Introducción

En Centroamérica ya hay estudios que permiten ligar la problemática de la violencia con la de la exclusión social. Por un lado, hay un buen cuerpo de bibliografía sobre el fenómeno de las pandillas juveniles, conocidas como maras en países como El Salvador, Guatemala y Honduras (^{Cruz y Portillo, 1998}; ^{ERIC/IDESO, 2001}; ^{Fundación Arias, 2006}; ^{USAID, 2006}; ^{WOLA, 2006}; ^{Savenije, 2012}). Estos análisis han enfatizado las consecuencias de los conflictos bélicos y los desplazamientos forzosos que caracterizaron a la región, en términos de erosión de vínculos básicos del individuo con la sociedad favoreciendo así la emergencia de las pandillas como sustituto de esas relaciones, especialmente, para los jóvenes. Pero este tipo de interpretación permite también plantear que la ausencia o debilidad estatal para garantizar dinámicas de inclusión social, que refuerzan esos vínculos primarios, contribuye al surgimiento y desarrollo de este fenómeno. En este sentido, el retiro del Estado crea un vacío de poder que es aprovechado por otros actores, en este caso las pandillas juveniles, para controlar territorios y monopolizar el uso de la fuerza. Por otro lado, hay estudios que articulan la inserción laboral deficiente de los jóvenes y su exposición al fenómeno del consumismo global y cómo las acciones delictivas se convierten en un medio legítimo para estos jóvenes para alcanzar tal consumismo. La figura del trasgresor globalizado, propuesta por ^{Calderón Umaña (2010)} en el caso costarricense, es muy pertinente al respecto y muestra cómo fallos en los mercados básicos, en este caso el laboral, generan exclusión primaria induciendo conductas delictivas.

El presente artículo quiere reflexionar sobre un tercer nexo sobre exclusión social y violencia y que tiene como ámbito la esfera de lo doméstico. Las reflexiones provienen de una investigación en curso que compara comunidades urbanas en Costa Rica y en El Salvador.¹ A partir de los datos provenientes de una encuesta de hogares aplicada en las comunidades investigadas, se quiere mostrar cómo la exclusión social tiene una proyección en el ámbito de lo doméstico que encuentra su traducción en términos de violencia, no sólo entre los miembros del hogar sino que también se externa hacia la comunidad.

Este texto se estructura en cuatro apartados. En el primero se formulan algunas precisiones analíticas de cómo se entienden los fenómenos de la violencia y la exclusión social. En el siguiente acápite se caracterizan los universos de estudio en términos de estos dos fenómenos. En el tercer apartado se exploran los nexos entre exclusión social y violencia. Se concluye con un conjunto de reflexiones sobre los significados analíticos que sugieren los principales hallazgos empíricos y además, se incluye un anexo metodológico.

Violencia y exclusión social: algunas precisiones analíticas

Al igual que la mayoría de conceptos en Ciencias Sociales, el de violencia sufre de polisemia, al punto de que ha llegado a designar múltiples hechos: desde el intercambio agresivo de palabras, hasta el homicidio culposo, pasando por el cheque sin fondos. Eso lo convierte en un término vago, abierto a todos los abusos lingüísticos que poco a poco lo han despojado de su sentido original: el uso de la fuerza (^{Chesnais, 1981}). En este sentido, la aplicación del término a una gran variedad de fenómenos opresivos, acaba por transformarlo en una constante que impide captar su especificidad y - por tanto- erosiona su valor heurístico (^{Giddens, 1997}).²

En virtud de lo anterior, en el presente trabajo se define la violencia a partir de su manifestación palpable: el ejercicio de la fuerza que causa daño a otros para alcanzar deseos personales (^{Keane, 1996}). Pero ello no significa reducirla únicamente a esta dimensión pues se necesita desentrañar el carácter social del fenómeno, ya que adjetivar el ejercicio de la fuerza en términos de violencia siempre va a requerir interpretación y, por ende, marcos de significación cultural que están social e históricamente condicionados. Desde esta perspectiva, el fenómeno contiene tres dimensiones: la manifiesta y visible, la sociocultural y la estructural. La primera se refiere a comportamientos humanos, físicos pero también verbales, significados como violentos por sus efectos materiales (daños) y humanos (muerte y lesión, por ejemplo). La segunda, dice de las actitudes, suposiciones, cogniciones, emociones, representaciones, ideologías, interpretaciones y símbolos que la justifican o no. Y la tercera habla de los conflictos y contradicciones cimentados y solidificadas por estructuras sociales y sistemas culturales significados o no como violentos (^{Hernández, 2008}).

De las múltiples formas que puede adquirir el fenómeno de la violencia interesan dos, ya que suelen predominar en el tipo de universos de estudio que se han abordado: la social y la ganancial. Ambas son instrumentales en tanto que pretenden un fin que no está disponible por otras vías, pero se diferencian por la meta perseguida. El primer tipo se ejerce para conseguir, mantener o aumentar la estima, el honor y el prestigio; en último término, evitar la privación de estatus que genera la exclusión (^{Sánchez, 1995}; ^{Bourgois, 1995}; ^{Calderón, 2010}). El segundo tipo se origina en un interés utilitario por acceder, mantener o aumentar el placer y la ganancia material que promueve la cultura dominante, utilizando para ello la violencia a falta de acceso a los mecanismos institucionales para su realización (^{Zinecker, 2009}; ^{Calderón, 2010}).

El primer tipo de violencia, la social, incluye -al menos- tres manifestaciones. La primera es la violencia contra mujeres, niños y jóvenes en el ámbito doméstico. La realizan predominante, pero no exclusivamente, hombres adultos a fin de mantener su condición de poder al interior de la familia, ya que su rol de proveedor -base de la estructura patriarcal- se ve cuestionado ante las dificultades que enfrenta para generar un ingreso que logre solventar las necesidades familiares, debido a las nuevas dinámicas de exclusión social. Esta forma de violencia es el inicio de un círculo de otras formas de agresión ejercidas en el hogar por y entre sus miembros. La segunda manifestación es la violencia juvenil que, en lo fundamental, es practicada por jóvenes contra otros jóvenes, a fin de lograr reconocimiento y aceptación. Es la forma que encuentran, ante la falta de oportunidades institucionales para un mejor futuro, de ligarse socialmente, de construir una identidad y en último término, de expresarse (^{CEPAL, 2008}). O sea, es la forma de ser joven en los barrios marginales (^{León, 2008}). La tercera manifestación de violencia social es la que acaece entre vecinos por razones ligadas a las afrentas al honor y al hacinamiento físico; ambos factores están ligados a la exclusión social que experimentan los pobladores de este tipo de comunidades.

Por su parte, la violencia ganancial incluye dos manifestaciones. Por un lado, está la delincuencia común referida a los actos derivados de la comisión de delitos de naturaleza económica. La constituye, principalmente, ataques al patrimonio como el robo con fuerza sobre las cosas, el robo con violencia sobre personas y los asaltos a locales comerciales. La realizan predominantemente jóvenes socialmente excluidos, que persiguen expectativas de bienestar material y social -promovidas por la cultura- que no logran concretar con los medios a su disposición (^{Calderón, 2010}; ^{Castro, 2010}). Por otro lado se encuentra el crimen organizado. En este caso se trata de violencia ejercida por grupos (tres o más personas) conformados explícitamente para cometer actos ilícitos a fin de obtener una ganancia (^{UNODC, 2000}). Algunas de sus expresiones son la trata de personas, la explotación sexual con fines comerciales, el tráfico de drogas ilícitas y el robo de vehículos.

La segunda problemática sobre la que queremos hacer algunas precisiones analíticas es la de la exclusión social.

El punto de partida son los mercados básicos que son los ámbitos mercantiles donde se intercambian los recursos productivos fundamentales. Nos referimos a mercados como el laboral, el de capitales o el de seguros, el de la tierra e incluso el del conocimiento. Son los mercados que tienen que ver con las famosas mercancía ficticias de ^{Polanyi (1992)} y es donde se puede generar la exclusión (^{Figueroa, 2000}) ya que lo que está en juego son las condiciones de producción del excedente. Es decir, los mercados básicos son aquellos donde se definen las condiciones de generación y apropiación de excedente en una sociedad capitalista.

Es a partir de la propuesta de ^{Tilly (1999)} que se aborda la problemática del excedente enfatizando los dos mecanismos básicos de su generación y apropiación: la explotación y el acaparamiento de oportunidades. La existencia de estos dos mecanismos diferenciados implica que se deba hablar de dos campos de desigualdades de excedente. El primero estaría referido a las condiciones de explotación de la fuerza de trabajo asalariada y se concreta en el mercado de trabajo. El segundo campo remite a las condiciones de acaparamiento de oportunidades de acumulación y se materializa en los otros mercados básicos (de tierra, capital, seguros, etc.). En la comprensión de cada uno de ellos se encuentran conceptos claves de la sociología clásica: el de explotación del trabajo por el capital en ^{Marx (1975)} y el de cierre o clausura en ^{Weber (1984)}. Y ambos conceptos implican que esos campos deben ser entendidos como campos de poder donde lo que se disputa es el excedente, sea como condiciones de trabajo o de acaparamiento de oportunidades de acumulación. Por lo tanto, se postula una comprensión de los mercados, en este caso los básicos, como estructura de poder (^{Giddens, 1989}).

En tanto que los mercados básicos son campos de desigualdades de excedente, en ellos acaecen procesos de (des) empoderamiento que pueden alcanzar manifestaciones extremas. En el caso de desempoderamiento -que es el que nos interesa- éste se expresa, en el campo de condiciones de explotación, en el trabajo sin ningún tipo de estatuto de garantías no mercantiles.³ Tampoco hay que olvidar el fenómeno del desempleo que implica que la capacidad laboral no es reconocida en el mercado de trabajo. En cuanto al campo de acaparamiento de oportunidades de acumulación, la situación de no acceso al recurso clave en ese momento, es otra expresión de desempoderamiento. En el mismo sentido, el trabajo no remunerado presente en este tipo de actividades sin posibilidades de acumulación, sería una cuarta expresión de este fenómeno. Por consiguiente, cuando los asalariados no pueden hacer valer derechos laborales mínimos o se encuentran en situación de desocupación, o cuando los pequeños propietarios se ven excluidos de las oportunidades de acumulación condenados a la mera subsistencia y la fuerza de trabajo que utilizan no es remunerada, hay desempoderamiento extremo en los mercados básicos. Aquí radica la causa que da lugar a una exclusión primaria. Esos trabajadores y pequeños propietarios no se benefician de la pertenencia social que conlleva el empleo o la capacidad de acumular que son mecanismos básicos de participación en la sociedad.

Corolario importante de ello es que la exclusión social, en su manifestación primaria, es sinónimo de desigualdad extrema. Es decir, desigualdad y exclusión social, desde nuestras premisas analíticas, no son variables independientes. La segunda es una manifestación extrema de la primera.

Pero esta exclusión primaria puede ser neutralizada y esto nos lleva a tomar en cuenta el segundo momento en el proceso de generación de exclusión: el acceso o no a la ciudadanía social. Aquí se incorpora la dimensión del Estado a la propuesta analítica.

El autor insoslayable de referencia es ^{Marshall (1998)} con dos ideas claves. La primera es la de la ciudadanía como arquitecta de la legitimación de las desigualdades de los mercados básicos ya que permite procesos de individuación que relativizan las asimetrías de clase en esos mercados. Se trata de lo que ^{Beck y Beck (2003)} han denominado la individuación de la segunda modernidad; o, en términos de los soportes de los individuos postulado por ^{Castel (2010)}, durante esta segunda modernidad la ciudadanía social ha actuado como una suerte de propiedad social. Y la segunda idea del autor británico tiene que ver con los contenidos de la ciudadanía social que abarca desde un mínimo de bienestar económico a compartir el modo de vida imperante en la respectiva sociedad.

Pero, esa capacidad de neutralizar la exclusión primaria generada en los mercados básicos por la ciudadanía social, no es ilimitada y -por tanto- no está garantizada. Por un lado, los fundamentos y la viabilidad del contrato social radican en los propios procesos de generación y apropiación de excedente. Es decir, la legitimación de las desigualdades siempre tiene ciertos límites y, al respecto, ^{Barbalet (1988)} ha sido enfático al señalar que los límites históricos de la ciudadanía social están dados por la naturaleza de clase de las sociedades capitalistas. Y por otro lado, hay que señalar que las políticas sociales básicas, las que constituyen los pilares de la ciudadanía social, conllevan una separación analíticamente importante: la distinción entre ciudadanos y poblaciones. Los primeros quedan en el dominio de la teoría, las segundas pasan a ser el objetivo de las políticas. Es decir, las políticas sociales tiende a heterogeneizar a la población, con tratamientos diferenciados, cuestionando así la igualación de la ciudadanía (^{Chatterjee, 2008}).

Por consiguiente, la exclusión primaria generada por procesos de desempoderamiento extremos en los mercados básicos puede ser neutralizada por los efectos niveladores de la ciudadanía social. Pero, si no se tiene acceso a este tipo de ciudadanía, la exclusión primaria se consolida como exclusión social. Es decir, se está ante el peor de los mundos posibles: se padecen los "fallos" de los mercados básicos y se sufre el abandono estatal (^{Pérez y Mora, 2007}; ^{Pérez, 2012}). Esta es la concepción que se postula sobre este fenómeno.

Es justamente a partir de esta concepción que vamos a abordar los universos de estudio en el siguiente apartado.

Las comunidades: una visión desde la exclusión social y la violencia

Las comunidades seleccionadas como universos de estudio de la presente investigación son nueve. Tres de ellas se localizan en Costa Rica: Concepción Arriba en Alajuelita, cantón del área metropolitana; Pacuare, comunidad del distrito central de la ciudad caribeña de Limón; y un conjunto de comunidades del sector urbano de Cariari en el cantón de Pococí ubicado en la región atlántica. Las restantes se encuentran en El Salvador. Tres de ellas (Las Margaritas, San Rafael y Tanque/Palmeras) se ubican en Santa Tecla, municipio del área metropolitana, mientras las otras tres (San Genaro, El Progreso I y Villa Lilian) en Sonsonate. O sea, se trata de comunidades urbanas, con rasgos claros de marginalidad, localizadas tanto en áreas metropolitanas como en ciudades intermedias de ambos países

Concepción Arriba surge de proyectos de vivienda de interés social impulsados por el gobierno costarricense a fines de la década de 1980 para acoger migrantes rurales. El tejido social es débil y son las organizaciones religiosas las que tiene mayor incidencia en la dinámica comunitaria. Pacuare, se constituye a partir de procesos de lotificación y urbanización impulsado por instituciones públicas y se puebla con habitantes de distintos lugares de la ciudad de Limón. Hay cierta organización comunitaria que ha hecho intentos de mejora de la infraestructura pero hay poca participación vecinal. Y Cariari, originariamente era un asentamiento campesino que se fue urbanizando atrayendo migrantes de distintas parte del país. En este universo se cuenta con la presencia de la organización "Territorios Seguros" que es una de las experiencias más interesantes, dentro de Costa Rica, para enfrentar la violencia.⁴

Las tres comunidades (Las Margaritas, San Rafael y el Tanque/Palmeras), ubicadas en Santa Tecla (El Salvador), comparten el ser asentamientos urbanos de carácter espontáneo localizadas en zonas de vulnerabilidad ambiental. Tienen organizaciones comunitarias importantes que luchan por el acceso a servicios básicos y por la legalización de la propiedad del suelo. Como toda comunidad marginal de Santa Tecla, hay presencia de pandillas pertenecientes a la mara Salvatrucha, una de las dos grandes maras del país, que es la que controla esa localidad. Este predominio supone que las pandillas, ante la ausencia estatal, actúan como auténtica autoridad en estos territorios influyendo -de manera sustantiva- en las dinámicas comunitarias. Por su parte, San Genaro es un asentamiento urbano, localizado en Sonsonate, con 50 años de existencia resultado de un proceso de lotificación. Hay una organización comunitaria que administra la provisión de agua pero el tejido social es débil. El Progreso I es un asentamiento precario de carácter espontáneo resultado de la ocupación de espacios urbanos en desuso. Los niveles organizativos son bajos y tiene un tejido social muy débil. Finalmente, el tercer universo localizado en Sonsonate es Villa Lilian que es una comunidad resultado tanto de lotificaciones como de asentamientos informales. Presenta un tejido social sólido que le ha permitido desarrollar distintos tipos de proyectos comunitarios. No obstante, esta colonia es territorio en disputa entre lamara Salvatrucha y la Barrio 18.⁵

Las características socio-demográficas de los dos conjuntos de comunidades, agregadas nacionalmente, se muestran en el Cuadro 1.

Como se ha señalado, vamos a abordar la incidencia de la exclusión social en estos dos conjuntos de comunidades.

La exclusión primaria se capta a través de una escala laboral.⁶ Ésta aglutina varios tipos de situaciones ocupacionales. La primera es la de precarización salarial que se aborda en términos de los estándares laborales vigentes. Precarización extrema que supone que la persona tiene una ocupación asalariada donde no se cumple normativa laboral alguna, refleja una situación de desempoderamiento extremo y, por tanto, de exclusión primaria. Lo mismo acaece con el desempleo que es una segunda situación contemplada. La tercera remite a ocupaciones no asalariadas que se valoran en términos de una escala de acumulación. Cuando en este tipo de ocupación no hay posibilidad alguna de acumulación y la actividad desarrollada se ve entrampada en las necesidades de supervivencia del respectivo hogar, se está también ante una situación de exclusión primaria. La última situación ocupacional considerada, en términos de exclusión primaria, es la del trabajo no remunerado.

Pero, como la unidad de análisis es el hogar, también se han tomado en cuenta aquellos casos donde ningún miembro está ocupado o que está desempleado; o sea, los hogares sin población económicamente activa. En estos casos se han aplicado criterios referidos a la calidad de la fuente de ingresos no laborales que tiene ese tipo de hogar para reproducirse.

De lado de la ciudadanía social que puede neutralizar la exclusión primaria, se han elaborado dos escalas que reflejan las dos formas históricas de este tipo de ciudadanía que se han desarrollado en América Latina. Por un lado, está la cobertura de seguridad social que se expresa en una escala de cobertura del seguro social y que refleja cuántos miembros del hogar se benefician, directa o indirectamente, de este sistema. Por otro lado, se ha elaborado una escala de credenciales educativas que expresaría la opción (neo)liberal de ciudadanía social que apuesta por el denominado "capital humano".

Estas tres escalas (la laboral y las dos referidas a la ciudadanía social) si bien son construidas a nivel de personas se agregan en términos del hogar de pertenencia y se han homologado con un rango de valores de 0 a 10. Así, el valor mínimo refleja una situación, para cada escala, de exclusión máxima del respectivo hogar: hay sólo desempleados de larga data (más de un año de desocupación) y/o trabajadores no remunerados; todos los miembros del hogar no tienen escolaridad alguna; y nadie está cubierto por la seguridad social. Por el contrario, el valor máximo refleja inclusión máxima: los miembros del hogar insertos en el mercado laboral son asalariados que gozan de todos los estándares laborales vigentes y/o son empresarios medianos o grandes; todos tiene educación superior; y la totalidad del hogar está cubierta por el seguro social.

A partir de estas escalas, los hogares de las comunidades de cada país se han agrupado en conglomerados.⁷ Los promedios de cada conglomerado, en términos de estas escalas, así como su peso se expresan en el Cuadro 2.⁸

Fuente: Encuesta FLACSO/IDRC, 2013.

Cuadro 2 Conglomerados de hogares según conjunto de comunidades (promedios) 

Estos conglomerados se han plasmado en mapas sociales enmarcados en un sistema de coordenadas donde el eje de ordenadas corresponde a la escala de inserción laboral y el de abscisas a un promedio simple de las otras dos escalas. El primero de ellos reflejaría las dinámicas de inclusión/exclusión generadas por el mercado mientras el segundo mostraría el mismo tipo de dinámicas pero gestadas desde el Estado a través de la cobertura de la ciudadanía social. La Gráfica 1 y la Gráfica 2 plasman los mapas sociales de los dos conjuntos de comunidades.

Tanto de los mapas, que nos ofrecen una visión más inmediata, como del cuadro podemos identificar similitudes y diferencias entre estos dos conjuntos de comunidades.

Fuente: elaboración de los autores.

Gráfica 1 Comunidades costarricenses 

Fuente: elaboración de los autores.

Gráfica 2 Comunidades salvadoreñas  

Hay dos similitudes. La primera y tal como se muestra en los mapas, estos dos conjuntos de comunidades se caracterizan por la dualización social ya que hay dos conglomerados de hogares con probabilidades distintas de exclusión/inclusión social.⁹ La segunda similitud remite a los promedios de la escala de credenciales educativos que no difieren mayormente entre los dos conjuntos de comunidades: 3.03 para las costarricenses y 2.92 para las salvadoreñas. Detrás de ello se encontraría una doble dinámica: por un lado, el creciente deterioro de la educación pública en Costa Rica; y, por otro lado, la apuesta por el "capital humano" llevada a cabo por cuatro gobiernos de ARENA en El Salvador de clara orientación neoliberal.

En cuanto a las diferencias, éstas son múltiples. La primera tiene que ver con el peso del conglomerado con mayor probabilidad de exclusión social: mientras en los casos salvadoreños se encontraría casi dos tercios de los hogares, en los costarricenses sería de un poco más de la mitad. Como era de esperar, hay mayor incidencia de exclusión social en los universos salvadoreños. En segundo lugar, como se puede apreciar de los mapas sociales, el conglomerado de inclusión social en las comunidades costarricenses se ubica en la parte superior del mapa insinuando una inclusión sólida. Por el contrario, en el caso de las comunidades salvadoreñas, esa ubicación sería más bien en una zona intermedia que insinuaría que la inclusión es frágil. Diferencias en la escala de cobertura del seguro social y, especialmente, en la laboral explicarían ese contraste. Y en tercer lugar, como se puede apreciar también en los mapas, el conglomerado de exclusión en las comunidades salvadoreña se ubica en una zona clara de exclusión, cercano al origen de coordenadas. Por el contrario, en las comunidades costarricenses se desplaza hacia la derecha. Esta diferencia se explicaría, fundamentalmente, por la incidencia de la seguridad social. Así, el valor de la escala para este conglomerado es de 5.56 en los casos costarricenses mostrando que el viejo Estado benefactor mantiene aún inercia y relativiza la exclusión primaria de los mercados básicos. Por el contrario, ese valor es de apenas 0.24 en las comunidades salvadoreñas mostrando la ausencia de este componente de la ciudadanía social.

La otra dimensión a tomar en cuenta respecto a estos dos conjuntos de comunidades tiene que ver con las manifestaciones de violencia en estos universos. Se han tomado en cuenta cinco formas que se reflejan en el Cuadro 3.¹⁰

La encuesta también recabó información sobre distintos aspectos de la violencia criminal contra personas que merecen ser explicitadas.¹¹ Así, amenazas que causan temor y asaltos con violencia son los eventos que tienen mayor incidencia. No obstante, no hay que despreciar la extorsión en el caso de algunas de las comunidades salvadoreñas insinuando justamente la presencia de pandillas juveniles. La casa y los espacios comunitarios parecen ser los lugares de ocurrencia de amenazas que causan temor. Por el contrario, los asaltos con violencia suelen acaecer más fuera de la comunidad. No hay perfiles claros de agresores referidos a los tipos de delitos pero en las comunidades salvadoreñas las amenazas son proferidas por personas de la misma comunidad. En todas las comunidades y para los distintos tipos de delitos, en la mayoría de los casos no se denunció el hecho. La excepción es el caso de las amenazas que causan temor en Cariari que sí se denunciaron en su mayoría y al respecto se puede pensar, como hipótesis, que se estaría ante un resultado de la iniciativa, ya mencionada, de "Territorios Seguros". En las comunidades salvadoreñas sobresalen, como razones para no denunciar, la desconfianza hacia la autoridad y, sobre todo, el miedo hacia la persona que cometió la agresión que resulta consistente con lo mencionado sobre el perfil del agresor en esas comunidades. En este sentido, las maras se insinúan en el trasfondo de la explicación. Finalmente, en las comunidades costarricenses el perfil predominante de víctima es la de una mujer adulta con relativa poca escolaridad mientras que en la mayoría de las salvadoreñas no se muestran diferencias de género significativas y el perfil apunta hacia personas adultas con distintos grados de educación.

Los resultados de este cuadro insinúan, en primer lugar, que las modalidades de violencia que tienen mayor incidencia son las que acaecen al interior del hogar, con la excepción de la que se ejerce contra personas mayores.¹² La violencia contra menores de edad es mayor en las comunidades salvadoreñas pero entre adultos no hay diferencias entre los dos conjuntos de universos. Estos resultados estarían sugiriendo que lo doméstico se configura como ámbito de violencia y que no es pertinente establecer una dicotomía entre la casa como refugio y los espacios públicos de la comunidad como ámbito de expresión de violencia.

El otro resultado interesante que arrojan estos datos es que, sorpresivamente, los niveles de incidencia de las modalidades no domésticas de violencia son mayores en las comunidades costarricenses que en las salvadoreñas. Al respecto se pueden avanzar algunas explicaciones de naturaleza hipotética.

En términos de violencia contra el patrimonio, se podría pensar que la mayor incidencia en el caso de las comunidades costarricenses podría estar asociada a la posesión de patrimonios mayores que en los casos salvadoreños. En efecto, hemos visto como las dinámicas de inclusión social en los universos costarricenses serían más sólidas. Respecto a las comunidades salvadoreñas, el análisis cualitativo ha sugerido dos posibles explicaciones sobre el reporte de menores niveles de violencia que en las comunidades costarricenses. La primera tiene que ver con la presencia de las maras en los universos salvadoreños de estudio, ya que mantienen el control de la violencia criminal no sólo hacia adentro, puesto que sólo las pandillas pueden ejercer extorsiones sobre personas y negocios, sino que también protegen a la respectiva comunidad de violencia extracomunitaria.¹³ La segunda explicación remite al discurso de los pobladores de estas comunidades que buscan neutralizar su estigmatización territorial. Este es un fenómeno que incide en sus relaciones sociales fuera de la comunidad, especialmente en la búsqueda y obtención de trabajo ya que su origen comunitario, por la presencia de maras, los estigmatiza haciéndolos más vulnerables. De ahí, que intenten proyectar una imagen lo menos violenta posible de su respectiva comunidad.

Señalemos también, ya que no aparece reportado en este cuadro que, sorpresivamente, un décimo de los hogares de la totalidad de las nueve comunidades reconoció que algún miembro había cometido algún acto de violencia, verbal o física, contra otras personas de la respectiva comunidad. El reconocimiento es mayor en los casos costarricenses, especialmente en Cariari (19.4 por ciento de los hogares) donde 42.6 por ciento de los casos que asintieron reconocen que se profirieron amenazas por alguno de los miembros de la familia contra otros residentes de la comunidad. Este porcentaje se eleva en algunas de las comunidades salvadoreñas: San Genaro (46.2 por ciento), Las Margaritas (50 por ciento) y San Rafael (60 por ciento). Menor reconocimiento tienen los actos de agresión que sólo resultan significativos en El Progreso I (27.3 por ciento) y Pacuare (21.7 por ciento). Y en esta última comunidad, un décimo de los hogares reconoce que alguno de sus miembros ha infligido daños a la propiedad de otros residentes. Pero, a partir de la información recabada de la encuesta, no se puede determinar si el miembro de ese hogar ha sido el causante del conflicto o si su acción es respuesta defensiva a una agresión previa de otro/a vecino/a. Justamente, en la fase cualitativa que ha seguido a la encuesta, se ha podido constatar que el binomio victimario/víctima es ambiguo en este tipo de violencia ya que los roles se invierten fácilmente. De ahí que hablaremos de conflictos intervecinales.

Lo doméstico como ámbito de encuentro entre exclusión social y violencia

Como se ha podido apreciar previamente, son dos modalidades de violencia doméstica, contra menores de edad y entre adultos, las que han mostrado más incidencia. Es justamente en relación a ellas que se van a explorar posibles vínculos entre exclusión social y violencia. Para ello recurriremos a sendos análisis multivariados.

El Cuadro 4 explicita distintos factores que explicarían la probabilidad de que haya actos de violencia física contra menores de edad. Se trata de un modelo logístico binario donde la variable dependiente diferencia hogares donde se ha dado este tipo de violencia de los que no.¹⁴ Como variables independientes se han considerado características socio-demográficas del hogar (relación de dependencia demográfica, jefatura femenina y edad de la persona que encabeza el hogar) y las tres escalas de exclusión/inclusión además de la existencia o no de algún miembro masculino del hogar en situación de desempleo. Además se diferencian los dos conjuntos de comunidades.

Fuente: Encuesta FLACSO/IDRC, 2013.

Cuadro 4 Modelo logístico de probabilidad de violencia física contra menores de edad a partir de predictores seleccionados 

De este agregado de variables, tres parecen tener valor de predicción. Como ya mostró el análisis bivariado, la incidencia de violencia física contra menores de edad es mayor en las comunidades salvadoreñas. También esa probabilidad aumenta en los hogares cuya jefatura corresponde a persona jóvenes; o sea, parecería que en familias recientemente constituidas hay mayores probabilidades de desarrollo de este tipo de violencia. Y cuanto menor las credenciales educativas del hogar, mayor las posibilidades de violencia contra menores de edad. Este último resultado es susceptible de una doble interpretación no mutuamente excluyente. Por un lado, expresaría exclusión en términos de ciudadanía social pero, por otro lado, reflejaría que hogares donde el entorno educativo es limitado se propicia más este tipo de violencia.

Un modelo de características similares se ha aplicado para los casos de violencia entre adultos. Pero se han agregado tres variables: una tasa de feminización que intenta captar violencia contra mujeres; si en el hogar ha habido o no alguna persona involucrada en conflictos intervecinales; y el ejercicio de violencia contra menores del mismo hogar (o sea, la variable dependiente del modelo previo). Los resultados se muestran en el Cuadro 5.

Fuente: Encuesta FLACSO/IDRC, 2013.

Cuadro 5 Modelo logístico de probabilidad de violencia entre adultos a partir de predictores seleccionados 

Diversas son las variables que resultan significativas. Del lado del hogar, se muestra que los hogares con una relación de dependencia más favorable tienen mayor probabilidad de tener este tipo de violencia. Esto era de esperar ya que predominan los adultos sobre los mayores y/o menores. En este modelo, no es la escala de credenciales educativa sino la de cobertura de seguridad social la que resulta significativa. Estamos ante situaciones de abandono del Estado ante riesgos de enfermedad y de vejez. Pero, probablemente, la expresión de exclusión social más nítida es la del desempleo masculino, variable que también resulta significativa. Y, las dos variables que remiten a otros tipos de violencia, tanto al interior del hogar contra los menores como hacia afuera contra otros miembros de la comunidad, resultan altamente significativas y, por tanto, con alta capacidad de predicción.

Estos últimos resultados, junto a la incidencia de la exclusión social, sugieren una explicación interesante de carácter hipotético. Así, hay ciertos hogares que resienten la exclusión social como desempoderamiento extremo, especialmente cuando algún miembro masculino se encuentra en situación de desempleo. Se puede pensar en el proveedor, o sea el jefe de familia, dado que prevalecerían hogares jóvenes donde otros miembros del hogar no se han insertado aún al mercado laboral. La base de la autoridad de la jefatura, sustentada justamente en la provisión de ingresos, se ve erosionada. La frustración se expresaría en un clima de violencia al interior del hogar no sólo entre adultos sino también contra menores que funcionarían como amortiguadores, en primera instancia, de la violencia entre adultos. Pero este clima de violencia se puede proyectar hacia afuera del hogar. Es decir, se insinúa una dinámica perversa donde se articulan distintos tipos de violencia: la doméstica e intervecinal propiciada en un contexto de exclusión social.

Aquí tenemos una nueva articulación entre exclusión social, y diversos tipos de violencia que se vinculan y materializan en la esfera doméstica.

Conclusiones

Se ha planteado de manera recurrente que uno de los factores que explicaría el auge de la violencia en América Latina, y particularmente en Centroamérica, tiene que ver con la persistencia de condiciones sociales adversas que siguen afectando a buena parte de los sectores subalternos de nuestras sociedades. La asociación entre violencia y pobreza, que establece la bibliografía dominante, no es clara y esto se debe a que este último término remite a un concepto no relacional de las carencias materiales de la población. O sea, los pobres (y los no pobres) se definen respecto a estándares fijados por expertos por lo que en el concepto de pobreza no hay referencia alguna al conflicto y al poder. Todo lo contrario de cómo se aborda el fenómeno de la violencia y, por tanto, difícilmente estos términos se pueden asociar. Distinto es el caso con el fenómeno de la desigualdad ya que se fundamenta en relaciones de poder. No obstante, el tipo de desigualdad privilegiado en el análisis dominante, el de los ingresos, remite a una desigualdad de resultado y eso limita su capacidad explicativa. En este sentido, el enfoque de exclusión social desarrollado en este trabajo reubica el análisis en los mercados básicos (laboral, de capitales, tierra, etc.), donde la casi totalidad de los ingresos se generan, mostrando que hay procesos de desempoderamiento extremo que generan una exclusión primaria. Exclusión que puede ser neutralizada por el Estado a través del acceso a la ciudadanía social pero si ésta no es accesible se está en el peor de los mundos posibles: los mercados "fallan" y el Estado abandona.

Estudios previos, realizados sobre Centroamérica, han establecido óal menosó dos nexos entre exclusión social y violencia. El primero puede ser interpretado en términos de abandono del Estado y remite a ciertas territorialidades urbanas marginales controladas por pandillas juveniles que se erigen en nueva autoridad. Además hay que tomar en cuenta que, ante la falta de oportunidades reales, algunos de estos jóvenes optan por una vía de "autoexclusión". Un segundo nexo tiene que ver también con jóvenes pero en el contexto de ocupaciones precarias confrontadas a las presiones del consumismo global. La inadecuación de estas ocupaciones para generar los ingresos suficientes que requiere el acceso a ese consumismo, lleva a la trasgresión en procura de otros tipos de ingresos de origen delictivo. Se genera así un estilo de vida donde las barreras de lo legal o lo ilegal devienen borrosas.

El presente estudio ha identificado lo que parece ser un tercer nexo, y no será el último, entre estos fenómenos de la exclusión social y la violencia. Su ámbito de materialización es la esfera doméstica que suele estar mitificada como espacio de seguridad ante la inseguridad externa en los espacios públicos de la respectiva comunidad. Se ha detectado que, en algunos hogares marcados por la exclusión social, ésta se vive como desempoderamiento extremo. El desempleo masculino, y especialmente del proveedor, suele ser el vector que la proyecta al interior del hogar. Ésta se expresa no sólo en violencia entre adultos sino también en violencia contra menores que absorben gran parte de la violencia doméstica. Pero aún hay más: este clima de violencia puede proyectarse hacia afuera del hogar contra otros miembros de la comunidad. Es decir, se genera una trama compleja de distintos tipos de violencia a partir del desempoderamiento extremo, que genera la sociedad a través de la exclusión social. De ahí, y como se ha insistido en numerosas ocasiones, la reducción de la violencia requiere, entre otras intervenciones, de contextos sociales que propicien la inclusión social y no reproduzcan e incluso profundicen la exclusión social.