Cambios en la capacidad de bienestar y en la desigualdad distributiva bajo el nuevo modelo económico en el Gran Buenos Aires *

 

Agustín Salvia y Eduardo Donza

 

Universidad de Buenos Aires

 

Resumen

El objetivo del trabajo es contribuir al diagnóstico de uno de los principales problemas sociales que afectan a Argentina al final de la década de los noventa, a saber: el incremento de la brecha de desigualdad social.

Aquí se muestra y se revisa, a través de series estadísticas temporales y ejercicios de simulación, evidencias de los cambios ocurridos en la distribución de los ingresos y en el esfuerzo económico realizado en la última década del siglo XX por las unidades domésticas del Gran Buenos Aires, según su localización en la estructura quintílica de ingresos. Los datos utilizados provienen de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; los microdatos posibilitaron la definición de unidades de análisis agregados, corregir sesgos de información, ajustar los ingresos por el sistema de precios y descomponer y simular los ingresos familiares por factores demográficos, sociales y laborales.

 

Abstract

The objective of this research is to contribute to a diagnosis of one of the principal social problems which affects Argentina at the end of the decade of the nineties, that is: the widening gap in social inequality.

Here it is demonstrated and checked, by means of statistical time series and simulation exercises, evidence of the changes which have occurred in the distribution of income and in the economic effort exerted in the last decade of the twentieth century by households in Greater Buenos Aires, according to their position by quintiles of income. The data used come from the Permanent Survey of Households of the National Institute of Statistics and Censuses; the microdata make it possible to define aggregated units of analysis, correct biases in the data, adjust incomes by a price series, and decompose and simulate family incomes taking into account demographic, social and labor factors.

 

Introducción

El objetivo del presente trabajo es contribuir al diagnóstico de uno de los principales problemas sociales que afectan a Argentina al final de la década de los noventa: el incremento de la brecha de desigualdad social.

Los cambios que ha experimentado la desigualdad social —en términos de distribución del ingreso— durante los años de crisis y reformas estructurales, así como los cambios en los esfuerzos laborales desplegados por los hogares para mantener una determinada posición social, y el nivel de éxito o fracaso alcanzado por tal iniciativa, constituyen aspectos sustantivos que remiten a la función del mercado como asignador de medios y oportunidades equitativas de empleo y movilidad social.

Este tipo de análisis introduce una dimensión social al necesario balance general que debe hacerse del proceso de transformación y crecimiento económico que ha experimentado el país. Para ello mostramos y revisamos —a través de series estadísticas temporales y ejercicios de simulación— evidencias de los cambios ocurridos en la distribución de los ingresos y en el esfuerzo económico y ocupacional realizado, durante el periodo 1990-2000, por las unidades domésticas del Gran Buenos Aires, según su localización en la estructura quintílica de ingresos.

La información utilizada proviene de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). A partir de los microdatos de esta encuesta fue posible definir unidades de análisis agregadas (quintiles de hogares por ingresos de equivalente adulto), corregir sesgos de información (estimación de no respuestas de ingreso, según fuente), ajustar los ingresos por el sistema de precios (deflacionar a valores constantes) y descomponer y simular los ingresos familiares por factores demográficos, sociales y laborales.¹

 

Crecimiento y desigualdad social

Una línea de modelos teóricos proponen una relación directa entre crecimiento económico y equidad social.² Esta relación dependería básicamente del tipo de factores que generan el crecimiento (apertura económica, cambio tecnológico, acumulación de capital humano, sistema de precios, utilización intensiva de fuerza de trabajo, etc.). Desde una perspectiva opuesta se sostiene la existencia de una relación directa entre crecimiento y desigualdad social como efecto del modelo predominante de acumulación y de concentración de ingresos. En ambos casos, la evidencia empírica no es general ni resulta suficientemente contundente, y en cualquier caso es de esperar que los niveles de igualdad o desigualdad puedan ser sólo explicados por el crecimiento económico.

Por otra parte, se afirma la existencia de una causalidad inversa: la desigualdad afecta al crecimiento en la medida en que pervive un contexto social conflictivo, de fuertes demandas políticas, que genera una situación insostenible por parte del Estado. Tales presiones deben ser financiadas vía mayores y más progresivos impuestos, lo que afecta las ganancias netas y baja los incentivos a la inversión. Todo lo cual genera una caída en la acumulación de capital y en la generación de empleo. Por el contrario, una distribución progresiva del ingreso contribuye —por vía de la actividad económica— al fortalecimiento de los mercados, del consumo y del sistema político democrático, aspectos fundamentales del proceso de modernización y de las legítimas aspiraciones de una sociedad. A la vez que elevados niveles de iniquidad en el sistema de oportunidades y en la estructura distributiva profundiza los desajustes institucionales, obliga a utilizar en forma ineficiente los recursos escasos de una sociedad, segmenta los mercados y genera formas poco equilibradas —y potencialmente conflictivas— de absorber los costos de las crisis y de repartir los beneficios del progreso económico de un país.

Ahora bien, uno de los principales problemas que enfrentan los estudios sobre desigualdad social reside en encontrar una métrica que combine las distintas dimensiones que conforman la vida social y la condición humana. La teoría económica está basada en la concepción de que el bienestar se puede representar por la suma de las utilidades de los individuos: sea por el ingreso o el consumo, que constituyen patrones a través de los cuales es posible medir el bienestar o las condiciones de vida alternativamente. En esta tradición, el ingreso es una dimensión o una forma de sintetizar las diferentes dimensiones. El supuesto básico es que los consumidores optimizan el uso de los recursos disponibles entre sus distintas necesidades, midiendo esos recursos en ingresos destinados al consumo o al ahorro.

En términos operacionales, utilizar la métrica del ingreso como medida parcial de bienestar constituye una ventaja instrumental frente a la alternativa de considerar la multidimensionalidad de las condiciones de vida vinculadas a la satisfacción de necesidades (ejemplo: NBI).³ Por otra parte, el ingreso sólo constituye una medida adecuada de bienestar en tanto resulte posible suponer una razonable optimización del mismo por parte de los consumidores. Cuando esto no se da, tal principio impone un sesgo importante a las estimaciones de bienestar y desigualdad.

La teoría económica ha usado este enfoque como paradigma predominante para medir los intercambios y la distribución de bienes y servicios; sin embargo, cabe señalar que no es el único enfoque posible. Por ejemplo, Sen (1992) ha planteado una versión alternativa del bienestar poniendo el acento en que no sólo importa la disponibilidad de satisfactores de necesidades, sino las capacidades de utilizarlos para garantizar ciertos funcionamientos del individuo (fijados según un máximo u óptimo de desarrollo humano). Según esta concepción, el equivalente de medición estaría en las capacidades para funcionar, pero no en la dimensión de los satisfactores a los cuales puede no tenerse acceso por razones del entorno social o personales.

En este artículo se define el problema de la relación entre crecimiento y bienestar en los siguientes términos: una mayor equidad en la distribución del ingreso puede contribuir al bienestar general. Pero este factor no constituye una condición necesaria ni suficiente para tal fin. La distribución puede ser menos desigual —más equitativa—, pero los ingresos reales de los perceptores y de las personas pueden retroceder como efecto de una caída general de la riqueza social, o ser sustantivamente desiguales los esfuerzos movilizados por los particulares para lograr tal equidad. Por el contrario, puede crecer la desigualdad distributiva a la vez que crece el producto y aumentan los ingresos reales de las familias, con mayor o menor brecha en los esfuerzos necesarios para lograr tal fin. En tal caso, es mayor el bienestar de la sociedad, a pesar de contener una mayor iniquidad social.

 

La medición del bienestar y la desigualdad

Entre los estudios nacionales que abordan el fenómeno de la desigualdad en la distribución del ingreso cabe destacar los que se refieren a la estructura social y al mercado de trabajo (CEPAL, 1990; Beccaria y Minujín, 1991; CEPA, 1993a; Gasparini, 1999a y 1999b; Llach y Montoya, 1999; Salvia y Donza, 1999a, y Altimir y Beccaria, 1999).⁴ En ese marco se desarrollaron diferentes metodologías orientadas a medir y evaluar la incidencia de la pobreza, el bienestar y la desigualdad en Argentina, así como para corregir los problemas de sesgo o falta de información en el análisis de tales dimensiones. En función de avanzar en la comprensión del problema, se retoman en este artículo conocimientos acumulados en la materia (ver anexo metodológico).

Asumiendo el supuesto "welfarista" sobre el ingreso como medida del bienestar y la optimización del consumo por parte de los hogares, una mejora en el ingreso real del hogar podría ser considerada como evidencia de que el funcionamiento de la economía generó mejores condiciones materiales de vida para la población del país. A la vez que una mejora en los indicadores de distribución —sea a través del coeficiente de Gini u otro similar, basado en la misma función de utilidad— sería indicativa de una menor desigualdad de las oportunidades de consumo.

Sin embargo, estas conclusiones podrían resultar apresuradas debido a que no se controla convenientemente el efecto que tiene sobre el ingreso de los hogares el esfuerzo productivo global desplegado por los miembros del hogar, así como tampoco se toman en cuenta los posibles cambios experimentados en la composición y comportamientos sociodemográficos de los hogares, los cuales pueden estar generando otros tipos de costos, tales como la pérdida, incorporación o desvalorización forzada de activos y formas de organización e integración familiar, todo lo cual altera o reduce las capacidades de operar sobre la reproducción social y las relaciones de mercado por parte de los grupos domésticos (Sen,1992). Por lo tanto, una parte del cambio que puede observarse en el ingreso mismo no tiene su origen en las bondades o perversidades de los modelos económicos, sino en la posible explotación intensiva del único recurso de que disponen vastos sectores de la población: su capacidad de trabajo, o, por el contrario, en los ajustes forzados de integración-acoplamiento o desintegración demográfica a los que debieron recurrir los grupos domésticos para garantizar un balance reproductivo más equilibrado.

En definitiva, las entradas económicas —medidas en ingresos y capacidades de consumo— que perciben los grupos domésticos no sólo dependen de cuánto obtiene cada perceptor, sino también del número de miembros que aportan a la conformación del ingreso del hogar (perceptores) y de la estructura y tamaño del hogar, dados por el número de consumidores que viven de ese ingreso y para los cuales el grupo debe garantizar condiciones mínimas de supervivencia, educación e integración social. Esto es así, dado que si bien las estrategias individuales son activas y autónomas, éstas no se desarrollan en forma aislada de la estructura de oportunidades económicas y sociales que ofrece el grupo familiar de pertenencia y, más ampliamente, la sociedad en la cual se inserta dicho hogar. En cualquier caso, cabe esperar que las respuestas individuales y familiares a las condiciones económicas generales tiendan —como parte de un comportamiento defensivo u ofensivo de las familias, según sea el caso— tanto a optimizar el consumo como a reorganizar en forma más eficiente las necesidades, los recursos domésticos familiares disponibles, etc., en función de mantener o mejorar los niveles y condiciones de vida, cobertura social e ingresos.⁵

 

Argentina: economía y empleo durante la década de reformas

En los años noventa Argentina experimentó una profunda transformación productiva, acompañada por medidas de ajuste fiscal, apertura y desregulación de los mercados y de redefinición del rol del Estado, tanto en el ámbito económico como social. La adopción de un patrón de cambio fijo a través del sistema de convertibilidad fue funcional a este proceso.⁶ Estos cambios dejaron como resultado modificaciones sustantivas en la organización y el funcionamiento productivo, en la orientación de las políticas públicas y en los comportamientos de los actores políticos y sociales (Gerchunoff y Torre, 1996, y Cortés y Marshall, 1999).

Bajo las nuevas condiciones tuvo lugar una recuperación del conjunto de las variables económicas, entre las que cabe destacar la estabilidad de precios y el aumento de la inversión, el consumo y el gasto público. A pesar de ello, también tuvo lugar un fuerte incremento de la desocupación y la subocupación.⁷ En forma paralela, las remuneraciones no acompañaron el aumento de la productividad, y los ingresos de los sectores informales y menos calificados experimentaron caídas sistemáticas (Altimir y Beccaria, 2000).

En cuanto al balance social del periodo, diversos trabajos destacan el aumento de la pobreza y la desigualdad social durante la década de los noventa, en ambos casos, como fenómenos correlacionados a los crecientes problemas de empleo.⁸ En igual sentido, otros estudios dan cuenta de la formación de una estructura sociolaboral más segmentada, desigual y precarizada en cuanto a las condiciones de trabajo y reproducción social de los hogares (Salvia y Zelárayan, 1998; Salvia y Lazo, 1999; Salvia y Donza, 1999a, y Salvia y Tissera, 2000).

En el terreno de las reformas laborales, entre los estudios que reconocen un resultado negativo como efecto de la política oficial orientada a establecer un marco legal más flexible en las relaciones laborales sobre las condiciones de trabajo y los ingresos sobresalen los de Marshall (1994); en función de lograr una mejora en las condiciones de competitividad de la economía vía reducción de los costos laborales (Bour, 1995). En general, se reconoce que el conjunto de reformas económicas e institucionales emprendidas propiciaron una nueva forma de intervención del Estado en la regulación de las relaciones salariales y reglas más flexibles de contratación (Cortés y Marshall, 1993 y Marshall, 1996), y que en su conjunto estos cambios acompañaron a un incremento del desempleo y de la precariedad laboral, así como cambios en el funcionamiento general del mercado de trabajo (Monza, 1995; Marshall, 1996, Beccaria y López, 1996). Asimismo, destaca el debilitamiento que sufrieron las instituciones tradicionalmente a cargo de la defensa y regulación de los derechos sociales y laborales. Por otra parte, el aumento del desempleo habría estado asociado no sólo a los ciclos económicos o a los efectos de modernización y cambio tecnológico (Monza, 1995 y Canitrot, 1995), sino también a comportamientos registrados por la oferta laboral, no sólo movida por factores demográficos, sino también por aplicación de estrategias familiares orientadas al aprovechamiento de trabajadores secundarios (Salvia y Lazo, 1999).

Por otra parte, cabe observar que el crecimiento económico experimentado durante los primeros años de la década no fue constante. En efecto, después de tres años (1991-1993) de aumento de la inversión, el producto y el consumo, el aparato productivo comenzó a evidenciar retracción, y a mediados de 1994 la economía presentaba síntomas evidentes de enfriamiento y crecientes dificultades de orden fiscal. La crisis mexicana ocurrida a fines de 1994 potenció aún más estos desequilibrios.⁹

En este contexto, a principios de 1995 la economía entró en una fase recesiva con impacto directo sobre la inversión y el consumo, lo cual generó la caída de la recaudación impositiva y el consecuente agravamiento del déficit fiscal. El sector empresarial debió hacer ajustes reduciendo su estructura de costos productivos. La situación generó un nuevo y más violento incremento de la desocupación abierta y el subempleo. La recesión impactó mucho más en el sector de no transables y, por lo tanto, sobre la demanda global de fuerza de trabajo y el nivel de empleo interno.¹⁰

Sin embargo, la recesión económica fue de corta duración. El equilibrio financiero del Estado, la recuperación de la confianza internacional, la reactivación de Brasil y el crecimiento de los precios de los productos de exportación, oferta de créditos, entre otros factores, permitieron una rápida recuperación de la actividad económica, con aumento incluso en las remuneraciones al trabajo en el sector formal. En efecto, a partir del segundo semestre de 1996, la economía superó la etapa crítica del efecto tequila, dando inicio con éxito a una nueva fase de inversión y crecimiento interno y con expansión de las exportaciones a nivel regional.

Esta evolución significó un aumento neto en la demanda de puestos de trabajo, un mejoramiento relativo en el empleo y una caída de la tasa de desocupación. En cualquier caso, el cambio de tendencia —si bien real desde el punto de vista económico— no logró alterar sustancialmente el elevado déficit ocupacional acumulado durante los años anteriores en el mercado laboral. Este proceso se mantuvo vigente hasta fines de 1998, pero fue paulatinamente debilitada por los efectos de las crisis financieras internacionales y la crisis de Brasil. Por último, la devaluación del real —a principios de 1999— implicó ingresar a una nueva fase de recesión económica, la cual, por factores tanto internos como externos, se ha cristalizado como un proceso depresivo con efectos regresivos sobre la inversión, el empleo y el consumo.¹¹

El balance general del proceso económico-político de los años noventa presenta un saldo neto positivo en términos de recuperación de la inversión y el consumo respecto a la situación de estancamiento y deterioro productivo que tuvo lugar durante la década anterior; sin embargo, la situación actual —posapertura y reformas— muestra una profundización de la inestabilidad económica, junto a una dualización del aparato productivo y de la estructura social, como los componentes estructurales más destacados del sistema. En este sentido, cabe preguntarse sobre el efecto de este proceso, la crisis del empleo y de los comportamientos sociales adjuntos sobre la distribución y los niveles de bienestar (cuadro 1).

 

Cambios en la distribución del ingreso y en la evolución del bienestar

Es posible una primera representación del fenómeno a partir de la evaluación —para el caso del Gran Buenos Aires, 1990-2000— de la tendencia seguida por la concentración del ingreso monetario en la estructura quintílica de hogares (asignada por equivalente adulto). En igual sentido, cabe analizar la evolución seguida por los ingresos, según el quintil de pertenencia de los hogares, medidos en ingresos del hogar, ingresos per cápita (equivalente adulto) e ingresos por preceptor, en todos los casos, indicadores indirectos de la capacidad de los hogares de generar bienestar.

El cuadro 2 muestra que durante el periodo analizado, en la fase de recuperación y reactivación económica (1991-1993), la desigualdad social —medida en términos de brecha de distribución del ingreso— aumentó levemente, pero de manera sistemática. Durante la fase de crisis (1994-1995), la desigualdad creció de manera relevante, para caer durante la fase de reactivación subsiguiente (1996-1999). La recesión del final del periodo generó un nuevo aumento de la brecha de desigualdad. De esta manera, los niveles de desigualdad alcanzados al final de periodo superaron holgadamente los niveles críticos de principio de la década.

Las mayores mejoras se observaron en favor del estrato más rico de hogares. Por otra parte, no sin oscilaciones, los hogares de estratos medios lograron mantener estable su participación. Los hogares más pobres, fueron, tanto bajo una economía en expansión como en crisis, el sector más desfavorecido en términos de distribución del ingreso; es decir, la estructura social es hoy más segmentada y concentrada en términos de distribución del ingreso que una década atrás.

Durante el 2000, el cambio de programa de gobierno no sólo no trajo mayor crecimiento y bienestar económico, sino que tampoco mejoró la distribución social de los costos de la crisis de 1999. El quintil más rico fue el único estrato que mejoró su participación en la "torta de ingresos".

Pero un objetivo económico deseable de toda sociedad es aumentar el bienestar general. En este sentido, una menor desigualdad en la distribución del ingreso puede contribuir a ese objetivo. Pero este factor no constituye una condición necesaria ni suficiente para tal fin. La distribución puede ser más desigual, pero si, por ejemplo, los ingresos reales de las personas y de las familias aumentan, el bienestar de la sociedad mejora a pesar de la mayor desigualdad distributiva.

Al respecto, los cuadros 3, 4 y 5 dan cuenta de los incrementos experimentados —entre 1990 y 2000— en los ingresos medios familiares y por consumidor (en tanto indicadores de bienestar en términos de capacidad de consumo), y en los ingresos por perceptor (en tanto indicador del desenvolvimiento de la economía y de las capacidades económicas de los hogares¹²). En este sentido, si bien el incremento del bienestar no fue constante, el saldo final se manifiesta positivo —independientemente de los ciclos económicos— en todos los indicadores considerados.

 

Sin embargo, tal como se infiere por la distribución del ingreso y se muestra en las series de ingresos, la evolución de estos indicadores no fue homogénea, según la localización de los hogares en la estructura social. Estos datos confirman una vez más la critalización de una estructura social que se ha definido como más segmentada y desigual en la distribución de oportunidades.

 

Cambios en las demandas de consumo y en el esfuerzo productivo

Ahora bien, ¿en qué medida los hogares respondieron a estos cambios de condiciones ajustando su esfuerzo productivo o composición demográfica en función de reducir costos u optimizar beneficios? Los cuadros siguientes dan cuenta de la evolución seguida por los indicadores tamaño del grupo doméstico —cantidad de consumidores (medidos en equivalente adulto)— y esfuerzo económico-laboral —cantidad de preceptores laborales y no laborales por hogar—.

a) En primer lugar, se observa una tendencia a la retracción en el tamaño medio de los hogares, pero con comportamientos claramente diferenciados al interior de la estructura social: mayor concentración de las demandas de consumo en los sectores con mayores ingresos y disminución en los hogares más ricos (cuadro 6).

b) En segundo lugar, se pone de manifiesto una evolución irregular, pero con comportamientos claramente diferenciados al interior de la estructura social. Con un dato que no deja de ser aparentemente contradictorio: mayor incremento en el promedio de perceptores en los hogares más pobres y caída en hogares más ricos (cuadro 7).

Las series analizadas sugieren que la cantidad y calidad de los recursos humanos movilizados por los hogares tuvieron influencia en la evolución del bienestar y la distribución del ingreso.¹³ Pero una efectiva evaluación del impacto de este comportamiento sobre la estructura de la desigualdad impone la necesidad metodológica de evaluar en forma correlacionada el peso específico de estos factores junto con la evolución de los ingresos por perceptor y por consumidor.

Por otra parte, desde el punto de vista del origen de los ingresos, el cuadro 8 muestra la evolución del peso relativo del ingreso laboral respecto al total de ingresos de los hogares de cada quintil. Resulta evidente que si bien se registran algunas diferencias entre quintiles, tales ingresos constituyen la principal fuente de ingreso de los hogares independientemente de su localización en la estructura social. Por otra parte, los ingresos no laborales bien pueden considerarse una estrategia económica de los hogares, para complementar ingresos secundarios, a partir de la cual se logran beneficios y transferencias públicas o privadas relativamente más estables (jubilaciones, pensiones, becas, rentas, intereses, etcétera).

 

¿Mayor capacidad de ingresos o esfuerzo familiar? Ejercicios de simulación

Procurando evaluar la capacidad de respuesta de las familias de sectores populares urbanos a este proceso, cabe preguntarse: ¿cuál hubiese sido la evolución de la desigualdad de ingresos por equivalente adulto si los hogares pobres hubiesen mantenido el mismo número de perceptores y composición, así como también igual proporción de ingresos no laborales en el balance familiar que tenían en 1990 —último año crítico de la década de los ochenta—? Es decir, ¿en qué medida hubiese aumentado o disminuido la brecha de desiguladad si las unidades domésticas no hubiesen alterado el número de perceptores activos, la composición numérica de los demandantes de bienes y servicios para el consumo ni sus estrategias de acceso a fuentes de ingresos no laborales?

En función de dar respuesta a estas preguntas se analizan a continuación los resultados de los ejercicios de simulación, tomando como año base 1990. En concreto, se exponen en forma comparativa las brechas resultantes de la distribución del ingreso por equivalente adulto generadas por la introducción metodológica de los siguientes supuestos:

a) En primer lugar, se asume como constante el número de perceptores por hogar y la presión sobre el consumo, manteniéndose variable la forma en que la economía distribuyó los ingresos producidos entre los perceptores (los quintiles de hogar habrían mantenido invariable el mismo nivel de esfuerzo y demandas de consumo que en 1990).

b) En segundo lugar, se mantiene también constante la proporción de ingresos no laborales; por lo tanto, sólo se supone variable la influencia de los ingresos laborales de los hogares sobre su posición en la estructura social (la relación entre los quintiles de hogar sólo habrían sufrido el efecto de los cambios que experimentaron las remuneraciones laborales respecto a los valores de 1990).

Los resultados de estos ejercicios se muestran en el cuadro 9, donde se presentan las brechas de la distribución del ingreso, tanto la real observada como las simuladas para los supuestos propuestos. El cuadro 10 permite una mejor lectura de estos datos a partir de mostrar la variación porcentural de las brechas simuladas respecto a la observada para cada año.

1. Al suponer constantes el número de perceptores y el tamaño del hogar y dejar variable sólo los ingresos por perceptor (simulación 1), se observa que entre 1990 y 1994 casi no se presentan diferencias significativas entre brechas observadas y brechas simuladas —a excepción de 1991—. En 1992 y 1993 habría tenido lugar, incluso, una disminución de la desigualdad, pero a partir de 1995, incluido 2000, se registra un aumento significativo de la brecha; es decir, si los hogares de los quintiles más pobres no hubiesen aumentado el número de perceptores —se hubiesen mantenido con el nivel de esfuerzo de 1990— la desigualdad hubiese sido mayor. En términos generales se corrobora que: a) el aumento de los ingresos económicos por perceptor hubiese generado mejoras distributivas, durante los años iniciales de reactivación, si no se hubiesen perdido perceptores o aumentado el tamaño de los hogares, y b) la estrategia de los sectores populares de incrementar sus activos, durante la segunda parte de la década, fue un mecanismo eficaz para compensar pérdidas de ingresos e impedir el aumento de la desigualdad.

2. Al mantener constante el número de perceptores, el tamaño del hogar y la incidencia del ingreso no laboral en el ingreso total, y sólo dejar variable los ingresos laborales (simulación 2), se observan dos coyunturas económicas claramente diferenciadas. En primer lugar, entre 1992 y 1995, si sólo hubiesen operado los cambios en los niveles de ingreso laborales habría disminuido más marcadamente la brecha de desigualdad. Por el contrario, a partir de 1995 y hasta el 2000, bajo las mismas condiciones, la desigualdad habría aumentado debido al fuerte deterioro de los ingresos por perceptor laboral en los quintiles más bajos.

 

Conclusiones

Los grupos domésticos, en tanto relaciones sociales que operan sobre la demanda de bienes y servicios, la reproducción de la fuerza de trabajo y las relaciones de la vida cotidiana, no quedaron al margen de las reformas económicas ni de las fases de reactivación y de crisis recesivas sufridas durante los últimos años.

En el caso argentino, de acuerdo con dos estudios recientes (Gasparini, 1999a, y Altimir y Beccaria, 1999, 2000) y otros anteriores (Beccaria y Minujín, 1991; Beccaria, 1993, y Montoya y Mitnik, 1995), la evolución de la desigualdad durante las últimas tres décadas —medida sobre la distribución del ingreso monetario total familiar o a través de la distribución del ingreso per cápita familiar— confirma que el crecimiento de la iniquidad no constituye un fenómeno nuevo, sino que, por el contrario, la desigualdad viene creciendo en forma acelerada y casi sostenida durante los últimos 25 años.

Durante la última década, a pesar del crecimiento y los incrementos de productividad de la economía, este proceso habría mantenido vigencia; sin embargo, este análisis resulta insuficiente si no se considera al mismo tiempo el desenvolvimiento económico, así como la distribución del bienestar y de las capacidades de captación de ingresos por parte de las personas y los hogares. Más específicamente, en este trabajo nos preguntamos sobre los procesos sociales que desde los grupos domésticos acompañaron la dinámica de reformas y los ciclos económicos que en el caso argentino marcaron la década de los noventa.

Los datos considerados permiten constatar que la situación económica de los hogares del Gran Buenos Aires, en el 2000, en comparación con la registrada en 1990, resulta especialmente desfavorable para los sectores más bajos de la estructura social, en términos sobre todo relativos, pero también absolutos, a pesar de que la estructura productiva parece haber alcanzado mayor eficiencia e, incluso, de que dichos hogares hayan desarrollado un mayor esfuerzo económico-laboral. Dichos sectores sólo lograron algunas mejoras relativas por parte del sistema económico —medidas en términos de remuneraciones laborales— durante los primeros años de la década. Pero este rasgo se vio finalmente afectado por la pérdida de perceptores de ingresos. Posteriormente, la dinámica económica parece haber impuesto una práctica perversa: mayor esfuerzo laboral con menores remuneraciones y pérdida de capacidades reproductivas.

En efecto, los hogares más pobres —a pesar de un mayor esfuerzo laboral y económico— presentan fuerte correlación negativa respecto al crecimiento que registró el consumo per cápita. En este sentido, es necesario subrayar los mayores costos —social y económico— que implicó para los hogares de bajos ingresos la transferencia al mercado de recursos —sobre todo mujeres—, abocados a tareas reproductivas —generalmente más intensas en estos sectores— o de aquellos adolescentes y jóvenes que se encontraban en etapa de formación educativa —por lo general, en situación más deficitaria—.

De esta manera, el incremento en el número de perceptores muy seguramente habría implicado más ingresos de subsistencia, pero también mayor autoexplotación familiar y/o un déficit en la reproducción de la fuerza de trabajo. En cualquier caso, es evidente que los grupos domésticos más vulnerables se vieron obligados a reforzar su función de agentes económicos directos, en tanto unidades especializadas de producción y administración de fuerza de trabajo, con el objetivo de responder a las cambiantes condiciones del mercado laboral. Tal como se ha revisado en otros aportes, el aumento de la tasa de actividad y de trabajadores secundarios, la proliferación reciente de negocios informales de carácter familiar y los cambios en los hábitos de consumo son algunos indicadores que describen bien este comportamiento social (Salvia y Donza, 1999a y Salvia, 2000).

De esa manera, los cambios de modelo económico registrados durante la década de los noventa impusieron a la estructura social una mayor desigualdad distributiva, pero también una mayor segmentación de la capacidades de generación de bienestar. Las bondades distributivas del crecimiento económico habrían alcanzado casi exclusivamente a los hogares de medios y altos ingresos. Fueron éstos los únicos estratos donde el balance final resultó neutro o positivo: incremento en los ingresos familiares y por consumidor a través de un menor o igual esfuerzo económico-laboral, incluso en el caso de tener que sostener una mayor carga reproductiva de consumidores.

Por el contrario, para los hogares de sectores urbanos populares el balance es muy poco satisfactorio: mayor esfuerzo económico individual y familiar —dentro y fuera del hogar— sin poder con ello evitar la pérdida de bienestar y de capacidades reproductivas; sin embargo, al mismo tiempo, sin estos comportamientos bajo las reglas del contexto económico, la desigualdad general en la distribución del ingreso y el malestar absoluto en dichos hogares habrían sido sustantivamente mayores. Un hecho, sin duda, de ruptura y fragmentación social.

 

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Notas

^* Este trabajo fue realizado en el marco del Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social dirigido por Agustín Salvia con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Parte de la metodología aplicada en este artículo presenta como antecedente un interesante trabajo elaborado por Fernando Cortés (1995). Asimismo, cabe reconocer la inspiración teórica que dicho autor ha generado sobre nuestras preocupaciones.

¹ Véase anexo metodológico.

² Este supuesto de relación entre ambas dimensiones asume una forma más clara en los estudios empíricos. Por ejemplo, Kuznets (1955) encontró, a través de un estudio de distintos países, una relación tipo U invertida entre desigualdad y nivel económico, concluyendo que a medida que se comienza a crecer y lograr niveles económicos más altos la desigualdad aumenta hasta llegar a un cierto nivel económico, a partir del cual el proceso económico genera una menor desigualdad.

³ Esta última vía requiere algún tipo de ponderación, de valoración relativa de las distintas áreas, de satisfactores correspondientes a cada área y de la forma en que deben ser combinados, a fin de llegar a una medida agregada del bienestar. El problema es que este tipo de estrategia no brinda soluciones únicas, y que no existe acuerdo ni método consagrado para combinar necesidades de "alguna" de estas posibles maneras.

⁴ Los estudios iniciales del INDEC (1984), el programa ECIEL (Petrei, 1987), los trabajos del Comité Ejecutivo para el Estudio de la Pobreza en Argentina (CEPA) (1993a y 1993b) y de la CEPAL (1990) presentan un importante marco metodológico general a partir del cual retomar el estudio de la temática de la pobreza, la distribución del ingreso y la desigualdad. Son también fuentes de consulta obligada los continuados aportes de varios programas de investigación oficiales, como la Encuesta Permanente de Hogares, la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGH-INDEC, 1997) y la Encuesta de Desarrollo Social, así como también algunos trabajos particulares (Beccaria y Minujín, 1991; Beccaria, 1993; Montoya y Mitnik, 1995; Salvia et al., 1997; Beccaria y López, 1996; Grandes y Gerchunoff, 1998; entre otros). Más recientemente, un estudio de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, otros encarados por el IERAL (Llach y Montoya, 1999), por Salvia y Donza (1999), y, por último, por Altimir y Beccaria (1999, 2000), han hecho una actualización de la evolución de la desigualdad social en Argentina, a la vez que han introducido nuevas metodologías de análisis y correcciones de información.

⁵ El capital social familiar tiene su fundamento en la consideración de la unidad doméstica familiar como un ámbito social, cultural e históricamente situado de organización de procesos y estrategias de reproducción económica y generacional, en interacción con los contextos económico y social. Se puede reconocer en dicho ámbito un espacio de interrelaciones materiales, simbólica y afectivas en donde tiene lugar la formación y socialización primaria de los individuos, la reproducción material y simbólica de la fuerza de trabajo y el reforzamiento de las actividades, significados y motivaciones que fundamentan la vida social. Al mismo tiempo, es también un ámbito donde viven y se recrean de manera particular relaciones sociales de intercambio y de poder, de autoridad, solidaridad y conflicto.

⁶ A partir de 1989-1990 comenzaron a implantarse un conjunto de medidas orientadas a lograr un rápido cambio estructural de la economía y del Estado. Pero fue a partir del Plan de Convertibilidad (marzo de 1991) que tuvo lugar la ejecución sistemática de un programa global de estabilización y de reformas estructurales.

⁷ Si bien es tema de amplio debate, se afirma que el explosivo incremento del desempleo durante la década de los noventa fue el efecto de una combinación de diferentes factores: a) la modernización productiva —cambios tecnológicos, crisis de actividades informales y reducción del subempleo público—; b) el aumento de la oferta laboral, y c) el comportamiento de la demanda de empleo en el sector privado (Monza, 1995; Canitrot, 1995; Bour, 1995 y Llach y Kritz, 1997).

⁸ En este campo diferentes autores reconocen que habría existido durante el periodo una mejora relativa de bienestar económico, respecto a fines de los años ochenta, pero también destaca un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso (Gasparini, 1999a; Grandes y Gerchunoff, 1998, Salvia et al., 1997 y Altimir y Beccaria, 2000).

⁹ La crisis mexicana, a fines de 1994, detuvo primero y luego revirtió la afluencia de capitales externos a Argentina. Entre diciembre de 1994 y mayo de 1995 disminuyeron aproximadamente 15 por ciento los depósitos bancarios.

¹⁰ Debido al hecho de que los sectores menos calificados fueron los más afectados por la pérdida de empleo, se observa a nivel agregado (cuadro 1) un incremento de la remuneración real durante la crisis, el cual, debe considerarse de carácter espúreo.

¹¹ Esta situación de "depresión" se mantiene actualmente, a mediados de 2001 —a casi dos años del cambio de gobierno—, habiéndose ensayado, y sin que hayan tenido efecto positivo, diferentes planes de ajuste fiscal, nuevas reformas estructurales, medidas heterodoxas de reactivación e importantes acuerdos de renegociación de la deuda pública. Por lo mismo, la falta de confianza actual de los inversionistas se ve alimentada por un contexto dominado por la inestabilidad política, el déficit fiscal, el achicamiento estructural del mercado interno y la baja competitividad externa de la economía.

¹² Este indicador (ingreso medio por perceptor) proporciona una medida directa del desenvolvimiento de la economía, en tanto que es un reflejo sintético de la manera como fluyen los logros y las dificultades macroeconómicas hacia la población.

¹³ Cabe aclarar que la sola consideración del número de perceptores monetarios —laborales y no laborales— por hogar no ofrece una imagen completa del esfuerzo económico que realizan los mismos para cubrir sus estrategias de reproducción o movilidad. En efecto, los hogares con miembros activos no sólo diseñan estrategias laborales de mercado para garantizar su sobrevivencia o movilidad social. Una mejor aproximación a esta dimensión debería, por lo menos, considerar también el trabajo dedicado a la reproducción doméstica. Tales actividades, realizadas por los miembros del hogar o por trabajadoras domésticas remuneradas, constituyen y representan tiempo o costo económico, y, por lo tanto, forman parte del esfuerzo económico o gasto que realiza el grupo en función de su reproducción. La evolución de este componente durante el periodo 1990-1998 puede evaluarse en Salvia y Lazo (1999).

¹⁴ Una primera comparación de los estudios que han hecho el ejercicio de imputación de ingresos vía información de Cuentas Nacionales —siguiendo incluso diferentes metodologías—, muestra la poca utilidad de considerar el supuesto de "subdeclaración", en tanto que: a) resulta imposible determinar un criterio de validez a los ingresos imputados —variable según el tipo de metodología—; b) afecta las comparaciones en el tiempo dado los cambios de medición operados sobre las Cuentas Nacionales durante el periodo, y, finalmente, c) impone la necesidad de agregar un conjunto de supuestos ad hoc —con costo sobre la parsimonia de los modelos— sobre el comportamiento de otras unidades de análisis y de medida diferentes a las que utilizan las Encuesta de Hogares del INDEC.

¹⁵ El equivalente adulto es un coeficiente que representa la cantidad de personas que forman el hogar de acuerdo con su edad y sexo en términos de sus diferentes requerimientos nutricionales de consumo. Este coeficiente toma como valor uno (1), equivalente a la necesidad nutricional de un adulto varón de 30 a 59 años. El número de componentes de cada hogar es ajustado a este valor. Para mayor información véase CEPA (1993a).

 

Información sobre los autores

Agustín Salvia. Sociólogo y Maestro en ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato a Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Actualmente es investigador Conicet en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y director del proyecto Trabajo y Desempleo en Argentina con sede en el Instituto de Integración del Saber de la Universidad Católica Argentina. También es consultor de fundaciones y organismos internacionales y asesor del gobierno argentino en materia de programas de empleo y seguridad social. Sus temas de investigación versan sobre empleo, mercados de trabajo, estrategias y gastos de los hogares, distribución del ingreso y evaluación de programas de empleo.

Entre sus últimos trabajos están "Bienestar económico y desigualdad social en los hogares del Gran Buenos Aires durante la política neoliberal", en C. Gómez (comp.), Procesos sociales, población y vida doméstica, 2001; "Sectores que ganan, sociedades que pierden: reestructuración y globalización en la Patagonia Austral", en Estudios Sociológicos, vol. XIX, núm. 56, mayo-agosto, 2001; "La dinámica del mercado del trabajo en los noventa: ejercicios de desagregación y agregación", en Cuadernos del CEPED, núm. 5, 2001, y "Heterogeneidad y precarización en los hogares asalariados. GBA. 1990-1999", en Cuadernos del CEPED, núm. 4, 2000.

Correo electrónico: agsalvia@mail.retina.ar

 

Eduardo Donza. Sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, asesor del ministerio de Trabajo y asesor del gobierno argentino y consultor de diferentes fundaciones privadas y organismos internacionales en materia de seguridad social. Sus temas de investigación están relacionados con empleo, mercados de trabajo, estrategias y gastos de los hogares, distribución del ingreso y evaluación de políticas laborales.

Entre sus últimos trabajos destacan "Cambio estructural y desigualdad social. Ejercicios de simulación sobre la distribución del ingreso 1999-2000", en Cuadernos del CEPED, núm. 5, 2001 y "Problemas de medición y sesgos de estimación derivadas de las no respuestas a la preguntas de ingresos en EPH (1990-1997)", en Estudios de Trabajo, núm. 18, 1999.

Correo electrónico: erdonza@mail.retinar.ar