Artículos

 

Las resistencias y demandas ciudadanas frente a las lógicas del mercado y las políticas del Estado (Santa Fe, Argentina, 1890–1912)

 

Marta Bonaudo* y Elida Sonzogni**

 

* Doctora en Historia por la Universidad de Aix–en–Provence, Marsella (Francia). Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de Historia Argentina II en la Universidad Nacional de Rosario.

** Profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Es investigadora II del Programa Nacional de Incentivos y profesora titular de Historia Regional en la Universidad Nacional de Rosario.

 

Fecha de recepción: noviembre de 2008
Fecha de aceptación: mayo de 2009

 

Resumen

El artículo tiene como propósito central ofrecer algunas reflexiones acerca de la difícil y contradictoria construcción de una identidad ciudadana que procura vincular las bases republicanas y/o democráticas con los principios que rigen el funcionamiento del mercado. En consecuencia, el problema de la ciudadanía no se remite entonces a examinar solamente el campo de los derechos y garantías emanadas del contrato social, sino a pensarla como estrategia integradora destinada a legitimar las prácticas que trascienden el orden jurídico y que ingresan en la racionalidad capitalista. En consecuencia, no es fundamentalmente el rostro del ciudadano elector, sino los que aparecen desde el umbral de la vecindad a través de diferentes experiencias societales (contribuyente, productor de bienes, consumidor).

Palabras clave: ciudadano, contribuyente, consumidor, productor, derechos individuales, Estado, mercado.

 

Abstract

The article aims to offer some reflections center on the difficult and contradictory construction of a civic identity that seeks to link the Republican base and/or democratic with governing principles that rules functioning of the market. Consequently, the problem of citizenship does not refer them to consider only the field of rights and guarantees issued by the social contract, but to think about integrating strategy designed to legitimize practices that transcend the legal order and join the capitalist rationality. Accordingly, it is not essentially the face of citizen voters, but those appearing since the dawn of the neighborhood through different experiences societal (tax payer, a producer of goods, consumer).

Key words: citizen, tax payer, consumer, producer, individuals rights, State, market.

 

El presente ensayo tiene como propósito central ofrecer algunas reflexiones acerca de la difícil y contradictoria construcción de una identidad ciudadana que procura vincular las bases republicanas, pero también democráticas, en correspondencia –no siempre armónica– con los principios que rigen la libertad de mercado. Para ello, seleccionamos algunas experiencias sociales desplegadas en diferentes episodios entre fines del siglo XIX y la primera década del siglo XX en un área de la región pampeana argentina: el espacio centrosur santafesino.

En un trabajo precedente¹ analizábamos los procesos históricos que acompañaron el surgimiento de los Estados nacionales en el Cono Sur y afirmábamos –siguiendo a Pierre Ronsanvallon– que la "sociedad de mercado" que se pretendía construir proponía una nueva representación social superadora de la ofertada por el "pacto", ya que no sólo instituía un tipo de sociedad, sino que también definía su "regulación" autónoma sin apelar a los criterios de autoridad y menos de autoritarismo.² Ello suponía garantizar una compleja articulación entre derechos del hombre y principios económicos reguladores del mercado, afianzando la figura del actor de la modernidad, es decir, el individuo portador de razón con sus necesidades a satisfacer por el mercado y sus derechos a ser reconocidos y garantidos por el Estado.

En esta oportunidad nuestra pretensión es dejar al descubierto las tensiones, contradicciones y asimetrías entre el proyecto societal buscado y las experiencias individuales de quienes participaban en esa búsqueda. Por ese motivo, nuestro acercamiento al problema de la ciudadanía no se remite exclusivamente a examinar el campo de derechos y garantías reconocidos por el pacto constitutivo, sino a pensar esta como estrategia política orientada a integrar prácticas que trascienden el orden jurídico existente y redefinen al sujeto ciudadano, ampliando las tramas del orden democrático y demandando nuevas formas de legitimidad. En consecuencia, el centro de nuestras preocupaciones se traslada desde el rostro del ciudadano elector a aquellos otros que se divisan, desde el umbral de la vecindad, a través de diferentes experiencias sociales y alternando funciones (contribuyente, productor, consumidor).³ Tales desempeños redefinen la "agenda de la inclusión", al multiplicarlos en otras direcciones que hacen más compleja la definición de ciudadanía ya que, como lo señala Néstor García Canclini, en tanto estrategia política, ella supone "tanto reivindicar los derechos de acceder y pertenecer al sistema sociopolítico, como el derecho a participar en su reelaboración".⁴

Desde esta perspectiva, el punto de partida se ubica en torno al estallido concomitante de una crisis económica y política en 1890 que entrañó el resquebrajamiento del pacto de dominación y condujo a un replanteamiento –en las décadas siguientes– de la concepción de la ciudadanía política tanto desde la propia dinámica estatal como desde la de los actores subalternos.

 

CRISIS Y REVOLUCIÓN: CIUDADANOS POLÍTICOS Y CIUDADANOS TERRITORIALES EN ACCIÓN

El conjunto de manifestaciones colectivas analizadas en primer lugar fue instrumentado a través de actores que iban asumiendo diferentes papeles, sobre campos también diferenciales de la organización social y que emergieron como respuestas a las políticas dispuestas desde la entidad estatal. El credo liberal prescrito por la constitución nacional de 1853 impuso a las nuevas comunidades políticas en formación la obligación de sostener económicamente al Estado a través de la tributación. Esta lógica se reprodujo en los estados provinciales y se proyectó a los espacios locales –los municipios– en donde la figura del ciudadano político se hibridaba con la del ciudadano territorial (vecino) nativo o extranjero. En el caso de Santa Fe, hasta 1890 esa lógica había funcionado sin mayores conflictos al calor de la expansión cualitativa y cuantitativa de las experiencias municipales en cuyo interior, una vecindad con fuertes marcas de extranjeridad, encontraba espacios reconocidos para tomar decisiones y "administrar" la agenda local. Al calor de estos procesos se iba produciendo una particular "internalización" de la condición ciudadana todavía segmentada, no formalizada institucionalmente, pero que exhibía los rasgos que de manera larvada estaban dando cuenta precisamente de esa condición.

En 1890, los colonos del centrooeste y las fracciones burguesas rosarinas⁵ –que compartían enfervorizados el movimiento revolucionario que en el escenario nacional planteaba el levantamiento del parque– habían sufrido un nuevo atropello del orden implantado por el roquismo, del que las autoridades santafesinas eran leales ejecutoras.⁶

Para las organizaciones comunales de la provincia, la década se había inaugurado con un nuevo cercenamiento de la autonomía comunal por parte del poder central. La reforma constitucional de ese año, tal como lo hemos señalado en otra instancia,⁷ no sólo estabilizó la base numérica de las poblaciones que tenían derecho a acceder a la condición de municipio, sino que sumó dos significativas modificaciones que redujeron tanto las posibilidades de extensión de la experiencia municipal en localidades pequeñas en cuanto que afectaron las condiciones de representación y de legitimidad preexistentes. En primer lugar, por cuanto suprimió el carácter electivo del intendente (designado a partir de entonces por el ejecutivo provincial) y a continuación porque restringió la base electoral potencial, enajenando el derecho del voto municipal a los extranjeros que se concentraban y se integraban principalmente en las colonias del centrooeste, en la ciudad puerto de Rosario y en su hinterland agrícola. Esa intención centralizadora del gobierno provincial embestía aquellos espacios autónomos absorbiendo atribuciones hasta entonces de incumbencia comunal (justicia de paz, educación, registro civil, registro de la propiedad, etc.). El objetivo consistió en limitar el accionar político de las comunas retrotrayéndolas a funciones estrictamente administrativas. Sin embargo, tanto en el área centrooeste como en el sur, particularmente en Rosario, las experiencias precedentes habían dejado su impronta. La fallida consolidación del Partido Constitucional⁸ y los sucesivos bloqueos de la práctica electoral no habían impedido la conformación de un espacio público. En su interior, al lado de los rasgos que caracterizaron el funcionamiento elitista de la política, emergieron otras novedades: la prensa de connotaciones facciosas fue obligada a confrontar con experiencias periodísticas ligadas a otras voces, a otros públicos; paralelamente, se acentuaron tanto las marcas de una cultura de la presión y de la movilización con la que tradicionalmente acompañaron sus demandas, como la emergencia de formas nuevas de organización.

Era indudable que el roquismo –con sus sucedáneos locales– como encarnación de la "república posible", había colocado en el orden del día los problemas de la "república verdadera", entre ellos "el de la política y la democracia".⁹ Pero también era cierto que las fisuras o recusaciones en ese nuevo orden no tendrían eco significativo mientras la prosperidad existiera.

Fue por eso que también 1890 encerraba otros dilemas ya que, desde el punto de vista socioeconómico, implicó uno de los desajustes más contundentes del modelo de desarrollo impulsado. Si bien se trataba de una crisis de crecimiento,¹⁰ sus coletazos –particularmente en el sector financiero– provocaron enormes tensiones en el mercado, las cuales se proyectaron significativamente en las finanzas públicas, tanto nacionales como provinciales. Ello condujo a la clase dominante a completar la implementación del proyecto fiscal iniciado en 1880, impulsando, durante la crisis, un desplazamiento de la fuerte dependencia de las finanzas del Estado del comercio exterior hacia un incremento tributario indirecto bajo la forma de impuestos al consumo.¹¹ La propuesta resultaba altamente coherente con la lógica de esas fracciones dominantes, ya que su objetivo era reducir el peso de la crisis sobre el proceso de acumulación del que eran partícipes. Por ende, era necesario trasladar las cargas "hacia abajo", más allá de los impactos negativos que estas pudieran tener sobre los actores subalternos.

En consecuencia, el problema impositivo se convirtió en las dos décadas siguientes a la crisis en uno de los detonantes más significativos de la tensión social, del mismo modo que lo había sido en Buenos Aires cuando hacia fines de los setenta se formalizaron los primeros intentos de viabilizar este tipo de transformaciones en las finanzas públicas.¹² Paralelamente a este impulso a la imposición indirecta, en Santa Fe se observó la introducción de contribuciones fiscales sobre mercancías que comenzaban a mostrar su significación en el mercado: el cereal, las harinas y el quebracho. Dicha reforma implicó rediscutir no sólo las reglas del juego vigentes hasta el momento, sino replantear desde el lugar del tributo una nueva lógica de redistribución social. Esto se vinculó al hecho de que las nuevas cargas pensadas originariamente para recaer sobre los agentes de la circulación, sobre todo en los exportadores, terminaron afectando a los de la producción, en especial a los colonos. Esta situación sin duda se vivió como un verdadero recorte en sus posibilidades de acumulación y contribuyó a alimentar el clima de protesta social que lentamente adquiriría significación política, creando al mismo tiempo complejas articulaciones entre ciudadanía y contribución, entre las demandas sociales y las políticas, que incentivaron no sólo las formas asociativas de expresión, sino también las prácticas revolucionarias.

 

VOTO, TRIBUTO Y ESPACIO MUNICIPAL

Mientras que en los espacios de decisión política en los ámbitos nacional y provincial se instrumentaba una doctrina fiscal que incorporaba, de acuerdo con su capacidad de consumo, a todos los ciudadanos al mantenimiento del Estado, esos mismos contribuyentes vieron socavado –en el espacio local– su poder de decisión sobre el destino de los recursos orientados hacia el mismo por quedar excluidos –en su calidad de extranjeros– del voto municipal en la mayoría de las ciudades y pueblos del centrooeste y del sur. En otros, el municipio mismo desapareció para dar lugar a la Comisión de Fomento, prácticamente subordinada a las decisiones del ejecutivo provincial. Es por eso que el año 1891, apenas superado el movimiento de la Unión Cívica (UC),¹³ inició bajo el signo de tres problemas clave: el de la recuperación del voto municipal, el de la naturalización y el del impuesto al cereal. Estos tejieron una compleja trama entre el papel del vecino contribuyente y el del ciudadano, desplegados por el colono, y provocaron una fuerte tensión en el mundo urbano rosarino, acrecentando el descontento de sus clases propietarias, impactadas por la exclusión a la que se veían sometidas en virtud de su extranjeridad.

El voto municipal para los extranjeros, la justicia de paz comunal electiva, el rechazo a la tasación del cereal se convirtieron en banderas convocantes de la lucha en el ámbito de las colonias. Las movilizaciones y la prédica periodística constituyeron los primeros motores de la protesta social. La Unión de Esperanza, a su vez, asumió programáticamente su papel de formador de opinión:

Nuestro programa se dirige al colono "que abandonando un momento el arado para acordarse de que es ciudadano, espresará [sic] en su sencillo lenguaje su protesta contra las arbitrariedades y atropellos cometidos contra su ciudadanía; hablará al extranjero [sic] laborioso y honrado que se ve desposeído por arbitrario mandato de las prerrogativas y franquicias que en la órbita de la ley le corresponde [...].¹⁴

Rápidamente los actores sociales estructuraron formas organizativas entre 1891 y 1893 que se proyectaron en lo político. Tanto el Centro Político Extranjero (CPE) como la Unión Cívica (UC), dos aglomeraciones de nivel nacional, se asumieron como voceros de las demandas de esas poblaciones de base fundamentalmente extranjera.¹⁵ Sus acciones replantearon a sus respectivas autoridades la necesidad de atenderlas y obtener algunas respuestas. En el caso de la UC, el objetivo fue incorporarlas a la propuesta política global; en el de los CPE, el de convertirse en un verdadero motor de los intereses de sus representados. En este proceso, marcando los cambios cualitativos que se estaban gestando, aparecieron otras iniciativas, particularmente alrededor de 1893, expresadas en la conformación de sociedades sectoriales de "protección" o de "unidades" regionales que frente al conjunto de demandas, orientaron su accionar hacia la problemática impositiva, la que, sin embargo, se hallaba fuertemente impregnada por el contexto político. Así, tanto en los meetings como en las revueltas armadas que protagonizaron, las tensiones entre la prescriptiva estatal y los intereses sectoriales de esos actores volvieron a evidenciarse, sobre todo en los primeros meses de 1893. Las resistencias planteadas en los dos años precedentes se reiteraron, y el problema impositivo los enfrentó nuevamente a sus tradicionales enemigos: los jueces de paz,¹⁶ los desmanes y los abusos de la administración pública en la que el impuesto "se ipnotiza" [sic] y "evapora", pero también a sus propios representantes consulares: "los suizos de la colonia Progreso han dirigido una solicitud de protesta y reclamación al ministro suizo en Buenos Aires, pidiendo la destitución del agente consular don Enrique Queller, principal comisionado del gobierno en el impuesto".¹⁷

Al mismo tiempo, la discusión en torno a la tasación los condujo concomitantemente al tratamiento de dos cuestiones centrales: hacia dónde se orientaba la renta obtenida y desde qué lugar se controlaba su inversión.

Tal como lo señaló La Razón en febrero de 1893, los colonos presos en San Jerónimo, como consecuencia de la represión gubernamental a sus levantamientos, afirmaban, en general, estar "dispuestos a satisfacer el impuesto siempre que su producto se destine a pagar a los maestros, jueces de paz y autoridades en general; piden también la devolución del voto municipal".¹⁸

La demanda planteaba claramente la visión que los colonos tenían de los objetivos de la tributación que generaban.¹⁹ En su concepción, la renta debía orientarse hacia las necesidades de todos, hacia aquello que contribuyera al bien común y en ese plano, la educación y la justicia aparecían como cuestiones prioritarias. Simultáneamente, definían el espacio en el que la política fiscal que los afectaba debía dirimirse: el municipio. Contribuyente y ciudadano recalaban en él y se confundían, se fusionaban en la demanda. Incluso la organización que concretaron en el área sur, la Sociedad Unión de Contribuyentes impulsada en gran medida por grupos de Rosario y formalizada luego del meeting de Puerto San Martín, reivindicaba entre sus objetivos "estudiar el derecho que tienen los extranjeros [sic] para votar en las elecciones municipales".²⁰ Analizado el problema, se elevó rápidamente a las cámaras legislativas la demanda de una reforma constitucional para "dar el voto al extranjero".

En este periodo en que los actores de una y otra área alternaban, como estrategias de lucha, la protesta pacífica con la "revolución", se iban acelerando ciertas formas de conciencia que colocaban en el centro de la discusión problemas que o bien habían quedado ocluidos, o bien relegados a un segundo plano. El centro de la escena, que se desplegaba con gran complejidad, se ubicó en el espacio local, aunque sin perder de vista las fuertes articulaciones que este mantenía con la instancia provincial global o nacional. Precisamente, ese fue el momento en el que otro cambio cualitativo en la construcción ciudadana comenzó a visualizarse, en cuyo trayecto parecía debilitarse la condición de la "vecindad" por reputarla insuficiente, abriendo otras alternativas más próximas a la ciudadanía política. Reaparecieron entonces aquellos problemas que habían sido relegados por los extranjeros que habitaban las colonias o Rosario, entre los cuales se hallaba, sin duda, el de la naturalización. En realidad, las discusiones iniciadas en el ámbito nacional en 1887²¹ habían tenido poco eco aquí, pero las profundas tensiones de 1890 reactualizaron su importancia. Resultaba evidente que también la búsqueda de la condición de ciudadanos a través de la naturalización respondía a la necesidad de insertarse con mayor peso en una estructura institucional orgánica dentro de las pautas del sistema político vigente. De este modo, la naturalización se convirtió en un eslabón más del conflicto por el voto municipal y contra las leyes del cereal; pero un eslabón que abría nuevos interrogantes y tensiones. El tema de la nacionalización ponía en juego no sólo cuestiones de identidad, sino aspectos materiales concretos derivados de su pertenencia a otra nación como eran, incuestionablemente, la cobertura consular o bien la liberación de ciertas obligaciones ciudadanas que se consideraban altamente negativas (la prestación del servicio de armas, por ejemplo). Fue por ello que tanto en los meetings de la campaña como en los urbanos, los extranjeros encontraron una vía alternativa a la naturalización, la de la adquisición de los derechos políticos sin abandono de la nacionalidad de origen. La propuesta fue tomada tanto por organizaciones sectoriales nacionales como por el CPE y UCR.²² Estos dos últimos, deseosos de captar la adhesión de los inmigrantes, de convertirse en alguna medida en sus voceros, de mediar entre ellos y los estados provinciales o el nacional, convergieron en un proyecto común que, si bien no logró plasmarse, fue alimentando vínculos significativos de solidaridad entre sus dirigentes.²³

Los planteamientos realizados en una instancia macro cobraron singularidad en Santa Fe, al vincularse esta problemática de la naturalización con la lucha por el espacio municipal en cuyo interior se pretendían definir, entre otras, las orientaciones de los recursos resultantes de la recaudación fiscal.

La pugna por el control municipal entre el ejecutivo provincial y los colonos o los miembros de la burguesía urbana rosarina conllevó a cierta redefinición de dicho espacio que, en el caso de los primeros, se formalizó con claridad alrededor de 1894. En toda la etapa precedente, no sólo desde la dominación se proponía una concepción administrativista del municipio, sino que además se compartía con los propios actores de la esfera municipal. Todavía en noviembre de 1891, la comisión de delegados extranjeros de las colonias planteaba en su petitorio:

Pedimos el voto municipal:

1º Porque el Poder Comunal no es un cuerpo político, como erróneamente creen algunos, sino un cuerpo administrativo, esencialmente popular y democrático que trata del cuidado, aseo, orden y organización familiar de cada pueblo.

2º Somos contribuyentes y habitantes del municipio.

3º Si tomamos parte activa y tenemos deberes en la vida comunal, debemos también tener derechos.

4º Los extranjeros [sic ] han sido los fundadores de las colonias y por eso mismo deseamos administrar nuestros mismos intereses, sudores y esfuerzos, "tanto más que la administración comunal propia fue garantida a los fundadores de las colonias por contratos especiales, firmados por autoridades de la nación, habilitadas para hacerlo, contratos que aún obran en nuestro poder.²⁴

La declaración no hacía otra cosa que reproducir las lógicas del paradigma liberal en el que las relaciones entre política y administración aparecían separadas. Estos actores, sin embargo, al mismo tiempo que reafirmaban sus vínculos con el espacio municipal donde se ejercía una especie de soberanía territorial en los asuntos de justicia, eclesiásticos, escolares, administrativos y policiales, se sumergían paradójicamente en un debate que podía alterar los equilibrios políticos vigentes, situación que había sido claramente percibida por las fracciones dominantes que pretendían excluirlos de las esferas de toma de decisiones. Estos habitantes contribuyentes, que tenían deberes cívicos en la vida comunal, estaban reclamando sus derechos. Lo que permitió, aunque profundizando la brecha, que tiempo después un vocero de ese mundo colonial, La Unión, se refiriera al gobierno municipal en otros términos: "La principal entidad política [...] donde nace el derecho y el deber cívico [...] [De acuerdo con] los grandes pensadores modernos el poder municipal es una consecuencia natural del principio federativo [...] donde se desenvuelve el sentimiento republicano."²⁵

La consigna que había signado tres largas décadas de vida de los municipios santafesinos sufrió indudablemente el impacto de las experiencias vividas por los actores rurales y urbanos en el espacio social y su concomitante incidencia en la realidad política. Las asambleas, las movilizaciones, el uso permanente del derecho de petición resultaron jalones de una protesta que finalmente se encarnó en el ciclo revolucionario de 1890–1893. Pero no en todos los actores la percepción resultaba tan clara como entre los colonos esperancinos o rafaelinos.²⁶

La dinámica social y política rosarina mostraba significativas diferencias con el mundo colonial, diferencias que se vinculaban claramente a las características de esas fracciones burguesas que la habitaban, sobre las que habían ejercido una fuerte impronta los grupos liberales opositores al situacionismo –nombre con el que se conocía a la facción dominante vinculada al aparato estatal y con fuerte arraigo en la ciudad capital, Santa Fe. Aquellas se vieron empujadas a emular la lógica facciosa del situacionismo sobre las prácticas democráticas, las cuales caracterizaron a los espacios coloniales en sus primeros años. Para superar el faccionalismo, esperancinos, rafaelinos, rosarinos y capitalinos disidentes intentaron una coalición electoral de carácter programático en la década de 1880, conocida como Partido Constitucional. Sin embargo, su fracaso y la posterior vinculación a los levantamientos armados promovidos por la UCR fueron abriendo fisuras en su interior que se ampliaron paulatinamente. No obstante, y pese a las diferencias que los separaban, colonos y burgueses rosarinos intentaron consolidar su posición en el espacio local, estimulando desde allí la concreción de nuevas alianzas en los ámbitos regional y nacional. Si para unos más que para otros política y democracia aparecían claramente como cuestiones pendientes para acceder a la república verdadera, para todos comenzaba una etapa en la que el problema organizativo resultaba prioritario en el interior de un espacio público reformulado.

 

FISCALIDAD REGRESIVA Y EXPANSIÓN DEL CONFLICTO SOCIAL

Observar el problema de la fiscalidad sólo en este particular recorte espacial o social limita la posibilidad de comprender el impacto de las reformas que los liberales, encabezados por Carlos Pellegrini, instrumentaron como herramientas para superar la crisis económica de 1890. En esta dirección, la política fiscal del ejecutivo, focalizada particularmente en los tributos sobre las mercancías de producción nacional, destinadas al consumo interno como el alcohol, el tabaco y el azúcar, se sobreimprimió a las viabilizadas por los estados provinciales, provocando una agudización del conflicto social. No sólo sectores como el de los pequeños o medianos productores agrarios de los espacios coloniales o las fracciones burguesas ligadas al capital mercantil o financiero se vieron afectados por las mismas, sino que estas impactaron sensiblemente sobre el salario de los trabajadores, originando un drástico deterioro de su poder adquisitivo. Estas políticas no se modificaron con la recuperación de la crisis dado que tanto para el Estado central como para las gestiones provinciales constituían una fuente significativa de recursos, aunque para algunos observadores de época fueran responsables de la emergencia de la denominada "cuestión social". En las décadas de 1890 y 1900, las lógicas de las estrategias de los poderes públicos se colisionaron con las necesidades y demandas de un conjunto heterogéneo de actores sociales que comenzaron a percibir los límites que se les imponía a su capacidad de acumulación y/o de reproducción social. Ello los impulsó a elaborar formas alternativas tanto de participación como de organización para viabilizar sus reclamos, que les permitieron adquirir una enorme visibilidad, obligando tanto al poder central como a las administraciones provinciales a buscar nuevas respuestas que fueran más allá de lo meramente coactivo. En el caso específico de Santa Fe, el Estado reconoció la pertinencia del reclamo de los extranjeros y restituyó sus derechos electorales municipales bajo la gestión del gobernador Bernardo de Iturraspe, a través de la reforma constitucional de 1900. Sin embargo, no modificó las pautas centrales de la política tributaria provincial y continuó convalidando las contribuciones cuestionadas.

Concomitantemente al desarrollo de estas políticas de Estado, en el plano nacional el nuevo siglo mostraba la consolidación paulatina de dos formaciones políticas aspirantes a marcar rumbos hacia la modernidad y orientadas a mediar entre la sociedad civil y el Estado: la UCR (1891) y el Partido Socialista (1896, PS). Sin embargo, tales experiencias operaron en paralelo en relación con los movimientos sociales, exhibiendo enormes dificultades para avanzar hacia tácticas inclusivas. Los dos partidos modernos, la UCR y el PS, funcionaron con claves diferentes. Mientras el radicalismo se debatía entre los riesgos del alzamiento revolucionario o del abstencionismo²⁷ –lo que tornaba dificultosa su organización partidaria–, a los socialistas, la incorporación parlamentaria y las políticas gradualistas les significaron también un alto costo frente a su potencial electorado. En consecuencia, su prédica no logró convertirlos en verdaderos formadores de la voluntad política y no evitó que la demanda social se orientara para su representación hacia organizaciones de base tanto en el mundo del trabajo como en el de la pequeña y mediana burguesía rural y urbana. Quizá estas dificultades inherentes a ambos partidos estuvieron detrás de aquella búsqueda que volvía a recuperar antiguos papeles.

Sin duda, la coyuntura de 1908 ayuda a analizar esta problemática. Tanto para Santa Fe como para Córdoba o Entre Ríos, ese año se presentó como un momento no sólo de fuerte tensión, sino de alto grado de movilización social y política.²⁸ Sin embargo, a diferencia de los episodios precedentes, el área central de la colonización agrícola no se vio fuertemente afectada por el fenómeno; en cambio, sí lo fueron básicamente los espacios del sur –hacia donde se habían transferido los procesos más dinámicos de acumulación– con Rosario y Casilda a la cabeza, a los que se sumó la ciudad capital. Como en aquellos otros momentos de los noventa, el problema emanaba tanto de la política fiscal provincial como municipal. En la primera década de 1890, el grueso de la recaudación fiscal que se concentraba en las contribuciones territoriales y en las procedentes de las actividades de producción o de circulación de bienes²⁹ necesitó ser sometido a sucesivos ajustes para actualizar tanto el valor de la propiedad territorial como para dar cuenta de la complejidad y diversidad de las actividades comerciales e industriales.³⁰

Entre 1904 y 1908 la sensibilidad de los contribuyentes provinciales se vio afectada nuevamente no sólo por la introducción de otros dos impuestos a las actividades productivas (los gravámenes al quebracho, al tanino y a la molienda), sino por los incrementos experimentados pese a las demandas sociales. Si bien ambos tributos no tenían una magnitud significativa en el conjunto de la recaudación, se convirtieron en un nuevo foco de tensión en producciones que para entonces soportaban la clausura de numerosos establecimientos, como en el caso de los molineros, y/o la expulsión de fuerza de trabajo como ocurrió en los quebrachales.³¹ A la resistencia provocada por el avance impositivo del gobierno provincial se sumó la de los municipios, en los que el cobro de patentes se convirtió en un núcleo central de la recaudación.

A principios de abril se observaron las primeras manifestaciones de una tensión creciente. En Santa Fe, la plaza pública volvió a convertirse en el escenario donde se expresaba la oposición a la política municipal en materia impositiva. Los peticionantes, avalados por más de 1 000 "firmas respetables", pedían la anulación de la ordenanza de impuestos. Si bien se sentían convocados en su calidad de contribuyentes, su crítica se extendía a la totalidad de la gestión municipal. La movilización, motorizada por el comercio capitalino, tenía aparentemente su centro en el sector minorista cuya voz, según lo declarado, es la del pueblo consumidor de la capital.³² Una voz que, de no ser escuchada, podía convocar a movimientos similares a los producidos en provincias como la de Córdoba. Algo similar, aunque sin producir aún manifestaciones masivas, se registraba en Rosario. Allí, uno de los sectores más activos fue el de los comerciantes minoristas representados por el Centro Unión de Almaceneros. Este, "haciéndose intérprete de ese disgusto que experimenta el gremio de minoristas asociados", peticionaba reclamando una rebaja del impuesto de patentes que se había duplicado, señalando que sin respuestas favorables, la situación "tiende a empujar la exteriorización de una protesta pública latente".³³

La realidad de ese momento mostró a los actores sociales y políticos operando en diferentes sintonías, que a través de algunos miembros de su dirigencia, tenían ciertos puntos de convergencia. El partido radical no recogió como tal el planteamiento y continuó su tarea reorganizativa con manifestaciones públicas o en el interior de la estructura partidaria. Mientras ese universo de "ciudadanos contribuyentes" llamaba la atención sobre los problemas del "interés general" o del "interés común" y buscaba vías organizativas para expresarlos, la UCR parecía encerrarse en la esfera específica en la que para ellos se manifestaba la política –la electoral– y no lograba asumir como propias las demandas de estos sectores. Pero tampoco pudo hacerlo el socialismo que a pesar de identificarse con las reivindicaciones de "contribuyentes y consumidores", exteriorizándolo en activas campañas de apoyo, no fue acogido como interlocutor válido por los protagonistas de la protesta social de ese momento. Ni las fracciones burguesas representadas en una corporación emblemática como la de la Bolsa de Comercio de Rosario ni los grupos de comerciantes minoristas, reunidos en el Centro Unión de Almaceneros, estuvieron dispuestos a articular su lucha con un partido que se pretendía representante de la clase obrera. Ellos no avalaban los planteamientos de uno de los líderes partidarios, Juan B. Justo, en torno a la necesidad de producir una condensación de fuerzas sociales, rurales y urbanas, que permitiera a los actores subalternos disputar el orden hegemónico construyendo un nuevo bloque histórico. Resultaba evidente que la "pedagogía cívica" desplegada por el partido, a través de proyectos parlamentarios y ciclos de debates y conferencias organizados en los comités o en asociaciones afines, se mostró insuficiente. Los socialistas no sólo no lograron coordinar su acción con el movimiento social, sino que tampoco contaron con un caudal significativo de estos actores en el plano electoral. Paradójicamente, el partido que enarbolaba la abstención como su bandera de lucha (la UCR) concitaba mayores afinidades entre estos electores, pero su ausencia como partido, más allá de sus sucedáneos locales, condujo a la emergencia de otras alternativas políticas. Los grupos contestatarios que cuestionaban el sistema de representación vigente porque no acuñaba sus voces, demandaron la reasunción de sus derechos soberanos. Llegados a esa instancia, apelaron a la conformación de un partido comunal en el que participaron también dirigentes radicales de la talla de Frugoni Zavala, Menchaca y otros. ¿Cuál era el objetivo de dicho partido?:

Un partido comunal fuerte por el número y calidad de sus adherentes, en el que la política, propiamente dicha, se ha hecho sensatamente a un lado, no teniéndose otra preocupación que la de depurar un organismo enfermo [...] Sus primeros actos han convergido al propósito de aspiración general, muy legítima, de una equitativa reducción de los impuestos aumentados con criterios arbitrarios y no tampoco con fines de conveniencia pública [...] Hay, pues, en la ciudad de Santa Fe, espíritu público, y hay opinión independiente que es capaz de formar unidades soberanas respetables en defensa de principios y de intereses comunes.³⁴

El planteamiento incluía dos discusiones básicas. En primer lugar, la propuesta discursiva que pretendía alejar al partido comunal del espacio de la política, pero que deseaba ocupar ese espacio de toma de decisiones tan discutido, entre sus implicancias administrativas o políticas, para dirimir sobre una cuestión central del poder: la política fiscal. Y elegía para hacerlo, luego de utilizar medios de presión social como las manifestaciones, los petitorios, la prensa independiente, una estructura política: el partido. En segundo lugar, prestó atención a los problemas de interés general o de interés común, volviéndose a marcar esa aparente dicotomía que parecía privar en la UCR entre la esfera específica en la que se manifestaba la política –la electoral– y la que hacía a las demandas cotidianas de la gente. Tal dicotomía se agravaba con la estrategia abstencionista, situación que entorpecía aún más la posibilidad de acción y concreción de los objetivos planteados. Esto no era desconocido por ciertos dirigentes, y en la búsqueda de alcanzar un diálogo fluido con los protagonistas de los movimientos sociales, se comprometieron con los mismos.

Las cabezas visibles de estos movimientos, radicalizando sus posturas, llegaron a impugnar el propio sistema de representación como quedó manifestado en documentos posteriores. Esas "unidades soberanas" consideraban que "En el consejo deliberante no están los verdaderos representantes del vecindario [...] El remedio es conocido: ya que el vecindario no tiene derecho de elegir quien administra lo suyo; que elija, al menos, quien controle su acción desde el Consejo."³⁵

La demanda de reasumir y ejercer sus derechos soberanos quedaba explicitada tanto como el cuestionamiento a aquella situación que la constitución de 1890 no había modificado, el carácter no electivo del intendente municipal.

La emergencia de un partido comunal cuya experiencia se reprodujo en diversos municipios santafesinos –la Unión Popular de Casilda, por ejemplo–, entrerrianos o cordobeses,³⁶ se consideraba como la emanación directa de "las aspiraciones generales, alejadas de la órbita corruptora de la politiquería en uso", con el objetivo exclusivo "de velar por la acertada dirección de los negocios públicos".³⁷ Tales negocios eran asignados a la gestión del vecino, figura que reaparecía resignificada en la dicotomía recurrente de la administración y la política, dentro de un contexto que le sumaba connotaciones cada vez más híbridas. A este tipo de estrategias se agregaron otras formas organizativas de la demanda social. En algunos lugares fue sustituida por juntas o ligas de protección y defensa mutua, o bien, por asociaciones afines. No obstante, la idea del partido como mediador no se había perdido. Posiblemente, tal como lo expresaba La Capital, ciertos sectores de la sociedad pretendieron una mayor articulación entre la organización partidaria y las demandas cotidianas, pretensión que habían venido reiterando a lo largo de casi dos décadas: "Tras de las manifestaciones públicas, vienen los partidos que ya están latentes pero informes, cuando aquellas salen a luz. Los partidos tienen sus programas tanto más serios y viables, cuanto que se basan en la parte económica de la vida colectiva."³⁸

Los enunciados programáticos generales precedentes no fueron suficientes para estos contribuyentes ciudadanos. Los actores que lideraban estas experiencias provenían en su mayoría de fracciones de la clase dominante o de algunos sectores subalternos que no habían sido integrados en el pacto de dominación y que tenían aspiraciones y demandas definidas, como vehículos indispensables para sus condiciones de crecimiento y de acumulación. Esto explicaba que las demandas económicas de 1908 no estuvieran en la clave de "liberalismo o proteccionismo", sino bajo el eje de la contribución y del retorno del tributo a la sociedad. En consecuencia, para interpelar al Estado, estos actores movilizados prepararon el surgimiento de una nueva estructura organizativa, concebida como la síntesis de todos los proyectos anteriores.

En noviembre, los promotores de la protesta que pretendieron asumir una representación del conjunto social, básicamente asociado al "pueblo contribuyente y no contribuyente", dieron forma al "nuevo partido de defensa Liga del Sur". El manifiesto que convalidaba su aparición, analizado por La Prensa, señalaba que "no se trata de hacer un partido esencialmente político, sino una liga o agrupación de ciudadanos nacionales y extranjeros, que siendo todos contribuyentes directa o indirectamente, anhelan el progreso de la región donde desenvuelven sus actividades".³⁹

Estos ciudadanos recortaban su espacio de acción a los "intereses del Centro y Sud de la provincia", aun cuando consideraban que "no deben hacerse exclusiones". Planteaban que "la causa es grande y por lo mismo comprende a todos los que en colonias, pueblos y ciudades de la provincia, vienen constatando las enormes injusticias que parecen complacerse en consumar gobiernos y representantes, para con todas aquellas ricas regiones que trabajan y producen".⁴⁰

Quedaban al descubierto en el planteamiento no sólo los interlocutores a los que pretendían apelar con la conformación de la Liga, sino también las asimetrías regionales que desde el pacto constitutivo de 1856 se habían profundizado. Respecto a los primeros, los propulsores de la Liga los caracterizaron sin tener en cuenta discriminaciones étnicas o nacionales, fundando en cambio su inclusión como miembros de esa comunidad política, en su papel como sostén del Estado. Un rostro ciudadano que desplazaba a un segundo plano aquel del elector. Por su parte, la explícita referencia a las regiones ricas y que trabajan y producen no hacía otra cosa que marcar la dinámica que sobre todo entre los ochenta y los noventa había colocado a Rosario y a la región sur como los principales polos de desarrollo provincial. El potencial económico del área disentía del férreo control político que las elites de la ciudad capital intentaban mantener a través de la trama institucional: ya utilizando el espacio de las jefaturas políticas, ya a partir del control de los ejecutivos municipales designados desde la gobernación, ya redefiniendo los espacios jurisdiccionales del norte en detrimento de los del sur, con el claro objetivo de disminuir la representación parlamentaria provincial o nacional de este.⁴¹

La propuesta gestó un consenso significativo por parte de los destinatarios a ese programa. Ello se reflejó en la luz de alerta encendida por el Comité Central de la UCR, quien llegó a amenazar con la expulsión de sus filas al correligionario que se incorporara al nuevo partido. No obstante, y como lo señalaba un periódico afín, la apelación de la Liga lograba la adhesión de "las clases conservadoras respetables, de la prensa independiente, de elementos representativos del comercio, del capital y del trabajo".⁴²

Agricultores, hacendados, comerciantes de Rosario, de Coronda, San Jorge, El Trébol, Correa, Carcarañá, Barrancas, Casilda, San Jerónimo, San Jenaro, etc., manifestaron su adhesión. Rápidamente, pese a sus reticencias en torno a lo partidario, la Liga adquirió formas orgánicas y extendió la instalación de comités y subcomités departamentales. Ciertos dirigentes, como Daniel Infante, intentaron profundizar en este plano las representaciones "genuinamente democráticas", aspirando a que los comités resultaran "verdaderamente la delegación de los partidarios".

Aunque la organización era aún incipiente y flexible, el fenómeno alcanzó fuertes dimensiones en el sur. ¿Por qué? La cabeza visible de ese sur era Rosario, el núcleo en el que se apoyaron las fracciones liberales luego de la revuelta de 1868, en el que se dibujó una parte importante del proyecto del Partido Constitucional en los ochenta, que alimentó primero a la UC y luego a la UCR, intentando alcanzar un papel hegemónico que le permitiera desplazar al oficialismo. La afirmación de Lisandro de la Torre al radical Frugoni Zabala resultaba contundente: "El Sur estaba ya preparado para esta gran reacción. El Norte no lo estaba. Los hechos lo demuestran. Éxitos como el de la Liga del Sur no se improvisan si el sentimiento público no vibra por una idea."⁴³

¿Qué separaba a los dirigentes liguistas –entre los que se destacaban antiguos radicales como de la Torre, Lejarza, Landó, Pessan– de su adscripción precedente?

Es quizá comprensible que para Frugoni Zabala, un dirigente en el cual convergieron dos tipos de identidades, como miembro destacado de la UCR y como líder relevante de la protesta en la ciudad capital, los radicales no pudieron

sino mirar con simpatía la casi totalidad del programa de la Liga [...] ese programa coincide casi completamente con el que in concreto ha prometido y propagado a los departamentos del centro y norte de la provincia, el comité del Partido Radical que tiene su asiento en esta Capital y ambos satisfacen las más íntimas y constantes aspiraciones tanto de las poblaciones rurales como de las urbanas de la provincia. Tal vez se difiera sólo en los medios de llevarlas al terreno práctico.⁴⁴

De algún modo, su opinión tocó un punto neurálgico. En realidad, el programa liguista se acercó a las propuestas de defensa de la autonomía municipal que el radicalismo venía sustentando desde sus inicios en Santa Fe, pero algo básico los diferenció. Más allá de su proyección en el área sur, la Liga emergió como el resultado de una alianza entre grupos locales y a la que pretendieron controlar y dirimir. El radicalismo, sometido a una estructura nacional, debió operar con parámetros y actores que no pocas veces excedieron los intereses y las demandas locales. La Liga apareció como resultado de una serie de movimientos sociales gestados por una dirigencia que no estuvo dispuesta a dejar el espacio de poder que controlaba, aspirando incluso a proyectarse más allá del mismo, pero sin perder el control.

El sur, y particularmente Rosario, reafirmó en esta coyuntura su decisión de concluir el desplazamiento en el que había estado sometido a lo largo de décadas en el plano de la representación política. Por ello, distanciándose una vez más de los otros partidos (UCR y PS), se inclinó por un proceso inclusivo en el cual la variable de la naturalización no era fundamental. Esta perspectiva estuvo en la base del consenso obtenido, el cual no se redujo, según lo plantearon algunos observadores de la época, a las fracciones burguesas, sino que se hizo extensivo a un grupo heterogéneo de actores entre los que se encontraban importantes núcleos de arrendatarios rurales y trabajadores urbanos de origen extranjero. Para escapar de la marginación en relación con las decisiones de poder, estas fracciones pugnaron por llevar adelante una serie de modificaciones sustanciales en el aparato institucional santafesino.

Uno de los primeros objetivos apuntó a sentar sobre bases más amplias la legitimidad política, introduciendo la representación de las minorías (a partir del sistema de lista incompleta) y concediendo el voto a los extranjeros. Si bien esta última propuesta intentó dar respuesta a una de las apelaciones más recurrentes desde los sectores inmigrantes, no implicó una apertura total sino condicionada.⁴⁵

El segundo objetivo se orientó a romper con la estructura monolítica del gobierno. Los instrumentos elegidos fueron aquí los gobiernos municipales, multiplicados en todo el espacio provincial. A diferencia de las artificiosas y arbitrarias estructuras departamentales que privilegiaron unas áreas sobre otras, los municipios autónomos– al tiempo que favorecieron la descentralización gubernativa– permitieron una injerencia mayor en todas las esferas de la sociedad civil: la seguridad social, la educación, la economía, la justicia y el control de la fuerza pública.⁴⁶

La nueva dinámica política no podía dejar incólume el problema de la capital provincial, más aún si con miras a instrumentar una política de desarrollo se pretendía ampliar las posibilidades de participación en su elaboración a sectores escasamente representados hasta ese momento. Fue por eso que plantearon el traslado de la capital a Rosario. El problema de la capital con sus implicaciones sociales y políticas iba a convertirse, a su vez, en un punto límite de las potenciales convergencias entre los grupos del Rosario y de la ciudad de Santa Fe. Ninguno de los dos sectores dirigentes estaba dispuesto a ceder. No sólo se oponían a la propuesta los núcleos ligados al oficialismo, sino también los radicales, por considerar –como lo afirmaba Frugoni Zavala– que "modificar el precepto constitucional que establece la capital en Santa Fe es una aspiración inadmisible por donde se la mire".⁴⁷

Si la ruptura de la UC con la emergencia de la UCR y la UCN implicó una particular conformación del mapa político provincial tanto desde el punto de vista de los espacios como de los actores, el surgimiento de la Liga produjo en ese momento reacomodamientos significativos en relación con la UCR.

Se observó la integración no sólo de dirigentes tradicionales rosarinos (Castagnino, Pessan, Lejarza, Landó, Ricardone, Ortiz, Araya) al nuevo movimiento, sino también la de algunas figuras relevantes de los comités seccionales de la UCR, a las que se sumaron miembros de organizaciones sociales que hasta el momento tenían una participación marginal (el Centro Unión Almaceneros o el Centro Unión Dependientes) o núcleos de jóvenes que se iniciaban en la actividad política. Incluso el mundo de la colonización agrícola que se vinculó a la Liga mostró actores nuevos, como los colonos del sur encabezados por los casildenses, algunos de ellos pequeños productores arrendatarios. Si bien este sector modificaría a corto plazo su adhesión, en esta primera instancia se involucró con la Liga.

La UCR retuvo con fuerza sus espacios en la ciudad capital y las colonias del centrooeste y centroeste. La dirigencia capitalina, más allá de su involucramiento con un partido comunal que no logró desplazar el oficialismo, reafirmó su vínculo con el radicalismo. En el ámbito colonial, Esperanza continuó siendo el gran bastión, aquel donde, pese a las presiones, la instancia electoral estaba asegurada.⁴⁸

El verano y el otoño de 1909 pusieron a prueba el nivel de consenso alcanzado por la Liga tanto en el plano de la movilización social como en el de la participación electoral. El 3 de enero la Liga organizó una manifestación para protestar contra el aumento del presupuesto provincial de ese año y la política tributaria que lo convalidaba. En el manifiesto dirigido "al comercio y al pueblo", los liguistas afirmaban que "El aumento en los impuestos para 1909 recae exclusivamente sobre el trabajo. Los gravámenes no son proporcionales al capital ni a la renta del contribuyente sino a su mayor actividad. [...] La región sur pagará el aumento porque es la más laboriosa, la más emprendedora y la más activa."⁴⁹

El hecho es que ni la dirigencia liguista ni la región estaban dispuestas a aceptar la imposición, más aún si a esta se sumaban las cargas municipales. Por ese motivo se recurrió a una estrategia de lucha social por excelencia, la huelga general,⁵⁰ que se hibridó con un lockout patronal. A partir del 9 de enero los negocios de Rosario cerraron sus puertas, la propia Bolsa de Comercio clausuró sus actividades adhiriéndose a la protesta e intentando sumar a la Cámara Sindical. La tensión en las calles y los pedidos de renuncia a los intendentes y concejales condujeron a la corporación municipal a suspender transitoriamente la ordenanza local.

El malestar no desapareció y, el 6 de febrero, cuando la UCR desplegaba los actos conmemorativos al fallido levantamiento de 1905, la Liga se adhería a la declaración de la huelga propuesta por la asamblea de los gremios de panaderos, almaceneros, carniceros, lecheros y otros, mientras la intendencia no hiciera lugar a la supresión de los altos impuestos municipales. Conforme la tensión social crecía, la ciudad quedaba paralizada.

La supresión de la ordenanza llegó tarde.⁵¹ El Concejo en pleno renunció y la figura de recambio propuesta para viabilizar las demandas fue la de un miembro relevante de las fracciones burguesas rosarinas, y adherente a la Liga: Santiago Pinasco. Si bien la tensión social se atemperó frente a algunas respuestas transitorias, el problema subsistió.

El movimiento de resistencia a los impuestos municipales y provinciales eclosionó durante ese mes en otros centros (Santa Fe, San Carlos, Colastiné, etc.). En las elecciones de junio, la Liga logró capitalizar el consenso alcanzado a partir de una búsqueda de respuestas a las demandas de los sectores que intentaba representar. Con la presencia en sus listas de algunos de sus máximos dirigentes con nombres provenientes de organizaciones como el Centro Unión Dependientes, la Liga triunfó en los comicios municipales, espacio que controló indiscutiblemente por muchos años. En esa instancia la UCR reiteró su abstención.

 

LA APELACIÓN AL ESTADO PARA REGULAR RELACIONES DE MERCADO

Una perspectiva diferente a la planteada a través de las experiencias precedentes se detecta en la conflictividad que estalló luego de la reforma electoral de 1912, permitiendo el ascenso de la UCR al gobierno de Santa Fe ese mismo año y cuatro años después al gobierno nacional. Dicha conflictividad de la que fue partícipe un conjunto heterogéneo de actores sociales ya consolidados –con énfasis en el mundo agrario, privilegiando a uno de esos actores colectivos, los arrendatarios– nos permite analizar las características de esas luchas, y la aparición de un conjunto de reclamos y apelaciones hechas desde esa sociedad civil hacia el Estado, demandando su mediación o su intervención directa en cuestiones vinculadas a la regulación de las relaciones de mercado.⁵² Si las condiciones emergentes de aquellos cambios políticos generaron nuevas expectativas, las asimetrías en el plano de la redistribución social y la inequidad en el ejercicio de derechos resultaron a su vez más perceptibles. Los actores, impulsados por sus experiencias previas, captaron los cambios operados en la estructura institucional resultantes de la crisis del régimen oligárquico y la emergencia de gobiernos legitimados por una mayor participación ciudadana en las urnas y, por ende, más preocupados por las viejas y nuevas agendas reclamadas. Por eso, aquellos evaluaron la permeabilidad o resistencia que la administración y rigoyenista y sus sucedáneas provinciales podían ofrecer a sus demandas, propiciando una rearticulación diferente entre el Estado y la sociedad civil.

¿Cómo se proyectó en la vida cotidiana esa construcción ciudadana a la que los denominados partidos modernos apelaban como modo de constitución de identidades y de legitimidad política? Los chacareros arrendatarios, marcados todavía por su extranjeridad, percibían como insuficiente la consolidación del sufragio universal masculino obligatorio en tanto fuente de poder. Muchos no tenían acceso a él, pero, aunque lo tuvieran, no entendían que existiera un verdadero correlato entre el ejercicio de derechos políticos y el goce y garantía de sus libertades civiles o sociales. Es por eso que se lanzaron al espacio público en pos de una respuesta a esa aparente o real disociación, esgrimiendo justamente aquellos derechos que la prescriptiva les asignaba: peticionar, movilizarse, trabajar, expresar libremente sus ideas y asociarse.

Un momento de inflexión de tales preocupaciones quedó evidenciado durante el Grito de Alcorta, que enfrentó a los arrendatarios con los propietarios de la tierra en un espacio extendido del agro pampeano (Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Buenos Aires).

Desde años atrás, las condiciones de producción del sector chacarero se vieron agravadas con contratos a corto plazo, dificultades de crédito, encarecimiento de insumos y presiones sobre los montos de la renta. Además, el ejercicio de las libertades capitalistas (de arrendamiento, trilla, venta, seguro) de este sector fue obstaculizado, quedando bajo la amenaza de ejecución de embargos y desalojos.

La situación para los obreros rurales no era mejor. Del mismo modo que en el espacio urbano, la fuerza de trabajo enfrentó una notable caída de los salarios reales que se agudizó durante la guerra, con situaciones de desocupación a las que se sumaron las dificultades en la distribución de la mano de obra estacional y el acrecentamiento de los niveles de explotación expresado en la extensión de la jornada, así como con el deterioro de las condiciones laborales o la indefensión jurídica.

El conflicto y su tratamiento político marcaron el devenir de la cuestión agraria, mostrando los límites del reformismo radical santafesino. Si bien las condiciones pactadas entre productores y propietarios a la salida de esa crisis transfirieron los costos a estos últimos, al generar una reducción momentánea de la renta, mantuvieron intactas las precarias bases de la agricultura cerealera. No se garantizaron los derechos de los agricultores para desarrollar su producción y realizar libremente la venta de sus excedentes, no se afectó a las compañías exportadoras que monopolizaban el comercio, no se modificaron los altos fletes ni las ineficiencias del sistema de transporte, no se crearon las condiciones de un sistema de crédito accesible y barato para los pequeños o medianos productores y tampoco se alteró la primitiva estructura de almacenamiento para conservar el valor de las cosechas. Precisamente, la insuficiencia de las reivindicaciones explica la recurrente tensión en el mundo chacarero y la paulatina consolidación de su organización en el ámbito nacional: la Federación Agraria Argentina (FAA).

Sobre estas condiciones debió operar el radicalismo nacional en el momento del triunfo electoral de Hipólito Yrigoyen. Pero dicho partido, reafirmando su carácter eminentemente reformista, si bien trató de reparar los vicios políticos de la vieja administración conservadora, insistió en armonizar intereses sociales contrapuestos. Sin embargo, el escenario internacional no parecía propicio para intenciones conciliadoras: el contexto de la guerra y de la posguerra, el triunfo de las revoluciones mexicana y rusa y el incremento de las luchas sociales europeas, fueron parámetros donde la situación de dura explotación condujo inevitablemente a un aumento considerable de la combatividad chacarera a la que se añadieron las luchas obreras. Yrigoyen, inclinado a oficiar de mediador entre los sectores, debió enfrentar un proceso de agudización de los conflictos sociales, que la ambigüedad de sus políticas –cuando no las contradicciones– contribuyó a profundizarlos. Todavía era evidente la difusión y acogida de las propuestas ideológicas anarquistas. Al disputar con éxito al socialismo parlamentario el control del movimiento obrero, sobre todo en los ámbitos rurales, aquellas hicieron que las huelgas alcanzasen ribetes particularmente combativos. Pero también otros elementos generaron no pocos interrogantes en el universo de las representaciones de los actores. En este periodo, profundizando ciertos planteamientos truncos al interior del régimen oligárquico, se intentó avanzar en la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad, acrecentando la injerencia del primero en espacios hasta entonces considerados eminentemente privados.

Uno de esos espacios era el de la vida laboral, estructurado exclusivamente hasta ese momento por los principios del derecho civil liberal. Este colocó a empresarios y obreros en igualdad de condiciones para realizar sus operaciones en un mercado de trabajo regido por las leyes de la oferta y la demanda. Los contratos pautados por los anacrónicos códigos rurales preexistentes, resabios de la legislación decimonónica, se enfrentaron a una dinámica laboral que imponía reglas diferentes. No sólo quedó invalidada en la práctica toda pervivencia de contratación escrita, sino que resultó inoperante el control del movimiento de los trabajadores a través de las libretas laborales registradas por las jefaturas políticas.

En 1916, la prensa destacaba lo poco que se había avanzado en la cuestión social agraria. Más allá de las intervenciones represivas, no sólo se carecía de una legislación específica, sino de un marco general renovado en el que se asentara el derecho del trabajo.⁵³

El despliegue del conflicto chacarero desde 1912 y el ciclo de luchas de estibadores, carreros y braceros o peones –particularmente desde 1917– marcaron tanto el ingreso fuerte en el escenario público de estos actores como la necesidad de respuestas a una multiplicidad de demandas. Si unos se autoidentificaban como pequeños productores y otros como trabajadores, ambos compartían una problemática común que antagonizaba con los intereses de los contratistas de máquinas trilladoras, los cerealistas, los grandes propietarios y/o arrendatarios. Pero al mismo tiempo aparecían –a veces– como los dos extremos de una relación laboral tensa. Aquellos arrendatarios o pequeños propietarios que habían logrado ciertos niveles de acumulación habían recurrido a fuerza de trabajo ajena al grupo familiar, convirtiéndose, de hecho, en pequeños o medianos empresarios rurales. Sin embargo, más allá de disensos individuales o coyunturales, con frecuencia se vieron envueltos en una dinámica compartida.

En el caso particular de los chacareros a lo largo de esos años, estos acudieron sistemáticamente a la huelga como mecanismo para demandar respuestas a necesidades insatisfechas. Sin embargo, la medida de lucha no tuvo –salvo en 1919– la masividad y proyección inicial. Nada había cambiado profundamente en el universo agrario, y las crisis coyunturales mostraron una y otra vez las falencias en el régimen de tenencia, en el crédito o la comercialización. La propia FAA, convertida en la instancia de mediación privilegiada entre estos actores y el poder político, avalada siempre por la bancada socialista, era una respuesta a la necesidad de regular relaciones y actividades vinculadas con el sector. Por otra parte, considerando que las nuevas reglas del juego político abrían un espacio para la negociación, evaluó en cada momento la pertinencia de tácticas como la movilización o la huelga. Al pretender la unidad y la solidaridad del mundo arrendatario, intentó limitar las estrategias revulsivas, eligiendo en cambio, la petición al ejecutivo o al parlamento como las vías adecuadas para canalizar las reivindicaciones. Dos fueron, sin duda, los ejes de su demanda. En primer lugar, la construcción de un cuerpo normativo y de instancias de regulación de un derecho agrario, orientado sobre todo a reformular las bases contractuales de la tenencia y dirimir las cuestiones entre propietarios y tenentes. En segundo lugar, la búsqueda de respuestas a un régimen crediticio que marginaba al pequeño productor cerealero y a un sistema de comercialización que le impedía una participación activa y mayores logros en la redistribución de excedentes. Si el primero continuó siendo un objetivo central de lucha, era indudable que la guerra desnudó y colocó como cuestión prioritaria la problemática del crédito y de la comercialización.

El encarecimiento de fletes e insumos y la dificultad de acceso, sumado a la falta de precios competitivos para el cereal argentino, agudizaron la ya tensa relación entre agricultores y propietarios, cerealistas y dueños de máquinas. Por su parte, la prenda agraria o los warrants –como títulos de crédito móviles– lejos de expandir la capacidad crediticia, fomentaron la especulación de comerciantes y acopiadores. En este periodo, ambos condicionantes se convirtieron en disparadores del estallido social, gestado no pocas veces al margen y con la oposición de la FAA. Las huelgas parciales en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires de 1916–1917 fueron preparando el clima. La incapacidad del organismo gremial para contener sus bases tuvo su contrapartida en las respuestas duras del sector propietario: desalojos por no pago, cambio de orientación productiva de la explotación, presiones y coerción.

La administración radical, a su vez, tampoco gestó políticas de acuerdo con los desafíos. Existió una verdadera morosidad en la dinámica parlamentaria –favorecida por el control conservador en ambas cámaras– hasta que la mayoría oficializada en diputados en 1920 quebró algunos bloqueos. Tampoco fueron operativas las respuestas desde el ejecutivo a través del Ministerio de Agricultura. Los petitorios en torno a la condonación de deudas o la sanción de moratorias, así como las demandas colonizadoras, no dieron resultado o fueron demoradas indefinidamente, como sucedió con el proyecto denominado Ley del Hogar. También terminaron siendo insuficientes, cuando no tardías, las medidas gubernamentales destinadas a satisfacer la provisión de insumos a bajo costo como semillas o bolsas, o bien la concreción de convenios comerciales con Francia e Inglaterra para consolidar el mercado cerealero. Las voces de la oposición y la prensa atribuyeron la incompetencia de la burocracia ministerial a un alto grado de corrupción. Si bien entre 1916–1922 se redujo el presupuesto ministerial, en parte por la crisis, se consideró que su estructura, la división de Defensa Agrícola, en específico, estaba politizada. Se afirmaba que, en lugar de orientar fondos para combatir plagas y responder a los reclamos agrícolas, se usaban los cargos para operar electoralmente en el ámbito rural, particularmente en Buenos Aires y Córdoba. Más allá de las críticas, resultaba también significativa la reducción de partidas tanto para las escuelas y los institutos de agronomía como para las estaciones experimentales existentes.

El año cosecha 1918–1919 sumó sus propios condicionamientos: el deterioro de los rendimientos provocados por las intensas lluvias, el menoscabo de los ingresos resultante de la aplicación del nuevo impuesto a las exportaciones y el desencadenamiento de dos conflictos que afectaron particularmente al agro. A la larga huelga portuaria que dificultaba las exportaciones se agregó la de los peones rurales.

Frente a la nueva oleada de expulsión de colonos morosos, la FAA apeló al gobierno solicitando no sólo una urgente moratoria, sino préstamos accesibles para financiar la cosecha de maíz.

Ante el silencio, la huelga se convirtió nuevamente en el mecanismo de lucha elegido por más de 70 000 arrendatarios, renovándose de marzo a junio. Los chacareros no se limitaron a pedir mejoras de corto plazo y arriendos más bajos, sino que exigieron cambios fundamentales en el sistema de propiedad: la tierra para quien la trabaja. A la violencia obrera se sumó la chacarera: quema de parvas, destrucción de alambrados y máquinas. Una y otra parecían alimentar el fantasma maximalista que había detonado en enero con la denominada Semana Trágica.⁵⁴ La gira del ministro Demarchi por la zona cerealera no logró convencer a los huelguistas, quienes consideraron insuficientes las ofertas de créditos a corto plazo para semillas y gastos de siembra. Mientras Esteban Piacenza, el referente máximo de la FAA, se colocaba al frente de la demanda de reforma agraria y de una legislación de acuerdo con las nuevas condiciones, el gobierno nacional y los provinciales del área cerealera propusieron respuestas contradictorias. Por un lado, las circulares del ministerio empujaban a la represión de un movimiento considerado fruto del accionar de agitadores y revolucionarios y no de condiciones sociales negativas. Ello condujo a ataques a dirigentes, disolución de reuniones o meetings convocados por la FAA, encarcelamiento de líderes, deportación de extranjeros en aplicación de la ley de Defensa Social. Este accionar no fue sólo el resultado del monopolio legítimo de la violencia por parte del Estado, sino de la expansión de grupos paraestatales que se aglutinaron en una nueva organización de alcance nacional y con estrechos vínculos con la entidad patronal denominada Asociación Nacional del Trabajo: la Liga Patriótica. Esto, a su vez, provocó que sectores disidentes del radicalismo (partidos Socialista y Demócrata Progresista), impulsaran la interpelación a Demarchi, pero Yrigoyen no lo permitió. Paralelamente, reiteraron proyectos legislativos sobre la reforma contractual y el estímulo, por vía impositiva, de la división y venta de las grandes propiedades. La respuesta del ejecutivo no se hizo esperar y trató de condensar las principales prioridades a fin de neutralizar el conflicto. Envió cuatro iniciativas básicas: a) la creación de juntas arbitrales del trabajo agrícola; b) la concreción de un sistema de locación con contratos de tres años como mínimo y un reembolso de las mejoras realizadas durante el arriendo; c) una propuesta de fomento al desarrollo cooperativo, favoreciendo una presencia fuerte en el circuito de comercialización; d) finalmente, un estímulo a la colonización a través de créditos del Banco Hipotecario Nacional cuya estructura se reformaría a tal fin. Sin embargo, los conservadores las neutralizaron y sólo se dio cabida a la reforma bancaria, seguramente porque algunas de sus cláusulas eran favorables también para los ganaderos. No obstante, dicha ley permitió a aquellos agricultores con cierto nivel de acumulación, canalizarlos hacia la compra.

El limitado logro alcanzado en 1919 condujo a los chacareros y a su dirigencia a replantear sus estrategias. Mientras amenazaban con cambiar la orientación de sus votos a quienes los apoyaran, en un claro mensaje hacia la UCR, intentaron ampliar su base a través de una alianza con la FORA⁵⁵ sindicalista en 1920. Algunos juzgaban el convenio como un peldaño hacia la consecución de una legislación favorable, en particular, sobre los arrendamientos. La presión ejercida culminó con la marcha sobre Capital Federal y, alrededor de 1 400 chacareros, en agosto de 1921, derribaron las resistencias senatoriales y al mes se sancionó la primera norma destinada a regular la relación entre propietarios y arrendatarios. Pese a sus déficit, la ley marcó una instancia de inflexión al reconocer aquellas libertades de las que el arrendatario se consideraba poseedor: retener efectos personales pese al endeudamiento; comprar, vender o asegurar sin condiciones; recibir indemnización por el capital invertido en mejoras, etc. Su entrada en vigencia en 1922 y las buenas condiciones de comercialización entre 1921 y 1927 descomprimieron al sector y abrieron un paréntesis en el proceso.

 

A MODO DE EPÍLOGO

El proceso que se desplegó a lo largo de casi tres décadas y que constituyó el centro de nuestro análisis, permite marcar algunas líneas de reflexión.

En primer lugar, los actores que participaron directamente de las movilizaciones sociales y también de las organizaciones políticas que en parte emergieron de ellas, lo hicieron en su carácter de vecinos, productores, contribuyentes y/o ciudadanos. Hasta la década de 1890 se había asistido a una suerte de convergencia entre las necesidades de una dirigencia política y un universo de inmigrantes convocados por esta como prenda de "regeneración moral", asegurándoles el goce de los derechos y garantías civiles y su asunción como sostén del Estado en aras del interés general. Dada su extranjeridad, su ingreso a la comunidad política se produjo a partir de su condición de vecino con capacidad de administrar los bienes del común en tanto ciudadano territorial. Las políticas centralistas instrumentadas a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX alteraron esos acuerdos y generaron los procesos cuyo horizonte se vinculaba, por una parte, con el reclamo de reinclusión en la esfera política municipal y la exigencia de participar en la reformulación de las agendas políticas. En esa dirección y ante el bloqueo de su precedente integración política, comenzaron a pensar que la vecindad ya no era el continente del ejercicio de sus derechos, sino que, por el contrario, operaba como límite. Al mismo tiempo percibieron que era imprescindible articularse con los otros espacios de toma de decisión en los ámbitos provincial o nacional, lo que los obligó a repensar el problema de la naturalización como llave para acceder a la ciudadanía plena.

En segundo lugar, si bien construyeron una experiencia de vida en el interior del régimen oligárquico y en relación con el modelo de estatalidad que este conllevaba, no perdieron de vista que también esa dimensión se ofrecía como una arena en la cual podían disputar. Esta convicción los estimuló para ensayar diversas modalidades de participación y organización que fueron desde la movilización a la revolución o desde las asociaciones voluntarias a los partidos comunales, centros políticos, partidos modernos o Ligas. En esa dinámica, por una parte replantearon su relación con el poder revalorizando –y esto resultó evidente en la coyuntura de 1890–1894– el papel político de los municipios en contraposición con la estrategia dominante de reducirlos a meras instancias administrativas. Por otra, y particularmente el sector más potenciado, el de la burguesía rosarina, intentó en los últimos años de 1880 y principios de 1890 no sólo recuperar el poder municipal, sino proyectar sus bases de sustentación política en el ámbito provincial, alterando las relaciones preexistentes.

Finalmente, los cambios gestados en el interior del régimen político por los liberales reformistas que pretendían un doble movimiento de inclusión de los sectores subalternos, transparentando el funcionamiento político y procurando responder desde algún nivel a la llamada cuestión social, no hicieron otra cosa que reiterar el carácter retórico del ciudadano universal, revelando las profundas inequidades que el modelo de desarrollo estaba generando. Muchos de aquellos actores que veían nuevamente vedado su ingreso a la ciudadanía en su calidad de extranjeros sin tierra, también se enfrentaban a la regresiva dinámica de un mercado dejado a su libre funcionamiento y que a través de los propietarios de la tierra y de otros sectores del empresariado, lesionaban una y otra vez el ejercicio de sus derechos civiles y, por ende, de sus libertades capitalistas. Esas experiencias alimentaron estrategias sociales y políticas orientadas a integrarlos a la comunidad desde el lugar de una juridicidad todavía ausente. De allí sus apelaciones a redefinir el papel que debía adoptar el Estado respecto de las otras entidades: la sociedad civil y el mercado; de allí el intento de transformar el campo de las relaciones de capital y trabajo, convirtiéndolo en un espacio regulado y público; de allí que sus prácticas recurrentemente trascendieran los espacios locales o regionales y se proyectaran nacionalmente redefiniendo, desde el no lugar, sus identidades en tanto sujetos en pos de la ciudadanización.

 

FUENTES CONSULTADAS

Archivos

Archivo Histórico Provincial.

Hemerografía

La Capital, Rosario.

La Unión, Esperanza.

La Razón, Buenos Aires.

Mensajes de Gobernadores 1900–1907, Santa Fe.

 

Bibliografía

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NOTAS

¹ Bonaudo y Sonzogni, "Claves", 2003.

² Rosanvallon, Capitalismo, 2006.

³ El área elegida posee como característica fundamental haber sido escenario de un significativo proceso de asentamiento europeo, con predominio de población italiana y española. El corte censal de 1895 muestra que casi 43% de la población residente es extranjera. Por ese motivo y dado que sus miembros no optaron en su mayoría por la naturalización, su participación electoral estuvo restringida a los espacios municipales en calidad de ciudadanos territoriales o vecinos, diferenciándose de los electores nativos o naturalizados considerados ciudadanos políticos.

⁴ García, Consumidores, 1995, p. 21.

⁵ Rosario era la ciudad–puerto más significativa sobre el río Paraná y se había convertido en un mundo cosmopolita y de fuerte desarrollo empresarial para el periodo, al calor del despliegue del modelo agroexportador.

⁶ Cabe aclarar que el 26 de julio de 1890 se produce una movilización que reúne a los sectores opositores contra el presidente Juárez Celman conocida como levantamiento del Parque o Revolución del '90, la cual se constituirá en uno de los primeros resquebrajamientos del régimen oligárquico. Una figura protagónica de esta fue Julio Argentino Roca, presidente de la nación entre 1880 y 1886, y gestor de su propia sucesión en la persona de su cuñado Miguel Juárez Celman. Suele denominarse también roquismo al periodo en que desplegó su accionar la gran facción interoligárquica conocida como Partido Autonomista Nacional (en adelante PAN).

⁷ Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, "Cuestión", 1991, p. 263.

⁸ Bonaudo y Sonzogni, "Redes", 1992, pp. 102 y ss.

⁹ Halperín, Espejo, 1987, p. 251.

¹⁰ Ford, "Argentina", 1975, pp. 116 y ss.

¹¹ Carmagnani, "Finanzas", mimeo., pp. 5, 6 y 8.

¹² Sábato, Política, 2004, pp. 62 y ss.

¹³ Denominación con la que se expresó el frente opositor a Juárez Celman y que gestó en ese año un partido político de características novedosas por sus modos de organización y en el que se aglomeraron grupos de las elites no integrados al PAN y sectores de clases medias. Dicho partido, por disensiones internas, se dividió en Unión Cívica Radical (en adelante UCR) y Unión Cívica Nacional (en adelante UCN). La primera bajo la dirección de Leandro Alem e Hipólito Yrigoyen y la segunda bajo la orientación de Bartolomé Mitre.

¹⁴ La Unión, 1 de noviembre de 1891.

¹⁵ Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, "Cuestión", 1991, pp. 264–267. El Centro Político de Extranjeros fue una organización de tipo étnica que incorporó a franceses, alemanes e italianos, nacidos en la ciudad de Buenos Aires, como estrategia defensiva para enfrentar la profunda crisis política y económica de 1890. A pesar de que en esa ciudad tuvo una proyección limitada, su influencia se extendió rápidamente hacia las áreas de colonización agrícola y las ciudades y pueblos de la región pampeana.

¹⁶ La Razón, 5 de febrero de 1893.

¹⁷ Ibid., 11 de febrero de 1893.

¹⁸ Ibid., 8 de febrero de 1893.

¹⁹ Este planteamiento ya había aparecido en las discusiones de algunas colonias en la década de 1870. Véase Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, "Discusión", 1988.

²⁰ La Razón, 12 de marzo de 1893.

²¹ Cibotti, "Elite", 1991; Gandolfo, "Inmigrantes", 1991; Bertoni, "Naturalización", 1992.

²² Bertoni, "Naturalización", 1992, p. 71; Bonaudo, Cragnolino y Sonzogni, "Cuestión", 1991, pp. 266–267.

²³ Ibid., p. 268.

²⁴ La Unión, 15 de noviembre de 1891. Cursivas nuestras.

²⁵ La Unión, 11 de enero de 1894. Cursivas nuestras.

²⁶ Esperanza (la primera colonia, 1856) y Rafaela (muestra del éxito del modelo colonizador, 1883) son las dos colonias de mayor envergadura en esas décadas de la zona centrooeste santafesina.

²⁷ La estrategia de la abstención electoral se prolongó desde 1892 hasta 1912, con miras a deslegitimar los gobiernos emergentes de las urnas. Dicha estrategia se potenció a través de tres conatos revolucionarios (1890, 1893 y 1905) que fracasaron desde el punto de vista armado, pero los convirtieron en interlocutores válidos para la salida electoral pactada de 1912.

²⁸ Para el caso de Córdoba, el tema ha sido abordado por Moyano, "Comité", 1993, y Ramírez, "Política", 1993.

²⁹ Como lo señalamos en la nota 11, el estado provincial santafesino imprimió a su aparato tributario similares características a las introducidas por las reformas tributarias de las décadas de 1880 y 1890 en México y Chile, es decir, incrementó la presión sobre los ingresos provenientes del comercio interno, afectando fundamentalmente a los consumidores. Sin embargo, las recurrentes necesidades de recursos lo condujeron a ampliar el campo de las exacciones involucrando la producción de bienes regionales de alto impacto en el mercado externo o interno. Además de Carmagnani, véase Cardoso, México, 1992, pp. 286 y ss.

³⁰ Mensajes de Gobernadores 1900–1907, Santa Fe, en el Archivo Histórico Provincial. En los presupuestos adjuntos, los tres rubros que sustentaban entre 94 o 95% de la recaudación fiscal eran, sin ninguna duda, la contribución directa (que oscilaba entre 25 y 28% del total), las patentes (entre 21 y 23%) y el papel sellado (entre 45 y 46%) que incluía las guías de haciendas, frutos y productos agrícolas En el interior de este último rubro operaba el denostado impuesto al cereal que ya en 1894 representaba 23% del total de lo recaudado en ese ejercicio fiscal.

³¹ La Capital, 8 de julio de 1908 y 11 de julio de 1908.

³² Ibid., 3 de abril de 1908.

³³ Ibid., 4 de abril de 1908.

³⁴ La Capital, 22 de abril de 1908.

³⁵ Ibid. Cursivas nuestras.

³⁶ La Capital, 1 de octubre de 1908 y 15 de septiembre de 1908.

³⁷ Ibid., 6 de agosto de 1908.

³⁸ Ibid., 13 de mayo de 1908. Cursivas nuestras.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Ibid., 5 de noviembre de 1908. Cursivas nuestras.

⁴¹ Álvarez, Historia, 1980, p. 572.

⁴² La Capital, 7, 11 y 13 de noviembre de 1908.

⁴³ Ibid., 4 de diciembre de 1908.

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Sólo se concede el derecho a votar a quienes "reúnen los requisitos de haber residido en el país durante un determinado tiempo, que marcará la ley, y sean propietarios de bienes raíces, o que, a falta de la segunda condición, sean padres de hijos argentinos". Véase Thedy, "Índole", 1910, t. I, p. 91.

⁴⁶ Ibid., pp. 89–90.

⁴⁷ La Capital, 4 de diciembre de 1908.

⁴⁸ Ibid., 31 de octubre de 1908.

⁴⁹ Ibid., 3 de enero de 1909.

⁵⁰ La huelga como forma de lucha social, típica del mundo del trabajo, es resignificada en esta coyuntura por cuanto a ella se adhieren no sólo los asalariados, sino también pequeños comerciantes, cuentapropistas, artesanos, etc., y grupos políticos. Por eso, la acción huelguista se suma al "lockout patronal" potenciando la estrategia de presión sobre los poderes públicos.

⁵¹ Álvarez, Historia, 1980, p. 576.

⁵² Durante la segunda mitad del siglo XIX, los liberales intentaron regular la propiedad y las relaciones laborales rurales a través de los denominados Códigos rurales que aseguraban en la teoría la equivalencia de los intercambios, aunque tal condición no inhibía las normas coactivas que pesaban sobre los trabajadores rurales a la hora de violentar o romper unilateralmente el vínculo laboral. Esta legislación que pervivió hasta entrado el siglo XX provocó fuertes reacciones, incluso desde fracciones de la clase dirigente porque coartaba la libertad de mercado. La sanción del Código Civil en la década de 1870 no logró –a través de la figura del contrato de locación de servicios o de obra– neutralizar la prescriptiva anterior. En realidad, el liberalismo argentino siguió considerando al mundo laboral como un espacio de relaciones privadas y, por ende, ajenas a las intervenciones del Estado. Ello explica el fracaso de la sanción de un código laboral complejo tanto en 1904 como en 1921.

⁵³ Véase nota anterior.

⁵⁴ La Semana Trágica (del 7 al 14 de enero de 1919) expresa el conjunto de conflictos y contradicciones que golpean al primer gobierno radical: la huelga de los trabajadores de la firma Vasena desencadena una reacción por parte de los grupos dominantes de carácter xenófobo y conservador. La Asociación Nacional del Trabajo, la Liga Patriótica y corporaciones similares tienen a su cargo las principales acciones represivas y xenófobas, dejando al gobierno de Yrigoyen sin posibilidad de maniobra.

⁵⁵ La Federación Obrera de la República Argentina (FORA) reunía en su versión sindicalista, contrapuesta a la anarquista, a los dirigentes dispuestos a abrir recurrentes canales de diálogo con el ejecutivo nacional para mediar en los conflictos sociales. Sus pares anarquistas habían, en su mayoría, clausurado tal diálogo, excepto algunos grupos que se avinieron en esta coyuntura a negociar con el presidente Yrigoyen.

 

INFORMACIÓN SOBRE LAS AUTORAS

MARTA BONAUDO: Doctora en Historia por la Universidad de Aix–en–Provence, Marsella (Francia). Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de Historia Argentina II en la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado diversos libros y numerosos artículos en revistas de la especialidad en Argentina, América Latina y España. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en el campo de la historia social, cultural e institucional de la política decimonónica, planteando miradas comparadas con los espacios mexicanos y españoles de la época.

ELIDA SONZOGNI: Profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina). Es investigadora II del Programa Nacional de Incentivos y profesora titular de Historia Regional en la Universidad Nacional de Rosario. Ha publicado numerosos artículos y participado en diversas compilaciones de libros en Argentina y América Latina. En los últimos años ha centrado sus investigaciones en el campo de la historia social y cultural de principios del siglo XX.