Ensayo

 

Migraciones y conflictos. El desplazamiento interno en Colombia

 

*Carmen Egea Jiménez, **Javier Iván Soledad Suescún

*Universidad de Granada, España / cegea@ugr.es

**Universidad de Pamplona, Colombia / jasosu72@yahoo.com

 

Envío a dictamen: 05 de octubre de 2007.
Reenvío: 29 de enero de 2008.
Reenvío: 06 de marzo de 2008.
Aprobación: 24 de abril de 2008.

 

Abstract

One of the most important consequences of the Colombian conflict is the massive internal displacement. It is contextualized within internal migrations which are interfered by performances and land use policies. Unfortunately both interventions and policies have been characterized by the ownership of land and other strategic resources, relegating in a second place the rights of the affected populations. Thus, in this paper one of the most important topics at present is presented: migrations, taking into account that in general forced migrations, and in particular internal displacement, have been "forgotten" in terms of both scientific and academic areas. The main goal is to try to research the Internal Displacement in Colombia from a macro-scale analysis. From there, a short review about both the perception of forced migrations within migrations, generally in terms academic-scientific and the perception of internal displaced people in comparison to refugees is done. Then, the paper deals with internal displacement in Colombia, explaining the keys to the Colombian armed conflict, to finally represent in this context the area of Catatumbo. There the conflict is very particular because it is performed in a border with the Bolivarian Republic of Venezuela.

Key Words: migrations, forced displacement, return, conflicts, Colombia.

 

Resumen

Una de las consecuencias más importantes del conflicto colombiano es el masivo desplazamiento interno. Este se contextualiza dentro las migraciones internas, marcadas por actuaciones y políticas de ordenamiento territorial donde la apropiación de la tierra y otros recursos estratégicos han sido una constante, quedando los derechos de las poblaciones originarias relegados a un segundo plano. Así, el presente trabajo trata uno de los temas de mayor atención en la actualidad: las migraciones, con la particularidad de que las migraciones forzadas en general y el desplazamiento interno en particular han estado "olvidadas" desde el punto de vista científico y académico. Se trata, como objetivo principal, de investigar el Desplazamiento Interno en Colombia partiendo de una escala macro de análisis desde donde se realiza un breve repaso acerca de la consideración de las migraciones forzadas dentro de las migraciones en general, desde el punto de vista académico-científico; y la consideración prestada en aquéllas a los desplazados internos en comparación con los refugiados. El resto del trabajo aborda el desplazamiento interno en Colombia, explicando las claves del conflicto armado colombiano; finalmente se escenifica este contexto en la zona del Catatumbo, que por su delimitación fronteriza con la República Bolivariana de Venezuela adquiere rasgos muy concretos.

Palabras clave: migraciones, desplazados internos, retorno, conflictos, Colombia.

 

Introducción

Es indudable la importante producción científica que, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad, surge en torno al fenómeno de las migraciones en cuanto a interpretaciones teóricas, análisis empírico y estudios a escala de detalle temporal y/o espacial (Egea et al., 2005). Esta ingente producción contrasta en sentido inverso con la menor atención prestada a las migraciones forzadas, continuando los estudios sobre migraciones la tradición de centrarse casi exclusivamente en los movimientos de salida y en los de llegada (emigración e inmigración), y dentro de ellos los que se identifican con motivos económicos.

En esta línea, Bonilla (2004) resume acertadamente el tratamiento dado a este otro tipo de migración:

A pesar de la importancia y la frecuencia del desplazamiento, no ha sido tema central para las ciencias sociales y económicas. Los estudios sobre migraciones se centran en las originadas por expectativas económicas, pero las producidas por los conflictos armados, especialmente los internos, no han recibido igual atención. En las décadas recientes, se comienza a considerar el desplazamiento forzado como una modalidad de migración entre cuyas causas se señalan la violencia, la persecución y la represión (Bonilla, 2004: 1).

Sin embargo, las migraciones forzadas sí han estado presentes en el contexto de las migraciones en general cuando, desde el punto de vista teórico, se han establecido tipologías de movimientos migratorios. Así, Petersen (1958), casi a finales de la década de 1950, menciona un tipo de migración forzada relacionada con la política migratoria. Estudios más cercanos en el tiempo como el de Abellán, Fernández-Mayoralas, Rodríguez y Rojo (1998) distingue claramente dos tipos de movimientos en cuanto a las razones que los provocan: libres, identificadas con motivos económicos; y forzadas, vinculadas con situaciones de peligro y originadas por conflictos, inestabilidad política y social, acontecimientos naturales, etcétera. Por su parte, Hugo y Bun (1990, en Pérez, 2001) diferencian entre "migración libre", identificada con una decisión voluntaria; "migración obligada", en la que las personas afectadas no son totalmente libres en la toma de decisión; y "migración forzosa", donde la ausencia en la libertad de elección es el primer rasgo definitorio.

Una cuarta tipología es la apuntada por Blanco (2000), en la cual son precisamente las migraciones forzadas las que tienen más protagonismo. Así, al hacer referencia a la decisión de migrar diferencia entre migraciones "espontáneas", "dirigidas" y "forzadas". En las dos primeras la persona migrante accede voluntariamente a la movilidad; y en el tercer caso ésta no es sólo involuntaria, sino que además los individuos afectados desconocen el lugar de llegada. Esta clasificación llega un poco más lejos al tipificar, además, las causas de la migración: ecológicas, económicas y políticas, de las cuales la primera y tercera explicarían las migraciones forzadas; no obstante, y teniendo en cuenta la realidad actual, la autora deja abierta otra posibilidad en cuanto a los migrantes económicos y migrantes forzados, debido a la dificultad de marcar una línea clara entre unos y otros, ya que "los desastres de una guerra o las consecuencias de una dictadura que mantiene a su población en la miseria pueden inducir a la gente a buscar mejores condiciones de vida en otro lugar sin que ésta se encuentre perseguida explícitamente" (Blanco, 2000: 33).

En realidad, en ambos casos el escenario de la partida se caracteriza por una serie de problemas y necesidades vitales que de una u otra forma no están satisfechas en su totalidad en el lugar de origen. Es aquí donde lo político y económico se confunden y "muchas salidas son provocadas por los efectos conjugados e inextricables de la violencia y de la necesidad económica" (Escalona, 1995: 69).

Desde el punto de vista político, esta dificultad para clarificar quiénes son "migrantes económicos" y quiénes "migrantes forzados" es aprovechada por los mismos países involucrados: para los países receptores la mezcolanza puede ser una excusa para no admitir a refugiados, migrantes que se acogen al derecho de la "no devolución"; y para los países emisores, ese aspecto facilita una actitud de indolencia y de no reconocimiento de la situación de conflicto que provoca esa movilidad de personas.¹ Un hecho podría marcar la diferencia entre migrantes voluntarios y migrantes forzados, que en el primer caso el movimiento de emigración se planifica, y en el segundo no existe tiempo para esa planificación y la salida es más que nada una huida.

Por otro lado, al igual que existe una tendencia a identificar a los migrantes voluntarios con migrantes económicos, como si todas las personas se moviesen por razones económicas, existe otra tendencia a identificar como principales causas de los desplazamientos forzados las derivadas de la guerra y de los conflictos civiles, en las cuales la población civil juega el papel de objetivo bélico (ACNUR, 2000), incluidos sus recursos que pasan a formar parte de las economías de guerra.

A las más estrictamente bélicas se pueden añadir también razones políticas, económicas, medioambientales y étnicas (Malguesini y Jiménez, 2000): en el plano político, se huye de situaciones de violencia generalizada que altera la vida cotidiana. Desde la perspectiva económica, son las tensiones económicas y pobreza las que conducen al desplazamiento humano, sin olvidar la apropiación de territorios y recursos. Desde el punto de vista medioambiental, es la destrucción por sobreexplotación, degradación de los recursos naturales y exclusión de grupos vulnerables dependientes de los mismos. Y finalmente, en el plano étnico, los grupos étnicos son más fácilmente manipulables por grupos fanáticos que controlan el aparato estatal, definiendo las características de la nacionalidad, y pudiendo llegar a un potencial exterminio y limpieza étnica.

 

Migraciones forzadas: refugiados y desplazados internos. ¿Dónde están las diferencias?

"Migraciones forzadas" y "desplazamientos forzados" son términos que se utilizan indistintamente para hacer referencia a los movimientos que realizan las personas de forma involuntaria como consecuencia o respuesta a determinados acontecimientos naturales (hambrunas, sequías, inundaciones, terremotos) y actuaciones humanas (guerras, conflictos civiles, persecuciones, degradación medioambiental, proyectos de desarrollo).²

Las consecuencias derivadas en uno y otro caso convierten a las personas afectadas y obligadas a desplazarse en el grupo más vulnerable dentro de los movimientos migratorios en general (Van Hear, 1994). La situación de vulnerabilidad se agrava cuando dichas personas no encuentran la respuesta adecuada a todas las carencias derivadas de un movimiento no planificado, e igualmente no reúnen los requisitos necesarios para "ser considerados técnicamente como refugiados o para solicitar asilo en otro país" (Malguesini y Jiménez, 2000: 115). Todas estas circunstancias pueden empeorar aún más cuando se trata de individuos desplazados dentro de su propio país.

Pero, tradicionalmente, la preocupación se ha centrado en los refugiados, la cual arranca de finales del siglo XIX en la figura de F. Nansen, fundador del Sistema internacional de protección y asistencia a los refugiados. Su trabajo se inicia en la posguerra de la Primera Guerra Mundial y se centra en cuestiones de recuperación de documentación para los refugiados.

Las personas en esta situación se restringían hasta mediados del siglo XX a grupos específicos que se hallaban fuera de su país como resultado de las dos guerras mundiales. Grupos específicos eran turcos, armenios, alemanes, españoles, palestinos y coreanos (ACNUR, 2000). Este concepto se amplió con la creación de la Organización Internacional para los Refugiados en 1947 (OIR) al incluir a las "personas desvalidas" como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Unos años más tarde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), creado en 1951, vuelve a ampliar el concepto de refugiado superando la especificidad de los grupos afectados.³

Con el paso del tiempo este organismo no sólo ha extendido sus responsabilidades respecto a las personas refugiadas,⁴ sino que también ha reconocido las necesidades de otros grupos de personas afectadas por conflictos de diferente naturaleza como los repatriados, pueblos anteriormente deportados, migrantes en tránsito, migrantes ilegales, migrantes ecológicos, personas reasentadas involuntariamente y desplazados internos.⁵

En lo que respecta a los desplazados internos, éstos despertaron un importante interés en la década de 1990, aunque el ACNUR empezó a llamar la atención sobre este colectivo en los años setenta. De esta manera, en 1977 el ACNUR pidió al Comité Ejecutivo que clarificase la distinción entre refugiados y desplazados internos. Esta petición se vuelve a tratar en el Acuerdo de Contadora para la Paz y la Cooperación en América Central (1984), y en 1998 las Naciones Unidas definen a los desplazados internos como personas o grupos de personas que se han visto obligadas a abandonar sus lugares de residencia habitual, como consecuencia de conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos, acontecimientos naturales, proyectos de desarrollo y que no han cruzado la frontera de su país.

Esta amplia definición no hace sino prolongar la discusión sobre el concepto y situación de los desplazados internos (ACNUR, 2000): a) el desplazamiento interno se asocia con conflictos armados visibles y destructivos (Bosnia, Chechenia, etcétera) que atraen la atención de los medios de comunicación y organismos internacionales, mientras que otros prolongados en el tiempo y denominados conflictos de baja intensidad (Colombia, Perú) han recibido menos atención; b) los estudios se han centrado en personas que huyen de forma espontánea, mientras que reciben menos atención los traslados o realojamientos forzados; c) se suele excluir a las personas que se ven obligadas a desplazarse como consecuencia de desastres naturales, proyectos de desarrollo y planes de infraestructura; d) se considera a los desplazados internos solamente como una mera categoría humanitaria; e) las necesidades de los no desplazados pueden ser idénticas a la de los desplazados en situaciones de conflicto y violencia; y f) se ha prestado poca atención al hecho del momento en que una persona deja de ser desplazada.

Para autores como Bennett (1998), el término de desplazamiento interno es ante todo

conservador ya que reconoce las fronteras y sostiene la responsabilidad de los gobiernos de proteger a todas las personas en su interior. En realidad [...] las personas son desarraigadas forzosamente (a menudo por el gobierno encargado de su protección), se mueven en masa hacia y entre las fronteras, se convierten en escudo para las actividades insurgentes, y son objeto de acoso y de violaciones de derechos humanos (Bennett, 1998: 5).

Sin embargo, las diferencias entre refugiados y desplazados internos llegan más allá del concepto formal, y radican sobre todo en el sistema de protección y asistencia internacional para los refugiados y no para los desplazados internos, quienes sólo cuentan con la atención de la jurisdicción nacional. En este sentido, el vacío de un sistema internacional de protección ha generado el debate de ampliar el régimen de los refugiados para incluir a los desplazamientos internos (Barutciski, 1998; Rutinwa, 1999; Kingsley-Nyinah, 1999), sin obviar el papel del gobierno correspondiente como garante de los derechos humanos en un sentido amplio.

Esta carencia administrativa para los desplazados internos se ha intentado cubrir con los Principios Rectores sobre Desplazamiento Interno, documento presentado por F. M. Deng en 1998. No se trata de un documento vinculante, pero sí es de gran valor al reunir en un solo texto normas dispersas en diversos instrumentos de Derecho Internacional, y al servir de control en cuanto al tratamiento de los desplazados internos (Cohen, 1998), como la prohibición de desplazamientos arbitrarios; la minimización de los efectos del desplazamiento; no separar a los miembros de la misma familia y en su caso conocer el destino de cada uno de ellos; suministrar determinadas atenciones (alimentos, vivienda, sanidad); asegurar el regreso voluntario, seguro y digno.

Además de esta preocupación por su protección, otras razones que justifican el interés por los desplazados internos son su situación de vulnerabilidad y el aumento en términos cuantitativos. Los aspectos que caracterizan esa vulnerabilidad son: menor atención por parte de la comunidad internacional; falta de seguridad y bienestar en el proceso de huida; exposición a amenazas físicas más directas y a un trato discriminatorio y de rechazo; no gozar de libertad de movimiento, sobre todo cuando son trasladados y reasentados a la fuerza; falta de documentación legal (ACNUR, 1997).

Por su parte, el aumento del número de desplazados internos está relacionado con la complejidad de los movimientos migratorios internacionales, que ha llevado a la comunidad internacional a adoptar medidas que restringen la salida de personas en condición de refugiados (Gil, 2000), evitando así asentamientos a largo plazo. Medidas como crear zonas de seguridad dentro de los países en conflicto; conceder un régimen de protección temporal en lugar de la condición de asilado; difundir la idea del "derecho a permanecer"; aumentar el volumen de repatriaciones, y otras, ha llevado progresivamente a internalizar el desplazamiento y mantener a las personas dentro de las fronteras de sus respectivos países. A estas "medidas de internalización" se une el aumento en el número de conflictos internos en potenciales países de asilo; la existencia de guerras civiles prolongadas que han convertido áreas fronterizas en infranqueables; mayor diversidad de personas desarraigadas... (Schmeidl, 1998).

Las cifras, a pesar de no ser del todo coincidentes, empiezan a mostrar esos cambios de políticas, de manera que al tiempo que se incrementa el número de desplazados internos disminuye el de refugiados. Así, en 1999 se constataban 11,6 millones de refugiados en todo el mundo, más un millón de solicitudes de asilo; y 20 millones de desplazados internos, de los que sólo cuatro millones habían recibido atención por parte del ACNUR. Este volumen se aproxima al señalado en 1998 por el programa Global Internal Displaced Persons Survey (Norwegian Refugee Council [NRC]), que señala que si además de considerar a las personas por conflictos armados, se contasen a los desplazados por desastres naturales, proyectos de desarrollo y migración económica, la cifra global superaría los 160 millones.

Sin embargo, sí parece existir una unanimidad en cuanto que el mayor número de desplazados internos se localiza en Sudán, Angola, Burundi, Sierra Leona, Afganistán, Colombia, Sri Lanka y Bosnia.

 

¿Cuántos son y dónde están los desplazados internos?

A escala mundial, uno de los principales problemas del estudio de los desplazados internos es su conteo, derivado en buena medida de la diferente concepción que los gobiernos, las Naciones Unidas y las ONGs tienen acerca de quién es desplazado interno (Bennett, 1998). A esto se añade la actitud de los gobiernos que no siempre reconocen la presencia de desplazados internos, porque en parte no quieren reconocer los conflictos que los provocan; que la persona desplazada no siempre opta por registrarse ante las autoridades locales y busca mecanismos para invisibilizarse;⁶ que algunas personas cuentan con medios económicos o redes sociales lo suficientemente importantes como para renunciar al registro y la ayuda derivada de éste; en muchas zonas de conflicto la presencia internacional es mínima o inexistente, reduciéndose la posibilidad de contar a todas las personas que huyen; que el conteo se realiza a veces en función de las personas que reciben ayuda alimentaria, que no siempre son todas; al inicio del proceso la movilidad es rápida de un lugar a otro, con lo cual el registro es inexistente o innecesario; y por último, que se siguen contando como desplazadas a las personas que ya han retornado (ACNUR, 1997; Bonilla, 2004; OIM, 2001).

Colombia sería un ejemplo de país donde es difícil conocer el número de desplazados, coincidiendo casi todos los estudios efectuados sobre desplazamiento interno en señalar a esta nación como la de mayor número de personas desplazadas,⁷ e incluso ganando puestos en los últimos años. Así, el Comité para los Refugiados de Estados Unidos (U.S. Committee for Refugees, 1997) señaló que en 1997 Colombia ocupaba el noveno puesto en el mundo con más desplazados, por detrás de Sudán, Afganistán, Angola y Bosnia. En 2002, el ACNUR situaba a Colombia en la tercera posición después de Sudán y Angola⁸ (Collymore, 2002) (mapa 1). En la actualidad ocupa el primer puesto según el informe de ACNUR 2007.

Este país cuenta con cuatro fuentes para el recuento de desplazados que dan igualmente cifras diferentes.⁹ Este baile de cifras es fácil de comprender ya que en su elaboración no coinciden los mismos objetivos, metodología, ni por supuesto los intereses del organismo responsable de su elaboración. A esto se une que, por diversos motivos, no todos los desplazados recurren al mismo organismo, por ello el registro oficial de la RSS —Registro Único de Población Desplazada (RUPD)— no siempre resulta la fuente más fiable, ya que sólo contabiliza a los que recurren a las entidades públicas (personería municipal, alcaldía) para que se les reconozca la condición de desplazados.¹⁰

Así, si se toma como referencia el CODHES y la RSS, el número de desplazados internos ha tenido un incremento continuado hasta 2002 (cuadro 1 y gráfico 1), coincidiendo con ser éste uno de los años más críticos en la historia del desplazamiento en Colombia. En los años posteriores, ambas fuentes difieren en cuanto a la evolución del fenómeno, ya que si bien coinciden en señalar a 2003 como un año en el que se reduce el número de desplazados, este descenso es momentáneo para el CODHES que muestra un claro ascenso en 2004 y 2005, mientras que para la RSS ese descenso se mantiene hasta 2005.¹¹

 

El conflicto armado colombiano como causa del desplazamiento interno

El territorio como espacio de poder

Colombia forma parte de una región, Latinoamérica, marcada históricamente por el uso inadecuado del poder, por la marginación de comunidades indígenas, por el acceso desigual a los recursos, por la colonización económica imperialista, por sistemas oligárquicos. En este entorno, el país colombiano se presenta como uno de los mejores ejemplos de "violencia sistematizada y desenfrenada" (Cohen y Sánchez-Garzoli, 2001: 71). Esto hasta el punto de que la prolongación y casi "tradición" de esta situación hace que muchos especialistas califiquen el conflicto interno colombiano como de "baja intensidad" para diferenciarlo de otros más destructivos y concentrados en un periodo más corto (Bosnia, Ruanda). Dicha situación conflictiva ha sido el aliciente para que el desplazamiento forzado se conforme como una característica esencial de la historia del país (Lozano y Osorio, 1996), toda vez que ha producido un debilitamiento constante de su estructura socioeconómica y un impacto cada vez mayor sobre la población civil.

Los diferentes actores del conflicto (fuerzas armadas del Estado, guerrillas y paramilitares) actúan por la apropiación y control de los recursos y de territorios que tienen mayores potencialidades productivas y estratégicas, inestabilizando amplias zonas rurales del país: por su riqueza mineral y de economía de extracción en zonas como los Llanos Orientales y el Chocó; expansión de las empresas agroindustriales y ganaderas en Sucre y Bolívar; y por ser corredores estratégicos para el tráfico de los cultivos ilícitos y armamento en la zona del Catatumbo, Chocó, Meta y el Putumayo (González, 2001; Murad, 2003; Ibáñez y Moya, 2006). Esto explica, a su vez, la expansión geográfica del conflicto, al tiempo que han ido apareciendo nuevas zonas de interés para los actores implicados.

Lo anterior explica lo difícil que es separar el desplazamiento forzado de la expansión del control territorial por grupos ajenos al mismo, donde no sólo intervienen los actores del conflicto armado colombiano, sino también las grandes multinacionales que desarrollan megaproyectos agroindustriales, en los que el campesino minifundista es un obstáculo para sus intereses comerciales. El proceso de desterritorialización y expulsión de estos campesinos de sus tierras está protagonizado en muchas ocasiones por los paramilitares que, actuando como "empresas privadas de seguridad" y con la complicidad de los agentes públicos,¹² se alían con las grandes multinacionales y obligan a los campesinos a salir de sus tierras, para luego ser adquiridas éstas a precios regalados (U.S. Committee Refugees, 1998). En estas circunstancias, el tenor y la violencia se convierten en el instrumento expulsor de la población.

El interés económico explica también que el desplazamiento interno tenga lugar en zonas que se encuentran en vías de colonización y donde la densidad de población es baja, con la particularidad de que la propiedad de la tierra no está definida en su totalidad y eso facilita el proceso de ocupación, a la vez que genera conflictos entre los mismos campesinos.

Un ejemplo de lo anterior es el caso del Catatumbo, del que se hablará posteriormente, y del Chocó conocido como la mejor esquina de América donde confluyen proyectos hidroeléctricos, de puertos, canal interoceánico, oleoductos, carreteras y vías férreas. El valor añadido de este territorio por su apertura comercial explica la guerra desatada contra la gente de esta zona: las agroindustrias del Urabá antioqueño se expanden en esta dirección, explotación minera y petrolera, proyecto hidroeléctrico que facilitará la exportación de energía a Centroamérica y Estados Unidos, presencia de multinacionales francesas realizando extracciones genéticas y de plantas medicinales.

De igual modo, la posición geoestratégica que ofrece la región del Catatumbo respecto a Venezuela ha permitido que los grupos insurgentes hallen refugio en este país vecino con la complicidad del mismo gobierno y de esta manera afianzar sus prácticas comerciales ilícitas, hasta el punto de que Colombia ha dejado de ser el foco de atención de la DEA (Departamento de Estados Americanos) para hacer un seguimiento al tráfico de drogas y armas, y han centrado sus operaciones en Caracas y otros puntos de enlace marítimo de Venezuela.

En concordancia con lo anterior, en los últimos cuatro años el actual presidente venezolano ha mostrado un discurso contradictorio cuando se refiere a los grupos insurgentes de Colombia (FARC y ELN), al señalar en 2004 en la ciudad de Cartagena (Colombia) no apoyar a ninguno de estos grupos guerrilleros, para posteriormente en enero de 2008 pedir desde Calacas a la comunidad internacional que se les suprima el estatus de terrorista y devolverles el estatus de grupo beligerante comprometidos en la lucha de un proyecto político bolivariano. Esto ha generado una crisis diplomática con Colombia al señalar a este país "amigo del imperialismo" y provocador de una guerra contra Venezuela.

El conflicto adquiere igualmente un carácter fronterizo en Nariño, departamento frontera con Ecuador, donde se dan cita los actores del mismo, bandas de narcotraficantes, fumigaciones aéreas de cultivos ilícitos, contrabando de armas... y un importante desplazamiento forzado de indígenas y afrodescendientes (CODHES, 2007).

 

Evolución reciente del conflicto armado colombiano

La sociedad colombiana ha evolucionado de la mano de la guerra desde hace cinco siglos (Sarmiento, 2001), partiendo del momento de la conquista española. Esto hace que numerosos analistas afirmen que el país se ha habituado a un modus vivendis permanente de la violencia, que se perpetúa en el conjunto de estructuras sociales económicas, políticas, religiosas que la fomentan o la toleran. Se llega incluso a afirmar que en "su gente existe alguna formación genética que la induce a un estado permanente de exaltación social" (www.colombia.com/gobierno/especial1/).

Las confrontaciones internas y transnacionales que han acompañado a este proceso son numerosas. Algunas de las que se han producido en el siglo XIX son: la lucha por la independencia, "ocho (8) guerras civiles nacionales, catorce (14) guerras civiles locales, dos (2) guerras internacionales con Ecuador, dos (2) golpes de Estado y la guerra de los mil (1000) días [...] En el siglo XX en una guerra internacional contra Perú" (Hernández, 2003: 239). Todos ellos conflictos motivados por reivindicaciones políticas de participación burocrática.

El punto álgido se alcanzó en la segunda mitad del siglo XX con el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, alternativa más cercana al clamor de los sectores campesinos y populares reprimidos y alienados por mucho tiempo. Esta alternativa planteaba una profunda reforma agraria que atentaba contra los intereses de los grandes terratenientes, que, a su vez, pertenecían a los partidos políticos tradicionales. Es aquí donde se da inicio a un periodo violento de casi 20 años, fragmentándose amplias poblaciones campesinas y dando origen al movimiento liberal guerrillero con ideología comunista (FARC-EP). Dicho periodo cobró alrededor de trescientas mil víctimas civiles y dos millones de desplazados internos (ACNUR, 1997; González, 2001; Obregon y Estavropoulou, 1998).

El agitado orden social y político de la década de 1950 extendió la violencia a grandes regiones del país, organizándose numerosos grupos insurgentes en El Valle, Tolima, Caldas, Cauca, Boyacá, Cundinamarca, los Santanderes y otras regiones.¹³ En estas circunstancias, las fuerzas armadas se revelaron contra el orden político instaurado, llevando al poder al teniente general Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó en un periodo dictatorial corto y con la ayuda de la Iglesia estableció un orden reformista basado en las ideas de justicia y libertad universal; al no contar con el apoyo político se dio paso a un proceso de alternancia del poder entre los dos partidos tradicionales (liberales y conservadores), que se llamó Frente Nacional y permaneció durante 16 años a partir de 1958.

En estos cuatro periodos del Frente Nacional, los programas de gobierno se centraron en la política de planeación rigurosa, austeridad en el gasto público, pacificación del país, desarrollo económico y social e incentivo a la inversión extranjera. Sin embargo, este sistema de alternancia va a contar con el descontento de los demás grupos políticos por el reformismo social del Frente Nacional. Empieza así a emerger una nueva generación con influencia ideológica castrista, marxista, estructuralista (Ocampo, 1999), y con ella la conformación de grupos guerrilleros.

La década de 1970 estuvo marcada por el progreso económico (auge del café e incremento de los precios internacionales del petróleo), apoyado en las ideas neoliberales y con el objetivo de eliminar obstáculos a la inversión extranjera. Como contrapartida se incrementó la problemática existente de la economía campesina al ser frecuente la expulsión de campesinos con el auge de cultivos ilícitos y la concentración de la propiedad.

Al mismo tiempo, empiezan a emerger los grupos paramilitares financiados por los grandes hacendados y empresarios, lo cual, a su vez, era concordante con las políticas gubernamentales de represión a los grupos guerrilleros. En este momento empieza a consolidarse una economía sumergida sustentada por el narcotráfico, que no sólo permitió financiar de manera directa la violencia, sino reconfigurar el orden político local que va desde la corrupción política y judicial hasta la de los organismos de seguridad, instaurándose de este modo un orden de impunidad generalizado. Esto se hizo evidente con el asesinato de líderes políticos, candidatos presidenciales, líderes comunales, representantes de ONGs, analistas políticos y académicos, atentados a las sedes de los principales periódicos y con ello el ultimátum a la libre expresión, atentados a las sedes políticas, entidades públicas, secuestros, extorsiones, etcétera. En este contexto se hacen masivos los desplazamientos forzados fuera del país y sobre todo en el interior.¹⁴

En la actualidad, y a pesar de los muchos esfuerzos de los gobiernos anteriores en los procesos de negociación con la insurgencia, se siguen manteniendo los actores principales del conflicto armado (FARC, ELN y AUC)¹⁵ y los ataques a la población civil no combatiente.

Para hacerle frente a esta situación, el presidente Álvaro Uribe Velez adoptó como programa bandera de su administración "el plan patriota", que consiste en la recuperación de territorios a través de sus fuerzas armadas, que antes eran dominados por los grupos insurgentes. Esto supone un incremento en el gasto militar, conformación de "soldados campesinos" y "grupos informantes", y la expansión del conflicto hacia el oriente. Esta forma de actuar ha debilitado la estructura política y militar de los grupos guerrilleros, pero sin quedar derrotados.

Por eso las zonas de mayor expulsión de población se dan en contextos regionales en donde hay fuerte presencia de la fuerza pública y de los grupos armados al margen de la ley, cuyos enfrentamientos menoscaban cualquier garantía de seguridad al convertirse en teatros de operaciones en los que se ponen a prueba estrategias bélicas, contradiciendo la opinión oficial de que la mayor presencia militar produce mayores niveles de seguridad.

 

El caso del Catatumbo

Territorio y conflicto

La zona del Catatumbo responde a los planteamientos realizados anteriormente.¹⁶ Su valor geoestratégico es indudable (PCS¹⁷, 2003) al estar ubicada en el departamento del norte de Santander (noroccidente del país), extendiéndose hasta Maracaibo en la República de Venezuela y demarcada por zonas planas, montañosas y selváticas alrededor del río Catatumbo. Por el norte y por el occidente limita con la República Bolivariana de Venezuela, donde se localiza el oleoducto Caño Limón-Coveñas; por el oriente con el sur del departamento de César, a través del cual se accede por la Serranía del Perijá; y por el sur con los municipios de Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia y Villa del Rosario. A esto se une su importante riqueza en recursos naturales como el petróleo, carbón, mármol, oro, caliza, producción de coca.

Las condiciones explicadas anteriormente justifican, en parte, la dinámica del conflicto generado en esta zona, enmarcadas a su vez en la adopción de políticas y economías neoliberales en Colombia a inicios de la década de 1990 que van a facilitar las conexiones transnacionales¹⁸ y alimentar las economías de guerra.

Las mismas características topográficas, zona montañosa y selvática han servido para que la guerrilla haya tenido presencia en esta región durante casi tres décadas, a pesar de los ataques de los grupos de autodefensas y de los operativos de la Fuerza Pública. Por su parte, los grupos de autodefensas se han asentado principalmente en las zonas planas y selváticas, tanto en la frontera con el sur del César, como en los márgenes derecho e izquierdo del río Catatumbo, en las cabeceras municipales, algunos corregimientos de municipios ubicados en la zona montañosa y algunas áreas rurales con cultivos de coca. Desde estos lugares organizan sus incursiones a las zonas rurales donde la influencia de la guerrilla es mayor.

Tradicionalmente, el ELN ha tenido una presencia importante alrededor del oleoducto Caño Limón-Coveñas, del cual ha obtenido grandes beneficios, económicos y estratégicos, gracias al robo de crudo y a los atentados contra las tuberías. Aunque esta influencia ha ido disminuyendo progresivamente debido a la presión de la Fuerza Pública y las autodefensas, ha encontrado el fortalecimiento con las FARC, siendo en la actualidad este grupo guerrillero el más fuerte en la región, perceptor además de importantes sumas de dinero a cambio de prestar seguridad a sectores vinculados con actividades ilícitas como el cultivo de la coca; y comercialización del producto derivado de esta actividad a través de varios centros de acopio y distribución, entre ellos, el corregimiento de Filo Gringo (El Tarra), que ha sido objeto de intensas disputas.

Las agrupaciones de autodefensas se encuentran hoy en expansión y tienen presencia en buena parte del norte de Santander, en los municipios de Puerto Santander, Cúcuta, El Zulia y Villa del Rosario, y en el Catatumbo en los municipios de Tibú y El Tarra. Desde 1998 han intentado controlar la frontera con el sur de César y de esta manera parte del comercio de la coca y del contrabando en la región.

La expansión reciente de las autodefensas en el departamento del norte de Santander tiene como objetivo crear un corredor que divida al norte del centro del país, uniendo el Urabá con el Catatumbo. Esto se manifiesta en el corredor Tibú—Cúcuta que pretende comunicar el Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta y la región del Sarare, en la frontera, con el departamento de Arauca. Se trata de impedir el paso de la guerrilla de este departamento hacia el norte de Santander y de controlar la frontera con Venezuela, fuente de grandes ventajas estratégicas para la comercialización de la coca y otros productos de contrabando, así como por el acceso al mercado negro de armamento militar.

Las autodefensas utilizan su capacidad de intimidación para obligar a las personas a ejercer la actividad de raspachines en los cultivos de coca de su propiedad. Igualmente, han buscado desplazar los cultivos de coca de las FARC hacia las laderas de las montañas presionando a los pequeños cultivadores.

 

El desplazamiento interno, ¿estrategia de guerra?

La situación expuesta explica la dinámica del desplazamiento forzado en la zona del Catatumbo, al encontrarse las comunidades que la habitan en medio de la confrontación armada de los diferentes actores del conflicto. El estudio publicado por RELIEFWEB (2004) para el periodo 2000-2004 revela que la dinámica del desplazamiento forzado en la región del Catatumbo está ligada al desarrollo del conflicto (masacres, homicidios, secuestros y amenazas). Esta dinámica obedece a las incursiones que realizan los grupos armados ilegales en los diferentes municipios de la región para acaparar recursos económicos y la lealtad de la población, e intimidarlos por el posible apoyo a los grupos contrarios. Asimismo, es de resaltar las incursiones libres y sin ningún control de la guerrilla de las FARC en territorio venezolano, específicamente en la frontera terrestre con el Catatumbo donde se están incrementando las prácticas de secuestro y extorsión a comerciantes y ganaderos en los estados de Apure, Zulia y el Táchira.

Un informe de 2003 de la PCS señalaba cómo una invasión producida entre finales de 2001 y comienzos de 2002 por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en las parte noroccidental del Catatumbo provocaron la huida de 15.000 personas de El Carmen, La Trinidad, Cartagenita, Miraflores, Ocaña y Convención a los centros urbanos más próximos de Cucutá y Bucaramanga, y también a la periferia de las ciudades de Ocaña y Convención.

Según este mismo informe, las comunidades campesinas de La Libertad, Cartagenita, Miraflores y El Aserrío se han convertido desde entonces en pueblos fantasmas. Son pocas las familias que quedan en el área. Muchas huyeron a las áreas rurales cercanas, y otras familias se trasladaron a los territorios indígenas del Catatumbo Central, donde recibieron apoyo de estas comunidades.

Las consecuencias de la invasión de las AUC no es solamente la cantidad de población desplazada, sino el alcance que tiene para la población que sobrevive en sus comunidades entre los enfrentamientos de los actores armados. Los bloqueos de alimentos y medicamentos, como estrategia para enfrentar las AUC a las fuerzas guerrilleras, suponen la destrucción de los mercados locales; a su vez, la colocación de minas antipersonales, como una táctica de las fuerzas guerrilleras para impedir el avance de las AUC, supone reducir las posibilidades de cultivar productos agrícolas. A esto se une la destrucción de la infraestructura local. Todo ello lleva a la población a situaciones de importante vulnerabilidad hasta el punto de hablar de periodos de hambre generalizada.

 

El retorno, ¿nuevos conflictos?

Pero el desplazamiento forzado también tiene un segundo movimiento, el del retorno al lugar de origen, que en la zona del Catatumbo se produce sin conocer las condiciones físicas y socioeconómicas y sin ningún respaldo de las autoridades estatales y militares, lo cual convierte el regreso en un proceso controvertido y complicado. Por ejemplo, el área rural de Convención es una región que se siguen disputando los actores armados (PCS, 2003a), quedando los caminos bloqueados desde finales de 2001 con repetidas incursiones de los paramilitares. En general, los actores del conflicto siguen sembrando el miedo y el odio, e impidiendo la entrada de alimentos y medicamentos, lo que a su vez impide que revivan las economías campesinas locales.

La ubicación de las minas antipersonales supone igualmente un obstáculo para la recuperación de la economía campesina local y la reconstrucción de las escuelas. Del mismo modo, la degradación del tejido social, como resultado de una sociedad civil dividida y desorganizada por la perpetuación del conflicto, puede implicar hacer que las personas retornadas se vean gradualmente involucradas en el conflicto al no poder enfrentar a sus actores.

El mismo informe del PCS (2003a) señala que más de 400 personas regresaron a sus hogares sin ayuda, en medio del conflicto, y sin una seguridad social y económica. Esto complica aún más la situación ya que puede generar nuevos desplazamientos. Además, al hacerlo como iniciativa personal pueden verse fuera de las ayudas del gobierno, lo cual puede originar nuevos conflictos entre una y otra modalidad de retorno en disputa por dichas ayudas.

A este respecto, organizaciones implicadas en los procesos de retorno indican que la ayuda debe llegar a toda la población para evitar cualquier tipo de tensión ante políticas diferenciadas según el tipo de población, y han identificado numerosas necesidades en el proceso de retorno: mejorar las viviendas y los caminos; establecer centros de atención en salud, y proporcionar personal médico, medicamentos y equipo quirúrgico; reconstruir las escuelas, invertir en comedores escolares y contratar maestros; ayudar a construir y fortalecer las organizaciones de base y los procesos sociales; contribuir a la seguridad alimentaria proporcionando semillas, ganado y creando miniproyectos; respondiendo a las preocupaciones sobre la seguridad con el ingreso de equipos de comunicación (por ejemplo, instalando líneas telefónicas); hacer un seguimiento de los abusos contra los derechos humanos con la asignación de un defensor del pueblo para la zona.

Desde el punto de vista de las políticas gubernamentales de retorno, numerosas ONG's y la ONU han cuestionado el contexto de dignidad, voluntariedad y seguridad en que se produce este proceso (PCS, 2003b) por varios motivos: no inversión en servicios sociales para la población retornada; la dificultad para recuperar en el lugar de origen la autosuficiencia y una vida en condiciones dignas; siguen estando presentes las minas antipersonales y los actores del conflicto armado; el retorno se produce en medio de un conflicto que se hace eterno, complejo ya que la población retornada y la ayuda humanitaria pueden estar más cerca de unos u otros actores irregulares armados; incremento potencial de la vulnerabilidad y empobrecimiento de los retornados ante falta de vivienda, inseguridad económica, etcétera.

Por otro lado, no hay que olvidar que las circunstancias en el lugar de destino también empujan a regresar: falta de ayuda en los centros urbanos de destino (Cúcuta, Ocaña y Convención), casi siempre precaria; no figurar en los registros oficiales y por lo tanto no tener acceso a la ayuda; escasas oportunidades de empleo porque, entre otros motivos, a muchos desplazados se les estigmatiza como simpatizantes de la guerrilla; importante presencia de actores armados en los centros urbanos (Cúcuta, Ocaña y Convención), que conlleva un constante riesgo para los desplazados internos.

Es así como el conflicto armado tiene sus implicaciones directas en la población rural, que se desplaza de forma forzada hacia los núcleos urbanos, mientras que los actores armados ilegales se apropian de sus tierras y las utilizan como economía de guerra al aprovechar sus ventajas como corredores comerciales y conexiones fronterizas.

Esto significa que esta región, como muchas otras de la geografía colombiana, a pesar de ser ricas en recursos naturales se empobrecen, o empobrecen a sus habitantes, al estar subexplotadas y a expensas del interés por cultivos ilícitos que nada solucionan las necesidades de la población autóctona.

 

Conclusiones

El conflicto armado colombiano se caracteriza por prolongarse durante más de medio siglo; por el proceso de degradación social y económica; la utilización de la población civil como táctica de guerra, quebrantando cualquier normativa en defensa de los derechos humanos; la consolidación cada vez mayor de los actores armados; el control del territorio como espacio de poder; la pérdida de cualquier credibilidad de los actores armados por parte de la población civil; y la expansión del conflicto armado e imposibilidad de consolidar los acuerdos de paz.

El desplazamiento interno se presenta en este contexto como una de las consecuencias más dramáticas desde el punto de vista humano; y aunque no se puede asegurar que sea un fenómeno "nuevo", sí es cierto que el recrudecimiento del conflicto armado en los últimos años ha involucrado cada vez a más población civil, siendo posible caracterizar la situación actual de este fenómeno como crítica al confluir problemas diferentes como la violación de derechos tan fundamentales como el de la vida y la seguridad personal; las pérdidas familiares y familias desestructuradas; la pérdida de bienes materiales, afectivos y de referentes personales; la pérdida de empleo y acceso a trabajos poco cualificados y peligrosos; el desafío que suponen los desplazados para los lugares de llegada que no siempre están en condiciones óptimas para atender a una población que en muchas ocasiones ya llega empobrecida.

El fenómeno del desplazamiento interno se ha ido haciendo más complejo con la evolución del conflicto no sólo por su expansión, sino también por su dinámica, ya que junto a los desplazamientos más frecuentes rural-urbano se incrementan los interurbanos y los intraurbanos. Esto hace que su localización geográfica no sea fácil, pues la dinámica territorial responde en gran medida a la dinámica del conflicto armado. Así, los municipios afectados pueden cambiar su papel de expulsores a receptores en un breve periodo. De igual manera, se añade que ningún departamento de Colombia está al margen del fenómeno, es decir, todos han experimentado en mayor o menor medida salidas forzadas de su población, lo cual es indicativo de hasta qué punto está generalizada la violencia en el país. Como ejemplo de la expansión del fenómeno está el incremento del número de municipios afectados en 2005, como es el caso de los registros de nuevos desplazamientos en los departamentos de Vaupés y Guainía.

Cabe preguntarse hasta qué punto la política de seguridad democrática del gobierno está funcionando, ya que las zonas de mayor expulsión de población se dan en contextos regionales donde hay fuerte presencia de la fuerza pública y de los grupos armados al margen de la ley.

 

Bibliografía

Abellán, A. (1998), La población del mundo, Madrid: Síntesis.         [ Links ]

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1997), La situación de los refugiados en el mundo. 1997-1998. Un programa humanitario, Barcelona: Icaria.         [ Links ]

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (2000), La situación de los refugiados en el mundo 2000: cincuenta años de acción humanitaria, Barcelona: Icaria.         [ Links ]

Barutciski, Michael (1998), "El conflicto entre el concepto de refugiado y el debate sobre los desplazados internos", en Migraciones Forzosas, núm. 3.         [ Links ]

Bennett, Jon (1998), "La migración forzosa dentro de las fronteras nacionales: el orden al día de los desplazados interno (DI)", en Migraciones Forzosas, núm. 1.         [ Links ]

Blanco, Cristina (2000), Las migraciones contemporáneas, Madrid: Alianza.         [ Links ]

Bonilla, Ricardo (2004), "El desplazamiento forzado interno en Colombia", en Observatorio de coyuntura socioeconómica, núm. 12. Disponible en: <www.cid.unal.edu.coLinks ]cid.unal.edu.co">>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) (2007), "Codhes informa: Huyendo de la Guerra", en Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, núm. 72, Bogotá, Colombia.         [ Links ]

Cohen, Roberta (1998), "Los Principios Rectores de los desplazamientos internos", en Migraciones Forzosas, núm. 2.         [ Links ]

Cohen, Roberta y Gimena Sánchez-Garzoli (2001), "El desplazamiento interno en las Américas: algunas características distintas", en Derechos humanos y refugiados en las Américas: lecturas seleccionadas: ACNUR. Disponible en: <www.acnur.orgLinks ]acnur.org" target="_blank">>.

Collymore, Yvette (2002), Colombia ante la perspectiva de más desplazamiento de población, Population Referente Bureau: Disponible en: <www.prb.orgLinks ]prb.org">>.

Egea, Carmen et al. (2005), La migración de retorno en Andalucía, Granada: Universidad de Granada.         [ Links ]

Escalona, Ana (1995), "El estudio de las migraciones de refugiados. Cuestiones teóricas y metodológicas", en Geographicalia, núm. 32.         [ Links ]

Fajardo, Darío (1999), Bases para una política de asentamientos humanos, prevención de los desplazamientos forzados y acceso a la tierra para los desplazados, Bogotá: RSS.         [ Links ]

Gil Araujo, Sandra (2000), "Migraciones, conflictos y mundialización", en Globalización y sistema internacional, Barcelona: Icaria.         [ Links ]

González Bustelo, Mabel (2001), Desterrados. Desplazamiento forzado en Colombia, Equipo Nizkor. Disponible en: <www.derechos.orgLinks ]derechos.org">>.

Hernández Delgado, Esperanza (2003), "Conflicto armado, resistencia civil y construcción de la paz en Colombia", en América Latina: conflicto, violencia y paz en el siglo XXI, Argentina: Libros en Red.         [ Links ]

Hugo, Graeme y Chan Bun Kwok (1990), "Conceptualing and Defining Refugee and torced Migrations in Asia", en Southeast Asian Journal of Social Science, núm. 19, vol. 1.         [ Links ]

Ibáñez, Ana y Andrés Moya (2006), La población desplazada en Colombia: examen de sus condiciones socioeconómicas y análisis de las políticas actuales, Bogotá: Departamento Nacional de Planeación (DNP).         [ Links ]

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (2006), Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2005, Geneva: Norwegian Refugee Council. Disponible en: <www.internal-displacement.org>         [ Links ]

Kingsley-Nyinah, Michael (1999), "¿Qué se puede tomar prestado? ¿Qué es nuevo?", en Migraciones Forzosas, núm. 4.         [ Links ]

Lozano, Fabio y Edilma Osorio (1996), "Población rural desplazada por violencia en Colombia", en Cuadernos de Desarrollo Rural, núm. 36.         [ Links ]

Maccio, Guillermo [ed.] (1985), Diccionario demográfico multilingüe, Unión Internacional para el Estudio Científico de la Población, Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), Lieja: Ordina.         [ Links ]

Malguesini, Graciela y Carlos Giménez (2000), Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad, Madrid: Los Libros de la Catarata.         [ Links ]

Murad Rivera, Rocío (2003), Estudio sobre la distribución espacial de la población en Colombia, Santiago de Chile: CEPAL, Naciones Unidas.         [ Links ]

Obregón, Liliana y María Stavropoulou (1998), "In search of hope: the plight of displaced Colombians", en Roberta Cohen y Francis Deng [eds.], The forsaken people: case studies of the internally displaced, Washington: Brookings Institution Press.         [ Links ]

Ocampo López, Javier (1999), Historia básica de Colombia, Bogotá: Plaza & Janes.         [ Links ]

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) (2001), Diagnóstico de Población Desplazada y Comunidades de Recepción en Seis Departamentos de Colombia, Bogotá: <www.oim.org.coLinks ]oim.org.co">>.

Project Counselling Service (PCS) (2003), "Bloqueos y desplazamientos en el Catatumbo", en Colombia Regional Report: Catatumbo, 11 de febrero, Bogotá: Consejería Proyectos.         [ Links ]

Project Counselling Service (PCS) (2003a), "El regreso a casa. El retorno de desplazados internos a la zona de guerra en el Catatumbo", en ColombiaRegionalReport: Catatumbo, 17 de marzo, Bogotá: Consejería en Proyectos.         [ Links ]

Project Counselling Service (PCS) (2003b), "El proceso de retorno en el Catatumbo", en Colombia Regional Report: Catatumbo, 30 de mayo, Bogotá: Consejería en Proyectos.         [ Links ]

Pérez, Diego (2001), El desplazamiento interno en Colombia durante el 2000. Retos inaplazables para los próximos años, Bogotá: Consejería en Proyectos.         [ Links ]

Pérez de Armiño, Karlos (2000), Diccionario de acción humanitaria y cooperación al desarrollo, Barcelona: Icaria y Hegoa.         [ Links ]

Petersen, William (1958), "A general typology of migration", en American Sociological Review, núm. 23, vol. 3.         [ Links ]

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) (2005), Informe de Desarrollo Humano. 2005: La cooperación internacional ante una encrucijada. Ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual, Madrid: Mundi-Prensa.         [ Links ]

Red de Solidaridad Social (RSS) (1999), Atención a población desplazada por el conflicto armado, Bogotá. Disponible en: <www.red.gov.coLinks ]red.gov.co">>.

Relief web (2004), Algunos indicadores sobre la situación de los derechos humanos en la Región del Catatumbo. Disponible en: <www.reliefweb.intLinks ]reliefweb.int">>.

Rutinwa, Bonaventure (1999), "¿Cómo de tensa es la tensión entre el concepto de refugiado y el debate sobre los desplazados internos?", en Migraciones Forzosas, núm. 4.         [ Links ]

Sarmiento Anzola, Libardo (2001), "Conflicto, intervención y economía política de la guerra", en Jairo Estrada Álvarez [ed.], Plan Colombia. Ensayos críticos, Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.         [ Links ]

Schmeidl, Susanne (1998), "Comparative trenes in forced displacement: IDPS and refugees, 1964-96", en Janie Hampton, Internally Displaced People. A Global Survey, London: Earthscan.         [ Links ]

U.S. Committee for Refugees(USCR) (1997), World Refugee Survey, Washington D.C. Disponible en: <www.refugees.orgLinks ]refugees.org">>.

U.S. Committee for Refugees USCR (1998), World Refugee Survey, Washington D.C. Disponible en: <www.refugees.orgLinks ]refugees.org">>.

Van Hear, Nicholas (1994), "Migration, displacement and social integration", en Ocassional Paper, núm. 9.         [ Links ]

Vono de Villena, D. (2002), "Tratamiento gubernamental e internacional del desplazamiento forzado en Colombia", en Migraciones Forzadas, núm. 12.         [ Links ]

 

Notas

¹ No es de extrañar que la diversificación, complejidad y extensión de los movimientos de población vaya en aumento y cada vez resulte más difícil conocer quiénes son unos y quiénes otros. Así, las relaciones desiguales entre países, el aumento de desequilibrios sociales y de la pobreza, y el mantenimiento de guerras civiles y conflictos con la aparición de otros nuevos (Gil, 2000) no hará sino dar más razones para que las personas se vean obligadas a emigrar.

² Otros términos utilizados para referirse al desplazamiento forzado son: movimiento de refugiados, éxodo masivo, flujo de asilo, expulsión en masa, limpieza étnica, desplazamiento a causa de desastres naturales, desplazamiento debido al desarrollo, migración forzosa, desplazamiento interno, traslado de poblaciones, intercambio de poblaciones, repatriación voluntaria y retorno forzoso (ACNUR, 1997).

³ La definición de refugiado es tal y como se conoce en la actualidad: "el término refugiado se aplicará a toda persona que debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él [...]" (art. 1 (A) 2 de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados).

⁴ Sus actividades de asistencia se mueven en dos ámbitos: programas de asistencia a refugiados desde la fase inicial de emergencia hasta alcanzar soluciones permanentes; y asistencia en materia de alimentación, construcción de alojamientos, provisión de agua, saneamiento, sanidad, educación, etcétera (Mendia y Gil, en Pérez, 2000).

⁵ Estas nueve situaciones se dan a conocer en la Unión Soviética en 1996 (ACNUR, 2000).

⁶ Algunas personas tienden a "mezclarse" con familias y amigos en zonas urbanas donde gozan de un mayor anonimato (ACNUR, 1997).

⁷ Según el PNUD (2005), el desplazamiento interno en Colombia supone uno de los más importantes desde la Segunda Guerra Mundial.

⁸ Sudán contaba con 4 millones, Angola con 2.3 millones y Colombia, 2 millones.

⁹ CODHES, Organización no gubernamental que ha realizado durante años una labor pionera en el estudio, análisis, medición y propuestas para la atención a los desplazados; Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); el sistema de estimación y el registro de la Red de Solidaridad Social (RSS); y el Sistema de Información sobre población Desplazada de la Conferencia Episcopal de Colombia denominado RUT.

¹⁰ La inscripción en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD) es el requerimiento indispensable para acceder a la mayoría de los programas de Atención Humanitaria de Emergencia (AHE) y de estabilización socioeconómica. Para acceder al SUR, los hogares desplazados deben realizar una declaración ante cualquier entidad del Ministerio Público, que se resuelve en 15 días. Algunas son rechazadas por realizarse un año después de haber tenido lugar el desplazamiento (Ibáñez y Moya, 2006).

¹¹ La serie temporal utilizada no debe entenderse como que el fenómeno tiene sus inicios en 1994. Se trata solamente de una mayor accesibilidad a las fuentes, ya que con anterioridad 1985 es un año de incremento de desplazados como consecuencia de la agudización del conflicto armado, al que le sigue otro incremento significativo a partir de 1993 (Murad, 2003).

¹² "Un importante número de actos de violencia perpetrados por los paramilitares se llevaban a cabo con la connivencia, por no decir complicidad, de los agentes públicos, especialmente los miembros de las fuerzas armadas y de la policía nacional [...] Al decir del Defensor del Pueblo, los grupos paramilitares se han convertido en el brazo ilegal de las fuerzas armadas y de la policía, para quienes realizan la labor sucia que las fuerzas armadas y la policía no pueden hacer por ser autoridades sujetas al imperio de la ley" (Naciones Unidas, en Vono, 2002: 43-44).

¹³ Estos hechos implicaron profundos cambios demográficos en el país, principalmente en las áreas rurales con importantes movimientos migratorios del campo a la ciudad, a lo que se unió un aumento vertiginoso de la población en la década de 1960. La población pasó de 11.548.172 habitantes en 1951, a 17.484.508 habitantes en 1964 (Ocampo, 1999), lo que supuso un incremento poblacional del 51,4%.

¹⁴ Según el informe de ACNUR 2007, atendieron en Colombia a 3 millones de los 13 millones de desplazados que hay en el mundo, ubicando a este país en el primer lugar de las naciones con más desplazados internos.

¹⁵ FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias; ELN: Ejército de Liberación Nacional; AUC: Autodefensa Unida de Colombia (o paramilitares).

¹⁶ Esta zona contaba en 2004 con 176.000 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE]) distribuidos entre los municipios de Convención, Sardinata, El Carmen, Hacarí, El Tarra, Tibú, San Calixto, El Zulia y Villa del Rosario, siendo Tibú, El Carmen, Convención y Sardinata los municipios con mayor volumen de población.

¹⁷ Consejería en Proyectos (PCS) es un consorcio internacional de agencias europeas y canadienses de cooperación creado en 1979 y conformado por el Consejo Danés para los Refugiados (DRC), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), la Ayuda de las Iglesias Evangélicas de Suiza (HEKS), Acción Conjunta de las Iglesias de Holanda (ACT/NL) y la agencia canadiense Inter Pares (IP).

¹⁸ La Gabarra (frontera con Venezuela) cuenta con una de las plantaciones de coca más grandes de Colombia. La coca se introdujo a mediados de la década de 1990 y se vio facilitada por la actitud favorable del Estado y la agudización del empobrecimiento de la región tras la adopción por parte del mismo de un proyecto neoliberal. El conflicto violento, la posterior destrucción de los mercados locales y el desplazamiento forzoso son fenómenos que han producido un ejército de potenciales "raspachines" o cosechadores de coca.

 

Información sobre los autores

Carmen Egea Jiménez. Doctora en Geografía, profesora titular del Departamento de Geografía Humana y miembro del Instituto de la Paz y los Conflictos (Universidad de Granada, España). Líneas de investigación: Migraciones (retorno y forzadas), vulnerabilidad social en el medio urbano. Tres últimas publicaciones: "La emigración de población indígena de Guatemala a Estados Unidos", en Machado, Rafael [coord.], "Globalización y territorios indígenas en Guatemala", Granada (2008); junto con Vicente Rodríguez Rodríguez, "Escenarios de retorno de los emigrantes jubilados. El caso de los emigrantes de la provincia de Jaén (España)", en revista Papeles de Población, núm. 44, México, (2005); y "Return and The Social Environment of Andalusian Migrants in Europe", en Journal of Ethnic and Migrations Studies (2006).

Javier Iván Soledad Suescún. Economista, especialista en Evaluación social de proyectos y doctorando en Paz, Conflicto y Democracia. Profesor de Economía y miembro del Instituto de Paz, Conflicto y Democracia de la Universidad de Pamplona, Colombia. Líneas de investigación: Migraciones (desplazamiento forzado y retorno). Tres últimas publicaciones: 'La importancia del territorio en las migraciones en Colombia", en Congreso de la Asociación Española de Ciencia Regional, España (2007); junto con Carmen Egea Jiménez, "Territorio, conflictos y migraciones en el contexto colombiano", en Cuadernos Geográficos, Granada, España (2007); y junto con José Antonio Nieto Calmaestra y Carmen Egea Jiménez, "La inmigración extranjera y su incidencia en la fecundidad de los municipios andaluces", en V Congreso sobre la Inmigración en España, Valencia, España (2007).