Introducción

Este artículo tiene como objetivo analizar el surgimiento de la víctima como sujeto público en Colombia, así como observar los cambios en las formas de nombrar y registrarla. Se plantea que su origen como voz testimonial pública fue a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. Además, se parte de reconocer la polisemia del concepto de víctima, así como la necesidad de caracterizarlo según al contexto nacional, las dinámicas de la violencia así como la forma en que ésta se interpretaba y narraba durante el periodo. Se pretende proponer una perspectiva más allá del modelo universal del doliente, para definir la víctima de acuerdo con el tipo de violencia que la afectó, la manera en que la narró , así como su escenografía y acciones en la esfera pública. Es decir, se entiende a la “víctima” como un sujeto que actúa para ser reconocido, con agencia, y no meramente pasivo o sufriente. En décadas recientes, las voces testimoniales han pasado de ocupar los espacios marginales a compartir el centro de la escena pública. Crenzel relata cómo la voz testimonial se ha convertido en parte central en las narraciones de la violencia en toda Latinoamérica y, de manera protagónica, en los países donde existieron Comisiones de la Verdad:

la condición de víctima de las violaciones a los derechos humanos fue alcanzando una legitimidad pública inédita en la región, por supuesto con matices según cada caso nacional y erigiéndose como una de las voces más autorizadas para tomar la palabra en la escena pública y dar cuenta de los pasados de violencia política, guerra y horror. La prevalencia de estas voces se tradujo en buena parte de los países de América Latina, en la incorporación o directamente en la oficialización de la narrativa humanitaria como la clave para relatar e interpretar los procesos de violencia políticas y guerras civiles.¹

El articulo plantea que, en el caso colombiano, fue a finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980 cuando la narrativa testimonial y el testigo-sobreviviente aparecieron en las denuncias de derechos humanos, y lo hicieron con mayor fuerza a partir del I Foro Nacional de Derechos Humanos en 1979.

A finales de la década de 1970 y gran parte de 1980 el conflicto social y armado colombiano sufrió una agudización: hubo un crecimiento y auge guerrillero, el surgimiento de grupos paramilitares y una mayor represión de parte del gobierno al movimiento social y la oposición política. Un hecho fundamental para el periodo, además de la constante declaratoria de “estado de sitio” por la violencia, fue la entrada en vigor del decreto 1923 de septiembre 6 de 1978, conocido como “Estatuto de Seguridad”, decretado por el gobierno del presidente Julio César Turbay en 1978, el cual entregó poderes extraordinarios a la fuerza pública, como detenciones y allanamientos sin orden judicial, juzgamiento de civiles y restricción a los derechos de reunión. Este estatuto puede ser interpretado como la aplicación en Colombia de la llamada Doctrina de la Seguridad Nacional, donde las Fuerzas Armadas debían combatir al “enemigo interno”. Lo cual llevaba a que se pudiera interpretar a la oposición política como enemigo. En este estatuto se endurecieron las sanciones contra las perturbaciones del orden público, y la Justicia Penal Militar quedó encargada de conocer de los delitos políticos a través de juicios orales. En este contexto, de Estado de Sitio y Estatuto de Seguridad, la pregunta central de este capítulo es por la construcción del problema público de las víctimas de la violencia desde la voz del afectado.

Ante el gran universo de víctimas de la violencia contemporánea en Colombia, la necesidad de un debate sobre su reparación, así como los procesos de paz en el país es pertinente preguntarse: ¿cómo se consolidaron y modificaron las representaciones de las víctimas en la escena pública colombiana?, ¿cómo fue el proceso de incursión de la voz testimonial en la narración de la violencia? Sobre estas preguntas gira el presente artículo.

Para responder dichas preguntas se utilizó una metodología cualitativa y un método histórico, y se concentró en fuentes primarias. Fue interesante el análisis del discurso histórico y desde la historia conceptual para observar las narrativas sobre víctimas. En la primera fase se realizó un barrido de la literatura, para entender el contexto y la generalidad del proceso político del país, en específico sobre la violencia, el conflicto armado y los procesos de paz. La segunda fase fue el trabajo de archivo y búsqueda de fuentes documentales. En la revisión de prensa nacional se tomaron los periódicos El Tiempo y El Espectador, los de mayor difusión durante el periodo, y para obtener una mirada alternativa y de los movimientos sociales se revisó el semanario Voz Proletaria y la revista Alternativa. Adicionalmente, se revisaron los Anales del Congreso en el Archivo del Congreso de la República, donde se ubicaron los debates en los cuales se discutieron temas sobre memoria, víctimas y violencia.

Debe tenerse en cuenta que el periodo en el cual surgió de manera pública la voz testimonial de la víctima como sujeto político en Colombia, fue también cuando se consolidaron las primeras Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de derechos humanos y se dieron los primeros debates públicos sobre las víctimas del conflicto armado contemporáneo. Asimismo fue el periodo de afianzamiento de las redes transnacionales de derechos humanos, que afectaron las políticas nacionales en Colombia, con los grupos de solidaridad internacional y de exiliados colombianos; el primer informe Amnistía Internacional (AI) sobre Colombia; la creación de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, su sigla en inglés); y la aparición de grupos latinoamericanos de derechos humanos como la Federación Latinoamericana de Detenidos Desaparecidos (Fedefam).

Existieron escenarios incipientes de derechos humanos en Colombia, como la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas fundada en 1965, que agrupaba abogados de estas causas, y el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, que surgió en 1974, pero éstos eran aún muy recientes y directamente ligados a la militancia de izquierda. A finales de la década de 1970 existieron dos hechos interconectados que evidenciaron cómo aumentó la presión, la tecnificación y el debate en torno a la denuncia de violaciones a derechos humanos en Colombia.

Fueron, en primer lugar, la Comisión Accidental sobre Presuntas Violaciones a los Derechos Humanos, integrada en el Congreso de la República, en su informe presentado en la Cámara de Representantes en 1978; y, en segundo lugar, el I Foro Nacional de Derechos Humanos, en marzo de 1979, realizado en el capitolio nacional y de donde surgió el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CPDH).

En dichos escenarios, las víctimas que testimoniaron fueron los afectados por tortura, allanamientos y detenciones arbitrarias. En ellos apareció por primera vez, de manera pública, la figura de la víctima-sobreviviente que testimonia y narra los hechos de la violencia contemporánea. El principal debate entre los detenidos, sus abogados, las incipientes ONG de derechos humanos y el poder ejecutivo fue si se trató de torturas o de simples “malos tratos”, como los denominaron el Ministro de Justicia y los altos mandos militares. En este sentido, el Congreso de la República y los médicos forenses buscaban “pruebas” que evidenciaron la tortura. El primer informe internacional sobre Colombia, de Amnistía Internacional, en 1980, reafirmó la voz testimonial de los afectados y documentó la tortura. Informe que el presidente y sus ministros deslegitimaron públicamente.

Si durante la primera parte de la década de 1970 las denuncias de derechos humanos estuvieron ligadas a militancias de izquierda y partidos de oposición, estos eventos mostraron una formalización de la denuncia de derechos humanos, por un lado, debido a la destacada apropiación y uso de la legislación internacional, y, por el otro, por el nivel de difusión, participación y organización que alcanzaron. Además, un aspecto en común de estos hechos fue la presencia de la voz testimonial de las víctimas en primera persona, las cuales comenzaron a consolidarse como sujeto político central.

La Comisión Accidental de la Cámara

En noviembre de 1978, ante las constantes denuncias sobre violaciones de derechos humanos, que expresaban los parlamentarios de la bancada de oposición y se publicaban en la prensa de la época (en Alternativa, El Bogotano y en ocasiones en El Espectador), 17 parlamentarios de los partidos Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), Unión Nacional de Oposición (UNO) y Partido Liberal (PL),² presentaron la proposición 122 de 1978 en la plenaria del Congreso, con el objetivo de que se designara una Comisión de representantes a la Cámara, asociada con una del Senado de la República, para que se “investiguen las denuncias que públicamente se han hecho sobre torturas a que fueron sometidos ciudadanos detenidos, especialmente estudiantes universitarios, e informe a la corporación”.³

La comisión se conformó de manera heterogénea por todos los partidos.⁴ Tras una serie de investigaciones, solicitudes a la Procuraduría y visitas a las cárceles, a pesar de la diversidad de sus integrantes, se acordó el informe de la Comisión, el cual fue publicado y presentado un mes después.

Resumido, el proceso de trabajo de la comisión fue: reuniones con el Procurador General de la Nación, el Procurador Delegado para las Fuerzas Militares, el comandante de la Brigada de Institutos Militares (BIM), los directores del Instituto de Medicina Legal y los médicos legistas que practicaron el examen médico legal de los estudiantes detenidos y visitas a los propios detenidos. El Procurador General de la Nación se negó a entregar el informe de la Procuraduría sobre los hechos, aduciendo “reserva de sumario”, aunque los comisionados insistieron en que se trataba de un documento público. El Director de Medicina Legal dijo que no había copia ninguna de los exámenes y reconocimientos realizado por esa institución. Hecho considerado “anómalo” por la Comisión.

Adicionalmente, los comisionados entrevistaron a 22 de los detenidos (16 hombres en la cárcel Modelo y seis mujeres en la cárcel El Buen Pastor) y recogieron sus testimonios, los cuales formaron parte del informe: “todos concuerdan en afirmar haber sido sometidos a coacciones físicas y psicológicas ajenas a la legislación colombiana y a las prácticas civilizadas”.⁵

La comisión también se entrevistó con el comandante de la BIM, el general Miguel Francisco Vega Uribe, quien reiteró, al igual que en sus declaraciones anteriores a la prensa, que nunca se practicaron acciones de tortura; sin embargo, reconoció “procedimientos especiales utilizados en los interrogatorios”, como que los detenidos permanecieran vendados en los cuarteles.

Al no poder acceder a los informes oficiales de Medicina Legal, ni de la Procuraduría, la fuente fundamental de los comisionados fueron sus visitas a las cárceles y las propias confirmaciones de los detenidos, testimonios con los cuales tuvieron la “convicción de la ocurrencia de los hechos” y los presentaron transcritos, junto al informe.

Finalmente, en la plenaria de presentación del informe de la comisión, en nombre del gobierno, intervino el ministro de Justicia, Hugo Escobar Sierra. El ministro consideró que la investigación de la Comisión de la Cámara era una opinión, que no tenía validez investigativa, y que debía esperarse la culminación de la investigación que la propia justicia militar hacia sobre los hechos. Planteó que las Fuerzas Armadas se comportaron con vocación democrática, por lo que desestimó el informe, su presentación pública y las recomendaciones de la comisión de la Cámara.

La recepción del informe de la Cámara en la prensa fue variada. El periódico El Tiempo del 30 de noviembre de 1978 incluyó la noticia “Rinde informe comisión de la Cámara sobre torturas”.⁶ En ella se enfatizó el carácter de “supuestas” torturas, dándole poca credibilidad, también por el hecho de que se trató de un grupo de estudiantes acusados de subversión. Adicionalmente, se resaltó la detención de los mismos como parte de un logro militar, al desarticular una red de guerrilla urbana. Por el contrario, el 7 de diciembre de 1978, el semanario Voz Proletaria, tituló la noticia como “El Congreso comprueba las torturas”, en la cual se resaltó que la Comisión investigadora de la Cámara denunció en forma unánime los brutales procedimientos de la BIM, por lo que el semanario pidió que los civiles no fueran juzgados por militares.⁷ El semanario y Alternativa publicaron, en diversos números, apartados de los testimonios.

En el informe de la Comisión son patentes ciertas tensiones sobre cómo definir la tortura, entre distintos actores e instituciones (el gobierno, los ministros, las Fuerzas Armadas, el Congreso, la Procuraduría, el Instituto de Medicina Legal, los detenidos, etc.). Aparece en primera persona la voz de los afectados por tortura, pero es mediada por los parlamentarios que la recabaron. Estas tensiones también son palpables en las discusiones nacionales sobre el tema y en el I Foro Nacional de Derechos Humanos realizado tres meses después.

El I Foro Nacional de Derechos Humanos en Colombia

Este foro sesionó del 30 de marzo al 19 de abril de 1979 en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Flor Alba Romero⁸ y Mauricio García Durán⁹ consideran este foro como el inicio del movimiento de derechos humanos, así como un “prolegómeno” de la movilización por la paz en Colombia. Winifred Tate¹⁰ resalta el surgimiento de la primera gran organización de derechos humanos en el Foro y la participación de intelectuales, políticos, abogados especialistas y militantes. Por su parte, Mauricio Hoyos Echeverri¹¹ destaca este Foro como el primer momento de articulación de actores sociales en contra del “Estatuto de Seguridad”, pues en los foros regionales preparatorios y en el nacional participaron los partidos políticos junto con organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles y del clero católico. Además, a partir de este Foro se creó el Comité Permanente por los Derechos Humanos, integrado por distintas tendencias políticas y sectores sociales. Esta articulación de sectores sociales, personalidades y partidos políticos fue emblemática de este periodo en el discurso de derechos humanos.

El tema de la violación de derechos humanos en el marco del Estatuto de Seguridad logró aglutinar una gran cantidad y diversidad de sectores sociales, organizaciones y personalidades. Fue una convocatoria que se realizó desde las personalidades y los partidos, pero tuvo una gran acogida en el movimiento social y en los sectores sindicales, lo cual se evidenció tanto en la participación como en las conclusiones, donde hubo un fuerte componente de los derechos laborales.

Aunque participaron líderes y congresistas de los partidos conservador y liberal, las voces oficiales de estos partidos se pronunciaron en contra del Foro. Tras su inicio, el periódico El Tiempo tituló “Se oyeron denuncias sobre presuntas torturas”; además, frente a los testimonios presentados en el Foro, el mismo diario comentó: “personas que aseguraron haber sido torturadas. Sin embargo, en sus declaraciones se limitaron a narrar los presuntos castigos que habían recibido, pero no mostraron pruebas visibles sobre los mismos. Algunas versiones fueron recibidas con aplausos por los asistentes mientras que otras despertaron risas”.¹² Es decir, se puso en duda la voz testimonial, ante la ausencia de “pruebas visibles”.

Por su parte, tras el Foro, el presidente Turbay negó la ocurrencia de cualquier violación de derechos humanos.¹³ Además de esta negativa, resaltó que su gobierno daba las garantías a la oposición. Lo que destacaba el mandatario en sus declaraciones era el uso de la legislación internacional y de una presión del exterior en el Foro.

Apropiación de la legislación internacional

Tanto en el Foro como en la Comisión de la Cámara hubo una amplia referencia a la legislación nacional e internacional. A diferencia de anteriores denuncias y constancias desde los partidos de oposición y las izquierdas, que eran ambivalentes entre un discurso radical y un discurso de derechos humanos, en estos dos escenarios vemos apropiada la reglamentación internacional de derechos humanos y la legislación nacional.

En el Foro se presentó una ponencia importante titulada “Los Derechos Humanos en el Derecho Internacional”, cuyos autores fueron los expertos en derecho internacional Álvaro García Herrera, Alfredo Vázquez Carrizosa y Gelasio Cardona. Adicionalmente, una comisión del Foro sesionó y discutió sobre el tema del derecho internacional. Para finales de la década de 1970 se habían posicionado y apropiado tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) firmado en 1969 y ratificado por Colombia en la ley 74 de 1972, es decir, seis años antes de la Comisión Accidental y el Foro.

Esta revisión de la legislación internacional sobre derechos humanos, sus incumplimientos y el llamado a las organizaciones internacionales, evidencia un profundo conocimiento del sistema internacional y de los derechos humanos, además de una búsqueda de un “efecto boomerang”,¹⁴ captar atención internacional sobre lo que sucedía en Colombia y buscar presión internacional al gobierno. En el caso del informe de la Comisión de la Cámara también se aprecia un profundo conocimiento de la legislación nacional e internacional sobre el tema, pero sus recomendaciones son a las instituciones de nivel nacional, a la Procuraduría y la administración de justicia.

A continuación se refieren algunos de los testimonios de los detenidos, en su mayoría estudiantes y trabajadores. No se presentan todos los contenidos pues incluyen descripciones muy gráficas de la violencia vivida, son pertinentes para establecer los patrones de la violencia y de su narración.

En diciembre de 1978, tras una serie de allanamientos en los que fueron violentados y destruidos muebles y objetos, se detuvo a varias personas. Los testimonios narran lo ocurrido tras dichos allanamientos:

El mismo martes (11 de diciembre de 1978 día de la captura) fui trasladado a una institución militar. Me metieron en una pieza donde entraron dos hombres disque con ordenes de hacerme cantar. Me dieron golpes en los oídos, en el estomago, en la nuca, por la espalda, por los testículos, y a pesar de que les suplicaba que tenía cuatro días de haber salido de una clínica y que estaba enfermo y que me suministraran una droga que me habían quitado junto con la formula, seguían golpeándome. (Luis José Lozano Laguna).¹⁵

Otro testimonio de detención en la ciudad de Cali señaló:

Fui detenido el 15 de enero del presente año. Fui conducido a otra edificación, en otro barrio de Cali, en donde fuera de duros golpes en diferentes partes del cuerpo, fui sometido a “el gaseado”, o sea, soportar el efecto de diferentes granadas lacrimógenas. Sumergido en el agua, de cabeza durante muchas ocasiones, solo era retirado cuando perdía el conocimiento y empezaba a sangrar por la nariz. Llevado a las instalaciones de la Escuela de Infantería, permanecí con otros cuatro compañeros -Augusto Lara, Sergio Betarte, Julio Cesar Pachón, Carlos Erazo- durante cuatro, o cinco días. Allí los señores del B-2, oficiales y suboficiales, nos torturaron de la siguiente forma: plantones de doce horas interrumpidos por colgadas de los brazos atados atrás, colgadas con los brazos y una pierna atada atrás. La mayoría perdíamos el conocimiento una y otra vez; nuevamente empezaban las torturas con duros golpes en los testículos, los cuales se me inflamaron bastante. Cuando la Comisión de la Cruz Roja visitó las instalaciones de la Escuela de Infantería, fui apresuradamente trasladado a un vehículo y sacado de allí para que no vieran mi situación. Me hicieron firmar un documento donde se manifestaba que fui bien tratado; esto en presencia del médico de la Escuela de Infantería, verdadero cómplice de estos señores.¹⁶

Pedro Mogollón, detenido el 8 de enero de 1979 afirmó:

Me ordenaron quitarme los zapatos y las medias, subirme el pantalón hasta arriba de las rodillas, el saco y la camisa; luego me metieron entre dos muros y me obligaron a avanzar de rodillas, siempre con la venda en los ojos y esposado con las manos atrás. Mientras avanzaba de rodillas, un interrogador me pisaba los dedos de los pies para que yo no me parara y me golpeaba en la espalda o en la cabeza. Llama a otro agente y este me coloco de espaldas contra una pared y comenzó a golpearme muy fuerte en el estomago; de cada golpe yo caía de frente y al levantarme el agente me seguía interrogando; no sé cuánto tiempo pasó porque luego aparecí en una carpintería de la Brigada. Entonces me explicaron que buscaban las armas robadas al ejército y que nosotros teníamos que ayudarles a encontrarlas; que ellos tenían un método de torturas de tres etapas; que nadie hasta ahora había pasado vivo la tercera. Comenzó entonces una tortura psicológica. Me colocaron la venda y me dejaron en esa carpintería con dos interrogadores, ya que era de noche. Me decían que toda mi familia estaba detenida, (era cierto) mi esposa, tres hijas de cuatro meses, dos años y cuatro años respectivamente. Que toda mi familia estaba recibiendo torturas, que si los iba a dejar matar. Al mediodía siguiente un interrogador comenzó a golpearme en la espalda con un instrumento metálico. Yo seguía vendado y con las manos amarradas a la espalda. A la vez que me golpeaba muy fuerte, me preguntaba por las armas. Del dolor tan intenso casi no entendía las preguntas y me doblaba; entonces para obligarme a estar erguido me golpeaba muy fuerte en las vértebras de la cintura. Yo sentía el dolor en los huesos y creí que me partía la columna; tenía que doblarme del dolor, entonces me golpeaba en el estomago con otro instrumento mas delgado o me golpeaba los testículos hasta hacerme colocar de pie nuevamente. Me envolvieron la cabeza en una cobija, uno comenzó a cogerme las tetillas y a darme vueltas en la carne; me hacía gritar del dolor, pero la cobija que tenia en la cabeza, seguramente apagaba los gritos. Las marcas me duraron unos diez días, tenía la carne entre verde y negra. La Procuraduría afirmó que esta denuncia carecía de fundamento, ya que los galenos no hallaron evidencias de los maltratos denunciados. El examen médico se practicó aproximadamente treinta días después de ocurridos los hechos, es decir cuando hubo certeza de que las huellas dejadas por la tortura habían desaparecido por la acción del tiempo.¹⁷

Las torturas narradas por los testimonios en el Foro en 1979 tienen varios elementos comunes, como: 1) Los cuarteles eran los lugares donde se efectuaban las torturas; los detenidos muchas veces eran alojados en las caballerizas en absoluto aislamiento e incomunicación. 2) La tortura psicológica, en especifico, mediante la amenaza de muerte o de detención de familiares, la escucha durante la noche de los gritos de los otros torturados, amenazas de violación a la mayoría de las mujeres. 3) Tortura física: golpes, colgamientos, choques eléctricos, ahogamientos, violencia sexual, etc.

La mayoría de los testimonios coinciden en señalar que las torturas ocurrieron en tres etapas:

En la primera, las personas son obligadas a estar de pie sin descanso, sin recibir alimentos ni bebidas. A este tratamiento básico para todo detenido se agregan golpes y doblamiento hacia atrás de dedos y manos, enterramiento de agujas debajo de las uñas y golpes en los testículos. En la segunda, los golpes son mas intensos, hasta provocar el desvanecimiento, y en partes mas delicadas, como en los testículos, los riñones, el esternón, el vientre y los tobillos y en ambos oídos a la vez. También practican el ahorcamiento hecho cuidadosamente para que no provoque la muerte y el colgamiento de los brazos […] En la tercera etapa, los colgamientos son más prolongados y van acompañados de golpes sistemáticos en todo el cuerpo con palos y otros objetos de manera permanente, y se aplica electricidad especialmente a los órganos sexuales. Los últimos días transcurren para el prisionero en un inmenso picadero, en donde se encuentran unas sesenta camas. Allí permanecen los detenidos en tránsito mientras desaparecen los rastros de las torturas.¹⁸

Torturados y detenidos arbitrariamente

¿Quiénes fueron los sujetos protagonistas de las denuncias y testimonios? En el caso de la Comisión de la Cámara, su informe es específico, se refiere a estudiantes detenidos en Bogotá. Aunque desde inicios de la década de 1970 se habían denunciado en el Congreso hechos de posibles violaciones a derechos humanos en regiones campesinas e indígenas, es frente a los estudiantes detenidos en Bogotá que se decide instrumentar una comisión interpartidista para investigar los hechos.

En el Foro se hizo referencia a distintos momentos y tipos de violaciones de derechos humanos, desde allanamientos, detenidos y torturas. Los sujetos referenciados fueron campesinos, indígenas, estudiantes y sindicalistas. Se enfatizó en la narración tres momentos que fueron detenciones masivas de sectores urbanos: detenidos y torturados en octubre de 1978, sindicalistas capturados y torturados en diciembre de 1978, y detenidos y torturados a partir de enero de 1979.

En los documentos de conclusión del Foro, el concepto de tortura fue utilizado de manera masiva: aparece 150 veces; en cambio, el de secuestro sólo cinco veces; el de detenidos, 124 veces. El de víctima se usa poco comparado con los demás. La intención fue posicionar más la ocurrencia del hecho definido como “tortura” que otras violaciones a derechos humanos.¹⁹ Las denuncias fueron en su mayoría de sectores urbanos, estudiantes y profesionales detenidos en cuarteles militares.

La voz testimonial

Tanto en el Foro como en la Comisión Accidental de la Cámara, los testimonios, como voz directa, tuvieron un papel fundamental, incluyendo en sus conclusiones los testimonios de detenidos, capturados y torturados.

La voz testimonial comenzó a aparecer en la escena pública desde la década de 1960, pero no es sino a finales de los setenta cuando adquirió protagonismo. Por ejemplo, en febrero de 1979 la revista Alternativa publicó varios testimonios de detenidos recopilados por la Asociación Colombiana de Juristas Demócratas y por los abogados que defendían a varios acusados de pertenecer a la guerrilla urbana M-19. Bajo el subtítulo “Las declaraciones del gobierno y los testimonios de los detenidos: alguien miente”, concluyó que

en las mismas condiciones están muchos otros detenidos en las instalaciones de la Brigada de Institutos Militares que se ha convertido en un verdadero campo de concentración; por esta razón ha sido una de las peticiones unánimes de los juristas civiles el que se traslade a los lugares comunes de reclusión. Porque tanto detenidos como defensores coinciden en que cualquier cárcel por terrible que sea, es preferible al infierno de los cuarteles.²⁰

En esta demanda: ser trasladados a cárceles regulares y que nadie volviera a ser detenido en cuarteles militares, concuerdan los testimonios.

Dos meses después, Alternativa de nuevo publicó testimonios y declaraciones, colocando en su portada: “Procuraduría y torturas: anatomía de una investigación. Exclusivo: verdadero informe de Medicina Legal”²¹ y en el interior de la revista se dice: “en forma exclusiva, la Revista Alternativa publica siete testimonios fotográficos sobre los malos tratos sufridos por los detenidos, acompañados del respectivo informe de Medicina Legal”. A continuación, se pueden leer los testimonios, acompañados de fotografías y datos de las víctimas, como reproducciones de informes, dictámenes y documentos de Medicina Legal.

En las denuncias y debates que observamos a lo largo de la década de 1970, la voz directa de los afectados adquirió más presencia. En repetidas ocasiones se narró en los Anales del Congreso cómo los parlamentarios presentaron sus denuncias de tortura en casetes de audio con testimonios de los hechos revelados, o invitaron a los afectados directos a participar en las plenarias. En 1979, en el Foro y para la Comisión Accidental los testimonios estuvieron en el centro de su narración.

Elsa Blair Trujillo ha señalado el potencial político del acto de testimoniar; para ella:

el sentido político del testimonio se construye como modo alternativo de narrar la historia, en relación con el discurso monológico de la historiografía del poder, ya que es más plural y busca el respeto por otras identidades. La presencia del testimonio en la esfera pública se ha vuelto un espacio compartido, donde se intenta construir o buscar una identidad nueva. El carácter que tiene el testimonio de “historia otra” o de “historias alternativas” sólo parece posible cuando los silenciados o excluidos de la historia oficial intentan acceder a la memoria o al espacio letrado.²²

Como destaca Blair, la voz testimonial en la esfera pública busca narrar una contrahistoria. En 1979, el Gobierno, por un lado, negó la violación de derechos humanos, y la oposición parlamentaria y de izquierda, por otra parte, buscó deslegitimar al Gobierno. Los testimonios directos adquirieron más importancia, se les retomó en foros públicos, intervenciones en el Congreso y en la prensa.

Vale la pena destacar algunas características de los testimonios presentados en dichas denuncias y en el I Foro Nacional de Derechos Humanos. Se trata de narrativas de la represión en primera persona; la voz directa del sobreviviente contando lo sucedido, la representación del sufrimiento y de la violencia en el individuo. Son testimonios de hechos “recientes” que la persona aún tiene frescos y muy presentes. Adicionalmente, no son testimonios anónimos, sino que incluyen nombres completos, ocupación y número de identificación. A diferencia de las narraciones de “La Violencia bipartidista”,²³ que en general hablan de colectividades anónimas y homogéneas (campesinos de un lugar), en estos testimonios la víctima es individual y está nombrada y referida de manera especifica, reconociéndola como ciudadano, como sujeto de unos derechos que ha sido afectado. Es la primera vez que se hace tanta difusión de la voz testimonial identificada e individualizada como víctima. Aquí aparece la tensión víctima-ciudadano, la noción de que los sujetos que denuncian tienen unos derechos que han sido violados.

Los testimonios combinan una narrativa emocional, desde la indignación, la frustración y el dolor vividos, con una narrativa de testimonio judicial, recordando a una denuncia penal, donde el testimonio se convierte en prueba. Esta presentación, al igual que la inclusión de fotografías y hasta dictámenes de medicina legal, nos indica, por un lado, la importancia que fueron adquiriendo los médicos legistas en los derechos humanos y la preparación de abogados de estos testimonios, y, por otro lado, una apropiación del sistema legal nacional e internacional.

En el Foro se organizaron los testimonios de los últimos tres años como una denuncia de derechos humanos lógica, coherente y que tuviera impacto en el sistema internacional de los derechos humanos. Se entrecruzó una narrativa de denuncia legal con un recuerdo individual y emotivo. Apareció también una dimensión tecnocientífica en el mundo de los derechos humanos y las víctimas, que era nueva. En el marco de la apropiación del sistema legal nacional e internacional de derechos humanos adquirió protagonismo la medicina legal, la documentación médica de lesiones y resultados de tortura o tratos crueles. Se trata de la prueba legal ante cualquier abuso de los derechos humanos, prueba que no solamente aparece en los juicios, sino que se difunde en periódicos, revistas, en el Congreso y en el Foro. Prueba que se contrapone a la narrativa del Gobierno, que niega los hechos, o los minimiza como simples “malos tratos” y los justifica tras la premisa de que, quienes fueron objeto de ellos, eran actores subversivos. Se trata de la prueba técnica que se usa en un juicio legal, pero que en este periodo también se difunde de manera pública como contranarrativa de las declaraciones del Gobierno.

Además, estas narraciones de lo sucedido buscan apelar a la empatía con la voz en primera persona. Se trata de representaciones del recuerdo, del relato, del terror del protagonista. Esta apelación a la empatía del público habla también de una empatía entre las víctimas y los promotores del Foro y de las denuncias. Una identificación al tratarse de los mismos sectores sociales (estudiantes y profesionales urbanos). La empatía que se genera hacia los afectados es clave en la construcción de una narrativa sobre la violencia política.

La voz testimonial individual no fue difundida de manera masiva ni durante La Violencia bipartidista de la década de 1940 ni durante el Frente Nacional²⁴ -esta era una novedad de 1970-. El historiador Francisco Ortega, hablando sobre la inclusión y apropiación de la narración de La Violencia durante el cierre del Frente Nacional, señala que hay dos razones para entender por qué esa experiencia -La Violencia-, a pesar de ser conocida, no penetró la conciencia nacional por un largo tiempo. En primer lugar, después del 9 de abril de 1948 la violencia social abandonó la ciudad y se extendió por las áreas rurales del interior del país; sus víctimas fueron más que todo campesinos pobres y analfabetas que, aunque despertaban compasión, generaban poca empatía entre la intelectualidad urbana. En segundo lugar, la violencia social que afectaba el campo no repercutió, o lo hizo mínimamente, en los intereses de la elite política y financiera tradicional y no obstruyó el crecimiento económico nacional. Por otra parte, las condiciones de posibilidad para entender y representar la complejidad de lo que estaba ocurriendo, y los modos en que esos eventos cambiaban el país, no se dieron hasta mucho tiempo después, más en concreto, durante los años del Frente Nacional (1958-1974). Para Ortega, tres factores del país permitieron esta apropiación de las narrativas de violencia: un cambio en las narrativas sobre el conflicto, las cuales dejan de ser crudas denuncias políticas y reportajes sensacionalistas; un creciente interés en las ciencias sociales por el conflicto; y una creciente insatisfacción entre amplios sectores de la clase media urbana frente a la actitud excluyente de la elite política.²⁵

En el caso de los testimonios de tortura de 1978 y 1979, se generó más empatía porque se trataba de clases medias urbanas, trabajadores y estudiantes afectados, incluso en ocasiones los mismos abogados defensores fueron torturados. Es decir, tanto los parlamentarios como los delegados que participan en el Foro y el público urbano general sintieron más empatía con ellos; su testimonio les hizo pensar más rápido “puedo ser yo”, que lo que venía ocurriendo con campesinos e indígenas desde La Violencia bipartidista.

Adicionalmente, gran parte de las conclusiones del Foro son reflexiones y generalizaciones sobre los testimonios; mezclan la narrativa analítica- política con narrativa testimonial individual. De esta manera los testimonios no eran un hecho individual sino nacional y político. Se presentaron como testimonios paradigmáticos, representativos, emblemáticos de una experiencia individual que se busca generalizar. Hubo un proceso de construcción de una narrativa nacional, una interpretación de la violencia y las violaciones de derechos humanos desde los testimonios individuales. Puede hablarse de una gestión de la narrativa testimonial: un proceso de escucha, de selección y de interpretación de los testimonios. De la experiencia subjetiva traumática individual, a la dimensión nacional, se crea una conexión entre la historia personal de la víctima de tortura y la historia nacional. Los testimonios que se presentan junto con las conclusiones narran las experiencias individuales para demostrar situaciones nacionales. De lo privado a lo público, de lo individual a lo colectivo. Testimonios que buscan que su público se apropie de su narración; una narración ajena se hace parte del colectivo: “su tortura es también la nuestra”.

Debemos destacar que en los hechos de 1979 no aparecen aún cifras o datos totalizantes, números de torturas o allanamientos; no se apela a la cifra masificadora que suma todos los casos, característica que posteriormente veremos en los informes de derechos humanos. Estos acontecimientos apelan a la recopilación de testimonios amplios y descriptivos sobre la violación.

La voz testimonial en la narración del conflicto colombiano ha adquirido relevancia y protagonismo reciente, “a medida que las víctimas del conflicto cobran visibilidad los relatos testimoniales se han empezado a posicionar en la esfera pública confrontando las versiones oficiales sobre la violencia y disputando la memoria histórica en torno a los acontecimientos que la han pautado, al tiempo que han bosquejado algunas de las características de las subjetividades de quienes fueron afectados por dicha violencia”. ²⁶ Ésta no es una característica única del caso colombiano sino un fenómeno descrito internacionalmente para el siglo XX. A partir de la década de 1960, y en específico con el juicio a Eichmann en Jerusalén, el mundo ha visto la masiva emergencia de testimonios de sobrevivientes del exterminio nazi. La historiadora Annette ^{Wieviorka (2006}) lo ha denominado como “la era del testigo”.²⁷ en la cual hubo una explosión testimonial mundial que caracteriza esta etapa que tuvo su punto máximo en las décadas de 1980 y 199; se trata de un presente obsesionado con las voces del pasado. Se ha posicionado la “autoridad” del testigo como la posibilidad de aproximarse a la verdad.²⁸ Aparece con fuerza la reflexión sobre la relevancia de las narraciones desde el yo en las tentativas por comprender procesos sociales. François Hartog reafirma: “el testigo comprendido como portador de memoria, se ha vuelto central en nuestro espacio público. Este fenómeno ocurre al mismo tiempo que la centralidad de Auschwitz en la memoria occidental se acrecienta”.²⁹

A modo de conclusión

Es necesario entender la narración de los sujetos afectados por el contexto violento que vivían. Los protagonistas privilegiaron la definición de “represión”, la cual refieren como parte de una estrategia del gobierno que asociaban al “Estatuto de seguridad” del gobierno de Turbay. En las conclusiones del Foro se señalaba:

En el Foro se ha demostrado la escalada de atropellos que se viene adelantando contra el pueblo colombiano y la existencia de una forma nueva de represión no conocida antes, ni siquiera en las épocas más terribles y sanguinarias de la pugna política en nuestra patria. Me refiero a las torturas contra los detenidos-políticos. El gobierno del señor Turbay Ayala y sus voceros se empeñan en negar la existencia de las torturas, mientras se sigue torturando a los detenidos políticos en la Escuela de Caballería. La violación de los derechos humanos y la infame práctica de las torturas a los detenidos políticos le quita crecientemente autoridad al gobierno de Colombia.³⁰

La narrativa de la represión, como contranarrativa que sobre la violencia mantenía el Estado, se apoyaba en gran parte en la voz testimonial de las víctimas sobrevivientes de tortura, de detención arbitraria y en las familias y las organizaciones sociales afectadas. El tránsito del protagonismo de las denuncias, del sobreviviente de tortura en espacios militares, a los familiares y organizaciones afectados por la desaparición forzada debe ser entendido en varios sentidos. Por un lado, está relacionado con un cambio en las estrategias militares: el sobreviviente de tortura detenido por las fuerzas armadas estatales puede identificar a su “victimario” y la responsabilidad estatal en el hecho. Con la desaparición forzada, ligada muchas veces a paramilitares, se hace difícil identificar al victimario y la responsabilidad estatal es nublada.

La Comisión de la Cámara y el I Foro muestran una formalización de la denuncia de derechos humanos, por un lado, debido a la destacada apropiación y uso de la legislación internacional, y, por el otro, como consecuencia del nivel de difusión, participación y organización social que alcanzan. Además, un aspecto en común de éstos es la presencia de la voz testimonial de las “víctimas”. En este momento se conjugaron la búsqueda de la prueba, el cuerpo de la víctima y el surgimiento de la narración de la violencia desde el testimonio. Fue también en esos años cuando apareció la articulación de un movimiento de derechos humanos que usa ampliamente la legislación internacional, entre otras cosas, para definir a las víctimas.

Planteamos que fue a finales de la década de 1970 e inicios de la década de 1980, cuando se consolidó la narrativa testimonial de la violencia. Aunque se había usado en algunos momentos anteriores, es con acontecimientos como el I Foro Nacional de Derechos Humanos que se posicionó la enunciación pública de una narrativa testimonial de la violencia en Colombia.

La respuesta estatal a esta presión de la voz pública de las víctimas fue muy variada por parte de los tres poderes estatales -Legislativo, Ejecutivo y Judicial-. Por un lado, el gobierno respondió a los informes de Amnistía Internacional (1980 y 1986) con la deslegitimación. Por otro lado, se legisló con un gran debate una Ley de Amnistía (1983), con un proceso de negociación entre el Gobierno, el Congreso, la oposición y el Foro Nacional de Derechos Humanos. Por su parte, el Poder Judicial Nacional registró el primer fallo en un caso de violación de derechos humanos (1985), condenando al Estado por tortura y al pago de una reparación, caso que abrió expectativa sobre el litigio en temas de derechos humanos e implicó que muchas organizaciones de derechos humanos privilegiaran el lenguaje jurídico y la presión del sistema judicial en búsqueda de justicia para las víctimas. Al mismo tiempo, el Estado buscó fortalecer la respuesta institucional, modificando la Procuraduría General de la Nación, la cual elaboró dos informes bastante controvertidos, sobre desaparición forzada (1984) y sobre el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), como parte de los incipientes grupos paramilitares (1983). Las conclusiones de estos informes fueron rechazadas y debatidas públicamente por las organizaciones de víctimas y las ONG. Además, en 1986 se creó la Procuraduría Delegada para Derechos Humanos y en 1987 la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, con el objetivo de construir una política pública de derechos humanos consultada con las víctimas y organizaciones. Todo ello en el marco de un efecto de presión internacional para el gobierno y el fortalecimiento de las redes de derechos humanos transnacionales, con el Cono Sur.

Es posible observar las transformaciones referidas en el sentido propuesto por Butler³¹ de la “escala del duelo”, las muertes sin huella y las pérdidas significativas, unas víctimas cuentan más que otras. Antes de que se les prestara atención por el Congreso y la prensa, ya había torturas y desapariciones, la mayoría en zonas rurales. Sin embargo, fue con la afectación a sectores urbanos que los reflectores se colocaron sobre estos hechos. Los afectados pasaron de una voz marginal, a una voz central y potenciada por la prensa alternativa y el Congreso. Además, evidenciaron el poder de agencia de la “víctima”, de su capacidad para la organización, la consolidación de articulaciones, de presión en el Congreso y la fortaleza del incipiente movimiento de derechos humanos, así como también de la “transnacionalización” de la víctima. En el caso colombiano, la influencia del Cono Sur transmuta está figura, no sólo por las redes transnacionales de derechos humanos sino por la misma manera de narrar la violencia y por la jurisprudencia internacional.

El testimonio de los sobrevivientes de violencia se convierte en eje de la memoria, que conecta el pasado con el presente. Siguiendo a Pilar Calveiro, “la memoria opera como puente que, articulando dos orillas diferentes, sin embargo, las conecta. Al hacerlo nos permite, como acto central, recordar aquello que se borra del pasado, o bien se confina en él, precisamente por sus incómodas resonancias con el presente”.³² El protagonismo de la voz testimonial permitió justo está resonancia en el periodo y en la actualidad.

En la presente coyuntura que vive Colombia, tras los diálogos y negociación entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proceso que inició de manera pública en 2012 y culminó en 2016, la voz de las víctimas y sus testimonios han sido protagónicos en el debate público y en la construcción de un escenario de paz.

El impacto y la importancia que ha tenido el conflicto, el universo de las víctimas y el acercamiento a un escenario de posconflicto son razones importantes por las cuales cada vez adquiere mayor importancia la voz testimonial de las víctimas. Sin lugar a duda, la recepción y reconocimiento de la voz testimonial pueden ser un elemento de Reparación, Verdad y Justicia.