Introducción

La relación entre la clase política y la banca pública suele ser intensa tanto en Argentina como en cualquier país de América Latina.¹ Esto no sorprende ya que la política exige financiamiento que suele originarse, en buena medida, en grupos empresariales privados. Una forma rápida de repago de estas contribuciones es a través de un tratamiento privilegiado en la banca estatal controlada por los gobiernos. Por otra parte, existen los intereses directos de los mismos políticos con sus propios emprendimientos y grupos económicos relacionados. Por estas razones es imprescindible para los gobernantes controlar los directorios de los bancos públicos, colocando allí a individuos dóciles a sus indicaciones y sugerencias. Uno de los casos más notorios es el del Banco de la Nación Argentina (Banco Nación), el mayor establecimiento financiero del país, cuyos escandalosos tratamientos especiales son públicos.² El descubrir cómo funcionan los mecanismos de subordinación de lo financiero a lo político se hace difícil cuando la investigación es de índole histórica, aunque pueden mencionarse dos testimonios relevantes: cuando, en 1930, Raúl Prebisch, economista, participó como funcionario del gobierno militar golpista del general José Uriburu, hizo un intento por lograr que se designara un directorio representativo (presumiblemente independiente) en el Banco Nación. Aunque Prebisch contó con el apoyo del ministro de Hacienda, Enrique Pérez, la iniciativa sería pronto bloqueada por el vicepresidente en favor de integrantes de la clase terrateniente (^{Mallorquín, 2006, pp. 65-66}).³ Otro caso es el de Mario Martínez Casas, un abogado cordobés a quien el presidente Juan Domingo Perón convocó para ocupar la jefatura del Banco Nación en 1949. Mario Martínez puso como condición para asumir que el establecimiento pudiera actuar con autonomía, lo que en un principio fue aceptado. Así, el banco comenzó a otorgar créditos con criterios profesionales y de promoción económica sin injerencia del poder ejecutivo. No obstante, según ^{Martínez (1975, pp. 107-126}), la experiencia tendría corta duración: pronto los trámites crediticios comenzaron a ser bloqueados requiriendo que el Banco Central los convalidara, lo que hacía con mucha demora, cuando ya esos préstamos no eran viables. Al mismo tiempo, Martínez Casas recibió la visita de algunos gobernadores que le advirtieron que había acusaciones en su contra circulando en la casa de gobierno. Al final, renunciaría a su cargo.

Es indudable que el Banco Nación ha estado cargado de créditos otorgados con criterios políticos a lo largo de su historia. Pero encontrar y analizar la documentación relacionada es difícil (aunque no imposible), ya que no hay acceso público directo a sus archivos, ni facilidades para investigarlos. Este artículo procura estudiar la misma cuestión a través de una entidad privada de gran dimensión, el Banco Español del Río de la Plata (Banco Español), la que estuvo vinculada y era en gran medida dependiente del Banco Nación gracias a su ayuda financiera. Sobre su importancia puede mencionarse que, en 1935, hacia el final del periodo de entreguerras, el Banco Español representaba 9% de los depósitos bancarios totales de Argentina, cifra que lo hacía la mayor institución financiera privada del país. Sólo era superada por el dominante Banco Nación, que absorbía 75% de los depósitos (^{“Estadística bancaria, año 1935”, 1936, p. 21}).

Cabe mencionar que el Banco Español fue propenso a atender las necesidades de la clase política de la cual dependía su financiamiento. Esta situación fue sostenida por la acción de los múltiples beneficiarios que generaba el sistema: tanto los administradores y propietarios de la entidad crediticia, como por un conjunto de legisladores y miembros del poder ejecutivo de varios partidos políticos. La contraparte implícita de la ayuda oficial que recibía el establecimiento fueron créditos blandos otorgados a personajes influyentes o sus empresas, créditos tendentes en gran medida a la morosidad. Es posible investigar el Banco Español debido a que parte de su documentación interna fue depositada en la Biblioteca Tornquist del Banco Central Argentino, luego de que el establecimiento financiero quebrara hacia 1986. El tema aquí tratado es relevante en cuanto a las magnitudes económicas involucradas: el pago que hizo el gobierno por adquirir los créditos morosos de los bancos privados en 1935 quizá equivalente hasta un 6% del producto bruto interno (^{Della Paolera y Taylor, 2003, pp. 285-287}). Del monto total transferido alrededor de la mitad correspondió al Banco Español. En este artículo se analizará la vinculación entre miembros de la clase política y el Banco Español durante buena parte del periodo de entreguerras, un lapso histórico clave, tanto por incluir la Gran Depresión, como la creación del Banco Central, acto que no fue ajeno a la trama descrita.

El nacimiento y desarrollo del Banco Español

En sus primeras décadas de vida el Banco Español se mostró como una organización eficiente e innovadora que realizó sus funciones financieras de manera eficiente con un notable crecimiento que aprovechaba el desarrollo económico de Argentina en su época de oro. La institución fue creada en Buenos Aires en 1886 con el aporte de capital de 50 socios liderados por el uruguayo Augusto Coelho, que se desempeñaría como su gerente general hasta 1913.⁴ Pronto contaría con 550 accionistas, en buena medida de origen español, lo que implicaba tanto una atomización de sus propietarios como una especial relación con España.⁵ La institución se distinguió entonces por sus prácticas comerciales innovadoras y su solidez en cuanto a respaldo en reservas líquidas. Su fortaleza se hizo patente durante la crisis iniciada en 1890, ya que fue la única entidad privada –junto con el Banco de Londres y Río de la Plata– que no debió cerrar sus puertas. Para principios del siglo xx el banco experimentó un gran aumento tanto en depósitos como en préstamos, transformándose en la segunda entidad local, sólo precedida por el Banco Nación. Para 1910 poseía 41 sucursales en Argentina, habiéndose internacionalizado con ocho sucursales en Europa y una en Brasil. En ese año su patrimonio neto llegaba a unos 100 000 000 de pesos, una cifra enorme comparada con los 3 000 000 con que había contado en el momento de su fundación. En ese momento la entidad comenzó a sufrir la competencia causada por la expansión del Banco Nación, del Banco de la Provincia de Buenos Aires, y del Banco de Italia y del Río de la Plata. Ello le causó una pérdida de cuota de mercado, lo que demandaba un reajuste organizacional, mediante un aumento en su eficiencia interna y un replanteo de la necesidad de las múltiples y costosas sucursales en el exterior. Sin embargo, la reacción de sus directivos fue la de bajar la exigencia en los requisitos exigidos a los deudores para aumentar su número, lo que iría empeorando la calidad de su cartera crediticia.

A esta situación se sumó la crisis causada por el inicio de la Gran Guerra, que implicó una caída de los depósitos de muchas entidades bancarias. Por ello, entre fines de 1914 y principios de 1915 el Banco Nación auxilió a las entidades financieras con dificultades bajo la forma de redescuentos que cubrían situaciones de iliquidez. En ese momento, el Banco Español recibió una fuerte ayuda, pero con características distintas a las que percibiría en el futuro: los fondos los obtuvo y devolvió en un lapso corto y pagó por ellos una tasa de interés cercana a la de mercado. El impacto negativo causado por el conflicto mundial se vio agravado en el banco por una enorme pérdida generada por la sucursal de Río de Janeiro, que no había sido controlada de manera adecuada en sus operaciones,⁶ y por un emprendimiento empresarial para desarrollar servicios de trasporte marítimo que resultó en un fracaso. Estos quebrantos, junto con un aumento de los deudores morosos e incobrables, no fueron reflejados en los estados contables, que seguían mostrando una situación patrimonial aceptable, junto con altas utilidades y dividendos. La fragilidad del establecimiento se haría pública y, en consecuencia, se registraría una baja valuación bursátil y una caída de depósitos.⁷ Hacia 1919 el banco reconocía en su memoria anual que había estado otorgando créditos con excesiva liberalidad y decidió que su balance comenzara a incluir información sobre la acumulación de propiedades de hipotecas ejecutadas y sobre la morosidad en general. En ese año, del total de los créditos otorgados, alrededor de una tercera parte presentaba características de incobrabilidad (^{Banco Español del Río de la Plata, 1919}).

Después de finalizada la contienda mundial el establecimiento logró una cierta recuperación y para 1920 sus depósitos superaban los niveles que había tenido antes de la guerra. Sin embargo, su situación estructural no había cambiado y una crisis estallaría a fines de 1923, cuando se produjo una fuerte pérdida de depósitos, por lo que la entidad tuvo que requerir un gigantesco redescuento de 125 000 000 de pesos al Banco Nación. Fue necesario entonces que los directivos sinceraran la situación haciendo una fuerte reducción en el capital y las reservas. Esta circunstancia fue presentada y el cambio patrimonial fue aprobado en una asamblea extraordinaria realizada el 2 de febrero de 1924; y en donde también se hizo público que la entidad ahora dependía del auxilio del Banco Nación, cuyos aportes triplicaban el patrimonio neto real del banco. En el informe del directorio leído en la asamblea se recordaba que el banco estatal siempre había socorrido al Banco Español con fondos incluso en exceso de sus necesidades. En un momento apoteósico de la reunión se pidió a los asambleístas ponerse de pie en homenaje al Banco Nación:

lo que se hace en medio de manifestaciones de simpatía, penetrando en el recinto el señor Presidente del Establecimiento \[Banco Nación\], Dr. Rafael Herrera Vegas, quien después de agradecer el espontaneo homenaje tributado a la Institución que representa declara los propósitos de solidaridad y adhesión hacia este Establecimiento que inspiraron la actitud de aquella Institución exhortando por fin a españoles y argentinos para que guiados de un mismo y noble anhelo, colaboren en la restauración de los viejos prestigios de esta Casa (^{Banco Español y del Río de La Plata, 1924, p. 311}).

Con su aporte, el Banco Nación anclaría una suma millonaria en el Banco Español, fondos que en teoría estaban respaldados por sus préstamos, que deberían haber contado con una cierta liquidez.⁸ Pero el monto aportado estaba en realidad inmovilizado, ya que correspondía a créditos morosos e insolventes. En este momento el Banco estaba funcionando con un patrimonio neto negativo, un hecho destacado por Raúl Prebisch, quien además remarcaría que los miembros del directorio del Banco Nación solicitaban favores a cambio de la ayuda otorgada, en especial créditos riesgosos sin garantías, créditos que la institución oficial no quería conceder de manera directa para no quedar expuesta en materia legal. Raúl Prebisch señalaría que “ahí le metían todo crédito malo” [@Mallorquin2006]**p. 38**. Rafael Herrera Vegas era uno de los beneficiados por este esquema. Su hermano y socio, Marcelino Herrera Vegas recibiría del Banco Español un crédito por 1 750 000 pesos,⁹ mientras que su esposa, María Antonia Pereyra Iraola, sería deudora de 300 000 pesos de la misma institución.^{10 Juan B. Justo (1927, p. 8)}, senador socialista, denunciaba en el Congreso el tipo de relación íntima generada entre las dos instituciones:

la mayor parte [de los redescuentos otorgados por el Banco Nación] corresponden a una institución privada de esta plaza, al Banco Español del Río de la Plata, que llegó a la real y verdadera bancarrota, que dilapidó en especulaciones indecentes todo su capital y que ha sido mantenido a flote gracias al favor extraordinario del Banco de la Nación, que le ha prestado hasta 130 000 000 al cuatro y medio por ciento, cuando la Nación está pagando por sus deudas el siete y medio y el ocho por ciento. ¡Y ese banco tiene ahora casi tantos depósitos como antes de su cuasi bancarrota, continúa redescontando de igual forma del Banco Nación! Este tiene en ese banco particular una especie de sucursal que no le produce más que gastos, que pesa sobre toda la economía del país, y le paga menos interesas que los que paga la Nación por sus propios créditos.

Un artículo de una publicación especializada de la época hacía eco de la denuncia del senador al mencionar que el Banco Español se encontraba desprestigiado, debiendo ser auxiliado por el Banco Nación repetidas veces. Lo más grave era que presentaba documentos falsos de créditos otorgados a terceros para la obtención de los redescuentos de la entidad pública. Por otra parte, la gestión de la institución era inefectiva y sin capacidad de gestión financiera (^{“Falta de garantía y seriedad del Banco Español del Rio de la Plata”, 1927, , pp. 1-3}). De igual manera, denunciaba que el Banco Español manipulaba los datos contables, fraguando los balances para ocultar sus créditos incobrables (^{“¿Banqueros…?”, 1927, pp. 11-12}). Años después, en 1935, José Luis Pena, diputado socialista, expresó ante el congreso, y en términos semejantes, que la situación del banco no había cambiado, sino agravado por la influencia cada vez más fuerte de políticos en la gestión del banco, lo que lo hacía realizar inversiones disparatadas y efectuar gastos ridículos. En el Banco Español, afirmaba, se “hacen cosas, pero muy malas, malísimas” (^{Banco Central de la República Argentina [en adelante bcra], 1972, ii, p. 997.})

El Banco Nación se encontraba, hacia 1930, al inicio de la Gran Depresión, con un problema estructural, puesto que muchos de sus recursos líquidos habían sido entregados al Banco Español (y en menor medida a otras tres instituciones financieras). Fue en 1931 que el gobierno de facto decidió utilizar la ley de redescuentos de 1914 por la que se permitía endosar préstamos a la Caja de Conversión recibiendo fondos líquidos a cambio. Así, la entidad pública aliviaba su cartera a la vez que se intentaba renovar la confianza en el sistema bancario en un momento en que se temía una corrida general. De cualquier forma, los responsables de los créditos seguían siendo en forma primaria los bancos que habían otorgado los créditos. Para ellos la situación había mejorado, ya que la Caja de Conversión era un ente que ejercería menos presión sobre ellos que el Banco Nación con sus problemas propios de liquidez.

El Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias y el Banco Español

En 1935 el gobierno argentino decidió avanzar en lo que consideraba sería una refundación del sistema financiero y monetario argentino. Se creaba el Banco Central, en teoría un organismo independiente y autónomo que asumiría las facultades de emisión y supervisión, control monetario y otorgamiento de redescuentos, funciones antes en manos de la Caja de Conversión y del Banco Nación. Una de las medidas previas requeridas para lograr esta refundación era sanear el sistema bancario mediante el cierre de varias entidades privadas con dificultades estructurales en sus carteras de créditos (todas muy endeudadas con el Banco Nación). Estas fueron el Banco Argentino Uruguayo, la sección financiera de la Sociedad Ernesto Tornquist, El Banco Hogar Argentino y, en especial, el Banco Español. Las carteras de baja cobrabilidad de estos bancos y las propiedades recibidas por hipotecas ejecutadas serían trasferidas a una nueva institución pública, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, que se encargaría de los cobros residuales y el remate de las propiedades recibidas. Con este esquema, explicaría Prebisch, se buscaba generar un nuevo sistema financiero que “no partiera de una situación de podredumbre, había que extirpar del organismo todo lo que estaba carcomido y comenzar de nuevo” (^{Magariños, 1991, pp. 114-115}). En alguna medida la función del Instituto Movilizador era absorber las deudas morosas de la clase política, como lo señalaría un diputado demócrata progresista, para quien los créditos trasferidos eran “deudas de políticos fundidos que siempre vivieron del crédito oficial” (^{Banco Central de la República Argentina, 1972, ii, p. 1072}). En el nuevo establecimiento los préstamos morosos estarían mejor protegidos de toda investigación parlamentaria y periodística, situación amparada por todos los actores multipartidarios involucrados, en una actitud común que Prebisch denominaría “solidaridad política ilimitada entre deudores y bancos” (^{Mallorquín, 2006, p. 38}). Tiempo después, Prebisch se lamentaría que el acta fundacional del Instituto Movilizador (que tuvo un carácter casi secreto) y que describía esta situación de “verdad histórica extrema”, se hubiera perdido pese a sus esfuerzos posteriores por ubicarla (^{Magariños, 1991, pp. 116-117}). También han desaparecido los listados de los deudores del Instituto. El primer libro de actas de la institución –único volumen sobreviviente– presenta información fragmentada.

La reforma financiera implicaba que el Estado absorbía las deudas morosas de los bancos en situación crítica, los que deberían cerrar sus puertas. La cartera adquirida fue de 384 000 000 de pesos, de los cuales 71% correspondía al Banco Español y el resto a los bancos El Hogar Argentino, el Argentino-Uruguayo y el Tornquist.¹¹ Para el Banco Español la cartera trasferida fue el equivalente al total de los préstamos otorgados en curso.¹² Pese a la magnitud de los montos traspasados, se permitió al establecimiento continuar operando, ya que no sólo se le compró su cartera mala, sino que se le entregaron las cuentas corrientes saludables de las otras instituciones, que fueron discontinuadas. La entidad estaba demasiado vinculada con la clase política como para cerrarla, lo que hubiera sido lo lógico dado su comportamiento previo. Para Prebisch esta situación fue escandalosa. No sólo se dejaba a los antiguos gestores de la entidad impunes, sino que se les encomendaba la gestión del banco en su nueva etapa. Cuando Prebisch tomó conciencia de lo que estaba ocurriendo se dirigió al ministro de Hacienda, Federico Pinedo, y le rogó: “Doctor Pinedo, no haga esto, porque usted va a ir a parar a la cárcel algún día; lo van a acusar de esto. Y el […] gerente general del Banco Español, que había tolerado todas estas cosas y las había apañado irá a visitarlo de tiempo en tiempo, pasándole por las rejas una botella de cerveza. Eso va a ser” (^{Magariños, 1991, p. 116}).

Pero el poder de lobby de los antiguos administradores del Banco sustentado en la cantidad de créditos blandos otorgados a personajes políticos o sus familiares garantizaba que se mantuviera el statu quo anterior. Entre los posibles afectados por cualquier cambio drástico estaba el mismo presidente, Agustín P. Justo, endeudado por una fuerte suma con la entidad, lo mismo que su vicepresidente Julio Roca (por un monto menor).¹³ Asimismo, según Prebisch muchos legisladores estaban amordazados en sus opiniones por sus deudas, ya que serían trasferidas al Instituto Movilizador donde esperaban contar con un tratamiento benévolo (^{Magariños, 1991}). A la cabeza del Instituto se designó a Celedonio Pereda (h.), un político conservador que había sido miembro del directorio del Banco Español.¹⁴ Como subgerente del organismo se nombró a Miguel Mibelli, quien se desempeñó como contador general del Banco Español entre 1923 y 1929 (^{Sammartino, 1938, p. 14}). Por otra parte, Eduardo Grané, gerente general del Banco Español, pasaría, en 1937, a formar parte del directorio del Banco Central¹⁵ en representación de los bancos privados de capitales argentinos; es decir, se trasformó en una autoridad para Raúl Prebisch, para entonces gerente general de la entidad oficial. Todo el asunto del Banco Español dejó un recuerdo muy amargo en Prebisch, quien incluso postuló que quizá dejar caer a los bancos privados de facto quebrados durante la depresión hubiera sido una buena opción, así terminaría con una situación de mala gestión, corrupción e ineficiencia, que se mantendría en el futuro (^{Magariños, 1991}).

Con el advenimiento del peronismo, la situación del Banco Español mejoraría, al aflojarse aún más el control y las restricciones que se le habían impuesto en 1935, como el de limitar sus dividendos. Por su parte, sus antiguos deudores políticos, ahora deudores del Instituto Movilizador, lograrían que se continuaran ampliando los plazos de reembolso de sus créditos, mientras que la inflación iniciada hacia 1943 se iría encargando de licuar sus montos (^{Mallorquín, 2006, p. 38}). El Banco Español continuaría funcionando con sobresaltos hasta la década en 1980, durante la cual fue disuelto por no poder continuar operando debido a su cartera crediticia morosa. Su caída se desencadenó cuando el Banco Central le denegó un redescuento que salvaría a la entidad de su situación crítica en ese momento (^{Newland, 2015, p. 88}).

Algunos casos de créditos políticos otorgados por el Banco Español

Antes de avanzar sobre algunos casos de créditos otorgados a políticos o a sus propias empresas por el Banco Español es útil dimensionar las cifras que se estarán mencionando en el texto. Un monto que parece repetirse es el de 1 000 000 de pesos. ¿Cuál era el valor de esa suma, por ejemplo en 1935? Si se contrasta la cifra con los importes de los campos en Argentina en ese año se puede determinar que con 1 000 000 de pesos se podía comprar una estancia de 8 000 hectáreas (de productividad media) en la Provincia de Buenos Aires o de 50 000 hectáreas en Corrientes o de 150 000 en Santiago del Estero.¹⁶ Con la misma suma se podrían adquirir 50 casas barriales en la ciudad de Buenos Aires o pagar los sueldos de una empleada doméstica durante 2 000 años, los emolumentos de un obrero a lo largo de 500 años o de un albañil o docente porteño durante 350 años. Es decir, se trataba de montos enormes que terminaron siendo transferencias directas a sus beneficiarios.

El crédito otorgado por el Banco Español a Lisandro De la Torre es un ejemplo de cómo la política interfería en el sistema financiero. De la Torre era el fundador del partido Demócrata Progresista de Santa Fe, que fue diputado nacional entre 1912 y 1916 y entre 1922 y 1925, y senador nacional entre 1932 y 1936. Por sus denuncias contra el Pacto Roca –Runciman recibió el calificativo de “fiscal de la patria”, siendo en teoría un emblema contra todo acuerdo y práctica corrupta. Sin embargo, su larga relación personal con el Banco Español pondría en evidencia una permeabilidad a la obtención de ventajas originadas en su poder político. Su relación con la entidad financiera existió al menos desde 1912, cuando se presentó como candidato a gobernador de la Provincia de Santa Fe, acompañado por el candidato a vicegobernador Cornelio Casablanca, un alto funcionario de la sucursal del Banco Español en Rosario. En 1913, De la Torre presentaría en el congreso el proyecto de ley por la cual se permitía a la Caja de Conversión descontar documentos de deuda de particulares pertenecientes a bancos privados (con la intermediación del Banco Nación).¹⁷ En la práctica implicaba, en momentos de necesidad perentoria de fondos, que las entidades privadas pudieran acceder a financiamiento rápido, poniendo como colaterales los créditos que habían otorgado. La legislación habilitaría la posibilidad de enormes subsidios públicos a los bancos privados, en especial cuando la tasa de interés a la que se le prestaban fondos fuera menor a la de mercado. Tiempo después, Juan B. Justo acusaría a De la Torre de haber tenido como punto principal de su programa político el de dinero barato para los bancos y que con la ley había abierto la puerta para que el gobierno cometiera en el futuro “tremendas barrabasadas” en el ámbito financiero¹⁸ A pocos años de aprobada la ley, el Banco Español, el mayor beneficiario de los redescuentos, otorgaba a De la Torre un crédito sin garantías y a un bajo interés para la adquisición del control de una estancia de 78 000 hectáreas ubicada en el noroeste de Córdoba (^{Larra, 1950, p. 210}).¹⁹ De la Torre obtuvo sumas adicionales sobre la propiedad lo que hizo que su deuda al menos se triplicara acercándose a 1 000 000 de pesos (^{Viale, 1931}). Con el tiempo se volvería un deudor moroso sin abonar los intereses ni el capital.²⁰ Cuando pudo, el Banco Español utilizó este crédito de difícil o imposible cobro como garantía de los redescuentos obtenidos del Banco Nación, que así quedaba como virtual propietario de la deuda. Cuando Prebisch –como subsecretario de Hacienda– preparaba en 1934 la estrategia de aprobación del Banco Central y del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias temió una embestida al proyecto en el Congreso por parte del senador De la Torre, quien era esperable que se opusieraía a una iniciativa que incrementaba la injerencia del poder estatal nacional en el ámbito financiero. No obstante, el abogado jefe del Banco Español informó a Prebisch que no debía preocuparse en cuanto al Instituto Movilizador, ya que De la Torre le manifestó que no lo atacaría. La razón era que en algún momento se transformaría en deudor de la institución, y no quería desacreditarse con el organismo que en el futuro sería su acreedor (^{Mallorquín, 2006, p. 38}). La situación morosa de De la Torre continuaría. Y el Instituto Movilizador –desde 1935 nuevo titular del crédito– encargaría al Banco Español su gestión. A De la Torre, ya casi retirado de la política, se le ofreció a tomar al establecimiento rural como pago total del crédito, que dado su valor en ese momento implicaba cubrir sólo lo adeudado parcialmente, pero no aceptó porque consideraba su situación económica personal insalvable.²¹ El estado general de depresión de De la Torre lo llevaría al suicidio en enero de1939 (véase ^{Larra (1950, pp. 202-203)}.

Un caso de dimensión gigantesca fue el de Robustiano Patrón Costas, el más importante político conservador de la época. Fue gobernador de Salta entre 1913 y 1916, senador nacional entre 1916-1925, 1932-1938 y 1938-1943 y presidente provisional del Senado en el lapso 1932-1943. Uno de los fundadores –en 1931– del agrupamiento de partidos conservadores de todo el país en el Partido Demócrata Nacional donde se desempeñó como su primer presidente. Patrón Costas también ejercía un papel empresarial fuerte, en especial luego de crear en Salta, en 1918, el enorme ingenio San Martín de Tabacal. Esta empresa se financió con generosos recursos aportados en última instancia por la banca pública. Por ello, Patrón Costas sería señalado como “el deudor máximo de los bancos oficiales” (²). Para obtener los fondos iniciales para su emprendimiento azucarero fue vital la participación de Domingo Salaberry, un importante consignatario agropecuario que se desempeñó como ministro de Hacienda de Hipólito Yrigoyen durante todo su primer mandato. Salaberry, junto con miembros de su familia regenteaba una empresa consignataria que, como era usual en la época, también cumplía funciones financieras. Esta entidad obtendría generosos aportes monetarios del Banco Nación que a su vez serían trasferidos a una sociedad creada por Patrón Costas para adquirir y desarrollar el ingenio. En la nueva sociedad, denominada Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy, Patrón Costas tuvo como socios a los dos cuñados de Salaberry, Pedro Mosoteguy y Pedro Bercetche. La empresa azucarera también obtendría créditos de otras entidades financieras como el Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Español. Con el tiempo, y tras la crisis ganadera de 1921, la consignataria de Salaberry entraría en serias dificultades financieras, por lo que sus créditos serían trasferidos al Banco Nación. Esta situación de quebranto, junto con acusaciones de corrupción, llevarían a Salaberry al suicido en 1923 (²).²² La deuda contraída por Patrón Costas, ahora en manos del Banco Nación (que lideraba un consorcio de acreedores) siempre tendría tratamiento “político”. Cuando la entidad decidió tratar en una reunión de directorio la cuestión de su ejecución o cobro dada su situación de morosidad, recibió una nota del presidente Yrigoyen que indicaba renovar el crédito impago en las condiciones favorables en que se encontraba (²). Según Juan B. Justo la dependencia financiera del salteño de la banca estatal hizo que limitara sus críticas al gobierno radical. Según el socialista, el político conservador “se hace el ciego, el mudo y el zonzo frente a las macanas del gobierno de Yrigoyen!” (^{Torres, 1973, p. 56}). La deuda total de Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy rondaría los 50 000 000 de pesos (moneda nacional) para 1933.²³ La suma crecía de manera constante debido a que la sociedad no abonaba las amortizaciones ni los intereses correspondientes e inclusive tomaba nuevos créditos.²⁴ Con el Banco Español su pasivo era de 4 500 000 de pesos en 1924,²⁵ y presume duplicado para 1938. El caso de la deuda de Patrón Costas fue denunciado por Nicolás Repetto, diputado socialista, en los debates sobre la creación del Instituto Movilizador en la Cámara de Diputados en 1935. Repetto indicó que era inaceptable que Patrón Costas recibiera continuos favores del Estado, lo que era un indicador de la profunda corrupción existente en el sistema político. Lo peor para Repetto era que intereses personales y materiales condicionaran las votaciones de un legislador (²). Las deudas bancarias de Patrón Costas, Bercetche y Mosoteguy pasarían al Instituto Movilizador, lo que incluía los créditos otorgados por el Banco Español.

Otro caso de un crédito del Banco Español otorgado a un político influyente fue aquel percibido por Antonio Santamarina. Este era un gran estanciero y dirigente conservador de larga trayectoria: diputado nacional entre 1908 y 1924 y entre 1926 y 1930, y senador nacional entre 1932 y 1943.²⁶ Santamarina conformaría (representando el ala conservadora) junto a Federico Pinedo (por el socialismo independiente) el grupo político-civil que acompañaría el golpe militar contra Yrigoyen. En sus relaciones con el Banco Nación y el Banco Español, sin duda fue de gran auxilio su hermano Jorge Santamarina, quien luego de haber sido miembro del directorio del Banco Español, entre 1920 y 1931,²⁷ pasó a formar parte del directorio del Banco Nación, del cual fue vicepresidente en 1932 y presidente entre 1933 y 1943.²⁸ La red familiar se completaba con un tercer hermano, Enrique, que fue miembro del directorio del Banco Nación entre 1917 y 1927, a la vez que vicepresidente de Argentina durante el gobierno del general Uriburu.²⁹ La sumatoria de los créditos sin garantía que Antonio Santamarina logró del Banco Español es cercana a 1 000 000 de pesos,³⁰ a la que se adicionaba otro préstamo más grande obtenido del Banco Nación.³¹ El crédito terminaría, en 1935, en manos del Instituto Movilizador: aunque la deuda fue trasferida al Estado, se encomendaría al Banco Español su gestión y cobro. Por ello se sabe que en 1938 se permitió que uno de los pagos fuera destinado a descontar el capital adeudado, en lugar de aplicarse a abonar los intereses impagos, que era lo que correspondía.³² Unos meses más tarde el Banco Nación solicitaba que a otro pago de Santamarina se le aplicara de nuevo el mismo tratamiento (que era el que se le daba en el caso del crédito del Banco Nación), aunque esta vez la solicitud fue denegada.³³ Otro político conservador beneficiado por el sistema fue Samuel Ortiz Basualdo, presidente de la Caja de Conversión en 1930, diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 y entre 1942 y 1943, y miembro del directorio del Banco Español entre 1924 y 1936. Ortiz Basualdo no sólo tenía una deuda a título personal,³⁴ sino que también la sucesión de su madre (de la que era parte) contaba con un crédito (trasferido al Instituto Movilizador) por 633 038 pesos.³⁵ El cuadro se completaba con la suma prestada por el Banco Español a su hermana Ana Teresa Ortiz Basualdo por 1 723 530 pesos, deuda que también acabó en el Instituto Movilizador.³⁶ A todos ellos se agrega Matías Sánchez Sorondo, destacado político conservador y nacionalista, fue diputado (1918-1926), senador (1932-1941), y ministro del Interior durante el gobierno de Uriburu. Durante varios años fue contratado como abogado y asesor por el Banco Español, manteniendo esta relación hasta 1937. Tomaría fondos en préstamo de la sucursal del Banco Español en París. Para 1937 su deuda morosa con la entidad era de 1 000 000 de francos.³⁷

En la lista de deudores del Banco Español pasados al Instituto Movilizador no se puede dejar de mencionar tres destacadísimos políticos radicales, Marcelo T. de Alvear (presidente de la Nación de 1922 a 1928), Carlos Noel (intendente de Buenos Aires entre 1922 y 1927 y presidente de la Cámara de Diputados entre 1936 y 1938), y Manuel de Iriondo (presidente del Banco Nación entre 1910 y 1918, ministro de Justicia en 1932-1937, y gobernador de Santa Fe de 1937 a 1941).³⁸ A estas figuras se suma la de Honorio Pueyrredon, ministro de Agricultura y de Relaciones Exteriores durante el primer gobierno de Hipólito Yrigoyen y luego embajador argentino ante Estados Unidos, Cuba y la Sociedad de las Naciones.³⁹

En 1911 el Banco Español adquiría la mayoría accionaria de la sociedad Bodegas y Viñedos Giol, una empresa vitivinícola de Mendoza que sería considerada de las más grandes del mundo. Desde entonces y hasta su estatización, en 1954, el Banco controlaría la firma, designando a sus propios miembros como directores de Giol.⁴⁰ Para estos el cargo era una fuente interesante adicional de ingresos, ya que percibían parte de las utilidades como remuneración. Ya en 1923 el Banco Español había logrado que el Banco Nación le otorgara redescuentos con base en la deuda de Giol (en su posesión) por 11 000 000 de pesos.⁴¹ Para 1936 el monto adeudado por la bodega al Banco Español era de 19 000 000 de pesos, suma trasferida al Instituto Movilizador. Cuando en su primer año de vida el organismo era presionado por la opinión pública para controlar a sus deudores, puso más presión sobre el Banco Español, que seguía administrando el crédito, para que procediera a su cobro o renegociación en términos aceptables del punto de vista financiero. El Banco entonces firmó un acuerdo de pago con la Giol por el que se estipulaba que debía efectuar un desembolso mensual fijo con un plazo de 20 años, determinando que todas la utilidades generadas en el lapso debían ser destinadas al pago del capital adeudado, y que no se podían pagar dividendos mientras persistiera la deuda, ni tomar créditos bancarios adicionales.⁴² Es claro que el convenio sirvió para ser remitido al Instituto Movilizador como muestra de una falsa determinación enérgica del Banco, que más adelante relajaría la cláusula de pago del principal permitiendo que las utilidades se utilizaran para la creación de reservas y amortizaciones de todo tipo.⁴³ Además, se le permitió descontar documentos de sus proveedores en el Banco, lo que iba en contra de la cláusula de no aumento de deuda.⁴⁴ Por su parte, para no generar beneficios que debieran ser remitidos al Estado, los miembros del directorio crearon Quindemil y Compañía, empresa paralela distribuidora de vinos, que recibía el producto a bajo costo y lo vendía a precio de mercado. Así la ganancia quedaba en manos de los miembros del directorio, mientras que el acreedor estatal era burlado (^{Sammartino, 1938, p. 11}). Casi cumplido el plazo de los 20 años en que Giol debía cancelar su deuda con el Estado, la empresa fue trasferida a la Provincia de Mendoza.

Para los miembros de la clase política endeudada y morosa su situación crediticia los dejaba muy expuestos en caso de perder poder personal o en caso de acceder al poder ejecutivo un grupo político no tradicional. Los socialistas –los mayores denunciantes y críticos de la corrupción bancaria– señalaban que Robustiano Patrón Costas debía seguir en política (por ejemplo como perenne candidato a presidente) por su necesidad de continuar con un tratamiento benévolo en cuanto a sus deudas (²). Esta vulnerabilidad aumentó con la llegada de Juan Domingo Perón al gobierno, a partir de 1943, ya que implicaba que un nuevo y distinto grupo social controlara al Estado. Cuenta Raúl Prebisch que en esa época un personaje político tradicional (pensamos que fue Patrón Costas o Antonio Santamarina) le expresó sus temores sobre cómo sería tratada la cuestión de su crédito por el trato favorable recibido por el Instituto Movilizador en cuanto a la tasa de interés aplicada y el plazo de repago. Sin embargo, y pese a que sin duda la persona era un opositor a Perón, el gobierno no tomó medida en su contra, ni respecto a los otros deudores.⁴⁵ Es evidente que la situación de morosidad de muchos opositores a Perón con el Instituto Movilizador fue un letal recurso de disciplinamiento con que contaba el nuevo régimen respecto a figuras muy notables de la oposición.

Conclusión

El control que la clase política poseía sobre la banca pública y las transferencias o subsidios estatales a lo largo del periodo de entreguerras en Argentina conllevó a una variedad de prácticas oportunistas bajo la forma de una apropiación directa o indirecta de recursos públicos. Los créditos otorgados a personajes influyentes condicionaron su acción política, y así perdieron independencia y ecuanimidad. No era lo mismo enfrentar al partido en el gobierno en los casos en que existían (o no existían) pasivos ejecutables anclados en instituciones financieras dependientes del poder ejecutivo. Los préstamos otorgados con criterios políticos y de amiguismo no sólo distorsionaron la práctica política y el uso de los fondos financieros, sino que empeoraron la distribución de la riqueza del país.

La gran reforma institucional bancaria y monetaria de mediados de la década de 1930 buscó alterar el marco institucional y los incentivos para así lograr una mejora en la eficiencia financiera. Pero la realidad parece haber sido más bien de continuidad que de cambio al menos en el caso del comportamiento del Banco Español. En este artículo sólo se ha expuesto una muestra de lo que fue el sistema, reconstruido sobre los escasos rastros que dejaron algunos trámites crediticios. Queda pendiente una investigación de mayor envergadura sobre el otro establecimiento que otorgó una gran cantidad de préstamos blandos, el Banco Nación, y cuya magnitud se desconoce.⁴⁶ Sin duda la situación atravesada por el Banco Español no ha sido excepcional en Argentina, aunque lamentablemente no existen muchos estudios de tipo histórico enfocados en el tema.⁴⁷