Introducción

Como parte de un proceso mundial, la población de México durante el siglo XXI estará caracterizada por el envejecimiento y menor tamaño de las familias. Los antecedentes son de un proceso paulatino, sostenido y acumulativo, cuya manifestación presente es una significativa y creciente población envejecida, alterando relaciones sociales, económicas y familiares. Es resultado de la conocida transición demográfica que da cuenta de cambios en el tamaño y estructuras por edad de la población, debido a mayores esperanzas de vida y menores tasas de fecundidad (^{Partida, 2005}).¹ Las causas, efectos, características y temporalidades de estos cambios se determinaron por avances en el desarrollo social y económico, pero que siempre han sido heterogéneos y desiguales. De ahí la diversidad en la dinámica demográfica y sus efectos en el país entre generaciones y entre clases sociales.

Ha sido sustancial la creciente sobrevivencia de la población para alcanzar edades mayores, a la vez que los resultados de la menor fecundidad se muestran en la menor presencia de niños y adolescentes, resultando en el creciente segmento de la población envejecida, tanto en números absolutos como porcentuales. De acuerdo con los Censos de Población y Vivienda, mientras que en el año 2000 la población en edades de 65 años y más (P65+) llegó a 4.8 millones de personas (cinco por ciento del total de población), en 2020 alcanzó 10.3 millones (8.2 por ciento), asimismo, las proyecciones de la población de México más recientes del Consejo Nacional de Población (CONAPO) esperan que en 2050 sean 24.9 millones (16.8 por ciento). En las dos primeras décadas de este siglo XXI, el proceso se acelera, siempre relacionado con avances sociales, económicos y de la salud; también se indica que ha sido un desarrollo intermedio y desigual. Prevalece un alto Producto Interno Bruto (PIB), pero marcado por persistente pobreza, rezagos en la educación, inequidad en el empleo y el ingreso, deficiencias en la vivienda, de seguridad social limitada y disímil, y con un inadecuado sistema de salud. Este entorno da lugar a preguntas sobre cómo son las oportunidades para lograr el desarrollo sostenible y equitativo, cuando ahora se agregan los efectos del ineludible envejecimiento demográfico.

La preocupación es por la alta correlación del envejecimiento con enfermedades crónicas, pérdidas de funcionalidad física y mental, inadaptabilidad a cambios tecnológicos, sociales y familiares. Estas desventajas implican vulnerabilidad social y adversidad económica, ocasionando dependencia que recae sobre la población joven y adulta, social y económicamente activa. La dependencia crece con el grado de envejecimiento y en las condiciones actuales las dificultades críticas son sostener la seguridad social,² en especial las pensiones, así como atender la salud y procurar los cuidados personales. Cada una de estas condiciones a futuro presenta serios desafíos para las personas, las familias, la sociedad y los gobiernos, de tal manera que el envejecimiento se considera uno de los grandes problemas nacionales, dificultando las posibilidades de desarrollo equitativo y sostenible.

Se llega así a considerar cómo atender la dependencia de la población envejecida de manera que sea económica y socialmente factible, lo cual incluye las relaciones intergeneracionales y también entre clases sociales. Dado que se trata de crear políticas y programas que necesariamente tienen el objetivo de lograr el mejor de los futuros posibles, técnicamente siempre tienen un enfoque dinámico y prospectivo. Como parte de estos propósitos, este artículo se dedica a la seguridad económica en el envejecimiento y en el aspecto específico de las pensiones derivadas de las contribuciones laborales. El objetivo central es analizar numéricamente el estado de las pensiones de jubilación y retiro y las prospectivas de sostenibilidad. Cabe mencionar que el énfasis es sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por tratarse de las dos principales instituciones de seguridad social y que en conjunto cubren 95 por ciento de la afiliación. La metodología se apoya en el uso de estadísticas y en la estimación de indicadores para el análisis cuantitativo de los inicios de los sistemas de pensiones de retiro, cuál fue su desarrollo hasta el presente, cómo se generaron sus deficiencias, las soluciones que se intentaron y una evaluación de la insostenibilidad en el futuro cercano. Cabe mencionar que en los casos de ausencia de información se trabajan estimaciones indirectas para completar el panorama y la proyección del costo fiscal anual por pensiones. Las principales fuentes de información son la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social y las valuaciones actuariales del IMSS e ISSSTE.

El documento se divide en cinco secciones más esta introducción. En la primera sección se revisa la relevancia de los sistemas de pensiones en contextos de dependencia relacionada con la edad. En la segunda se presenta un breve recorrido de los principales antecedentes de los sistemas de pensiones en México. La tercera describe las principales características de las pensiones de jubilación y retiro a partir de un ejercicio de actualización de estadísticas e indicadores en los casos de ausencia de información se trabajan estimaciones indirectas para completar el panorama. La cuarta sección revisa la factibilidad de los sistemas de pensiones a partir de la erogación por el pago de pensiones públicas y la proyección del costo fiscal. Finalmente, se exponen las conclusiones, incluyendo algunas propuestas.

Dependencia económica por envejecimiento

El envejecimiento tiene efectos sobre la población trabajadora y económicamente productiva, cuando disminuye o anula la capacidad de trabajo, y consecuentemente se pierde el ingreso. Una consecuencia para las empresas con personal envejecido es la baja en la productividad. Asimismo, antecedentes históricos e incluso literarios (por ejemplo, la novela Germinal de E. Zola), relatan el abandono y desecho de los trabajadores cuando lesiones, enfermedades o vejez quebrantaban sus capacidades laborales (^{Ham y González, 2008}). Así, la vida en la vejez incapacitada se supeditaba a las posibilidades de apoyo familiar, con las limitaciones que eso tiene en situaciones de pobreza (^{Huenchuan y Guzmán, 2007}). No fue sino hasta la segunda mitad del siglo xix que los reclamos en Europa por protección laboral logran establecer la seguridad social y las pensiones de retiro en la vejez, con las conocidas disposiciones bismarkianas. Sin embargo, estos esquemas aún distan mucho de cumplir con el propósito de garantizar bienestar económico en la vejez, cuando actualmente son insuficientes y financieramente insostenibles.

Las deficiencias de la seguridad social obligan en mayor parte a que la dependencia económica en la vejez quede a cargo de la familia, en circunstancias generalmente críticas. De inicio, la cobertura de la seguridad social se limita a proteger a trabajadores asalariados urbanos (^{Ramírez, 2019}), los cuales son solo la tercera parte del total de trabajadores, puesto que no se ocupa del mundo laboral rural o de la informalidad, de menores ingresos, mayor pobreza, y por tanto más necesitado de protección. Tampoco toma en cuenta la dimensión de género incluyendo el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado que mayormente realizan las mujeres (^{Arenas, 2019}), contribuyendo a la sostenibilidad de la vida humana y a la reproducción de la fuerza de trabajo (^{Carrasco, 2017}). La consecuencia es un sistema de pensiones donde, según cifras de la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS) 2017, menos de la cuarta parte de las personas envejecidas tienen alguna pensión, siendo 38.6 por ciento hombres y 22.2 por ciento mujeres. Se insiste en que la población pensionada es la de mejores condiciones socioeconómicas, mientras que la vejez en pobreza es ajena a tal beneficio.

Se remarca que las personas que se acercan a edades avanzadas, tienen el sentimiento generalizado de no querer ser una carga para la familia cuando lleguen a la vejez, sobre todo en situaciones de precariedad. Así, una pensión parece lo ideal, ya que es un recurso bienvenido y de hecho tan deseado que hasta se exige, aunque no exista dependencia. Esta actitud viene de que una pensión se considera un derecho adquirido, lo otorga la seguridad social o se pacta en un contrato de trabajo, para la cual se han hecho contribuciones, además de que suele haber un sindicato que refrenda exigencias. Sin embargo, esta reclamación de derechos y aceptación sin renuencias tiene dos falacias. Una es la creencia de que las contribuciones hechas son suficientes para pagar la jubilación, sin embargo, cuentas simples muestran la insuficiencia de las cuotas respecto al costo de las pensiones comprometidas. Otra falacia es que aunque las contribuciones hayan sido exiguas, finalmente el costo está a cargo del gobierno, por lo que se consideran totalmente costeables y que a nadie afectan. Bajo estas percepciones, surgieron actitudes de grupos corporativos para concertar pensiones de alto monto y de retiro anticipado con bajas contribuciones y hasta de cero aportaciones (^{Rivera-Arias, 2016}). Sin el equivalente financiero del beneficio recibido, se convierten en deuda pública afectando futuras generaciones, además de que son regresivas entre clases sociales (^{Ortiz, 1998}).

Principales antecedentes de las pensiones

El fin de la Revolución Mexicana se señala hacia 1920 sin precisar una fecha, pues la post-revolución fue un periodo largo, complicado y conflictivo, antes de lograr la pacificación y renovación de la vida social, económica, y política que dio lugar a un nuevo estado mexicano. Se permite entonces que las ideas de la emergente clase media tomen valor en lugar de los intereses de anteriores oligarquías, caudillos y prelados (^{Garciadiego, 2004}). La seguridad social inicia en 1925 con la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro que consideraba los beneficios previsionales de sectores de servidores públicos y de otros grupos como los maestros (^{Farfán, 2017}). Posteriormente, un hito histórico acontece cuando en 1934 se estableció la administración presidencial sexenal, sin posibilidades de reelección. Esta modalidad vino acompañada de estabilidad política, permitiendo avances sociales y económicos sustanciales aunque también haya mostrado complejidades y fallas. Es común que cada nuevo sexenio inicie anunciando renacimientos políticos, mejoras sociales y promesas económicas que logren avances y desarrollo, pero que siempre terminen en decepciones, menores y mayores. En la histórica primera de las administraciones sexenales (1934-1940) se formaliza la seguridad social que incluye la jubilación y el retiro para la clase trabajadora, las que se agregan a las entonces ya existentes pensiones de militares y empleados del servicio público. Se establecen así las bases jurídicas, administrativas, técnicas y presupuestales que se hacen efectivas durante el segundo sexenio con la creación en 1943 del IMSS.

Es importante señalar que el IMSS es la mayor institución de seguridad social de América Latina, con la importancia y simbolismo que eso implica. Se encarga de proteger la fuerza laboral más grande del país, que principalmente son empleados asalariados de las empresas privadas. Desde su creación y su posterior desempeño y desarrollo, se aplicaron las normas internacionales recomendadas por la Organización Internacional de Trabajo. Uno de esos preceptos, de carácter técnico y operativo, indica que la seguridad social debe iniciar con un estudio actuarial, con subsecuentes valuaciones actuariales periódicas para procurar viabilidad y sostenibilidad económica a largo plazo. Es la parte técnica de planeación y vigilancia del desempeño entre recursos disponibles y concesión de beneficios. Sin embargo, las normas actuariales fueron transgredidas desde el principio, aún antes de la inauguración del IMSS (^{Ham, 2008}; ^{Farfán, 2017}).

El diseño operativo del IMSS y los correspondientes cálculos actuariales para iniciar su operación, habían considerado cubrir la atención a la salud únicamente del trabajador asegurado, pero por mandato presidencial se incluyó desde el principio que el servicio médico también se otorgara a los familiares de los trabajadores afiliados y sin incrementar las contribuciones; se trató de una medida de alto rendimiento político sin problemas financieros inmediatos. El mayor costo en la atención médica fue financiado por el superávit temporal de las pensiones. Las estimaciones actuariales del inicio y durante varios años después, indicaban suficiente capacidad financiera en las siguientes décadas. Era natural, pues en las etapas iniciales no había pensionados, apenas algunos casos de invalidez, cuando aún no se fincaban jubilaciones por edad y antigüedad, Además, la afiliación contributiva aumentaba junto con el crecimiento demográfico y económico, acompañado de empleo asalariado y urbano (^{Ramírez, 2019}). Es a partir de ahí, que se acentuaron los desbalances en el renglón de las pensiones, pues desde 1946 y hasta 1990, hubo 13 ampliaciones a los beneficios por pensiones, sin mover la cuota inicial de seis por ciento. Aun así, el beneficio era insuficiente, pues la pensión a los 65 años de edad y 35 años de antigüedad se fijaba como la mitad del promedio de los últimos tres años de salario (^{Soto, 2012}).

Parte sustancial de la creciente acumulación del desequilibrio financiero en el IMSS se explica históricamente por sus propias circunstancias laborales; al inicio sus empleados tenían los mismos beneficios que los asegurados, pero el aparente superávit de recursos dio lugar a que el sindicato de empleados solicitara mayores provechos que los concedidos a los asegurados. Como resultado se creó el denominado Régimen de Jubilación y Pensiones (RJP) y en 1954 se otorgó el doble de la pensión concedida a los demás asegurados, posteriormente se agregaron otros beneficios que llevaron a pensiones de 100 por ciento del último salario, con menor tiempo de trabajo, y sin considerar una edad mínima para el retiro. En 1968 se concedió que las pensiones fueran dinámicas, en el sentido de actualizar el monto en la misma proporción en que se incrementaban los salarios de los empleados en actividad. Todas estas concesiones se hicieron sin aumentar la tasa de aportación de seis por ciento (^{Soto, 1992}; ^{Soto, 2018}). El pago de obligaciones del IMSS-asegurador con los costos y flujos actuales implica sacrificar recursos de otros seguros destinados a la población derechohabiente (^{Vásquez, 2012}).

Técnicamente, siempre se reconoció que sin equilibrio actuarial se comprometía la sostenibilidad financiera; sin embargo, tales condiciones se consideraban del futuro lejano, mientras que lo políticamente inmediato era que la seguridad social fuera aceptable a patrones, sindicatos y trabajadores, lo que se lograba ofreciendo altos beneficios y bajas aportaciones. Empero, el tiempo no se detiene y el desequilibrio actuarial paulatinamente se hacía más evidente en cada nueva evaluación. En 1970 se indicaba bajo la técnica de primas escalonadas que la cuota de seis por ciento ya no era suficiente y que debería ser de nueve por ciento, la cifra de equilibrio se calculaba en 13 por ciento hacia 1980 y 23 por ciento en 1990. Solo fue después de 1990 que las aportaciones tuvieron un ligero incremento para agregar el minúsculo 0.5 por ciento que se denominó “cuota social”, pagada por el Estado (^{Soto, 1992}; ^{Soto, 2018}).

Todas las instituciones de seguridad social son de carácter público, declarando objetivos dedicados al bienestar común. Junto al IMSS en su cometido principal de proteger a trabajadores y empleados -principalmente del sector privado y de algunas instituciones públicas que se rigen por el Apartado “A” del Artículo 123 constitucional como la Comisión Federal de Electricidad-, están otras organizaciones de seguridad social que cubren a los servidores públicos en todos los niveles, desde municipios, pasando por entidades estatales, hasta el gobierno federal y también las fuerzas armadas y las empresas paraestatales.

Después del IMSS, la segunda mayor institución de seguridad social en México es el ISSSTE, sus orígenes se remontan a 1925, con la creación de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro previamente señalada. Actualmente el ISSSTE se encarga de brindar seguridad social a los trabajadores y familiares derechohabientes del gobierno federal y de gobiernos estatales que hayan establecido un convenio para tal propósito.

Asimismo, otros grupos como el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE), gobiernos de las entidades federativas, así como las dos extintas entidades: Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales) y Luz y Fuerza del Centro (LFC),³ e incluso algunos municipios y universidades públicas, crearon sus propios planes de pensiones. Siempre generosos en los beneficios, siempre de aportaciones menores, siempre sin considerar la necesaria equivalencia actuarial, todas acentuando la deuda pública.

Cabe mencionar que los sistemas de pensiones de los servidores públicos: empresas públicas, instituciones, universidades, estados y municipios son los más excluyentes porque “solo cubren a los trabajadores de cada institución en particular, son de carácter vitalicio, de beneficio definido, en algunos casos se complementan con la pensión que otorga el IMSS o el ISSSTE” (^{Ramírez, Nava y Badillo, 2018: 152}).

Fue hasta la última década del siglo pasado que se tomaron medidas para detener el incremento al pasivo por pensiones, así, se plantearon opciones y posibilidades, dominadas por variables financieras y presupuestarias. Las primeras acciones se remontan a 1992 con la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que obligaba a los empleadores de los trabajadores afiliados al IMSS e ISSSTE a aportar dos por ciento del salario base de cotización (SBC) en una cuenta individualizada administrada por el sistema bancario. De esta manera, en julio de 1997, el IMSS sustituye los beneficios definidos (BD) que intentaban ser de reparto y solidarios y que por lo descrito nunca lo fueron por cuentas individuales de administración privada, con contribuciones definidas (CD). También se modificaron las condiciones para obtener una pensión, como incrementar el tiempo de cotización de 500 a 1,250 semanas, tener 60 años o más para el retiro en edad avanzada y al menos 65 años para la pensión por vejez (^{Ramírez, 2019: 226}). Posteriormente, en abril de 2007 se reforma la Ley del ISSSTE, donde se incluye una combinación de modificaciones estructurales: se sustituye el sistema de BD por uno de CD. También se hacen cambios paramétricos al incrementar los tiempos de aportación, lo que implica un aumento de la edad de retiro y de los años de trabajo (Ramírez y Valencia, 2008).

En diciembre de 2020 se reformaron, adicionaron y derogaron distintas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Las modificaciones se dirigen a los trabajadores afiliados al IMSS que ingresaron o reingresaron a partir del 1 de julio de 1997, entre ellas se encuentra la disminución en las semanas de cotización de 1,250 a 1,000⁴ para tener acceso a la pensión que garantiza el Estado a los trabajadores de sesenta y más años de edad y que cumplan con el requisito de cotización (^{DOF, 2020}). Si bien es cierto que un mayor número de trabajadores contará con una pensión vitalicia, entre 40 y 50 por ciento, el resto sólo conseguirá el retiro de su ahorro (^{Ramírez, 2021}). Por otro lado, la pensión garantizada depende de la edad de retiro, las semanas de cotización y el promedio del SBC durante la afiliación al IMSS y queda establecido en el ^{DOF (2020)} que oscilará entre 2,622 y 8,241 pesos mensuales. De acuerdo con ^{Ramírez (2021: 13)} se elimina “el principio que se estableció en 1994, de que ninguna pensión debería ser menor a un salario mínimo”, ya que inicia con un valor que representa “73.6 por ciento de un salario mínimo”.

Otra modificación importante, es el aumento gradual de las contribuciones totales a las cuentas para el retiro, de 6.5 a 15 por ciento del SBC, que inicia en 2023 y concluye en 2030. La aportación del trabajador se mantiene en 1.125 por ciento del SBC. La cuota a cargo del Gobierno Federal deberá ser 13.875 por ciento del SBC al sumarla con la aportación patronal, así pasa de un rango de 1.798 por ciento para trabajadores con ingresos de 4.01 la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en adelante a 8.724 por ciento para trabajadores con un ingreso de un salario mínimo (SM) a 4.0 UMA. La cuota patronal va de 5.151 por ciento para quienes tienen ingresos de 1 SM-4.0 UMA a 13.875 por ciento con ingresos de 4.01 UMA en adelante. Sin embargo, ^{Ramírez (2021:19)} señala que al considerar que el aporte gubernamental se concentra en los trabajadores con un rango de ingresos de 1 SM-4.0 UMA, esto es 68 por ciento de los trabajadores actuales, “parece más rescate a las ineficiencias y voracidad rentística del sector financiero privado”.

También, como parte de las principales modificaciones aparece la disminución en los cobros por comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, ya que estarán sujetas a un máximo equivalente al promedio aritmético de las comisiones de Chile, Colombia y Estados Unidos (^{DOF, 2020}). De acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en 2021 la comisión promedio aprobada fue de 0.807 por ciento, en 2022 de 0.566 por ciento y en 2023 se mantendrá en 0.566 por ciento.

Cabe mencionar que la citada reforma no atiende el costo fiscal del pasivo de transición, ni las marcadas desigualdades socioeconómicas o de género.

Características generales de las pensiones

Se recalca que el propósito de la seguridad social en general y de las pensiones en particular, debe ser la protección de trabajadores y de sus familiares frente a riesgos de incapacidad para el trabajo en razón de enfermedad, discapacidad o vejez. Pero sus características, como se describen enseguida, muestran que se está lejos de tal propósito.

El Cuadro 1 indica que la afiliación se concentra en dos instituciones, el IMSS con 83.4 por ciento de los afiliados directos y el ISSSTE con 11.5 por ciento, de manera que entre ambas reúnen tanto como 94.9 por ciento de la afiliación, el restante 5.1 por ciento corresponde a una seguridad social dispersa y desordenada. Se tiene registro de 104 instituciones públicas federales, estatales o empresas descentralizadas. Además, se da cuenta de más de mil planes de pensiones, principalmente municipales o privados (^{Aguirre, 2012}). Cada uno de estos esquemas es independiente, pues tiene variaciones en los beneficios que otorga, en las formas de financiamiento y en las normas que los gobiernan (^{CIEP, 2019}). Semejante dispersión también se refleja en la disponibilidad de información, donde cada institución observa sus propios conceptos y maneras de administrar información, incluyendo disponibilidad o renuencia de acceso a datos. Frente a este escollo metodológico, en este trabajo se realiza una descripción numérica del estado de las pensiones de jubilación y retiro y cuáles son las prospectivas de sostenibilidad. Es de mencionar que en los varios casos donde la información no estuvo disponible o requiere actualización, se ensayaron algunas estimaciones indirectas, cuestión que se advierte en el texto cuando así sucede.

El Cuadro 1 estima que en 2020 la población de 15 años y más (P15+) era de 105 millones 34 mil, con la PEA en 54 millones 390 mil, de los cuales sólo 19 millones 977 mil están afiliados a la seguridad social. Esto es, que 36.7 por ciento de la PEA está protegida, quedando excluida tanto como dos terceras partes. En la P15+, la PEA masculina es 67.9 por ciento y en las mujeres es 37.3 por ciento. Se hace notar que la proporción de la PEA cubierta por la seguridad social es similar en ambos sexos, ligeramente mayor en mujeres con 37.3 por ciento, mientras que en hombres es de 36.3 por ciento.

Estas diferencias de cobertura por sexo tienen efectos para las posteriores estadísticas de pensionados. Las pensiones no son sólo beneficios de jubilación o de vejez, sino que también se otorgan por discapacidad en los trabajadores, o por viudez u orfandad, de tal manera que por eso hay pensionados en todas las edades. Sin embargo, la mayor parte de las pensiones se concentran en las edades mayores. Así, el Cuadro 2 se refiere a la P50+ de 2020, la cual suma 31 millones 889 mil personas, de los cuales cinco millones 591 mil son pensionados. Las cifras se presentan por grupos quinquenales de edad y sexo, junto a los porcentajes de pensionados respecto al total de la población.

Los pensionados en edades 50-59 aunque son pocos, no dejan de tener significancia numérica dada su menor edad para ya tener una pensión. Una característica de ese grupo es que hay más mujeres pensionadas que varones. Como se verá más adelante, la explicación de esta diferencia está en las pensiones de viudez, en gran parte de mujeres que adquieren la pensión debido a un esposo fallecido con afiliación a la seguridad social (^{Marco, 2004}). Pero las cifras indican que las pensiones se tornan decididamente presentes a partir de la edad 60, cuando los pensionados son más hombres que mujeres.

Resaltando el hecho, debe insistirse en que los pensionados son una proporción menor del total de población. Un cálculo a partir de cifras que no aparece en el cuadro, pero mencionadas en cifras parecidas varias veces en diversos estudios, indica que solo 26.5 por ciento de la P60+ tiene alguna pensión, correspondiendo a 33.4 por ciento para hombres y 20.7 por ciento en mujeres. El Cuadro 3 muestra estimaciones de la P50+ pensionada por el tipo de pensión y su distribución, según sexo y tipo de institución.

Estas estimaciones y cálculos adicionales, permiten señalar otras características que visibilizan las marcadas desigualdades que prevalecen según sexo, institución y tipo de pensión:

De los cinco millones 937 mil pensionados de todas las edades, 54.9 por ciento son hombres y 45.1 por ciento son mujeres.

Por instituciones, el mayor número corresponde al IMSS con 74.1 por ciento, donde 68.5 por ciento corresponde a sus afiliados directos, principalmente trabajadores en empresas privadas. El otro 5.6 por ciento es de los empleados del propio IMSS, en su Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) (^{IMSS 2021b}). El ISSSTE, por su parte, atiende 19.2 por ciento de los pensionados.

IMSS e ISSSTE cubren 93.3 por ciento de la población pensionada y el restante 6.7 por ciento está repartido entre todas las demás entidades paraestatales y similares.

La mayor parte de las pensiones son por retiro, vejez o jubilación con 75.2 por ciento. El siguiente rubro en importancia es por viudez con 15.2 por ciento. Cabe decirse que estas estimaciones requieren mayor escrutinio, lo cual se entrelaza con los siguientes puntos.

Mirados a través de los motivos de la pensión, hay diferencias entre instituciones divididas en tres categorías. Destaca las diferencias entre, por una parte el IMSS asegurador, el ISSSTE, y por otra el RJP del IMSS junto a las entidades paraestatales de gobierno.

En el IMSS asegurador, 58.5 por ciento de las pensiones son para hombres y 41.5 por ciento para mujeres. En los hombres, 85.5 por ciento de las pensiones son por retiro, vejez o jubilación, mientras que en el caso de las mujeres pensionadas casi se dividen por partes iguales entre retiro, vejez o jubilación con 46.9 por ciento y por viudez con 45 por ciento.

En el ISSSTE es notable que 57.9 por ciento de las pensiones se otorguen a mujeres. Este alto porcentaje no es debido a viudez, sino que en su mayor parte -83.5 por ciento- son por retiro, vejez o jubilación y únicamente 12.8 por ciento son de viudez. Simplemente se debe a la gran participación femenina en el trabajo en las dependencias del gobierno federal. En los hombres casi la totalidad de 97.0 por ciento es por retiro, vejez, o jubilación.

En cuanto a las instituciones de “gobierno y entidades paraestatales”,⁵ éstas tienen mayor porcentaje de pensionados varones. Posiblemente relacionado con la actividad de instituciones como CFE y PEMEX. También eso explica que en las mujeres el porcentaje de pensiones por viudez sea la siguiente cifra significativa. Un dato peculiarmente conspicuo es que en el IMSS-RJP están los porcentajes más altos de pensiones por accidentes o enfermedad profesional.

Estructura del costo y beneficios del sistema de pensiones

Las pensiones son un régimen de obligaciones y compromisos económicos. Por un lado, el componente principal es la promesa de la institución de hacer pagos vitalicios cuando se cumplan condiciones pactadas, como haber llegado a la vejez, sobrellevar una incapacidad o enviudar. Por otro lado, están las obligaciones de los afiliados, sus empleadores y el Estado, de aportar recursos en montos y tiempos acordados. Se trata de un sistema financiero y administrativo, siempre con matices políticos de gran complejidad, que tienen el objetivo de compensar el ingreso que se pierde por incapacidad. Vigilar la función financiera, su solvencia y la sostenibilidad a largo plazo, es tarea de las valuaciones actuariales.⁶

En el Cuadro 4, para el año 2020 y por instituciones, se presentan el número de pensionados (en miles), el costo total de las pensiones (en millones) y el valor promedio de la pensión mensual. La información se ordena de mayor a menor conforme los valores de las pensiones promedios mensuales. Se comenta que esta colocación coincide con el orden de menor a mayor del número de pensionados. La posición inversa en función de estas dos variables, reitera la desigualdad económica producto de diferencias sociales, donde los pocos cobran sobradamente mucho, mientras que la mayoría recibe insuficientemente poco. Como valores promedio de las pensiones, el sistema más favorecido es el RJP del IMSS, casi el doble que en el ISSSTE y 4.5 veces la de los afiliados al propio IMSS. Con estas cifras del monto de las pensiones y su distribución, el índice de Gini es 0.335.

Factibilidad económica y social

Los seguros sociales son sistemas que protegen de contingencias individuales, identificadas y establecidas, a través de solidaridad y prevención de parte de la sociedad en general. En el caso del envejecimiento y la meta de proteger el ingreso pecuniario a través del programa de pensiones, se hace necesario preguntar ¿qué tan factibles son estos propósitos?, a través de prospectivas sociales y económicas debidamente planteadas y consideradas, que además adecuen los conceptos y técnicas actuariales. La pregunta claramente admite la posible respuesta de que no sean factibles; el cuestionamiento parte de examinar el costo de las pensiones y cómo se distribuye en los diferentes sistemas. Una mirada desde este enfoque se muestra en el Cuadro 5, con las cifras de la erogación por el pago de pensiones públicas. La primera advertencia viene de percatarse del tamaño de los pagos, pues los números son tan altos que se refieren a millones de pesos. Esto significa que en 2021 seguramente se gastará un billón de pesos, esto es un millón de millones.⁷ Además, la consideración de la factibilidad de estas cifras debe responder al examen de las tendencias que están marcando. En tan sólo cinco años el pago general por pensiones creció 62 por ciento, equivalente a una tasa compuesta anual de diez por ciento. Destaca el IMSS con el mayor ritmo de incremento, equivalente a 75 por ciento. De esta manera, surge la necesidad de considerar el futuro y posibilidades del sistema de pensiones.

En este punto debe decirse que percatarse del costo creciente de las pensiones no es una novedad. De hecho y como se ha expuesto, las advertencias del desequilibrio financiero estuvieron presentes desde el inicio del IMSS, para después agravarse irresponsablemente como se ha relatado, hasta ser efectivos los escenarios anunciados de severas crisis sociales y políticas (^{Vásquez, 2012}).

Conclusiones y propuestas

Tanto en México como en otros países, la historia de la seguridad social y particularmente de las pensiones de retiro y envejecimiento, se encuentran en predicamentos. Los compromisos adquiridos en el sistema de pensiones son insostenibles y bien pueden describirse con la metáfora de un tsunami, cuyas olas financieras, económicas, sociales y políticas ya cubren el horizonte, sin posibilidad de detenerlas.

Deben tomarse en cuenta las experiencias históricas por las que ha atravesado nuestro país, desde los orígenes de la seguridad social en 1925 con la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro, hasta las reformas más recientes en 2020 con la Ley del Seguro Social y la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Por una parte, el intento de resolver el problema a través de las cuentas individuales nunca ha sido solución, la parte que ahora se maneja bajo el esquema de CD no va a generar la adecuada sustitución del ingreso. El tsunami en este caso será mayormente social con repercusiones políticas, cuando veamos las actitudes de las personas en retiro al recibir pensiones muy por debajo de lo necesario para sobrevivir.

Por otra parte, la reforma hacia las cuentas individuales no fue aplicada a asegurados con derechos adquiridos, dejando una insolvencia mayúscula en el sistema de BD como se ha mostrado en este artículo. Política y jurídicamente, esos derechos adquiridos se consideran inalienables sin importar cuáles sean las consecuencias sociales.

Finalmente y de la mayor relevancia ante la desigualdad económica y social que representa, queda esa gran parte de la población envejecida de más vulnerabilidad y sin pensiones, aspirando a la raquítica “pensión para el bienestar”.

Esta perspectiva que se intenta mostrar en este texto es la espera de crisis inminentes, pero no se trata de una mera expectativa negativa, sino de preguntar por otras consideraciones en busca de evitar los peligros en camino. Algunas sugerencias se proponen en estos renglones finales del presente artículo, a manera de conclusiones.

Este ha sido un dictamen con información disponible, la cual es limitada y disímil. Se hace necesario que alguna vez se lleve a cabo una prospectiva integral del sistema de pensiones, ya que o aquí presentado está basado en estadísticas, informes y valuaciones actuariales disponibles. Esta labor tuvo dificultades y limitaciones, algunas de las cuales obligó a estimaciones indirectas. También debemos reconocer que la información sobre el IMSS y el ISSSTE tienen un buen grado de aceptación.

Esta investigación ha incorporado la información sobre la sostenibilidad económica de las pensiones de jubilación y retiro. Una parte sustancial de los alcances de la investigación son descriptivos y contribuyen al ordenamiento y clasificación de la información; la investigación futura sobre la seguridad económica de la población mayor podrá retomar este ejercicio de revisión. Por otro lado, las cifras e indicadores muestran una advertencia de la insostenibilidad financiera de las pensiones de jubilación y retiro, resultados que no se pueden desdeñar.

En futuras líneas de investigación se deben considerar las pensiones de las demás instituciones y regímenes especiales, ya que gran parte de la deuda es de los pocos pensionados con grandes beneficios. Son instituciones con una gran variedad de condiciones, tanto en sus asegurados como en sus normas; sin embargo, debe proponerse valuaciones actuariales estandarizando los conceptos y parámetros más relevantes.

Los diagnósticos y valuaciones derivadas de pactos sindicales o leyes de la seguridad social se basan mayormente en tendencias simples sobre la demografía y comportamiento del trabajo, lo que se enlaza a lo financiero en una aritmética de aportaciones, reservas, tasas de interés y pagos. Ya se ha constatado que en la práctica lo que han resultado son los desfinanciamientos y deficiencias según se ha mostrado.

Una propuesta teórica es reconsiderar desde lo básico la totalidad del sistema de pensiones como parte de la estructura social y económica, los temas a resolver en este planteamiento se describen en los siguientes tres puntos.

Este esquema propuesto es siempre prospectivo, no en el sentido de proyecciones con intentos de predecir el futuro, sino que la idea es utilizar las metodologías de construcción de escenarios para discernir el mejor de los caminos posibles, al menos para evitar crisis a futuro. Son tareas que permiten incorporar hipótesis que se están forjando y en este tema hay dos posibilidades a considerar. Una es lo que se denomina como dividendo de la longevidad, la cual anuncia mayores esperanzas de vida y con mejor salud, ciertamente es un factor a considerar en las necesidades y conveniencias de la seguridad social y el retiro; otro factor del futuro inmediato es el cambio tecnológico que afecta al mundo del trabajo y de la productividad.

Finalmente, también hay restricciones imperiosas de tomarse en cuenta. Las de más presencia en este momento son el cambio climático y la disponibilidad de agua potable. No se puede suponer crecimiento económico indefinido para que todos tengan todo, incluyendo la población pensionada. La respuesta está en crear una sociedad y economía sin desigualdades.