Participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en situación de dependencia*

 

Participation of handicapped and dependent people in the Spanish labor market

 

Irene Albarrán–Lozano y Pablo Alonso–González

 

Universidad Carlos III de Madrid. Correo electrónico: ialbarra@est–econ.uc3m.es

Universidad de Alcalá. Correo electrónico: pablo.alonsog@uah.es

 

Resumen

Este trabajo trata de analizar la participación en el mercado laboral español de las personas con discapacidad y en situación de dependencia. Para ello, en primer lugar, se describen las características sociodemográficas de ambos grupos haciendo especial énfasis en aspectos tales como la edad, el sexo, la educación o el tipo de discapacidad padecida. El análisis estadístico de la participación en este mercado se realiza mediante la estimación de modelos logit de elección binaria en donde se evalúa el impacto de cada una de las características anteriormente descritas sobre la posibilidad de participar en el mercado de trabajo. Se formulan cuatro modelos según el fenómeno y el sexo.

La validez de los resultados obtenidos se evalúa mediante el uso de curvas COR.

Palabras clave: discapacidad, dependencia, mercado laboral, modelo logit, curva COR, España.

 

Abstract

This paper tries to analyze the degree of participation in the Spanish Labor Market registered by handicapped and dependent people. Firstly, a description of social and demographic characteristics is made for each group. It is given special emphasis in items such as age, gender, studies or kind of suffered disability. The statistical analysis of the participation in the labor market is made using binary logit models. They are used to assess the effect on the likelihood to be into the labor market due to each of the previously mentioned characteristics. Four models have been estimated, and the goodness of fit has been checked with ROC curves.

Key words: disability, dependence, labor market, logit model, ROC curve, Spain.

 

Introducción

Actualmente, uno de los objetivos más perseguidos, que puede convertirse en una tarea no siempre fácil, es buscar y obtener un empleo estable convenientemente remunerado y conservarlo. La importancia que el trabajo tiene para las personas es alta. El acceso y mantenimiento en el mundo laboral proporciona a la persona (con y sin discapacidad) independencia económica, favorece el sentimiento de utilidad social y la autoestima por la vía del reconocimiento social. Además, el trabajo, desde una dimensión ética, ayuda a que la persona se desarrolle como ser humano. De esta forma se convierte en un instrumento fundamental en la vida y, especialmente, en la persona con discapacidad, pues es imprescindible para que ésta logre la integración social, la incorporación plena a la sociedad y un desarrollo personal al aumentar la satisfacción personal del individuo y las relaciones sociales (Beccaria, 2001: 2). En definitiva, se convierte en un instrumento para que todo individuo logre una imagen positiva de sí mismo.

Es importante señalar que uno de los derechos de los individuos es el de tener un trabajo (art. 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948) y que éste sea adecuado a sus habilidades y capacidades (OIT, 1983). En el caso de las personas con discapacidad (Naciones Unidas, 2005) es fundamental que esté adaptado a sus capacidades y habilidades (tal y como aparece reflejado en Verdugo y Jordán de Urríes, 2002, fruto de numerosas experiencias internacionales) puesto que así se logra una mayor integración en la sociedad, mejorando, por tanto, su calidad de vida y alcanzando así una vida más independiente (Schalock, 1999).

Dado que, según el Consejo de Europa (1998), las personas en situación de dependencia son personas con determinadas discapacidades asociadas a las actividades de la vida diaria (AVED) que necesitan la ayuda de una tercera persona, toda persona dependiente es discapacitada, sin embargo, la relación inversa no es cierta.

El análisis de la situación laboral de las personas con discapacidad no es nuevo, lo novedoso es estudiar qué características y en qué situación laboral están y comparar dicha situación con la de las personas dependientes. Es más, la preocupación por las personas con discapacidad se extiende al ámbito internacional desde 1982, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad con el fin de promover medidas para la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la realización de los objetivos de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y el desarrollo. El Decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos (1983–1992) ha inspirado la proclamación de otros decenios en distintas regiones del mundo, como por ejemplo: el Plan de Acción del Consejo de Europa sobre la Discapacidad (2006–2015) y el Decenio de las Américas por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006–2016).

El Plan de Acción del Consejo de Europa sobre la Discapacidad tiene por objeto promover los derechos y la plena participación de las personas con discapacidad en la sociedad y mejorar su calidad de vida. Representa una reorientación del enfoque de la discapacidad basado en los problemas relacionados con la salud hacia un enfoque social y basado en los derechos humanos. El Plan de Acción constituye una estrategia general para el adelanto de las personas con discapacidad en el marco normativo europeo y contiene 15 líneas de acción, incluidas la participación en la vida política, pública y cultural, la educación, la información y las comunicaciones, el empleo y el acceso a edificios y medios de transporte, con especial énfasis en las necesidades de las mujeres y los jóvenes con discapacidad y las personas con discapacidad que tienen necesidades de atención elevadas.

En junio de 2006, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó la Declaración del Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad (2006–2016), con el tema "igualdad, dignidad y participación". En junio de 2007, la Asamblea General de la OEA aprobó el Programa de Acción para la Década de las Américas. La Secretaría Técnica para el Desarrollo del Programa de Acción para el Decenio de las Américas por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad comenzó su labor en junio de 2008, en Panamá. En el Programa de Acción, los gobiernos se comprometieron a adoptar medidas administrativas, legislativas y judiciales y las políticas públicas necesarias. Los gobiernos de los estados miembros de la OEA han presentado informes sobre la aplicación del Programa de Acción.

De una forma más concreta, para España, una vez que ha entrado en vigor la llamada Ley de Dependencia¹ es necesario plantearse y analizar la situación de este colectivo (personas en situación de dependencia) con el fin de desarrollar diversas políticas socio–sanitarias destinadas a las personas en situación de dependencia.

Este trabajo profundiza en el conocimiento de la situación en España de las personas con discapacidad y la de aquéllas que están en situación de dependencia, ambas en edad laboral (de 16 a 64 años), mediante el análisis de los datos proporcionados por la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE, 2002a).

Dentro del marco conceptual de la dependencia podría comenzarse por definir, de forma muy general, el término dependencia como aquella situación personal que requiere la ayuda prolongada de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida cotidiana. Aplicando la definición de persona dependiente establecida por el Consejo de Europa (1998) se han seleccionado dentro del colectivo de personas con discapacidad aquéllas que están en situación de dependencia, es decir, quienes tienen dificultades para realizar las actividades de la vida diaria y necesitan la ayuda de una tercera persona. Por tanto, al analizar el fenómeno de la dependencia hay que considerar que existe una estrecha relación entre discapacidad y dependencia, puesto que la primera determina la segunda, tal y como se desprende de la definición de persona dependiente mencionada.

En este trabajo se analiza la población con discapacidad y a la que se considera dependiente en España para determinar la influencia de determinadas variables, no sólo de naturaleza médica, sino también socioeconómica, que permiten identificar la situación laboral en la que están y establecer perfiles específicos centrados en la simultaneidad de diferentes discapacidades (codiscapacidad), su severidad y otras circunstancias.

En España, las personas con alguna discapacidad pueden incluirse en el mercado laboral ordinario, en el que se integra toda la población activa, o bien, en puestos de trabajo sujetos a una legislación específica. Es lo que se conoce como mercado protegido, pudiendo ser de dos tipos: los Centros Ocupacionales y los Centros Especiales de Empleo (Giménez y Ramos, 2003).

El resto del artículo se estructura de la siguiente forma. En el apartado segundo se realiza una revisión de la literatura internacional y nacional sobre la relación entre discapacidad–dependencia y la participación en el mercado laboral, profundizándose en los fenómenos de la discapacidad y la dependencia. Teniendo en cuenta las consideraciones mencionadas, el tercer apartado recoge un análisis empírico inicial de la población española entre 16 y 64 años, según los datos de la EDDES (Encuesta de Discapacidades. Deficiencias y Estado de Salud elaborada por el INE en 2002, con datos de 1999) respecto a las tasas de actividad e inactividad por edad y sexo, según se trate de toda la población, las personas con discapacidad y aquéllas en situación de dependencia. También se analiza el nivel de estudios, tipo de discapacidad sufrida y severidad máxima padecida tanto por la población con discapacidad como por la población dependiente, comparándose los resultados en relación con el empleo.

En el siguiente apartado, utilizando análisis de regresión logística, se proporcionan estimaciones de la relación existente entre discapacidad y participación en el mercado de trabajo, así como entre dependencia y mercado de trabajo. Diferenciando mujeres y varones y discapacidad–dependencia se incluyen en los modelos econométricos propuestos, además de características sociodemográficas (edad y nivel de estudios), otras relativas a la discapacidad (medidas de la limitación en la capacidad para trabajar del individuo), como el tipo de discapacidad, la severidad de las mismas y el número de discapacidades padecidas. Con los modelos que se proponen se proporcionan estimaciones del efecto que, sobre la probabilidad de participar en el mercado de trabajo tienen la presencia o no de alguna discapacidad, así como el hecho de estar en situación de dependencia. Por tanto, se plantean modelos para estimar los efectos que sobre la probabilidad relativa de participar frente a la de no participar, tienen cada uno de los 10 tipos de discapacidad contenidos en la EDDES que se recogen en el anexo I cuadro 1 (ver, oír, comunicarse...), el número total de discapacidades y la severidad máxima de las mismas, así como la edad y el nivel de estudios. Se comprueba la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante el análisis de las respectivas curvas COR (también conocida como curva ROC, por las siglas de receiver operating characteristics o 'curva de rendimiento dignóstico') asociadas a los modelos logit estimados. Finalmente, en el último apartado, se exponen las principales conclusiones encontradas.

 

Discapacidad, dependencia y mercado laboral

En años recientes, la discapacidad se ha convertido en uno de los ámbitos de protección social más sensibles en la Unión Europea y en algunos países de América Latina, con avances considerables en las políticas sociales que contribuyen a la integración de los discapacitados. Se trata de impedir que la incidencia de la pobreza medida a través de diferentes criterios (Domínguez y Núñez, 2007) sea especialmente significativa en este grupo. Uno de los pilares de actuaciones realizadas se centra en la puesta en marcha de políticas de integración laboral, aspecto básico para un desarrollo social de este colectivo.

La discapacidad constituye una de las áreas clave de actuación en la configuración de la protección social de los ciudadanos en los países occidentales (Giménez y Ramos, 2003). A partir de la década de 1990, se ha ido abandonando el modelo médico de la discapacidad (Verdugo, 2003) y, entre los modelos emergentes, cabe destacar el modelo o teoría social de la discapacidad (Oliver, 1998; Verdugo, 2003) y el modelo constructivista (Schalock, 1997). Con relación al primer modelo, se plantea que la concepción de la discapacidad es una construcción social impuesta que conforma una clase social deprimida. Dicho modelo surgió como consecuencia de las luchas por la vida independiente y derechos civiles de las personas con estas características (Verdugo, 1995). Con relación al segundo caso, la discapacidad se conceptualiza de acuerdo con las actitudes, prácticas y estructuras institucionales más que por las propias deficiencias. En este segundo modelo, el objetivo fundamental radica en reducir al máximo tanto las barreras físicas como las sociales y de actitud (Imrie, 1997).

Existen diversos estudios sobre discapacidad y dependencia a nivel internacional —entre ellos, McNeil (1997), Puga y Abellán (2004), OCDE (2003), Cantarero y Pascual (2005), Albarrán y Alonso (2006) y Albarrán et al. (2006 y 2007)—, que constatan la existencia de correlaciones entre el padecimiento de alguna discapacidad con el género y la edad principalmente. Otros estudios justifican la necesidad de diferenciar comportamientos confirmando la utilidad de tratar conjuntamente variables de diversa índole para mejorar el conocimiento de las distintas realidades que se recogen bajo la situación de dependencia determinando perfiles.

Respecto a la literatura sobre la participación laboral de las personas con discapacidad, en la década de 1970 aparecen trabajos empíricos centrados en el mercado laboral en Estados Unidos. En concreto, puede citarse a los trabajos de Parsons (1980, 1982), aunque tanto éste como los inmediatamente siguientes se centraban en el estudio del impacto de factores de salud sobre el mercado laboral.

Posteriormente, en los años 90 surgen estudios empíricos relacionados con la participación laboral de los discapacitados en Europa (O'Donnell, 1998; Kidd, Sloane y Ferko, 2000; Malo, 2000; García–Serrano y Malo, 2002; Zwinkels, 2001; Malo, 2003; Malo y Dávila, 2006; Dávila, 2006). Siguiendo a Dávila (2006), la creación en 2000 del European Expert Group on Employment for Disabled People ha contribuido significativamente al desarrollo de trabajos empíricos en Europa, centrados principalmente en la participación de los discapacitados en el mercado de trabajo.

En España, el inicio del estudio de la discapacidad y su relación con el mercado laboral se retrasa a finales del siglo XX. Entre los más destacados se pueden citar los realizados por el IMSERSO (1998), el Consejo Económico y Social (1995 y 2003), Verdugo (1995), Malo (2001 y 2003), García–Serrano y Malo (2002), Jiménez (2002), el Real Patronato sobre Discapacidad (2002), Jiménez y Huete (2003), Alba (2004), Pagán y Marchante (2004), Cantarero y Pascual (2005), Jordán de Urríes et al. (2005) o Angoitia (2007). Todos ellos, desde distintos ámbitos o con fuentes estadísticas distintas, abundan en la problemática de las personas discapacitadas y sus dificultades para el acceso al mercado laboral, encontrando diferencias en las tasas de actividad, de ocupación o en el nivel de salarios. Sin embargo, no existe ningún estudio relativo a las personas dependientes.

Existen trabajos como el de Loprest et al. (1995) que comprueban cómo el efecto de la discapacidad sobre la participación en la fuerza de trabajo es superior en los varones que en las mujeres. El trabajo de Baldwin y Johnson (1995) aborda concretamente el efecto de la discapacidad por sexos, y encuentra que, en Estados Unidos, la discriminación de las mujeres discapacitadas frente a las no discapacitadas se concreta en más de 50 por ciento de las diferencias salariales existentes entre ellas. Sin embargo, la tónica general de los estudios especializados sigue siendo el análisis de la población en general o del género masculino concretamente (Reimers, 1983; Johnson y Lambrinos, 1985; Stern, 1989; Bound et al, 1999; Kidd et al., 2000, entre otros).

Tal y como propone Livermore et al. (2000), el análisis de la participación de los discapacitados en el mercado de trabajo ha de considerar aspectos que afectan tanto a la oferta como a la demanda de trabajo. Dentro de los aspectos relacionados con la oferta de trabajo de los discapacitados debe tenerse en cuenta que éstos incurren en costes adicionales (transporte, rehabilitación, asistencia técnica o personal, etc). Además, existen costes directos de búsqueda de empleo, así como otras circunstancias (por ejemplo, su menor esperanza de vida en algunos casos) que reducen su participación en el trabajo. Hay que considerar igualmente que la discapacidad resta tiempo al trabajo para destinarlo al cuidado médico y personal. Algunos aspectos que pueden afectar a la reducida demanda de trabajo de este colectivo son la discapacidad percibida por el empresario como una señal de baja productividad, así como el temor a incurrir en costes adicionales (por ejemplo, la adaptación al medio de trabajo). La falta de información sobre estos aspectos, que sin duda son importantes, hace que en este trabajo no hayan podido ser analizados.

Antes de continuar, es importante realizar una breve reflexión que aparece en todos los estudios realizados: la problemática del tratamiento de la discapacidad, especialmente por dos aspectos: la propia definición operativa de discapacidad (no existe consenso general) y la escasa base estadística para abordar estudios cuantitativos. Malo (2007) claramente expone la dificultad de encontrar una definición de discapacidad que permita un análisis económico profundo. La Organización Mundial de la Salud abordó en 1980 la construcción de un marco conceptual homogéneo mediante la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM), mejorado en 2001 tras la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIFDS). Sin embargo, ambas clasificaciones adolecen de la dificultad de hacer operativa la definición de discapacidad, definición que no debe identificarse con imposibilidad para trabajar, debería hacerse de forma externa al individuo y que permita la identificación estadística de las personas con discapacidad.

Esta última característica entronca con la segunda dificultad antes comentada. En la EDDES, el concepto de discapacidad se traduce en toda limitación que afecta, o pueda afectar, durante más de un año a la actividad de quien la padece y tenga su origen en la pérdida o anomalía de un órgano. Con ella se pretende la estimación del número de personas con discapacidad, la identificación de factores de riesgo y la incidencia sobre la persona (Angoitia, 2007); además, se evita la identificación entre incapacidad para trabajar y discapacidad, lo que permite su utilización para analizar su relación con el mercado laboral (Malo, 2007). Sin embargo, no está libre de cierto grado de subjetividad en las respuestas (denominada "morbilidad percibida" por el INE, puesto que se trata de una concepción autopercibida) y, con el paso del tiempo, su información va perdiendo representatividad ante los cambios sociales y demográficos sucedidos en España.

Pero esta operativización del término discapacidad requiere un cuestionario amplio y especializado, con los consiguientes costes económicos, de recursos humanos y de tiempo. Por ello, el INE no proporciona un seguimiento continuo de este colectivo, limitando su información estadística a la citada encuesta (EDDES) y a un módulo especializado de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2002, cuya información no es comparable con la EDDES. En su lugar, los estudiosos del tema han recurrido a ciertas preguntas incluidas en cuestionarios generales, como puede ser el Panel de Hogares de la Unión Europea (Phogue). Sin embargo, la información suministrada por éste es muy imprecisa, puesto que todo lo que se refiere a discapacidad es abordado en dos únicas preguntas del cuestionario y se le critica, con frecuencia, el posible sesgo derivado de la autoclasificación como discapacitados que hacen los propios encuestados, cuestión que se ha intentado resolver en la Encuesta de Condiciones de Vida, sustitutiva del Phogue desde 2004, pero que sigue sin resolver la discrepancia de definición con la propuesta por la OMS (Malo, 2007).

En este trabajo se utiliza la EDDES por ser la única fuente de información existente en España disponible que permite analizar con detalle el fenómeno de la discapacidad y, a partir de ella, la dependencia. Se trata de la única encuesta a nivel nacional que permite estudiar estas dos situaciones. Para abordar este último fenómeno es necesario señalar qué actividades cotidianas están asociadas al mismo. La mayoría de los trabajos especializados se centran en las actividades de la vida diaria (AVD) definidas por Katz et al. (1963) y Lawton y Brady (1969). Sin embargo, en este estudio se han considerado como actividades de la vida diaria las establecidas en la Ley de Dependencia y las señaladas expresamente en el baremo de valoración de la misma.² En concreto, dichas actividades son: comer y beber, regulación de la micción/defecación, lavarse, otros cuidados corporales, vestirse, mantenimiento de la salud, transferencias corporales (sentarse, tumbarse, ponerse de pie, transferir el propio cuerpo mientras se está sentado o acostado), desplazarse dentro del hogar, desplazarse fuera del hogar y tomar decisiones. Estas discapacidades, siguiendo la clasificación utilizada por la EDDES, pueden agruparse en cinco bloques: aprender, que incluye aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas (reconocer personas y objetos y orientarse, recordar informaciones y episodios, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas, entender y ejecutar órdenes o tareas complejas); desplazarse (cambiar y mantener las posiciones del cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar); desplazarse fuera del hogar (deambular sin medio de transporte; desplazarse en transporte público; conducir vehículo propio —entre 18 y 75 años—); cuidados o cuidar de sí mismo (asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto; controlar las necesidades y utilizar solo el servicio; vestirse–desvestirse y arreglarse; comer y beber), y tareas o realizar las tareas del hogar en mayores de 10 años (hacer compras y controlar los suministros y servicios; cuidarse de las comidas, limpieza y cuidado de la ropa, limpieza y mantenimiento de la casa, cuidar del bienestar del resto de la familia).

 

Las personas con discapacidad y en situación de dependencia ante el empleo

En este apartado se comentarán los resultados encontrados tras realizar el análisis empírico inicial anterior al planteamiento de los modelos econométricos utilizando los datos de la EDDES.

 

Datos empleados

Para conocer los datos referentes a la situación laboral de las personas con discapacidad y en situación de dependencia se utilizan, como se ha comentado, los datos de la EDDES (elaborada por el INE, el IMSERSO y la Fundación ONCE en 2002) con datos de 1999 (única encuesta disponible y existente a nivel nacional), y la más reciente, que dispone de información que permite analizar los fenómenos de la discapacidad y la dependencia en España).

La EDDES recoge información sobre 70 500 hogares y unas 220 000 personas en toda España que residen en vivienda familiar (sólo población no institucionalizada). Se garantiza la representatividad nacional de la encuesta al aplicar a cada persona encuestada su factor de elevación en función del muestreo estadístico.

La utilización de dicha encuesta implica que la definición de discapacidad analizada se ajusta al conjunto de 36 actividades o funciones específicamente recogidas en el cuestionario como discapacidades para las personas mayores de cinco años.

La metodología empleada en el desarrollo de la EDDES (INE, 2002c) siguió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y en particular la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) (OMS, 1980) vigente en el año 1999 cuando se realizó la encuesta. Dicha clasificación establece tres niveles de consecuencias de la enfermedad: deficiencia, discapacidad y minusvalía. La EDDES identifica 36 posibles discapacidades agrupadas en 10 bloques: ver; oír; comunicarse; aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas; desplazarse; utilizar brazos y manos; desplazarse fuera del hogar; cuidar de sí mismo; realizar las tareas del hogar, y relacionarse con otras personas. A su vez, para cada una de las discapacidades se recoge el grado de severidad con que la padece el individuo, distinguiéndose entre moderada, severa y total. Existe, obviamente, un cuarto nivel asociado a la inexistencia de la discapacidad. Es importante hacer referencia al grado de severidad asociado a las distintas discapacidades, que se refiere al grado de dificultad para realizar una determinada actividad, sin ayuda (si no la recibe) o con ayudas (en el caso de que las perciba). Tal y como señalan Puga y Abellán (2004) y Jiménez y Huete (2002), bajo el concepto de discapacidad se incluyen limitaciones muy diversas que afectan con mayor o menor gravedad las facultades que son habituales para desenvolverse en la vida cotidiana.

Tanto las personas con discapacidad como las personas en situación de dependencia entre 16 y 64 años representan un colectivo que, en teoría, podría trabajar al encontrarse en edad laboral. Dentro de este amplio intervalo de edad, según datos de la EDDES, hay un total de 1 339 107 personas, de las cuales los hombres superan ligeramente a las mujeres, 50.71 por ciento son hombres frente a 49.28 por ciento mujeres (véase cuadro 1).

Aplicando sobre la EDDES la definición de persona dependiente ofrecida por el Consejo de Europa (1998) mencionada anteriormente, se obtiene que en 1999 había 1 398 767 personas en esta situación de dependencia, siendo todos ellos mayores de cinco años. De este colectivo de personas, 402 812 tienen entre 16 y 64 años (28.8 por ciento) de los cuales 44.17 por ciento son hombres.

Según la EDDES, en 1999 la cifra total de discapacitados en España ascendía a 3 528 221 personas (siendo 58 por ciento, 2 055 291, mujeres), lo que supone una tasa de prevalencia de nueve por ciento, puesto que la población total española de entonces era de 39 247 019 personas. Esa misma tasa de prevalencia, pero en la población en edad de trabajar (de 16 a 64 años de edad) se sitúa en cinco por ciento, lo que supone 1.3 millones de discapacitados. En concreto, de 3 402 806 personas discapacitadas con más de cinco años de edad, 1 339 108 tienen entre 16 y 64 años (39.35 por ciento) de los cuales 50.71 por ciento son hombres. Una descripción exhaustiva de la metodología que se aplicó en la elaboración de esta base de datos puede encontrarse en García (2000) y para entender el lugar que ocupa la EDDES entre sus homólogas europeas puede consultarse Montserrat (2000).

 

Tasas de actividad e inactividad

Respecto al empleo de las personas con discapacidad, uno de los problemas más relevantes es la inactividad. De las personas en edad laboral con alguna discapacidad han declarado estar inactivas (es decir, ni tienen ni buscan activamente empleo) un total de 905 866, lo que representa 67.7 por ciento del grupo. En el caso de las personas en situación de dependencia, son 329 264 y, por tanto, 85.5 por ciento, porcentaje bastante más alto.

Por otro lado, se han declarado activas (tienen empleo o lo están buscando activamente) un total de 431 841 personas, lo que supone 32.3 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral.

Entre la población dependiente, este grupo asciende a 55 962 (14.5 por ciento), esto es, un porcentaje menor a la mitad.

Según datos de la EDDES las tasas de actividad en la población con discapacidad son muy inferiores a las de la población general. Si en la población general las tasas son de 77 por ciento para los hombres y 49 por ciento para las mujeres, en la población con discapacidad las cifras descienden a 40.6 y 43.5 por ciento, respectivamente. En la población en situación de dependencia estos porcentajes resultan bastante menores: 16.3 por ciento para los hombres y 12 por ciento para las mujeres.

En el cuadro 2 puede apreciarse, por sexo y edad, la estructura de los colectivos en edad de trabajar, tanto de personas discapacitadas como en situación de dependencia.

Tal y como se puede observar en los cuadros 3 y 4, las tasas de actividad (número de activos trabajando o en paro respecto al total de la población) son mayores en los hombres que en las mujeres en todos los intervalos de edad en el grupo de personas con discapacidad, en situación de dependencia y en la población total.

Se denomina tasa de paro al número de activos en situación de desempleo respecto al total de activos. A los datos anteriores sobre tasas de actividad hay que añadir que 26 por ciento de la población activa con discapacidad se encuentra en paro, es decir, su tasa de paro supera en diez puntos a la media de la población general que en la fecha en la que se realizó la encuesta era de 15.7 por ciento (véase cuadro 5). En el caso de la población en situación de dependencia, la tasa de paro es aún mayor: 30.8 por ciento.

Es importante señalar el hecho de que en algunos tramos (en concreto, de 50 a 59 años) la tasa para la población dependiente es inferior que la de la población discapacitada, aunque supera ligeramente a la de la población general.

Entre las personas con discapacidad, la tasa de paro en las mujeres supera a la de los hombres (hecho que también ocurre en la población general) —véase cuadro 6—. Sin embargo, en la población en situación de dependencia existen dos excepciones: de 16 a 19 años y de 30 a 34, donde la de las mujeres es inferior a la de los hombres.

Diferenciando por sexo entre las personas con discapacidad en edad de trabajar observamos que las mujeres se encuentran en peor situación. La inactividad es, como se ha señalado anteriormente, unos de los graves problemas que presenta la población con discapacidad o en situación de dependencia en edad de trabajar, pero que adquiere mayor desigualdad en el caso de las mujeres, ya que 76.3 por ciento de éstas están inactivas, frente al 59.4 por ciento de los hombres.

Esa situación es alarmante, toda vez que supone que en España más de medio millón de mujeres con discapacidad en edad de trabajar no lo hacen ni buscan empleo. Para la población dependiente esta proporción es de 87.3 por ciento (más de 185 000 mujeres).

De la misma forma que ocurre en la población general, dentro de la población activa de personas con discapacidad o en situación de dependencia hay mayor presencia de hombres que de mujeres. También se registra un mayor número de hombres trabajando que de mujeres. Sin embargo, proporcionalmente, las mujeres en situación de dependencia trabajan más que las mujeres discapacitadas y, en general, su tasa de actividad es más elevada.

 

Limitaciones en la actividad y el empleo

A la hora de estudiar las condiciones de salud se analizan la máxima severidad asociada a la falta de autonomía personal y el tipo de discapacidad padecida.

 

Máxima severidad y empleo

Según la EDDES, toda discapacidad puede ser padecida por un individuo con una severidad que puede ser calificada como sin problemas, moderada, grave o total (no poder realizar la actividad). En relación con la máxima severidad asociada a alguna de las discapacidades que padecen las personas, para la población con discapacidad no poder realizar la actividad (máxima severidad) es la más frecuente, seguida de la severidad moderada, aunque en las mujeres la más frecuente es la severidad moderada. Para la población dependiente se obtienen proporciones crecientes de menor a mayor severidad en general, hecho que se repite en hombres y mujeres (véanse cuadros 7 y 8).

La proporción de personas que dentro de la población con discapacidad trabaja disminuye al aumentar la máxima severidad registrada, pasando de 41.2 a 15.4 por ciento. Sin embargo, en la población en situación de dependencia el porcentaje máximo se asocia a quienes tienen como máxima severidad la moderada (17.9 por ciento), seguido de la severidad máxima (15.6 por ciento) siendo el último el de la grave (8.2 por ciento).

 

Actividad y tipo de discapacidad

Atendiendo al tipo de discapacidad, son las personas con discapacidades para oír, en primer lugar, y para ver, en segundo lugar, las que presentan mayores tasas de actividad y menores tasas de paro. En este grupo de personas las tasas de actividad superan a las de paro, situándose en torno a 40 por ciento, frente a 20 por ciento de paro.

En todos los demás grupos de discapacidad las tasas de paro son más elevadas que las de actividad (véanse cuadros 9 y 10).

Las personas con discapacidad para cuidar de sí mismas son las que presentan menores tasas de actividad, tan sólo 11.1 por ciento del grupo buscan trabajo o están trabajando, mientras que 89 por ciento permanece inactivo. Les siguen las personas con discapacidad para aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas, de las cuales no alcanzan 15 por ciento las que están en situación activa. Se sitúan en torno a 15 por ciento las tasas de actividad de las personas con discapacidad para comunicarse, realizar tareas del hogar y relacionarse con otras personas, elevándose considerablemente las tasas de paro en estos grupos.

La población dependiente con problemas para ver, desplazarse y oír registra mayores tasas de actividad (16.4, 14.7 y 141 por ciento, respectivamente). Las menores tasas de actividad están asociadas con aquellas personas que padecen discapacidad para comunicarse (6.7 por ciento), relacionarse con otras personas (7.4 por ciento) y aprender (8.2 por ciento).

En relación con las tasas de paro, las menores las registran los colectivos con problemas de visión (15.6 por ciento), cuidado de sí mismo (18.6 por ciento), utilizar brazos y manos (25.9 por ciento), oír (28.5 por ciento) y desplazarse fuera del hogar (29.6 por ciento). Es importante reseñar que la tasa de paro más alta se corresponde con la discapacidad asociada al desplazamiento en general (40.2 por ciento) —véase cuadro 11—.

Nivel de estudios y empleo

Existe una clara correlación entre el nivel de estudios y la situación de empleo de las personas con discapacidad. Cuanto mayor es el nivel de estudios de la persona con discapacidad, mayor es el porcentaje de los que están trabajando y menor el de los inactivos, tal y como se recoge en el cuadro 12.

Así, en la población analfabeta con discapacidad se da un alto porcentaje de inactividad, más de 92 por ciento están inactivas, tan solo trabajan 5.5 por ciento y están paradas 2.2 por ciento. Si la persona posee, al menos, estudios primarios, observamos que el porcentaje de personas trabajando se eleva a 24.8 por ciento, frente a 14.5 por ciento de los que no poseen estudios y se reduce el porcentaje de inactividad a 67.6 por ciento frente a 79.3 por ciento de los que no poseen estudios. La situación más ventajosa la presentan las personas con discapacidad que poseen estudios universitarios, toda vez que el porcentaje de inactivos dentro del grupo, 36.6 por ciento, es inferior al de los que están trabajando, 51.4 por ciento.

Por tanto, los datos revelan la importancia que la formación adquiere para mejorar la situación de empleo de las personas con discapacidad.

Tanto en la población discapacitada como dependiente, al aumentar el nivel de estudios se incrementa significativamente la proporción de personas que trabajan. Entre la población discapacitada pasa de 5.5 por ciento a 51.4 por ciento. La población dependiente tiene un comportamiento similar aunque el aumento es menor, pasando de 2.1 por ciento hasta 32.8 por ciento, debiendo mencionar que tanto la formación profesional como los estudios universitarios tienen prácticamente las mismas tasas de empleo.

 

Modelos econométricos

Una vez descritas de forma general las características de la población con discapacidad y en situación de dependencia respecto al empleo, se plantean modelos de regresión logística binaria para analizar los factores determinantes de la participación en el mercado laboral. Los modelos logit son no lineales, en donde la función logística está acotada entre cero y uno y, por tanto, siempre proporciona valores dentro del intervalo característico de la probabilidad. En la especificación del modelo se define una variable dicotómica, y que es la realmente observada.

Se estiman cuatro modelos diferenciados: dos para la población discapacitada (hombres y mujeres por separado) y otros dos para la población dependiente (también por separado hombres y mujeres), utilizándose como variables explicativas las siguientes:

1. La edad categorizada en tres variables binarias: edad 16 a 24 años (se toma como modalidad de referencia y, por tanto, no aparece), edad 25 a 44 años y edad 45 a 64 años.

2. El nivel de estudios categorizado en seis variables dicotómicas: analfabetos o sin estudios (modalidad de referencia que no aparece en el modelo), estudios primarios o equivalentes, Formación Profesional I (FPI) o equivalentes, bachillerato o equivalentes, Formación Profesional II (FPII) o equivalentes y estudios universitarios o equivalentes.

3. La severidad máxima declarada en alguna de las discapacidades que padece. También se ha categorizado en cuatro variables dicotómicas: severidad máxima sin dificultad alguna (modalidad de referencia que no aparece en el modelo), severidad máxima dificultad moderada, dificultad grave y no puede realizar la actividad.

4. Los tipos de discapacidades. Son diez variables dicotómicas que hacen referencia a las discapacidades: D1 para ver, D2 oír, D3 comunicarse, D4 para aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas, D5 para desplazarse, D6 utilizar brazos y manos, D7 desplazarse fuera del hogar, D8 para cuidar de sí mismo, D9 realizar las tareas del hogar y D10 para relacionarse con otras personas.

5. Número total de discapacidades: suma del número de discapacidades padecidas.

Como medidas de calidad del ajuste realizado en la estimación se analizan el coeficiente pseudo–R2, contrastes sobre la significación individual de los parámetros basados en el estadístico de Wald y tablas de clasificación que comparan los valores observados para la variable dependiente (0 o 1) con los valores predichos por el modelo, en función de las probabilidades ajustadas tal y como detalla, por ejemplo, Maddala (1990). Finalmente, se han realizado los análisis de las curvas COR correspondientes.

La variable dependiente de los cuatro modelos planteados es dicotómica y distingue a aquéllos que participan en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando activamente empleo (7=1) de los inactivos (7=0). En la especificación del modelo se define una variable dicotómica, 7, que es la realmente observada. De esta forma,

La esperanza condicionada de 7a los valores de las variables explicativas o, lo que es lo mismo, la probabilidad de que el individuo esté trabajando o buscando activamente empleo concreto, dadas las características explicativas, es:

donde F es la función logística. Dicha función logística es siempre positiva e inferior a la unidad.

Una explicación más detallada respecto a la especificación, estimación del modelo e interpretación de los parámetros se encuentra en, por ejemplo, Amemiya (1985), Maddala (1990) y Green (1998).

 

Estimación y análisis de resultados

Los resultados de las estimaciones se recogen en los cuadros 13 para discapacidad y 14 para dependencia. Existe un efecto significativo de la edad sobre la probabilidad de participar en dicho mercado. En el caso de la población discapacitada, los varones con edades entre 25 y 44 años tienen mayor probabilidad relativa de participar, frente a la de no participar, que la del grupo de referencia: 16 a 24 años. Igual ocurre con las mujeres de este tramo de edad, aunque con menor intensidad. En hombres y mujeres, esta participación relativa se reduce para los tramos más avanzados de la vida laboral, siendo más intensa esta reducción en la población discapacitada masculina.

Es claro que, dentro del colectivo de discapacitados, podemos diferenciar a los jóvenes, que tienen importantes problemas de inserción laboral que pueden dañar su integración social para toda la vida; de los mayores, muchos de los cuales están discapacitados por razones inherentes a la edad o al tipo de trabajo, y para los cuales la discapacidad ha constituido su salida del mercado de trabajo. Las políticas activas para proteger a ambos colectivos han de diferir significativamente.

Al analizar la población en situación de dependencia, el efecto es diferente. Los hombres con edades de entre 45 y 64 años tienen menor probabilidad relativa de participar frente a no participar que el grupo de referencia (de 16 a 24 años). Sin embargo, los varones de 25 a 44 años tienen mayor probabilidad relativa. El caso de la población dependiente femenina es algo distinto, pues la participación en el mercado de trabajo es superior para el tramo de edades entre 45 y 64 años respecto al tramo de entre 25 y 44 años. Las probabilidades relativas son mucho mayores para la población femenina.

Un efecto esperado era el impacto positivo de la inversión en capital humano sobre la probabilidad de participar. En ambos sexos, la educación incrementa la probabilidad de estar empleado, comparada con la de aquéllos que son analfabetos y sin estudios. Kidd et al. (2000), Gannon y Nolan (2003) y García–Serrano y Malo (2002) encuentran el mismo efecto con datos para países europeos. Concretamente, tanto en los varones como en las mujeres, tener estudios universitarios o equivalentes incrementa la probabilidad relativa de participar frente a la de no participar en más de cinco veces en los hombres con discapacidad y en hasta tres veces en hombres con dependencia. En las mujeres, haber finalizado estudios de FPII o equivalentes incrementa la probabilidad relativa de participar en más de 18 veces en el caso de los discapacitados y en casi cinco veces en el caso de los dependientes. El nivel educativo en el que hay más elementos muestrales es el de estudios primarios y éste incrementa en las mujeres la oportunidad relativa de participar frente a la de no participar en 1.67 veces.

En definitiva, en el caso de la población dependiente la incidencia de este factor es menor que en el caso de la población discapacitada y es mayor el efecto en mujeres que en hombres en los casos de estudios de FP I y II, siendo ligeramente superior en los hombres para el resto de los casos.

Los varones discapacitados o dependientes con dificultad máxima moderada en alguna de las discapacidades para realizar la actividad tienen prácticamente la misma probabilidad de estar parados u ocupados que los que no tienen dificultad alguna. Es ligeramente inferior en el caso de los varones dependientes, donde los porcentajes son 88 y 78 por ciento, respectivamente.

Para las mujeres en situación de dependencia no es significativa la severidad moderada, aunque sí la severidad grave. El aumento en el número de discapacidades apenas altera el riesgo relativo de estar activo en discapacitados y en dependientes. Sin embargo, el tipo de discapacidad declarada sí que condiciona la oportunidad relativa de actividad. Destacan, entre las mujeres, la reducción en la probabilidad de participar laboralmente por discapacidades como la auditiva, la de relacionarse o la de utilizar brazos y manos, pues éstas presentan menores tasas de integración que las que tienen problemas de aprendizaje, que son colectivos con una inserción laboral relativamente más elevada. Las discapacidades para comunicarse, aprender y desplazarse fuera del hogar suponen una reducción en la probabilidad de estar activo. En los varones, la discapacidad que afecta más severamente a la probabilidad de participar es la auditiva. Las discapacidades en las que existe mayor inserción son las de aprender y desplazarse fuera del hogar.

En el caso de las personas dependientes, las mujeres con problemas para comunicarse destacan por tener una menor integración laboral. El resto de tipos de discapacidades tienen mayores probabilidades de integración, tal y como se observa en el cuadro 14. Respecto a los varones, sólo tienen mayor probabilidad de integración aquéllos con problemas auditivos o de aprendizaje.

 

Análisis de las curvas COR correspondientes a los modelos logit de participación en el mercado de trabajo

Para confirmar la bondad de ajuste y la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante los modelos de regresión logística binaria se calculan, para cada uno de los modelos, los gráficos y contrastes asociados a la curva COR, tal y como proponen Hanley y McNeil (1982, 1983, 1984). Se trata de comparar los resultados estimados mediante los modelos logísticos planteados con la participación real en el mercado laboral de los hombres y mujeres con discapacidad y en situación de dependencia.

En la gráfica 1 se representan la sensibilidad (aciertos positivos, es decir, pronosticar que participa en el mercado laboral cuando realmente lo hace) y el complemento a la unidad de la especificidad (1 – especificidad, es decir, los falsos positivos que se producen al pronosticar que participa en el mercado laboral cuando realmente no participa). Cuanto mayor sea el área bajo la curva COR (por tanto, cuando esté más cercana al valor 1) indica un mejor ajuste del modelo y una mayor diferenciación del mismo.

Además de los gráficos se ha realizado un contraste de hipótesis no paramétrico —área bajo la curva y error típico— que confirma que los modelos diferencian o discriminan de manera significativa entre los individuos que participan en el mercado laboral y los que no, así como que su ajuste y capacidad predictiva son buenos.

Como puede apreciarse en el cuadro 15, en todos los casos el área supera 0.7, llegando a superar 0.82 en el modelo para las mujeres en situación de dependencia, lo que garantiza buenos resultados, es decir, resultados fiables en todos los modelos estimados.

 

Conclusiones

Según se desprende del análisis de los datos de la EDDES, el gran problema de la población española con discapacidad y en situación de dependencia frente al empleo es la inactividad. Más de 67 por ciento de las personas con discapacidad en edad laboral no tienen ni buscan empleo, lo que supone un porcentaje muy elevado. En el caso de la población dependiente, este porcentaje es aún mayor, pues asciende a 85.5 por ciento.

Es un hecho que las personas con discapacidad (y, por ende, con dependencia) se encuentran con más dificultades y barreras de todo tipo en su acceso al mundo laboral que el resto de los ciudadanos sin discapacidad. Las mujeres con discapacidad en edad de trabajar se encuentran en peor situación ante el empleo que los hombres y presentan mayores tasas de inactividad.

Las personas con discapacidad que se encuentran más lejos de la actividad laboral son las que acusan limitaciones para cuidar de sí mismas; las que presentan discapacidad para aprender, aplicar conocimientos y desarrollar tareas. En situación similar se encuentran aquéllas que muestran discapacidad para comunicarse, realizar tareas del hogar y relacionarse con otras personas, elevándose considerablemente las tasas de paro en estos grupos.

Existe una clara correlación entre el nivel de estudios y la situación en el empleo, cuestión que parece bastante lógica. Cuanto mayor es el nivel de estudios mayor es el porcentaje de los que están trabajando y menor el de los inactivos. Así, en la población analfabeta con discapacidad aparece un alto porcentaje de inactividad, superior a 92 por ciento. Observamos, asimismo, que en las personas con al menos estudios primarios el porcentaje de las que están trabajando se eleva considerablemente, frente a los índices de las que no poseen estudios. La situación más ventajosa la presentan las que poseen estudios universitarios, ya que es el único grupo en el que las personas activas superan a las inactivas. Los datos revelan en este sentido la importancia que tiene una formación adecuada para conseguir la incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad. En el caso de la población dependiente ocurre lo mismo, aunque el efecto es más leve.

En los cuatro modelos econométricos estimados (uno por sexo, mujeres y hombres, y otro por fenómeno analizado, discapacidad y dependencia) se obtienen resultados fiables, y en ellos resultan significativos los efectos de interacción entre la discapacidad o la dependencia y la edad o el nivel educativo. No puede afirmarse rotundamente que la educación garantice la actividad, sin embargo, lo cierto es que la formación incrementa mucho en las mujeres la probabilidad de participar en el mercado de trabajo español si tienen estudios y, sobre todo, FPII o estudios equivalentes. En los varones se observa el mismo fenómeno, aunque en menor proporción. Por tanto, las estimaciones realizadas con la EDDES aportan evidencia en este sentido, y los resultados están en sintonía con los hallados por Malo (2003) mediante el uso de la información del Phogue y Dávila (2006). En el caso de la población en situación de dependencia se evidencia el mismo efecto, sobre todo en el caso de las mujeres. En este caso no se han podido establecer comparaciones con otros estudios, puesto que, al menos hasta donde los autores conocen, no existen.

Se detectan también diferencias significativas en las probabilidades de estar activo frente a las de estar inactivo según el sexo y la tipología de las discapacidades padecidas, siendo fiel reflejo de la necesidad de poner en marcha de manera efectiva medidas activas dirigidas a colectivos de discapacitados con mayor riesgo de exclusión del mercado laboral en particular, y de exclusión social en general, como es el caso de las mujeres o los jóvenes para los cuales el desempleo puede tener un efecto posterior excluyente.

Tal y como señala Dávila (2006), aunque la mayoría de las personas en edad laboral con alguna discapacidad puede trabajar, hay algunas discapacidades que limitan severamente la incorporación de este colectivo a la actividad económica. El Consejo Económico y Social, en su Informe de 2003 (CES, 2003b) sobre la situación de las personas con discapacidad en España, señala como medidas activas y preventivas aquéllas dirigidas a colectivos de discapacitados con mayor riesgo de exclusión, como los discapacitados intelectuales con trastornos mentales y graves discapacidades físicas o sensoriales.

Por tanto, y como resumen final, puede decirse que aunque discapacidad y dependencia son situaciones con multitud de puntos en común, presentan características propias, que impiden tratarlas como fenómenos con un comportamiento mimético en lo que se refiere a la participación de estas personas en el mercado laboral.

 

Agradecimientos

Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, proyecto SEJ2005–08070/ ECON, cofinanciado con fondos FEDER.

 

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Notas

¹ Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, BOE de 15 de diciembre de 2006.

² Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

 

Información sobre los autores

Irene Albarrán Lozano. Economista y actuaría. Doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora del Departamento de Estadística de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas en la Universidad Carlos III de Madrid, España. Publicaciones recientes: I. Albarrán, P. Alonso, R. F. Giuliodori, O. Andonián, y M. A. Giuliodori, 2007, La atención de las personas dependientes en Argentina, Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba; I. Albarrán y P. Alonso y C. Bolancé, 2008, "La relatividad del concepto de dependiente: efecto de la elección de distintos baremos de valoración europeos sobre la población española" (aceptado), en Revista Española de Salud Pública; I. Albarrán Lozano y P. Alonso González, 2008, "La población dependiente española con derecho a ayudas: valoración y tipologías" (aceptado), Revista Salud i Ciencia (SIIC).

Pablo Alonso González. Economista y actuario. MBA y Doctor en Ciencias Económicas por Universidad Complutense de Madrid. Profesor del Departamento de Estadística, Estructura Económica y O.E.I., de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales en la Universidad de Alcalá, España. Publicaciones recientes: Albarrán, I.; Alonso, P. y Fajardo, M.A., 2007, "Valoración global de la discapacidad. Propuesta de un índice y su aplicación a la población española recogida en la EDDES", en Estudios de Economía Aplicada, 25 (2); Albarrán, I., Alonso, P. y Bolancé, C., 2006, "La población dependiente española según la EDDES: Análisis y clasificación", en Anales del Instituto de Actuarios Españoles, 12.