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Introducción
El objetivo de esta investigación es analizar la construcción de política de escalas que se despliega en la intersección entre las demandas de empleo y crédito de los sujetos subalternos y la gestión estatal-local a principios del siglo XXI. Con dicho fin se abordan dos casos, en Argentina: Fondo de Financiamiento Solidario (FFS), municipio de San Martín, provincia de Buenos Aires, y en Brasil: Banco Comunitario Popular (BCPM), municipio de Maricá, estado de Río de Janeiro.
Se analiza el caso de los sujetos subalternos que habitan en dos de las principales regiones metropolitanas de Sudamérica (Buenos Aires y Río de Janeiro), municipios gestionados por partidos con trayectoria en la construcción territorial de políticas, es decir, cuyas iniciativas se conciben a partir de la canalización institucional de demandas populares.
Estos municipios atraviesan procesos de reconversión industrial -quiebras, robotización, deslocalización, entre otras-, o bien, tienden a refuncionalizarse como “ciudades dormitorio” respecto a áreas dinámicas próximas, de tal modo que las demandas de empleo y crédito se complejizan, pues la contratación de los sujetos subalternos que demandan empleo resulta nula y el autoempleo, como una respuesta individual, es asimismo inviable, ya que éstos suelen carecer de garantías para acceder al crédito bancario a fin de establecer un emprendimiento. En función de estas particularidades y de la perspectiva adoptada se indaga sobre políticas estatales de empleo y crédito por su centralidad para una política de escalas que se pretenda alternativa, que se construya desde abajo.
De tal modo que el planteamiento de este análisis parte de la perspectiva multiescalar que busca despasivizar las acciones de los sujetos subalternos en el marco de racionalidades neoliberales que se desarrollan, tanto desde arriba (sujetos hegemónicos, políticas estatales, paraestatales y corporativas) como desde abajo (en el accionar cotidiano de los sujetos subalternos, entre ellos y con los estados municipales).
En este contexto se señala que la despasivización se refiere a la capacidad proactiva que promueven los sujetos subalternos para disputar cómo ser gobernados, buscando trascender su estereotipación estatal como vulnerables, sujetos estáticos o sin agencia, para lo cual se valen de su capacidad proactiva de apropiación política y económica de recursos en los territorios que habitan. Los sujetos sociales, hegemónicos o subalternos, intervienen en múltiples escalas disputando recursos, dicha contienda se despliega desde arriba o desde abajo de acuerdo con su posición estructural e indistintamente de la escala donde suceda, puede reproducir lógicas neoliberales centradas en la matriz de cálculo.
En la intersección entre políticas estatales1 locales de empleo y crédito, así como en los procesos de neoliberalización vis a vis, se entiende a la política de escalas como central. Esta noción permite reconocer el locus desde el cual pueden desarrollarse procesos socioespaciales alternativos e identificar a los sujetos subalternos que los protagonizan.
Con base en lo expuesto surgen interrogantes centrales para este estudio, entre ellas, ¿cómo aportar a la construcción de un enfoque multiescalar para abordar el neoliberalismo realmente existente en Sudamérica considerando, al mismo tiempo, las racionalidades desplegadas desde abajo y desde arriba?, ¿cómo un enfoque multiescalar puede contribuir a comprender las disputas que desde abajo enfrentan procesos de neoliberalización desarrollados en múltiples escalas y que tienden a reproducir la acumulación del capital ad infinitum?, ¿qué rol pueden desempeñar en esas disputas desde abajo las gestiones estatales locales?, ¿hasta qué punto los modelos alternativos de organización resultan efectivos para la construcción de políticas contrahegemónicas? En definitiva, ¿qué rol cumplen las dimensiones saber técnico, la participación y las instancias de intercambio2 en la construcción de una política de escalas alternativa?
A partir del enfoque cualitativo, la investigación se organiza desde una aproximación multiescalar, sustentada fundamentalmente en fuentes de información secundaria (bibliografía académica), a su vez dicha revisión bibliográfica ha retroalimentado discusiones teóricas mantenidas durante 2018-2019 en el marco institucional del Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-Conicet) de Argentina.
Para el análisis bibliográfico se siguió una estrategia de tres pasos, en primer término, se realizó una búsqueda y revisión documental de revistas indexadas, usando como criterio de selección los conceptos políticas de escala, despasivización, neoliberalismo desde arriba y neoliberalismo desde abajo, multiescalaridad. En segundo lugar, se ha intercambiado con colegas bibliografía, incluyendo compilaciones que referenciaran los temas abordados en el marco institucional citado y en contextos de impartición de cursos (Universidad de Buenos Aires y Universidade Federal de Rio de Janeiro). En tercer término, se contrastó la bibliografía sistematizada con investigaciones realizadas en Argentina y Brasil durante el bienio 2020-2021; a partir de este proceso de revisión y sistematización documental, se delinearon las interrogantes expuestas, se consideró la recurrencia o vacancia de análisis en relación al objeto y se definieron las tres dimensiones arriba citadas, no exploradas en indagaciones previas para seleccionar los casos de estudio.
La investigación asume al “caso” -en tanto proceso social delimitado- que despliega sus particularidades en un momento histórico atravesado por la financierización de la economía, donde las finanzas no bancarias, es decir, aquellas que se organizan y gestionan a través de políticas estatales u organizaciones sociales sin fines de lucro, pueden comprenderse como una política de escalas alternativa. La opción de realizar dos estudios de caso se sustenta en que se torna factible una comprensión pormenorizada del proceso analizado y un acercamiento a las perspectivas de quienes los protagonizan y sostienen.
El trabajo se organiza en cinco apartados, en el primero de ellos se describen particularidades del neoliberalismo realmente existente,3 con eje en la periferia sudamericana, considerando especialmente cómo se despliegan racionalidades desde abajo. En el segundo apartado se describe la política de escalas y el enfoque multiescalar en los contextos de la neoliberación. En el tercer apartado, se propone una definición de política de escalas para un enfoque multiescalar. En el cuarto apartado se desarrollan los casos; por último, se exponen las reflexiones finales.
1. El neoliberalismo realmente existente y las racionalidades desde abajo
Los estudios orientados a indagar los procesos socioeconómicos estructurales del capitalismo de principios del siglo XXI, que se generan desde arriba, suelen denominar el momento histórico de diversas formas, en las que directa o indirectamente se alude al neoliberalismo. Esta noción, a partir de la cual casi todo puede decirse o aducirse, usualmente se emplea para significar determinadas orientaciones de las macropolíticas estatales que se caracterizan por la privatización, la desregulación y la tercerización, entre otros hitos fundamentales (Cahill et al., 2019).
En esta investigación se identifica también, en torno a las macropolíticas estatales, que a través de la razón neoliberal el Estado de derecho, más que ser abolido desde fuera está siendo desmontado (roll back) en distintos ciclos desde dentro (Peck y Theodore, 2019), en detrimento del bienestar de la población y en beneficio de los sujetos hegemónicos (Dardot y Laval, 2019: 15-16).
Específicamente, roll back se refiere a un ciclo con disposiciones que promueven el desmantelamiento de espacios burocráticos y el reordenamiento de los centros de poder: desorganizando, pasivizando y disciplinando a los sujetos subalternos y su institucionalidad colectiva (Brandão et al., 2018: 11). Tras ese ciclo, puede identificarse otro, conocido como roll out, en él se establece una re-regulación para garantizar orientaciones hacia la conformación de mercados, hacia la construcción de racionalidades neoliberales que estructuren la reproducción cotidiana de los de abajo. Ambos ciclos, dominados por la incertidumbre laboral, el endeudamiento y la desintegración de lazos sociales y económicos, actúan como normalizadores/normatizadores -roll out- de situaciones inconcebibles y hasta impensadas en etapas previas, roll back (Peck y Theodore, 2019).
Para proponerse una problematización en tal dirección, resulta clave reconocer y cuestionar, al menos, tres instancias explicativas que según Gago (2014) sustentan los enfoques centrados en las estatalidades, que conciben al neoliberalismo desde arriba. En general, estas instancias asumen que el neoliberalismo a) implicaría macropolíticas diseñadas y desplegadas desde el centro; b) podría superarse a partir de políticas estatales contrahegemónicas (Laclau, 2005, citado en Gago, 2014: 221); c) consistiría en una racionalidad que involucra sólo a sujetos hegemónicos, sean transnacionales, regionales o locales. Sin embargo, estas tres instancias desconocen o desestiman los modos en que operan los estados occidentales, desnacionalizados en distintos dispositivos y articulados con y desde el mercado global y los sujetos hegemónicos o subalternos, según se trate de su posición estructural (Sassen, 2010, citado en Gago, 2014: 222). Desde la postura que aquí se propone, estas tres instancias remiten a la propia arena estatal como campo de disputas, cuyo comando no es totalmente reductible al poder de clase (Miliband, 1970), arena en la cual pueden plasmarse distintas racionalidades, incluso contrahegemónicas.
En el contexto sudamericano de desmonte estatal, la racionalidad neoliberal se expande reticularmente a través de la renovación constante de modalidades extractivas-desposesivas (de derechos y de ingresos), en un nuevo ciclo de soberanía financierizada que se vale de las tecnologías de gestión del espacio y el tiempo (las aplicaciones móviles y las financieras fintech son sólo algunos de sus trazos más evidentes) que, como se observará en el siguiente apartado, reconfigura la política de escalas.
Aquí se alude específicamente a la soberanía financierizada para referir a la disociación entre la teórica soberanía construida por los estados occidentales, donde la ciudadanía se funda en la universalización de derechos y el gobierno de la deuda -que interviene cercenando derechos a la vivienda, al ingreso y trabajo dignos, entre otros-. Este último deriva en la pérdida/merma, más allá de los derechos constitucionales, de la autonomía de los sujetos subalternos para decidir sobre el destino del valor generado por su trabajo. El gobierno de la deuda implica una sobreexplotación que dificulta una sociabilización que trascienda la relativa a la generación de ingresos para pagar el crédito que reorganiza sus transacciones -no sólo monetarias- (Chatterjee, 2011) y altera la matriz de cálculo subjetivo en el tiempo que se dona. Al tornarlos dependientes, la deuda condiciona el futuro y acecha el presente, como un espectro que impone ritmos a la vida cotidiana individual y colectiva (Wozniak, 2016: 71).
Al considerar la gubernamentalidad en términos de Foucault (1999: 175-197) como control de las poblaciones y en tanto transformación en el “arte de gobernar”, Gago (2014: 9-11) entiende al neoliberalismo como un conjunto de saberes, prácticas y tecnologías de gobierno.4 Conjunto que produce una racionalidad de nuevo cuño que trasciende el impulso desde arriba y opera en paralelo desde abajo, aún a pesar de su condición de subordinación respecto a lo alto, en una dinámica contractual que puede combinar modos de sobreexplotación y de conflictividad de resolución temporal y parcial. Esta dinámica contractual consiste en arreglos, normas tácitas o escritas que se caracterizan por su volatilidad, por su labilidad. Por ello, la resolución de conflictos no resulta definitiva, sino que la gestión de los mismos usualmente implica su aplazamiento, incluso mediante la pasivización de los sujetos subalternos.
La gubernamentalidad se puede apreciar en ciclos de neoliberalización del Estado, a partir de interacciones que se dirimen en torno o en la propia arena estatal. No obstante, al observar los regímenes de poder, Foucault (1999) ha indagado sobre la gubernamentalización del Estado, donde las tecnologías han sido concebidas para brindar, a priori, mayor bienestar material, con más alcance y a un costo menor (Rose et al., 2006), asimismo, esta gubernamentalización del Estado se desarrolla en paralelo a los regímenes de poder. Desde este marco analítico, las tecnologías de control de la población buscan pasivizar a los sujetos subalternos sobre los cuales intervienen, al rotularlos, clasificarlos, gobernarlos (Gago, 2014) o endeudarlos. Al mismo tiempo, estos sujetos son activos, pues cuando se indaga su accionar en tanto relaciones, se observa su cotidianeidad en una escala local, lo cual resignificaría el gobierno de la escala por parte de los sujetos hegemónicos y de los agentes estatales con injerencia en cada escala.
Por lo expuesto aquí se asume que la racionalidad neoliberal no sólo se elabora y se expande desde arriba, de forma unidireccional, ni exclusivamente desde el Estado. En esta dirección, se trata de aportar a una perspectiva tendente a despasivizar a los sujetos subalternos.5 Más allá de las definiciones política-económicas, estos sujetos también pueden integrar, participar o mediar en la arena estatal, por caso cuando son funcionarios, “burócratas de la calle” (Lipsky, 1980) o incluso cuando pueden contestar la jerarquía escalar, desplegar capacidades comunes y discutir procesos participativos heterodirigidos (Sevilla Buitrago, 2014: 217), caracterizados por la manipulación del consenso por parte de agentes externos a la comunidad.
Por ende, el neoliberalismo también se extiende desde abajo para apropiarse, rechazar o negociar beneficios entre los gobernados en una dinámica contractual que puede alternar formas de servidumbre y de conflictividad (Gago, 2014: 11). De tal modo, esta autora propone pensar el neoliberalismo desde abajo como un conjunto de circunstancias que trascienden la voluntad de un gobierno y su legitimidad, así como una suma de condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial. Matriz a través de la cual se organizan las relaciones sociales de producción y consumo.
El propio concepto del cálculo trasciende la mera contabilidad (monetaria y no monetaria realizada constantemente por los sujetos, indistintamente de su ubicación estructural) y se puede apreciar en la extracción de plusvalía sobre la cual interviene la financierización de la vida cotidiana. Con esta definición se alude a un tipo de endeudamiento generalizado en la población, objeto de los programas estatales de subsidio directo, donde el salario deja de ser la garantía y la mediación fundamental para devenir sujeto de crédito (Gago y Roig, 2019: 226). Este proceso extractivo-desposesivo se corporiza en las tasas de interés usurarias y en los costos financieros que despliegan proveedores no bancarios de crédito,6 sobre los que se organiza el dominio del capital, trascendiendo y complejizando la atención en torno a la tasa de ganancia en el sector productivo (Chena y Roig, 2017), así como encontrando en la inclusión de los sectores vulnerables -paradójicamente- un segmento relevante para su exclusión social mediante la extracción de plusvalor.
En el contexto de la fragmentación sociolaboral -de la cual es causa y reflejo la estructura económica periférica en Sudamérica- este conjunto de circunstancias torna factibles a los subsistemas económicos que combinan saberes comunitarios autogestivos con el saber-hacer como tecnología de una autoempresarialidad de masas (Gago, 2014: 12 y 22). La expansión de ésta, antes que tratarse del cuentapropismo de las sociedades fordistas inconclusas, prevalecientes en Sudamérica hasta la década de 1970, se registra con vigor en contextos de crisis ante la imposibilidad de la estructura productiva de contratar mano de obra, sobre todo bajo condiciones formales. Consiste en una respuesta desde abajo a la necesidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades básicas de reproducción, propendiendo ocasionalmente a un sendero de acumulación.
Observada desde arriba, este tipo de empresarialidad autogestiva responde a la posibilidad de reducir costos y riesgos desacoplando los segmentos de alto valor -investigación, desarrollo, diseño- de los destinados a la replicabilidad de la copia para consumo masivo, producción o ensamble sin difusión tecnológica, al estilo de las maquilas. Sin embargo, la racionalidad neoliberal se ancla y anida también en subsistemas económicos preexistentes. En los sectores de la economía informal (Arango et al., 2017), la potencia productiva del neoliberalismo se corporiza como una pragmática vitalista, es decir, a través de un conjunto de prácticas en la que los sujetos subalternos aportan lógicas comunitarias (incluso no capitalistas) para construir, conquistar, liberar y también defender un territorio y una temporalidad particular (Gago, 2014: 12 y 22).
En un contexto de neoliberalización desde abajo, estas lógicas pueden refuncionalizarse para reproducir la matriz de cálculo. Esto permite a la autora elaborar un enfoque que desvictimiza a dichos sectores y que los dota de capacidad de apropiación política de recursos y de apertura subjetiva de un espacio que usualmente tiende a objetualizarlos, a pasivizarlos (Gago, 2014: 282).
Esa despasivización de la mirada sobre los sujetos subalternos implica confrontar la propia idea de ciudadanía. Si las poblaciones no son pasivas, ni meramente registrables y clasificables mediante tecnologías de gobierno, cabe plantearse su capacidad para construir racionalidades que les permitan disputar, procesar, negociar cómo están dispuestas a ser gobernadas y concebir su escala de actuación, que no les viene a priori determinada (Chatterjee, 2011: 211).
Por lo tanto, cabe interrogarse por la asociación entre gobernados y pueblo,7 debido a que ésta es central para la soberanía sintetizada y corporizada en el Estado-nación. Particularmente, a la hora de diseñar e implementar tecnologías de gobierno, las definiciones instrumentadas en la escala estatal se encuentran con las diferentes percepciones espacio-temporales de la vida cotidiana en cada población. Desde la perspectiva de los gobernados, sujetos subalternos, resulta incierta su posibilidad efectiva o recurrente de gobernar. Sin embargo, aun así, poseen a su alcance condicionar cómo ser gobernados. Aquí radica su condición activa, que puede redundar en la autodisciplina y en el autocontrol, aunque también ser el germen de alternativas emancipadoras. En este plano, sus modos de razonamiento no resultan necesariamente deliberativos y abiertos, sino más bien instrumentales y dinámicos, de costos y beneficios (Chatterjee, 2011: 212).
No obstante, comprender que los gobernados sean sujetos activos resulta insuficiente para afirmar que poseen capacidad de determinar la arena sobre la que establecen las negociaciones con los sujetos hegemónicos. En su inserción sociolaboral, pueden ocuparse de forma subordinada en cadenas de valor transnacionales que articulan las tecnologías -aplicaciones para celulares, fintechs, talleres clandestinos, ferias y mercados no regulados por instancias estatales, movilidades migratorias, entre otras- con significativos niveles de precariedad y “presencia” de un patrón oculto, valga la paradoja (Gago, 2014: 24; Arango et al., 2017: 7 y 16). Aún a pesar de poder reivindicar el trabajo sin patrón, entre los sujetos subalternos puede tornarse difusa la línea divisoria entre consentimiento activo y pasivo.
De lo expuesto, resulta evidente que los estudios macroestructurales, tanto los que observan los procesos socioeconómicos del capitalismo de principios del siglo XXI desde arriba, así como aquellos que indagan el neoliberalismo desde abajo como un conjunto de circunstancias que trascienden la voluntad de un gobierno y su legitimidad, de condiciones sobre las que opera una red de prácticas y saberes que asume el cálculo como matriz subjetiva primordial, se centran en niveles de análisis que, observados de forma aislada, desconocen procesos de naturaleza compleja que anidan (y ligan) en distintas escalas. En definitiva, se trata de objetos de análisis que pueden ser abordados de forma complementaria, a partir de un enfoque multiescalar.
2. Política de escalas y enfoque multiescalar en contextos de neoliberalización
El enfoque multiescalar propuesto asume a la escala, en tanto concepto que posibilita aprehender los locus de interacción entre actores con disímil capacidad de incidir sobre los demás. Aquí se concibe a la escala como una abstracción teórica-metodológica que permite dotar de visibilidad a una parcela de lo real, seleccionar el nivel de simplificación y agregación así como sus límites, a través de la cual trascender la mera ubicación, complejidad y orden de grandeza de un proceso económico (Castro, 2014; Ruiz Rivera y Galicia Sarmiento, 2016). Asimismo, este concepto resulta útil para comprender la ubicación estructural de los sujetos, según su posición hegemónica o subalterna.
Un enfoque multiescalar que se centra en procesos económicos, parte de la inquietud acerca de las escalas desde las cuales se comandan u originan procesos y prácticas sociales complejos. En el contexto de las transformaciones que atraviesa la economía mundial desde el último cuarto del siglo XX -vis a vis los procesos de neoliberalización impulsados por macropolíticas de estados centrales y periféricos- el tradicional concepto de escala fue objeto de un giro no exento de controversias (Cox, 2018; Castro, 2014).
Este viraje ha buscado trascender las limitaciones de enfoques centrados en la escala (Jessop et al., 2017: 213), aunque con una claridad incierta para cuestionar el foco en las macropolíticas. Suele tener como locus las mudanzas y crisis de los estados de bienestar del Atlántico norte, centrándose en los procesos de neoliberalización. Su objeto ha sido evaluar cómo las relaciones globales, nacionales, regionales y locales estaban siendo recalibradas a partir de la reestructuración capitalista y estatal (Jessop et al., 2017: 108), problematizando en torno a la organización escalar de la sociedad (Collinge, 1999: 558).
En ese marco, la noción de política de escala fue empleada por Neil Smith a mediados del decenio de 1980 para concebir las escalas geográficas como plataformas para la circulación de capital y como condición para el desarrollo espacial desigual (Brenner, 2001: 599). Más recientemente, la propuesta de Smith (2006: 192) resulta esclarecedora al considerar que las sociedades capitalistas producen geografías específicas en búsqueda de soluciones parciales y temporarias a sus cíclicas contradicciones internas. No obstante, estas geografías se tornan un corset para las posibilidades económicas y políticas; se constituyen en tanto colonias o guetos, imperios o áreas residenciales degradadas (Smith, 2008: 206), estructuras espaciales a través de las que se despliega la racionalidad neoliberal desde arriba y desde abajo. Al denominarse política de escala, en esta noción resulta clave la compresión de que las escalas pueden modificarse a través de la organización y el conflicto (Smith, 1993; Swyngedouw, 2018).
En contraposición con el significado en plural política de escalas se hace alusión a la producción, reconfiguración o impugnación apriorística de diferencias, ordenaciones y jerarquías “entre” escalas geográficas. En esta acepción, la palabra de connota también la producción de unidades espaciales diferenciadas. Y además, comprende su imbricación y ubicación en relación con una multitud de unidades espaciales de dimensiones menores o mayores en el seno de un andamiaje geográfico jerárquico y de varios niveles.
El referente empírico aquí es el proceso de escalamiento y re-escalamiento a través del cual se establecen, diferencian, jerarquizan entre sí las múltiples unidades espaciales así como en determinadas condiciones, se realinean, se reorganizan y recalibran. Desde esta segunda acepción, la escala geográfica se comprende centralmente como una modalidad de jerarquización y relocalización a partir de la que se desarrollan procesos de diferenciación socioespacial en términos materiales y discursivos (Brenner, 2001: 600). Por ende, con política de escalas se delimita el terreno teórico y empírico para la investigación sobre la producción de la escala, una escala que no sólo es producida desde arriba, sino también por los sujetos subalternos, desde abajo.
Se trate de su acepción singular o plural, el lapso 1970-2020 ha sido prolífico para estudios que indagan cómo la racionalidad del proyecto neoliberal ha transformado las escalas de regulación y su vinculación con los movimientos sociales contestatarios. Lo han hecho mediante el salto de escalas para eludir prácticas institucionales desplegadas por los sujetos hegemónicos (Smith, 1993). Estos movimientos alternativos procuran desde la comunalización del capital a escala local (Dardot y Laval, 2019) hasta arreglos escalares, cuestionadores de la lógica capitalista de la acumulación sin fin que implica la racionalidad neoliberal, basados en los principios de la democracia radical y la justicia social (Harvey, 2012).
Se trata de temas de agenda que han permitido contraponer experiencias pretendidamente emancipatorias frente a las derivas autoritarias acaecidas como respuesta a la crisis mundial de 2008 en sus variantes observadas, tanto en el centro como en la periferia (Peck y Theodore, 2019: 260-263). No obstante, al considerar los límites de los movimientos alternativos organizados bajo principios de democracia radical y justicia social, una cuestión que escapa al marco conceptual de estos autores son las inciertas y dinámicas formas de cálculo, libertad y progreso, que se despliegan aún bajo racionalidades pretendidamente contrahegemónicas. En este sentido, resultan esclarecedores los estudios que indagan las iniciativas desarrolladas por los gobernados desde abajo, en tanto adaptación a contextos dinámicos sobre los cuales pueden operar, interrogándose por el despliegue de lógicas efectivamente alternativas a las propugnadas desde las macropolíticas (Chatterjee, 2011: 212; Gago, 2014; Presta, 2016; Chena y Roig, 2017).
Por lo expuesto, un abordaje del neoliberalismo periférico realmente existente en Sudamérica requeriría una perspectiva que incorpore las distintas categorías y los conceptos escalares para connotar el contenido sustantivo de procesos políticos y económicos. Un enfoque que contemple variaciones críticas en fenómenos que se manifiestan en posiciones inferiores de una jerarquía escalar (Lambin y Geist, 2006, citado en Ruiz Rivera y Galicia Sarmiento, 2016: 150), producidas desde abajo, a partir de la posición estructural de los sujetos subalternos.
En suma, un enfoque multiescalar que aborde la construcción de política de escalas que se despliegan en la intersección entre las demandas de empleo y crédito de los sujetos subalternos y la gestión estatal-local a principios del siglo XXI, considerando al mismo tiempo las racionalidades desplegadas desde abajo y desde arriba (Gago, 2014) y los aportes de Klink y Barcellos de Souza (2018: 362-365), debiera integrar dimensiones que orientan la política de escalas, las que no pretenden ser excluyentes de otras:
Gobernanza y saber técnico. Emerge con la premisa de que los acuerdos institucionales interescalares desempeñan un rol relevante. Por un lado, para permitir la penetración del mercado en diversos órdenes sociales desde arriba, a través de ventajas diferenciadas para el capital. Por otro, porque dichos acuerdos son los medios potencialmente demandados desde abajo y el objeto de reestructuración durante las crisis de legitimación social-política y de acumulación de capital. En síntesis, los arreglos institucionales que involucran el saber técnico (organizativo, contable, financiero, etc.) que incluye a la burocracia de la calle resultan importantes tanto para abordar la fijación y valorización del capital como para promover las iniciativas alternativas a la misma en distintos ajustes espacio-temporales. En tales iniciativas, el saber técnico puede trascender su lugar como saber experto, funcionar como un espacio de experimentación política en la que los cursos de capacitación devengan en cursos de formación, donde la burocracia de nivel de callejero enseña aunque también aprende de los sujetos subalternos.
Estatalidad y participación. En torno a los bordes difusos entre sociedad y dispositivos estatales pueden apreciarse formas de movilización y participación social, sus límites y potencialidades para fortalecer iniciativas construidas desde abajo. En este sentido, los vínculos entre las políticas estatales y los sujetos vulnerables implican formas de participación que exceden los rasgos formales (qué y quiénes deciden, qué y quiénes tienen capacidad de veto, qué se financia, cómo se rinde cuentas, etc.) y se alojan en la propia indeterminación que supone la implementación (la relevancia de las relaciones interpersonales, la orientación política del saber técnico, la posibilidad de contar con financiamiento, etcétera).
Modelos alternativos de empleo y crédito e instancias de intercambio. Por último, en la escala de lo cotidiano se enraízan y prosperan prácticas y saberes ligados a la autoempresarialidad de masas y la lógica del cálculo, que pueden producir y reproducir racionalidades neoliberales o contrahegemónicas desde abajo en una forma espacial particular (Marston, 2000).
Como se observará en el siguiente apartado, estas racionalidades pueden anidar en el ingreso ciudadano, la fábrica recuperada, la cooperativa de trabajo y el crédito a tasa subsidiada. Hasta qué punto los modelos alternativos de organización resultan efectivos para la construcción de políticas contrahegemónicas, en contextos de significativos niveles de precariedad y presencia de un patrón oculto. Se trata de un tema central cuando se indagan las propias nociones de progreso, cálculo y libertad (Gago, 2014), de solidaridad y de sostenibilidad de la autogestión democrática que se despliegan desde abajo (De la Vega Navarro, 2008: 103). La propia noción de cálculo implica evaluar una racionalización de conductas que cimentan la construcción de una ética gobierno de sí a partir de la regulación de los afectos interpersonales en relación con los constantes ajustes que exige la reciprocidad (Presta, 2016: 335), en un esquema que persigue la autoexplotación y la valorización, centrada en lo monetario, de los vínculos humanos.
En resumen, la condición de posibilidad de una política de escalas que anida y se reproduce en el encuentro de demandas de empleo y crédito de los sujetos subalternos con la capacidad de la gestión estatal-local para traducirlas e instrumentalizarlas a través de iniciativas alternativas a las reproducidas desde arriba, se topa con la propia reproducción del neoliberalismo desde abajo. Por ello, desde la perspectiva multiescalar, aquí asumida, se torna central el desafío del estudio de un saber técnico no hegemónico que se dirija a despasivizar a la población objeto de los programas, a reorientar formas de participación que se abran a la indeterminación que cualquier implementación supone, que acompañe en instancias de intercambio a quienes se benefician de las iniciativas locales para poner en tensión el gobierno de la deuda y su correlato de ensimismamiento individual, la matriz de cálculo. A partir de esta perspectiva, a continuación se abordan los dos casos de estudio.
3. Multiescalaridad y experiencias alternativas desde la escala local
En cuanto a sus características de contexto, el municipio de San Martín posee una superficie de 57 km2 y se ubica al noroeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lindero a la capital federal de Argentina. Se trata de uno de los distritos de mayor densidad poblacional en la provincia de Buenos Aires (7456 hab/km2) y también de los más poblados, con 425,000 habitantes en 2020 (García et al., 2021). Es uno de los municipios de mayor industrialización del AMBA, las fábricas ocupan 5.4% de su superficie (INDEC, 2005, citado en García, 2018). Esta magnitud se halla afectada por crisis económicas que reducen temporalmente el salario real y que repercuten en la reproducción del empleo de alta calificación y sus servicios asociados.
Por su parte, la Prefeitura de Maricá posee una superficie de 362 km2 y se ubica en el este de la Región Metropolitana de Río de Janeiro sobre el litoral marítimo. Su población es relativamente pequeña -165,000 habitantes en 2020-, en relación con dicha región que tiene cerca de 13 millones de habitantes y con la contigua ciudad de Niteroi que cuenta con 515,000. Desde comienzos de la década de 2010, Maricá y Niteroi se beneficiaron especialmente por el aumento de los Royalties y Participaciones Especiales de la explotación petrolera del Pre-Sal. De hecho, esos recursos representaban más 48% del total de ingresos netos de Maricá en 2015 y llegaron a 72% en 2019 (Dektar et al., 2020; Gomes, 2019; Inforoyalties, 2021, citados en García et al., 2021).
3.1. El Fondo de Financiamiento Solidario (San Martín, Argentina)
El Fondo de Finaciamiento Solidario se constituyó formalmente en 2012, a través de la Ordenanza Municipal 11327/12 promulgada por Decreto 2366/12. Su formulación se enmarca en la asunción el año previo de un gobierno del Partido Justicialista (PJ, el partido del movimiento peronista). Esta última disposición acompaña la adhesión provincial (Ley 13613) a la Ley Nacional de Microcrédito 26117, ambas sancionadas en 2006. La municipalidad de San Martín adhiere a dicha normativa nacional, aunque inicialmente prescinde de los fondos de la misma y establece un mecanismo alternativo con fondos propios del erario municipal a través de cuentas inmovilizadas de inversiones. Esta decisión devino en el diseño de esquemas relativamente novedosos para la utilización de esos recursos e instrumentos específicos para la gestión, tanto para la rendición de cuentas municipal como para garantizar la transparencia ante la ciudadanía y una administración orientada a reproducir y sostener la herramienta en el tiempo.
En cuanto a la distribución de cartera histórica de créditos, según destino a individuos y cooperativas (a precios corrientes, enero 2014-agosto 2020), se observa que los créditos individuales contabilizan 726, por un monto de 11.7 millones de pesos (160,000 dólares estadounidenses al cambio de agosto de 2020). Mientras tanto, se registran 97 créditos asociativos por un monto de 6.6 millones de pesos (90,000 dólares). En términos absolutos, la distribución parece priorizar los créditos individuales, aunque los créditos asociativos detentan mayor volumen por crédito otorgado. Por ende, éstos representan un impacto relevante en la cartera histórica de créditos, redundando en una distribución más equitativa. Entre los tomadores de créditos asociativos, se observan cooperativas de trabajo vinculadas a la producción, dos cooperativas de servicios, una de vivienda y un sindicato de trabajadores municipales. Algunas de estas iniciativas son fábricas recuperadas por sus trabajadores a partir de la organización colectiva.
El FFS consiste en un fondo de financiamiento con estrategias de microcrédito y capacitación, enmarcado en el campo de las finanzas solidarias. Esto implica concebir y construir respuestas para aquellos sujetos sin acceso a la banca formal. Asimismo, los sujetos subalternos asumen esas respuestas resignificándolas, introduciendo lógicas comunitarias donde no necesariamente predomina la reciprocidad (Gago, 2014: 12 y 22). Esa relación diádica, en la que los sujetos subalternos acceden a créditos no bancarios, los despasiviza, ya que ese acceso se encuentra mediado en la arena estatal en su vínculo con los burócratas de la calle (Lipsky, 1980).
Por lo tanto, al considerar la reproducción de los sujetos subalternos enmarcados en este dispositivo estatal, el microcrédito se organiza administrativamente de modo de trascender la mera transferencia de fondos. Se trata de un instrumento para abordar los emprendimientos productivos desde sus múltiples procesos y demandas. La difusión del FFS es focalizada, a partir del conocimiento interpersonal en la que se sugiere la herramienta entre personas conocidas o al concluir cursos de formación para el trabajo. En tal sentido, el locus en la escala local puede estar indicando una redefinición de escalas privilegiadas para el análisis económico (la del Estado-nación occidental) y apreciar formas de re-regulación en las relaciones de poder social, político y económico (Swyngedouw, 2018: 72), que adquieren un carácter contingente en la escala local.
A su vez, el FFS consiste en una herramienta destinada a la formación, que permite a quien la recibe, potenciar la actividad económica de producción o de servicio, contando con liquidez para planear la dinámica productiva, tanto en lo relativo al capital de giro como para realizar pequeñas inversiones. Usualmente, éstas se destinan a mejorar los ingresos de quienes toman crédito, aunque se topan con los límites de un mercado local signado por restricciones económicas. Como condición necesaria para acceder a estas instancias, quienes postulan al crédito deben participar de instancias de capacitación; es decir, comprometerse a asistir a la Dirección General de Economía Social y Solidaria (DGESyS) a un ciclo de tres encuentros, los cuales poseen un doble propósito: a) brindar herramientas de gestión y de administración en emprendimientos, y b) vincularse con ésta y otras políticas estatales de la DGESyS, a fin de lograr una fidelización con el fondo en el marco de la corresponsabilidad en la administración de fondos públicos.8 En esta actividad, el saber experto del equipo técnico deviene en acompañamiento, en la construcción de lazos de reciprocidad y aprendizaje mutuo que incluyen encuentros sociales.
En este esquema, el compromiso asumido por quienes acceden al crédito puede apreciarse desde dos dimensiones diferenciadas, en cuanto a la participación promovida, y en cierta medida inducida, desde quienes integran los equipos técnicos de las políticas estatales, por un lado, y desde la construcción de una conducta (esperable y evaluable) de los sujetos subalternos al momento de tomar decisiones en sus emprendimientos productivos. Desde luego, esto no implica desconocer que aunque en el FFS se ponen en juego recursos estatales, la propia lógica del interés y el cálculo trasciende, y hasta cierto punto puede ser cuestionadora de la solidaridad que promueven formalmente las iniciativas asociativas (Presta, 2016). Las lógicas del interés y la urgencia son recurrentes en las posiciones que ocupan los sujetos subalternos de una jerarquía escalar (Ruiz Rivera y Galicia Sarmiento, 2016: 150). Aquí radican los problemas de gobernanza, que indican Klink y Barcellos de Souza (2018: 365) en relación con el enfoque multiescalar adoptado, puesto que los medios potencialmente demandados desde abajo (generación de ingresos) entran en tensión con el objeto de reestructuración durante las crisis de legitimación socialpolítica y de acumulación de capital (la inserción en el mercado se desarrolla en condiciones subalternas).
El instrumento de crédito del FFS se ha diseñado para atender las características propias de los sujetos de la economía social: se trata de créditos de bajo monto, por lo menos al inicio del ciclo de créditos que pueden ir sucediéndose en el tiempo, que garantizan su continuidad y crecimiento a medida que se consoliden en el proceso productivo y cumplan pequeños objetivos, mensurables. Es decir, se trata de un instrumento que responde a una estructura dinámica, el cual se busca transformar y adaptar a las necesidades de quien toma el crédito, contemplando su situación específica y el contexto en el que se encuentra la actividad productiva o de servicios que despliega.
De esta forma se apela al compromiso de quienes toman el crédito al estar “administrando su propio ahorro” (García et al., 2021: 12). Como contrapartida, esa autoadministración también reproduce la autopercepción en tanto cuentapropistas (Gago, 2014: 12; Presta, 2016). Con lo cual, el anverso de los esquemas de finanzas solidarias también implica considerar la autoempresarialidad de masas y las estrategias individuales de reproducción en esquemas estatales que procuran transitar hacia formas asociativas de gestión del trabajo.
Por otro lado, una de las particularidades que presenta la herramienta es disponer de una tasa de interés sensiblemente inferior a la de los mercados formales de crédito, lo que permite evidenciar el papel del interés en la reproducción del trabajo (Chena y Roig, 2017). En el FFS, la solicitud de garantías reales es reemplazada por un esquema de avales solidarios, entendidos éstos como un compromiso ciudadano a escala local, que no sea familiar directo ni partícipe del emprendimiento, de responder solidariamente en la firma de los compromisos de pagos. No se trata de una persona que es codeudora en el sentido estricto de la figura legal, sino de alguien que es mediador, que responda ante a la falta de comunicación con quien toma el crédito frente a alguna eventualidad.
Más que construir una garantía para ejecutar una deuda, el factor simbólico que implica responder ante la burocracia de nivel callejero (promotor/a del crédito) y ante quien se empeña la palabra forma parte de un control social de relativa efectividad para asegurar moras relativamente bajas (García et al., 2021). En tal sentido, ante la soberanía financierizada que se inscribe en la pérdida de autonomía de los de abajo para decidir sobre el destino del valor generado por su trabajo (lo que aquí se denomina gobierno de la deuda) y que se reproduce en la escala de los cuerpos, las transacciones cotidianas (Chatterjee, 2011), las disposiciones municipales buscan reposicionar la palabra ante la deuda -revitalizando una tradición entre conocidos donde prima la confianza- y la integración de las personas a un colectivo. Por lo tanto, se puede trazar una alternativa a la individualización, despasivizando a las personas respecto a la vida habituada al endeudamiento y sus rutinas (Wozniak, 2016: 78-79).
Para poder acceder a los microcréditos, la contraprestación es participar, en el sentido de establecer una relación de prácticas y producción social entre diferentes sujetos. Una primera instancia de conocimiento y sensibilización es acercarse a los talleres participativos que se organizan dos veces a la semana. En dichos encuentros se introducen elementos esenciales de la herramienta y se encuadra al microcrédito dentro de una política integral, lo cual permite tomar dimensión de la articulación con otras áreas y procesos de la DGESyS (García et al., 2021). Este esquema de inserción a la herramienta implica reconocer que la institucionalidad estatal, por su propia naturaleza, propicia la participación circunstanciada de los sujetos subalternos; a cambio, éstos reproducen la propuesta que supone el diseño del FFS, es decir, estar presentes a cambio de recibir un crédito a tasa subsidiada y en condiciones favorables para su devolución. Estar presentes para procesar y apropiarse de la herramienta, incluso para discutir un espacio de formación que, como tal, implica normatizarlos, pasivizarlos (Gago, 2014: 282)
Desde la DGESyS, el objetivo central de las instancias participativas radica en generar y mantener un clima de confianza, central para un seguimiento personalizado de cada caso. Asimismo, se propone un trabajo de evaluación articulado con la burocracia de nivel callejero para que quienes postulan a un crédito comprendan que una eventual negativa fundamentada de acceso puede servir como impulso al emprendimiento. El equipo técnico reconoce que un crédito debe ser concedido en condiciones que tornen factible su devolución (García et al., 2021).
Una vez aceptados como integrantes del FFS, el programa se divide en dos instancias diferenciadas y complementarias: evaluación y capacitación. Se involucra a los sujetos en ambos procesos, buscando por parte de la burocracia de nivel callejero evitar la verticalidad que ofrece el ser quien gestiona el recurso versus quien lo recibe, procurando la construcción conjunta de las herramientas. Sin embargo, ésta no puede pensarse como igualitaria, debido a que el equipo técnico también posee un saber experto, resultante no sólo de su formación, sino de su experiencia y cosmovisión.
Por ende, la evaluación no es patrimonial ni sobre la sustentabilidad de los proyectos, sino como una instancia formativa más. Se realiza en el domicilio del productor(a) en forma conjunta. Ambos, promotor(a) de crédito y tomador(a) evalúan el mejor momento y el proceso productivo más eficiente para maximizar el impacto del financiamiento y construyen un plan de trabajo, concebido preferentemente en etapas. No obstante, para quienes son tomadores(as) de crédito la instancia formativa se torna continua, debido a que el equipo técnico “acompaña” el proceso que rodea la inversión y la devolución del crédito. De este modo, del lado de quienes toman los créditos resulta posible considerar un cálculo que, si bien se aparta del realizado en momentos en que acceden a créditos en financieras no bancarias (donde el cálculo contable suele asociarse al monto total mensual a pagar, sin considerar capital e intereses en el total), considera el costo temporal de asistir a instancias formativas y de recibir técnicos en domicilio. En suma, la propia noción de cálculo puede estar asumiendo tiempo y dinero como dimensiones centrales para decidir (Gago, 2014; Gago y Roig, 2019).
El equipo técnico suministra un formulario dividido en ejes principales a través de los cuales realiza la evaluación del proyecto presentado y se relevan ejes de gestión (análisis de costos, construcción de precios, proyección de negocio, entre otros). Ambas partes efectúan el análisis de tales ejes, considerando tanto la sostenibilidad económica del emprendimiento como la de las unidades domésticas de forma complementaria, en un esquema en el que la autoempresarialidad de masas asume un sustrato persistente asociado a la reproducción de una sociedad fordista inconclusa. Asimismo, resulta usual que, tras la evaluación, el proyecto de inversión original se reformule.
Los casos donde el destino del crédito se modificó luego de la evaluación resultaron ser las experiencias con mayor potencial, debido a la formación en materia económico-productiva inducida por el intercambio. A partir del mismo y sus experiencias en la gestión de sus emprendimientos, quienes toman los créditos se apropian de la herramienta, aprenden a administrar aquellos y a considerar las ventajas que permiten créditos pequeños, de devolución rápida, que sean escalonados y continuos (García et al., 2021: 15).
Esta modalidad de coproducción del proyecto de inversión implica un encuentro entre dos cosmovisiones. Por un lado, la del equipo técnico del FFS, que usualmente se encuentra atravesada por formaciones donde priman aspiraciones de fortalecimiento de esquemas solidarios, aunque desde una posición de poder que define la direccionalidad y posibilidad del crédito. Por otro, la pragmática vitalista que habitualmente corporiza la potencia productiva del neoliberalismo en quien toma el crédito. Este sujeto subalterno deja de ser un número registrable y busca negociar cómo ser organizado a través del crédito a tasa preferencial. La dimensión espacial de la acción política en este caso se halla entre la producción de una jerarquía escalar y un reescalamiento que resulta posible desde lo local (Sevilla Buitrago, 2014: 211), a través de la capacidad de agencia de quien toma el crédito.
En la continuidad del acompañamiento con créditos, el refondeo es directo: sólo con el cumplimiento de las obligaciones de las cuotas pautadas ingresan en un ciclo de financiamiento continuo, en donde reciben visitas de seguimiento por parte del equipo de asesores de créditos. A diferencia de los créditos bancarios convencionales, la herramienta del microcrédito conlleva un seguimiento de la burocracia de nivel callejero sobre los procesos productivos a mediano y largo plazo. De allí la importancia que los créditos sean continuos, crecientes y escalonados y, en principio, por pequeños montos, en un esquema que apunta a una gubernamentalización del estado, en el sentido de gobernar la población a partir del menor costo fiscal posible.
Al ser el estado municipal quien asume la responsabilidad de gestión del fondo, el diferencial es la tasa de interés con la que llega el crédito a quien lo toma: 16% anual9 por todo concepto, con sistema de amortización francés y sin gastos administrativos. Se trata de una tasa de interés sensiblemente inferior a las tasas de referencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el periodo 2016-2019, que oscilaron entre 50% y 65% y en donde los bancos estatales ofrecieron plazos fijos con tasas superiores a 43%. La tasa de recupero de 16% anual (costo financiero total) resulta deficitaria para el FFS, más en escenarios inflacionarios como el que registra Argentina en el trienio 2018-2021 (una tasa cercana a 50% anual).
Con una tasa de interés por debajo de la inflación anual, quien toma estos créditos amplía sus posibilidades de financiamiento en una propuesta que contempla su situación particular. No obstante, no accede al crédito bancario, debido a que no reúne las condiciones de elegibilidad, por carencia de garantías o de solvencia patrimonial. En estos casos, las posibilidades de acceso al crédito se reducen a canales alternativos de financieras (no siempre formales), donde las tasas de interés tienden a alcanzar niveles de usura que impactan tanto en su reproducción (Chena y Roig, 2017) como en la construcción de su subjetividad (Gago, 2014) a través de la captura de la previsión del futuro (Wozniak, 2016). Estas experiencias de la cotidianidad de la autoempresarialidad de masas suponen la argamasa por donde se construye el cálculo que las acercan al FFS en busca de respuesta a sus demandas de empleo y crédito.
3.2. El Banco Popular Comunitário de Maricá (Banco Mumbuca, Maricá, Brasil)
En el contexto de incremento de regalías petroleras, señaladas al principio del apartado, el Partido dos Trabalhadores (PT) accedió a la gestión municipal en 2008, con una agenda vinculada a políticas afines al gobierno nacional del mismo partido, entre ellas, la ampliación en la escala nacional de los programas de transferencia de ingresos, Bolsa Familia, y el estímulo a iniciativas en sintonía con la Secretaría Nacional de Economía Solidaria (Senaes), creada en 2003.
La política específica de crédito a sectores populares debe ser comprendida en su relación con la política municipal de transferencias de ingresos. A fines de 2013 fue instaurado el programa Renda Mínima Mumbuca, por el nombre de la moneda social equivalente a un real (R$), en el que cobran sus beneficiarios. Involucra en un comienzo 85 mumbucas (39 dólares en aquel año) por mes y por familia, que debían poseer ingresos menores a tres salarios mínimos y cumplir con obligaciones de salud y educación, similares a las del Bolsa Familia, llegando a 14,000 familias beneficiarias.
En 2015, el beneficio familiar aumentó 10 mumbucas con el programa complementario Renda Básica. Ese año, además, se implementaron el Programa de Renta Mínima Juvenil Solidaria, otorgado a jóvenes entre 14 y 29 años que integraron familias con ingresos de hasta tres salarios mínimos, y el Programa de Ingreso Mínimo para Embarazadas, otorgado a mujeres embarazadas y hasta el año de edad del infante (Benites da Silva, 2019, citado en García et al., 2021: 13). Además de estos tres programas de transferencia de ingresos, el municipio también cuenta con el Programa Mumbuca Indígena, otorgado a población originaria que resida en el municipio durante al menos tres años. El monto era mayor al de los anteriores programas, 300 mumbucas (53 dólares), en respuesta a la deuda histórica con esta población. En 2019 los beneficios se unificaron en el Programa Renda Básica de Cidadania, pasando a 130 mumbucas (23 dólares) por persona, no más por familia, y se extiende a 42,500 personas (García et al., 2021: 13).
En 2013, en tanto instrumento de la política de transferencia de ingresos, el municipio impulsó la creación del Banco Comunitário Popular de Maricá en el marco de la Ley Municipal 2448 que instituye el Programa Municipal de Economía Solidaria, Combate a la Pobreza y Desarrollo Económico y Social de Maricá. Se constituye en interacción directa con las redes macropolíticas federales de incentivo a la Economía Solidaria. Específicamente, el Banco Palmas de Fortaleza (estado de Ceará) -iniciativa pionera y referencia en la difusión de políticas de creación de monedas sociales en el ámbito municipal brasileño- es una institución que obtuvo el concurso público para desarrollar y gestionar inicialmente el BCPM, es decir, “incubar” el nuevo banco comunitario (García et al., 2021: 10). El papel fundacional y principal del BCPM radica en operacionalizar la conversión en mumbucas de los recursos en R$ de los programas de transferencia de ingresos del municipio, así como expandir y otorgar soporte al uso de la moneda social. El BCPM emplea la moneda social con tecnología diseñada y utilizada en la escala nacional por los bancos comunitarios, liderados por el Banco Palmas.
La migración a la plataforma e-dinheiro, regulada por el Banco Central de Brasil, inició en noviembre de 2017, permitiendo la expansión del uso de la moneda social en el ámbito de Maricá, así como la posibilidad de desarrollar otros productos y servicios. Los mismos también se ofrecen en las cuatro agencias que posee el banco en distintas localidades del municipio (García et al., 2021). La plataforma permite la reconversión de las mumbucas en R$, aunque se busca que esos recursos recirculen en empresas y personas del municipio que aceptasen la moneda social, buscando expandir dicha red. Además, para efectivizar el empleo de las mumbucas en comercios, el BCPM recibe denuncias de posibles sobreprecios para mediar y resolver diferendos. Los vínculos entre moneda social y procesos de reescalamiento permiten inferir un realineamiento entre la escala nacional (escala de gobierno sobre la moneda nacional) y la local, que busca reorganizar esa jerarquía, a partir de una moneda cuyo uso tiende a volverse hábito desde abajo.
Formal y legalmente, el BCPM funciona como una autarquía que presta al municipio el servicio de transferencia y gestión bancaria en moneda social de sus programas de transferencias de ingresos. El Banco se beneficia de las tasas asociadas a esos servicios así como de la expansión de sus operaciones a un universo de usuarios que involucra a cerca de 25% de la población municipal, mediante el pago de los programas locales de ingresos (Dektar et al., 2020, citado en García et al., 2021: 13). La autarquía del BCPM permite concebir una política de escalas en donde la jerarquía escalar no sólo es producida desde arriba (política bancaria y monetaria federal), sino también por los gobernados, por los sujetos subalternos, con un gobierno que busca representarlos en la arena estatal.
Dentro de esa trayectoria es que el BCPM detenta creciente importancia. En un inicio, la aceptación de mumbucas se limitaba a 140 establecimientos y sólo se realizaba un “giro” de la mumbuca, es decir, los beneficiarios del plan recibían en moneda, y los comercios que luego los aceptaban y los propios beneficiarios los convertían en reales de forma inmediata. En 2021, la mumbuca es aceptada de forma directa por más 41,000 beneficiarios de los programas y es aceptada en 9300 establecimientos. Involucra trabajadores y actividades informales y es reutilizada en ese mismo circuito local en función de incentivos crecientes. En este plano pueden apreciarse las limitaciones de propuestas contrahegemónicas (Peck y Theodore, 2019) y las iniciativas alternativas inspiradas en la justicia social (Harvey, 2012), cuando deben operar en un contexto social determinado por formas de cálculo, libertad y progreso que se despliegan en torno al papel de la moneda entre los sujetos subalternos (Chatterjee, 2011; Gago y Roig, 2019).
Entre éstos, cabe destacar la posibilidad de pagar cualquier tipo de servicio e impuesto bancarizado en el BCPM, la transferencia de mumbucas entre cuentas sin costos y el cobro de una tasa de 2% para las transacciones comerciales y para quien opte por su conversión directa en reales. Se hallan exceptuados de esa tasa las conversiones por parte de los beneficiarios los 10 primeros días del mes. Es el cobro de tasas que permite al BCPM constituir un fondo en donde 40% es utilizado para solventar sus costos operacionales y el restante 60% es empleado en las diferentes líneas de crédito solidario.
En este esquema de funcionamiento, a diferencia de lo solicitado por la banca comercial, el sistema de crédito, bajo la marca “Mumbucred”, opera mediante el aval solidario de dos garantes que den fe de quien toma el crédito (pueden tomarse de forma grupal o individual). El propio municipio buscaría producir un salto de escala (Smith, 1993) para eludir prácticas hegemónicas (de sistemas financieros asociados a tecnologías de comunicación e información), a partir del cual se distribuye renta desde un enfoque de comunalización (Dardot y Laval, 2019).
El sistema de crédito Mumbucred posee dos grandes líneas: i) Productivo Solidario (con los subproductos: simple, avanzado, sociedad, MEI, Red acreditada y Agrícola); ii) Casa Mejor (con los subproductos: Residencia, Familia y Mobiliario). A principios de 2021, la primera línea contaba con 58 créditos grupales y 111 individuales, por un valor de 549 millones de mumbucas (cerca de 100 millones de dólares). En tanto, la segunda línea, poseía una cartera de 32 créditos grupales, por un monto de 54.5 millones de mumbucas (10 millones de dólares). Cabe considerar que los créditos se definen a partir de un acompañamiento que se hace in situ, más allá que los interesados (cabe considerar que 90% de las tomadoras de crédito son mujeres, con lo cual se construyen instancias de mediación con perspectiva de género) recurren a alguna de las cuatro agencias para recibir información al respecto y atender consultas cotidianamente.
Los créditos son otorgados tras la evaluación de la asamblea del banco y el equipo técnico, que poseen un conocimiento previo de quienes los solicitan. La definición sobre el otorgamiento trasciende el saber experto financiero -rector en la institucionalidad bancaria convencional- (García et al, 2021: 12) e incluye ponderación de carácter comunitario. Se trata de una construcción de saber técnico alternativo que procura desde la comunalización del capital a escala local hasta arreglos escalares, cuestionadores de la acumulación que implica la racionalidad neoliberal a través de las finanzas bancarias y que persiguen la justicia social (Harvey, 2012).
En articulación con la gestión de la moneda social y de los créditos, el banco también desarrolla iniciativas de movilización de los ciudadanos10 y de formación financiera a quienes toman créditos. En el contexto de aislamiento que impuso la pandemia por covid-19, además de proponer un barrido territorial, se ha fomentado el empleo de redes sociales. En ese mismo marco, el banco ha establecido una línea de créditos para transporte urbano, considerando el encarecimiento del combustible y el costo que representa, además de efectivizar transferencias de ingresos de emergencia. Estas definiciones han operado como respuesta a demandas de los sujetos subalternos, en instancias en las que se dirimen costos y beneficios (Chatterjee, 2011: 212).
Esta política de renta permite visibilizar al BCPM como instrumento de autonomía financiera popular, como medio de operativizar el acceso a los créditos del banco comunitario, exponer el potencial financiero de la mumbuca y evidenciar la relevancia del consumo para la economía local. Incluso, puede pensarse como respuesta a la soberanía financierizada y al gobierno de la deuda, impulsada por las plataformas digitales (Chena y Roig, 2017; Gago y Roig, 2019).
Por último, la directriz para otorgar los créditos es no limitar a los posibles beneficiarios por restricciones financieras. Al contrario, se trata de otorgar recursos a los excluidos del sector bancario formal, de que el banco sea un ámbito de recepción y acompañamiento cotidiano de los beneficiarios con base en la confianza personal. Esto resulta posible porque el BCPM posee capilaridad territorial, complementada con actividades, reuniones y acciones de divulgación puerta a puerta y barrido territorial (arrastão territorial) para alcanzar a más personas.
Conclusiones
Una comprensión del neoliberalismo realmente existente desde un enfoque multiescalar permite poner en discusión el estado-centrismo como escala orientadora y difusora exclusiva de la racionalidad neoliberal. En particular, a partir de los casos del FFS (San Martín, Buenos Aires) y del BCPM (Maricá, Río de Janeiro), se considera que:
El saber técnico usualmente es concebido desde arriba como saber experto para reproducir tecnologías de gobierno que tienden a rotular, a pasivizar y hasta mercantilizar relaciones. En los casos abordados, el saber técnico puede trascender las tecnologías de gobierno que implica la racionalidad neoliberal y concebirse desde una cosmovisión centrada en la justicia social. Experiencias de intervención problematizadoras de las trayectorias de la auto-empresarialidad de masas a partir de conocer y habitar los procesos desde abajo, pueden resultar conducentes con estrategias estatales-locales para atender demandas de empleo y crédito mediante políticas estatales alternativas, que reconozcan la reproducción de la neoliberalización desde abajo y que, por lo tanto, devengan en espacios de formación integral para los sujetos subalternos.
Las formas de protagonismo que se otorgan a los sujetos subalternos a partir de diversos esquemas de participación (capacitaciones, instancias formativas, encuentros de concientización) se topan con las lógicas de progreso, de cálculo y de libertad, de solidaridad y de sostenibilidad que se despliegan desde abajo. En especial, la matriz de cálculo puede operar más allá de las capacitaciones que supone la participación inducida, incluso siendo atravesada por el gobierno de la deuda entre los sujetos subalternos y la contabilidad monetaria y no monetaria que supone la reciprocidad (retribuir al equipo técnico con la presencia, honrar con el pago la garantía de palabra, etc.) En tal sentido, los sujetos subalternos que desarrollan actividades como parte de su función laboral (por caso, la burocracia de nivel callejero que integra el FFS o el BCPM) o a través de su imbricación con políticas estatales en las cuales son objetualizados, se encuentran atravesados por racionalidades que exceden la escala donde despliegan su accionar cotidiano, accionar cuya línea divisoria entre el consenso pasivo y activo se torna difusa.
Las instancias de intercambio que procuran construir modelos alternativos de empleo y crédito parten de un escenario no programado (el neoliberalismo realmente existente). En tal sentido, la gestión estatal-local permite aprehender la escala de lo cotidiano, donde se enraíza y prospera la auto-empresarialidad de masas. Como se ha observado, esta última puede producir y reproducir racionalidades neoliberales desde abajo a través de las lógicas del cálculo y la urgencia así como en relación al gobierno de la deuda. Y, por el contrario, a partir de modelos alternativos de empleo y crédito, la gestión estatal-local puede reposicionar el valor de la palabra y la confianza como elementos centrales para el acceso a ingresos y financiamiento, de allí el rol de una garantía que trascienda su centralidad para la financierización de la vida cotidiana. La palabra y la confianza pueden concebirse como elementos de contestación a la individualización, al gobierno de la deuda sobre la vida de los sujetos subalternos.
A partir del enfoque multiescalar aquí planteado, el saber técnico, la participación y las instancias de intercambio pueden construir una política de escalas que propenda a una resolución de demandas por fuera de los esquemas de la racionalidad neoliberal y sus tecnologías de gobierno. En suma, a través de la noción de política de escalas, las posiciones subalternas y la reproducción de la racionalidad neoliberal desde abajo en la estructura de los subsistemas económicos pueden modificarse a través de la organización política, incluso en la arena estatal.
