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INTRODUCCIÓN
En esta revista se pueden encontrar un total de 148 artículos relacionados directa o indirectamente con la empresa privada.1 Ésta no es una cantidad menor. Lo que sí es menor, o de hecho inexistente, es el número de artículos dirigidos al estudio de los delitos o violencia contra las empresas o empresarios.
La victimización de las empresas no es un problema público menor. Las pérdidas económicas estimadas que la delincuencia provocó en las empresas del país en 2013 ascendieron a un total de 61 billones de pesos (INEGI, 2014a). Y el gasto que las empresas destinaron a medidas de protección contra la delincuencia ese mismo año rondó los 49 billones de pesos (INEGI, 2014a). Incluso, el lector de este artículo posiblemente se sorprenda al saber que las empresas sufren en ocasiones más deli-tos que los hogares; la incidencia, la prevalencia y la concentración delictiva a veces son mayores entre las empresas que entre los individuos y entre los hogares.2
De lo anterior se puede derivar fácilmente que los daños en general son notablemente mayores. Las implicaciones sociales son marcadamente graves. Los delitos contra las empresas producen pérdida de ganancias por una disminución en la productividad, un incremento en los precios y en las primas de seguros, una mayor sensación de inseguridad entre empresarios y empleados, una pérdida de empleos por motivos de recorte de personal, y en ocasiones también implica el cierre definitivo de empresas o establecimientos, así como un recelo por invertir y expandirse. Cabe mencionar que las micro y las pequeñas empresas (las mayores empleadoras) son particularmente vulnerables a todos los efectos anteriores (Savolainen, 2007; Perrone, 2000; Mawby, 2003). En suma, la victimización de las empresas se puede convertir en una amenaza seria a la viabilidad económica de los países.
Respecto de lo anterior, un hallazgo central de este estudio es que el segundo delito más frecuente contra las empresas en el ámbito nacional es alguno cometido por un servidor público, es decir, uno relacionado con la corrupción, con alrededor de 1.35 millones de incidentes de este tipo sólo en 2011 y 2013.3 Dicho de otra manera, los servidores públicos son un grupo de victimarios de la mayor importancia contra las empresas. Naturalmente que las empresas también sufren gravemente de robos o asaltos de bienes o dinero, extorsión, robo hormiga, etc., pero son los delitos de corrupción o los cometidos por los servidores públicos, los que afectan a un mayor número de empresas en el país, no obstante su notable variación entre años.
Y es ahí donde una política de prevención del delito dirigida a las empresas necesita incluir como un objetivo central la prevención y la sanción de comportamientos delictivos por parte de algunos funcionarios públicos.
A continuación se ponen algunas de las bases de una agenda de investigación en materia de victimología empírica en México, concentrándose en esta ocasión en la descripción de la situación delictiva contra las empresas mexicanas. Después de esta introducción, el documento se divide en cinco secciones: conceptualización, estructura teórica, medición, características de la victimización y discusión.
CONCEPTUALIZACIÓN: ¿QUÉ ES LA VICTIMIZACIÓN EMPRESARIAL?
Empecemos por tener precisión conceptual y de medición. En México, por empresa se entiende toda “unidad económica y jurídica que bajo el control de una sola entidad propietaria o controladora se dedica a la realización de actividades económicas, y que puede estar constituida por un solo establecimiento, o por varios establecimientos que operan bajo la misma denominación o razón social” (INEGI, 2012a: 47). Por otro lado, la victimización se define como “un delito que afecta a una persona, a un hogar o a una unidad económica” (INEGI, 2012a: 48). Éstas son las definiciones que utiliza la estadística oficial mexicana y parecen ser conceptualmente suficientes para sostener el estudio empírico de este problema público.
En el análisis de la victimización empresarial, es necesario primeramente distinguir entre los delitos cometidos por las empresas y los delitos cometidos contra las empresas. Es decir, es necesario distinguir entre la empresa como victimaria o como víctima. Es interesante notar que los académicos han tendido a estudiar más a las empresas en su rol de victimarias.
Los delitos que cometen las empresas se denominan con frecuencia como delitos de cuello blanco (Mugellini, 2012; Salinger, 2005; Friedrichs, 2002; Croall, 2001; Clinard y Quinney, 1973; Sutherland, 1940). A continuación se describe brevemente la historia de este término y las categorías analíticas que se han utilizado.
Hace más de setenta años que Sutherland creó el término “criminalidad de cuello blanco” para a) llamar la atención de que las personas en todas las clases sociales cometen delitos, b) demostrar que la actividad criminal no se correlacionaba con la pobreza y c) por su interés en desarrollar una teoría general del comportamiento criminal en oposición a las teorías, o mejor dicho creencias, convencionales (Sutherland, 1940). Para Sutherland, la llamada clase de cuello blanco, como clase social, era aquella que se conformaba por los individuos que ejercían actividades empresariales o profesionales. Cuando delinque esta clase social, decía Sutherland, lo hace especializándose en la falsedad de declaraciones financieras, fraudes fiscales, manipulación de la bolsa de valores, malversación, quiebras fraudulentas, el soborno y la corrupción de funcionarios públicos. Los daños que estos delitos producen no son solamente de una magnitud económica enorme, sino que también producen daños graves en la calidad de las relaciones de confianza, las cuales son indispensables para la convivencia social. En consecuencia, las víctimas por delitos de cuello blanco son básicamente tres: los consumidores, otros empresarios (como sería el caso de los inversionistas), y el Estado en general. Así, según Sutherland, estos delitos provocan más desorganización social y daño a las instituciones sociales que otros tipos de delitos.
Más adelante, a inicios de la década de 1970, otro estudio clásico dentro del área de la victimización empresarial, en donde la empresa es la victimaria, hizo una distinción adicional y muy importante entre delitos corporativos o de la empresa y delitos ocupacionales o del empleado (Clinard y Quinney, 1973). La distinción se centra en la definición de quién es el beneficiado principal del delito. Los primeros, los corporativos, son aquellos que cometen los empleados, típicamente los directivos, en beneficio de su empresa (Pontell y Geiss, 2007; Salinger, 2005; Slapper y Tombs, 1999; Clinard y Quinney; 1973). Los segundos, los ocupacionales, son aquellos cometidos por los empleados de una empresa para su propio beneficio (Salinger, 2005; Clinard y Yeager, 1980).
Los delitos que han sido menos estudiados son los delitos cometidos contra las empresas (Mugellini, 2012; Hopkins, 2002; Gill, 1998; Burrows et al., 2001), es decir, en donde las empresas son víctimas del delito. Hay algunos pocos estudios sobre delitos en que sólo las empresas pueden ser las víctimas de tales delitos, como son los casos del robo minoritario en establecimientos comerciales (Ekblom, 1986) y los delitos de odio contra propietarios de negocios (Ekblom et al., 1988).
Pero se debe considerar que existe en ocasiones un empalme conceptual entre el delito ocupacional o cometido por el empleado y los delitos contra las empresas, ya que el victimario individual puede ser en algunos casos un empleado de la misma empresa victimizada (Mugellini, 2012; Hagan, 2010). Esto es lo que ha derivado en la necesidad de realizar otra categorización analítica: delitos externos y delitos internos. Los primeros son los cometidos por personas no empleadas por la empresa y los segundos, aquellos que son cometidos por los mismos empleados (Instituto de Criminología Australiano, 2004; Felson, 1996).
Posiblemente el mejor ejemplo de un delito externo contra la empresa sería el robo hormiga, el cual se define como el “delito en contra del patrimonio, en el que sin el uso de la violencia física o moral, se sustraen pequeñas cantidades de bienes los cuales al momento de contabilizarlos dan como resultado una gran afectación al patrimonio de la empresa o negocio” (INEGI, 2012a: 48)
Fuente: Elaboración propia con base en Mugellini (2012)
Diagrama 1 Tipología de víctimas y victimarios en los delitos cometidos contra las empresas
Dada la amplitud de delitos y circunstancias en que una empresa puede ser víctima de un delito, para efectos de proceder sistemáticamente y con suficiente claridad conceptual Mugellini (2012) presenta una tipología de las víctimas y los victimarios de los delitos cometidos contra las empresas (diagrama 1). Nótese que en esta tipología, tanto las empresas como los empleados pueden ser víctimas y victimarios.
Esta tipología nos permite conocer y distinguir entre tipos de victimarios, lo cual nos ayuda a definir acciones de política de prevención delictiva contra las empresas (Gill, 1998; Chenery et al., 1996; Tilley, 1993; Trickett et al., 1992). También ayuda a deducir con mayor claridad cuál es el tipo de delito más esperado por tipo de victimario (diagrama 2).
Finalmente, en esta sección cabe mencionar que, como es el caso en toda área y línea de investigación dentro de la criminología, el delito como objeto de estudio es un objeto muy esquivo a la observación. El delito, al ser un acto punible, es difícil de observar y medir, por ende, no se cuenta con mucha información al respecto. Lo anterior afecta de forma importante en el volumen de estudios, de evidencias, y en consecuencia, en la profundidad de las ideas y las recomendaciones de política preventiva.
Fuente: Elaboración propia con base en Mugellini (2012), INEGI (2012a, 2012b, 2014a) y el Código Penal Federal de México
Diagrama 2 Delitos contra las empresas por tipo de victimario más probable
En México tenemos conocimiento del problema que enfrentamos al respecto del subreporte de los eventos delictivos en las estadísticas provenientes de registros administrativos oficiales (por ejemplo denuncias y averiguaciones previas). A este problema de medición se le denomina también la cifra negra. Éste es un problema mayor, siendo que la misma Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) nos informa que alrededor de 15 por ciento de los delitos cometidos son denunciados (INEGI, 2014a), es decir, que alrededor de 85 por ciento de los delitos cometidos no llegan a ser registrados por las autoridades. De esto sólo nos enteramos a través de encuestas de victimización.
Pero éste es un problema compartido internacionalmente. La baja proclividad entre los empresarios a denunciar el delito se debe principalmente a dos factores: la pobre percepción de las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia, y el miedo a ser victimizados de nuevo a consecuencia de haber denunciado a los victimarios (Taylor, 2006, 2002; Fisher y Looye 2000; Walker 1994). En las siguientes dos secciones se discuten las causas teóricas de los delitos contra las empresas y las fuentes de información, en su mayor parte complementarias, con que se cuenta y con las que se puede salvar, al menos en parte, este problema de la opacidad del objeto mismo de estudio que es la actividad delincuencial.
LA ESTRUCTURA TEÓRICA DE LA VICTIMIZACIÓN CONTRA LAS EMPRESAS
Los estudiosos de la victimología han desarrollado cinco teorías para explicar las variaciones en las probabilidades de la victimización delictiva. Estas teorías son (Wilcox, 2010): teoría de la actividad rutinaria, teoría del estilo de vida y exposición, teoría de los lugares peligrosos, teoría de la precipitación y la teoría crítica del conflicto. Es conveniente adelantar que estas teorías son complementarias y no compiten entre sí en razón de que operan en niveles diferentes y se enfocan en causas también distintas.
Estas teorías se pueden clasificar entre microteorías o teorías conductuales del comportamiento criminal, y macroteorías o teorías estructurales de la actividad criminal. A las teorías que conectan ambos niveles se les denomina mesoteorías. La teoría del estilo de vida y exposición y la teoría de la precipitación son microteorías (o teorías conductuales) porque pretenden explicar las razones por las que algunas personas (o empresas) sufren más delitos que otras sobre la base de sus comportamientos o rutinas. En cambio, las teorías de los lugares peligrosos y la teoría crítica del conflicto son teorías macro porque centran sus explicaciones en condiciones estructurales, a veces llamadas condiciones sociales. Por otro lado, la teoría de las actividades rutinarias se clasifica como una teoría en ambos niveles de análisis porque analiza la operación de los comportamientos y las elecciones (por ejemplo elección racional) de las víctimas y de los victimarios en relación o como resultado de la mediación de las condiciones ambientales de los lugares en donde sucede tal victimización (por ejemplo criminología ambiental) (véase el diagrama 3).
A continuación se describen de manera breve, pero suficiente, las premisas y postulados de las teorías de a) las actividades rutinarias, b) estilos de vida y exposición y c) la de lugares peligrosos. Se eligen estas teorías por su aplicabilidad directa al problema de la victimización contra las empresas. En cambio, se prescinde de describir la teoría de la precipitación y la teoría crítica del conflicto debido a que se refieren más a la victimización de individuos.
Vale la penar comenzar por informar al lector que la teoría victimológica utilizada con más frecuencia es la teoría de la actividad rutinaria (routine activity theory) (Cohen y Felson, 1979). Esta teoría fue creada originalmente para explicar la relación entre los cambios socioestructurales y los cambios en los patrones del crimen, sobre la base del efecto de los primeros (los cambios) en las rutinas de los individuos.
El argumento original era que el cambio en la estructura de la ocupación laboral que había experimentado Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial había elevado la tasa de victimización de los hogares, en particular el robo en vivienda, en razón de que a) un mayor número de mujeres se había incorporado a la fuerza laboral y en consecuencia b) aumentó el número de hogares sin ninguna vigilancia por periodos más amplios a lo largo del día.
Aunado a este cambio en la estructura ocupacional, también se produjo un cambio en las familias en cuanto a la organización del tiempo libre, el cual aumentó también debido a las mejoras en los estándares de vida. Estos cambios en las rutinas individuales y familiares, tanto por motivos ligados a la ocupación como al esparcimiento, no redujeron los niveles delictivos, pero sí produjeron un cambio en su forma. Es decir, esta reestructuración de las rutinas causó que la gente dejara sus hogares por una mayor cantidad de tiempo facilitando la comisión del delito de robo en vivienda. Así, en un nivel macro de análisis, se argumentó que las mejoras en los niveles de vida, en el balance, no habían tenido un efecto positivo en los niveles de delincuencia en ese país. Simplemente se modificaron las formas de operación delictiva.
Analíticamente, la teoría propone la necesidad de que converjan tres factores para que el delito ocurra: un delincuente motivado, un objetivo del crimen disponible y una ausencia en la vigilancia del mismo (Cohen y Felson, 1979). La idea central es que las rutinas individuales hacen variar los niveles de convergencia (o combinación) de los tres factores anteriores, creando a su vez variaciones en las oportunidades para delinquir y en la probabilidad de ser victimizado. Por este motivo, esta teoría se ha clasificado también como una teoría de la oportunidad criminal, al asumir que la comisión de un delito es función de la oportunidad (y ventajas) para cometerlo. Esta teoría ha sido probada con resultados satisfactorios en estudios previos (Felson y Clarke, 1998; Wittebrood y Nieuwbeerta, 2000; Messner et al., 2007).
Aplicada a la victimización empresarial, la teoría de la actividad rutinaria ayudaría a comprender cómo los cambios en la organización de las actividades de las empresas pueden afectar sus probabilidades de victimización. Por ejemplo, se pueden analizar las variaciones en los niveles de convergencia de los factores para la comisión de los delitos según las horas de operación de los establecimientos, el uso de videocámaras u otros mecanismos de seguridad, el control de entradas y salidas en almacenes, los protocolos de seguridad de los vehículos y transporte de las mercancías, entre otras medidas preventivas situacionales. Es posible que las variaciones sean función parcial del sector de la empresa y su tamaño.
La segunda teoría más frecuentemente utilizada en el área de la victimología es la teoría del estilo de vida o exposición al delito (lifestyle-exposition theory) (Hindelang et al., 1978). Naturalmente, las rutinas se consideran parte del estilo de vida, pero hay diferencias importantes entre esta teoría y la teoría de la actividad rutinaria.
Estos autores propusieron la teoría del estilo de vida o exposición sobre la base del análisis de una encuesta de victimización, a partir de la cual pudieron comprobar, más allá de la simple evidencia anecdótica, que algunos segmentos de la población tenían mayores tasas de victimización. Con base en una encuesta de victimización diseñada y aplicada en 1972 por la oficina del Censo de los Estados Unidos y aplicada en ocho ciudades grandes, encontraron que la mayoría de las víctimas eran hombres, jóvenes y de raza negra. Para explicar estas variaciones demográficas, argumentaron que no son las características composicionales de las personas lo que explica su mayor o menor victimización, sino que algunos segmentos, al poseer expectativas sociales diferentes, tienen también estilos de vida diferentes, lo que los expone a presentar niveles diferenciados también de victimización.
Un estilo de vida se define básicamente por el qué, cuándo, dónde y con quién se realizan las actividades diarias. Esta teoría propone que los criminales eligen a sus víctimas sobre la base de los cuatro elementos anteriores. Es decir, las víctimas no son elegidas de forma aleatoria, sino que, en función de su estilo de vida, las víctimas pueden llegar a compartir características de riesgo criminológico con sus victimarios, o bien realizan actividades riesgosas perse, lo que lógicamente las expone más a la victimización delictiva.4 Esta teoría, como es el caso de la teoría de las actividades rutinarias, también cuenta con un fuerte apoyo empírico (Maxfield, 1987; Miethe et al., 1987; Sampson y Wooldredge, 1987).
En particular, la idea de exposición es aplicable en el estudio de los delitos contra las empresas y tiene una gran capacidad para explicar los niveles de prevalencia y de concentración de su victimización.5 Por ejemplo, la probabilidad de victimización de una empresa puede depender de la naturaleza propia del negocio o de la forma o “estilo” de llevarlo a cabo y de realizar sus operaciones. Evidentemente hay actividades más riesgosas que otras (por ejemplo transporte de mercancías) y horarios de operación (por ejemplo de madrugada) en donde la exposición a la victimización, tanto de los bienes de la empresa como de los empleados, aumenta significativamente. Esto nos lleva, por analogía, a especular que el tipo de delito puede depender de las actividades y del nivel de exposición de la empresa y sus empleados. Más si estas actividades son regulares o predecibles en oposición a esporádicas, y por ende fácilmente previsibles por el victimario.
Finalmente, la teoría del lugar peligroso busca explicar por qué la presencia de altas tasas de victimización en un lugar pueden permanecer por largo tiempo (o por un tiempo indefinido) y de manera independiente a los cambios en la composición demográfica y socioeconómica de tales lugares (deviant places theory) (Stark, 1987). El argumento central de la teoría es que no son las rutinas de las víctimas y sus estilos de vida lo que más provocan o determinan su probabilidad de victimización, sino los niveles de desorden social y descuido en los lugares en donde residen lo que más los expone a la victimización. Es decir, son los factores locales de riesgo, o contexto local, lo que determina la probabilidad de victimización, por encima de las características de las víctimas.
Sobre esta premisa, la teoría postula que las probabilidades de victimización varían entre lugares. Pero, a diferencia de la teoría del estilo de vida, la cual se enfoca en el comportamiento individual, en la composición sociodemográfica de las víctimas, y en sus roles sociales, esta teoría propone una explicación contextual por encima de una composicional. De nuevo, son las características del lugar, no las de la persona o la empresa en este caso, lo que explica su victimización.
Para distinguir un lugar peligroso de otro que no lo es, la formulación original de la teoría se fundamentó en otra teoría criminológica llamada desorganización social (Stark, 1987). De ahí el énfasis en la idea de desorden y descuido sociales de los lugares. Así, un lugar peligroso es, desde esta perspectiva teórica, un lugar con elevados niveles de pobreza, densidad poblacional, residencia transitoria o alta movilidad residencial y con usos de suelo mixtos6 (Siegel, 2011).
Esta teoría predice por lo tanto que habrá una mayor prevalencia delictiva (una mayor proporción de víctimas entre el total de la población de empresas) y concentración de delitos (más delitos por empresa víctima) en donde hay más pobreza, densidad, y cambio poblacional y urbano rápidos. Siguiendo el orden de ideas, esta teoría propondría entonces que los recursos disponibles en materia de prevención del delito se deberían dirigir a modificar el contexto social del lugar más que a modificar las rutinas o estilos peligrosos de vida de las víctimas potenciales. Es decir, pondría énfasis en la prevención social del delito por encima de la prevención situacional del delito. Aquí nótese que la prevención social del delito enfatiza soluciones de política pública.
Es evidente que las tres teorías anteriores son complementarias y están relacionadas en cuanto a que son teorías de oportunidad criminal. Pero cabe aclarar que tienen varias diferencias importantes. Por ejemplo, la teoría de actividad rutinaria y la teoría del estilo de vida son esencialmente diferentes en que la primera está especialmente dirigida a explicar la ocurrencia de delitos contra la propiedad (por ejemplo robo), mientras que la segunda se dirige a explicar la victimización violenta y predatoria (por ejemplo homicidio o delitos sexuales). Otra forma parcial de distinguirlas es que la primera nos ayudaría a entender mejor las razones por las que hay más víctimas en un lugar que en otro, mientras que la segunda nos ayudaría a entender mejor porqué hay unos que son más victimizados. En otros términos: la primera teoría nos daría más capacidad para explicar la incidencia (porqué ocurren tantos delitos) y la prevalencia delictiva (porqué hay tantas víctimas), mientras que la segunda nos daría más capacidad para explicar la concentración (el número de delitos por víctima) y la victimización repetida y múltiple (o porqué son siempre las mismas víctimas).
Otro elemento de comparación importante es que la teoría del estilo de vida y exposición y la teoría del lugar peligroso comparten la idea de la exposición al delito, pero la primera lo consideraría como función del estilo o forma habitual de llevar los negocios de la empresa, mientras que la segunda lo haría como función de su localización.
Así, en conjunto, las tres teorías logran articular cuatro factores fundamentales para estimar la probabilidad de una victimización. Los cuatro factores son:
Atractivo: es el nivel de deseo del objeto u objetivo del delito. Se argumenta que los objetos más fácilmente portables o los lugares más accesibles son los más atractivos para el delincuente.
Proximidad: es la distancia física entre el victimario y la víctima. Una menor distancia física eleva la probabilidad de victimización.
Exposición: es una medida de la visibilidad del objetivo del delito. Una mayor visibilidad aumenta la probabilidad de victimización.
Vigilancia: es una medida de la cautela y capacidad que se tiene para prevenir un delito. A menor vigilancia, mayor probabilidad de victimización (Cohen et al., 1981; Felson, 1998; Miethe y Meier, 1994).
Teóricamente entonces, los cuatro factores contenidos en las tres teorías previas explicarían las variaciones en los niveles de victimización contra las empresas. En síntesis, se esperaría una mayor a) incidencia, b) prevalencia y c) concentración de la victimización contra empresas, y en lugares con empresas victimológicamente más atractivas, próximas, expuestas y menos vigiladas. Por incidencia delictiva entiéndase el conteo simple de eventos (o incidentes) delictivos ocurridos en un periodo. Por prevalencia entiéndase el número de empresas, en este caso, que fueron víctimas del delito. Y por concentración entiéndase el promedio de delitos por víctima. Finalmente nótese que los factores de riesgo de victimización no son excluyentes y pueden combinarse para que de forma aditiva o multiplicativa se incrementen las probabilidades de victimización de las empresas.
MEDICIÓN: FUENTES DE INFORMACIÓN Y TIPOS DE MEDIDAS
La información oficial contenida en registros administrativos se organiza geográficamente en unidades político-administrativas, en particular en entidades federativas y municipios, las cuales son también las unidades político administrativas más utilizadas para efectos del diseño y la implementación de políticas de seguridad pública y justicia en México. Ésta es una ventaja de organización de información, pero el problema principal en su uso es que los registros administrativos, por ejemplo las denuncias o averiguaciones previas, adolecen de un subreporte, y además, no “registran” los determinantes o causas probables de estos comportamientos. Los registros tienen una función administrativa por encima de la motivación de detectar factores de riesgo. Se busca registrar la reacción policial o judicial ante el problema, pero no se busca delimitar los perfiles criminológicos de los involucrados ni identificar los factores de riesgo que dieron origen al evento delictivo.
Por este motivo, una fuente más adecuada para estudiar la victimización delictiva son precisamente las encuestas de victimización. Como ya se mencionó, el estudio del delito es difícil de realizarse por tratarse de una actividad opaca y evasiva a la observación directa y a la medición. Y por eso hay varios buenos motivos para utilizar encuestas de poblaciones objetivo, en este caso de empresas, cuando estas encuestas son probabilísticas y están diseñadas de tal forma que aseguran una representatividad de tal población objetivo en espacios o lugares claramente delimitados y comparables.
Posiblemente el mejor motivo para utilizar encuestas de victimización es que el análisis del problema criminal, realizado sobre la base de muestras probabilísticas del mismo, nos permite conocer y estimar, hasta donde lo permite el error muestral, la magnitud y las variaciones del problema en diferentes ámbitos geográficos comparables. Es decir, tenemos la posibilidad de generalizar y probar hipótesis sobre la base de distribuciones de probabilidades para cada lugar o conjunto de lugares. La detección de patrones generales y la prueba sistemática de hipótesis son evidentemente las dos mejores maneras que tenemos para ofrecer soluciones de prevención contra la victimización. La ventaja de poder generalizar hallazgos suponiendo una baja probabilidad de deberse al simple azar, conlleva el beneficio de la teorización empíricamente fundamentada, es decir, de políticas basadas en evidencias. Esta mutua ventaja de la inferencia muestral y la comparabilidad entre entidades federativas es lo que nos impulsó a utilizar la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) para el análisis de datos contenido en la siguiente sección.
Si lo anterior fuera poco, la utilización de encuestas criminológicas en el ámbito de la entidad federativa también permite la integración de estas mediciones, provenientes o no de registros administrativos, con otras que poseen la misma cobertura geográfica. Por ejemplo se puede incorporar la información proveniente de un censo económico y la de un censo poblacional junto con la de una encuesta con representatividad en el ámbito estatal, lo que permite contar con una multitud de variables criminológicas, económicas y poblacionales diferentes, y ofrecer por esta vía descripciones más ricas y detalladas de la victimización delictiva empresarial.
Conociendo la dificultad en el tema de la medición de la actividad delictiva contra las empresas, Mugellini (2012) aporta, entre varias cosas, una enumeración de las diferentes encuestas de victimización que existen al respecto y logra contabilizar un total de cinco. Éstas se muestran en el cuadro 1 y exhiben el predominio que posee la Unión Europea en la medición de este fenómeno, además de la importancia que tienen los organismos internacionales en este rubro.
En México contamos con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE), la cual ha sido levantada en dos ocasiones: 2012 y 2014. Esta encuesta posee información delictiva factual sobre eventos delictivos sucedidos durante 2011 y 2013, y de percepción (presente durante el levantamiento) y prospectiva en 2012 y en 2014. La institución encargada de realizar esta encuesta es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Los tabulados básicos, los cuestionarios (general y módulo de victimización) así como los documentos conceptuales y metodológicos (manual de operaciones de campo, marco conceptual, memoria de actividades y síntesis metodológica) se pueden hallar en la página del INEGI.7 Los elementos generales de esta encuesta se detallan en el cuadro 2.
Cuadro 1 Encuestas sobre delitos contra empresas en el ámbito internacional*
| Encuesta | Región | Años | Institución |
| International Commercial Crime Survey (ICCS) | Unión Europea (8 países)* | 1994 | UNICRI y UNODC |
| International Crime Business Survey (ICBS) | Unión Europea (9 ciudades) | 2000 | UNICRI y UNODC |
| Crime and Corruption in Business Survey (CCBS) | Internacional (4 países) | 2005,2006 y 2007 | UNODC |
| European Business Crime Survey (eu BCS) | Unión Europea | 2012 | Comisión Europea |
| Survey on Security and Crime against Business in the Western Balkans | Internacional (7 países) | 2012-2013 | UNODC |
Fuente: Mugellini, 2012. *Aunque ha sido replicada posteriormente en otros países. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) Instituto Interregional de Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI).
Como ya se mencionó, otras fuentes de información que existen son las estadísticas de registros administrativos del sector de seguridad pública y justicia del país. Dada la elevada cifra negra también ya comentada, estos registros más que representar fielmente el problema de la actividad delictiva, lo que hacen es representar la reacción estatal o volumen de actividad de las instituciones de seguridad y justicia frente al problema. La reacción de las instituciones de seguridad pública se representa a través de las cifras de denuncias y averiguaciones previas. La fuente de información primaria de estas estadísticas son las procuradurías de justicia de cada estado y la fuente de información secundaria es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que compila y difunde esta información en series mensuales desde el año 1997. Por otro lado, la reacción de la institución judicial se representa a través de las llamadas estadísticas judiciales, las cuales distinguen entre estadísticas de presuntos responsables de un delito y estadísticas de sentenciados. La fuente primaria de información son los tribunales de justicia de cada estado y la fuente secundaria el INEGI, que también tiene una labor de compilación y difusión de esta información. Toda esta información sobre la población de presuntos y sentenciados se halla disponible en series anuales entre 1997 y 2012 en el sitio web del INEGI.
Pasando ahora de las fuentes de información a las formas de medir, las cinco medidas que existen en esta área de estudios son a) la incidencia, b) la prevalencia, c) la concentración, d) la victimización repetida y e) la victimización múltiple. Sobre estas medidas se realiza prácticamente la totalidad de las descripciones cuantitativas del problema de la violencia y la delincuencia. Las medidas se toman para un lugar determinado (del que se tenga representatividad), para un periodo determinado (normalmente en anualidades) y se presentan en términos de tasas, porcentajes, promedios, etc. A continuación explicamos cada una de dichas medidas.
Cuadro 2 Elementos generales de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) de 2012 y 2014
| 2012 | 2014 | |
| Población objetivo | Unidades económicas que realizaron alguna actividad económica en el país captada en el Censo Económico de 2009, a excepción de las dedicadas a la agricultura y las del sector público | Unidades económicas del país con actividades económicas de minería, manufacturas, construcción, electricidad, servicios, transportes y comunicaciones, pertenecientes al sector privado. Se excluyó pesca y acuacultura, el sector público y gobierno. Además se consideraron únicamente las unidades que realizan su actividad económica en un lugar con instalaciones fijas o en vivienda con acceso |
| Cobertura geográfica | Nacional y estatal (N = 32) | Nacional y estatal (N = 32) |
| Marco muestral | Un total de 3 717 242 unidades económicas que están contenidas dentro de la población objetivo | Un total de 3 793 806 unidades económicas del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENU E) y que realizaron actividades delimitadas en la población objetivo |
| Estratificación | Por sector productivo (industria, comercio y servicios) y tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana y grande) según su personal ocupado | Por tamaño de la empresa (micro, pequeña, mediana y grande) según su personal ocupado |
| Esquema de muestreo | Probabilístico y stratificado a nivel nacional y estatal | Probabilístico y estratificado a nivel nacional y estatal |
| Tamaño de la muestra | Un tamaño teórico de 27 743 unidades económicas y un tamaño real de 23 625 unidades económicas encuestadas | Un tamaño teórico de 33 479 unidades económicas y un tamaño real de 28 179 unidades económicas encuestadas |
| Criterios de cálculo de tamaño de la muestra | Un nivel de confianza de 95 por ciento, un error relativo de 14 por ciento y una tasa de no respuesta de 20 por ciento | Un nivel de confianza de 95 por ciento, un error relativo de 14 por ciento y una tasa de no respuesta del doble de la obtenida en la ENVE 2012 como mínimo 10 por ciento |
| Afijación de la muestra | La muestra para cada entidad se asignó en cada estrato de forma proporcional al total del personal ocupado | Con base en la estratificación de personal ocupado por estado |
| Selección de la muestra | Aleatoria e independiente para estrato y entidad | Aleatoria e independiente para estrato y entidad |
| Problemática y no-respuesta | Un total de 3 414 unidades económicas no fueron encuestadas por problemas diversos (ej.desaparecidas) o fue equivalente a 1.4 por ciento de la muestra | Un total de 4 984 unidades económicas no fueron encuestadas por problemas diversos (ej. desaparecidas o cierres definitivos como las más frecuentes) y la no respuesta fue menor de 1 por ciento. |
| Factores de expansión | Se calcularon para cada unidad económica por probabilidad de selección y con ajustes por tipo de delito en cada unidad y por no-respuesta | Para cada unidad económica por probabilidad de selección y con ajustes por tipo de delito en cada unidad y por norespuesta |
Fuente: Elaboración propia con base en las síntesis metodológicas de la ENVE (INEGI, 2012a y 2014a).
Como ya se adelantó, la incidencia es el conteo simple de eventos delictivos ocurridos en un periodo de tiempo. Con frecuencia se presenta como tasa, es decir, se divide el número de delitos entre el total de objetivos potenciales de victimización (por ejemplo personas, hogares, empresas, etc.) y se multiplica por mil, diez mil o cien mil. La prevalencia es la proporción de objetivos del delito que fueron de facto victimizados, es decir, es un cociente del número de víctimas entre el número total de objetivos potenciales de victimización. La concentración representa el número de victimizaciones realizadas por víctima, es decir, es el promedio de delitos por víctima. La victimización repetida refleja la frecuencia con que se victimiza a la persona, hogar o empresa por el mismo delito dentro de un mismo periodo. Finalmente, la victimización múltiple es una medición del mismo problema que el anterior, pero por delitos diferentes, es decir, la suma de todos los delitos cometidos contra la misma víctima en un periodo. Cada medición responde preguntas diferentes y ofrece elementos analíticos del problema también diferentes (diagrama 4).
En términos formularios y en relación con la victimización contra las empresas, ésta sería la forma en que cada medición se llevaría a cabo:8
Por ejemplo, más adelante se verá en detalle que en 2013:9
Incidencia: se cometieron 2.5 millones de delitos contra empresas, es decir, 0.66 delitos por empresa en el país.
Prevalencia: 33.6 por ciento de las empresas del país fueron víctimas del delito.10
Concentración: dos delitos por empresa victimizada.
Si todas las medidas anteriores son elementales, las tres primeras y que acabamos de mencionar, son imprescindibles. No se puede realizar un análisis de la actividad delictiva si estas tres medidas se hacen o presentan de forma aislada. Medir bien es fundamental. Algunas de las fallas más comunes en el análisis del problema delictivo y algunas decisiones equivocadas sobre lo anterior serían las siguientes:11
Si la incidencia se mantiene estable, pero sólo se hace uso de esta medida, se puede tener la impresión equivocada de que la actividad delincuencial también se mantiene estable o estática. Lo anterior es falso. La dinámica criminal puede variar entre una mayor o menor concentración de la victimización.
Otro problema de un análisis centrado exclusivamente en la incidencia es que sería defectuosamente limitado porque partiría de la premisa intelectual de que la probabilidad o riesgo de victimización es equiprobable, es decir, que la probabilidad de victimización es la misma para todas las unidades de análisis (por ejemplo empresas). Esto es falso y puede derivar en decisiones de política preventiva ineficientes.
Sépase también que lugares con niveles de incidencia delictiva similares pueden ser significativamente diferentes en términos de prevalencia y concentración, lo que expone que la frecuencia de un problema puede ser similar entre lugares, pero su naturaleza y solución diferentes.
Sépase también que el análisis de prevalencia separado del análisis de incidencia y de concentración puede subestimar el nivel o la frecuencia real de los actos delictivos en un lugar.
Por otro lado, un análisis de incidencia y prevalencia que prescinda de saber el nivel de concentración del delito, pierde de vista el fenómeno de la victimización repetida, el cual es central para decidir grupos vulnerables y acciones de prevención.
En síntesis, es necesario conocer la distribución de la victimización y resumirla por medio de las tres medidas centrales previas. Medir la incidencia, la prevalencia y la concentración es indispensable para decidir el tipo de acciones de política de prevención del delito que deben implementarse en cada lugar, entendiendo que cada lugar normalmente requiere acciones distintas en cantidades diferentes.
Por ejemplo, entre lo primero que se necesita hacer en el diagnóstico cuantitativo del problema de la victimización empresarial es determinar si la victimización local se relaciona más con una alta prevalencia o con una alta concentración. Hay decisiones estratégicas que tomar con base en si el problema es más de un tipo que de otro. Un escenario de alta concentración en la victimización, obliga a reaccionar con una concentración de acciones focalizadas en las víctimas potenciales del delito, por tipo de delito. Una alta concentración en la victimización nos habla de un lugar con elevados niveles de riesgo o de vulnerabilidad en un número selecto de empresas. Ahí la focalización y la concentración de recursos en las empresas víctimas más probables o frecuentes es la estrategia a seguir para lograr una reducción significativa en los niveles locales de victimización contra el sector empresarial. Una concentración de la victimización (y del daño del delito) sólo puede suceder si una empresa tiene más probabilidad de victimización que otra en el mismo lugar.12 Y como se verá en la siguiente sección, en México la concentración de la victimización en un número de empresas explica una buena parte de los problemas de cada entidad federativa.
A la inversa, en lugares con alta prevalencia y menores niveles de concentración de la victimización, lo que se requiere son acciones de política preventiva más extensivas y generales para beneficio de una variedad más amplia de empresas potencialmente víctimas. Como en estos lugares el riesgo de la victimización se distribuye de manera más uniforme y la probabilidad está menos concentrada en unas pocas o selectas víctimas, las acciones preventivas deben estar menos focalizadas y mejor deben llegar a un mayor número de empresas víctimas potenciales. Entiéndase que en estos casos, la probabilidad de victimización no está concentrada sino que está dispersa; cualquier empresa puede ser víctima del delito.
Es así que el análisis del problema delictivo requiere saber si éste es consecuencia de un cambio en la prevalencia o en la concentración o de una combinación de ambas, y no solamente de su incidencia. Finalmente en este punto, sólo cabría agregar que en la evaluación de una política de prevención, los indicadores de impacto necesitan incluir mediciones de cambio en los niveles de prevalencia y concentración, y de nuevo, no sólo de incidencia.
LAS CARACTERÍSTICAS ELEMENTALES DE LA VICTIMIZACIÓN EMPRESARIAL EN MÉXICO
Las características elementales de la victimización empresarial que se analizan a continuación son la prevalencia, la concentración y la incidencia. Se incluye un análisis comparativo de tasas de victimización entre empresas y hogares para efectos de comprender la magnitud del problema público que enfrentan ambos tipos de víctimas del delito.
Análisis de prevalencia
Empezando por la tasa de prevalencia delictiva, es decir, el número de empresas victimizadas entre mil, el cuadro 3 muestra que entre 2011 y 2013, esta tasa se redujo significativamente, por motivos de una reducción en el número de empresas victimizadas entre el total; cabe destacar que el número de empresas en el país en ese bienio aumentó 2.1 por ciento, pero la proporción de empresas víctimas del delito se redujo 8.1 por ciento.
Cuadro 3 Prevalencia en los delitos contra las empresas, 2011 y 2013
| Empresas | Víctimas | Tasa* | |
| 2011 | 3 717 291 | 1 389 000 | 373.7 |
| 2013 | 3 793 806 | 1 276 018 | 336.3 |
| Cambio | 2.1% | -8.1% | -37.4% |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a). *Las tasas se presentan por cada mil unidades económicas.
En cuanto a la distribución geográfica de esta victimización, e iniciando con 2011, tenemos que un total de quince estados en el país tuvieron una tasa superior a la tasa nacional de 373.7 unidades victimizadas por cada mil unidades económicas o empresas. En 2013, otra vez quince estados se hallaron por encima de la tasa media nacional, pero ahora de 336.3 empresas por cada mil, lo cual representa una disminución significativa en el ámbito nacional y muy importante para algunos estados en particular. Destacan las reducciones relativas en la victimización empresarial en Nuevo León, Durango, Nayarit, Sonora, San Luís Potosí y el Distrito federal, todos con reducciones mayores de 30 por ciento. No obstante, se registraron incrementos de victimización empresarial superiores a 20 por ciento en Puebla, Michoacán y Campeche. Nótese también que cada estado tiene su delito más frecuente (cuadro 4) y no todos adolecen en la misma medida de los robos o asaltos de dinero, bienes o mercancías. En algunos estados, el robo hormiga es el delito más común, mientras que otros sufren más de extorsiones (Estado de México, Guerrero, Nuevo León y Tamaulipas) y otros más sufren de fraude (Morelos, Veracruz y Yucatán) o bien de actos de corrupción (Hidalgo y Tlaxcala). En todo caso, entre 2011 y 2013 hubo una mejora muy notable en las tasas de victimización: una reducción de 37 empresas victimizadas por cada mil en sólo dos años y un total de 23 estados en donde se redujo la prevalencia en la victimización (mapa 1).
Es importante notar que la mayor parte de los estados redujeron su tasa de victimización de forma cercana al promedio nacional, con pocos estados muy por encima o muy por debajo de la media del cambio nacional. Esto puede llegar a significar que los cambios estatales en años siguientes tengan este comportamiento similar a una distribución normal, o de cambios cercanos a la media nacional.
Cuadro 4 Tasas de prevalencia delictiva empresarial por estado, 2011 y 2013*
| 2011 | 2013 | Cambio absoluto | Delito más frecuente** | |
| Estados Unidos Mexicanos | 373.7 | 336.3 | -37.4 | Robo/asalto |
| Aguascalientes | 399.1 | 352.2 | -46.9 | Robo/asalto |
| Baja California | 450.4 | 448.6 | -1.8 | Robo/asalto |
| Baja California Sur | 394.0 | 337.4 | -56.6 | Robo/asalto |
| Campeche | 302.5 | 376.2 | 73.7 | Robo hormiga |
| Chiapas | 266.5 | 260.7 | -5.8 | Robo hormiga |
| Chihuahua | 381.2 | 286.6 | -94.6 | Robo/asalto |
| Coahuila | 386.4 | 283.7 | -102.7 | Robo/asalto |
| Colima | 320.2 | 263.2 | -57.0 | Robo hormiga |
| Distrito Federal | 415.2 | 284.4 | -130.8 | Robo/asalto |
| Durango | 433.3 | 247.5 | -185.8 | Robo/asalto |
| Estado de México | 478.1 | 424.7 | -53.4 | Extorsión |
| Guanajuato | 464.0 | 392.9 | -71.1 | Robo/asalto |
| Guerrero | 299.5 | 246.4 | -53.1 | Extorsión |
| Hidalgo | 333.8 | 386.7 | 52.9 | Actos de corrupción |
| Jalisco | 361.8 | 410.2 | 48.4 | Robo hormiga |
| Michoacán | 293.6 | 386.5 | 92.9 | Robo/asalto |
| Morelos | 399.2 | 377.1 | -22.1 | Fraude |
| Nayarit | 390.0 | 248.5 | -141.5 | Robo/asalto |
| Nuevo León | 487.0 | 255.7 | -231.3 | Extorsión |
| Oaxaca | 334.7 | 345.4 | 10.7 | Robo hormiga |
| Puebla | 308.3 | 428.6 | 120.3 | Robo/asalto |
| Querétaro | 360.8 | 340.5 | -20.3 | Robo/asalto |
| Quintana Roo | 399.8 | 352.0 | -47.8 | Robo/asalto |
| San Luis Potosí | 313.5 | 211.1 | -102.4 | Robo/asalto |
| Sinaloa | 384.0 | 319.8 | -64.2 | Robo/asalto |
| Sonora | 440.3 | 291.8 | -148.5 | Robo/asalto |
| Tabasco | 328.1 | 253.5 | -74.6 | Robo/asalto |
| Tamaulipas | 294.2 | 279.7 | -14.5 | Extorsión |
| Tlaxcala | 343.2 | 347.6 | 4.4 | Actos de corrupción |
| Veracruz | 265.4 | 258.0 | -7.4 | Fraude |
| Yucatán | 275.0 | 289.6 | 14.6 | Fraude |
| Zacatecas | 230.9 | 255.5 | 24.6 | Robo/asalto |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a) y la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2012b, 2014b). *Las tasas se presentan por cada mil unidades económicas. **En 2013.
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (INEGI, 2012a, 2014a)
Mapa 1 Estados en donde disminuyó (0) y aumentó (1) la prevalencia de delitos contra las empresas, 2011 a 2013
Algo que llama la atención es la ausencia de evidencia de una correlación estadísticamente significativa entre las tasas de prevalencia (o tasas de empresas victimizadas) entre 2011 y 2013. El coeficiente de correlación sugiere una relación positiva, es decir, parecería que donde se registraron tasas elevadas de prevalencia en 2011 también se registraron en 2013. Pero, de nuevo, este coeficiente podría no ser diferente de cero por simple azar dentro de una curva normal de probabilidades. Dicho de otra manera, las proporciones estatales de empresas victimizadas en 2013 no se relacionan, al menos probabilísticamente, con las proporciones correspondientes en el periodo de medición anterior de 2011. La implicación es teóricamente sustancial: no se podrían predecir las tasas estatales de prevalencia de 2013 exclusivamente sobre la base de la tasas de 2011. Esto es ciertamente una anomalía estadística en cuanto a que en general las tasas de prevalencia e incidencia delictiva se correlacionan en el tiempo, al menos en el corto plazo, como se esperaría en este bienio. Las causas de esta ausencia de evidencia de una autocorrelación temporal nos son desconocidas, pero ameritan un mayor análisis.
Ahora bien, aunque las tasas de prevalencia estatales de 2011 no predicen las tasas de 2013, la tasa de 2011 sí puede predecir el cambio en la tasa en el bienio. Es decir, los cambios en las tasas estatales sí parecen poseer un patrón probabilístico reconocible. Concretamente, como patrón general, se observa que aquellos estados del país que presentaron tasas elevadas de victimización empresarial durante el año 2011, también tuvieron mejoras significativamente mayores (reducciones en las tasas) que aquellos estados que tenían tasas de victimización bajas dos años antes (cuadro 5).
Cuadro 5 Correlaciones entre tasas de prevalencia delictiva empresarial
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. Tasa general de victimización 2011 | - | 0.280 | -0.615*** |
| 2. Tasa general de victimización 2013 | 0.280 | - | 0.581*** |
| 3. Cambio 2011-2013 | -0.615*** | 0.581*** | - |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a). **p < 0.05 y ***p < 0.01. N = 32.
En términos de política pública, lo que este patrón correlacional implica es que, de proseguir o confirmarse esta correlación entre una alta tasa de victimización empresarial con mejoras o avances temporalmente rápidos o notables en términos de reducir el problema, si esto se repite durante varios periodos siguientes, podríamos concluir tentativamente que podemos esperar mejoras rápidas en aquellos estados que poseen tasas de victimización altas inicialmente. Es decir, que los mayores avances se pueden dar en los lugares con las peores condiciones iniciales. No obstante esto es tentativo en este momento y requeriría series de tiempo más largas y el uso de controles estadísticos.
Ahora bien, ¿estas cifras de victimización contra las empresas mexicanas son elevadas o no? Esto sólo se podría responder desde un punto de vista comparativo. A este respecto, un estudio previo en Jamaica indica que 65 por ciento de las empresas fueron victimizadas en el año 2001 (Del Frate, 2004). Otro estudio de 2004 en Ucrania encuentra que alrededor de la mitad de los empresarios en Odesa, Ucrania, fueron víctimas del delito, y en particular lo fueron por parte del crimen organizado (Tulyakov y Tulyakov, 2004). Pero la fuente de información que nos da más detalles y posibilidades comparativas es la encuesta piloto de victimización empresarial que se realizó durante el año 2011 en la Unión Europea (Dugato, 2014). Sobre la base de esta información de actos de victimización contra empresas reportados por las mismas y que ocurrieron entre mayo de 2011 y septiembre de 2012,13 tenemos que el porcentaje de empresas victimizadas en México durante 2011 se encontraría alrededor del conjunto de la Unión Europea, con 37.4 por ciento versus 36.4 por ciento respectivamente.
Cuadro 6 Porcentaje de empresas victimizadas al menos una vez por país, 2011 y 2012
| País | Porcentaje |
| Bélgica | 56.6 |
| Estonia | 56.1 |
| Grecia | 54.3 |
| Suecia | 46.7 |
| Portugal | 43.2 |
| Bulgaria | 41.4 |
| Austria | 40.5 |
| Letonia | 39.6 |
| Finlandia | 39.5 |
| Chipre | 39.5 |
| Eslovenia | 38.8 |
| México | 37.4 |
| Unión Europea | 36.4 |
| Reino Unido | 36.1 |
| Irlanda | 34.3 |
| Dinamarca | 32.8 |
| España | 31.7 |
| Francia | 30.9 |
| Eslovaquia | 29.3 |
| Lituania | 28.2 |
| Rumania | 26.9 |
| Hungría | 25.7 |
Fuente: European Business Crime Survey (2012) e INEGI (2012a).
Nótese que una diferencia fundamental entre el caso de México y el de la Unión Europea es que solamente uno por ciento de los delitos cometidos contra las empresas en esa región del mundo correspondieron a actos de corrupción, mientras que en México fueron casi 25 por ciento.14 Esto se muestra en la siguiente sección sobre incidencia.
Una última comparación importante se refiere a las tasas de prevalencia delictiva entre empresas y hogares. El cuadro 7 muestra los estadísticos descriptivos utilizando como base las entidades federativas. En este sentido, lo primero que se observa es el incrementos en la tasa de victimización en hogares y la baja en empresas; si en 2011 la tasa de victimización de empresas era mayor que en hogares, en 2013 la situación se revirtió para que en ese año hubiera una (ligera) mayor proporción de hogares que empresas víctimas del delito en el país. Esto se explica, en parte, por la notable reducción de delitos de corrupción cometidos contra las empresas en ese periodo. Si se incluyeran los delitos de corrupción (de cualquier tipo de los cometidos por funcionarios públicos) contra los hogares en su encuesta respectiva, es probable que la victimización en tales hogares aumentara significativamente.
Cuadro 7 Estadísticos descriptivos de la prevalencia delictiva en empresas y hogares, 2011 y 2013
| 2011 | 2013 | Cambio 2011-2013 | |
| Empresas | |||
| Tasa general | 373.7 | 336.3 | -37.4 |
| Media aritmética | 360.4 | 320.1 | -40.4 |
| Desv. estándar | 66.8 | 64.8 | 78.7 |
| Hogares | |||
| Tasa general | 304.3 | 339.0 | 34.7 |
| Media aritmética | 280.5 | 300.9 | 8.7 |
| Desv. estándar | 56.7 | 71.8 | 20.6 |
Fuente: INEGI (2012a, 2014a; 2012b, 2014b).
Cuadro 8 Correlaciones entre tasas de prevalencia delictiva en empresas y en hogares, 2011 y 2013
| Tasa general de victimización de hogares 2011 | Tasa general de victimización de hogares 2013 | Cambio en la tasa general de victimización de hogares 2011-2013 | |
| Tasa general de victimización de empresas 2011 | 0.546*** | 0.338 | -0.226 |
| Tasa general de victimización de empresas 2013 | 0.248 | 0.458*** | 0.210 |
| Cambio en la tasa general de victimización de empresas 2011-2013 | -0.260 | 0.091 | 0.364** |
Fuente: INEGI (2012a, 2012b, 2014a, 2014b). **p < 0.05 y ***p < 0.01. N = 32.
Cabe por último presentar algunas correlaciones en el ámbito estatal entre las tasas de prevalencia en empresas y hogares. Por ejemplo, se debe mencionar la correlación positiva entre ambas tasas durante los dos años y para el cambio observado en el periodo, es decir, que como patrón general, se puede ver que los estados que poseen tasas elevadas de victimización contra empresas también poseen tasas elevadas para hogares (véase el cuadro 8).
Análisis de concentración e incidencia
Acabamos de ver que la prevalencia delictiva se redujo significativamente entre 2011 y 2013 en el ámbito de los estados del país, pero que tales cifras estatales no se relacionan entre ellas, es decir que los niveles estatales de prevalencia delictiva en 2013 no pueden predecirse con base en los niveles de 2011. No obstante, sí se pudo detectar que aquellos estados que más redujeron sus tasas en el periodo fueron aquellos que en 2011, o al inicio del periodo, tenían los niveles de prevalencia delictiva mayores; o viceversa, es decir, fueron los estados con los mejores niveles de seguridad en 2011 los que registraron un menor nivel de reducción en sus tasas delictivas contra las empresas entre 2011 y 2013.
Esto nos lleva de forma natural a querer saber el número total de delitos cometidos cada año contra cada unidad de análisis victimizada, es decir, el promedio de delitos por empresa o la llamada concentración delictiva. La concentración de delitos por víctima es una medida adicional a la prevalencia y contribuye a estimar el grado de vulnerabilidad de las empresas en cada estado. Se entiende por vulnerabilidad delictiva la condición de incapacidad para evitar la victimización, en este caso, repetida o múltiple. Nótese que el promedio de delitos ocurridos entre víctimas o concentración del delito sólo puede ser superior a uno si la victimización es repetida o múltiple, es decir, si algunas víctimas fueron victimizadas en más de una ocasión por el mismo o por otro delito. Evidentemente un promedio de cifra mayor corresponde a un nivel mayor de victimización repetida o múltiple, es decir, un mayor grado de vulnerabilidad frente al delito.
A este respecto, las buenas noticias son que el número total de delitos cometidos contra las empresas se redujo en 42 por ciento entre 2011 y 2013. El sector empresarial pasó de registrar 4.3 millones de delitos en 2011 a registrar 2.5 millones de delitos en 2011. Nótese que en la sección anterior vimos que la proporción de empresas victimizadas se redujo en 8 por ciento. Ambas cifras, el cambio en el número de empresas victimizadas, y el cambio en el número de delitos cometidos, reflejan una dinámica o variabilidad descomunal en los grados de vulnerabilidad delictiva de las empresas; esto por decir poco. Si en 2011 se cometían 3.1 delitos por empresa, en 2013 ese promedio, o concentración del delito, se redujo a 2.1 delitos (véase cuadro 5). De nuevo esto sucedió por dos vías: una reducción en el número de víctimas y una reducción en el número de delitos (cuadro 9).
Cuadro 9 Concentración de delitos en empresas victimizadas, 2011 y 2013*
| Víctimas | Delitos ocurridos | Promedio (concentración) | |
| 2011 | 1 389 000 | 4 276 018 | 3.1 |
| 2013 | 1 276 018 | 2 520 584 | 2.0 |
| Total | 2 665 018 | 6 845 113 | 2.6 |
| Cambio (%) | -8.1 | -41.7 | -1.1 |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a).
Aquí considérese que el promedio de delitos por empresa (concentración delictiva), sería la cifra esperada de delitos por empresa si todas las empresas fueran iguales en cuanto a su probabilidad de ser victimizadas, lo cual es presumiblemente falso. La concentración es una medida general y necesaria de calcular para efectos de entender el problema de forma inicial, pero ha de saberse que estas probabilidades varían geográficamente, por sector de la economía y por tamaño de la empresa. Así que el riesgo o vulnerabilidad empresarial frente al delito sí se redujo entre 2011 y 2013, pero esta reducción no es generalizable a todas las empresas en todos los estados. La cifra esperada de delitos por empresa no es uniforme en el ámbito nacional.
Visto en el ámbito de los estados, las mayores reducciones en el número promedio de víctimas se presentaron en el Distrito Federal, Sinaloa, Baja California y Chihuahua, en donde el promedio de víctimas se redujo en más de dos delitos por víctima en estos dos años. A este ritmo, la victimización delictiva desaparecería en los dos siguientes años en estos estados. En general, no hubo ningún estado en donde el promedio de delitos por empresa, es decir, la vulnerabilidad delictiva, se haya incrementado. Los cambios o mejoras fueron mayores o menores en algunos estados, pero todos mejoraron en este indicador victimológico (cuadro 10).
Es importante notar que el cambio en la concentración delictiva también sigue un comportamiento normal, es decir, los cambios absolutos y relativos en los promedios de delitos por empresa en los estados estuvieron alrededor de la media de todos los estados.15
Cuadro 10 Promedio de delitos entre víctimas empresas por estado, 2011 y 2013*
| 2011 | 2013 | Cambio | |
| Estados Unidos Mexicanos | 3.1 | 2.0 | -1.1 |
| Aguascalientes | 2.9 | 1.7 | -1.2 |
| Baja California | 3.9 | 1.7 | -2.2 |
| Baja California Sur | 2.9 | 1.9 | -1.0 |
| Campeche | 2.4 | 2.0 | -0.4 |
| Coahuila | 2.2 | 1.8 | -0.5 |
| Colima | 2.3 | 1.6 | -0.7 |
| Chiapas | 2.2 | 1.8 | -0.4 |
| Chihuahua | 4.1 | 2.0 | -2.1 |
| Distrito Federal | 4.2 | 1.8 | -2.4 |
| Durango | 3.6 | 1.7 | -1.9 |
| Guanajuato | 2.9 | 2.1 | -0.8 |
| Guerrero | 2.8 | 2.2 | -0.7 |
| Hidalgo | 3.3 | 2.5 | -0.7 |
| Jalisco | 2.8 | 1.6 | -1.2 |
| Estado de México | 2.2 | 2.0 | -0.2 |
| Michoacán | 2.9 | 1.8 | -1.1 |
| Morelos | 4.3 | 2.8 | -1.5 |
| Nayarit | 2.4 | 1.9 | -0.5 |
| Nuevo León | 4.1 | 2.3 | -1.8 |
| Oaxaca | 3.3 | 2.2 | -1.1 |
| Puebla | 3.6 | 2.1 | -1.5 |
| Querétaro | 2.2 | 1.7 | -0.5 |
| Quintana Roo | 2.5 | 1.9 | -0.6 |
| San Luis Potosí | 3.3 | 1.8 | -1.5 |
| Sinaloa | 5.0 | 2.6 | -2.4 |
| Sonora | 2.7 | 2.0 | -0.7 |
| Tabasco | 3.1 | 1.8 | -1.3 |
| Tamaulipas | 2.5 | 2.0 | -0.5 |
| Tlaxcala | 3.2 | 2.4 | -0.8 |
| Veracruz | 3.0 | 2.0 | -1.0 |
| Yucatán | 2.5 | 2.4 | -0.1 |
| Zacatecas | 2.2 | 1.7 | -0.5 |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a).
Cuadro 11 Correlaciones entre tasas de prevalencia delictiva empresarial
| 1 | 2 | 3 | |
| Concentración de delitos 2011 | - | 0.474*** | -0.913*** |
| Concentración de delitos 2013 | 0.474*** | - | -0.073 |
| Cambio 2011-2013 | -0.913*** | -0.073 | - |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a). **p < 0.05 y ***p < 0.01. N = 32.
En términos de la relación entre 2011 y 2013 para este indicador de vulnerabilidad delictiva, a diferencia de lo que se vio en los niveles de prevalencia en cuanto a la ausencia de una correlación entre 2011 y 2013 en el ámbito de los estados, en este caso, para la concentración delictiva o promedio de delitos por empresa, sí se detecta una correlación entre años (cuadro 11). Es decir, en este caso, los promedios estatales de delitos por empresa victimizada en 2011 sí pueden predecir los promedios respectivos en 2013. Es decir, como patrón general, estados con altos niveles de vulnerabilidad delictiva por la vía de la concentración de delitos en 2011, también registraron niveles altos de vulnerabilidad delictiva en 2013.
Pero una correlación incluso más fuerte, se puede detectar entre la concentración delictiva en 2011 y el cambio para el bienio 2011-2013. En este caso, se observa una correlación negativa y casi perfecta entre ambas variables, es decir, que a mayor concentración del delito (en unas pocas víctimas) en 2011, correspondió una mayor reducción en tal concentración del delito en 2013. Dicho de otra manera, los estados con altas cifras de concentración de delitos en empresas tuvieron los decrementos (o mejoras) más importantes en este indicador.
Igualmente se detectó una correlación positiva entre la concentración delictiva en 2011 y la tasa de prevalencia ese mismo año.16 Es decir, que un mayor número de empresas victimizadas en 2011 conllevó como característica victimológica un mayor número de delitos ocurridos en un número reducido de empresas; pero esa correlación sólo se presenta para 2011. En 2013 no se detecta una correlación estadísticamente significativa entre ambos indicadores victimológicos, concentración y prevalencia, en el ámbito de los estados.
Cuadro 12 Incidencia delictiva por tipo de delito, 2011 y 2013
| 2011 | 2013 | Cambio abs. | Cambio (%) | |
| Total | 4 324 529 | 2 520 584 | -1 803 945 | -41.7 |
| Robo/asalto de bienes o dinero | 978 517 | 581 701 | -396 816 | -40.6 |
| Extorsión | 628 912 | 412 538 | -216 374 | -34.4 |
| Fraude | 369 575 | 274 803 | -94 772 | -25.6 |
| Robo de mercancía en tránsito | 254 861 | 203 388 | -51 473 | -20.2 |
| Robo de accesorios de vehículo | 254 186 | 168 029 | -86 157 | -33.9 |
| Daños a instalaciones, maquinaria o equipo | 138 233 | 43 534 | -94 699 | -68.5 |
| Robo total de vehículo | 78 645 | 58 440 | -20 206 | -25.7 |
| Actos de corrupción | 1 066 374 | 284 015 | -782 359 | -73.4 |
| Robo hormiga | 515 957 | 454 722 | -61 235 | -11.9 |
| Otros delitos | 39 269 | 39 415 | 146 | 0.4 |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a).
Finalmente, se muestra la incidencia por tipo de delito, lo cual nos lleva a observar la enorme reducción en el número de delitos reportados por las mismas empresas entre 2011 y 2013. No solamente se redujo la tasa de víctimas y el número de delitos por víctima, sino que se modificó sustancialmente la composición de los delitos cometidos contra las empresas. La reducción total es de 1.8 millones de delitos, equivalente a una reducción de casi 42 por ciento (cuadro 12). La mayor reducción en términos absolutos se presentó en los actos de corrupción, con casi 800 mil reportes de incidentes menos en 2013 frente a 2011, seguida por la reducción en los robos de bienes o dinero con casi 400 mil incidentes menos y de extorsiones con 200 mil incidentes menos.
Precisamente ésta es una reducción delictiva tan rápida y de tal magnitud que no se podría explicar sin un cambio en la composición de la delincuencia. El cuadro 13 muestra la distribución porcentual de delitos por tipo de delito. Al respecto podemos ver que si en 2011, el tipo de delito reportado con más frecuencia por los empresarios eran los actos de corrupción, con casi uno de cada cuatro delitos, y cabe mencionar en donde las autoridades tienen un rol fundamental e inicial en su comisión, este tipo de delitos se redujo hasta constituir 11 por ciento del total en sólo dos años. No sólo se redujeron significativamente, sino que además dejaron de ser los delitos más frecuentes.
Es necesario aclarar aquí que el conjunto de preguntas en la encuesta dirigidas a medir los delitos de corrupción cambiaron parcialmente entre 2011 y 2013, pero es improbable, si no imposible, que estos cambios hayan influido en las posibilidades de comparación entre ambos levantamientos. Esto se deduce sobre la base de que estos cambios no son contradictorios ni excluyentes entre sí. El cuadro 14 muestra, para ambos años o vueltas de la encuesta, las preguntas contenidas en el módulo que existe expresamente al respecto de la corrupción. Se puede desprender de la lectura de las mismas que los agentes participantes de los actos de corrupción (servidor público, coyote, empleado de gobierno) y los objetos de los actos de corrupción (regalo, favor o dinero) son exactamente iguales en ambos levantamientos. Incluso, para el año en que se registró el descenso abrupto en los reportes de actos de corrupción, el número de preguntas consideradas en este módulo aumentó, haciendo también más precisa la detección de este tipo de actos. Por los motivos anteriores no podemos atribuir el descenso tan abrupto en el reporte de actos de corrupción a diferencias metodológicas en la encuesta.
Cuadro 13 Composición porcentual de la incidencia delictiva por tipo de delito, 2011 y 2013
| 2011 | 2013 | |
| Total absoluto | 4 324 529 | 2 520 584 |
| Total relativo (%) | 100.0 | 100.0 |
| Robo/asalto de bienes o dinero (%) | 22.6 | 23.1 |
| Extorsión (%) | 14.5 | 16.4 |
| Fraude (%) | 8.5 | 10.9 |
| Robo de mercancía en tránsito (%) | 5.9 | 8.1 |
| Robo de accesorios de vehículo (%) | 5.9 | 6.7 |
| Daños a instalaciones, maquinaria o equipo (%) | 3.2 | 1.7 |
| Robo total de vehículo (%) | 1.8 | 2.3 |
| Actos de corrupción (%) | 24.7 | 11.3 |
| Robo hormiga (%) | 11.9 | 18.0 |
| Otros delitos (%) | 0.9 | 1.6 |
Fuente: Elaboración propia con base en INEGI (2012a, 2014a).
Así, tenemos que los delitos más frecuentes para ambos años son los robos y asaltos de bienes o dinero, las extorsiones, los delitos de corrupción, el robo hormiga17 y el robo total o parcial de vehículo, en ese orden. Estos delitos acumulan 61.8 por ciento de todos los delitos cometidos contra las empresas en 2011 y 2013. Específicamente, en este bienio, alrededor de uno de cada cuatro delitos fue un robo o asalto de bienes o dinero, uno de cada seis fue una extorsión, y uno de cada siete fueron delitos relacionados con actos de corrupción. Pero como es de esperarse, también hay diferencias notables por sector de la economía y por tamaño de la empresa. No todos los delitos ocurren con la misma frecuencia en todos los sectores de la economía y tipos de empresas según su tamaño. Estas variaciones composicionales requieren un estudio especializado y no general e introductorio como el presente. Igualmente, la reducción en el reporte de actos de corrupción requiere un mayor análisis, posiblemente con el uso de microdatos.
Cuadro 14 Preguntas en el módulo de actos de corrupción, 2012 y 2014
| 2012 | 2014 |
| 31. Durante 2011, ¿al establecimiento algún servidor público le pidió de manera expresa algún regalo, favor o dinero? ¿Cuántas veces? | 29. Durante 2013, ¿un empleado de gobierno intentó apropiarse de algún beneficio (dinero, regalos o favores) que el establecimiento pudiera otorgarle? ¿Cuántas veces? |
| 32. Durante 2011,¿una tercera persona o coyote le pidió dar un regalo o dinero, a nombre de un servidor público? ¿Cuántas veces? | 30. Durante 2013, ¿al establecimiento algún empleado de gobierno le pidió de manera directa algún regalo, favor o dinero? ¿Cuántas veces? |
| 33. ¿El servidor público insinuó o propició las condiciones para dar un regalo o dinero? ¿Cuántas veces? | 31. Durante 2013, ¿una tercera persona o coyote le pidió dar un regalo, favor o dinero, a nombre de un empleado de gobierno? ¿Cuántas veces? |
| 34. ¿Cuál fue la cantidad total que el(los) servidor(es) público(s) se apropió(aron) durante 2011? | 32. Durante 2013, ¿el empleado insinuó o propició las condiciones para dar un regalo, favor o dinero? ¿Cuántas veces? |
| 35. Dentro del rango que menciona, ¿podría decirme cuál fue la cantidad aproximada que el (los) servidor(es) público(s) se apropió(aron) durante 2011? | 33. En total, ¿cuántos actos de corrupción distintos sufrió durante 2013? |
| 34. ¿Cuál fue la cantidad total que el(los) empleados de gobierno se apropió(aron) durante 2013? | |
| 35. Dentro del rango que menciona, ¿podría decirme cuál fue la cantidad aproximada que el(los) empleado(s) de gobierno se apropió(aron) durante 2013? |
Fuente: Módulo VI de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (INEGI, 2012a, 2014a). https://www.rapidgator.net/article/premium
DISCUSIÓN PARA POLÍTICA PÚBLICA
Uno de los motivos que convierte la seguridad pública en un área de investigación tan importante e intelectualmente sugerente es la enorme variedad de formas de sus objetos de estudio, la violencia y la delincuencia. Otro motivo, por supuesto, es su relevancia pública. A continuación, se discuten algunas de las implicaciones de los hallazgos desde una perspectiva política de prevención del delito a favor de las empresas.
Uno de los hallazgos de fundamental importancia es la existencia de una correlación positiva, primero, entre la concentración delictiva (o victimización repetida o múltiple) en 2011 y 2013, y segundo, de una correlación negativa entre la concentración delictiva en 2011 y su cambio en el periodo 2011 a 2013. Estas dos correlaciones unidas nos muestran una implicación elemental de acción política: la probabilidad de observar una reducción en la tasa general de victimización es baja si no se protege a las empresas más vulnerables al delito, es decir, a aquellas que son victimizadas de forma múltiple o repetida. La lógica que sostiene esta implicación es que, según las evidencias disponibles, sólo se puede reducir la tasa de victimización empresarial si se reduce la tasa de victimización repetida o múltiple; esto en el ámbito de cada estado y como patrón general. Lo contrario no es previsible o al menos no es evidenciable por el momento.
Debido a lo anterior, las empresas víctimas múltiple o repetidamente deberían ser un grupo victimológico prioritario para dirigir apoyos dentro de una política nacional de prevención del delito contra el sector productivo. Desafortunadamente, mientras se escribe esta sección y a mi saber, no existe en el país una política (como tal) de prevención del delito a favor de las empresas, aunque sí existe para los hogares.18
A la implicación anterior se debe sumar el hallazgo de que la intensidad de la victimización empresarial (medida por el promedio de delitos por empresa victimizada) parece estar determinado, hasta cierto punto, geográficamente. Es decir, el empresariado y en especial el más vulnerable delictivamente, debería ser apoyado considerando las características composicionales sociales y económicas de los estados y, seguramente, de los municipios en donde operan. Estos apoyos debe rían tener una lógica geográfica. Lo anterior debe considerarse en siguientes discusiones, sean políticas o puramente académicas, porque si el hallazgo de la variación geográfica en la victimización empresarial no se considera adecuadamente, ¿cuál sería la utilidad real de una política de prevención a favor de los empresarios en unos lugares frente a otros?
Dicho lo anterior, también es importante hacer notar que no hay una sola estrategia política, acción, o actor que por sí solo pueda prevenir, reducir y controlar este problema de la delincuencia contra las empresas. Esta premisa se extendería básicamente a cualquier área de política. En este caso, una política preventiva comprehensiva se produciría cuando, una vez definidos los medios y metas, cada actor involucrado se pudiera concentrar en los mecanismos de prevención a su cargo.
¿Cuáles son estos actores y mecanismos? A mi parecer, los actores principales, al menos en una primera línea de intervención sobre el problema, serían los mismos empresarios, las policías estatales y locales, las secretarías de seguridad pública estatales, las autoridades fiscales y el sector académico. Los mecanismos, por ende, incluirían medios de política preventiva situacional, social, de facilidades fiscales y asesoría. Por ejemplo, tanto los empresarios como las policías podrían trabajar colaborativamente para reducir las oportunidades criminales por medio de una patrullamiento estratégico, plataformas tecnológicas19 y respuesta oportuna, todo esto en coordinación mutua. De una manera similar, las secretarías de seguridad deberían considerar al empresariado y sus asociaciones en la consulta de factores de riesgo y soluciones y en la formulación de planes y operativos locales. La consulta con la población residente y los operarios y dueños de negocios es un elemento muy importante para la definición y desarrollo exitoso de estrategias de prevención locales. El fisco podría hacer deducibles las inversiones realizadas en mecanismos de protección en los negocios.20 Nótese que entre 2011 y 2013, el empresariado destinó más de 89 mil millones de pesos21 en el rubro “gastos en medidas de protección” (INEGI, 2012a, 2014a). Por último, la academia puede aportar análisis y recomendaciones basadas en evidencia y pruebas de teorías. La actividad criminal puede analizarse y modelarse para efectos no sólo de diagnóstico sino de pronóstico.
Siguiendo en este orden de ideas sobre los actores y mecanismos de solución, un problema complejo tiene que ver con el hallazgo de que una gran parte de los delitos que sufren las empresas son del tipo de corrupción, es decir, de actos en donde el victimario es un funcionario público. Frente a este tipo de delitos, ni los mecanismos de prevención situacional (por ejemplo sistemas de CCTV) ni social (por ejemplo eficacia colectiva) son efectivos frente a esta modalidad delictiva. Si bien la corrupción tiene elementos estructurales (por ejemplo cultura de tolerancia) y situacionales (por ejemplo oportunidad criminal), sus soluciones apuntan más hacia la implementación de controles burocráticos para reducir los riesgos y las recompensas de la misma (Graycar y Prenzler, 2013).
Debe agregarse en este punto, que llama la atención el descenso observado en los reportes empresariales por este tipo de delitos entre 2011 y 2013. Muchos otros delitos se redujeron en el mismo periodo, pero no de la forma que lo hicieron los reportes de corrupción. Se desconocen las razones de este descenso lo que hace indispensable su futuro estudio. Se supone que el descenso no se debe a cambios en las mediciones o reactivos de la encuesta en las dos vueltas de la misma, las cuales no cambiaron sustancialmente, ni son obsoletas conceptualmente. Los reactivos parecen apropiados en cuanto a que capturan una amplia variedad de conductas tipificadas como delitos dentro de los que se pueden considerar como tales y que sólo pueden ser cometidos por funcionarios públicos. En todo caso, queda como una pregunta abierta saber los motivos de esta reducción en los actos de corrupción contra las empresas.
Para concluir, el lector debe saber que si bien existen soluciones para reducir y prevenir la victimización del sector productivo, estas soluciones también tienen limitaciones y no están exentas de posibles efectos adversos imprevisibles en este momento o más adelante. La prevención del delito no es materia de experimentación científica, pero sí requiere tener un acervo de conocimiento sobre las buenas y las malas prácticas. En todo caso, en el contexto presente, lo que se debe buscar rápida y colaborativamente, es una reducción del daño económico y de los efectos negativos que tiene en la sociedad un empresariado asediado por el delito.
