INTRODUCCIÓN

Es lugar común que el modelo de contabilidad social (MCS) se aplique a partir de la matriz de insumo producto (MIP), pues numerosos desarrollos econométricos describen y analizan al sistema económico a través de la interacción de los sectores de actividad, los cuales retoman el planteamiento teórico y técnico de ^{Leontief (1966)}, que identifica condiciones de estructura productiva mediante funciones de demanda y oferta, de uso final o insumos.

Esta diversidad de estudios emplea diferentes modelos axiomáticos, de carácter multisectorial regionales y por agente económico; en todos ellos la tendencia es priorizar el modelo de equilibrio general (MEG) además de tomar en cuenta la racionalidad en la toma de decisiones individuales, definida por la estructura, el funcionamiento y la dinámica del sector de actividad económica.

Independientemente de la complejidad técnica y matemática que implica el MCS, subyace el concepto teórico con que se analizan las variables y se delinea el cariz de la propuesta para resolver la problemática identificada. Este procesamiento e interpretación de resultados retoma el multiplicador keynesiano de gasto, cuya fuente teórica y conceptual se relaciona con la visión de gobierno y gasto funcional que comparten ^{Arestis (2007}; ²⁰⁰³⁾, ^{Forstater (2001)}, ^{Wray (2000)}, que a su vez retoman a ^{Minsky (1992)}, ^{Lerner (1944)} y ^{Keynes (1965)}.

El objetivo central de esta investigación es demostrar que es factible aplicar el MCS propuesto por el Sistema de Cuentas Nacionales (^{SCN, 1993}), a las cuentas por sectores institucionales de México (CSI), para analizar y evaluar aspectos específicos por medio del multiplicador propuesto por Keynes, como la estructura y la efectividad del gasto público federal destinado a la política asistencial en la formación de ahorro e inversión de los hogares asistidos.

El desarrollo metodológico axiomatiza las relaciones entre sectores de actividad y los sectores institucionales, acorde al esquema matricial del MCS. Aplica conceptos de contabilidad nacional, separa al gobierno federal del gobierno general y, mediante corte transversal a las cuentas de hogares, se identifican aquellas transacciones provenientes del gasto social y asistencial que reciben, delimitando aquellos hogares en extrema pobreza.

Para presentar el resultado de esta investigación, en el primer apartado se establecen las particularidades teóricas del modelo de contabilidad social (MCS); el segundo especifica las peculiaridades de emplear los sectores institucionales; en el tercero se formaliza axiomáticamente dicha implementación, una cuarta parte presenta las matrices de contabilidad social logradas y la metodología aplicada, finalmente se muestran resultados del análisis de multiplicadores orientado a la política social y asistencial del sector de hogares. En la fase final se proponen algunas conclusiones.

CONNOTACIÓN TEÓRICA DE LA CONTABILIDAD SOCIAL

Los MCS contienen la descripción estadística y contable que asocia una representación del acontecer social, en su procesamiento e interpretación. Mediante el análisis econométrico elucida los mecanismos, procedimientos y objetivos a conseguir, así como el espacio y tiempo que ocupa. Los MCS están estrechamente relacionados con la contabilidad nacional, que mide los fenómenos macroeconómicos, a partir de una derivación estadístico-analítica que describe las funciones de demanda y oferta e involucran a los agentes, destacan sus tipos, categorías sociales y los resultados de su actuación.

La interacción social que proponen los MCS no ha sido fácil de delimitar desde la perspectiva de cuentas nacionales, porque su planteamiento teórico y técnico describe categorías económicas y financieras, además la contabilidad económica es relativamente reciente en el desarrollo de la teoría económica. Walras (^{Walker y Daal, 2014}) formalizó una sistematización de las funciones de demanda y oferta; propuso que los individuos que poseen factores de producción (trabajo y capital) se integran en familias que demandan bienes producidos y empresas que demandan factores de producción y producen bienes, que mediante la tecnología interactúan retomando la Ley de Say; y supone que en el mercado, los precios de los factores son de equilibrio, porque la producción y el consumo se igualan para generar un equilibrio general. Este argumento sustenta su teoría de equilibrio general (TEG), que ha generado diversos estudios y aplicaciones con orientación teórica clásica y neoclásica.

La contabilidad nacional y la teoría económica están relacionadas estrechamente. La crisis de los años treinta evidenció la efectividad de las fuerzas de mercado para sostener por sí solas el equilibrio general. Keynes propuso contabilizar los flujos de demanda y oferta para identificar los problemas que afectaban a la demanda efectiva y desplazaban el equilibrio general; tendió el camino a la integración de un sistema de estadística derivada, que dio paso a la contabilidad social. Con su crítica a los dos postulados de la teoría clásica sobre la ocupación (1965), impulsó la heterodoxia económica como el camino crítico de la teoría clásica y neoclásica.

Así, Keynes cuestiona la efectividad del mercado para equilibrar la demanda con la oferta de los factores de producción y su distribución del ingreso, critica la fragilidad e imperfección de los mercados y además sustenta la participación del gasto de gobierno para incentivar y orientar la demanda efectiva. La prolongación de la crisis y el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial agudizaron dicho debate, y la necesidad de ampliar la medición macroeconómica incentivó la investigación sobre la forma y la dinámica en que se generan y distribuyen el ingreso y la riqueza entre los factores.

^{Kuznets (1937)} apoyó el posicionamiento teórico de Keynes, aportó la medida del producto interno bruto (PIB) como indicador general de crecimiento económico; en contraposición a la TEG, cuestiona el empleo del PIB per cápita como indicador de bienestar (^{1955: 4}). Concibe insuficiente este indicador para entender el bienestar económico y social entre países, además justifica la necesidad de estudiar las consecuencias en la distribución de beneficios entre el capital y el trabajo. Afirma que la medida de ingresos pagados queda lejos del nivel real de “ingresos gastados” y establece la necesidad de estudiar la estructura y función distributiva del ingreso generado en la producción.

Por su parte, Walras aportó los componentes de las funciones de demanda y oferta por tipo de agente económico. Keynes los formalizó proponiendo su medición, lo que representa la base de los cuadros de oferta y utilización (COyU), y junto con Kuznets habilitó el análisis de la demanda efectiva. Sin embargo, los estudios sobre circuitos de distribución y redistribución del ingreso son realizados por Richard Stone y James Meade (^{Stone y Stone, 1969}; ^{Stone, 1943}; ^{Stone et al., 1942}), dando a las cuentas nacionales la estructura general del proceso económico; además, delimitaron un modelo de registro contable en partida cuádruple que describe cómo se distribuyen la producción y el ingreso entre consumidores, productores, gobierno y el resto del mundo, lo que dio lugar al Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).

El SCN delimita el equilibrio general propuesto por Walras a partir del PIB obtenido del intercepto entre las funciones de demanda y oferta. Describe cómo el ingreso generado en la producción se ajusta por los impuestos, tasas de interés y transferencias intersectoriales; también explica cómo fluyen los recursos entre los factores y cómo se asignan al consumo, el ahorro y la inversión. Su estructura de cuentas “T” refiere el flujo circular de la economía, compila, clasifica y estructura los datos que validan a los agregados económicos de demanda, oferta, producto, ingreso nacional, ingreso disponible, ahorro, inversión y deuda, útiles para medir el desempeño económico.

^{Powelson (1958}; ¹⁹⁶³⁾ afirma que la contabilidad social como técnica de estudio de la economía debe sustentar el análisis y la planeación de los gobiernos, no solo para auxiliar su gestión, sino que al formar parte de la teoría económica tiene que funcionar de manera semejante a la estadística y la matemática en otras disciplinas. El SCN se identifica con estas materias en su aplicación al análisis económico, lo que determina su naturaleza como campo de estudio no homogéneo, dado que su estructura y función ha cambiado en el tiempo como producto del debate teórico y técnico.

La economía como ciencia social requiere de otras ciencias y técnicas como las matemáticas y las cuentas nacionales, que le aportan sustento a su cuerpo analítico, pero no puede abandonar este rigor científico a la axiomatización pura de conceptos. ^{Dow (2002)} asegura que también necesita del amplio conocimiento humano y social que aportan disciplinas como la sociología, la filosofía y la historia para robustecer su método de análisis y contexto teórico.

Tanto la teoría económica, como las cuentas nacionales transitan de la congruencia conceptual y metodológica para expresar la realidad que refieren, hacia una consistencia interna, conforme se perfeccionan los registros estadísticos que sirven para medir las variables económicas. Esta cualidad del SCN para sustentar el rigor científico solucionó en parte los problemas de medición y falta de estadísticas consistentes con los conceptos teóricos y los sistemas matemáticos, para descubrir y comprobar las proposiciones económicas.

No obstante, la congruencia y la consistencia técnica que el SCN aporta a la teoría económica tampoco resuelven en la práctica el problema de método, porque la contabilidad social que emerge de estas parece orientarse a resaltar el modelo de equilibrio general (MEG), como si fuese un todo absoluto para interpretar los indicadores generados. No se trata de proponer esta investigación como un planteamiento rival, como dos interpretaciones opuestas, tampoco de encontrar elementos que permitan compararlos y separarlos, se busca lo que ^{Dow (1985)} define como “pluralismo metodológico”, esto es, se aplica la metodología del MCS para delimitar una forma distinta de acceder al comportamiento de un fenómeno específico que demanda soluciones.

El SCN retoma en sus COyU el concepto de flujo circular de valores de los bienes y servicios en la economía ideado por ^{Quesnay (1767)}, lo cual permitiría a los países racionalizar sus recursos. La óptica de optimización que tienen gobierno y empresas promueve como herencia de la posguerra que el debate económico se oriente a responder cuestiones sobre qué, cómo, cuánto y dónde producir; por ello, el trabajo de Leontief con su modelo de insumo producto (1966), cuyo aporte es la matriz de insumo producto (MIP), ha sido tan replicado. Entre sus ventajas destaca que sistematiza información clasificada por sector de actividad económica; da precisión y predicción al análisis económico; facilita a los gestores de política económica la medición de transacciones específicas entre industrias; permite planificar y programar los niveles de producción óptimos e implica ventaja presupuestal para el Estado.

Con la MIP, la contabilidad nacional y su capacidad de expresión social se asumen como insumo estadístico para la teoría económica, pues facilita el empleo de modelos matemáticos. La contabilidad social posibilita a ^{Debreu (1984)}, ^{Arrow y Hahn (1983)} y ^{Mckenzie (2006)} fundamentar la consistencia interna de la economía neoclásica a través del MEG. Estos autores proponen que, si existe un sistema de precios de equilibrio tal que la oferta de los diferentes bienes y servicios se iguale con la demanda en determinadas condiciones y bajo supuestos de competencia perfecta e independencia de la demanda agregada, es posible probar el equilibrio walrasiano.

La medición de las cuentas nacionales es compleja debido al cúmulo de interrelaciones económicas y financieras que surgen como consecuencia de la actividad de los factores de producción; armonizar la medición de eventos macroeconómicos subyacentes no es fácil. En 1953, bajo la supervisión de Stone y Meade, con auspicio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se publicó la primera referencia metodológica del SCN, las actualizaciones y extensiones sucesivas fueron implementadas en 1960, 1964, 1968; las versiones de 1993 y 2008 se inscriben en el contexto de economía globalizada y constituyen el modelo vigente del SCN.

Tanto la axiomatización de preceptos teóricos, como el uso frecuente de modelos de simulación, justifican el apoyo que el SCN recibe de gobiernos y organismos internacionales para formular un sistema de estadística derivada que compara y evalúa las distintas experiencias en economía y sociales a nivel mundial. Cada versión responde a iteraciones de los organismos internacionales para satisfacer la medición y comparabilidad internacional, con intención de dar seguimiento a los flujos de capital.

La versión del SCN de 1993 retoma la visión walrasiana de factores vistos como agentes económicos; desarrolla el método para medir la actividad económica a partir de unidades institucionales clasificadas en sectores; detalla la actividad del gobierno, los hogares, empresas financieras y no financieras, así como del sector social, todos ellos interrelacionados con el resto del mundo; además, propone otros estadísticos: a) medición ambiental, b) matriz de flujos de fondos financieros y c) un MCS para sector institucional (^{SCN, 1993}), lo que significa un esfuerzo metodológico relevante y complementario al enfoque por actividad económica.

La última actualización del SCN es de 2008, en esta se abordan cuestiones del entorno globalizado y se proponen avances en la investigación metodológica; además, amplía el detalle de las transacciones de flujos de fondos financieros, destaca la apertura de los costos por servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) distribuidos por actividad económica (^{SCN, 2016}).

Más allá del debate teórico y del interés de la comunidad internacional por contar con una medida de cada país en el sistema económico mundial, los economistas aceptan las cuentas nacionales como instrumento de análisis, así como su expresión social. Danilo ^{Astori (1991)} cuestiona la universalidad de las cuentas sociales a partir de intereses de los organismos internacionales; por su contenido conceptual y estadístico que apuntala el rigor científico las ubica como instrumento de análisis y programación. ^{Dow (2002}; ¹⁹⁸⁵⁾ acepta el potencial que tienen los recursos y técnicas de información, pero cuestiona la matematización excesiva de todo evento económico, asegura que su consistencia y rigor dependen de la capacidad axiomática y postulados por demostrar supuestos aplicados a una realidad económica que funciona en un sistema social cambiante que relativiza sus resultados.

El aporte de este artículo se ubica en la aplicación técnico-metodológica del SCN de 1993 que sustenta a la contabilidad social descrita por sectores institucionales, debido a que el MCS vincula los flujos del sistema económico tanto con los sectores de actividad como con los institucionales de un país. Asimismo, esta aplicación permite estudiar la estructura económica de diversas entidades e indagar sobre los efectos que provocan la política económica, fiscal o monetaria. Por ejemplo, a través de la aplicación del multiplicador de gasto se genera evidencia sobre la efectividad del gasto público asistencial, motivo de análisis de esta investigación.

Un MCS para sectores institucionales permite comparar resultados entre los agentes y las actividades que realizan; por su parte, las matrices de contabilidad social (MCS) derivadas describen cualquier tópico. La propuesta de 1993 del SCN clasifica a los factores capital (K) y trabajo (L), por tipo de unidad y sector institucional, en partida cuádruple establece la producción y generación de ingreso, su distribución en pagos a sus propietarios, así como la forma en que destinan su ingreso a la adquisición de bienes y servicios, transfiriéndolo a las actividades de acumulación y financiamiento.

MCS IMPLEMENTADO CON LAS CUENTAS POR SECTORES INSTITUCIONALES

Las cuentas por sectores institucionales (CSI), desglosadas conforme al ^{SCN 1993}, recibieron un fuerte impulso por la ONU y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En 1998 México fue el quinto país, después de Inglaterra, Noruega, Holanda y Francia, en elaborar un sistema que describiese: producción, distribución, acumulación y financiamiento de los agentes económicos clasificados en sectores institucionales. Desafortunadamente, pese a la riqueza estadística generada, su utilización en el análisis económico y financiero es prácticamente nula.

La versión vigente de 2008 del SCN no desglosa más las transacciones de distribución de ingreso y gasto entre sectores institucionales, tampoco precisa adiciones a la propuesta de elaborar un MCS para las cuentas institucionales. Por el contrario, aprovecha los desgloses logrados con la versión de 1993 en las sociedades no financieras y financieras, y amplía las transacciones de activos y productos nuevos como el software de las empresas y los mercados accionarios, de crédito y de valores. Presenta mayor convergencia con el Manual 2008 de la MIP (^{Eurostat, 2018}), correspondientemente existe mejor interrelación en criterios de medición de COyU; también destaca mayor apertura en transacciones financieras como los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI) y los derivados financieros.

El SCN determina los avances de medición estadística en cada país afiliado a la ONU y la OCDE. Actualmente, México tiene elaborada su MIP de 2013 que coincide con el ^{SCN de 2008}; la versión de MIP de 2008 se basó en el SCN de 1993, ambos estadísticos aportan elementos informativos por sector de actividad no disponibles desde la última matriz de 1980, apoyan diferentes estudios, algunos en plena correspondencia teórica con el MEG, basadas obviamente en la TEG. De hecho, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) promueve abiertamente, entre universidades y centros de investigación, el desarrollo de MCS basados en este modelo (^{INEGI, 2016}).

En este contexto de elaboraciones, destacan, entre otros, los trabajos de: a) ^{Casares et al. (2015)}, propone una estructura distributiva de impuestos y transferencias públicas para analizar la reforma fiscal de 2013; b) ^{Harris (2002)} aplica la técnica de entropía cruzada de análisis sectorial con la MIP, para estimar parámetros de la producción y consumo a nivel regional y local; c) ^{Barboza et al. (2009)} implementa idéntica técnica para procesar información del Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNM), utiliza la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), y elabora estimadores de sectores institucionales exógenos a las CSI; d) ^{Sorbazo (2011)} propone un modelo agregado por sector de actividad, desglosado en transacciones distributivas, con multiplicadores de impacto del gasto público en la economía, para medir el efecto de la política fiscal en el crecimiento económico; e) ^{Núñez y Polo (2010)} presenta una modelación que retoma los conceptos de PIB e ingreso disponible totales y construye un marco de referencia conceptual para elaborar MCS, y f) ^{Fuentes et al. (2004)}, presenta a nivel regional estimaciones de insumo-producto aplicando un método híbrido tipo RAS a la MIP de 1980, ajustado geoespacialmente para el estado de Baja California y a la información exógena disponible de transacciones intersectoriales.

Son contribuciones al MCS derivadas de la MIP; su aporte es aplicar diferentes métodos de estimación y axiomatización; su centro de análisis son las interacciones distributivas en la economía con encuadre en el MEG; parten de estimar un proceso determinístico o estocástico que puede ser parcial o general, con el sustento en el paradigma de expectativas racionales, sus soluciones consideran alcanzar el equilibrio por lo que ajustan sus resultados ante cambios exógenos cuya incidencia se orienta al mercado en cuestión, suponen fijos los precios y cantidades de otros bienes y servicios.

Se diserta teóricamente de dichos trabajos porque la veracidad del MEG es relativa, no en función de su desarrollo axiomático, con que equilibran sus elaboraciones matriciales, ni por la estadística dispuesta por el SCN y la MIP, sino por la debilidad de sus supuestos, el sistema no equilibra por sí solo y el debate iniciado por Keynes (1936) sobre ocupación y desempleo involuntario de (L), mantiene su vigencia porque ni el empleo ni la masa salarial se definen en libre mercado, sino como costos, luego entonces no todos los mercados de factores equilibran, por eso no puede haber equilibrio general.

^{Minsky (1986)} coincide con Keynes en que el sistema económico es por naturaleza un desequilibrio permanente porque la dinámica de (K) y (L) en las funciones de demanda y oferta en la producción y los mercados financieros es en sí misma un punto débil e inestable. Los MEG trascienden porque contribuyen a tomar decisiones de política económica que permiten garantizar estabilidad a los flujos de fondos financieros, a partir de mantener el sistema de precios estable.

La propuesta de Keynes (1936) de analizar circuitos distributivos del ingreso en sus interrelaciones estructurales permite ver la formación del ingreso disponible del gobierno, cómo lo transfiere a los hogares, y determina en parte su nivel de ahorro e inversión productiva. De acuerdo con ^{Kuznets (1937)}, la medición del ingreso nacional es necesaria para definir políticas públicas que acompañen al bienestar de la población. Por ello es importante evaluar el impacto de las transferencias sociales del gobierno; un enfoque funcional de su gasto (^{Forstater, 2001}) obliga a estudiar las transferencias públicas, sustento de la política social y asistencial, componente del ingreso disponible de los hogares.

El MCS que propone el SCN de 1993 no es tema acabado, deja abierta la posibilidad de aplicar técnicas y herramientas disponibles para su integración, por lo que su diseño y aplicación continúan en discusión. El propósito de emplear dicho modelo e identificar el efecto de la función distributiva del gobierno en el ingreso disponible de los hogares ha sido abordado desde distintas perspectivas y metodologías por diferentes autores; hay propuestas de cálculo externas al SCNM, las cuales se basan en mediciones que obtiene la ENIGH, con lo que se pretende mejorar el dato respecto a las cuentas nacionales.

En este contexto, ^{González et al. (2017)} proponen una metodología con expansores estadístico-matemáticos a la información del ingreso de los hogares según la ENIGH, que ajusta a las cuentas nacionales. ^{Cortés y Vargas (2017)} reconoce la condición estadística de subvaluación que tiene la encuesta, corrige la diferencia mediante estimación de rangos de subregistro y calcula su efecto a medida que la desigualdad en la distribución del ingreso es mayor que la desigualdad que se mide, y concluye que la encuesta debe replantearse a partir de los parámetros de discrepancia calculados por él; ^{Bustos (2015}; ^{Bustos y Leyva, 2016}; ^{Bustos y Leyva, 2017)} estima las distribuciones de ingresos ajustada por otras fuentes estadísticas y aplica un criterio de compatibilidad para armonizarlas, empleando un método de probabilidad de pseudo verosimilitud restringida, supone que puede compensar las respuestas subjetivas y establecer parámetros de distribución del ingreso para hogares con método de Gini en confronta con los ingresos reportados en la encuesta y el ingreso calculado. ^{Campos et al. (2014)} estima la tasa marginal impositiva óptima para contribuyentes de altos ingresos en México y sus efectos recaudatorios potenciales, así como el ingreso medio de los contribuyentes de mayores ingresos, calcula las elasticidades de ingresos gravables ante cambios por expectativa potencial de las tasas impositivas y considera viable una redistribución del ingreso a partir de la política fiscal.

Salvo en Bustos, el ajuste que proponen estos estudios no considera adicionar al dato de ingreso disponible de la encuesta información contable, registros administrativos ni datos de encuestas auxiliares especializadas por tipo de agente económico para su expansión, tal como lo hace el SCNM, que toma en cuenta a la ENIGH como insumo estadístico. Explican el problema de inequidad en la distribución a partir de que la medición del ingreso disponible es baja, y sus propuestas se centran en modificar la formulación y la expansión de registros de la encuesta.

Esta investigación asume que la estimación de ingreso disponible de las cuentas nacionales es certera y que la desigualdad en su distribución para (K) y (L) no ocurre en esta fase de circulación, sino en la determinación de la masa salarial, que se origina en la producción, en la categoría de ingreso generado. Es una disyuntiva teórica, para la TEG el trabajo como costo se debe administrar reduciéndolo, mientras que para los poskeynesianos es factor que genera valor, en tanto debe distribuirse equitativamente.

La distribución del ingreso explicita la circulación del dinero; por su parte, las cuentas distributivas describen definiciones de política fiscal y monetaria, mediante circuitos de distribución, redistribución y asignación de recursos y gastos. Así pues, es una fase del sistema económico que justifica la interacción económica con lo social.

FORMALIZACIÓN Y METODOLOGÍA DE APLICACIÓN A LAS CSI

En esta investigación se utiliza una metodología basada en el modelo de contabilidad nacional y social con aplicaciones de matrices y submatrices de clasificación y distribución de transacciones, sectores y subsectores institucionales. Para procesar los resultados obtenidos se emplea el multiplicador de gasto propuesto por Keynes. Se parte de la fórmula general OTi=∑j=1ndfij+di, planteada por ^{Leontief (1966)}, que si bien fue desarrollada para el esquema productivo, mediante la siguiente igualdad basada en el axioma de identidad matemática, se armoniza con el sector institucional ∂ij≡A∈ij. Lo anterior nos permite conectar la actividad económica con el sector institucional. Este mismo planteamiento lo presenta el SCN de 1993 elaborado por Naciones Unidas en una matriz base retomada en el cuadro 1.

Pese a la importancia que tanto organismos internacionales como gobiernos han dado al SCN, su difusión como estadística derivada no recupera el planteamiento ideado por Walras, sino que consiste y se difunde a partir del encuadre contable “T”, o mediante esquemas matriciales con sus respectivas derivaciones y desgloses; no se cuenta con una descripción holística que permita sistematizar el análisis de las interacciones que se originan entre sus variables como resultado de la acción del capital y el trabajo. Parece ser trivial, pero en estudios como el que se presenta en este artículo es necesario incorporar los componentes de cada transacción, no como la suma de partes definidas por los agregados económicos que mide, sino estructurado en sus propiedades como un todo orgánico, global e integrado.

Este MCS retoma el concepto de sector institucional del ^{SCN (1993)}, su delimitación se refiere al conjunto de unidades institucionales que realizan actividades económicas y efectúan transacciones con otras entidades; adicionalmente, tienen la capacidad de poseer activos y contraer pasivos (^{INEGI, 2000}). El gobierno general (GG) produce bienes y servicios no de mercado para la sociedad, redistribuye el ingreso a través de impuestos, subsidios y transferencias. En México se subdivide en tres subsectores: gobierno central, gobierno local y seguridad social; a su vez el gobierno central está compuesto por el gobierno federal, Ciudad de México y organismos descentralizados.

Los hogares son consumidores finales de los bienes y servicios producidos. Como productores demandan consumo intermedio, remuneración de asalariados e inversión. Además, ofertan su fuerza de trabajo, produciendo en empresas propias no constituidas en sociedad, intermedian fondos monetarios, o son perceptores de rentas diversas, pagan impuestos y contribuciones. En resumen, sus ingresos provienen de remuneraciones como asalariados, rentas de la propiedad, intereses, dividendos y otras rentas, transferencias y venta de sus productos.

Una MCS utiliza el marco estadístico del COyU para describir la estructura y función de la producción, no tan detallado como cuentas nacionales; desglosa por partida de ingreso y gasto la sucesión de cuentas que describen los circuitos de distribución y acumulación.

El planteamiento general se sustenta en la ecuación propuesta por Leontief (^{Miller, 2009}) y supone que la sumatoria de transacciones de oferta total (OTi) se iguala con la suma de demanda final (dfij), más la demanda intermedia (dii), en cada sector de actividad, de la forma:

Representa interacciones de oferta y demanda global entre cada sector de actividad económica, se distribuyen vectorialmente en orden de insumo (i) y producto (j). Los COyU compilan esta función que define a OTi de la forma:

OTi equivale a la producción total de bienes y servicios (PTBS) de la economía residente más las importaciones (M) de tecnología e insumos del resto del mundo, determinan la función de oferta total f{O}, cuyos montos se igualan con la demanda total (DTij), definida por la demanda de insumos (dii) requeridos para producir, más los sectores de demanda final (dfij), de otra forma:

A medida que cada sector de actividad económica determina relaciones entre (K) y (L), existe una correspondencia clave entre el poseedor del factor, en la figura de agente económico y su actividad, pues ambos son constitutivos del sistema económico, a partir de lo cual Leontief encuadra el modelo walrasiano con enfoque de insumo producto.

Puede expresarse:

El ^{SCN (1993)} determina identidad para cada una de las variables que integran el sistema dimensionado por sector institucional (∂ij), a través de los agregados, por lo que de (1) se establece que la demanda final está delimitada por:

∂ij está compuesta por transacciones de oferta (i) y demanda (j) de bienes y servicios que los sectores institucionales realizan a través de su demanda final:

componen los COyU, de tal manera que su medición de oferta y demanda es idéntica para los sectores de actividad económica y para los sectores institucionales:

Por su aporte, el monto de producción definido por sector de actividad (dfij) es idéntico al de sector institucional (∂ij) en magnitud de saldos para el conjunto de la economía; como los COyU contabilizan variables de demanda y oferta, es posible analizar matricialmente ambas categorías. Esta identidad entre sector de actividad y sector institucional se mantiene para el total de la economía en los diferentes agregados para los circuitos de producción, distribución y acumulación.

De lo cual se deduce:

Para todo ∂i definido por i = 1, 2,…, 5

La producción se transforma en ingreso de los sectores institucionales; como ∂i expresa cantidades producidas y vendidas por cada sector i, los flujos destinados a satisfacer la distribución, asignación y empleo del ingreso se anotan como vectores ∂ij, se desenvuelven en transacciones distributivas de ingreso y gasto; en tanto que Д define un componente de discrepancia estadística en gasto, presente para las SCI.

Ampliada a 5 sectores institucionales se tiene el sistema:

La sectorización de la economía mexicana presentada por el SCI consta de cinco sectores institucionales residentes: gobierno general, hogares, sociedades no financieras, sociedades financieras e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH). Cada uno realiza transacciones con el resto del mundo.

El conjunto matricial (5) relaciona ingreso y gasto, por sector institucional y permite saldos intermedios. Dicha matriz representa la producción, ingresos y gastos generados por un sector, incluye transacciones que realizan con el resto del mundo, dimensionan conceptos de demanda y oferta totales; ordena componentes de la función de producción, distribución y acumulación para cada sector en n transacciones económicas o financieras, para cualquier circuito.

a) Producción:

En la producción, (K) interactúa con (L) para generar satisfactores que, puestos en el mercado, regresan como ingreso generado que se distribuye; (L) es retribuido con las remuneraciones (R), es categoría de ingreso exclusiva de hogares asalariados, en tanto que K se corresponde con el excedente bruto de operación (EBO) por actividad empresarial de sociedades financieras y no financieras, así como de hogares productores denominado ingreso mixto (Ymx), análogo a la utilidad bruta empresarial. El gobierno, como administrador del sistema, grava impuestos menos subsidios a la producción (T).

b) Distribución:

Consta de la conformación del ingreso nacional (YN) y del ingreso disponible (YD). Ambas medidas pueden ser brutas o netas, según se incorpore el consumo de capital fijo. La apropiación del ingreso generado entre sectores institucionales, a través de K y L posibilita interacciones con el resto del mundo, la sucesión de pagos e ingresos por intereses, dividendos, utilidades reinvertidas, retiros de rentas de las cuasi sociedades conforman el EBO e incorporan la renta de los factores del exterior (rfx), que corresponde a ingresos generados en el resto del mundo; el saldo de estas transacciones genera un estado de liquidez importante para los sectores.

Determinado el YN, que contabiliza transacciones intersectoriales de distribución y redistribución de ingresos, tales como impuestos sobre la renta y la riqueza, contribuciones y prestaciones sociales, así como transferencias corrientes, se obtiene el ingreso disponible neto.

Para empresas y hogares productores, se traduce en ahorro e inversión. Comprende gastos de consumo individual o colectivo de los hogares, ISFLSH y gobierno. Su resultado es el ahorro, vincula a cada sector con la inversión, con la cual se desarrolla el siguiente circuito del sistema.

c) Acumulación:

Registra las transacciones derivadas de (8), de los consumos finales realizados por hogares e ISFLSH (CF), las transferencias sociales del gobierno (TSE), inversión de empresas (I) y el saldo de balanza de pagos (Bp), vínculo financiero con el exterior. La expresión puede reescribirse:

Refleja el nivel de riqueza de cada sector, toda vez que han percibido ingresos por haber participado en la producción y realizado el conjunto de gastos que posibilitan su permanencia en el sistema económico. Si se adicionan las variaciones de valor neto debidas a transacciones con el ahorro, que suma transferencias de capital, se establece la igualdad:

Esta etapa comprende dos circuitos: a) acumulación de medios de producción o formación de capital fijo (FKF) que, cuando suma la variación de existencias (ve), integra la inversión total (I); b) financiero compuesto por mercados e instrumentos de deuda que complementan, cuando es el caso, al ahorro (S).

El cuadro 1 reúne estos elementos; de manera matricial, describe la estructura y el funcionamiento del MCS, enlaza la actividad económica con los sectores institucionales, para cada uno de los circuitos de la sucesión del SCN. Mediante saldos de agregados totales, relaciona las categorías de actividad por sector intitucional, distinguiendo transacciones de ingresos y gastos corrientes y de capital. Para integrar las MCS, se realiza corte transversal a las siguientes cuentas por sectores institucionales (^{INEGI, 2019}): II.1. Distribución primaria del ingreso; II.2. Distribución secundaria del ingreso; II.3. Redistribución del ingreso en especie, y se hace énfasis en la II.4. Utilización del ingreso, con ello se determinan las transferencias que el sector público federal (SPF) otorga a los hogares.

Con dichas matrices se analizan los resultados de la política social, que se refiere aquellas acciones del gobierno federal para impulsar condiciones de bienestar en los hogares, para ello facilita bienes y servicios públicos que mejoren la calidad de vida, define los efectos en la equidad distributiva del ingreso, ocupación de la fuerza de trabajo y factores de vida como educación, salud, vivienda, infraestructura o seguridad pública, trascendentales para el desarrollo económico y social. Por su parte, la política asistencial se encarga de cubrir la pobreza en condición extrema de familias cuyo ingreso, debajo de la línea de bienestar, les impide acceder a una canasta mínima alimentaria (^{Coneval, 2016}).

Aunque las CSI presentan un desglose amplio en intercambios intersectoriales, la distribución del ingreso presenta variables poco desglosadas, la apertura de la cuenta de utilización del ingreso requiere indicar las asignaciones presupuestales que el sector público federal (SPF) realiza, puesto que solamente se tienen conceptos generales. El cuadro 2 describe las transferencias que el SPF realiza:

Este desglose por tipo de transferencias ubica a su destinatario, pero la desagregación no es total. Los programas sociales del gobierno federal se identifican en el código D.759, precisarlos es complicado dada la naturaleza de cada uno, por ejemplo, el programa Oportunidades está compuesto, entre otros, por IMSS-Oportunidades que pertenece a la seguridad social, además cuenta con otras ramas. Para identificar estas transferencias, se consultó la Cuenta de la Hacienda Pública Federal (CHPF), su análisis requirió del “Clasificador por Objeto del Gasto” (^{DOF, 2018c}), además de la “Estructura Programática Para Emplear en el Presupuesto de Egresos de la Federación” y el “Ejercicio Funcional Programático Económico del Gasto Social Programable Devengado. Desarrollo social” (^{SHCP, 2012}).

Para precisar el contenido de estos códigos se toma el total de las transferencias corrientes que registra la CHPF, este total se distribuye según el tipo de transferencia realizada por el gobierno federal entre las categorías contenidas en el cuadro 2. Conforme a la “Estructura programática”, se separaron aquellas clasificadas como programa prioritario (PP), los resultados se cotejaron con el “Sistema de Información” de la SHCP, se obtiene una cobertura de 95.8 por ciento en el total de las transferencias corrientes para el año base 2013, con ello es factible este análisis (SHCP).

CONTABILIDAD SOCIAL DE LA POLÍTICA SOCIAL

Las interacciones de demanda y oferta totales desarrolladas en los COyU, con sectores institucionales se establecen en las ecuaciones (1), (2), (3) y (4), en la práctica coinciden en cada saldo de cuenta. El arreglo matricial (5) establece esta relación mediante agregados definidos en las ecuaciones (6), (7), (8 y 9) y (10), así como las transacciones externas; además describe circuitos de producción, distribución y acumulación con los que es posible entender la dinámica del sistema en su conjunto y de cada sector o subsector institucional. Los saldos empleados son a valores netos, deducido el consumo de capital fijo, para valorar la naturaleza y dinámica de las transacciones corrientes, lo que constituye el propósito de este análisis. Además, se deduce la depreciación relacionada más con transacciones de capital.

La matriz A.1 (véase el cuadro A1), muestra transacciones de producción e intercambio de bienes y servicios (cuentas 0 y I); el producto interno neto (PIN) enlaza interacciones distributivas derivadas del ingreso generado en la producción (cuentas II.1, II.2 y II.4), que se distribuye entre sectores, en categorías de ingreso y gasto. También describe en una sola vista cada cuenta, variable y saldo, confirma las identidades (1) y (2); y desglosa y enlaza las variables conforme al esquema de CSI con las cuentas de bienes y servicios (CBS), para cada circuito que integra el sistema, posibilitando mayor desagregación en conceptos, e intercala categorías del total de la economía en nivel de subcuenta.

La matriz A.2 (véase el cuadro A2) contiene componentes del ingreso primario (6), destaca la participación de factores: los propietarios de (K) perciben y pagan renta de la propiedad, en la forma de intereses, dividendos, alquileres, utilidades y beneficios diversos (EBO). Quienes aportan fuerza de trabajo (L), reciben Remuneraciones (R) definidas por sueldos y salarios, contribuciones y prestaciones sociales, efectivas e imputadas de empleadores. Por su parte, el gobierno recibe la carga fiscal que representa el impuesto sobre la renta (T); como se observa, esta desagregación por subcuenta permite descomponer cada categoría según su naturaleza económica, monetaria o financiera, y posibilita asignar conceptos sociales o técnicos, como personal ocupado, población, productividades, impacto ambiental, etcétera.

Para evaluar la gestión económica del gobierno es importante considerar su papel de facilitador de la distribución del ingreso. En esta matriz el saldo de ingreso primario (7) se transforma en ingreso disponible (8 y 9), a partir de las transferencias que unos sectores otorgan a otros en bienes o servicios, en dinero o en especie, comprende prestaciones sociales, primas netas de seguros no de vida y transferencias corrientes en dinero. Como se propone en (9), el desglose en que se distribuye el YD puede diferenciar las transferencias corrientes (tc) de las corrientes diversas (tcd).

La matriz A.3 (véase el cuadro A3) es asimétrica, omite interacciones entre cuentas de bienes y servicios y saldos con el resto del mundo, presenta el corte a las transferencias corrientes (tc) acordes al criterio ¶_ij definido en (4); asimismo, documenta la distribución de transferencias identificadas indistintamente con el ingreso generado y mediante su gasto; contiene categorías de asignación y utilización, describe la captación tributaria y la efectividad del gobierno para facilitar el proceso.

El cuadro 3 ofrece una distribución de tc pagadas por el gobierno a sus subsectores, por (4) y (5), se separa al sector público federal como subsector institucional. Los hogares incorporan en sus ingresos un subsector de asalariados, otro de productores denominado cuasi sociedades que enmarca las micro, pequeñas y medianas empresas y productores informales, e integra a los perceptores de rentas de la propiedad. Del lado del gasto, todos los hogares son consumidores. La distribución entre sectores y circuitos económicos que presenta el MCS permite datos diversos, manteniendo como marco de referencia la medición del SCN.

Por su parte, los hogares objetivo de la política asistencial se determinan a partir de las otras transferencias corrientes diversas, código D.759 (otcd), presentes en el cuadro 4, describe los recursos otorgados por el gobierno a instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y a los hogares, son recursos compuestos por multas, loterías y juegos de azar, que son las partidas presupuestales de apoyo; el resto responde a ayudas culturales y sociales, becas, apoyos a la comercialización, a campesinos y a actividades como la molinera (^{INEGI, 2018}).

Para evaluar el efecto que las otcd tienen en el YD de los hogares, se toman en cuenta los gastos de consumo final que el SPF destina en favor de los hogares que reciben presupuesto asistencialista, porque la cuantía de recursos destinados a tal fin determina su propensión marginal al consumo (PmgC), el restante es ahorro, con ello definen su propensión marginal a la inversión (PmgI), orientada a emprendimientos productivos. El consumo de los hogares pobres incide en el monto de gasto en inversión (GI) que están dispuestos a realizar, definido por ingresos de asalariado o productor y que adicionan la canasta asistencialista que reciben.

Por lo tanto, la incidencia de la propensión marginal de su consumo (PmgC) sobre la inversión puede medirse mediante el multiplicador del gasto público. Consumo e inversión dependen del nivel de ingreso, se espera así que el gasto asistencial público tenga un impacto más que proporcional sobre la demanda agregada de los hogares asistidos y con ello de la producción y el ingreso, evaluado en términos de su efectividad.

GASTO ASISTENCIAL EN EL INGRESO DISPONIBLE DE HOGARES

Esping ^{Andersen (1993)} sostiene que un gobierno dedicado a una política de desarrollo social puede desplegar su capacidad para generar estructuras que aporten oportunidades económicas, políticas y sociales a la población. El gobierno mexicano gestiona este papel mediante su política social y asistencial, basado en un marco normativo específico: la Ley de Asistencia Social (^{DOF, 2018a}), así como la Ley General de Desarrollo Social (^{DOF, 2018b}), ambas legitiman y establecen la responsabilidad constitucional del gobierno para promover, proteger e impulsar la rehabilitación social de grupos vulnerables; para ello asigna recursos a programas y partidas presupuestales que favorecen a grupos en pobreza, desigualdad y marginación; ofrecen opciones de bienestar, acotadas a la disponibilidad del recurso público, delimita comunidades objetivos, programas y recursos destinados, focalizando su intervención.

Los hogares pobres son resultado del rezago social, fenómeno multidimensional que frustra la posibilidad de equidad e igualdad para una parte de la población, trunca las garantías individuales que deberían sustentar su desarrollo social. Los programas focalizados atienden a este rango delimitado de población, constituyendo un enfoque de política y gasto público que atiende, pero no previene.

El Coneval ha elaborado diversos índices para medir la pobreza, entre ellos destacan los siguientes: índice de privación social que define como carencia social la falta de acceso a: a) educación, b) salud, c) seguridad social, d) calidad y espacios de la vivienda, e) servicios básicos en la vivienda y f) alimentación (^{Coneval, 2016}). Hacia 2016, el número de pobres que enfrenta al menos una carencia es de 53.4 millones de personas (mdp), en la población total equivale a 43.6 por ciento; 56.0 por ciento no accede a seguridad social; la pobreza alimentaria afecta a 21.7, y 16.9 por ciento no cuenta con servicios de salud. Se logró reducir 2.1 (mdp) en pobreza extrema; es impreciso el tiempo durante el cual se apoyó a dicho grupo, los montos destinados, las comunidades donde se logró el mayor impacto, así como el acondicionamiento productivo y social logrado para que no recaigan; con todo aún permanecen en dicha situación 9.4 mdp (^{Coneval, 2019}).

El índice de tendencia laboral a la pobreza señala que el ingreso inferior a la canasta alimentaria afecta a 42 por ciento de la población económicamente activa; 70 por ciento de los indígenas vive en condición de pobreza y 30 por ciento enfrenta pobreza extrema. En personas menores de 65 años, el rezago educativo alcanza 15.2 por ciento, en adultos mayores llega a 60.7 por ciento, cuya condición de pobreza es de 45.9 por ciento; en materia laboral al menos 83 por ciento de las personas entre 15 y 64 años tuvo problemas para conseguir empleo formal. El gasto asistencial se redujo 1.6 por ciento de 2010 a 2016 (^{Coneval, 2019}).

El crecimiento de la economía es importante, está relacionado con la oferta de empleo y con la base tributaria. La distribución equitativa del ingreso entre capital (K) y trabajo (L) es necesaria porque incentiva la demanda agregada, condición para el crecimiento sostenido. Luego el papel distributivo del gobierno en el ingreso es fundamental. Los estudios orientados en esta perspectiva son variados, ^{Veblen (1958)}, ^{Minsky (1992)} y ^{Galbraith (2009)} analizan los ciclos económicos de expansión de los circuitos real y financiero de la economía.

Las condicionales que obstaculizan la distribución equitativa del ingreso amplían la brecha entre ricos y pobres, de allí la importancia de evaluar el efecto de la asignación de recursos asistenciales públicos en el ingreso disponible de hogares.

CONSIDERACIONES FINALES

Esta investigación estableció dos aspectos de estudio: uno metodológico consistente en aplicar el MCS propuesto en el SCN 1993 a las CSI. Se demuestra que la esquematización y axiomatización del modelo permiten elaborar sistemáticamente las MCS, que transforman la actividad económica de los COyU en actividades realizadas por los sectores y subsectores institucionales, a través del ordenamiento de los registros de los agregados que conforman las variables en estudio.

El esquema matricial posibilita trabajar variables dummy y explorar interacciones entre las transacciones que conforman los circuitos de producción, distribución y acumulación; no obstante, es necesario un desglose mayor de transacciones distributivas del ingreso en las CSI, en particular: D.73, transferencias corrientes dentro del gobierno general; D.75, transferencias corrientes diversas; D.751, transferencias corrientes a ISFLSH y, particularmente, D.759, otras transferencias corrientes diversas, debido a la conexión directa que tienen con aspectos sociales.

Esta propuesta de MCS basado en CSI apoya la pluralidad en el debate teórico porque propone con el multiplicador keynesiano de gasto una interpretación de resultados diferente al MEG, de enfoque poskeynesiano, se propone valorar al factor trabajo, más que a las transferencias asistenciales, pues implica crecimiento económico y generación de empleo.

El INEGI realiza una tarea importante en la elaboración de estadísticas de MIP y en la difusión de las cuentas sociales, pero debiese ser imparcial en cuanto al modelo teórico que se debe aplicar para elaborar e interpretar los resultados, ya que los problemas analizados son complejos y requieren de pluralidad para establecer soluciones reales.

Otro aspecto propuesto en este estudio es la aplicación e interpretación de la evidencia obtenida para evaluar la política social con MCS. Se demuestra que el análisis sobre asignación, distribución y empleo del recurso público en gasto social y asistencial, así como en inversión, es factible, ya que arrojan resultados sobre la efectividad del GPF para promover desarrollo social y crecimiento económico.

Los multiplicadores obtenidos indican que, con la base metodológica y presupuestal de esta política, los hogares beneficiados adquieren liquidez, pero no consiguen autonomía económica para sus gastos corrientes y carecen de posibilidad plena para invertir, se limitan a subsistir como hogares en condición extrema asistidos. El efecto del GPF asistencial sobre el YD de los hogares es nulo porque los recursos son insuficientes, no consiguen un efecto definitivo en abatir la pobreza, no generan condiciones sólidas para que los hogares asistidos tengan capacidad para impulsar emprendimientos productivos que garanticen niveles de ingresos suficientes para el desarrollo social del hogar.

La cuestión no es cómo, sino también con qué se resuelve la pobreza, el financiamiento para una política social efectiva y autosuficiente se logra con participación tripartita de gobierno-empleadores-trabajadores. El GSPF apoya actividades económicas a través de inversión productiva, es necesario que la economía crezca, lo cual se distancia de un enfoque de equilibrio. La política asistencial no es efectiva para resolver la pobreza, se necesita incentivar el mercado de trabajo y el desarrollo social.