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Introducción
La población de origen mexicana es la más grande en los Estados Unidos. En 2021, los mexicanos seguían siendo el grupo más grande de inmigrantes en el vecino país del norte, representando alrededor de 24 por ciento equivalente a 10.7 millones de personas de los 45.3 millones de residentes nacidos en el extranjero.1 Dos años antes Migration Policy Institute (2021) estimó que aproximadamente 5.3 millones (48 por ciento) de los 11 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos eran de México (Rosenbloom y Batalova, 2022). Los mexicanos constituyen, por mucho, la mayor parte de la población hispana inmigrante indocumentada, se estima que, de aproximadamente 21,036,500 inmigrantes de origen hispano, 7,410,000 son indocumentados, los mexicanos constituyen 63.6 por ciento. Asimismo, se ha documentado que más de la mitad de la población hispana indocumentada reside en estados como: California, Texas, Florida, Nueva York e Illinois (Millet y Paviolon, 2022). En Nueva York, los mexicanos representan la tercera población más grande de las minorías, apenas detrás de los puertorriqueños y dominicanos, con una población aproximada a los 457,288 habitantes. Para el caso de inmigrantes mexicanos indocumentados, se habla de la presencia de 180 mil en 2016 y la mayoría provienen de los estados de Puebla, Oaxaca y Guerrero (Sepúlveda, 2016).
Sería factible suponer que esta población, al vivir en una ciudad santuario de inmigrantes, experimenta una vida en relativa calma en la persecución de su “Sueño Americano”, pero, por el contrario, son diferentes las situaciones negativas que padecen en los ámbitos económicos, políticos y sociales. Tan solo habría que ver los hechos y cantidades de deportaciones en las últimas cuatro administraciones para dar cuenta de que el castigo de la misma es una constante latente para todo inmigrante indocumentado. Nowrasteh (2019) estima que en la administración de William Clinton (1993-2001) se deportaron a un total de 869,646 migrantes, en la de George W. Bush (2001-2009) 2,012,5392 millones de extranjeros, en la de Barak Obama (2009-2012) 3,066,457 y en los dos primeros años del gobierno Trump 551,449. Guillen, Noricumbo y Sevilla (2017) calculan que el número de mexicanos deportados de 2003 y hasta 2007 fueron poco más de 500 mil anualmente. En 2008, los connacionales deportados ascendieron a 577,826 casos y en 2009 se elevó en un 4.1 por ciento. En los años sucesivos las deportaciones comenzaron a descender, en 2010 hubo 469,268 casos y para 2015 los números llegaron a 207,398, pero en 2016 se dio un incremento de 219,932 deportados. En los últimos dos años los eventos de devoluciones de mexicanos desde Estados Unidos aumentaron 60.5 por cierto, es decir, de 160,689 en 2021 se incrementaron a 258,007 casos en 2022. Los deportados eran originarios de los estados del sureste del país, entre ellos Chiapas con 29,534 eventos, Guerrero con 26,075, Oaxaca 22,929, Puebla 21,086, Veracruz 20,869 y Michoacán 17,164 (INM, 2023).
La deportación de inmigrantes es parte de un marco más amplio de consigna y castigo que va más allá del Estado. La producción de la ilegalidad también se manifiesta en las percepciones sociales negativas contra los inmigrantes (De Genova y Peutz, 2010), por lo tanto, es común escuchar consignas sociales de antaño y otras de reciente aparición para culpar a los inmigrantes de robar empleo a los nativos, abaratar los sueldos, no asimilarse a la cultura norteamericana, introducir nuevas costumbres extranjeras, ser una carga social, causar pagos de impuestos altos por el mal uso de servicios sociales, cometer acciones criminales, traer enfermedades a Estados Unidos, etcétera. El éxito de la producción ilegal de los inmigrantes no solo se manifiesta en las limitaciones legales y constitucionales, sino también en el desarrollo de sentimientos anti-inmigrantes que culminan construyéndolos como “ilegales” y/o “criminales” (Liette y Kolnick, 2012; Vera, 2012).
En años recientes Donald Trump destacó por ser el candidato y presidente más mexicanófobo, pues nuestros connacionales se convirtieron en uno de sus blancos preferidos al caracterizarlos como causantes del crimen, contrabandistas de drogas, violadores, “bad hombres”, entre otros calificativos altamente destructivos (Hines, 2019). Además de que sus propuestas políticas abusaban directa o indirectamente de sus derechos civiles al tiempo de crear actos de hostilidad, temor y vulnerabilidad, reducían la igualdad de protección legal y creaban prejuicios en la elegibilidad para los programas de asistencia pública (Fitzgerald, López, McClean, 2018).
Ante estas situaciones es oportuno preguntarse si la comunidad inmigrante latina, en específico la mexicana, hace frente a estos ataques políticos, económicos y sociales, a saber: las formas concretas con las que contienden y cómo se pueden entender las luchas inmigrantes. Estas preguntas son las que dan paso al desarrollo de este escrito y serán abordadas bajo la propuesta gramsciana de hegemonía, entendiendo que en las relaciones de poder entre el Estado y los inmigrantes se desarrollan una serie de luchas constantes. Por tanto, los inmigrantes, de manera desorganizada y espontánea, llevan a cabo formas creativas de resistencia, acomodo, reinterpretación y agrietamiento a las imposiciones del poder. En el caso particular de los inmigrantes mexicanos en la ciudad de Nueva York, argumentamos que la lucha del proletariado internacional no sería posible sin la producción de un barrio latino, del cual los inmigrantes toman una serie de artilugios propios de su cultura, como relaciones sociales, valores (entre ellos la solidaridad de clase) y nuevas moralidades para considerar lo que es correcto e incorrecto en oposición a las ideas de la clase dominante.
La estrategia metodológica para la recolección de información consistió en dos fases. En la primera, ubicamos a los inmigrantes por etapas a partir de sus arribos a la ciudad de Nueva York. Creamos tres etapas: la “pionera” que arribaron de 1976-1989, la etapa de la “migración acelerada” de 1990-1999 y la etapa de “consolidación migratoria” de 2000-2014. Para la recolección de datos nos basamos en la aplicación de entrevistas abiertas semiestructuradas y estructuradas a 20 informantes de la primera y segunda etapa, y a 15 inmigrantes de la tercera etapa, mismas que tuvieron el objetivo de obtener información específica de problemáticas como el cruce fronterizo, el arribo a la ciudad de Nueva York, la producción del barrio latino, problemáticas que enfrentaban en el ámbito laboral, los caminos y sueños de legalización, sus trayectorias laborales, renta y distribución de la vivienda, convivencias y relaciones sociales, uso de programas de asistencia social, las subjetividades e implicaciones de las políticas antiinmigrantes y las solidaridades de clase o las formas individuales para hacer frente a sus vicisitudes. En la selección de informantes se consideraron las variables de género, edad, estatus migratorio y ámbito laboral para tener un amplio espectro de información.2
En la segunda fase de recolección de datos, el trabajo de campo se desarrolló bajo la técnica de la observación participante con la finalidad de estar cercanos a los sujetos de investigación. Esta técnica fue vital para documentar las alianzas y apoyos cotidianos que los sujetos ofrecen en el barrio, escuchar y observar esas acciones o discursos solidarios en momentos apremiantes de sus cotidianidades y captar esas luchas espontaneas. En cuatro temporadas de trabajo de campo, de junio a agosto de 2010 a 2014, tuvimos la oportunidad de convivir con informantes de primera y segunda etapa, dialogando con ellos los fines de semana en sus departamentos. Mientras, con informantes de segunda y tercera etapa, al ser contemporáneos, desplegamos una convivencia más estrecha al reunirnos con ellos para jugar fútbol, desayunar, comer o ver televisión. El trabajo de campo también se fundamentó en descripciones panorámicas-participantes de festivales patrios, festividades religiosas, descansos y convivencias en parques, restaurantes y otros espacios públicos. Finalmente, para poder considerar las subjetividades y contiendas al interior de los lugares de trabajo, rescatamos las múltiples experiencias laborales que encaramos como un migrante más desde el año 2001 al 2014. Esto nos permitió obtener información basta sobre las contiendas que los trabajadores, hombres y mujeres, despliegan en el día a día en sus empleos. El análisis y presentación de la información se realizó mediante el análisis temático, organizando y guiando la interpretación.
Hegemonía, clase y cultura para explicar las contiendas inmigrantes
Existe una vasta literatura que ha documentado las luchas inmigrantes bajo diversas miradas teóricas y en coyunturas trascendentales. Usualmente, los clubes de oriundos y asociaciones u organizaciones civiles y religiosas, han sido las formas más longevas de contienda inmigrante que se han documentado. Autores como Escala-Rabadan (2014), Chávez (2008), Countin (1998), Fox (2006), Goldring (2002), González (2009), Santamaría (2007), Rivera (2004 y 2008) y Varela (2008), señalan que estos grupos se basan en identidades colectivas que a veces se traslapan con la etnicidad, trabajo, religión y paisanaje o lugar de origen con el objetivo de rescatar o mantener la cultura e identidad nacional, exigir mejoras en las condiciones de vida local, instruir a migrantes sobre sus derechos civiles, incentivarlos a participar políticamente en el lugar de recepción y de origen y luchar por el reconocimiento e inclusión en el lugar de recepción. Estos estudios han mostrado que las comunidades inmigrantes se organizan para hacer notar la fuerza de su presencia, su papel como trabajadores y miembros de la comunidad, oponerse a las diferentes leyes antiinmigrantes, buscar el reconocimiento de derechos, la legalización de sus estatus migratorios y hacer frente a mecanismos de criminalización y vulnerabilidad laboral (Coutin, 2007; Sandoval, 2007).
Otro tipo de estudios se centran en las luchas espontáneas, desorganizadas e individuales sustentadas en la cultura y el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana de los inmigrantes. Dohan (2009), al analizar la lucha contra la pobreza en dos barrios de Los Ángeles, California, ubica el desarrollo de una economía legal e ilegal, el uso de redes sociales para emplearse y uso de la asistencia social para hacer frente a sus condiciones precarias de sobrevivencia. Sarah Mahler (1995), en su trabajo con salvadoreños en suburbios de Long Island, documenta las formas de hacer dinero fuera de los márgenes del Estado a través de la economía informal de productos de consumo regional y con la venta de documentos migratorios falsos. Mismas situaciones nos muestran Hagan y González (1993) en una comunidad de guatemaltecos en Houston, Texas pues, ya que evidencian las formas particulares de interpretar a su favor y fuera de los márgenes legales del Estado las propuestas del Programa IRCA para obtener residencia legal. Finalmente, al calor de las interacciones entre empleados y empleador, Aquino (2010) nos muestra cómo las trabajadoras domésticas oriundas de Oaxaca articulan discursos morales para preservar su dignidad y criticar las formas de vida de sus empleadores y sus familias.
Este trabajo se suma a aquellos que presentan el desarrollo de contiendas desorganizadas y basadas en prácticas culturales, como la importancia de las redes familiares y de amistad, y los valores y moralidades desplegadas en un espacio concreto. Partimos de la premisa de que los inmigrantes ilegales al vivir en un estado de temor a ser detenidos y deportados, al vivir formas concretas de exclusión y privación de derechos como el no poder desplazarse libremente entre sus lugares de origen y de estancia, al no poder laborar libremente en ciertos trabajos y al ser excluidos de algunos servicios del estado de bienestar, como el seguro social y médico, despliegan una serie de luchas cotidianas desorganizadas con la intención de hacer frente a las vicisitudes que padecen en la ciudad de Nueva York.
En la intención de documentar cómo las relaciones de poder son vividas, y cómo estas resistencias se hacen cuerpo y discurso, el término gramsciano de hegemonía es de vital importancia (Liaudat, 2016). Para Gramsci, la hegemonía es sumamente fluida, flexible y frágil, no tiene una única definición porque no se trata de un concepto teórico acotado o ideología acabada, sino que a través de la misma nos permite cuestionar cómo se produce y se reproducen las relaciones de poder que apuntalan diversas formas de desigualdad en un espacio y tiempo histórico concreto (Crehan, 2004; Roseberry, 2002).
Por tanto, la hegemonía no se puede pensar como una forma de dominación acabada, Roseberry (2002) nos pide pensar a las relaciones entre los grupos gobernantes y los subalternos caracterizadas por la disputa, la lucha y la discusión. Lejos de dar por sentado que el grupo subalterno acepta pasivamente su destino, Gramsci prevé con claridad a una población subalterna mucho más activa y capaz al enfrentamiento. No obstante, sitúa la acción y la confrontación dentro de las formaciones, instituciones y organizaciones del Estado y de la sociedad civil en las que viven las poblaciones subordinadas (Roseberry, 2002).
Para Roseberry (2002 y 2014) esta es la forma en que opera la hegemonía, y nos invita a que utilicemos este concepto no para entender el consenso, sino para entender la lucha; las maneras en que el propio proceso de dominación moldea las palabras, las imágenes, los símbolos, las formas, las organizaciones, las instituciones y los movimientos utilizados por las poblaciones subalternas para hablar de la dominación, confrontarla, entenderla, acomodarse o resistir a ella. Por lo que la hegemonía construye un marco común material y significativo para vivir a través de las órdenes sociales caracterizadas por la dominación, hablar de ello y actuar sobre ello. Sin lugar a dudas, la práctica migratoria mexicana de más de medio siglo en la ciudad de Nueva York y la producción de barrios latinos, nos permitirán documentar múltiples formas de contestar, resistir y reinterpretar los embates del Estado. Estas formas de contienda subalterna las situaremos en el desarrollo de las vivencias que dan forma a la cultura inmigrante mexicana y que a su vez se articula con la idea de una clase social de trabajadores proletarios internacionales que ante las imposiciones, limitaciones y castigos de la clase dominante, se mantienen en una lucha constante a partir de sus propios artilugios culturales.
En el presente estudio entendemos a la cultura de un grupo social como aquella que engloba las obras, los modos de pensamiento (entre los cuales se encuentra la filosofía, como modo de adquisición de una visión coherente del mundo), y también los modos de vida y de sentir. Al igual que Gramsci (1967), pensamos a la cultura como la primera en configurar formas de emancipación del proletariado, es decir, un medio de autoeducación de las masas. Por tanto, será importante documentar las prácticas, expresiones y discursos de inmigrantes para tener en cuenta, al interior de la cultura proletaria, la creación de nuevas costumbres para darles nuevos significados, crear nuevos hábitos de vida, nuevos pensamiento y sentimientos que promueven una visión diferente de la clase dominada. La cultura, entendida como el modo de vida dispuesta a considerar el conjunto de las formas de vida, de sentir y de actuar, tiene relevancia al ser esta una crítica de la civilización capitalismo (Buci-Glucksman, 1978).
Al tomar en cuenta las prácticas culturales de inmigrantes mexicanos no pretendemos ensalzar, romantizar, celebrar sus diferencias o verlos suspendidos en el tiempo con sus prácticas únicas y diferentes a los demás, sino buscamos considerar en la cultura la tipologías de una clase, ya que las realidades de experimentar y vivir la clase social se refieren a sus características culturales e inversamente de sus pertenencias de clase. Ambas nos permiten considerar las formas que tiene la gente de ver al mundo, su modo de vivir y comprender activamente su lugar en la realidad en la que viven (Crehan, 2004). Además, para Hall (2005), en las prácticas y relaciones de clase social están presentes determinados valores y significados característicos de la clase y de cómo es vivida la cultura.
En la cultura de inmigrantes mexicanos, pretendemos identificar un discurso oculto compuesto por manifestaciones lingüísticas, gestuales y prácticas que circulan por fuera de la esfera pública y que complejizan la relación entre cultura dominante y cultura popular. Las diversas formas de interpretación de las expresiones de la cultura dominante, atravesada por estructuras de pensamiento propias de los sectores populares que muchas veces van a contrapelo de lo que se espera con la imposición de un discurso oficial, son otros medios de determinación de una tensión y lucha constante entre clases sociales (Liaudat, 2016).
La cultura nos dará pistas para desentrañar la formación de clases sociales al indagar los procesos de dominación, pero, al mismo tiempo, posibilita indagar las formas contestarías de los oprimidos. Esta interpretación de cultura nos permitirá mostrar una riqueza etnográfica de prácticas invisibilizadas de los sectores subalternos que pocas veces se documentan. Nos dará acceso a un acercamiento heurístico de interpretar sus códigos culturales, la intención política de enaltecer, reivindicar o visibilizar sus prácticas y realizar una comprensión más cabal de las relaciones de poder tal como son vivenciadas por sujetos en determinada época y contexto (Liaudat, 2016).
No obstante, para Gramsci una demisión decisiva de la desigualdad es la incapacidad de la gente subalterna para producir una interpretación coherente del mundo en el que viven, de ser susceptibles de cuestionar las interpretaciones hegemónicas existentes; por definición conciben el mundo desde la perspectiva de los dominantes (Crehan, 2004). Esta incoherencia es parte de su sentido común, que para Gramsci es siempre una cualidad negativa que refleja la condición de la propia subalternidad. Como escribe en un pasaje, el sentido común adopta innumerables formas diferentes. Su característica más fundamental es tratarse de una concepción que, incluso en el cerebro de un individuo, es fragmentaria, incoherente e inconsistente (Crehan, 2019).
Pero no se debe olvidar que el sentido común no es algo rígido e inmóvil, sino que está en continua transformación, enriqueciéndose con ideas científicas y con las opiniones filosóficas que han penetrado la vida cotidiana (Crehan, 2004). Además, nadie escapa del sentido común, todos vivimos en un mundo de sentido común, pero no es el mismo para todos: “cada clase social tiene su propio sentido común”. Todos canalizamos continuamente la corriente de acontecimientos que nos rodean en relatos familiares, dando sentido a lo que de otro modo parecería aleatorio. Los conocimientos a los que recurrimos proceden tanto de los círculos en los que nos movemos como de nuestras propias experiencias vitales, mediadas por los relatos de los que disponemos. Con el tiempo, este conocimiento llega a constituir un núcleo sólido y persuasivo desde el punto de vista de las emociones con el que contrastamos tanto lo que nos ocurre como la forma en que otros nos explican el mundo. En cualquier momento histórico habrá múltiples relatos, algunos estrechamente conectados y superpuestos, otros conflictivos y contradictorios, pero todos ellos son, para algunos seres racionales, verdades evidentes (Crehan, 2019).
Si el sentido común, como apunta Gramsci y sus lectores, es incoherente, fragmentario y hasta en algunos casos propio de cada sujeto, cómo podría servir para la lucha inmigrante e intentar revertir la situación de dominación que experimentan. Gramsci afirma que en el sentido común de los subalternos existen elementos de "buen sentido", que representan la conciencia nacida de la experiencia concreta de la subalternidad, son potencialmente las semillas para el surgimiento de nuevas narrativas políticas para desafiar la hegemonía existente en formas que van más allá de la mera resistencia defensiva (Crehan, 2019).
Esta investigación no propone ver en las acciones de los inmigrantes formas adecuadas para empoderarse, desaparecer o revertir el poder de la clase dominante, más bien, ubicamos, junto al desarrollo de sus vidas precarias, la elaboración de argumentos y estrategias creativas para resignificar, contradecir y oponerse a los mecanismos de coerción. Es decir, frente a todas las depredaciones de la clase política y de dueños de medios de producción, damos importancia a las capacidades creativas de los inmigrantes como fuente genuina de su prerrogativa política potencial y de su dignidad social (De Genova, 2006).
La investigación sugiere que estas prácticas de resistencia son posibles gracias a que la clase proletaria ha producido espacios caracterizados por el desarrollo de un tejido denso de redes sociales, vivencias, moralidades y valores, que son el soporte material que da sentido a sus mecanismos de defensa. Por lo cual, espacios como los barrios latinos son vitales para darles refugio y seguridad, mantenerlos como trabajadores internacionales, hacer frente a la exclusión del Estado, reinterpretar las leyes migratorias, reforzar lazos afectivos y de parentesco y desplegar solidaridades subalternas con fines de suspender la ilegalidad. Meditamos en que las relaciones de poder han posibilitado el surgimiento de barrios que dan la posibilidad de identificarse como miembros de una colectividad y compartir intereses similares, por ejemplo, trabajadores, campesinos u otros rótulos locales o regionales.
Asimismo, al interior de estos espacios concretos, han mantenido y reinventado valores de cooperación y reciprocidad que dan paso a una moralidad necesaria ante las nuevas realidades económicas que viven para apuntalar la continuidad de ellos mismos y su comunidad, sobre todo en espacios transnacionales. Por ejemplo, los valores privados y las normas individuales propuestas en el neoliberalismo son atacados con las solidaridades subalternas al ser retomadas como características de la dignidad en la cultura popular y opuesta a la cultura dominante. Mostraremos como la moral de la cultura subalterna permite que las acciones ilegales lleguen a normalizarse en los barrios latinos, en tanto permiten hacer frente a sus precariedades económicas o permiten acceder a espacios y beneficios sociales de los cuales son excluidos. Finalmente, ahondaremos en considerar cómo al interior de la comunidad se desarrolla un lenguaje de resistencia y desafío constituido por historias y materializada en memorias, tradiciones y esperanzas (Roseberry en Gómez, 2008; Thompson en Meiksins Wood, 1983, 1995).
Prácticas de movilidad en las sombras y reinterpretación de políticas migratorias
El truco de esconderse en las sombras
Las redadas contra inmigrantes ilegales han sido una constante en Nueva York, recuerdan inmigrantes que arribaron a finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980. Por este tiempo, en el trabajo, en sus hogares, en estaciones del metro y por delitos menores, varios indocumentados fueron detenidos y deportados hasta en dos o tres ocasiones. Estos hechos “bochornosos” para los inmigrantes no concluyeron con sus trayectorias laborales, solo fue un “mal momento o mala suerte” que puso pausa a la consecución de sus metas laborales. Para los deportados la idea del reingreso era algo ineludible, pues no se asumían como criminales. Desde sus propias percepciones, ellos eran trabajadores que no habían quebrantado las leyes y sus retornos clandestinamente podían ocurrir en cualquier instante.3
Mediante los casos de cuatro migrantes arrestados en sus lugares de trabajo y uno más en la estación del tren durante la década de 1980, mostramos que la frontera no representaba problema alguno para volver a reingresar. Durante este tiempo Inmmigration Naturalization Service no se encargaba de verificar si los migrantes detenidos en la frontera contaban con antecedentes delictivos o deportaciones previas. En consecuencia, no había leyes severas que castigaran el reingreso e instauraran temor en los migrantes en sus deseos de retornar al “norte”. Por ello, Salomón, Checo, Martín, Pancho y Silvano, reingresaron después de haber sufrido deportaciones a inicios de la década de 1980.1 Cada uno de ellos narró ausencia de inconvenientes para su reingreso y hasta la fecha tres de ellos siguen viviendo en Nueva York, se hicieron residentes legales y subsecuentemente obtuvieron la ciudadanía. Solo uno mantiene su estatus de ilegal a pesar de 40 años de práctica migratoria. Otro más retornó a su comunidad de origen y no regresó a Nueva York debido a la falta de recursos económicos para financiar su viaje de forma clandestina, pero nunca ha descartado la posibilidad de volver a la “Gran Manzana”.
Los informantes de la primera y segunda etapa informaron que los arrestos en lugares públicos disminuyeron, pero fueron más comunes las visitas de INS a los lugares de trabajo durante la década de1990 y en la primera década de este nuevo siglo.5 Junto a las redadas en los lugares de trabajo, nos topamos con al menos una docena de casos de deportaciones de jóvenes pandilleros a cusa de haber cometido delitos graves, como lesiones a segundos, robo y venta de drogas y documentos falsos. Estos casos son excepcionales para entender la lucha por permanecer en NYC, a pesar de ser sujetos infractores de las leyes y de daños a la sociedad.
Dimos seguimiento a tres casos, el de Sufridor, Parrandas y Mañoso, quiénes tras ser detenidos algunos meses a inicios de 2002 por delitos graves, terminaron por ser deportados y con la prohibición de reingreso al país, pero después de unos meses en su lugar natal buscaron los medios para continuar con sus trayectorias migratorias. Uno de los primeros dilemas para ellos consistió en librar con éxito la frontera, ya que sus deportaciones estuvieron precedidas por prohibiciones a reingresar por 5 o 10 años, una eventual detención por agentes de la Patrulla Fronteriza podía causarles encierros prolongados.6 Para los tres el llamado cruce por la “línea” -forma “garantizada” de cruce sin tanto caminar y evitando la vigilancia de autoridades migratorias- fue la opción para arribar a Nueva York. No importó pagar cantidades de hasta 5000 dólares en el año 2003 mientras tuviesen la oportunidad de reunificarse con sus familias. Por suerte para los tres, los cruces fueron exitosos, ya que en menos de una semana burlaron la frontera para llegar a sus destinos.
La estrategia de los tres no concluyó con sus arribos a NYC, continuó con la búsqueda de medios seguros de reinserción social y laboral. La primera consistió en el abandono de sus antiguas zonas de residencia para mudarse a suburbios alejados de la ciudad o cambiarse de estado. La segunda fue recurrir a sus redes sociales para trabajar junto a sus familiares en empleos informales. Y, para concluir, por un tiempo usaron documentos falsos cambiando sus nombres. Este trío de inmigrantes sigue viviendo en Nueva York y Nueva Jersey. Parrandas y Mañoso se alejaron de las pandillas y con el paso del tiempo incursionaron de lleno en trabajos asalariados y formaron sus familias, ambos pudieron conseguir documentos legales con la ayuda de sus conyugues, a pesar de sus antecedentes criminales. Sufridor sigue en las sombras de la ilegalidad, pero en ella ha forjado una vida junto a su familia como cualquier otra persona.
En estas tres historias, el reto radicó no sólo en cruzar y residir en el país o la ciudad de Nueva York, sino también en no permitirle al Estado determinar el tipo de sujetos que desea tener en su territorio y no dejarle decidir sobre la conclusión de sus vidas inmigrantes. Nos encontramos en una contienda donde, por un lado, el Estado actúa con el vigor para castigar al inmigrante ilegal por medio de la deportación y, por el otro, es precisamente esta deportación y exclusión la que utilizan los inmigrantes para vivir en las sombras ocultándose del Estado. Podemos considerar el retorno como una “estrategia” que potencia la agencia de las personas que han sido deportadas, de ser ellos quienes den forma a sus trayectorias y de resistir al poder que los llevó a sus expulsiones (De Génova, 2010, Radziwinowiczówna, 2018).
La auto-legalización de los ilegales y la reinterpretación de las leyes migratorias
Una vez descritas las estrategias para arribar a Nueva York, pasamos a dar cuenta de las formas ingeniosas para poder acceder al sueño de la legalización. Nuestro objetivo para este apartado radica en hacer explícito los artilugios culturales de la clase subalterna y la producción del barrio latino para el desarrollo de prácticas infrapolíticas que los lleven a la consecución de documentos migratorios falsos y legales. Iniciamos a dar cuenta del desarrollo de un mercado ilegal de venta de documentos falsos, derivados de los designios del Estado para considerar la estancia legal de un inmigrante y de sus necesidades de ingresar al medio laboral.
En los barrios latinos la cultura de la ilegalidad ha sido una constante a través de la venta de productos comestibles regionales, de mercancía pirata -como discos de música, ropa y calzado- y a través de la venta de documentos falsos. Estos últimos han sido necesarios para cumplir con el endurecimiento de las leyes laborales que exigen a empleadores solicitar documentos de trabajo. A pesar de que los habitantes del barrio reprueban las acciones de estos sujetos, la comunidad ha normalizado la presencia y acciones de los mismos por ser necesarios para un amplio número de sujetos indocumentados.
“Dejamos la plática para la próxima semana porque tengo que ir al Consulado Americano”, dijo Marcos con sarcasmo cuando le realizaba una entrevista en Bay Shore, Long Island en el mes de julio de 2012. Para más de una persona, el comentario del informante no tiene nada fuera de lo común, su enunciado implica el tener una cita con fines de solucionar o realizar algún trámite concerniente a su estatus migratorio. Sin embargo, el ir al Consulado Americano es una analogía utilizada por los migrantes para decir que acudirán a la Avenida Roosevelt de Queens para comprar documentos como Green Card y Social Security falsos. La mayoría de habitantes del barrio reprueban estas acciones y a los sujetos que las llevan a cabo porque dañan la imagen y la moralidad del sujeto inmigrante dedicado al trabajo. Sin embargo, ningún miembro del barrio se atreve a denunciarlos o solicitarles se retiren de las esquinas donde de manera discreta, y con un tono de voz bajo, dicen reiteradamente a los transeúntes las palabras “social, social paisa”, indicando la oferta de documentos falsos.
Por años, ambos documentos han sido los requeridos para ser contratados laboralmente, lo que ha dado como resultado el surgimiento de un mercado clandestino de falsificación y venta de los mismos. En condados como Brooklyn y Queens, los inmigrantes ilegales que arribaron en los inicios de la década de 1980 recuerdan que siempre ha sido fácil conseguirlos. Los inmigrantes narran que en los primeros años de arribo eran pocos los vendedores callejeros que ofertaban ambos documentos, pero nunca ha dejado de existir la posibilidad de conseguirlos. En la actualidad, el condado de Queens se ha erigido popularmente para migrantes de todo Nueva York, Nueva Jersey o Pensilvania como el lugar donde “de manera rápida se legalizan y hasta se hacen ciudadanos”. Los miembros del barrio normalizan la venta de documentos falsos y las hacen parte de la variedad de ofertas del barrio latino. Las acciones de estos sujetos se vuelven permisibles al entender que son indispensables para amplios segmentos inmigrantes, ya que solo vienen con el objetivo de trabajar y aspirar a estilos de vida menos precarios.
Argucias para legalizar sus estatus migratorios
Uno de los grandes sueños para aquellos que han prolongado sus trayectorias migratorias o han decidido quedarse a residir en la ciudad de Nueva York, es el poder legalizar sus estancias para poder visitar su terruño, tener mejores ofertas laborales y acceder a algunos programas de asistencia social; pero en los últimos años los caminos a la legalización se han dejado de lado por los de exclusión y deportación. De hecho, en las últimas cuatro décadas, la ley IRCA y la 245(i) son los únicos medios legales que han abierto la posibilidad de conseguir una residencia legal. Con base en estos dos programas y a través de la práctica de “matrimonios por papeles” que se efectuó hasta finales del año 2000, captamos información que nos permite ver la ansiedad, deseos y reinterpretaciones legales por ajustar sus estatus migratorios. Estas estrategias las documentamos en los caminos en los que Coutin (2007) y Hagan y Gonzales (1993) lo hicieron, bajo una reinterpretación y flexibilización de las leyes para poder acceder a ellas; pero en nuestro caso, también sumamos el desarrollo del barrio latino que permitió la presencia de instituciones, relaciones sociales, circulación de información y apoyo moral para la obtención de una residencia legal.
Bajo la propuesta de la ley IRCA, varios inmigrantes que arribaron a finales de la década de 1970 e inicios de 1980, accedieron a cobijarse bajo la misma, pero otros tantos que arribaron en el mismo año, dos o tres años después no cumplían con el requerimiento de tiempo de estancia en el país para beneficiarse de la misma. Ante este escoyo, las relaciones sociales entre latinos al interior del barrio tomaron relevancia al flexibilizar las reglas dictadas por el Estado. Las relaciones sociales fungieron como el primer medio de información para hacer saber a la comunidad inmigrante sobre los beneficios de IRCA, asimismo eran los familiares, amigos y conocidos, los que recomendaban a abogados, organizaciones civiles y religiosas que apoyaban a los inmigrantes cobrándoles cuotas mínimas o brindaban servicios totalmente gratuitos. Cabe destacar, que diversas iglesias católicas ofrecieron orientación para acceder al ajuste de sus estatus migratorios, y fue con ellos que muchos inmigrantes tuvieron la confianza para acercarse a preguntar sobre sus casos.
Por otra parte, algunos empleadores estuvieron dispuestos a otorgar cartas de adscripción laboral a una fábrica, restaurante, etcétera, documentos probatorios de estancia anterior a 1986, cartas de ingresos salariales y de recomendaciones. En casos como los de la Güera y Ale fue el mismo empleador quien las ánimó a iniciar sus trámites de legalización y les ofreció su apoyo considerándoles expedir cualquier documento que necesitasen. Además, la legalización no hubiese sido posible sin la asesoría de abogados latinos, quienes fueron fundamentales para brindar ayuda, alentar y localizar los canales por los cuales podían ser beneficiarios de esta ley a pesar de incumplir con algunos de los requerimientos de la misma. Gracias al apoyo de empleadores, abogados, organizaciones civiles y religiosas y a la información que circulaba en el barrio, varios inmigrantes pudieron obtener su Tarjeta de Residencia Permanente.
Otra de las argucias utilizadas durante la década de 1980 y hasta parte de la década de 1990 fue pactar “matrimonios por papeles”. Este tipo de acuerdos económicos, para unas, y de legalización, para otros, se presentaban entre latinos, básicamente entre mexicanos y mujeres de Puerto Rico y República Dominicana -residentes legales o ciudadanas norteamericanas. El trato consistía en pagar cantidades inicialmente de entre los dos mil hasta los diez mil dólares a finales de la década de 1990 por un matrimonio “falso”, es decir, sin una vida marital juntos, solo con el objetivo de iniciar un proceso arduo hasta de dos o tres años en el que la esposa solicitaba otorgar documentos legales al cónyuge. Esta fue una vía fraudulenta que dejó de practicarse cuando las autoridades detectaron estas prácticas e hicieron más complejos los requisitos para iniciar trámites de regularización de estatus migratorio.
Los inmigrantes ilegales dan una interpretación diferente a las leyes, las hacen acorde a sus necesidades con la finalidad de beneficiarse. Pero no hay que restar méritos a la importancia del barrio, con sus desplegados culturales, como sus relaciones sociales cercanas y de ayuda mutua y a sus revestimientos materiales de instituciones y de servicios profesionales y religiosos, que permiten al migrante desarrollar formas de contienda que desafían o contradicen lo establecido por el Estado.
Recursos y prácticas laborales contra la explotación
Sin lugar a dudas, es en el medio laboral donde la ilegalidad se expresa bajo diferentes formas de sometimiento por parte de los empleadores, por ejemplo, los altos grados de explotación laboral alargando sus jornadas de trabajo, menospreciando sus trabajos y la falta de pagos salariales o pagos por debajo de la ley, entre otras formas. Por ende, es aquí donde también hallamos respuestas diarias a estas vicisitudes, evidenciamos como los inmigrantes van forjando espacios autónomos para desplegar acciones infrapolíticas de resistencia y con la finalidad de recuperar su dignidad como trabajadores.
Presentamos diferentes acciones para hacer frente a la dominación laboral, por ejemplo, a través de prácticas de economía informal como alternativa o complemento a sus trabajos asalariados para resistir durante crisis económicas y a veces con la intención de escapar a los salarios deprimidos y alienación laboral. Consideramos las prácticas infrapolíticas como el sabotaje, el saqueo y los tiempos muertos, para mostrar la insubordinación en los lugares donde experimentan y visualizan la dominación y a sus dominadores, pero además, como prácticas donde la moralidad y dignidad de su trabajo y sus personas se recuperan al retomar sus discursos, contradecir las órdenes de sus empleadores o romper con el ritmo de sus jornadas laborales. Las acciones de saqueo que cometen son entendidas al concatenarse con las condiciones precarias de sus vidas, como complementarias a los bajos sueldos concedidos por empleadores y a sus subjetividades sobre la justicia laboral al pensar que están recuperando lo que no les dan por derecho en sus pagos salariales.
Formas de emplearse laboralmente y ensanchar el salario
Después de la crisis financiera de 2008, un amplio sector de inmigrantes padeció el recorte de horas de trabajo o la pérdida del mismo. Algunos tuvieron la oportunidad de hallar empleos de medio tiempo o tiempo completo, pero otros se vieron obligados a buscar alternativas en el comercio informal de productos alimenticios y suvenires regionales. En la Roosevelt Avenue, en los parques y fuera de las iglesias de Jackson Heights y Elmhurst/Corona, los fines de semana se notó mayor presencia de personas ofreciendo antojos mexicanos, dulces típicos, flores, ropa, “DVD” piratas, artesanías y joyería, entre otras cosas. Deambulando por las calles, ingresando a restaurantes, pizzerías o cafeterías y postrados en las aceras, estos trabajadores itinerantes, sin permisos de la ciudad para sus actividades comerciales, intentaban sobrevivir a los momentos económicos críticos.
Otros, aprovechando la creciente comunidad latina del barrio, vieron en la venta de alimentos una alternativa familiar para mitigar la falta de ingresos económicos. Esta actividad los obligó a buscar una estrategia para burlar a las autoridades ante la falta de permiso para esta actividad comercial y requirió de la participación de todos los miembros de la familia para su correcto funcionamiento. Desde las cocinas de sus departamentos, las familias apostaron a cocinar sus platillos para ofrecerlos vía telefónica a sus diferentes familiares, amigos y conocidos. Algunos habilitaron un espacio en sus departamentos para dar la posibilidad de pasar a degustar los platillos y otros preferían que los hijos llevaran la comida hasta el domicilio del cliente.
Algunos, al ver la redituabilidad económica, trataron de establecer sus negocios operando todos los días de la semana extendiendo sus servicios a comercios formales y en factorías cercanas. Esta actividad no correspondió sólo a desempleados, sino también a empleados en factorías o en otros lugares de trabajo. Hombres y mujeres implementaron la venta de productos regionales con sus compañeros de trabajo como una actividad alternativa para generar otros ingresos económicos. Al cierre de la semana laboral, cuando usualmente se paga a los empleados, varios solían ofrecer, durante el almuerzo, pozole, tamales, empanadas, gelatinas o cualquier otro antojo mexicano o centroamericano. Otras más, revendían joyería de oro y plata, ropa, perfumes y calzado.
La caída de empleos, los bajos salarios, el alza de precios en comestibles, el pago de renta de vivienda, transporte público, etcétera, obligaron a más de uno a apoyarse en el comercio informal junto a su desempeño como trabajador asalariado. Algunos de ellos, previo, durante y después de esta coyuntura económica, situaron en el comercio informal una forma de vida que permite obtener ingresos monetarios netos al evadir impuestos de la ciudad, del estado y federales, de ser sus propios jefes, de escapar al sometimiento de los empleadores y de sus extenuantes jornadas laborales. El comercio informal es parte de las estrategias culturales entre miembros de la misma clase porque al recurrir a la venta de alimentos típicos regionales, se hallan prácticas solidarias de consumo al identificar e identificarse como miembros de una clase trabajadora que necesitan apoyo ante las precariedades económicas y momentos críticos que padecen.
Sabotajes y robos en lugares de trabajo
Los inmigrantes construyen ideas de lo que deben ser las buenas ofertas de trabajo basándose en el pago de salarios justos, tratos amables de empleadores, realizar tareas únicas cada día, pagos de horas extras, vacaciones y días feriados pagados, etcétera. Sin embargo, pocos informantes manifestaron disponer de empleos con estas características. Por ello, los trabajadores han recurrido al “robo hormiga” de alimentos u objetos de factorías y sabotajes como formas de protesta ante las magras condiciones a las que son sometidos.
Desde su posición subalterna y desde su sentido común, los inmigrantes explican las formas en que sienten que son explotados laboralmente. En estas explicaciones se hallan las tensiones que arrastran contra sus empleadores y contra “el gobierno” y las justifican desde sus condiciones de trabajadores indocumentados, pero en muchas ocasiones no pueden ocultar su pasividad junto a la explotación laboral que padecen, dejan saber las acciones contestatarias que realizan en el día a día de manera individual o colectiva y sin una organización profunda. En este caso, cualquier acto que ellos realizan tiene como meta desestabilizar los intereses de los empleadores.
Por ejemplo, fuimos testigos en empleos donde se carecía de personal, algunas trabajadoras en edad adulta incitaban a trabajadoras más jóvenes a abandonar el trabajo y no seguir soportando más las condiciones de bajos salarios, recorte de horas y malos tratos de los encargados. Por tanto, era común que ellas hicieran circular información de ofertas laborales en otros lugares, varias trabajadoras consideraban que convencer al menos a una compañera era motivo de alegría y de triunfo, dejar una vacante contribuía a incrementar el constante problema de falta de personal y el retraso en la producción diaria.
Otra situación de contienda era retomar las acciones y discursos de los empleadores y encargados de producción con las cuales habían sido afectadas laboralmente. Por ejemplo, antes de completar sus ocho horas de trabajo diario, las empleadas de recién ingreso eran enviadas a sus hogares en los días de baja producción con la finalidad de ahorrar en el pago salarial. Asimismo, aquellas que excedían las cuarenta horas de trabajo semanal no recibían el pago de horas extras, ya que los supervisores argumentaban que era culpa de la trabajadora porque sabía que se trabajan 40 horas semanales y esa cantidad de horas eran las únicas que podían cobrar. En días de alta producción, y a la petición del jefe de la misma para quedarse una o dos horas más, las empleadas aprovechaban para recordar que alguna vez les habían mencionado la cantidad de horas de trabajo y no les habían pagado horas extras, por lo que la mayoría salía apenas cumplía su jornada dejando tirada la producción faltante y sintiendo que recobraba su dignidad laboral.
En el sector de servicios, uno de los más solicitados por inmigrantes, los discursos y prácticas de sabotaje también son constantes. “Que se chinguen por no pagarme bien”, dijo Jonás a Tony a su regaño por llevar a su departamento alimentos y utensilios de cocina del restaurante donde trabajaban, esta frase es común para manifestar la insubordinación de empleados ante las injusticias en sus lugares de empleo. El “chingar” adquiere el sentido de atacar los intereses del empleador y reparar el agravio que sienten los empleados, por lo que buscan complementar sus salarios con el robo de vegetales, frutas, carnes, jabón y hasta papel de baño. El robo no solo es pensado como el acto popular de justicia en las relaciones de producción, sino también permite estrechar relaciones entre los subordinados. Rubén y Roque, empleados en el mismo restaurante, comentaban que por años habían realizado estas acciones y nunca habían sido atrapados gracias al trabajo en equipo. Así fue común llevar a sus hogares carnes, pescado y mariscos finos.
La insubordinación bajo el hurto no sólo ocurre como parte de las tensiones entre empleador y empleado, sino es una situación de supervivencia y dignidad. Así lo pensaba Vidal, quien a lo largo de todo el año sacaba de la factoría, donde laboraba, carteras, bolsas de mano, pulseras, collares, lentes de sol, etcétera, para que durante el verano saliera a vender con su familia en los tianguis callejeros. La venta de estos artículos representaba ese ingreso extra que la factoría no le ofrece, pero que él hacía efectivo bajo el hurto.
Finalmente, compilamos diversas historias de insubordinación laboral, de hacer tiempos muertos y de recrear espacios donde sus disgustos y corajes contra empleadores y encargados afloraban al ser expuestos entre compañeros de trabajo. Todo esto a través de las borracheras en momentos de trabajo con el vino o licor que hurtaban de las bodegas de restaurantes. Las historias de Rubén y Roque en el restaurante de comida caribeña no diferían de lo que pasaba en el restaurante francés donde trabajaban Juan y Andrés, el judío donde estaban Tony, Jonás y Primo, el italiano donde estaba JM y su hermano Mariano, todos ellos en Queens y Manhattan; o del americano donde estaban Pancho y Manuel o del italiano donde laboraban Armando y Marcos en Long Island. Mientras unos consumían licor y otros tomaban cervezas, algunos lo hacían durante la jornada de trabajo y otros al final de la misma, unos se escondían en lugares recónditos de la cocina y otros en los vestidores, todos coincidían en que sus lugares de trabajo suministraban parte de lo consumido bajo el saqueo.7 No notamos vergüenza en los informantes al contar estas historias ni arrepentimiento de haberlo hecho, pero sí regocijo porque estas prácticas son respuestas a fletarse a arduas jornadas de trabajo y son momentos oportunos para apropiarse de un espacio donde pueden maldecir, burlarse y expresar discursos de inconformidad contra los jefes o dueños.
Las prácticas de robo y sabotaje son estrategias complementarias para la sobrevivencia de los inmigrantes ante el pago de salarios deprimidos. Además de ser actos de justicia laboral donde su moralidad de buen trabajador no se ve contradecida, por el contrario, la misma es recuperada una vez que los empleadores la han degraddao al no otorgar los reconocimientos y salarios apropiados. Así, consideramos que las expresiones de insubordinación inmigrante tienen la característica de ser luchas por lo que consideran debe ser justo.
La farsa y el beneficio del doble uso de la asistencia social
Pensamos que la negación al acceso de instituciones de salud y programas de ayuda económica o alimentaria, a sujetos con estatus migratorio ilegal sería el común denominador que hallaríamos debido al decreto de la Ley de Responsabilidad Personal y la Reconciliación de Oportunidad de Trabajo (PRWORA por sus siglas en inglés), también conocida como la “Reforma de Prestaciones Sociales”, decretada en 1996 por el presidente Bill Clinton y el Congreso. PRWORA redujo la cantidad de gastos federales para las familias de bajos recursos, puso un límite en el número de años que una persona podría recibir asistencia social del gobierno y requirió que los beneficiarios trabajaran durante los dos años en que recibían beneficios. También incluyó legislaciones que limitaban los fondos para padres no casados menores de 18 años, mejoró la administración legal de manutención para niños y limitó los fondos disponibles para inmigrantes (Haskins, 2009).
A pesar de estas medidas legales, exponemos cómo años atrás, para usar el servicio público de salud, los inmigrantes se apoyaban de la ilegalidad para tener una atención totalmente gratuita. Enseguida, abordamos los programas de Ayuda a Familias con Niños Dependientes (AFDC por sus siglas en inglés),8 Programa para Mujeres, Bebés y Niños (WIC por sus siglas en inglés)9 y el Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria, comunmente conocido como Programa de Cupones para Alimentos (Food Stamps), para dar cuenta de la reinterpretación y doble uso de los mismos por parte de los padres de los nuevos rostros ciudadanos de Nueva York.
La auto-inclusión al sistema de salud y el doble uso de programas de asistencia social
Cuando iniciamos a indagar el impacto de las reformas de asistencia médica en la negación de servicios a inmigrantes ilegales, esperábamos encontrar accesos totalmente negados a los mismos. Sin embargo, durante la década de 1980 a 1990, los inmigrantes desarrollaron métodos para hacer uso de instituciones de salud pública sin pagar un solo centavo. Los inmigrantes dieron cuenta de que el personal de hospitales no se preocupa ni poseesino los medios para verificar si el nombre, identificación y dirección del paciente son verídicos. Por tanto, los pacientes ilegales proporcionaban nombres y direcciones falsas para que el recibo de cobro nunca les llegase o en caso de proporcionar la dirección correcta el nombre era falso. Por varios años, este fue el sistema implementado para que los servicios médicos fuesen totalmente gratuitos. La estrategia de trabajar con un nombre y documentos falsos o poder conseguir los mismos cuantas veces quisiesen, se extendió hasta el sistema de salud para hacer uso del mismo sin ningún inconveniente.
A finales de la década de 1990, la prác ttica de falsificar información personal quedó en el olvido gracias a la orden gubernamental que se instruyó a hospitales de la ciudad de Nueva York para que brindaran consultas a bajos costos a inmigrantes ilegales. Se les dio la posibilidad de obtener tratamientos médicos sin cobros totales de los servicios de salud, los inmigrantes pueden calificar para un seguro médico de costos accesibles o de cobertura totalmente gratuitos si comprueban ingresos económicos bajos. Fue entonces cuando los migrantes buscaron otros recursos para poder beneficiarse de asistencia médica a bajos costos. Mientras quienes poseían un estatus legal presentaban complicaciones para reunir los requerimientos o para falsear información, los indocumentados, a veces con la complicidad del empleador, proporcionaban cartas donde mentían respecto al salario real de cada semana para poder acceder a seguros médicos gratuitos. Cuando no se recibe el apoyo del empleador, existe la alternativa de recurrir a las redes familiares o de amistad para obtener cartas de otros empleadores. Por ejemplo, Alberto recurrió a las redes familiares cuando después de haberse sometido a una cirugía de corazón, el hospital le estaba cobrando una cantidad cercana a los 40 mil dólares a pesar de haber contado con seguro de emergencia. Su cuñado, administrador general de un restaurante, le dio las cartas de trabajo necesarias para que le condonaran gran parte de la deuda.10
Algunos inmigrantes comentaron que, ante la atención médica por una enfermedad de gravedad y una deuda económica cuantiosa, ellos tendrían la posibilidad de marcharse definitivamente del país o buscarían moverse a otro estado para trabajar con otro nombre. Doña Macaria decía que “eso no lo pueden hacer los que tienen ‘papeles’ porque a donde estén les cobran. Tampoco pueden mentir en sus declaraciones de ingresos económicos porque les ocasionaría problema con IRS”.11 Para ella, en cierto sentido, esta es una clara desventaja de los inmigrantes legales y punto a favor para los ilegales. Finalmente, cuando el empleador se resiste a colaborar y en las redes no han podido hallar quién les proporcione los documentos, los inmigrantes recurren a disminuir sus jornadas de trabajo de tal modo que sus salarios sean los apropiados para poder calificar a seguros médicos a bajos costos.
Cerramos este apartado considerando los casos de las migrantes ilegales beneficiadas con el programa de Asistencia Prenatal para Mujeres Embarazadas (PCAP por sus siglas en inglés) para considerar cómo las ciudades santuario operan con cierta deferencia a la salud reproductora de las futuras madres inmigrantes sin importar su estatus migratorio. En este caso, resaltamos cómo algunas de ellas, al tener cobertura de salud prenatal, aprovechan para atender sus enfermedades. Este es el inicio de los medios indirectos con los que las ilegales pueden beneficiarse del nacimiento de hijos en territorio norteamericano. Tal fue el caso de Lucrecia, quien con una sonrisa en el rostro nos contaba que, posterior al nacimiento de su primera hija, se realizó una operación de la vesícula y se atendió sus problemas de la vista. Posteriormente, se sorprendió de ver el estado de cuenta del hospital por arriba de los 60 mil dólares, pero decía nunca estuvo preocupada, porque sabía que su seguro médico le cubría todos los gastos. La historia de Lucrecia no es aislada, más bien podríamos considerarla una de tantas al ser parte de los apoyos que el Estado brinda para poder hacer libre uso de instituciones de salud dentro de los marcos legales establecidos.
El doble uso de los programas de asistencia social
Concluimos describiendo cómo los apoyos económicos y alimentarios a los nuevos ciudadanos -hijos de inmigrantes- toman rumbos intrincados a sus metas o necesidades económicas. Los programas de ayuda social son administrados y reinterpretados por las madres, dándoles un sentido de beneficio y objetivos familiares. Una vez más destacamos que el doble uso de los programas de gobierno no sería posible sin las redes sociales y el desarrollo del barrio latino, puesto que ambos permiten la normalización del desarrollo de prácticas contradictorias a los objetivos del Estado.
Entre los programas de asistencia social que más usan los inmigrantes se encuentran el Welfare, programa que responde a asistir a las familias que tienen poco o ningún ingreso económico; el programa de Temporary Asistanse for Needy Families (TANF) o mejor conocido como AFDC, que ayuda económicamente, pero exige a los beneficiados encontrar un trabajo dentro de los años de recibir la ayuda; el Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Childrens, mejor conocido como WIC, que protege la salud de las mujeres embarazadas de bajos ingresos después del parto, a las madres lactantes, bebés y niños hasta de cinco años de edad que estén en riesgo nutricional; y el Supplemental Nutrition Asístanse Program (SNAP), anteriormente conocido como Food Stam Program, que brinda beneficios electrónicos mensuales a trabajadores con bajos ingresos, ancianos y discapacitados para poderlos utilizar como dinero en efectivo para comprar alimentos en las tiendas autorizadas de alimentos al por menor.12
La elegibilidad para uno de estos programas de bienestar depende de diversos factores, entre ellos, pruebas de ingresos brutos y netos, identificaciones personales, comprobante de domicilio, número de integrantes de la familia y situaciones de crisis familiares como las emergencias médicas, el embarazo y falta de vivienda y desempleo, entre otras. Similar al seguro médico, en el trámite de estos programas es recurrente acudir a medios sutiles para presentar documentos que garanticen la obtención del mismo. Nuevamente, nos encontramos con la táctica de buscar con empleadores, amigos y familiares la expedición de cartas de trabajo con información falsa sobre sus ingresos económicos semanales, o de omitir información del trabajo asalariado de uno de los cónyuges, por lo regular se oculta el trabajo de la esposa.
Obtuvimos poca información sobre beneficiarios del programa AFDC porque después de 1996 las reglas para acceder al mismo se hicieron más rígidas una vez que el gobierno federal lo entregó a los estados. No obstante, conocimos los casos de cinco familias beneficiadas con el mismo, con tres de ellas mantuvimos conversaciones directas y con las otras dos sabíamos sus casos por terceros. De estas familias, tres estaban conformadas por madres solteras con tres, dos y un hijo. Al ser ellas el único soporte de la familia, se veían con la necesidad de obtener todo tipo de asistencia social para cubrir gastos de renta y manutención de sus hijos, mientras las otras dos familias tomaban la ayuda económica sin necesitarlo realmente. Lo interesante fue que el apoyo económico que recibían era ahorrado mes con mes con la finalidad de adquirir una propiedad para sus hijos en el pueblo natal del padre en Guerrero.
Food Stamps es el programa por excelencia de los inmigrantes para poder hacer un doble uso con fines de tener otro medio de ingreso para el consumo alimentario o ahorro monetario de la familia. Para ello las redes sociales y el barrio latino han sido claves por ser el lugar donde normalizan las prácticas ilegales dando un sentido diferente a este programa. Los beneficiarios reciben mensualmente montos económicos en tarjetas electrónicas para comprar todo tipo de alimentos destinados a ser consumido por personas, excepto los que se preparan en la tienda. Asimismo, productos de limpieza, tabaco, alcohol, jardinería o contenedores, están excluidos para pagarse con estas tarjetas, pero el desarrollo comercial de marketas latinas permitió pactos entre clientes y dueños para cubrir con fondos del programa productos que no están en la lista.
Otra estrategia es convertir el crédito de las tarjetas en dinero corriente. Esto es posible gracias a las redes sociales entre familiares o amigas, con quienes acuerdan pagar con la tarjeta los productos que necesitan las segundas y después retribuirá la cantidad abonada. En este caso, las últimas no obtienen beneficio alguno, pero lo hacen como uno más de los favores que se realizan por vínculos familiares o de amistad.
Algunos informantes analizaban este programa como una alternativa a mermar sus tiempos y ritmos de trabajo. Otros al estar desempleados determinaban descansar unas semanas y sobrevivir por lo mientras con los apoyos gubernamentales. Esto también se traducía en la falta necesidad de trabajar horas extras o reducir presión en sus gastos semanales de manutención, “mientras Food Stamps se encargaba de los alimentos, ellos se encargaban de los gastos de vivienda”, decían.
Conclusiones
El trabajo ha mostrado las relaciones de poder que se suscitan entre el Estado y la clase proletaria internacional. De forma tácita, abonamos información para mostrar las formas desarticuladas, pero ingeniosas con las cuales los inmigrantes se acomodan, resisten, reinterpretan y contradicen el poder. Es decir, tratamos las relaciones de poder, no como dominación total, sino privilegiamos el libre albedrio de los dominados para hacer notar la lucha en constante reelaboración, en diferentes momentos y escenarios. Gramsci propuso que la hegemonía es un concepto que nos permite considerar la no pasividad y las luchas constantes de los subalternos. Destacamos que en estas luchas subalternas, la producción y consolidación del barrio latino ha sido fundamental para que los inmigrantes desplieguen una serie de acciones propias de su cultura, por ejemplo, valores como la solidaridad y nuevas moralidades con las que hacen frente a sus vicisitudes y generan una visión del mundo diferente al de la clase dominante.
De esta forma, iniciamos analizando cómo ante las medidas legales de control, castigo, exclusión y deportación de migrantes indocumentados y con antecedentes criminales por parte del Estado, los primeros han hallado en una vida en las sombras los caminos apropiados para sacar ventaja de su exclusión. Ni muros más altos, ni con mayor vigilancia tecnológica y humana, han impedido el reingreso de migrantes deportados. Sus vidas familiares o laborales son más determinantes para sus reingresos que el castigo impuesto por las autoridades migratorias. Asimismo, expusimos cómo los mismos documentos con los cuales el Estado ha determinado la legalidad e ilegalidad de los sujetos han sido retomados por los inmigrantes. La obtención de Green Card y Social Security falsos han sido necesarios para poder seguir desempeñándose como migrantes laborales. La reinterpretación de las medidas del Estado no se detuvieron con estas acciones, también describimos algunas formas de entender y acoplar las leyes federales de inmigración a las necesidades y conveniencias de los indocumentados. Hallamos reinterpretaciones y flexibilizaciones de algunas leyes migratorias en los términos de los sujetos y no del Estado para acceder a la legalización de sus estatus migratorios.
Siendo la actividad laboral una de las acciones más importantes de los inmigrantes y donde se ubican las condiciones más ínfimas que padece la clase trabajadora, documentamos mismas cantidades de contienda. A través de las acciones desorganizadas en los restaurantes y factorías, manifestadas en los robos, sabotaje y tiempos muertos, expusimos como los proletarios desarrollan contiendas diarias con el fin de recobrar su dignidad como trabajador y el excedente económico que el empleador no les otorga. Enmarcamos a estas prácticas con el desarrollo de moralidades de clase con la que los sujetos no piensan que están lucrando, sino recobrando su dignidad al no tener el pago, trato y reconcomiendo justo de sus empleadores.
Finalmente, las estrategias inmigrantes para hacer uso de asistencia de salud y de programas de asistencia social, nos dejaron formas de auto-inclusión fuera de los márgenes del Estado, nuevamente con el uso del falseamiento de información para obtener beneficios de ambos programas y haciendo uso de los mismos, acorde a las necesidades de las familias. Tal es el caso de aquellas que se benefician con el programa Food Stamps y quienes con ayuda de las redes sociales y la normalización de prácticas ilegales en el barrio pueden sacar provecho para hacer frente a sus situaciones de vida precaria.
No podemos considerar que bajo estas prácticas los inmigrantes están quebrando al sistema de salud, estén saboteando las arcas de la nación, ni mucho menos que estén incentivando e incrementando la delincuencia con la falsificación de documentos y retomar otras identidades. En la balanza son más las acciones negativas, las imposiciones, las explotaciones laborales, las discriminaciones raciales que padecen, la usencia de libre movilidad debido a las medidas políticas incentivadas por el Estado. El estudio no tiene la intención de festejar estas acciones o de alentarlas en la comunidad inmigrante para que siga cometiéndolas. Más bien, nuestro objetivo fue ver como la hegemonía es vivida, resistida o reinterpretada, y que la clase proletaria internacional, desde su sentido común, está en constante desarrollo de estrategias de resistencia para mitigar o alargar sus estancias.
