Investigación

 

La creación del libro de texto gratuito en México (1959) y su impacto en la industria editorial de su tiempo: Autores y editoriales de ascendencia española

 

The Creation of Free Textbooks in Mexico (1959) and Their Impact on the Publishing Industry of Their Time: Authors and Publishers from Spain

 

Elizer Ixba Alejos

 

Estudiante de doctorado del Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Calzada de los Tenorios 235, col. Granjas Coapa, 14330, México, DR CE: textogratuito@gmail.com

 

Artículo recibido: 28 de enero de 2013.
Dictaminado: 16 de abril de 2013
Segunda versión: 20 de mayo de 2013
Aceptado: 13 de junio de 2013.

 

Resumen

La investigación sobre el libro de texto gratuito (LTG) en México se ha centrado en la disputa por el control de la educación y, recientemente, en los procedimientos de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos. Escasa atención se ha dado a las repercusiones de éste en la industria editorial. En particular no se había advertido el desplazamiento de autores y sellos editoriales extranjeros y el uso de reglamentación respecto de la nacionalidad para procurar que la escritura del LTG fuera territorio exclusivo mexicano. Desde la historia del libro y en un diálogo con diversas fuentes, en este artículo se estudian tales asuntos, especialmente las secuelas en editoriales y autores de origen español como Herrero Hermanos, Luis Fernández G. y Santiago Hernández Ruiz.

Palabras clave: Historia de la educación, libros de texto, producción editorial, México.

 

Abstract

Research on free textbooks in Mexico has centered on the dispute for the control of education, and recently on the procedures of the National Commission of Free Textbooks. Little attention has been paid to repercussions in the publishing industry. In particular, no notice has been paid to the displacement of foreign authors and publishing firms, and the use of nationality regulations in an attempt to limit the writing of free textbooks exclusively to Mexico. From a perspective of the history of books and in a dialogue with diverse sources, this article stu-dies such matters, especially the aftereffects for publishing houses and authors of Spanish origin, such as Herrero Hermanos, Luis Fernández G., and Santiago Hernández Ruiz.

Keywords: history of education, textbooks, editorial production, Mexico.

 

El Estado mexicano: editor y distribuidor nacional

El 12 de febrero de 1959, el presidente Adolfo López Mateos creó, por decreto, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) para encargarse de "fijar, con apego a la metodología y a los programas respectivos, las características de los libros de texto destinados a la educación primaria" (Diario Oficial, 1959). Esta iniciativa tenía como fundamento el mandato constitucional de proporcionar a los mexicanos una educación obligatoria y gratuita. La gratuidad sólo sería plena cuando los alumnos de las escuelas primarias recibieran, sin costo, los libros indispensables para sus estudios y tareas (Diario Oficial, 1959).

Entregar una obra escolar gratuita a los alumnos de primaria no constituía ninguna novedad en México. Desde el porfiriato y en los gobiernos de Álvaro Obregón, Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho se realizaron esfuerzos para proveer de materiales de lectura y cartillas de alfabetización a las escuelas del país (Martínez, 2002: parte I). La originalidad, y punto de discordia de la iniciativa, se localiza en la tríada gratuito-único-obligatorio¹ que caracteriza hasta hoy al LTG y en las funciones y facultades que el Estado adquiría (Quintanilla e Ixba, 2011).

Por primera vez en la historia de México no habría distingos entre niños de escuelas primarias públicas y privadas, rurales y urbanas; cuando menos no en el material educativo que el Estado se propondría entregar. Por el carácter gratuito, único y obligatorio del libro de texto, todos los alumnos, por grados y asignaturas, recibirían los mismos impresos. Sus profesores, además, debían utilizarlos en clases y no solicitar textos comerciales excluidos del catálogo oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), so pena de incurrir en desacato.²

De este modo, el Estado mexicano, señalaban sus críticos, no sólo unificaba contenidos, sino que se atribuía funciones de autor, editor, impresor y distribuidor e ingresaba a un mercado como un contrincante formidable, capaz de producir tirajes impresionantes,³ difíciles de igualar por otras editoriales, y de llevar los libros a los rincones de un territorio vasto y, en muchos casos, de difícil acceso. Una proeza que hasta ese momento, y quizá hoy, ninguna empresa había logrado.

Las reacciones no esperaron: las primeras voces se concentraron en denunciar, a través de la prensa, que prescribir el LTG como obligatorio y único era una disposición autoritaria, inconstitucional y contraria a los fines educativos y culturales del Estado mexicano y significaba, además, establecer un monopolio editorial. Estas críticas, en un ambiente anticomunista avivado por el triunfo de la Revolución Cubana, se reorientaron para denunciar que, a través del LTG, el Estado extendía considerablemente su intervención en los asuntos educativos y sociales del país (Loaeza, 1988; Villa, 1988; Greaves 2001).

Una reacción particularmente fuerte fue la de un sector editorial cuyas ganancias provenían del mercado de libros escolares. En febrero de 1960, el profesor Valentín Zamora, autor mexicano de este tipo de obras, publicó una carta abierta al presidente López Mateos en la que advertía que autorizar libros comerciales sólo para 5° y 6° grados⁴ lesionaba "intereses de los autores e industriales de las artes gráficas", discriminaba a prestigiados maestros mexicanos como Daniel Delgadillo, María Enriqueta Camarillo, Luis Chávez Orozco, Rosaura Lechuga⁵ y afectaba a empresas papeleras y cartoneras mexicanas (Zamora, 1960). Razones no le faltaban al profesor Valentín, pues muchos autores mexicanos contaban con trayectorias de casi veinte años en la escritura de libros escolares y permanencias de más de una década en las listas de textos aprobados por la SEP para escuelas primarias. Sin duda, perjudicaron sus intereses educativos y económicos.

El mercado de libros de texto en México no era territorio exclusivo de autores y sellos editoriales nacionales, desde 1920 lo compartían, no sin tensiones, con Estados Unidos, Francia, Alemania y España (Vázquez, 2000). Ya en la década de los cincuenta, exiliados y viejos residentes españoles en México habían asentado sus reales en este mercado. Son los casos de Santiago Hernández Ruiz, prolífico autor de manuales escolares, y de las empresas Herrero Hermanos y Luis Fernández G. Este sector editorial no fue ajeno a las consecuencias de la creación y distribución del libro de texto gratuito. Sin embargo, su estudio es un pendiente de historiadores del libro y de la educación.

Los textos escolares pueden estudiarse desde distintas perspectivas, pues son a un tiempo material impreso, producto de consumo, soporte de conocimientos escolares, materiales pedagógicos, y portadores de ideologías y cultura (Choppin, 2001). En este artículo analizo el LTG como un material educativo impreso y sostengo, desde la perspectiva de la historia del libro (Darnton, 2010), que al crearse se inserta en el tejido editorial mexicano de su tiempo y establece una relación de influencia mutua.

Con base en un análisis que entreteje fuentes primarias y aspectos contextuales (Darnton, 2000) exploro, previo a la creación del LTG, ¿cuál era el estado del mercado editorial de libros escolares en México?, ¿qué disputas se observan en el gremio?, ¿qué presencia tenían editoriales y autores peninsulares en el mercado editorial y en las listas de textos autorizados por la SEP? Con la introducción del LTG en 1959, ¿cómo se afectó a los autores y sellos editoriales de origen español?, ¿qué autores y editoriales fueron desplazados de las listas oficiales? Con estas respuestas espero contribuir al conocimiento de otra de las facetas del LTG: sus vínculos con el tejido editorial y los efectos que su inserción generó en este ámbito de la cultura escrita, especialmente en un sector de ascendencia española.

 

Libros de texto: necesarios y costosos

Además de un instrumento para orientar prácticas docentes y comportamientos (Martínez, 2002: parte I), el LTG es "un conjunto de hojas impresas que forman un volumen, un producto fabricado, difundido y consumido" (Choppin, 2001:211). Reconocer esta dimensión es aceptar sus nexos con el mundo del libro. Con esta lógica estudio el mercado de libros escolares desde un aspecto que para Adolfo López Mateos y Jaime Torres Bodet justificaba la creación del LTG: su carestía.

El Archivo General de la Nación (AGN), fondo Adolfo Ruiz Cortines, resguarda documentos en los que empresarios, periodistas, estudiantes y profesores exponen al presidente de la República en turno los altos precios de libros de texto y algunos planes para abaratarlos. Van dos ejemplos: el primero acusa voracidad en los importadores de libros al afirmar que "la desmedida especulación de los grandes importadores de libros, cuyas ganancias fluctúan de 300 a 400%", privaba a "las grandes masas de la población" del acceso a materiales impresos (El problema del libro, 195?).

El segundo propone atajar estos excesos a través de la producción nacional. Para este fin se debía encargar la impresión de libros de texto a "las imprentas oficiales como los talleres Gráficos de la Nación y otras que dispusiera la burocracia". Se recomendaba, además, aprovechar "las horas muertas de los talleres de El Nacional" y promover la inserción de publicidad en los textos escolares para que "empresas serias y responsables" absorbieran los costos de producción y fuera posible regalar estos materiales educativos (Hermida, 1954).

José García Valseca, dueño de una cadena de periódicos y uno de los zares de la industria de la historieta mexicana, también exploró alternativas para producir libros a bajo costo. A principios de los cincuenta compró en Europa una rotativa especial y "produjo más de cuarenta mil libros de lectura, I y II, a tres tintas, con un costo de 20 centavos para los escolares" (Borrego, 2010:59). Es posible que esta experiencia, y especialmente sus dominios en la opinión pública, hayan valido para que el coronel García Valseca fuera llamado para integrarse a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en 1959.

Las iniciativas para abaratar costos, atendidas o no, evidencian que los libros eran onerosos y, por lo mismo, estaban fuera del alcance de muchos mexicanos. Incluso, por su valor, estos materiales se utilizaron como objeto de transacciones en las casas de empeño. Frente a la cantidad de libros de texto y de consulta empeñados en los montepíos, estudiantes universitarios pidieron a Ruiz Cortines que no salieran a remate público sino que fueran entregados a alumnos de escasos recursos mediante el pago estricto de la cantidad en la que habían sido empeñados, más los gastos del Montepío (Excélsior, 1955, 18 de febrero).

El encarecimiento de los libros, denunciaban algunos profesores, se debía a que ciertas editoriales aplicaban aumentos indebidos. Fue el caso de Manual del Maestro a la que la escuela 20 de Noviembre, en marzo de 1953, realizó un pedido del libro América es mi patria con un precio unitario pactado de tres pesos. Al entregarlo, la empresa cobró $3.50 por libro, incrementando en 25 pesos el pago total. La controversia llegó hasta el presidente Ruiz Cortines con la solicitud de sancionar a la editorial, obligarla a devolver el dinero cobrado de más y poner fin a "los desmanes de libreros que explotaban a los niños mexicanos" (López, 1953).

Manual del Maestro era una editorial dedicada a publicar y distribuir libros de texto y de consulta "ajustados a los programas de la Secretaría de Educación Pública". En esta empresa colaboraban refugiados españoles como José María Jiménez Baena, Antonio Barroso del Castillo y Luis Tello y Tello. Uno de sus agentes de venta fue Francisco Pareja, peninsular exiliado en México (Fresco, 1950).

En 1956 persistía el problema por el valor de los libros de texto. En Excélsior se opinaba que el Estado debía intervenir "para que las ganancias de editores y libreros fueran razonables". Al mismo tiempo se recomendaba aligerar el costo del papel para la impresión de libros dirigidos a escuelas, institutos y universidades (1956, 24 de enero).

El Estado sí intervino, y había intervenido, en este asunto sin embargo sus intentos por regular precios a través de instancias como la Comisión Nacional Proabaratamiento del Libro, la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta, y otras iniciativas, no brindaron buenos frutos, pues los costos finales eran establecidos por las editoriales y los libreros y éstos no siempre consideraban los precios fijados por la SEP (Ávila y Muñoz, 1999).

La carestía de los libros de texto no debía atribuirse sólo a editoriales y librerías. Para la Comisión Impulsora del Autor y el Libro Mexicanos (1954) el problema era más complejo e involucraba, cuando menos, dos factores: el costo del papel y la mano de obra en la producción nacional, y la devaluación del peso —de 8.65 pasó a 12.50 por dólar en abril de 1954 (Ávila y Lugo, 2004).

En la producción de libros de texto, explicaba la Comisión Impulsora, había que distinguir editoriales mexicanas de aquellas que se ostentaban de ese modo pero que en realidad eran "verdaderos consorcios internacionales". La Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA) podría considerarse como ejemplo del segundo grupo, pues era un sello con empresas propias en Latinoamérica e "imprimió además en países europeos como Alemania, o asiáticos, como el Japón" (Férriz, 1998).

Las editoriales mexicanas tendían a precios bajos en sus libros, y los "consorcios internacionales", al contrario. Con todo, el costo del libro nacional era menor con respecto al de importación (Comisión Impulsora del Autor y el Libro Mexicanos, 1954).

España, a pesar de que los gobiernos de México y el de Francisco Franco "oficialmente se ignoraban", fue uno de los principales proveedores de libros de texto a principios de los cincuenta. Así lo señalaba la Comisión Impulsora del Autor y el Libro Mexicanos (1954). Durante el franquismo la relación comercial entre España y la República Mexicana "no sólo no se paralizó, sino que continuó con un desarrollo vigoroso" (Cano, 2009:163).

La participación de empresas de ascendencia española en la producción nacional y la importación de libros escolares a principios de los cincuenta, como sugieren algunas fuentes citadas, era objeto de recelo.

 

"Un monopolio en manos de extranjeros"

A principios de los cincuenta el sector editorial de libros escolares en México enfrenta tres acusaciones: es un monopolio en manos de extranjeros, encarece sus productos y obstruye el acceso de sellos editoriales mexicanos en las listas oficiales de libros de texto de la SEP.

El 26 de abril de 1953 la Federación Estudiantil Universitaria⁶ (FEU) (Castro, 2002), señalaba que el monopolio de los libros era "la más repugnante, la más incalificable de cuantas confabulaciones puedan existir en contra del adelanto cultural de un pueblo", pues cerraba las puertas a la educación a las clases obreras e impedía el perfeccionamiento de los estudiantes de todas las escuelas. La falta de libros, aseguraba, ocasionaba vicios (FEU, 1953).

En concordancia con sus ideas, en una manifestación del 5 de junio de 1953, la FEU hizo dos peticiones al presidente Ruiz Cortines: desaparecer el monopolio de libros, que se encontraba "en manos de extranjeros", y designar a la SEP como encargada de la importación de textos escolares para garantizar precios bajos y facilidades a los estudiantes (1953).

¿A qué extranjeros se refería la FEU? Para el general Rubén García, presidente del Comité Nacional de Restauradores de la Mexicanidad⁷ en 1953, "los gachupines" no sólo detentaban el monopolio librero, también controlaban los asuntos culturales y de la alimentación en México. Desde su punto de vista, el presidente Ruiz Cortines debía "aplicar el artículo 33 a estos explotadores" o bien impulsar la "formación de alguna editorial mexicana y patriótica" que salvara al país del "coloniaje intelectual español" (García, 1953). Las apreciaciones del general García no carecían de fundamentos.

 

Españoles en México: intensa actividad editorial

A finales de los treinta y principios de los cuarenta, la llegada de exiliados peninsulares a México, especialmente escritores, filósofos, científicos, editores, médicos y otros hombres de letras, enriqueció las esferas cultural, académica y editorial. Para Fernando Serrano Migallón "es en el campo de las editoriales y las librerías donde la impronta del exilio dejó huella más profunda" (2009:176).

Editores españoles de amplia experiencia como José González Porto y Rafael Giménez Siles⁸ impulsaron en territorio mexicano la creación de proyectos como Editorial Leyenda, especializada en arte, historia e historiadores de México; Editorial Séneca, en libros de ciencia, medicina, escolares, arte, filosofía y clásicos españoles; Edición y Distribución Iberoamericana de Publicaciones, SA (EDIAPSA); Grijalbo, de Juan Grijalbo; UTEHA, de González Porto; Joaquín Mortiz, y Ediciones Atlántida, por citar algunas (Armendáriz y Ordóñez, 1999; Fernández, 2009).

Rafael Giménez Siles, además de crear EDIAPSA con Adolfo López Mateos y Martín Luis Guzmán como inversionistas, participó en la puesta en marcha de la Editorial Nuestro Pueblo (encargada de publicar libros elementales de gramática, aritmética, geografía e historia). La Compañía General de Ediciones y Empresas Editoriales, Colección Málaga, Editorial Colón, Norgis Editores, Editorial México, Editorial Nueva España y Diógenes nacieron a la sombra del editor malacitano (Fernández, 2008).

La labor de Giménez Siles en México se extendió a la creación de instituciones y espacios relacionados con el libro. En 1944 promovió la creación de la Asociación de Libreros y Editores Mexicanos. A mediados de los cuarenta, él y Daniel Cossío Villegas unieron esta asociación con la Cámara del Libro para crear el Instituto Mexicano del Libro.

Para José María Espinasa (2011) los exiliados españoles integraron en México "una tradición de libreros y editores que, como un sistema nervioso, renovó la manera de concebir el libro". Este sistema nervioso, agrega, trazó los caminos de las editoriales de los años cuarenta y ochenta. En este sentido, el libro de texto gratuito se insertaría en un mundo editorial cuya vitalidad, tensiones y derroteros estarían orientados, en gran medida, por la diligencia de refugiados peninsulares.

La participación de españoles en el mercado mexicano de libros, desde luego, no empieza con la llegada de los "transterrados",⁹ viene de más atrás. A principios de los años veinte los editores peninsulares eran alentados a exportar libros castellanos hacia países americanos con una doble finalidad: obtener beneficios económicos y "españolizar las repúblicas hispanoamericanas". Para María Fernández Moya el siglo XX fue testigo de uno de los procesos de internacionalización "más largos, rentables y exitosos del tejido empresarial español: el de la industria editorial". Un proceso que tuvo su origen, y su principal cliente, en los países latinoamericanos (Fernández, 2009:23).

 

Editoriales de ascendencia española en la producción de libros de texto

En México había, desde el siglo XIX, juntas o comisiones dictaminado-ras que bajo ciertos criterios determinaban qué libros de textos eran o no adecuados para los alumnos de las primarias (Ixba, 2004; Martínez, 2002; Loyo y Torres, 1991; Meneses 1988). En 1954, bajo la presidencia de Adolfo Ruiz Cortines, se funda la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta con la encomienda de "hacer el estudio, revisión y dictamen de las obras inéditas o impresas con la finalidad de elaborar el catálogo oficial de libros de texto y de consulta para las Escuelas Públicas e Incorporadas" (Diario Oficial, 1954).

En 1959, de las treinta y seis editoriales que publicaban textos escolares varias pertenecían a españoles radicados en México y gozaban de una presencia significativa en el mercado y las listas oficiales de la SEP. Es el caso de Patria, Herrero Hermanos y Luis Fernández G.

Editorial Patria publicó textos de gran éxito como el método para leer y escribir de Enrique Rébsamen y Rosas de la infancia de María Enriqueta Camarillo, que en 1957 alcanzó un tiraje de 30 mil ejemplares (Torres, 1999). Bajo este sello publicó Luis Chávez Orozco, autor destacado en la escritura de textos de historia entre 1934 y 1959. Sus obras lograron que, en los cincuenta, Patria aumentara gradualmente sus tirajes, a pesar de no aparecer más entre las obras autorizadas por la SEP en esos años (Mendoza, 2009).

Herrero Hermanos era una empresa de españoles interesada en producir libros de texto de profesores mexicanos, entre ellos los de Daniel Delgadillo (Hurtado, 2004). En 1929 Herrero le publicó la decimosexta edición de Poco a poco. En 1952 este título permanecía en la lista de libros autorizados por la SEP, lo mismo que Leo y escribo, ¡Adelante!, Saber leer, El Distrito Federal, y Geografía elemental, todos de Daniel Delgadillo. Para 1960, año en el que se distribuyeron los primeros LTG, Poco a poco fue de los títulos que continuaron en el catálogo de la Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta de la SEP (1960).

La presencia de la editorial Herrero Hermanos en las listas oficiales fue cuestionada por autores-editores mexicanos de libros de texto. En 1956 el profesor Salvador Hermoso Nájera señalaba: "En la lista oficial se favorece ostensiblemente a la editorial Herrero Hermanos, SA, y se elimina de la competencia a muchas editoriales mexicanas pequeñas y a otras que no tienen apoyo oficial". Para Hermoso Nájera, Toribio Velasco, presidente de la Comisión Revisora de Libros de Texto de la SEP, intervenía en la autorización de títulos de Daniel Delgadillo, pues se ocupaba de corregir sus obras (Hermoso, 1956). En su opinión, algunos de estos libros no se correspondían con los programas de estudio y presentaban errores técnicos y pedagógicos.

El cuestionamiento de autores-editores mexicanos a la presencia española era una defensa de sus intereses que estaban amenazados por algunas editoriales y la propia Comisión Revisora de Libros de Texto y de Consulta. Las primeras habían encontrado mecanismos para subvertir los procesos de dictaminación y la segunda eliminaba títulos¹⁰ bajo criterios que favorecían a algunos en detrimento de otros.

El éxito en la producción de libros de texto de Herrero y Patria, previo a la creación del LTG, tiene como base una alianza con autores mexicanos de reconocidas trayectorias magisterial y cultural. Daniel Delgadillo y Luis Chávez Orozco formaban parte de "un grupo selecto con mayores posibilidades de sortear las condiciones restrictivas de los procesos de revisión y dictamen". Se trataba de "autores fuertes" cuyo prestigio se asentaba en su reconocida labor docente, su amistad con educadores como Gregorio Torres Quintero y Abraham Castellanos y la difusión de sus ideas pedagógicas (Mendoza, 2009:156-157).

No sólo autores mexicanos hicieron mancuerna con editoriales de ascendencia española, algunos exiliados peninsulares como Santiago Hernández Ruiz encontraron en la escritura y publicación de libros escolares una importante veta económica al lado de sellos fundados por sus compatriotas radicados en México.

 

Un exiliado español de fecunda pluma en México y sus vínculos editoriales

Originario de Zaragoza, España, Santiago Hernández Ruiz llegó a México el 27 de julio de 1939 (Ministerio de Asuntos Exteriores, JARE, 1939, expediente 2398). En este país encontró circunstancias favorables a su pluma y oficio pedagógico: aún no había pisado territorio mexicano y ya se sabía "destinado a la Escuela Normal Rural de Roque (Celaya-Guanajuato)" (Hernández, 1997: 233) y se había comprometido a componer una obra que publicaría la editorial Atlante. Años después, el 1 de noviembre de 1947, con el favor de Francisco Larroyo, primer director de la recién creada Dirección General de Enseñanza Normal, ingresó a la enseñanza oficial mexicana desde donde desempeñó funciones docentes y de inspección.

El aragonés combinó su labor educativa con la escritura y publicación de numerosas obras. Este oficio, ya conocido y explotado en España, fue su mejor opción para enfrentar sus gastos (Hernández, 1997). Sus obras educativas,¹¹ entre los cuarenta y setenta, le han valido ser considerado como uno de los productores de saber pedagógico en México al lado de Francisco Larroyo, Domingo Tirado Benedí y José Manuel Villalpando Nava (Barrón Tirado et al., 1991; Rojas, 2004 y 2006).

En Atlante, uno de los proyectos de exiliados catalanes en la industria editorial mexicana (Férriz, 1998), Santiago Hernández Ruiz "rompió el fuego" con Ciencia de la educación que compuso con su compatriota Domingo Tirado Benedí. Su carrera como autor de obras escolares arrancaba en México.

Hernández Ruiz sostuvo una fructífera y duradera relación editorial con el español radicado en México, Luis Fernández González, desde que éste fundó su propio sello en 1943¹² (Conaculta, s/f). En sus inicios el editor le publicó una serie de libros de lectura de la que se hicieron "25 a 50 copiosas ediciones" entre los años cincuenta y ochenta (Hernández, 1997:249). La escritura y publicación de sus libros en Luis Fernández G. fue tan rentable que lo "redimió de las lecciones a domicilio", mejoró su nivel de vida y "propició la constitución de una pequeña reserva económica" (Hernández, 1997:242).

El editor Luis Fernández, por su parte, animado por el éxito de las obras de Hernández Ruiz y con el interés de ampliar su mercado de libros escolares "usó con demasiada confianza un permiso de reforma" otorgado por este autor y convirtió "su primitiva Serie Nacional¹³en Serie Continental" para expandirse a países hispanoamericanos (Hernández, 1997:249).

 

El profesor aragonés: entrada y salida de las listas oficiales de libros de texto de la SEP

En los catálogos oficiales de la SEP de principios de los cincuenta es notoria la presencia del exiliado español Santiago Hernández Ruiz como el autor con mayor número de títulos autorizados y Luis Fernández G. como el sello que los publicaba.

En mayo de 1951 Ignacio Ramírez López, presidente de la Comisión Permanente de Libros de Texto de la SEP (1951), le informó a Luis Fernández González que el libro Nosotros,¹⁴ de Hernández Ruiz, había sido aprobado "como texto oficial para uso en las escuelas primarias de la República" (Hernández, 1953:4). La incursión del profesor aragonés y Luis Fernández en los catálogos oficiales apenas descollaba. En breve, su presencia en estos índices sería incluso superior a los autores mexicanos más sobresalientes de esos años.

Para febrero de 1952, la comisión había aprobado e incluido en el Catálogo Oficial de la SEP siete libros de texto publicados por Luis Fernández. Seis de ellos de la pluma del profesor de Atea (cuadro 1), uno para cada grado de la educación primaria (Hernández, 1957).

Adicionalmente, cuatro libros de Hernández Ruiz, publicados por Herrero Hermanos (cuadro 1), formaban parte del Catálogo Oficial de Libros Escolares para el uso de los planteles de educación primaria durante el año lectivo de 1952 (SEP, 1952). Más aún, en el apartado "Enciclopedias y obras diversas" de este catálogo se indicaban otros dos textos en los que Hernández Ruiz aparecía como coautor¹⁵: La escuela en acción, primer y segundo semestres.

Con doce títulos, diez libros escolares y dos de consulta, en el Catálogo Oficial de Libros de Texto de 1952, el profesor Santiago Hernández Ruiz disfrutaba de una presencia significativa como autor de manuales escolares, mayor a la de mexicanos como Rosaura Lechuga, Daniel Delgadillo, Alfredo y Carmen G. Basurto, quienes en promedio contaban, en el catálogo de ese año, con cinco textos aprobados por la Comisión Revisora de la SEP (1952).

Las duplas Hernández Ruiz-Fernández G. y Hernández Ruiz-Herrero Hermanos evidencian una estrategia editorial que combina lo pedagógico con lo comercial y lo político. El autor aragonés llegó a México con una amplia experiencia magisterial y como escritor de libros escolares y obras pedagógicas. En este país se desempeñó como inspector, profesor de la Escuela Normal y de diversos colegios. Sus conocimientos y experiencia en el ámbito educativo y editorial, los vínculos con educadores y funcionarios de la talla de Francisco Larroyo, así como los lazos con editores españoles, hicieron de Santiago Hernández Ruiz una voz autorizada y una inversión rentable en el mercado editorial.

En este sentido, la presencia de las obras de Santiago Hernández Ruiz en los catálogos oficiales no debe atribuirse sólo a su pericia pedagógica y de redacción, sino a sus relaciones en la SEP. El profesor aragonés reconoce que el ingreso de sus libros de texto y de consulta al catálogo oficial se debió a que un vocal de la Comisión Revisora, ante la desaprobación de sus obras, exigió que Manuel Gual Vida, secretario de Educación (19461952), decidiera sobre la autorización o no de éstas. Al mes, el titular de la SEP dispuso que los libros de Hernández Ruiz se incluyeran en la lista oficial. Los integrantes de la Comisión Revisora se plegaron, como ocurre usualmente en la burocracia mexicana, a la decisión de un funcionario de mayor jerarquía y responsabilidad.

Francisco Larroyo es el vocal que apoyó a Santiago Hernández Ruiz. La amistad del exiliado español con este destacado profesor, funcionario y autor de una extensa obra filosófica y pedagógica (Escalante, 2011) fue decisiva para ingresar al Sistema Educativo Mexicano y posicionar sus obras en la lista de libros autorizados por la SEP.

En 1951 el doctor Larroyo fungía como vocal de la Comisión Permanente de Libros de Texto al lado de Ignacio Ramírez López (Comisión Permanente de Libros de Texto, 1951). Para ese año contaba ya con una reconocida trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la SEP. Era un autor y profesional de las altas esferas del sector educativo. Ello explica el éxito de llevar a manos del secretario de Educación el caso de los textos de Hernández Ruiz y que éstos hayan sido aprobados por el ministro.

En palabras de Mendoza Ramírez "las comisiones (de revisión de libros de texto) mostraban ya claros indicios de favoritismo para proteger la edición y circulación de obras de autores vinculados con las altas esferas del sector educativo, así como los intereses de éstos" (2009:142).

El señorío de Hernández Ruiz en las listas de la SEP, a pesar de sus vínculos con funcionarios prestigiados y su trayectoria como autor de numerosas obras educativas, daría un giro radical con la creación del libro de texto gratuito. Sus títulos, a diferencia de los de autores mexicanos, fueron retirados casi en su totalidad de las listas oficiales. Los cuestionamientos a la obligatoriedad y unicidad del LTG habían obligado a Adolfo López Mateos a permitir el uso de libros complementarios siempre y cuando fueran de los aprobados por la SEP, es decir, de los publicados en los catálogos oficiales (Greaves, 2001).

Para 1960 solamente un título del educador peninsular, Historia Universal, publicado por Esfinge y autorizado en 1958, se mantenía en el índice oficial. Por el contrario, títulos de autores mexicanos como Rosaura Lechuga, Daniel Delgadillo, Valentín Zamora, Salvador Hermoso Nájera y Salvador Monroy Padilla, la mayoría integrantes de la Sociedad Mexicana de Autores de Libros Escolares,¹⁶ permanecieron en la lista de la SEP.

La exclusión de sus obras, con su correspondiente efecto económico, explica que el profesor Hernández Ruiz haya calificado la creación del libro de texto gratuito como "un hecho adverso que causó gravísimos quebrantos a la industria del libro de texto para la enseñanza, precisamente cuando estaba realizando el más laudable esfuerzo conocido hasta entonces para mejorar la calidad de sus productos" (Hernández, 1997:250). Este menoscabo no sería el único que enfrentaría el profesor aragonés como autor de libros escolares.

 

Autores de libros de texto gratuito, "ciudadanos mexicanos por nacimiento": Conaliteg

El 1 de septiembre de 1959, a poco más de seis meses de creación de la Conaliteg, el presidente Adolfo López Mateos ordenó que se imprimieran 16 millones de ejemplares de libros de texto, que se entregarían en 1960. Para cumplir con este compromiso, la comisión presidida por el escritor Martín Luis Guzmán¹⁷ convocó a escritores y pedagogos para que "participaran en la redacción de los libros de texto, cuadernos de trabajo gratuitos e instructivos correspondientes a los seis grados de la educación primaria" (Conaliteg, 1959).

Estas convocatorias, a pesar de su carácter público, sólo se abrieron a mexicanos por nacimiento. Autores extranjeros y naturalizados mexicanos fueron vetados. En mayo de 1959 la Conaliteg publicó en El Universal, Excélsior, Novedades, La Prensa, Tiempo y otros medios impresos la primera convocatoria. Ésta y las difundidas entre 1961 y 1966 incluyeron en su quinta base un aviso a los interesados: "Para tomar parte en el concurso se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento" (Conaliteg, 1959b y 1966).

El profesor Santiago Hernández Ruiz, ciudadano español, no podría acceder a la elaboración de cuadernos de trabajo y libros de texto gratuitos. Ni su presencia en el ámbito educativo mexicano ni su trayectoria en la escritura de libros escolares le abrirían la puerta de los concursos.

Desde esta experiencia el aragonés presuponía que "la cuestión de fondo de esta jugada (iniciativa del LTG), que iba a costar al Estado cientos de millones de pesos, en una situación de déficit de escuelas" (Hernández, 1997:251), era limitar la participación de exiliados españoles en la escritura de manuales escolares en favor de autores y editores mexicanos. Incluso, explicaba la creación de este material educativo como una "movida de Novaro y Martín Luis Guzmán" (Hernández, 1997:251).

De unas 24 imprentas que enviaron presupuestos a la Conaliteg para la impresión de los 16 millones de libros de texto gratuitos prometidos por Adolfo López Mateos, sólo se eligieron 14, entre ellas Nuevo Mundo, SA; Novaro Editores-Impresores; Editora de Periódicos, SL-La Prensa; Litografía Mountariol. Luis Novaro era socio de Guzmán y propietario de Novaro Editores, único taller al que se adjudicó la impresión de 2 millones 400 mil ejemplares de Mi cuaderno de trabajo y Mi Libro de Texto Gratuito primer año. A la Editora de Periódicos, SL-La Prensa, bajo la dirección de Mario Santaella, uno de los representantes de la opinión pública en la Conaliteg, se le encargó un millón 250 mil ejemplares del libro de texto gratuito para segundo año (Hernández, 1986).

Las cortapisas de índole laboral para los extranjeros en México no eran algo nuevo. Desde la primera década del siglo XX "el cordón defensivo alrededor de la nación" consistió, entre otras medidas, en "restricciones de carácter laboral-administrativo, estableciendo límites a las actividades que un extranjero podía desempeñar". La finalidad era evitar que los mexicanos enfrentaran competencia y fueran desplazados (Yankelevich, 2007:399-400).

En esta lógica, a punto de concluir 1944 y la segunda Guerra Mundial, el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decretó la Ley reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. constitucionales, relativos al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y territorios federales (Diario Oficial, 1945). Esta ordenanza, documenta Yankelevich, estaba engarzada al ánimo de sentar "las bases para la defensa de los profesionistas mexicanos y del trabajo técnico y científico mexicano" de cara a los problemas e inmigración europea generados por la posguerra (2007:411). Aun así, algunas voces críticas, particularmente en 1948, y la Suprema Corte de Justicia alertaron sobre la inconstitucionalidad de los artículos 15 y 18. Con todo, la ley continuó vigente hasta 1993 (Yankelevich, 2007).

Mientras que esta ley era discutida en el Congreso de la Unión, entre 1943 y 1944, el profesor Santiago Hernández Ruiz experimentó un episodio que contrastaba con "la inigualable hospitalidad y fraternidad mexicana" (Hernández, 1997: 239) de la que había sido objeto desde su llegada a este país. Jaime Torres Bodet, secretario de Educación y uno de los firmantes, más tarde, de la Ley reglamentaria de los artículos 4o. y 5o. constitucionales de 1945, le denegó la incorporación docente al "Instituto de Capacitación del Magisterio primario no titulado" argumentando que "aquellos destinos eran exclusivamente para mexicanos por nacimiento" (Hernández, 1997:239). Esto no impidió que, en 1947, Francisco Larroyo lo llamara para incorporarse al servicio educativo mexicano.

Para el aragonés, la decisión de Torres Bodet no sólo era inconstitucional, sino una discrecionalidad, pues tenía evidencias de que en el Instituto de Capacitación del Magisterio ejercían "varios profesores de otros países, nacionalizados o no, entre ellos el ex maestro del Colegio Madrid, Jesús Bernárdez" (Hernández, 1997:240), su compatriota y también exiliado (Presas y Pérez, 2005).¹⁸

Las restricciones laborales, el menoscabo del mercado de libros escolares y el impedimento para intervenir en la escritura de libros de texto gratuitos, aunado al reconocimiento del que disfrutaba en el ámbito educativo, fueron quizá las causas que impulsaron a Santiago Hernández Ruiz a embarcarse, en 1959, como "experto itinerante en el Proyecto no. 1 de la Unesco para América Latina", función que desempeñó hasta 1966. Sus obras pedagógicas y libros escolares, desde luego, continuaron publicándose hasta los años ochenta. Su pluma, sin embargo, no volvió a ser tan fecunda en libros de texto como en los años cuarenta y cincuenta.

Los intereses de Hernández Ruiz y sellos editoriales de origen español no fueron, por supuesto, los únicos afectados con la llegada del LTG. El gremio en general resintió efectos, pero no siempre negativos y en la misma intensidad.

Algunos autores-editores mexicanos, de las voces más estridentes en las protestas por la obligatoriedad y unicidad del LTG, vieron la oportunidad, y la aprovecharon, de incorporarse como colaboradores pedagógicos e integrantes de jurados de la Conaliteg. Otros más estuvieron favorecidos con una permanencia en los catálogos oficiales de libros de texto que podrían utilizarse como materiales complementarios al LTG, o bien con la posibilidad de participar en los concursos organizados por la Conaliteg. A algunos autores contratados para escribir libros de texto gratuitos, y que contaban con obras escolares autorizadas por la SEP, la Conaliteg les compró todos los ejemplares impresos que se encontraban en almacén y les asignó, además, una compensación. Lo mismo a su editor.

 

Reflexiones finales

El panorama editorial que se ha descrito permite afirmar que el libro de texto gratuito se inserta en un tejido en el que se advierten al menos cuatro rasgos: a) sus productos son onerosos e insuficientes para cubrir la demanda nacional; b) es un gremio que se disputa el dominio en las listas de libros aprobados por la SEP y que ha subvertido los procesos de dictaminación; c) la participación de autores y sellos editoriales de ascendencia española, exiliados y viejos residentes, es notoria y fuertemente criticada por su contraparte mexicana; y d) algunas voces reclaman la intervención del Estado para regular precios y restringir la participación extranjera.

En este complejo escenario editorial emerge el Estado mexicano como editor, autor y distribuidor de un material educativo gratuito, único y obligatorio para los niños de las escuelas primarias del país. Para algunos autores y editores esto quebrantó su mercado. En principio, por la salida de sus textos de las listas oficiales de la SEP y la pérdida, estimaban, de noventa mil pesos por libro.

Un sector especialmente afectado fue el de autores y sellos editoriales de ascendencia española. Tal el caso de Santiago Hernández Ruiz y Luis Fernández G. De sus inconformidades poco se sabe, pues los exiliados españoles tenían la consigna de respetar y no intervenir en los asuntos políticos del país. Junto con la hospitalidad mexicana los exiliados enfrentaron leyes para restringir su acceso a ciertos ámbitos laborales. Las ordenanzas, como se sabe, no siempre se atienden, pero son un recurso al que se puede apelar para defender dominios.

En el caso del gobierno de López Mateos se acudió a la legislación con respecto a la nacionalidad para que la escritura de libros de texto gratuito estuviera a cargo sólo por autores mexicanos. El escenario editorial descrito sugiere, al menos, tres lecturas de esta medida: el gobierno buscaba granjearse a un sector del magisterio involucrado en el negocio de los libros, mostrarse como un Estado que anteponía los intereses de los mexicanos al de los extranjeros y restringir la participación española en la educación nacional acusada por sectores de la sociedad. Esto último cobra relevancia en el contexto de la Guerra Fría y el triunfo de la Revolución Cubana en el que Estados Unidos recomendaba a México combatir la influencia comunista en la educación, y varios españoles exiliados eran denominados, con o sin fundamento, "rojos comunistas".

Quedan, sin duda, muchos otros efectos del LTG que documentar. Entre ellos, la influencia del tejido editorial en su elaboración, la emergencia y fortalecimiento de empresas papeleras, los avances técnicos para la impresión, la formación de nuevos lectores y, por tanto, el desarrollo de un importante mercado para textos de secundaria. Editoriales como Luis Fernández G. habrían de avizorar en esto un filón que compensaría las pérdidas generadas por el LTG. Actualmente, este sello (ahora Fernández Editores) sólo es superado en sus ventas a la SEP por una empresa también de origen español: Grupo Editorial Santillana, principal proveedor de libros de texto de secundaria en México.

 

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Notas

Este artículo se deriva de la investigación que realizo en torno al origen y proceso de elaboración de los primeros libros de textos gratuitos bajo la dirección de Susana Quintanilla, investigadora titular del DIE.

¹ Los libros de texto gratuitos tienen usos diversos en el aula, por lo tanto su unicidad y obligatoriedad adquiere significados distintos a los establecidos en los documentos que pretenden normar las actividades de enseñanza y aprendizaje.

² Los profesores que incurrieran en falta podrían ser sancionados con cárcel, multa, destitución e inhabilitación para desempeñar puestos federales. En el caso de las escuelas particulares, corrían el riesgo de perder la concesión.

³ La primera entrega de LTG fue de 16 millones de ejemplares.

⁴ La Comisión Nacional Revisora de Libros de Texto y de Consulta no emitió lista de libros comerciales para los grados de primero a cuarto, pues contarían con LTG.

⁵ Camaradas, libro y cuaderno de Rosaura Lechuga, publicado en editorial Patria, fue aprobado por la SEP y difundido en la lista del 22 de febrero de 1941. En 1952 continuaba en el catálogo oficial.

⁶ La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) fue uno de los grupos estudiantiles que tuvo una activa participación en la renuncia del rector de la UNAM Salvador Zubirán y el plebiscito para elegir a Antonio Díaz Soto y Gama como su sustituto. En este conflicto, la Federación se ostentaba como representante de todos los estudiantes universitarios.

⁷ En 1958 esta organización participó en los afanes presidenciales de Carlos A. Madrazo promoviéndolo en Estados Unidos, aprovechando que Richard Nixon supuestamente rechazaba a Luis Echeverría.

⁸ José González Porto, Joan Grijalbo y Rafael Giménez Siles son considerados como tres figuras fundamentales del exilio en el mundo del libro.

⁹ Término acuñado por el filósofo José Gaos para referirse a los españoles republicanos exiliados.

¹⁰ Salvador Hermoso Nájera acusaba que en 1956 la Comisión Revisora había retirado de la lista 187 libros de texto e incluía títulos eliminados en listas anteriores. Era el caso de obras de Daniel Delgadillo publicadas por Herrero Hermanos.

¹¹ La escuela y el medio; Metodología general de la enseñanza; Psicopedagogía del interés; Organización escolar; Antología pedagógica de Quintiliano; Antología pedagógica de Aristóteles; La ciencia de la educación; Pedagogía natural; La escuela unitaria completa; El primer grado de enseñanza primaria; El segundo grado de enseñanza primaria; Cooperativas escolares; La clase, Disciplina escolar; La crisis de la educación contemporánea. Esta producción abarca desde los años cuarenta hasta los setenta. Luis Fernández G. (luego Fernández Editores), UTEHA, Herrero Hermanos y la SEP fueron las principales editoriales que publicaron las obras de Santiago Hernández Ruiz.

¹² Comenzó con la distribución de libros de editoriales españolas, argentinas y mexicanas. Más adelante publicó libros de texto, diccionarios y otros auxiliares educativos.

¹³ Conformada por títulos de Santiago Hernández Ruiz y otros correspondientes al nivel de educación primaria.

¹⁴ Para 1953 este título se publicó en su cuarta edición.

¹⁵ En colaboración con Domingo Tirado Benedí y Paulino Sabugal Sierra.

¹⁶ Esta sociedad se creó el 27 de marzo de 1956 con Ciro Blackaller como presidente, Salvador Hermoso Nájera (secretario), Alfredo Basurto García (tesorero), Heriberto Monroy Padilla (comisión jurídica), Salvador Monroy Padilla (comisión de costos), entre otros.

¹⁷ Martín Luis Guzmán Franco ocupó la presidencia de 1959 a 1976. El cuadro inicial de la Conaliteg se conformó con personas de las esferas intelectual, académica, política, magisterial, de formadores de opinión y empresarios. Un sugerente mosaico de las fuerzas con las que el Estado mexicano coexistía, y coexiste, y con las que debió hacer alianza previendo la complejidad de una política educativa que, al tocar intereses educativos y económicos, provocaría airadas reacciones.

Martín Luis Guzmán, presidente. Miguel Ángel Menéndez Reyes, poeta, periodista y diplomático yucateco fue el primer secretario general de la Conaliteg en funciones desde la creación de la misma y hasta el 15 de agosto de 1959, fecha en la que fue sustituido por Juan Hernández Luna. Vocales: Arturo Arnáiz y Freg (Historiador y jefe del Departamento de Prensa y Publicidad de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas), Agustín Arroyo Ch. (ex gobernador de Guanajuato y gerente general de PIPSA, SA), Alberto Barajas (doctor en Matemáticas, coordinador de Ciencias en la UNAM y presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Energía Nuclear), José Gorostiza (poeta nacido en Tabasco), Gregorio López y Fuentes (escritor y periodista) y Agustín Yáñez. Colaboradores pedagógicos: Soledad Anaya Solórzano, Rita López de Llergo, Luz Vera, Dionisia Zamora Pallares, René Avilés, Celerino Cano, Federico Berrueto, Ramón Arquímedes Caballero, Isidro Castillo, Ramón García Ruiz, Jesús M. Isaías y Luis Tijerina Almaguer. La opinión pública estuvo representada por directores de conocidos periódicos de la época: Ramón Beteta (Novedades), Rodrigo de Llano (Excélsior), José García Valseca, Dolores Valdés Vda. de Miguel Lanz Duret (El Universal) y Mario Santaella (La Prensa).

¹⁸ Otros de los exiliados españoles que llegó a México en el Ipanema.