar que lejos de frenar la migración, lo que han provocado dichas medidas es poner en un riesgo mayor a la población inmigrante en tanto que se militariza la frontera, se desatan los sentimientos xenofóbicos por parte de la población local (agravados por los ataques terroristas de 2001), se encarecen los costos para los inmigrantes ilegales, pero también se intensifican las restricciones administrativas para los legales (licencias de manejo, el cobro y mayores restricciones para otorgar las visas) que deterioran aún más la situación de los inmigrantes y dan pauta para contratarlos en la informalidad con empleos precarios. En síntesis, la política migratoria desplegada por Estados Unidos, y aceptada en los hechos por México, favorece el surgimiento y desarrollo de empresas de migración clandestina, que mueven muchos millones de dólares al año y cuyo negocio aumenta en proporción directa con el fortalecimiento de las políticas antimigratorias.

Las medidas señaladas para impedir el ingreso y permanencia de los trabajadores ilegales en Estados Unidos no ha impedido el crecimiento del fenómeno, en cambio, sí ha logrado aumentar el número de detenciones, la desviación del tráfico de inmigrantes indocumentados hacia territorio escarpado y el incremento de lesiones o muerte, porque, además de tratarse de lugares menos poblados y vigilados, estas zonas desoladas también son más peligrosas (Massey, 2003:17-18).

La literatura que analiza las condiciones en que se da esta circulación de trabajadores nos da cuenta de las innumerables tragedias humanas en los intentos por esquivar barreras, pero no hay datos que muestren que con esas medidas se inhiba el tráfico de indocumentados y, por el contrario, dan lugar al desarrollo de poderosas empresas dedicadas a la migración clandestina que genera beneficios astronómicos, comparables a los del narcotráfico o el tráfico de armas (Arango, 2003:17). Cada año se aprehende a más de un millón de personas (979 mil 101 en 1994 y un millón 643 mil 679 en 2000). En este último año murieron 499 mexicanos, en comparación con 23, en 1994. En su mayoría por las condiciones adversas del ambiente (Ávila et al., 2000a:183; Castles y Miller, 2004:21,186 y Cornelius, 2001:4). Pese a ello, el paso de indocumentados mexicanos a Estados Unidos va en ascenso; mientras que en 1970 se tenían registrados 7 millones 597 mil 511 mexicanos, con un flujo de 30 mil personas anuales, para los años noventa alcanzó aproximadamente 300 mil personas (CONAPO, 1997:221). En los últimos diez años han emigrado a ese país 9.9 millones de mexicanos, lo cual representa 3.6% de la población total de Estados Unidos (CONAPO, 2004:32), por lo que en 2006 se calcula que hay alrededor de 28 millones de mexicanos de primera y segunda generación en aquel país. Tan sólo en los últimos seis años han salido un promedio de 500 mil trabajadores anuales, lo cual significaría que en este sexenio emigraron más de 3 millones de mexicanos.

A lo largo de la historia de la migración mexicana a Estados Unidos se ha extendido el número de entidades y municipios que se han integrado a ese proceso. Los principales estados que tradicionalmente han sido proveedores de mano de obra para el mercado laboral de Estados Unidos son: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas (Verea, 2003:137).⁴ En los noventa,⁵ a esos estados exportadores de fuerza de trabajo se les unió la migración de otros más, como Puebla, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal y Morelos, que en el pasado no contaban con tradición migratoria (Tuirán, 2000b:19). Se ha conformado una nueva geografía de las zonas de origen de la migración en México, que ahora comprende casi todo el territorio nacional y los grandes centros urbanos. De esa manera, se propician importantes cambios en la economía regional mexicana: desplazamiento de la actividad agropecuaria, nuevas formas de mercado interno, cambios en la estructura demográfica (predominio de la población femenina, infantil y de la tercera edad), así como la presencia cada vez más común de los pueblos fantasma.

Es claro que en México no se han generado los empleos bien pagados que se requieren anualmente para una creciente población en edad de trabajar, de modo que la necesidad de fuerza de trabajo en Estados Unidos se convierte en un polo de atracción para una mano de obra joven y barata. Ello se acentúa por los bajos niveles de crecimiento económico que propician una mínima creación de puestos de trabajo fijos y seguros, además de un aumento drástico del desempleo, conjugado con la diferencia salarial, la integración familiar que impulsa la operación de complejas redes sociales y familiares que vincula los hogares de origen y destino que facilitan la migración (CONAPO, 1997:29; Herrera, 2005:143-150); por lo cual es fácilmente comprensible el crecimiento del número de migrantes en nuestro país y que, al mismo tiempo, envían recursos para la supervivencia de la familia que se queda.⁶

Las remesas enviadas por los inmigrantes a sus parientes o familiares crecen en la misma proporción en que salen trabajadores hacia esos mercados, por lo cual sus dimensiones son cada día más significativas, así como los montos en remesas que se convierten en uno de los principales ingresos de la economía y en el sustento único de amplias regiones del país. Es decir, los trabajadores mexicanos inmigrantes residentes en Estados Unidos se han convertido en una fuente de divisas muy importante para el país y en un sostén esencial para los integrantes de millones de hogares mexicanos, sin olvidar que la migración permite liberar la tensión que produce el aumento del desempleo y la pobreza en el ámbito nacional.

En términos macroeconómicos, las remesas significan un importante porcentaje del ingreso nacional (2.5% del PIB nacional en 2005) y esa relación crece en la proporción que aumenta la migración, sobre todo a partir de la década de los noventa, cuando se registró una tasa anual de 10%. Se deben considerar también las innovaciones tecnológicas para el envío de recursos, que explica un porcentaje importante en el monto de las remesas recibidas en México. Los bancos aseguran que se han abaratado los costos de envío hasta en 52%, en promedio, entre 1999 y 2004.⁷ El Banco de México reportó un ingreso por remesas, en 1990, de 2 mil 494 millones de dólares, que pasaron a 3 mil 672 millones en 1995, a 6 mil 572 millones en 2000 (Banco de México, 2004:82) y más de 20 mil millones de dólares en 2005. En términos macroeconómicos, eso significa 80% de las exportaciones petroleras y más de 70% del superávit de la balanza comercial de maquilas, además de aumentar 40% los ingresos por turismo y rebasar el ingreso por inversión extranjera directa (IED).

Un elemento adicional por comentar es el relacionado con el destino de los recursos enviados como remesas. Los datos oficiales señalan que alrededor de 8 de cada 10 pesos (80%) de lo empleado corresponde a gasto corriente para la satisfacción de necesidades básicas de la familia mediante la adquisición de bienes de consumo inmediato y duradero, como los gastos escolares o la compra y mejora de vivienda. El restante 20% se destina al ahorro y a la llamada inversión productiva. Sin embargo, la mayor parte del dinero de los inmigrantes termina por filtrarse fuera del país en forma de demanda de productos importados o por la importación de materias primas y auxiliares para los sectores productivos nacionales. Esos recursos tienen una influencia determinante en la disminución de la pobreza a escala nacional al estimular la demanda en diversos mercados regionales y locales del país y, en consecuencia, tienen un impacto considerable en el empleo de los sectores industriales y de servicios, además del incentivo que significa para la recaudación tributaria (CONAPO, 1999:161, 174, 182; Tuirán, 2000:91, 169).

El envío del dinero representa un gran negocio para los intermediarios y una sangría importante para cientos de miles de inmigrantes y sus familiares en México. Por otro lado, son grandes beneficiados del proceso los organizadores de los movimientos migratorios, ya sean agentes de viajes, reclutadores, intérpretes y agentes de alojamiento de la migración legal, o los abogados, coyotes o polleros de la inmigración ilegal. Asimismo, el sistema financiero internacional, que sirve de intermediario en los envíos de dinero, obtiene enormes ganancias, pues, a pesar de que han reducido un poco sus comisiones, éstas siguen siendo muy elevadas y obtienen grandes utilidades que cobran en el marco de la ausencia de una regulación en la materia.

Los medios más utilizados para la transferencia de los recursos desde hace muchos años son money orders, cheques personales, efectivo personal,⁸ con amigos o empresas mercantiles en Estados Unidos y centros de remesas en México.⁹ Esas empresas crecen a la par del incremento de las remesas, debido a que los intermediarios bancarios o las instituciones involucradas cobran altas comisiones por el servicio: hasta 12 dólares por envío de 300,¹⁰ sin contar las pérdidas por manipulación de la tasa de cambio por cada dólar cobrado. Los elevados costos tienen que ver, en gran medida, con la falta de una regulación en las comisiones por el envío y recepción de remesas. Ello se asocia con una mayor cobertura de esas operaciones por parte de las instituciones financieras intermediarias, así como la considerable reducción de los costos de operación que involucra transferencias monetarias entre ambos países (CONAPO, 2004:82). La incorporación de más empresas a esa actividad estimula la competencia y la presión a la baja en los costos de envío; sin embargo, algunos analistas consideran que éstos se mantienen elevados (Ortega y Ochoa, 2004:18, 23).

Finalmente, no debemos perder de vista que los empresarios estadounidenses son los beneficiados directos de la explotación de los trabajadores inmigrantes, lo que redunda en el crecimiento de la economía de ese país. A pesar de las multas y las amenazas de prisión que la ley considera para los patrones que contratan a sabiendas a indocumentados, continúan contratándolos, pues se trata de mano de obra barata y saben que no hay voluntad política para aplicar esa legislación. Al mismo tiempo, la ampliación de la oferta de la fuerza de trabajo inmigrante en Estados Unidos se ha convertido en un mecanismo de regulación del mercado de trabajo a escala global y le da elementos para establecer la flexibilidad que requiere la competencia internacional, al permitir la disminución de los salarios en beneficio del capital en su conjunto.

La incorporación de la mujer en el creciente volumen de inmigrantes¹¹ se conforma como parte de la fuerza de trabajo joven que ha movido su perfil productivo de las ramas agrícolas hacia actividades urbanas y terciarias (servicios, hotelería y restaurantes). Pero también esa expulsión de fuerza de trabajo representa una pérdida de población productiva para el país, porque los esfuerzos sistemáticos y las cuantiosas inversiones en la educación benefician a la economía de Estados Unidos por el envío de trabajadores cada vez con más habilidades y destrezas, aptos para el trabajo en la industria y los servicios. No es extraño que ocupe la tercera posición mundial entre los diez países con mayor pérdida neta anual de población por concepto de migración internacional.

Las proyecciones indican que continuarán saliendo del país un promedio de 400 mil trabajadores anuales para sumarse a los más de 3 millones que ya lo hicieron en la presente administración. Ello implica, en el mediano y largo plazos, no sólo la pérdida definitiva del emigrante, así como también la disminución de las remesas como producto de su residencia definitiva. Además de que el tránsito de una sociedad a otra afecta no sólo los aspectos económicos, sino también las relaciones sociales, patronales, la cultura, la política, la estructura familiar -entre otros-, tanto en países receptores, como en los de origen del inmigrante. No hay que olvidar que los ilegales mexicanos trabajan un número de horas mucho mayor que los trabajadores legales (hasta cien horas a la semana, lo cual significa una jornada laboral de 12 horas diarias o más durante los siete días), lo que provoca agotamiento y enfermedades.¹²

Así las cosas, la fuerza de trabajo seguirá fluyendo mientras la economía mexicana no crezca y se dinamice el mercado interno para generar los puestos de trabajo que se demandan anualmente. Si el Estado mexicano no modifica esas condiciones para promover el mercado interno mediante el fortalecimiento del empleo y la masa salarial, en el mediano y largo plazos se producirán desequilibrios importantes en la economía nacional y seguirá la salida de trabajadores a pesar de todas las leyes antiemigrantes, la vigilancia extrema o la construcción de bardas.

El problema migratorio tiene importantes consecuencias tanto para México como para la nación receptora. Nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en la obtención de remesas, pero, al mismo tiempo, los trabajadores que emigran lo hacen por carecer de un empleo o por mejorar su situación económica, con una diferencia muy marcada del salario real entre México y Estados Unidos.

Las condiciones en que se desenvuelve el mercado laboral están determinadas por las de la oferta y la demanda; cuando ocurre un aumento de esta última la política migratoria se vuelve más laxa en Estados Unidos, y al aumentar el desempleo se refuerza la vigilancia y se destinan enormes recursos para controlar el flujo migratorio. Esa situación conduce a un deterioro permanente de las condiciones en que se moviliza esa parte del mercado de trabajo hacia lugares más remotos y peligrosos, además de propiciar la multiplicación de los intentos de cruce y el incremento de los costos antes de lograr el objetivo o desistir.

A pesar de ello, el número de personas que cruzan la frontera sigue aumentando, así como las violaciones a los derechos humanos y el número de muertes debido a la deshidratación, exposición excesiva al sol e hipotermia. Los costos por la transportación y el ingreso ilegal se han incrementado más del doble con las modificaciones legislativas y los controles fronterizos; el negocio de los coyotes se ha vuelto más atractivo, a pesar de sus crecientes riesgos,¹³ al ingresar por lugares desolados y peligrosos, aunque buena parte son capturados por la patrulla fronteriza en su intento, no muy lejos de la frontera del vecino país, y devueltos a México (Tuirán, 2000:113). Quienes logran pasar manifiestan su intención de establecerse permanentemente al tratar de llevarse a su familia a Estados Unidos con el correspondiente aumento de los trabajadores indocumentados.¹⁴ La apuesta de la política migratoria ha estado centrada en establecer los mecanismos necesarios para lograr un control del flujo migratorio, ya que la fuerza de trabajo inmigrante es ampliamente competitiva por los bajos costos que implica ser indocumentada, pero también se vincula a las condiciones específicas y coyunturales en Estados Unidos, como pueden ser los actos terroristas, los procesos electorales o la recesión económica que genera presiones sobre la tasa de desempleo. Mientras la fuerza de trabajo siga generando los márgenes de ganancia hasta ahora obtenidos el flujo migratorio permanecerá, y si no se hace nada en el mercado interno de los países exportadores de fuerza de trabajo no sólo seguiremos perdiendo trabajadores sino que se estará generando empleo fuera de sus fronteras y cada vez más precario.

 

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Notas

¹ Aunque cada movimiento migratorio tiene patrones históricos específicos, es posible generalizar sobre la dinámica social de sus procesos. No obstante, es necesario diferenciar entre la migración motivada por cuestiones económicas y la migración forzada. La mayor parte de las migraciones económicas comienzan con personas jóvenes económicamente activas. Las dinámicas son diferentes en el caso de los refugiados y los solicitantes de asilo, quienes se ven obligados a migrar porque la persecución, la violación de los derechos humanos y la violencia generalizada hacen insostenible la vida en sus países de origen (Castles y Miller, 2004:44 y 46). Nuestro interés corresponde a la migración mexicana por motivos económicos.

² Según un balance del Consejo Nacional de Población (CONAPO), se requiere un ritmo de crecimiento económico alto y sostenido de entre 6 y 7% anual para suscitar una demanda agregada de trabajo productivo de 3 a 4% (Tuirán, 2000:56-57).

³ De acuerdo con Castles y Miller, "Los movimientos adoptan muchas formas: las personas emigran como obreros, especialistas altamente calificados, refugiados o como parientes de migrantes previos. Independientemente de si la intención original es un movimiento temporal o permanente, muchos se establecen de manera definitiva. Se crean redes de migrantes que vinculan las áreas de origen y destino y ayudan a impulsar importantes cambios en los dos. Estos fenómenos pueden cambiar las estructuras demográficas, económicas y sociales y conllevar una nueva diversidad cultural, lo que con frecuencia cuestiona su identidad nacional" (Castles y Miller, 2004:14).

⁴ En el caso de ese estado, 39% de su población reside en Estados Unidos (CONAPO, 2004:42 y 70).

⁵ De acuerdo con los datos del censo de 1990, las diez entidades que perdieron mayor número de habitantes por concepto de emigración fueron: Michoacán (214 mil), Guanajuato (103 mil), Jalisco (93 mil), Durango (61 mil), Zacatecas (867 mil), Chihuahua (68 mil), Nuevo León (68 mil), Guerrero (70 mil) y Estado de México (117 mil), que en conjunto aportaron alrededor de 67% de todo el saldo del quinquenio (Corona y Tuirán, 2000:68).

⁶ En la información que proporciona el CONAPO se asegura que 62% de los inmigrantes envía periódicamente dinero a sus familias en México por un valor que equivale a poco más de la mitad del salario ganado (CONAPO, 2000:222, Tuirán, 2000b:151).

⁷ El Financiero, 10 de noviembre de 2004:8.

⁸ Los cheques personales fueron desapareciendo paulatinamente, lo mismo que el envío de dinero en efectivo.

⁹ En 2002, el oligopolio de Western Union y Money Gram acaparaban 85% de las transferencias electrónicas de migrantes. Estas empresas cobraban entre 14 y 25% del monto de éstas, manipulando el tipo de cambio (El Financiero, 30 de mayo, 2002:36). En Jalisco se desarrolló un fondo fiduciario denominado Fideraza, con el propósito de generar el capital constitutivo para realizar obras de infraestructura básica y como entidad de fomento crediticio que brindara servicios financieros a los jaliscienses radicados en Estados Unidos que envían dinero a sus familiares en México. Con ese mecanismo, el pago de los envíos disminuyó hasta 40% del costo promedio de Western Union y Money Gram (véase CONAPO, 1999:184-185).

¹⁰ En una muestra de empresas de Chicago, el costo promedio disminuyó de 21.8 dólares, en 1999, a 11.3 en el segundo semestre de 2004 por cada envío de 300 dólares. En tanto, en Dallas pasó de 27.1 a 12.6 dólares durante el periodo indicado; en Houston disminuyó de 21.8 a 12.6 dólares; en Indianápolis pasó de 42.1 a 11.0 dólares; en Los Angeles el costo se redujo de 28.3 a 11.6 dólares; en Miami pasó de 27.4 a 12.4 dólares; en Nueva York disminuyó de 27 a 12 dólares; y en Sacramento cayó de 32.4 a 11.6 dólares (CONAPO, 2004:91).

¹¹ Para finales del siglo XX (1997) se calculaba que alrededor de 3.6 millones de mujeres mexicanas vivían en Estados Unidos. Se estima que alrededor de 86% tiene entre 15 y 64 años de edad; la mitad llegó a ese país después de 1985 y una de cada cuatro tiene la ciudadanía estadounidense. Su escolaridad es sensiblemente mayor que la obtenida en México por las trabajadoras temporales, al punto que más de la mitad tiene estudios superiores a la secundaria. La mayoría está unida e integra hogares de entre cuatro y seis miembros. Su participación en la vida productiva es alta, trabaja un promedio de 33 horas a la semana en calidad de asalariada y obtiene en promedio un ingreso corriente monetario de mil dólares mensuales (Ávila et al, 2000:168).

¹² El Financiero, 1 de septiembre de 2003:20.

¹³ Los coyotes se han convertido en una verdadera necesidad para los inmigrantes ilegales en su cruce hacia Estados Unidos. Debido a la creciente vigilancia -sobre todo después de los actos terroristas del 11 de septiembre de 2001- es muy difícil cruzar a solas la frontera. por eso los inmigrantes están dispuestos a pagar a los coyotes miles de dólares por persona para ser guiados. El problema es que los métodos y las rutas para cruzar son cada vez más peligrosos. Si antes se podía cruzar cerca de las ciudades fronterizas, ahora hay que hacerlo a través de desiertos ardientes, montañas inhóspitas y un caudaloso río. Y ya dentro de Estados Unidos es preciso utilizar tráileres sellados, vagones de tren cerrados por fuera y sistemas de transporte muy poco confiables para alejarse de la frontera. por eso están muriendo tantos inmigrantes (Ramos, 2006:163-164).

¹⁴ El tiempo de permanencia de los migrantes temporales en Estados Unidos se ha más que duplicado durante los últimos diez años: de 5.5 meses en 1993-1997 a 12.2 meses en 20012003 (CONAPO, 2004:72).