La ciudad bajo el neoliberalismo

 

Jaime Ornelas Delgado

 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

 

Resumen

En este artículo se exponen algunas reflexiones referidas a los diversos impactos que el neoliberalismo ha tenido en las áreas urbanas en México. En una primera parte se analizan los aspectos esenciales del modelo económico neoliberal; en la segunda se exponen los efectos de este modelo en las ciudades, tanto los que ya están presentes como los que se prevé que puedan aparecer. Asimismo, se estudia cómo se ha organizado y ocupado el territorio en las ciudades bajo el modelo neoliberal y cuáles son las escenarios, tanto si prevalece dicho modelo, como en el caso del surgimiento de una organización social dispuesta de manera distinta.

 

Abstract

In this article some reflections were exposed to some of the different impacts of the new-liberalism movement has had in the urban areas in Mexico. It is analysed in the first part the essential aspects of the new-liberal economic model; in the second one, is exposed the effects of this model in the cities, taking into account the once already present as the others could appear. Likewise, it studies how its organized and occupied the territory in the cities under the new-liberal model and which are the scenes, as much as if model prevails, as in the case of arising from social organization arranged in a different manner.

 

Introducción

En estos momentos, cuando el neoliberalismo se ha impuesto como el modelo económico dominante en buena parte del mundo, incluyendo a México, resulta pertinente analizar los efectos que en los distintos ámbitos de la vida del país tiene o puede tener el modelo económico que se ha empeñado en seguir y sostener el gobierno mexicano desde hace poco más de tres lustros.¹

Las siguientes líneas tienen el propósito de exponer algunas reflexiones respecto de los diversos impactos de la estrategia neoliberal sobre la ciudad y lo urbano en México. De esta manera, en la primera parte se hace un rápido recorrido sobre lo aspectos esenciales del modelo económico neoliberal; en la segunda, se exponen algunas reflexiones respecto de los efectos del neoliberalismo sobre las ciudades, tanto los que ya pueden observarse como aquellos cuya presencia puede preverse.

El trabajo concluye con algunos comentarios sobre la manera como se organiza y ocupa el territorio en las ciudades bajo el modelo neoliberal y los escenarios posibles, en caso de prevalecer ese modelo, como de surgir una organización social ordenada de manera distinta.

 

El neoliberalismo

Una de las peculiaridades del modelo neoliberal es el predominio de la razón económica sobre la política, es decir, bajo el neoliberalismo la lógica del funcionamiento del mercado y la ganancia se convierten en los factores determinantes de la organización de la vida social. Nada fuera del mercado puede ser racional.² En otras palabras, bajo el neoliberalismo lo fundamental de la economía es considerar el mercado total como el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos productivos; asimismo, para que el mercado funcione de manera adecuada se precisa la libertad de precios que se fijan a través del libre funcionamiento de la oferta y la demanda, esto es, sin interferencia política (social) alguna.³ Asimismo, agrega Foxley (1982: 6):

La apertura de la economía al comercio internacional y a los flujos de capital, el desarrollo de un sector financiero privado y la drástica disminución de la injerencia del Estado en la economía constituyen elementos fundamentales de los nuevos programas neoliberales.

En México, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988) y como respuesta a la crisis fiscal del Estado del bienestar, se impuso una estrategia económica de tipo neoliberal, cuyos rasgos esenciales se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. Se considera el libre funcionamiento del mercado como el mecanismo más eficiente para asignar los recursos productivos.

2. Se realizó una rápida e indiscriminada apertura de la economía nacional a los flujos de mercancías y capitales extranjeros, con el propósito de incorporar al país a la nueva división internacional del trabajo.

3. Se redujo sensiblemente la participación del Estado en la actividad económica, lo cual implica el equilibrio fiscal; la eliminación de cualquier tipo de política gubernamental dado que con ello se podría alterar el equilibrio en el mercado; la privatización de las empresas y los servicios públicos, así como la desregulación de las actividades económicas.⁴

4. Se controló y restringió la circulación monetaria y se elevaron las tasas de interés, con el propósito de combatir la inflación.

5. Se concluyó liberando el precio de todos los bienes y servicios y se eliminaron los subsidios generalizados al consumo.

6. Se propuso una "nueva cultura laboral", encaminada a flexibilizar las relaciones entre el capital y el trabajo, lo cual requiere limitar la capacidad de los sindicatos para fijar salarios y prestaciones; eliminar los contratos colectivos de trabajo; e incrementar la capacidad patronal para establecer salarios, prestaciones y condiciones laborales.

En palabras de Pedro Aspe Armella (1993: 11), secretario de Hacienda durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), la estrategia neoliberal se sintetiza de la siguiente manera: la estabilización de la economía a partir de un manejo realista del presupuesto, la privatización de empresas paraestatales, la reforma fiscal, la desregulación económica, la reforma financiera, la liberalización del comercio, la renegociación de la deuda externa y el fortalecimiento de la tenencia de la tierra es el nuevo camino con que el pueblo de México y su gobierno están llevando a cabo una ambiciosa reforma del Estado.

La estrategia neoliberal emprendida en México, ha tenido como principal objetivo explícito combatir la inflación. Inicialmente, la base teórica de esa estrategia fue proporcionada por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las acciones realizadas bajo la tutela del Fondo, únicamente consideraban restricciones a la demanda, lo que trajo consigo elevadas y persistentes tasas de desempleo, así como reducciones permanentes en los sueldos y salarios. En consecuencia, el desempleo y la continua caída de los ingresos de los trabajadores de la ciudad y el campo fueron determinantes en la creciente pobreza que ha caracterizado al neoliberalismo en México.

Dados los resultados obtenidos por la aplicación irrestricta del modelo neoliberal, incluso algunos de sus representantes ideológicos criticaron duramente esa estrategia por su tratamiento unilateral. Por ejemplo, para Rudiger Dornbusch:

Debido a que los programas ortodoxos de control de la demanda no afrontan directamente la inercia inflacionaria, deben contrarrestar esto creando desempleo. Éste debe tener tasas lo suficientemente altas como para empujar la inflación salarial por debajo de la tendencia de la inflación de precios. El desempleo es, por tanto, el mecanismo de desinflación (Dornbusch 1993: 13).

De esta manera, entre 1985 y 1987 a la estrategia emprendida para el control de la inflación de demanda, "... que en muchas ocasiones se debe a un desbordamiento del gasto del gobierno y, por consiguiente, a un alto déficit fiscal...", diagnosticarían dos funcionarios del gobierno mexicano (Jarque y Téllez, 1993: 31), se agregó lo que ellos mismos denominarían:

Medidas administrativas de control de precios, los salarios y el tipo de cambio... los controles de precios se instrumentaron junto con medidas para reducir la demanda agregada, tales como un ajuste fiscal (menor gasto público y mayores impuestos) y una política monetaria restrictiva: disminución del crédito y elevación de las tasas de interés (Jarque y Téllez, 1993: 23-24).

Si bien los resultados de la estrategia económica fondomonetarista fueron lamentables, en 1995 llegaron a ser catastróficos, ese año el PIB se redujo 6.2 por ciento, la caída más severa desde 1932. Entre 1982 y 1998, según puede observarse en el cuadro 1, los ingresos de los trabajadores como porcentaje del producto interno bruto (PIB) cayeron a niveles francamente alarmantes; el salario mínimo perdió 72 por ciento de su poder adquisitivo; la inflación no ha podido ser controlada; el PIB ha tenido un comportamiento sumamente errático y en 1995 cayó 6.2 por ciento para registrar en los tres años siguientes crecimientos sin precedente; por último, aunque no al final, el desempleo ha persistido al grado que la economía informal, que se calcula produce el equivalente a un tercio del PIB nacional, proporciona tanto o más ocupación que la ofrecida por el sector formal.⁵

En los últimos años, como resultado de las políticas de ajuste llevadas a cabo por los gobiernos neoliberales que encuentran su mayor crítica en la crisis de 1995, cuando el PIB alcanza su más severa caída en los últimos 60 años; a su vez, en 1998 a los sueldos y salarios apenas corresponde el 29 por ciento del ingreso nacional; el salario mínimo, en términos reales, tiene en ese mismo año el poder adquisitivo más bajo de la era neoliberal y, en consecuencia, podríamos decir, de la historia moderna de México; la inflación, cuyo control ha sido uno de los propósitos perseguidos con más énfasis y de manera obsesiva por los gobiernos neoliberales, después de alcanzar un dígito al concluir el gobierno de Carlos Salinas volvió a repuntar y sigue robusta ubicada por encima del 10 por ciento.

Asimismo, el crecimiento del PIB ha sido notoriamente insuficiente, incluso si lo comparamos con los niveles alcanzados en los gobiernos del nacionalismo revolucionario. En este sentido, es sobresaliente la falta total de crecimiento de la economía en el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando el PIB crece en promedio anual durante los seis años de ese gobierno en apenas 0.2 por ciento; por su parte, la deuda externa gubernamental ha seguido creciendo de manera inmoderada hasta superar en 1998 los 90 mil millones de dólares, tal como puede observarse en el cuadro 2.

Con esta estrategia, la pobreza se hizo parte natural de cualquier definición del neoliberalismo en México. Los datos que ofrece Julio Boltvinik resultan escalofriantes. Por ejemplo, si bien entre 1994 y 1996 la población total país aumentó en 3 millones 219 mil personas, la que vivía en condiciones de pobreza se incrementó en 10.5 millones, es decir, 17 por ciento más de la que había en 1994; pero los pobres extremos pasaron de 36 a 51 millones, esto es, un aumento de 41 por ciento (ver cuadro 3).

Uno de los aspectos centrales en la estrategia económica neoliberal radica en la privatización de las empresas gubernamentales y los servicios públicos.

En México, el traslado de la propiedad pública a manos del sector privado, como se muestra en el cuadro 4, se emprendió con inusitada energía al grado de que rápidamente, en poco más de una década, desaparecieron 939 entidades paraestatales, casi 80 por año y, aproximadamente, siete por mes.⁶

Al concluir la administración de Carlos Salinas, en noviembre de 1994, la venta de los activos nacionales había significado al gobierno la obtención de 26 mil millones de dólares. En cambio, durante el gobierno de Ernesto Zedillo, al no concretarse la venta de los complejos petroquímicos, ni la privatización del sector eléctrico, las privatizaciones sólo permitieron obtener 3 mil 645 millones de dólares (Flores, 1999: 49). Se agotó así el patrimonio nacional, sin que los beneficios prometidos se hayan alcanzado.

La fiebre privatizadora nunca se detuvo a considerar que —si bien existen empresas industriales, comerciales y de servicios en las que se puede aplicar una racionalidad de tipo empresarial basada en la relación costo/beneficio, dado que su fin último es obtener el máximo beneficio y, en consecuencia, los criterios básicos de comercialización y distribución están determinados por el mercado y la tasa de ganancia—, existe otro tipo de empresas vinculadas con el bienestar social, cuyos criterios de racionalidad se alejan de la lógica de la ganancia y, por lo tanto, los criterios de producción y distribución, como los utilizados para fijar los precios, están determinados, más bien, por la demanda social que por el mercado. Estas empresas producen bienes y servicios que requiere la sociedad para mejorar sus niveles de bienestar y a los que la mayor parte de la población difícilmente puede acceder a través del mercado.

Concluida la fase de liquidación de los bienes nacionales, se procedió a la aplicación de una estrategia publicitaria encaminada a la privatización de los servicios públicos. En realidad el proceso de desincorporación o la entrega a la "... administración privada de servicios públicos como gustan decir los funcionarios gubernamentales, se ha iniciado ya con el servicio de recolección de basura, el abasto de agua potable, el tratamiento de aguas residuales y, en el caso de aquellas ciudades donde el servicio de transporte colectivo de personas aún lo ofrece el gobierno, se propone con insistencia que se le se entregue al sector privado (Gamboa, 1993: 82).

Los servicios públicos, así, se convierten en mercancías que sólo se pueden obtener en el mercado, por cierto monopólico dada su escala; lo cual empieza a generar múltiples exclusiones en la posibilidad de satisfacer las necesidades de servicios para amplias zonas urbanas, donde precisamente habita la mayor parte de la población.⁷

 

Valor de uso general y específico de la ciudad

La ciudad capitalista resulta ser un proceso de socialización tanto de las fuerzas productivas, como de los Medios de Consumo Colectivo (MCC).⁸ En este proceso, la ciudad adquiere para los propietarios del capital un valor de uso general diferente al valor de uso específico de cada una de sus partes consideradas por separado.⁹

La ciudad es, entonces, un producto resultante continuo del proceso general de valorización del capital y, en este caso, su valor de uso general radica en que se convierte en una fuerza productiva más en tanto concentra las condiciones generales e inmediatas de la producción y reproducción del capital, es decir, el proceso único y diferenciado de la producción, circulación, intercambio y consumo de las mercancías y de la ciudad, mediante la producción y el consumo de los soportes materiales del proceso productivo y de los MCC.

Las razones por las cuales los aparatos gubernamentales asumen la provisión de los MCC son, entre otras:

La escala requerida para su producción suele desbordar el grado de acumulación y concentración del capital en un momento determinado y ningún capital, tomado separadamente, está en capacidad de emprender esos procesos. La naturaleza de ciertos valores de uso, por ejemplo su consumo colectivo difícilmente divisible, con frecuencia obstaculiza su circulación mercantil y por lo tanto no permite que alrededor suyo se estructure un proceso de acumulación privada. Puede ocurrir asimismo que estas inversiones no encuentren una demanda solvente y los capitales eventualmente comprometidos en ellas no pueden alcanzar una remuneración normal (Jaramillo, 1983: 11).

La producción de los MCC que debiera marchar con la misma velocidad e intensidad con que transcurre el proceso de acumulación capitalista, tiene, sin embargo, límites si bien imprecisos sí determinados por el monto de los recursos puestos a disposición del gobierno, que casi nunca son suficientes como para satisfacer la demanda social por esos servicios.

Ahora bien, bajo el neoliberalismo la satisfacción del conjunto de las demandas sociales es abandonada, cada vez más por el Estado que las proveía, aún cuando fuera de manera desigual y limitada. Bajo estas circunstancias, advierte Castells (1979: 15) "El Estado concentra sus inversiones en aquellas funciones urbanas necesarias al funcionamiento del polo dominante, o sea el capital. Mientras que se dejan de lado las necesidades de vivienda, transporte y equipamiento social de la población.".

Es decir, se atiende más a la producción de las condiciones generales de la producción que a la de los soportes materiales que producen los satisfactores de las necesidades de la clase trabajadora, lo cual significa la acumulación permanente del déficit en diversos servicios sociales, dada la incapacidad de buena parte de la población para insertarse en el mercado privado de esos servicios.

Al interior de la ciudad ocurren procesos cada vez más complejos de cooperación entre las distintas unidades de producción, lo que permite a todas ellas apropiarse del valor de uso general de la ciudad, lo que la convierte, como se dijo antes, en una fuerza productiva más para el capital.

A estas condiciones generales, es necesario agregar las formas mediante las cuales se reproduce la fuerza de trabajo fuera de la fábrica es decir, del proceso productivo, así como aquellas bajo las cuales se lleva a cabo el ejercicio de la dominación del capital sobre el trabajo, para disponer de una visión aproximada de la ciudad.

La concentración, en un territorio determinado históricamente, tanto de los medios de producción como del conjunto de las condiciones generales de la producción y reproducción del capital y de los MCC, únicamente puede ser explicada a partir del concepto cooperación, en cuanto éste exprese algo más que la asociación de los trabajadores en la fábrica, para considerarlo como uno de los instrumentos esenciales en el desarrollo de la producción social.

La cooperación, comprendida de esta manera, da lugar a la aglomeración urbana en tanto surge como efecto directo e inmediato de la necesidad de economizar "gastos generales" de la producción, disminuir los costos de circulación e intercambio, todo con el propósito de acelerar la velocidad de rotación del capital y disminuir al mínimo el tiempo de su valorización. De esta manera, al interior de las ciudades transcurren procesos cada vez más complejos de cooperación entre las distintas unidades de producción, lo que les permite a todas ellas apropiarse del valor de uso general de la ciudad.

Ahora bien, la creación de los medios materiales para la producción de mercancías y servicios, cuyo fin último es el mercado, requiere de la inversión creciente de capital que, si bien no produce plusvalía, si resulta indispensable para producirla o apropiársela por parte de los capitalistas privados. Este es, entonces, un capital que no se valoriza pero que es necesario para producir y reproducir las condiciones generales de la producción, que si bien son indispensables para valorizar el capital, no transmiten ni añaden valor, por lo que es exclusivamente inversión de capital improductivo, es decir, desvalorizado que, a diferencia del capital productivo constante, resulta de un descuento previo de la plusvalía ya producida, en tanto que son los aparatos gubernamentales de Estado los que asumen la provisión de esos objetos materiales productores de diversos efectos útiles, en este caso específico, necesarios para la reproducción del capital.

En este sentido, como señala Marx (Elementos, 1972: t. 2, 22-23):

Puede haber trabajos e inversiones que sean necesarios sin ser productivos en el sentido del capital, esto es, sin que el plustrabajo contenido en ellos se realice como plusvalor a través de la circulación, a través del intercambio... El trabajo puede ser necesario y no ser productivo. Por consiguiente todas las condiciones generales, colectivas de la producción —mientras tanto no pueda ocurrir su creación por el capital en cuanto tal, bajo sus condiciones— se cubren con una parte del rédito nacional, del erario público, y los obreros no se presentan como trabajadores productivos, aunque aumenten la fuerza productiva del capital.

El gobierno, y no los capitalistas, es el encargado de la producción y reproducción de las condiciones generales de la producción hasta el momento que ella se convierta en un negocio, esto es, en una actividad que produzca ganancia al conjunto de los capitalistas o de una parte de ellos y que éstos tengan la fuerza política suficiente para obtener la concesión de su producción o manejo.

 

El triple carácter de la ciudad

La configuración urbana en el capitalismo resulta de un proceso determinado y determinante de las condiciones materiales necesarias para la producción y reproducción del capital, como de la fuerza de trabajo y de los procesos políticos y sociales vinculados con el ejercicio de la dominación de una clase por otra, o de alguna de las fracciones hegemónicas de la clase dominante sobre el conjunto de la sociedad.

En este sentido, en la fase monopólica del desarrollo capitalista la ciudad resulta ser la expresión de la forma como la competencia entre los monopolios determina no sólo el proceso de acumulación del capital, sino también de la forma como se produce y consume el territorio.¹⁰

Asimismo, la ciudad se consume produciendo las formas mediante la cuales se satisfacen las necesidades colectivas de la población total, de los trabajadores y los capitalistas, pero la ciudad es, también y al mismo tiempo, la resultante material de la forma concreta como se ejerce la dominación política e ideológico-cultural del capital sobre la sociedad en su conjunto. Por ello, la ciudad se produce y consume no sólo como espacio, sino también llena de expresiones ideológicas, las cuales mucho tienen que ver con la forma de ocupación del espacio y su edificación. Nada en la ciudad es circunstancial, ingenuo o neutral.

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la ciudad contemporánea tiene un triple carácter: 1) es el lugar donde transcurre la aglomeración de los soportes materiales constitutivos de las condiciones generales de la producción (medios de producción, circulación, intercambio y consumo de las mercancías) para el conjunto de los capitalistas, 2) en ella se propicia y produce la concentración de los MCC necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo fuera del proceso productivo y 3) es el lugar de ubicación espacial principal de los aparatos de Estado, mediante los cuales se ejerce el dominio político e ideológico de los propietarios del capital sobre el resto de la sociedad.

En estas circunstancias, los aparatos gubernamentales en un momento determinado se transforman en un agente decisivo en la producción, distribución y gestión, tanto de los MCC y su organización espacial, como de las condiciones generales de la producción. Esta situación hace del gobierno y sus aparatos uno de los agentes urbanos de la mayor importancia; informa que en los últimos tiempos, han perdido, dada la estrategia de ajuste estructural de orientación al mercado que se ha impuesto en todos los ámbitos de la economía y la sociedad.

En conclusión, podemos decir que la concentración urbana, por sus necesidades de producción, distribución, circulación y consumo de mercancías y equipamiento colectivo (infraestructura y MCC), constituye ante todo una economía de gastos generales de producción y reproducción del capital, como de condiciones necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo y el ejercicio de la dominación político-cultural e ideológica de una clase, o fracción de ella, sobre el conjunto de la sociedad.

 

El neoliberalismo y lo urbano

Definir lo urbano como un concepto abstracto siempre es útil, pues resulta "... una abstracción que tiene sentido, en tanto pone realmente de relieve lo común, lo fija y nos ahorra así una constante repetición" (Marx, Elementos: t. 1, 5).

Por supuesto, esos son los límites y virtudes de una definición abstracta que toma los rasgos generales del fenómeno, al margen de su peculiaridad histórica concreta. Ahora bien, a partir de cualquier definición abstracta se requiere emprender un esfuerzo más para elevarse a lo concreto;¹¹ en nuestro caso se trata de explicar cómo funciona la ciudad bajo las condiciones concretas del capitalismo en su fase actual de globalización y neoliberalismo.

Es en estos términos históricos que hablamos de ciudad neoliberal, no porque el neoliberalismo haya inventado lo urbano y su compleja problemática, sino para comprender y explicar adecuadamente lo que cambia en la ciudad y en la gestión urbana bajo este modelo.

La implantación del neoliberalismo en México ha significado, por lo menos, una reforma del Estado que ha consistido, entre otras cosas y según lo planteara uno de sus promotores más conspicuos (Salinas, 1990: 29-30 y 32), en "... ampliar la participación de las comunidades y los grupos privados..." para mejorar la distribución del bienestar y reducir las funciones del Estado para "... garantizar la paz social, abatir el conflicto y usar los medios políticos para promover la armonía social."

El repliegue del Estado sobre sí mismo, sin embargo, ha significado el abandono de diversas responsabilidades autoasignadas o que las distintas fuerzas sociales integrantes del pacto social derivado de la institucionalización de la Revolución de 1910-1917 le habían señalado, sin que ese abandono haya permitido elevar el bienestar de los grupos mayoritarios de la sociedad que, por el contrario, se han empobrecido aún más.¹²

El desconocimiento de las responsabilidades sociales por parte del gobierno ciertamente ha profundizado la iniquidad social que, si bien es característica del capitalismo, el neoliberalismo la reproduce de manera aguda.¹³

Bajo el neoliberalismo, en el marco de la reforma del Estado emprendida durante el salinismo, los gobiernos locales transforman su papel en los procesos de provisión de los principales servicios urbanos, estimulando y facilitando la inversión en proyectos promovidos por el capital privado,¹⁴ donde se desplaza a los aparatos gubernamentales por parte del capital privado en la organización del territorio urbano, proceso que se hace altamente lucrativo y que, para serlo, tiene que referirse, casi exclusivamente, a los sectores de más altos ingresos, excluyendo a la mayoría de la población.

De esta manera, una parte significativa de esa reforma del Estado en materia urbana ha consistido en el abandono de cualquier forma de planeación gubernamental para ser sustituida por la gestoría en la promoción de los grandes proyectos con capital privado: "... el gobierno es un facilitador de las acciones urbanas actuando a veces como socio del capital privado, pero sobre todo propiciando las condiciones para estimular la inversión privada" (Martínez, 1995: 40).

Con la propuesta de que "la política es que no hay política", el repliegue gubernamental, si bien en menor medida que la actividad encaminada a la construcción de las condiciones generales de la producción, ha incurrido con mayor énfasis en el abandono de la producción de los medios de consumo colectivo, se ha dejado el camino abierto a la actuación e inversión del capital privado en la satisfacción de las necesidades sociales que, con ello, dejan de serlo para convertirse en necesidades que se satisfacen individualmente entre el capitalista y el demandante, en una relación donde priva el lucro y la lógica de la ganancia.¹⁵ Así, de acuerdo con Pradilla (1997: 6):

El neoliberalismo mexicano, con su ideología y su práctica ciega de transferencia de lo fundamental de la acción económica, social y territorial del Estado al mercado, de nuevo protagonismo hegemónico de la empresa e iniciativa privadas, ha desmontado rápidamente las débiles, carentes de herramientas e ineficaces estructuras de planeación y control urbanos.

El abandono de las antiguas responsabilidades sociales del gobierno tiene como contrapartida, entonces, el fomento y estímulo a la privatización de la gestión y dotación de los servicios públicos, de los MCC cuya demanda crece a medida que se expresa con mayor fuerza la inequidad en la distribución de la riqueza, notoria peculiaridad del capitalismo agudizada por el modelo neoliberal.

El agua, un problema permanente en todas las ciudades del mundo, en México adquiere la mayor complejidad, ya que la cuarta parte de la población del país se asienta en entornos situados por encima de los dos mil metros sobre el nivel del mar, donde apenas se dispone de 4 por ciento del escurrimiento de los ríos; mientras que por debajo de los 500 metros de altitud, con una población similar, se tiene 50 por ciento del escurrimiento. Por supuesto, como en todo el mundo, la demanda de agua en las ciudades es permanente y creciente, lo cual ha hecho de su distribución, sobre todo, un anhelado servicio a prestar por los particulares: "... así [tal como reconoce la Comisión Nacional del Agua (1994: 6)] bajo el principio de que un Estado moderno no puede tener la responsabilidad de administrar un recurso que a todos interesa se ha procedido a impulsar la privatización de los servicios referidos al agua. De esta manera se advierte:

La nueva Ley de Aguas Nacionales (sic) que se publicó en el Diario Oficial del primero de diciembre de 1992, plantea la participación privada en el uso, aprovechamiento y explotación del agua... la reforma al artículo 115 constitucional, (sic) constituye otra de las disposiciones que favorecen la concesión en el manejo y administración del servicio del agua. En este Artículo, se plantea el traspaso de facultades y responsabilidades a los municipios en la prestación de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, entre otros. Quedando, a su vez, facultado para concesionar la prestación de dichos servicios a particulares (Martínez, 1995: 40).

La administración privada del agua se repite ahora constantemente; no es sólo una de las opciones posibles, sino la opción "... de las ciudades con problemas de aprovisionamiento de agua y limitaciones para sostener la política de subsidios..." y, según información reciente, el proceso se ha puesto en marcha pues: "... El Distrito Federal, Aguascalientes y Cancún son las primeras muestras de operación bajo el régimen privado de concesiones o prestación de servicios. Con posibilidades de incorporarse a tal esquema resaltan las ciudades de Monterrey y Guadalajara..." (Gestión, 1997: 6), es decir, las ciudades más pobladas de la República estarán pronto bajo el régimen de la administración privada del agua, lo cual convierte en un negocio muy lucrativo la satisfacción de una necesidad social vital.

Pero no es solamente el agua, servicios como la recolección de basura, la seguridad, los parques recreativos, el alumbrado público y otros más, se han privatizado o están en vías de privatizarse. De esta manera, señala Pradilla (1997:8):

Los ciudadanos, contribuyentes forzosos al erario pierden su derecho a recibir como contraprestación por el mantenimiento del Estado los bienes y servicios urbanos subsidiados. Ahora deben pagarlos doblemente, en el impuesto público y la tarifa privada, incrementada por la ganancia empresarial. Lo urbano se mercantiliza, se compra y se vende.

Esto, por supuesto, produce y reproduce la segregación¹⁶ a partir de la disposición de servicios urbanos, ya que mientras los sectores populares mayoritarios están imposibilitados para adquirir en el mercado los servicios públicos, los grupos de elevados ingresos los obtienen con creces, lo cual provoca una aguda diferenciación en la calidad y cantidad de los servicios urbanos disponibles.

El continuo empobrecimiento de la población, característica inseparable del neoliberalismo (cuadro 3), empieza a provocar la existencia en una ciudad para dos tipos de ciudadanos: aquellos privilegiados que pueden pagar los servicios urbanos y el resto de la población, los mayoritarios, a las que se abandonaría a su suerte.

En México, al parecer, la ciudad neoliberal se ha vuelto ineficiente, ya que la estrategia económica seguida en los últimos 17 años no ha sido capaz de generar la riqueza necesaria para el bienestar de la mayoría de sus habitantes. Por el contrario, lo que en muchos casos se ha logrado es la destrucción de miles de micro, pequeñas y medianas empresas; desindustrializar las ciudades; contraer el mercado interno; elevar el desempleo; hacer proliferar el sector informal de la economía; reducir el salario a menos de la mitad; y, finalmente, empobrecer a sus habitantes.

Dicho de otra manera, el modelo neoliberal aplicado desde la visión del gran capital, la lógica de la ganancia y el mercado; así como la terquedad del gobierno federal incapaz de comprender la necesidad de los cambios indispensables para hacer viable la ciudad y eficiente para producir y reproducir las condiciones generales de la producción y los medios de consumo colectivo, seguirá generando estructuras urbanas cada vez más rígidas que excluyen toda posibilidad de una vida digna a la mayor parte de los habitantes de nuestras ciudades, fragmentan las estructuras sociales y territoriales, contribuyen a la ingobernabilidad, propician la conflictividad social e impiden la sustentabilidad del desarrollo urbano.

Si como plantea Pradilla, la disyuntiva es:

Regulación urbana por el "libre" mercado, deterioro de las condiciones de vida [de] las mayorías y profundización de las contradicciones urbanas actuales, gestión pública autoritaria y asistencialismo compensatorio para detener los conflictos y paliar la miseria; o planeación urbana democrática con amplia participación ciudadana, en una economía socialmente regulada, justa y con equidad distributiva, y una gestión pública participativa realizada por un Estado socialmente responsable y solidario (Pradilla, 1997: 10),

poco es lo que se puede discutir, ya que en este momento resulta difícil considerar una alternativa distinta a aquélla que significa el cambio del modelo neoliberal por uno que supere la falsa disyuntiva de "o todo al mercado o todo al Estado". Al final, cada uno puede cumplir un papel capaz de permitir mejores condiciones de vida para la población trabajadora.

 

El impacto neoliberal sobre la vida urbana

El neoliberalismo ha sido incapaz de enfrentar los efectos más negativos de la ciudad capitalista, incluso, en muchos casos, los ha profundizado. Tal es el aumento incesante del desempleo y del empleo informal, la creciente pobreza urbana (expresada en la menor dotación de MCC) y el creciente deterioro de la capacidad de los gobiernos para procurar el mantenimiento e incremento de la infraestructura urbana y de las condiciones generales de la producción.

Los efectos sociales de dicho proceso, a más del creciente autoritarismo para gobernar, son una mayor segregación urbana, el deterioro, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades, como el aumento exponencial de la violencia e inseguridad.

En estas circunstancias, dentro de las prioridades en la agenda social y urbana están las relacionadas con los impactos negativos que el neoliberalismo ocasiona en los grupos más vulnerables de la sociedad, como son los niños, las mujeres y los ancianos. Para estos grupos, el deterioro económico y social prevaleciente restringe su capacidad de sobrevivencia ante un entorno cada vez más hostil. Adicionalmente, la pérdida de las condiciones de su participación en el aprovechamiento de la infraestructura urbana incrementa la polarización y la segregación en la ciudad.

Uno de los rezagos creciente en materia urbana es el de la vivienda, a la que cada vez con mayores dificultades accede la mayor parte de la población. En estos momentos, en materia de vivienda destacan, por un lado, aspectos relacionados con la especulación y la creciente incapacidad de acceso al suelo por parte de un número creciente de personas y, por otro lado, la crisis de los sistemas de financiamiento para la construcción de vivienda de interés social, expresados por la escasez de recursos destinados a tal fin, así como la ausencia de un marco normativo coherente en los mercados inmobiliarios que permitan esquemas financieros al alcance de los pobres de la ciudad.

Por otra parte, es necesario asegurar el abasto de agua potable y la procuración de sistema de saneamiento integrales, como requisito indiscutible del derecho de los habitantes a la salud y a un medio que propicie un entorno adecuado al desarrollo social urbano.

La gestión eficaz de los recursos naturales constituye de cara al siglo XXI el compromiso fundamental de la generación actual con los derechos de las generaciones futuras y el desafío mayor del desarrollo urbano sustentable.

Por último, es imposible dejar de mencionar la inmediata necesidad de mejorar sustancialmente los sistemas de transporte, priorizando el público. Ésta es, en todas las ciudades de México, una de las asignaturas pendientes cuyo cumplimiento parece cada vez más lejano, dados los intereses privados que la cruzan.

En este contexto, el espacio y la infraestructura pública se constituyen en los protagonistas fundamentales de la integración de la vida urbana, siempre y cuando estemos planteando el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades y no solamente que se tenga en mente la ganancia de los capitales monopólicos ligados al sector inmobiliario y de servicios urbanos.

 

Neoliberalismo y sustentabilidad urbana

El paradigma neoliberal que tiene como postulado central el mercado no sólo como el mecanismo más eficiente para la asignación de recursos, sino como el único, ha convertido a la ganancia y su búsqueda en el valor más alto del hombre, motivo para la innovación y razón de ser del mundo.

Bajo estas circunstancias, la participación individual de los agentes económicos en el mercado impide la expresión de los intereses generales de la sociedad en una entidad como Estado; de esta manera, los proyectos estratégicos dejan de existir y la naturaleza se convierte en una mercancía más para la generación de ganancias, aunque sea a costa de su propia destrucción.

Con ello, sin duda alguna, podemos señalar que la economía de mercado contiene en sí misma la estructura de la insustentabilidad del desarrollo, situación que se acentúa bajo el modelo neoliberal.

Los rasgos de esa estructura que hacen inviable el desarrollo sustentable son los siguientes:

1. La falta de equidad social, caracterizada por la concentración del ingreso y propiciada por el libre funcionamiento de las fuerzas del mercado; la creciente pobreza y marginación social y regional. De hecho, la política de desarrollo empeñada en reducir las desigualdades entre las regiones ha dejado de existir y, ahora se deja a las regiones y a las ciudades competir entre sí para atraer las inversiones, al parecer único motivo de existencia tanto de los centros de población urbanos, como de las regiones donde éstos se localizan.

2. Lo anterior se acompaña y fortalece por los altos niveles de centralización de la inversión pública y del poder político en los grupos con intereses monopólicos, lo cual profundiza las desigualdades y los desequilibrios regionales característicos del capitalismo.

3. El rechazo al uso de tecnologías adecuadas en los procesos industriales y agropecuarios, que se traduce en elevados índices de contaminación en las concentraciones urbanas y en la rápida destrucción de los recursos naturales en las zonas rurales.

4. La ausencia de canales eficaces que permitan la participación de la sociedad civil en la decisión e instrumentación de la política económica.

Frente a estas circunstancias, ha empezado a crecer la convicción de que si "... en el pasado, el crecimiento podía tener lugar en sistemas signados por la concentración del ingreso, el despilfarro, la pobreza de segmentos importantes de la población y la explotación de los recursos naturales..." (Ferrer, 1993: 807), en este momento dicha forma de crecimiento resulta absolutamente inviable, sobre todo si se considera la necesidad de mantener el equilibrio social, político, económico y ambiental.

En todo caso, la crítica al neoliberalismo ha puesto en el centro de la preocupación social la posibilidad y la necesidad de crecer sin destruir el medio ambiente así como romper con el círculo vicioso, característico del capitalismo, y que el modelo neoliberal profundiza: desarrollo perverso-degradación ambiental-pobreza-desarrollo perverso.

 

La planificación del crecimiento urbano

La constante expansión física de las ciudades y la creación de su área metropolitana, junto con la configuración de nuevas metrópolis y megalópolis, conducen sin duda al fortalecimiento de la percepción sobre lo necesario que resulta insistir en los mecanismos de planificación urbana.

La falta de previsión y de decisiones consistentes con un orden que considere las posibilidades del desarrollo urbano sustentable, ha traído consigo consecuencias demasiado costosas en energía, recursos, tiempo y condiciones generales de bienestar.

La planeación, los programas y proyectos vinculados al crecimiento ordenado de las urbes, cuando son validados socialmente y comprendidos plenamente por las autoridades responsables de ejecutarlos, son instrumentos técnicos que bien pueden ser utilizados para fundamentar decisiones cotidianas, pero, su eficacia aumenta en tanto la población los respalda, vigila y defiende su aplicación. En buena medida, la participación de la sociedad constituye el equilibrio indispensable para prever y evitar desviaciones o alteraciones del plan de desarrollo urbano, como las que pudieran intentarse en beneficio particular contra el interés mayoritario.

Si bien cada plan de desarrollo urbano requiere de un proyecto comunitario de utilización del espacio, es siempre necesario considerar su validez en el tiempo. Dicho de otra manera, el plan no es un documento acabado y definitivo en el tiempo, sino apenas un instrumento que prevé su propia y permanente actualización. Con esto queremos decir que la planeación urbana no es aséptica:

"El desarrollo urbano ocurre mediante una lucha de intereses en el espacio y no hay regla que los satisfaga a todos, de tal manera que la planeación tiene que tomar partido e indicar qué intereses va a defender." (Eibenshutz, 1985: 18).

 

Sustentabilidad y democracia

La complejidad de los retos y tareas asociados a la ciudad y lo urbano, como la viabilidad de un desarrollo urbano sustentable en una sociedad que se organiza de manera distinta a la actual, han colocado entre las prioridades urbanas los temas referidos a la democracia, la participación ciudadana, la ampliación de las oportunidades de acceso a la ciudad y a los servicios públicos esenciales y el diálogo como recurso del método empeñado en construir una cultura urbana distinta, que reconozca la plenitud y diversidad del fenómeno cultural, tanto del presente como del futuro de nuestras ciudades.

La democracia aún incipiente en México, pero nada despreciable en la parte de los procesos electorales, ha permitido recomponer el mapa político en los niveles local y nacional. La apropiación de parcelas de poder y nuevas capacidades de decisión regionales por parte de grupos sociales distintos a los que tradicionalmente han ejercido el poder, es un hecho incontrovertible. La democracia empieza a imponerse como aspiración de buena parte de la población (cuadro 5).

No obstante que aún se observa cierto predominio en la centralización del poder político, dado que el partido oficial aún gobierna poco más de dos tercios de la población localizada en 21 entidades de la República, los cambios en las preferencias electorales y la presencia de ciudadanos cada vez mejor informados y más interesados en los problemas sociales y políticos, obliga a todos los partidos a depurar sus propuestas y augura nuevas reivindicaciones sociales tendientes a modificar la forma de vida en las ciudades, exigiendo una mayor participación de sus habitantes en decisiones que tienen que ver con el futuro de su centro de población.

Lo anterior puede permitir a las corrientes sociales que consideran al neoliberalismo como el modelo que agudizó los procesos de empobrecimiento, exclusión social, segregación territorial, contaminación ambiental y vulnerabilidad, cambiar las cosas hoy adversas porque hacen de nuestras ciudades sitios inequitativos por su creciente ineficiencia social. En última instancia, los cimientos de la vialidad económica, social y física de nuestras ciudades se encuentran en garantizar a todos sus habitantes las condiciones necesarias, adecuadas y suficientes como para hacerlas plenas y racionalmente productivas, donde se ofrezca: empleo estable y bien remunerado, acceso a la educación, salud y recreación de la más alta calidad, se disponga de vivienda digna y haya servicios para todos, sin la previa consideración de su capacidad para pagarlos, todo ello en la democracia.

Sin la presencia protagónica de la población en el diseño y construcción de la ciudad a la que aspira, hablar de localidades urbanas habitables, productiva y ambientalmente sustentables es mera retórica inviable.

 

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Notas

¹ A diferencia de lo que ha ocurrido en Europa donde, en este momento con las excepciones de España e Irlanda los restantes 13 países integrantes de la Unión Europea han optado por gobiernos social demócratas, de alguna manera enfrentados a la estrategia económica neoliberal, en México la administración del presidente Ernesto Zedillo mantiene su propósito de evitar cualquier cambio al modelo neoliberal. En este sentido, el discurso presidencial ha sido reiterado y hay una fuerte tendencia a culpar al sector externo de los problemas económicos del país. Por ejemplo, en el mensaje enviado por el ejecutivo a las familias mexicanas con motivo del inicio de 1999, dijo el presidente: "México va por el camino correcto, aunque seguiremos enfrentando condiciones difíciles en la economía mundial." (La jornada, 11 de enero de 1999).

² El racionalismo supone una visión del mundo que afirma una relación perfecta entre lo racional y la realidad; excluye, por tanto, lo irracional y lo arracional. De esta manera, todo lo que contradiga esa relación resulta irracional; en tanto todo lo que no pueda ser controlado en esa relación es excluido como irracional (Anaya, 1995: 10 y ss.).

³ De acuerdo con Guillén Romo (1997: 449), para los economistas neoliberales: "El mercado 'abandonado a sí mismo' constituiría la mejor manera de contribuir a una asignación óptima de los recursos, porque reduce la información necesaria para la toma de decisiones y porque libera al individuo del control de otros". Por su parte, Foxley (1982: 6), afirma que los programas neoliberales en Latinoamérica tienen como sustento "... una política de liberación de precios, de manera que el mercado se transforma en el principal mecanismo de asignación de recursos."

⁴ En términos generales: "La desregulación tiene por objetivo reducir el control directo del Estado sobre el conjunto de la actividad económica del país, reformando el marco institucional, simplificando y flexibilizando la normatividad de las organizaciones y de los intercambios mercantiles" (Imas y García, 1997: 33).

⁵ La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), estima que en 1998 la economía informal en México manejó recursos por un monto de 146 mil millones de dólares, equivalentes a un tercio del PIB nacional. Asimismo, calcula que 44 por ciento del empleo urbano lo proporciona el sector informal. Otras fuentes, como la Organización Internacional del Trabajo, estiman que 57 por ciento del empleo no agrícola se concentra en el sector informal ("La economía informal maneja recursos por 146 mil mdd: OCDE", La jornada, 11 de mayo de 1999: 20-22).

⁶ Entre 1982 y junio de 1994, el número de entidades paraestatales se redujo de mil 155 a 219. "De la disminución registrada, 314 empresas de participación mayoritaria fueron privatizadas, mientras que el resto se desincorporaron mediante extinción, liquidación, fusión o transferencia" (Rogozinski, 1997: 110). Al agotarse las empresas paraestatales, se redujo, aunque no se detuvo, el ritmo de las privatizaciones. En 1996, los recursos de las pensiones de retiro pasaron a ser manejados por empresas privadas y más recientemente, en enero de 1999, el presidente de la República propuso privatizar la generación y distribución de la energía eléctrica, uno de los dos sectores estratégicos con presencia gubernamental, el otro es el petróleo.

⁷ De acuerdo con estimaciones sobre la magnitud de la pobreza efectuadas por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en 1994, 34 por ciento de los hogares urbanos latinoamericanos vivían en situación de pobreza, mientras que 17 por ciento se encontraba en una situación de indigencia. Para ese mismo año, la CEPAL calculaba que en México 29 por ciento de los hogares urbanos se encontraba en situación de pobreza y el nueve por ciento eran indigentes. No obstante, la crisis de 1995 significó un incremento de cinco puntos de la pobreza urbana (CEPAL, 1996: I-19 y I-129).

⁸ Los medios de consumo colectivo (MCC) son objetos materiales producidos a la manera capitalista, es decir, en una relación capital-trabajo, por tanto contienen valor, son trabajo cristalizado; pero su valor de uso no se encuentra materializado por un objeto, que pueda venderse, que se separe de la esfera de la circulación para ser destruido en el consumo personal o productivo. El efecto útil de los MCC no es, en consecuencia, un objeto, sino un trabajo, un valor de uso inseparable del proceso que los ha producido, esto es, de su medio de producción. Dicho de otra forma, mientras que cualquier mercancía destinada, ya sea al consumo personal o productivo, es perfectamente diferenciable de los medios consumidos en su producción, el medio de consumo colectivo es inseparable de los medios materiales que lo producen. Son por tanto, bienes que se consumen al mismo tiempo que se producen, como es el caso de las clínicas, sanatorios, escuelas, viviendas, autopistas, etcétera. (Lojkine, 1979).

⁹ Por valor de uso se entiende la capacidad que tienen los objetos para satisfacer "... necesidades humanas, de cualquier clase que ellas sean... la utilidad de un objeto lo convierte en valor de uso". Asimismo, "Los valores de uso son el soporte material del valor de cambio." (Marx, El capital: t. 1, pp. 3 y 4).

¹⁰ "La producción es también inmediatamente consumo. Doble consumo, subjetivo y objetivo: el individuo, quien desarrolla en la producción sus capacidades, las invierte también, las consume en el acto de la producción, es exactamente lo mismo que la apropiación natural representa un consumo de fuerzas vitales. En segundo lugar, consumo de los medios de producción, que se utilizan y se desgastan y que, en parte (como por ejemplo, en la combustión), vuelven a disolverse en los elementos generales... El acto mismo de la producción es también, en todos sus momentos, un acto de consumo... Sin producción no hay consumo; pero tampoco, sin consumo hay producción, ya que, si el consumo no existiera, resultaría inútil producir... La producción no sólo produce el objeto del consumo, sino también la manera de consumir... La producción, por tanto, crea a los consumidores... La producción no es sólo inmediatamente consumo y el consumo inmediatamente producción; además, la producción es tan sólo medio para el consumo y el consumo el fin de la producción; es decir, que cada uno de los dos suministra al otro su objeto, la producción externamente para el consumo, y el consumo imaginariamente para la producción; además, cada uno de ellos no sólo es inmediatamente el otro ni se limita a servirle de mediador, sino que cada cual crea, al efectuarse, al otro en cuanto el otro... La producción produce el consumo, al crear el modo determinado de éste y, además, creando como una necesidad el incentivo al consumo, la capacidad misma para consumir." (Marx, Grundrisse, 1857/ 1985: t. 6: 6).

¹¹ "El método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto es para el pensamiento sólo la manera de apropiarse lo concreto, de reproducirlo como un concepto espiritual" (Marx, Elementos: t. 1, 22).

¹² "En 1994, en millones cerrados, la estructura social expresada en pobres extremos, pobres moderados y no pobres, era de: 36-25-28 y se transformó a 51-21-22 [en 1996]. La primera era una estructura en la cual todavía había un cierto equilibrio entre estos tres grupos (a pesar de que habían ya transcurrido doce años de incremento de la pobreza bajo regímenes neoliberales). En la segunda se muestra el rostro de una sociedad ya totalmente polarizada y pauperizada en la cual los pobres extremos se constituyen en mayoría absoluta." (Boltvinik, 1998: 19).

¹³ Para los neoliberales, poco importa que la desigualdad se acentúe por efecto de la puesta en marcha de sus propuestas económicas. Por ejemplo, Friedrich Hayek, premio Nobel tan admirado por numerosos asesores de los gobiernos de Ronald Regan y Margaret Thatcher, afirmaba sin recato alguno que: "... la desigualdad no es deplorable, sino sumamente satisfactoria y sencillamente necesaria... que, según parece, la población mundial volverá a duplicarse en los próximos años. Para un mundo basado en ideas igualitarias, el problema de la superpoblación es insoluble. Si se nos ocurriese garantizar la vida de todo el que viene al mundo, al poco tiempo seríamos incapaces de cumplir nuestra promesa. Para la superpoblación no hay más que un freno: que se conserven y multipliquen tan sólo los pueblos capaces de alimentarse ellos mismos" (citado por Mármora, 1992: 209).

¹⁴ Ejemplos de este tipo de proyectos, pueden serlo: en el Distrito Federal, el de Santa Fe, la Alameda, la Torre Águila o el Centro Comercial Coyoacán y, más recientemente, el de Cuicuilco; en la ciudad de Puebla el "Proyecto Angelópolis"; y en la de Pachuca el nuevo aeropuerto y su complejo urbano.

¹⁵ Son muchos los servicios que se han privatizado, sin embargo y a pesar de las optimistas expectativas oficiales no todas han tenido el éxito esperado. Por ejemplo, en el programa de autopistas concesionadas tuvo que darse marcha atrás a poco de iniciado. El 27 de agosto de 1997, en un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, apareció la "Declaratoria de Rescate" de 23 autopistas concesionadas a la iniciativa privada. Según las cuentas gubernamentales, se trata de absorber pasivos por 60 mil millones de pesos, mientras que en los próximos 45 años se espera obtener ingresos provenientes de esas autopistas por 40 mil millones de pesos, es decir, 20 mil millones, es el costo fiscal del desastre del proyecto salinista de modernizar la red carretera del país (Jáquez, 1997: 27). Asimismo, la banca privatizada muy pronto entró en una severa crisis debido a los torpes manejos de los improvisados banqueros y tuvo que diseñarse un programa de rescate que, hasta el momento, ha costado al pueblo de México, aproximadamente, 67 mil millones de dólares.

¹⁶ La segregación hace referencia a un proceso mediante el cual se agrupan, en determinadas partes del territorio de la ciudad, personas y actividades afines en lo social y lo económico.

 

Información sobre el autor

Jaime Ornelas Delgado. Maestro y doctor en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de Diplomado en Planeación y Presupuesto de Empresas Públicas, impartido en el Centro Interamericano de Capacitación en Administración Pública de Buenos Aires, Argentina, y Diplomado en Administración Municipal y Desarrollo Rural, realizado en el Instituto de Estudios de Administración Local, en Madrid, España. Es investigador-docente de la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); docente de la Maestría en Administración de la Facultad de Contaduría Pública de la BUAP y docente en la Maestría en Economía de la Facultad de Economía de la misma universidad. Ha sido director de la Escuela de Economía, director de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y director de la revista Crítica de dicha universidad y secretario de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos libros y artículos en revistas nacionales e internacionales; entre otros ha publicado: Estructuración del territorio y política regional en México, Conacyt-Universidad Autónoma de Tlaxcala; Tlaxcala, coordinó, Puebla, modelo para armar, BUAP; y "¿Es posible un desarrollo sustentable para los países pobres y dependientes?", en Papeles de Población, año 3, núm. 14, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, Universidad Autónoma del Estado de México, octubre-diciembre de 1997. Correo electrónico: calera@giga.com