1. Introducción

La educación financiera es un proceso por el cual los individuos adquieren capacidades y habilidades en mercados de dinero permitiendo, entre otras cosas, mejorar la comprensión de la economía, el acceso a productos bancarios y a oportunidades de inversión.

En México, según la última Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (^{CNBV-ENIF, 2015}), 52.9% de la población no tiene relación alguna con instituciones financieras; 47.5% sólo dispone de ahorros informales; mientras que 44.9% no considera tener ingresos suficientes para adquirir productos financieros, y 21.5% nunca ahorra. Esta información revela la importancia de acciones y estrategias, públicas y privadas, que promuevan mayores niveles de educación financiera.

En tanto, la evidencia empírica afirma que, para incrementar la educación financiera en los países, es necesaria la colaboración tanto de entes públicos como privados que permita la participación de empresas privadas en el fomento de talleres y programas de acceso público a cualquier segmento de la población. De hecho, las propias instituciones financieras deben lograr encadenamientos de futuros usuarios hacia productos financieros y su correcta aplicación. Para lograr mayores niveles en educación financiera, las personas deben conocer los efectos que tienen sus decisiones en su bienestar económico y social (^{Diez, 2009}).

A nivel internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ^{[OCDE], 2017}) calcula un Indicador de Educación Financiera (IEF) a través de una suma de tres componentes: conocimientos, actitudes y comportamientos financieros.¹ En este sentido, los países que integran el G20 presentan un índice, en promedio, de 60.47%. Francia se encuentra en primer lugar con 70.95%, seguido por Noruega y Canadá con 69.52%, China con 67.14% y Corea con 66.19%. Por su parte, México tiene un índice de 57.62%, ubicándose en la posición 12, por debajo de países como Indonesia con 63.80% (^{OCDE, 2017}).

Una barrera para lograr aumento en los niveles de educación financiera son, paradójicamente, la constante modernización del sector financiero donde las personas con bajos conocimientos y educación se enfrentan, por lo general, a procesos que pueden desincentivar el consumo de los productos disponibles en el mercado. Así, entre más sofisticación, mayores deben ser las capacidades de la población para aprovecharlas y reducir la desigualdad, a través de la educación financiera. Aprovechar o no las oportunidades de inversión financiera refleja cambios en la desigualdad y en el desarrollo financiero (^{Jappelli, 2010}; ^{Lo Prete, 2017}). De seguir con la misma tendencia, la brecha de desigualdad continuará expandiéndose y las capacidades de un sistema financiero óptimo en México, donde un agente económico pueda acceder al mercado con los conocimientos suficientes, seguirán siendo limitadas para mejorar el nivel de bienestar y la inclusión social de sus habitantes.

Se ha comprobado que la desigualdad social es menor en los países donde la educación financiera es más alta (^{Lo Prete, 2013}), y que un mayor conocimiento económico amplía la conciencia y cambia las actitudes, modificando el comportamiento social en general (^{Carpena et al., 2011}). La educación financiera es relevante para fomentar medidas de inclusión en todos los estratos sociales. Mediante la aplicación correcta de los instrumentos financieros disponibles es posible impactar positivamente en el bienestar de los hogares, especialmente si se refleja en la capacidad de los individuos para formular estrategias que fortalezcan sus conocimientos/habilidades en la toma de decisiones para uso y funcionamiento de sus recursos financieros y no financieros (^{Widdowson y Hailwood, 2007}; ^{Lusardi et al., 2017}).

Diversos estudios coinciden en que el crecimiento económico en México es limitado y no logra atender las necesidades de la población. ^{Aparicio (2010)} argumenta que desde hace tres generaciones la economía mexicana creció, en promedio, sólo 2% cada año (^{De la Cruz y Veintimilla, 2013}; ^{Sánchez y Moreno, 2016}; ^{BANXICO, 2018}). La reforma financiera logró aumentar la oferta de crédito a la población, pero sin garantía de crecimiento sostenido, debido a "la precariedad en educación financiera de la población" (^{De la Cruz y Alcántara, 2011}; ^{De la Cruz y Veintimilla, 2013}).

De ahí que las tarjetas de crédito constituyan uno de los principales canales de crédito al consumo, y que en 2019 representaran 38.6% de la cartera total del crédito al consumo. Mientras que 61.3% de los consumidores suele no aprovechar promociones y prefieren realizar sus compras pagando intereses sin plazos preferenciales, 48.78% suele pagar intereses a las instituciones (^{BANXICO, 2019}). Lo que significa que la oferta de créditos aumentó ligeramente en el país, pero que también que los consumidores no cuentan con las habilidades necesarias para hacer uso eficiente de los productos financieros.

Ahora bien, respecto al término de inclusión social, se refiere al proceso de cambio que permite la "participación" progresiva a nivel social, económico y político de la población (^{Araoz-Fraser, 2010}). Por otro lado, el ^{Banco Mundial (2014)} la define como un proceso por el cual se puede mejorar la habilidad y la oportunidad de las personas en situación de desventaja (desigualdad o pobreza), para que puedan participar en diferentes ámbitos de la sociedad. En este trabajo inclusión social se asocia a la "participación plena" de cualquier individuo, al acceder a la educación financiera y al sistema financiero, ya que permite resaltar la participación de cualquier consumidor sin ningún tipo de discriminación al núcleo social al que pertenece.

El objeto de esta investigación es medir el impacto que la educación financiera genera en los ingresos de los mexicanos, en personas entre 18 a 70 años, capaces de tomar decisiones financieras. Se asume la hipótesis de que un(a) jefe(a) de familia con mayor nivel de educación financiera obtiene aumentos significativos en sus ingresos.

Esta hipótesis se contrasta siguiendo la metodología de la OCDE, para construir un IEF con información de la ^{CNBV-INEGI-ENIF, 2018}. Para ello, se estructuran variables derivadas de reactivos relacionados con tres factores: actitudes, conocimiento y comportamiento financieros. Posteriormente, se desarrolla un modelo econométrico de sección cruzada donde se relaciona el IEF y diferentes niveles de ingreso, con el fin de conocer la posible causalidad y magnitud de relación, a través del uso de variables de control que reflejen el perfil sociodemográfico de los individuos.

El trabajo se estructura en cinco apartados. En el primero se encuentra la introducción del trabajo, en el segundo se esboza la revisión de literatura, en el tercer apartado se presenta la metodología empleada; en el cuarto se discuten los resultados, para finalmente llegar a las conclusiones y posibles líneas futuras de investigación.

2. Importancia de la educación financiera

La investigación tradicional en materia de educación financiera se enfoca, sobre todo, en estudios sobre los hábitos de consumo, ahorro, planeación para el retiro y administración financiera de los hogares que esbozaban empíricamente el comportamiento financiero de los individuos. Es en 2005 cuando organismos internacionales, liderados por la OCDE, externan su preocupación por incrementar los niveles de educación financiera en la población, a la luz del escaso conocimiento financiero que tienen los consumidores para mejorar su bienestar económico.

La educación financiera se define como el proceso por el cual los consumidores o inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos, con el fin de desarrollar habilidades y confianza, para tomar decisiones informadas sobre a dónde ir para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico (^{OCDE-CVM, 2005}). Estudios para países desarrollados -como Estados Unidos- demuestran que existen niveles altos de analfabetismo financiero en algunos sectores de la población, sobre todo, en los agentes económicos de la tercera edad, de quienes se espera tomen decisiones financieras para asegurar su patrimonio hacia el final de su ciclo de vida (^{Lusardi, 2008}). De acuerdo con ^{Cartagena (2008)}, al promover que los usuarios del sistema financiero (tanto activos como potenciales) puedan tomar decisiones financieras mejor informados, permite resolver problemas de fraudes y mejorar el bienestar de la población. Este potencial de la educación financiera la convierte en una prioridad para instituciones públicas, organizaciones internacionales, institu ciones multilaterales y foros internacionales (^{García et al., 2013}).

En un estudio realizado por ^{García-Suaza et al. (2009)} reportan que a mayor edad un individuo puede invertir en un proyecto financiero como la educación consistente con la teoría del capital humano; otros estudios como los de ^{Lusardi y Mitchell (2014)} y ^{Lusardi et al. (2017)} modelan el conocimiento financiero como un tipo de inversión en capital humano, pues representa la capacidad de las personas para procesar información económica y tomar decisiones informadas sobre planificación financiera, acumulación de riqueza, deuda y pensiones. Este argumento se demuestra en un estudio sociodemográfico en donde se concluye que la administración financiera tiene un impacto sobre el bienestar financiero, mejorando sus ingresos hasta 86.2% para ciertas actividades económicas (^{Mejía, 2016}). Otros estudios muestran que, sin el conocimiento e incentivos adecuados, no hay un uso óptimo o responsable de los servicios financieros (^{Lusardi y Mitchell, 2014}; ^{Villagómez y González, 2014}; ^{Ceballos, 2018}).

En consecuencia, se insiste en colocar la educación financiera con valor curricular en el sector educativo, como un componente fundamental para una ciudadanía que a largo plazo cuente con habilidades financieras para tomar mejores decisiones y obtener mayores beneficios (^{Huchín y Simón, 2011}; ^{Córdova-Rangel et al., 2016}; ^{Duque et al., 2016}; ^{Denegri et al., 2018}). No obstante, este mecanismo presenta retos importantes, pues también se ha demostrado que, a pesar de que en los programas educativos se aplican conocimientos financieros con valor curricular, las estadísticas no reflejan resultados positivos (^{Villagómez e Hidalgo, 2017}).

Algunas investigaciones atribuyen la falta de educación financiera a factores relacionados con la oferta y la demanda de servicios financieros. Desde el punto de vista de la oferta, la educación financiera permite a los hogares tomar decisiones sobre cómo invertir su riqueza y qué nivel de endeudamiento pueden tener sin comprometer su estabilidad económica, factores clave para provocar cambios en las decisiones financieras (^{Lusardi, 2012}). Y desde el punto de vista de la demanda, los bajos niveles de ingreso y la carencia de conocimientos reducen el ahorro e impiden que los clientes potenciales obtengan beneficios de estos servicios incentivando la falta de inclusión financiera (^{Raccanello y Herrera, 2014}).

^{Jappelli (2010)} descubre en su estudio que un puntaje de altas capacidades matemáticas se correlaciona positivamente con la educación financiera y, a su vez, afectan el desarrollo financiero por medio de mayor inversión. En esa dirección, en otro estudio se reporta que la desigualdad disminuye en los países donde la educación financiera es más alta entre la población (^{Lo Prete, 2013}). Otras líneas de investigación reflejan una brecha de género en la educación financiera, ya que las mujeres suelen contar con bajos niveles de educación financiera, son más impacientes, no comprenden su rol en la economía debido a diversos patrones culturales e incluso es posible la discriminación en el sector financiero (^{Lusardi y Mitchell, 2014}; ^{Arcos-Medina et al., 2016}; ^{Domínguez-Gijón et al., 2018}; ^{Federici, 2018}; ^{Larraz et al., 2019}).

La educación financiera permite el incremento de la inclusión financiera, bajo una regulación apropiada, esquemas de protección al consumidor y conocimiento técnico para mejorar las capacidades financieras de todos los segmentos de la población (^{CNBV, 2012}). Esto permite incrementar el bienestar de la población, al desplazar los flujos de ingreso y consumo en el tiempo por medio del ahorro y el crédito, así como la acumulación de activos y la creación de un fondo para la vejez (^{Raccanello y Herrera, 2014}).

^{Carpena et al. (2011)} concluyen que un mayor conocimiento financiero genera cambios positivos en las decisiones financieras. En consecuencia, cuanto mayor es el conocimiento financiero, más equitativa es la distribución de la renta, por lo que promover la educación financiera es un mecanismo adicional a las políticas redistributivas para mejorar la equidad económica (^{Oliver et al., 2017}). ^{Atkinson y Messy (2012)} realizan un estudio para conocer el comportamiento dentro de los países pertenecientes al G20, y en el que Alemania, Malasia y Perú registran niveles de educación financiera altos y comportamientos positivos de la población, ya que analizan antes de realizar compras y administran a futuro.

Los beneficios de la educación financiera pueden extenderse a la economía en general, promoviendo las competencias necesarias para tomar decisiones informadas y apropiadas, así como proporcionar herramientas para que las personas tengan la capacidad de defender sus derechos como consumidores financieros (^{García et al., 2013}). Así, la educación financiera genera capacidades en el ser humano para administrar, desarrollar y aprovechar conceptos y productos financieros, a la hora de elegir la forma de acercarse al recurso financiero, sea como emprendedores o consumidores (^{Sauza et al., 2018}; ^{Martínez, 2017}; ^{Céspedes, 2017}).

3. Metodología

El modelo empleado en esta investigación implica la construcción de un IEF para México, siguiendo la metodología de ^{Atkinson y Messy (2012)}, para la OCDE. Ésta considera tres factores: conocimiento, actitudes y comportamiento financieros. La información se recaba por medio de una encuesta aplicada a países pertenecientes al G20. Para el caso de México se utiliza la información de la ^{CNBV-INEGI-ENIF 2018}, seleccionando las preguntas con factores de inte rés de la OCDE, con una muestra de 12 446 mexicanos.

El IEF se obtiene haciendo un recuento del número de respuestas correctas a las preguntas asociadas a los tres factores de interés; posteriormente se obtiene la suma de los tres puntajes para conseguir el valor final del índice (véase Tabla 1). Con el fin de normalizar los datos y obtener la variable serial para fines del análisis, se multiplica por cien y se divide entre 21 consistente con las respuestas totales aplicadas en la encuesta de la OCDE.

El IEF se clasifica en bajo, medio y alto; además se obtienen cuantiles de ingreso. Para conocer el nivel de endeudamiento de los mexicanos, se recolectó información de la ENIF para créditos formales, considerando el número de tarjetas de crédito con los que cuentan los encuestados, el monto del pago que realizan y si tienen acceso a créditos adicionales. La codificación de las respuestas se realizó de acuerdo con los instrumentos aplicados por ^{Rivera y Bernal (2018)}, para calcular qué tan endeudados están los mexicanos en 2018 (véase Tabla 2).

Debido al tamaño de la muestra, se consideraron tres intervalos para distribuir la población en nivel bajo, medio y alto de endeudamiento (véase Tabla 3), con valores de los intervalos que fluctúan de 0-2 (nivel bajo), 3-5 (nivel medio) e iguales o mayores a 6 (nivel alto).

Con el fin de probar la hipótesis de que un individuo con mayor nivel en educación financiera puede aumentar sus niveles de ingreso, se utiliza el modelo propuesto por ^{Villagómez y González (2014)}, donde:

Y _i = Ingreso promedio mensual;

EF _i = Índice de Educación Financiera;

E _i = Nivel de educación;

C _i = Variables de control para matizar las condiciones sociodemográficas de los individuos;

U _i = Variables no observadas;

ε= término de error.

La variable dependiente es el nivel de ingreso medio mensual, mientras que las independientes son el índice de educación financiera, nivel de educación y variables de control dicotómicas, que definen la región donde se ubica el individuo, el sexo, si es jefe(a) del hogar y la edad. Para el caso de la región se realizaron seis variables dicotómicas: la región 1 corresponde a los estados del noroeste: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango y Sonora; la región 2 a la noreste: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas; región 3 corresponden a estados del occidente-bajío: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Zacatecas y Colima; región 4 sólo considera a la Ciudad de México, debido a su magnitud y dinamismo particular; región 5 agrupa a los estados del centro del país: Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Veracruz; finalmente, la región 6 corresponde al sur del país a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Oaxaca. La agrupación de los estados es aplicada por el INEGI en colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), exclusivamente para la ENIF 2018.

4. Resultados y discusión

La medición de la educación financiera fue una labor que comenzó la OCDE en 2009, con el desarrollo de un método común que pudiera usarse para crear una medida de referencia, realizar seguimiento de los cambios a lo largo del tiempo, utilizarlo en países que integren el G20 y adaptarlo a las normas de cada país (^{OCDE, 2017}). Con valores normalizados para 2017, el G20 tiene en promedio 60.47% en educación financiera. Entre los primeros lugares se encuentran Francia con 70.95%, Noruega y Canadá con 69.52%, mientras que México se ubica en el lugar 12 con 57.62%. En contraste, las estimaciones realizadas en esta investigación, con datos de 2018, muestran que los mexicanos obtuvieron en promedio 58.63% en educación financiera (véase Tabla 4), que corresponde a una diferencia de sólo 1%, respecto al dato de la OCDE. Esto evidencia que, a pesar de los esfuerzos realizados desde el ámbito público, como la implementación de la ENEF, propuesta por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sólo se ha generado un impacto marginal. Al desagregar el análisis por factores de interés, se observa inclusive una disminución del comportamiento y de las actitudes financieras, consistente con los resultados de ^{Carpena et al. (2011)} quienes revelan que mayor conocimiento financiero provoca cambios en las decisiones financieras, reflejando para el caso de México un aparente desincentivo a invertir en los mercados financieros.

Para el análisis de distribución del IEF, éste se estratificó por medio de STATA permitiendo, según la muestra, obtener tres categorías: bajo, medio y alto, en donde en el nivel bajo están aquellos individuos que tienen de 0 a 54.76%, en nivel medio de 54.77 a 64.29% y en nivel alto de 64.30 a 100%. Con base en la población representada a nivel nacional (véase Tabla 5), en primer lugar, 38.94% de la población cuenta con bajos niveles de educación financiera, lo que explica comportamientos y actitudes negativos. De acuerdo con ^{Atkinson y Messy (2012)}, estos factores demuestran que los individuos no hacen valoraciones antes de realizar una compra, no administran sus gastos y sus ingresos, no planifican a futuro y no invierten en productos del mercado financiero.

En la Figura 1 se observa que los individuos con altos niveles de ingreso tienen niveles de educación financiera también altos. Según ^{Jappelli (2010)}, esto significa que individuos con altos niveles de educación financiera tienen mayor capacidad para generar oportunidades de inversión y mayor participación en los mercados financieros. De acuerdo con ^{Ocampo (2014)} estar financieramente educado permite a un individuo ser consciente de las decisiones que impactan diferentes etapas de su vida. Por el contrario, individuos con niveles de ingreso bajo, también se concentran en bajos niveles de educación financiera, lo que genera una ineficiente asignación de ahorro e inversión, que puede traducirse en la ineficiencia de los mecanismos del mercado financiero, provocando un círculo vicioso.

Fuente: elaboración propia con información de la ^{CNBV-INEGI-ENIF, 2018}. Disponible en https://www.inegi.org.mx/progra-mas/ENIF/2018/#Datos_abiertos

Figura 1 Educación financiera e ingreso 2018 

Respecto a los resultados del ejercicio econométrico se estimó, en la primera etapa, una regresión lineal por medio de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). En principio, las pruebas estadísticas evidencian significancias individuales válidas, dado que los coeficientes son significativos al 95% de confiabilidad, (véase Tabla 7). De igual forma, se estimó una matriz de correlación de Pearson y una prueba de inflación de varianza (VIF), lo que descartó problemas de autocorrelación y colinealidad. La prueba de Breusch-Pagan revela presencia de heterocedasticidad, corregida por medio de una estimación lineal con errores estándar robustos. Como la variable dependiente se estimó en logaritmos, las magnitudes de los coeficientes se asocian a elasticidades a excepción de las dummys.

Los resultados de la estimación indican que si una persona incrementa su nivel de educación financiera, en una unidad adicional en promedio, el ingreso mensual aumenta 1.75%, lo que se interpreta como mayor inclusión social, pues se observa una relación directa entre ambas variables que permite ratificar la hipótesis inicial. Lo anterior coincide con el incremento en el conocimiento financiero de la población, y permite asociarlo con mejor equidad económica (^{Oliver et al., 2017}). Para comprobar la causalidad del IEF y el ingreso, se realizó una prueba de mínimos cuadrados en segunda etapa (MC2E). Lo que permitió corregir problemas de endogeneidad y observar rendimientos de las variables. La prueba de causalidad sincrónica realizada para comprobar el rendimiento de IEF e ingreso, es consistente con la literatura, aun cuando es difícil comparar la causación entre ellas (^{García-Ferrer, 2008}).

Por otra parte, los resultados de la estimación confirman la relación positiva entre la educación e ingreso, lo que se puede interpretar como que, ante el aumento de un año en escolaridad, el ingreso puede aumentar en 9.14%, tema ampliamente discutido en trabajos de investigación aplicada y evidencia empírica (^{Lucas, 1988}; ^{García-Suaza et al., 2009}; ^{Lusardi y Mitchell, 2014}; ^{Lusardi et al., 2017}).

Por su parte, el incremento en la edad presenta una relación directa con el ingreso, de tal forma que el ingreso aumenta 4.13% por año adicional de edad. Esto puede representar el impacto de una mayor experiencia, tanto laboral como en administración de recursos. Sin embargo, al analizar esta variable elevada exponencialmente (al cuadrado) se aprecia una relación negativa con el ingreso en -0.05%, lo que significaría que, a largo plazo, la edad tiene rendimientos marginales decrecientes, asociados a menores niveles de productividad laboral y menor acceso a servicios financieros, resultados que concuerdan con los encontrados en ^{García-Suaza et al. (2009)}.

La variable de sexo muestra una vez más la inequidad existente entre hombres y mujeres en temas económicos. Ya que por el hecho de ser hombre se pueden obtener 42.96% más ingresos que las mujeres. Esta brecha se ha estudiado en ^{Lusardi y Mitchell (2014)}, encontrando que factores como la educación, el tipo de puestos de trabajo, la generación de redes laborales, la disponibilidad de horarios, la discriminación laboral, son algunas de las causas que explican este sesgo (^{Federici, 2018}; ^{Larraz et al., 2019}).

Respecto a la regionalización del país, es posible observar que el IEF varía con respecto a cada región y se confirma la relación positiva que tiene con el ingreso, según lo evidenciado por ^{Jappelli (2010)}. Por ejemplo, en la región del noroeste 20.6% de la población se concentra en nivel alto de educación financiera, lo que corresponde a sus aportes en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional de 2.33%, sobre todo las entidades de Baja California, Sonora y Chihuahua (^{INEGI, 2018}). Es posible que las actividades de empresas industriales y de exportación en estas entidades estimulen a su capital humano a adquirir mayores conocimientos financieros, ya que los los derechos que se obtienen en las empresas permiten mayores facilidades para obtener servicios financieros (^{Mejía, 2016}). Por otro lado, se observa que 9.91% se concentra en niveles altos en la Ciudad de México, lo que es posible debido a los grados de concentración de las instituciones financieras donde son más competitivas (^{BANXICO, 2013}), se promueve el uso generalizado de productos financieros para su población y se generan mayores niveles de productividad. En el resto de las regiones no se aprecian diferencias significativas en los coeficientes, pero es relevante mencionar que el bajo nivel de educación financiera gira en relación directa a sus bajos niveles de desarrollo y la creciente participación de organizaciones de microcrédito, que fomentan el ahorro en esas regiones (^{Aguilar-Pinto et al., 2017}).

De todo lo anterior, es posible señalar que hubo un crecimiento de la educación financiera entre la población, que generó confianza en la economía de mercado al permitir obtener asignaciones más eficientes de ahorros, inversión y bienestar. Lo anterior permite desarrollar habilidades y conciencia, tomar decisiones informadas y eficaces para mejorar el bienestar económico (^{Cartagena, 2008}). De acuerdo con ^{Lo Prete (2013)}, un crecimiento en educación financiera disminuye el crecimiento de la desigualdad como ocurre en países donde la educación económica es más alta entre la población.

Los niveles de endeudamiento son bajos (véase Tabla 3), ya que 95.66% de los encuestados se ubican en el intervalo 0 a 2. Lo que se corresponde con la información de la Tabla 8, donde 28.76% cuentan con algún crédito bancario, tarjeta de crédito bancaria, departamental, de tienda de autoservicio o de alguna otra institución financiera. Quienes tienen acceso a créditos, lo utilizan para aumentar su bienestar económico (^{Cartagena, 2008}) mediante compras o mejoras del hogar, adquisición de terrenos o vehículos (23.6%); alimentos, uso personal y servicios (18.3%); y ampliar u operar un negocio para mejorar su calidad de vida (17.3%). Sólo en este último caso el destino del crédito podrá tener efectos a la productividad, pues en los otros, es claro que los conocimientos financieros de los individuos son utilizados para tener menores niveles de endeudamiento para consumo a corto plazo.

Lo anterior permite afirmar que el destino de los créditos está ejerciendo una dinámica positiva, pues los individuos adquieren mayores conocimientos que les permiten comprender que sus niveles de endeudamiento se relacionan con sus capacidades económicas, lo que es consistente con lo evidenciado por ^{Lusardi (2012)}. Sin embargo, persiste el problema del escaso porcentaje de mexicanos que cuentan con créditos formales de las instituciones financieras. De acuerdo con la Tabla 9, 80.9% de los encuestados no tienen problemas para cubrir el pago de sus tarjetas de crédito; 63.1% paga el monto total requerido para no generar intereses; y 97.7% no deja de pagar la mensualidad de su deuda con puntualidad, lo que indica comportamientos adecuados hacia el endeudamiento, lo que tiene sentido con lo argumentado por la ^{CNBV (2012)} respecto a que educación financiera permite el incremento de la inclusión financiera y del bienestar (^{Raccanello y Herrera, 2014}).

La escolaridad mantiene una relación positiva con el tipo de ingreso de cada individuo, pues quienes cuentan con mayores grados de escolaridad (licenciatura o ingeniería) tendrán mayores niveles de educación financiera e incentivos para el uso racional de los productos del sistema financiero, así como mayor propensión a ser ciudadanos capaces de comprender y sacar provecho de políticas económicas y sociales.

De los mexicanos encuestados, 54.69% son mujeres que se ubican entre niveles bajo-medio de educación financiera y se ocupan como empleadas o trabajadoras independientes (véase Figura 2), muy posiblemente porque existe discriminación en el mismo sistema financiero, por temas de informalidad o por no contar con comprobantes de ingresos (^{Arcos-Medina et al., 2016}). También ^{Domínguez-Gijón et al. (2018)} consideran que las mujeres tienen la capacidad de disminuir su consumo actual y mantenerlo constante durante el tiempo, para hacer frente a la incertidumbre futura. Por otro lado, 70.3% de los hombres con alto niveles de educación financiera cuenta con salarios altos, como empleados u obreros, muy probablemente porque al iniciar sus relaciones laborales adquieren beneficios como seguridad social y cuenta de nómina. Ello obliga a los empleados a aumentar sus niveles de educación financiera para el uso de cajeros automáticos y el uso correcto de su cuenta bancaria y de nómina, obteniendo servicios financieros por parte de las instituciones. De esta manera, los hombres representan 2.1% de la muestra, considerados emprendedores por tener alguna empresa y/o contratar empleados, tienden a tener altos niveles de educación financiera, lo que les permite ser capaces de establecer objetivos a largo plazo y tomar decisiones efectivas para lograrlos; entender mejor el mercado financiero; y protegerse de cualquier práctica engañosa, por medio del aprendizaje (^{Martínez, 2017}; ^{Lusardi et al., 2017})·

Fuente: elaboración propia con información de la ^{CNBV-INEGI-ENIF, 2018}. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programmas/enif/2018/#Datos_abiertos

Figura 2 Género, ocupación y nivel de educación financiera 2018 

5. Conclusiones

La estrategia de incrementar los niveles de educación financiera en México garantiza cambios en conocimientos, actitudes y comportamientos financieros. Aumentar los niveles de educación financiera puede mejorar a su vez los niveles de inclusión social y bienestar, sin importar el estrato social de los individuos, pues les permitiría adquirir servicios financieros en función su tipo y nivel de ingresos. Mayor educación financiera puede ocurrir ante una mayor reacción de la población a la creciente oferta de productos y servicios financieros, bajo esquemas de regulación, siempre y cuando se garantice la protección de los intereses de los consumidores, pues la adquisición de productos financieros dependerá de comportamientos y actitudes financieras positivas.

El esfuerzo público por aumentar la inclusión financiera, no se verá reflejado por sí mismo en aumentos racionales de educación financiera de las personas. Para que ello ocurra, el Estado tiene que proveer mecanismos y recursos para que el consumidor tenga la certeza de acercarse a instituciones y obtener la información y capacitación necesaria para utilizarlos correctamente. Esto permitiría obtener mayores beneficios y oportunidades de inversión a individuos con ingresos bajos mientras aumenten sus niveles de educación financiera.

Aunque México cuente con un sistema financiero con múltiples innovaciones, una importante parte de su población no cuenta con capacidades para aprovecharlo. Para que la educación financiera permita lograr mejores condiciones de vida debe ser integral e ir acompañada de un nivel de inclusión financiera, que permita una estrecha relación entre consumidor y servicios, y que aumente los niveles de bienestar. Una futura investigación asociada con la educación financiera puede desagregar la información a nivel regional en relación con el género y la cultura financiera. También puede analizar la evolución del conocimiento, comportamiento y actitudes financieras a lo largo del tiempo.