Introducción

La forma en la cual una sociedad gestiona y provee los cuidados necesarios para su supervivencia y reproducción no es neutral al género. Dicha organización funciona, en gran parte, debido a la enorme cantidad de trabajo no remunerado que realizan las mujeres en el ámbito familiar, afectando así su igualdad, libertad y dignidad. América Latina presenta una organización social del cuidado altamente familiarizada y feminizada; es decir, son las familias quienes proveen la mayor cantidad del cuidado necesario para la supervivencia de la sociedad, y dentro de los hogares son las mujeres quienes proveen dichos cuidados.

Este trabajo identifica dos aspectos: en primer lugar, los componentes que conforman la organización social de los cuidados en América Latina en su dimensión sociocultural, política y económica. Y, en segundo lugar, propone una selección de mecanismos que podrían contribuir a transformar dichos componentes. Al identificar la forma en que se podría contribuir a desmontar cada una de esas piezas no se pierde de vista que, en muchos casos, se tratan de procesos de transformación sumamente complejos, lentos, costosos y de larga duración. La propuesta teórica de “implosión de los regímenes de cuidados” de ^{Juliana Martínez Franzoni (2021)} constituye un buen punto de partida para pensar en las estrategias que contribuyen a desmontar la actual organización social de los cuidados en la región.

La importancia de abordar este tema radica en la necesidad urgente de contribuir a transformar la organización social del cuidado vigente por ser injusta y desigual con las mujeres en múltiples dimensiones. Es preciso identificar las estrategias que logren romper con los arreglos vigentes que sostienen todo el engranaje responsable de la división actual de las tareas y provisión de cuidados. Esta investigación pretende contribuir en ese sentido.

Las preguntas de investigación de este trabajo son ¿cuáles son las características de la organización social, política y económica de los cuidados en América Latina? ¿Cómo desmontar o desarticular dicha organización social de los cuidados hoy vigente? Por su parte, el objetivo general es analizar la composición y dinámica de la organización sociocultural, política y económica de los cuidados en América Latina. Sus objetivos específicos son: identificar cada uno de los componentes que conforman la actual organización social de los cuidados en la región en sus aspectos sociales, políticos y económicos; e identificar algunos mecanismos que podrían contribuir a transformar dichos componentes que constituyen esta organización.

¿Por qué estudiar la organización social de los cuidados?

La organización social del cuidado se refiere, en forma general, a la manera en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, producen y distribuyen cuidado (^{Faur, 2009}). Tal como se mencionó antes, la forma en la cual se produce y distribuye este cuidado no es neutral al género. Por ello “introducir la perspectiva de género permite dar cuenta de las enormes inequidades que se producen en la distribución de estas tareas entre hombres y mujeres” (^{Faur y Pereyra, 2018, p. 498}).

De acuerdo con ^{Rodríguez y Pautassi (2014)} la organización social del cuidado en América Latina presenta, centralmente, dos características: “desigual distribución del trabajo de cuidado entre hogares, Estado, mercado y organizaciones comunitarias y, además, desigual distribución del trabajo de cuidados entre hombres y mujeres” (p. 12). Esto da como resultado un escenario caracterizado por la familiarización y la feminización del cuidado; es decir que son las mujeres quienes proveen, dentro de las familias la mayor cantidad del cuidado que se necesita para la supervivencia de la sociedad.

Ahora bien, la pandemia mundial por COVID-19 ha tenido un efecto central en la reconfiguración no solo de la forma en la que se organizan los cuidados, sino también en el lugar que ocupa el tema en la agenda política de los Estados nacionales de la región. A raíz de las medidas tomadas para prevenir los contagios, las redes tradicionales de cuidados disponibles para las familias se han visto gravemente deterioradas. El cierre de las escuelas, guarderías y la necesidad de proteger a los adultos mayores, ha puesto en crisis los esquemas de cuidados y tareas domésticas, afectando el funcionamiento de los hogares y familias. En este contexto, las mujeres se han visto desproporcionadamente más afectadas que los hombres, ya que aumentó en forma dramática la carga de cuidados, predisponiéndolas a mayores riesgos sociales. La Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) utiliza la expresión “emergencia global de los cuidados” para referirse a la situación actual, la cual “requiere una respuesta inmediata, transversal y con miras al largo plazo y la reorganización social que demandan las desigualdades en torno al cuidado” (^{CIM, 2020, p. 29}).

El aspecto más grave de esta emergencia global de los cuidados es que pone en evidencia que las mujeres son quienes ajustan sus tiempos para proveer servicios cuando el resto de los actores responsables no lo hacen (otros miembros de la familia, el Estado, las redes comunitarias y el mercado). Las mujeres terminan operando como variable de ajuste en los escenarios de crisis para mantener el nivel de bienestar necesario para la supervivencia de las personas al interior de las familias. Es por ello que la postpandemia puede constituir una gran oportunidad para redefinir una nueva organización social y política de los cuidados que los redistribuya en forma igualitaria entre todos los actores involucrados. Tal como lo afirma la ^{Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2021a)}, la pandemia “ha revelado el enorme costo que supone para los países de la región el hecho de no tener un sistema integrado de cuidados de amplia cobertura, desfeminizado y de calidad” (^{CEPAL, 2021a, p. 36}).

Marco teórico

El marco teórico a partir del cual se realiza el presente análisis parte de los aportes conceptuales y teóricos centrados en los regímenes de cuidados. En primer lugar, para caracterizar un régimen de cuidado interesa saber dónde se cuida, quién cuida y quién paga los costos de ese cuidado (^{Jenson, 1997}). Batthyány explica que se trata de un marco conceptual muy poderoso porque “permite mirar de manera transversal políticas típicamente pensadas de manera sectorial, haciendo manifiestos los supuestos sobre el lugar que se pretende que tomen familias y mujeres en la provisión de cuidados en el diseño y aplicación de estas” (^{Batthyány, 2015, p. 11}).

^{Martínez Franzoni (2021)} hace un diagnóstico muy atinado acerca de las características del actual régimen de cuidado vigente en América Latina. Afirma que lo que hoy tenemos en la región es un régimen de cuidado basado en las desigualdades entre mujeres, y estas desigualdades son condición necesaria para que el régimen funcione y se sostenga en el tiempo. Lo original de su propuesta es el concepto de implosión de régimen y de mecanismos adaptativos. Martínez está pensando en cómo transformar el actual régimen de cuidado vigente a partir de transformaciones internas (implosión) y, además, de carácter radical que permitan desarticular los mecanismos adaptativos vigentes que sostienen al actual régimen de cuidado que es injusto y desigual para las mujeres. Tales mecanismos tienen que ver o con reducir la demanda de cuidados o con aumentar o reasignar la oferta de cuidados.

Ahora bien, el objetivo de esta estrategia es transformar el contrato de género vigente a partir del cambio en los regímenes de cuidados. Sin embargo, Martínez expresa que, si bien empezar por las políticas de cuidados es clave, por si solas no tienen la capacidad real de acabar con el actual contrato de género basado en relaciones patriarcales y no igualitarias. El desafío es identificar estrategias que ayuden a implosionar el régimen de cuidado, partiendo de las políticas de cuidado, pero al mismo tiempo trascendiéndolas.

En este sentido, ^{Filgueira y Martínez Franzoni (2019)} sostienen que este patrón solo puede romperse a través de: (1) encarecer el trabajo de cuidados; (2) proporcionar soluciones de cuidados colectivos; y (3) hacer que los hombres participen en el trabajo de cuidados. Explican que para que el empoderamiento económico llegue a todas las mujeres,

más cambios legales y de políticas deben desmantelar estrategias de adaptación muy desiguales, por medio de las cuales los ricos pueden subcontratar el trabajo de cuidado en gran medida confiando en las mujeres pobres. Del mismo modo, los pobres no pueden depender del trabajo de cuidado familiar no remunerado, en su mayoría femenino, para complementar sus necesidades de trabajo doméstico remunerado. La tarea del Estado no es solo expandir cualquier política de atención, sino específicamente, las políticas de servicio público universal capaces de contrarrestar la brecha socioeconómica existente (^{Filgueira y Martínez Franozni, 2019, p. 267}, traducción propia).

Esta propuesta de la implosión de los regímenes de cuidados vigentes y la búsqueda de nuevos mecanismos adaptativos se presenta como una estrategia concreta para transformar la organización social de los cuidados vigente en la región. Sus implicaciones para las políticas de cuidado son de gran alcance ya que identifica que esas políticas son la clave para empezar a erosionar las condiciones que sostienen el actual contrato de género desigual; aunque reconoce que por sí mismas, estas políticas de cuidado no necesariamente van a transformar del todo ese contrato de género.

Características de la organización social, política y económica de los cuidados en América Latina

En esta sección se desarrollan las características de la organización sociocultural, política y económica de los cuidados en la región. Se trata de un ejercicio de diagnóstico en donde se describe, en forma general, la manera en que se resuelven las necesidades de cuidados actuales. El análisis se hace a partir de tres dimensiones analíticas: (a) dimensión sociocultural, en donde se describen los arreglos socio-culturales que responsabilizan a las mujeres como cuidadoras primarias, entre otros aspectos; (b) dimensión política, en el cual se aborda el mecanismo a través del cual las políticas públicas pueden contribuir a cristalizar roles de género que especializan a las mujeres en el trabajo de cuidados y las relega al mundo domestico; y (c) dimensión económica, en donde se explica cómo el funcionamiento del mercado en general, pero del mercado laboral en particular, se forja sobre un modelo de hombre proveedor sin responsabilidades familiares, lo que contribuye a mantener y reproducir la desigualdad en contra de las mujeres.

De acuerdo con Batthyány, América Latina presenta “una gran heterogeneidad en la organización social del cuidado, derivada de dinámicas familiares, mercados de trabajo, y estructuras económicas muy diferenciadas, así como también de Estados con fortalezas y tradiciones disímiles” (^{Batthyány, 2015, p. 16}). La autora enfatiza que la tendencia pasada fue la de considerar al cuidado como una cuestión de índole y de resolución es la esfera privada de las personas y las familias.

Ahora bien, el proceso de visibilización del trabajo de cuidado y como logra transcender de la esfera privada a la pública no fue rápido ni sencillo. En ese sentido, las encuestas de uso del tiempo han permitido medir y cuantificar el tiempo que las personas dedican a diferentes tipos de tareas, entre ellas el cuidado. Podría decirse que este tipo de encuesta es una de las únicas herramientas disponibles para medir el trabajo de cuidados no remunerado y, además, es un método más rentable para recopilar datos oportunos y precisos sobre la división del trabajo por género dentro de los hogares y la interdependencia del trabajo remunerado y no remunerado realizado por mujeres y hombres (^{Stuart, 2014}).

Y es que la medición del tiempo es una herramienta clave para comprender más cabalmente las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. Al utilizarlas, “se ha logrado visibilizar estadísticamente el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y sus efectos sobre la vida de las mujeres y sobre las relaciones de género” (^{Scuro y Vaca-Trigo, 2017, pp.118-119}). Hasta mediados de 2021,

un total de 21 países de la región han realizado al menos una medición del uso del tiempo y los datos recogidos han desempeñado un papel fundamental en el análisis de género, la medición de todas las formas de trabajo, el análisis del vínculo entre la distribución de los ingresos y la distribución del tiempo y la creación de cuentas satélite del trabajo no remunerado en los hogares. (^{CEPAL, 2021b, p. 4})

De acuerdo con el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado doméstico y de cuidado se refiere al

tiempo que las mujeres y los hombres dedican en promedio a la provisión de servicios domésticos para el consumo de los hogares. Incluye entre otros la preparación de alimentos, lavado de vajilla, limpieza y mantenimiento de la vivienda, lavar y planchar ropa, jardinería, cuidado de mascotas, compras para el hogar, instalación, mantenimiento y reparación de bienes personales y de uso doméstico, y cuidado de niños, enfermos, ancianos o discapacitados. (Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la ^{CEPAL, s.f.})

Los datos de la Gráfica 1 muestran que la brecha en el indicador de cantidad de horas que dedican hombres y mujeres al trabajo doméstico y de cuidados está presente en todos los países de la región, llevándose las mujeres una sobrecarga desmedida de estos trabajos, en comparación con los hombres. Este patrón tiene consecuencias negativas para la trayectoria de las mujeres en general, poniéndolas en una situación de desventaja y desigualdad frente a los hombres en numerosas dimensiones.

Fuente: elaboración propia sobre la base del Repositorio de información sobre uso del tiempo de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020).

Gráfica 1 Diferencias en el uso del tiempo en trabajo doméstico y de cuidados entre hombres y mujeres, América Latina, último período disponible. 

Dimensión sociocultural

Dentro de las familias, las responsabilidades maternas y paternas reflejan históricamente el contrato sexual (^{Pateman, 1998}). Tal contrato implica reglas explícitas o implícitas que gobiernan las relaciones de género, organizando los derechos y obligaciones respectivos de hombres y mujeres para reflejar la división sexual del trabajo (^{Folbre, 1994}). Y es justamente a través de esta especialización jerárquica que la legislación y la política determinan ciertos modelos hegemónicos tanto de paternidad como de maternidad, cada uno de ellos integrado en la construcción social del género (^{Hobson y Morgan, 2002}).

En el campo de las políticas familiares y de cuidados, suele aparecer el concepto de maternalismo como una característica distinta de las políticas públicas en esta área. El maternalismo “identifica una serie de discursos y prácticas que ensalzan el rol materno femenino y que se han constituido en argumentos ideológicos y simultáneamente políticos para diferentes fines en América Latina” (^{Flores y Tena, 2014, pp. 28-29}). Uno de los aspectos más problemáticos de esta consideración de las mujeres como naturalmente dispuestas al cuidado y la crianza es que

bajo este maternazgo, las mujeres extendieron su trabajo de cuidados más allá de la atención a personas dependientes, asumiendo como propio el cuidado también de hombres adultos sanos, que cotidianamente usufructúan el trabajo doméstico y de cuidados realizado por las mujeres. (^{Flores y Tena, 2014, p. 35})

Esta sobrecarga de trabajo no remunerado representa una fuerte barrera a la autonomía de las mujeres en múltiples dimensiones. Por ejemplo, limita la participación de las mujeres en el mercado del empleo. Al limitar su participación en el mercado del empleo, se “reduce su posibilidad de generar ingresos propios y restringe su acceso a la seguridad social, fuertemente vinculado al empleo formal en la región” (^{CEPAL, s.f.})

Uno de los ejemplos más claros de esto se pudo observar durante la pandemia por COVID-19; pandemia que no ha creado el problema de la injusta distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados dentro de los hogares, pero que ha venido a agudizar aún más esta situación. En la medida que existe una fuerte feminización de estas tareas, el confinamiento y el teletrabajo vinieron a sumar nuevas tareas no remuneradas en el ámbito doméstico. Han sido mayoritariamente las mujeres quienes han asumido estas tareas y no los hombres. De acuerdo con un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del 2021, las mujeres asumieron la mayor parte (74,0%) del apoyo a la educación a distancia en el hogar en comparación con los padres (4,9%); estuvieron a cargo de la comunicación con la escuela de sus hijos e hijas (87,7%) en comparación con los hombres (5,4%). La brecha es enorme aun cuando muchos de esos padres, a raíz de las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, permanecen en el hogar confinados con sus familias (^{Näslund-Hadley et al., 2020}).

Los hallazgos del estudio del BID para América Latina están alineados con una investigación reciente en los Estados Unidos, que sugiere que la pandemia de COVID-19 ha creado nuevas fuentes de conflictos y ha exacerbado las existentes relacionadas con el apoyo insuficiente de los padres a la crianza de los hijos. Esto tiene serias implicaciones para la salud de las madres y otros miembros del hogar (^{Calarco et al., 2020}). En definitiva, los patrones socioculturales ampliamente vigentes en la región contribuyen a cristalizar roles de género que conducen a una situación de desigualdad entre hombres y mujeres. Las bases más rígidas de la organización social del cuidado están sujetas a este “contrato de género” por el cual las mujeres asumen una carga excesivamente desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado.

Dimensión política

América Latina y el Caribe históricamente se han caracterizado, en el área de políticas familiares, por tener un enfoque predominantemente familista y maternalista. En un régimen familista, “la responsabilidad principal del bienestar corresponde a las familias y a las mujeres en las redes de parentesco” (^{Batthyány et al, 2014, p. 76-77}). Bajo este régimen, “las mujeres pueden trabajar de forma remunerada, pero acudiendo a estrategias y medidas de conciliación que no quebranten la división sexual del trabajo e incluso la sostengan” (^{Flores y Tena, 2014, p. 32}).

La familia ha sido el ámbito histórico por excelencia donde se han llevado a cabo el trabajo de cuidado en general y de la infancia y la vejez en particular. Sin embargo, es importante enfatizar que

el cuidado no ha estado limitado sólo a las personas con mayor demanda de él o con diverso tipo o grado de dependencia, como la infancia y la vejez, sino también a las personas adultas en condiciones de salud y habilidad, que en la mayoría de los casos ostentan este privilegio en su condición de género, clase, edad o raza. (^{Pineda, 2021, p. 146})

A pesar de los avances en políticas que promueven la igualdad de género, las instituciones económicas, sociales y políticas, en su mayoría, continúan operando bajo una rigurosa división sexual del trabajo que mantiene el estereotipo de las mujeres como proveedoras de cuidados y de los varones como proveedores de ingresos. El accionar del Estado en el ámbito del cuidado generalmente se ha limitado a la protección de la madre trabajadora en el marco del régimen laboral formal y la provisión del cuidado infantil.

Un tipo específico de políticas de cuidado, son las políticas de tiempo para cuidar. ^{Batthyány (2015)} explica que se tratan de “prestaciones que liberan tiempo del empleo para dedicarlo a los cuidados no remunerados” (p. 17) (tales como permisos de maternidad y paternidad, lactancia, cuidados de familiares, etc.). Sin embargo, no hay que perder de vista que estas medidas podrían tener consecuencias negativas para las mujeres si desde su diseño como política pública contribuyen a cristalizar los roles de género. Muchas de ellas aún mantienen sesgos maternalistas que identifican a las mujeres como las responsables primarias del cuidado y la crianza (^{Blofield y Martínez Franzoni, 2014}; ²⁰¹⁵).

Sin embargo, es posible identificar algunas políticas innovadoras en materia de transformación de la organización social del cuidado en América Latina que buscan desfamiliarizarlo y desfeminizarlo. Sin lugar a duda una de ellas ha sido la invención, desde la región, de los sistemas de cuidados. Un sistema de cuidado puede definirse como

el conjunto de políticas encaminadas a concretar una nueva organización social de los cuidados con la finalidad de cuidar, asistir y apoyar a las personas que lo requieren, así como reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados que hoy realizan mayoritariamente las mujeres, desde una perspectiva de derechos humanos, de género, interseccional e intercultural. (^{CEPAL y ONU Mujeres, 2021, p. 23})

Uruguay cuenta desde el año 2015 con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC). La implementación del SNIC es el resultado de décadas de trabajo articulado entre la academia, el movimiento feminista organizado en instituciones de la sociedad civil y una parte de la clase política que, en forma conjunta, impulsaron la creación de una política pública integral como una respuesta al problema de la feminización y familiarización del trabajo de cuidados.² El desarrollo y promoción de sistemas de cuidados constituye un nuevo estándar en materia de políticas de cuidados y, actualmente, muchos de los Estados de la región se encuentran promoviendo la implementación (a nivel nacional y subnacional) de sistemas integrales de cuidados en sus respectivos países (por ejemplo Argentina, Perú, México, Panamá, entre otros).

Por otro lado, un área relativamente poco abordada cuando se estudia la organización del cuidado es la de la esfera comunitaria. El concepto de cuidados comunitarios es polisémico (^{Fraga, 2022}). El cuidado comunitario

puede tratarse de muy diversas iniciativas surgidas de las comunidades en forma autogestionada, de activismo social, confesional o político, dependientes de movimientos sociales o articuladas en redes de diverso tipo que incluyen o no al Estado, que típicamente van al encuentro de las necesidades de cuidado, educativas y alimentarias de la población (^{Fraga, 2022, p. 12}).

En la región es posible identificar dos características en este tipo de cuidado comunitario: 1) presentan una “fuerte inscripción territorial” (^{Fournier, 2020}) y 2) el objeto del cuidado no solo son personas sino también suelen ser bienes públicos y animales (^{Fraga, 2022}). Además, este tipo de cuidados comunitarios suele asociarse también con prácticas relacionadas con la economía social y solidaria.³ En la región existen interesantes prácticas de cuidados comunitarios que, por diferentes razones, pero sobre todo ante la ausencia estatal, emergen como un espacio crítico que produce cuidado. Muchas veces suele ser la única alternativa para personas sin redes familiares, sin acceso a servicios públicos o sin recursos para comprar cuidado en el mercado. Un análisis y comprensión más acabada de las dinámicas que acontecen en la esfera comunitaria es clave para reflexionar sobre alternativas viables y sostenibles orientadas a transformar la organización social del cuidado en la región.

Y finalmente en esta dimensión política hace falta señalar que existe un malentendido generalizado que hace que ciertas políticas públicas de cuidados sean señaladas solo “para ayudar a las mujeres”. A esta concepción limitada de las políticas de cuidados se contrapone el mayor estándar de protección que es conceptualizar al cuidado como un derecho. El reconocimiento del derecho humano al cuidado implica que el Estado no solo debe garantizar las condiciones necesarias para ejercer ese derecho sino también no debe obstaculizar su ejercicio (^{Pautassi, 2007}). Pautassi, además, plantea que para algunos actores sociales y políticos el cuidado sería una prestación dirigida a las mujeres que buscan trabajar y como una forma de “ayudarles”; por el contrario, desde una perspectiva o enfoque de derechos humanos, “el cuidado debe garantizarse por medio de arreglos institucionales y presupuestarios, ser normado y obtener apoyo estatal” (^{Pautassi, 2010, p. 28}). No es solo para las mujeres sino para todas las personas.

Respecto a este tipo de avance normativo, algunos antecedentes en la región son interesantes. Por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México reconoce, desde el 2017, el derecho al cuidado en forma expresa en su artículo 9, letra B “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida” (^{Constitución Política de la Ciudad de México, 2017}). Por otro lado, desde el año 2008, la Constitución del Ecuador incorporó en su artículo 333 el reconocimiento expreso del trabajo doméstico y de cuidados como labor productiva y un mandato de incorporar a quienes se dediquen a él en forma exclusiva al sistema de seguridad social del país.⁴

Dimensión económica

La evidencia señala que el tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados es el principal obstáculo para la participación plena de las mujeres en el mercado laboral. Según datos de la CEPAL, alrededor de un 60% de las mujeres en hogares con presencia de niños y niñas menores de 15 años declara no participar en el mercado laboral por atender responsabilidades familiares, mientras que, en hogares sin presencia de niños y niñas del mismo tramo de edad, esta cifra se acerca a un 18% (^{CEPAL, 2021a}).

Por otro lado, la incorporación de hombres y mujeres al mercado laboral requiere, en muchas ocasiones de la mercantilización del trabajo doméstico y de cuidados de los hogares, de forma que el trabajo realizado anteriormente de manera no remunerada por las mujeres pasa a ser sustituido por el trabajo remunerado de otras mujeres, muchas veces realizado en forma precaria y remunerado por debajo de los salarios considerados dignos. En América Latina y el Caribe, a 2019, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado, siendo el 91,5% mujeres, muchas de ellas afrodescendientes, indígenas y/o migrantes (^{CEPAL, 2021a}).

Este sector laboral tiene ciertas características distintivas: precariedad, informalidad y bajos salarios; de hecho “el 76% de las mujeres que allí se emplean no cuentan con cobertura previsional” (^{Valenzuela et at, 2020, p. 85}). En lo que tiene que ver con la cuantificación del aporte económico que constituye el trabajo no remunerado que realizan las mujeres, de acuerdo con los datos recopilados por CEPAL esta cifra oscila entre el 15,9% y el 25,3% del Producto Interno Bruto, siendo las mujeres quienes aportan cerca del 75% de este valor (CEPAL, 2020).

Cuando las mujeres se desempeñan en el ámbito del trabajo remunerado, generalmente se insertan en sectores relacionados con el cuidado: la mayoría de las mujeres latinoamericanas todavía labora en el comercio (30%), la educación y la salud (23%), o los servicios domésticos (11%). La participación en estos sectores representa el 64% del empleo de mujeres en total y no ha cambiado sustancialmente en los últimos 20 años (^{Marchionni, 2015}).

^{Folbre (2018)} argumenta que la especialización en cuidados se mantiene porque las mujeres no pueden amenazar fácilmente con retirar sus servicios, no pueden medir efectivamente el valor de sus contribuciones y no pueden reclamar personalmente todo el valor que crean. Las mujeres, de este modo, “tienen una doble presencia constante en la esfera productiva y reproductiva” (^{Balbo, 1994, p. 37}).

Como se puede observar en esta gráfica la participación laboral de las mujeres en comparación con los hombres, siempre se mantiene por debajo, incluso nunca alcanzando el 50%. Esta gráfica también muestra la afectación de la pandemia por COVID-19 en la participación laboral de hombres y mujeres. Las brechas son importantes y el retroceso de las mujeres en el mercado laboral es histórico. En el 2021, 1 de cada 2 mujeres no participa en el mercado laboral. Por lo tanto, la reducción de la carga de tiempo asociada al cuidado podría mejorar el empoderamiento económico de las mujeres.

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos con la herramienta CEPALSTAT de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (^{CEPAL, s.f.b}).

Gráfica 2 Tasa de ocupación por sexo (tasa anual media), evolución en América Latina: 2013-2021 

Esta trayectoria diferenciada de hombres y mujeres a lo largo de la vida laboral activa tiene profundos efectos en la etapa de la vejez, que predispone a que las mujeres no puedan tener autonomía económica en esta etapa de la vida. Y es que “al recibir menores ingresos a lo largo de su vida económicamente activa, las mujeres en general pero las madres en particular se enfrentan al riesgo de vivir una vejez con ingresos mínimos o incluso de caer en la pobreza” (^{Jiménez Brito, 2020, p. 44}).

En un estudio comparado en América Latina, ^{Marco Navarro (2016)}, evidencia que las desigualdades de género en los sistemas previsionales existen. Estas obedecen a que las desigualdades de género en el mercado del empleo se trasladan a estos sistemas, pero también responden a factores vinculados con su diseño. Y es que en la práctica implican en qué medida “las desigualdades de género en múltiples ámbitos de la vida social y económica se traducen en desiguales derechos jubilatorios” (^{Arza, 2017, p. 5}). Arza enfatiza que el diseño del sistema de pensiones es central en términos de su capacidad para proteger de manera efectiva a las mujeres durante la vejez y resguardar el principio de igualdad de género en la seguridad social. En ese sentido es importante destacar que todo este cuidado no está libre de costos, es decir, no es gratuito como tal. Sobre este punto la CEPAL sostiene que

las mujeres subsidian […] los sistemas de seguridad social y de protección social en general. Es cierto que ese cuidado no tiene costo alguno para los Estados ni para los destinatarios del cuidado. Sin embargo, tiene un altísimo costo para las mujeres en términos de tiempo, calidad de vida y salud. Esto se manifiesta, sobre todo, en términos de costo de oportunidad, es decir, las actividades que las mujeres dejan de realizar por estar dedicadas al cuidado no remunerado. (^{CEPAL, 2019, p. 55})

En esta dimensión económica de la organización social de los cuidados es posible identificar una serie de consecuencias negativas para el bienestar de las mujeres que se dedican al trabajo de cuidados tanto remunerado como no remunerado: su desigual participación del mercado laboral, las condiciones más desfavorables de inserción al mercado laboral, su desprotección en términos de seguridad social, el riesgo de no percibir ingresos en la vejez, etc.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1 Los tres componentes de la organización social de los cuidados: dimensión sociocultural, política y económica 

Los componentes identificados se refuerzan mutuamente y dan lugar a la dinámica que se observa en la organización social del cuidado en forma generalizada en la región. Los mandatos socioculturales son los responsables del maternalismo y familismo alrededor de los cuidados. Dichos mandatos de género se expresan públicamente en políticas públicas que, en su mayoría, cristalizan los roles de género que asignan y responsabilizan a las mujeres como cuidadoras primarias relegadas al ámbito doméstico. Esta carga desproporcionada de cuidados condiciona las oportunidades de las mujeres en el ámbito laboral, educativo y profesional, afectando su autonomía económica, su libertad, igualdad y dignidad. Contribuir a desmontar cada uno de estos mecanismos requiere de acciones diferenciadas.

Propuesta de mecanismos que podrían contribuir a transformar la organización social de los cuidados

En esta sección se proponen una serie de mecanismos que, a nivel general, contribuyan a desmontar la actual organización social de los cuidados en cada una de las dimensiones analizadas a partir de la propuesta teórica de ^{Filgueira y Martínez (2019)} y ^{Martínez Franzoni (2021)}. En sus trabajos sostienen que el patrón vigente podría romperse a través de los siguientes mecanismos: (1) encareciendo el trabajo de cuidados; (2) proporcionando soluciones de cuidados colectivos; y (3) haciendo que los hombres participen en el trabajo de cuidados.

En general, el planteo es que para que el empoderamiento económico llegue a todas las mujeres, más cambios legales y de políticas deben aplicar para desmantelar mecanismos de adaptación muy desiguales, por medio de los cuales las personas más ricas pueden subcontratar el trabajo de cuidado en gran medida confiando en las mujeres pobres. Del mismo modo, las personas pobres no pueden depender únicamente del trabajo de cuidado familiar no remunerado, en su mayoría femenino, para complementar sus necesidades de trabajo doméstico remunerado. La tarea del Estado no es solo expandir cualquier política de servicios de cuidados, sino específicamente, las políticas de servicio público y de acceso universal capaces de contrarrestar la brecha socioeconómica existente.

Dimensión sociocultural

Para contrarrestar los rígidos patrones y mandatos socioculturales que están en la base de la división sexual del trabajo es necesario emplear estrategias de aceleración de cambios culturales y arreglos sociales en torno al trabajo de cuidados. En este sentido se debería avanzar, en forma rápida y sostenida, en acciones de amplio alcance en la sociedad que cuestionen en forma directa el “hábitus de género femenino” esencialmente vinculado al cuidado y el espacio doméstico y de reproducción. Las mujeres no pueden seguir siendo valoradas socialmente solo en su faceta maternalista y cuidadora. El nudo crítico está dado por los complejos arreglos y estrategias a los que las mujeres en general apelan para poder “conciliar” el trabajo de cuidado y el mundo laboral. Esos mecanismos adaptativos son los que deben transformarse y así evitar que se utilicen porque afectan la igualdad de las mujeres, su libertad y su dignidad.

Es necesario promover en forma inmediata y rápida un proceso de revalorización, reconocimiento y remuneración del trabajo de cuidados como una estrategia transformadora del actual escenario. En la medida en que el trabajo de cuidados realizado mayoritariamente por las mujeres, en forma remunerada y no remunerada, siga permaneciendo invisible, infravalorado y como un aspecto “privado”, éste jamás tomará parte en el debate público. Incluso en el caso del trabajo de cuidado remunerado que se hace fuera del hogar (personas trabajadoras del hogar) éste sufre de graves estigmatizaciones sociales y quienes se dedican a él suelen ser víctimas de discriminación laboral, personal o en el peor de los casos, víctimas de abusos y violencia de todo tipo.

Específicamente, en esta dimensión es fundamental promover esquemas corresponsables de cuidados entre hombres y mujeres: los hombres deberían tomar parte igualitaria en la proporción del trabajo de cuidado al interior del hogar y también fuera de él. Resulta interesante destacar algunas buenas prácticas que se instrumentan en la región. Por ejemplo, uno de los componentes del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) de Uruguay es justamente la comunicación y las campañas de cambio cultural. La estrategia de comunicación en particular del SNIC tiene por eje la apuesta a “una profunda transformación cultural, donde las acciones de política se orienten a la imperativa superación de la injusta y desigual naturalización de los roles de género” (^{Sistema de Cuidados, 2015, p. 15}). Asimismo, Argentina como parte de sus iniciativas para avanzar hacia un sistema nacional de cuidados, lanzó en el año 2020 una campaña denominada “Cuidar en Igualdad”. De acuerdo con su formulación, dicha campaña busca “promover la transformación de aquellos estereotipos que reproducen la feminización de los trabajos de cuidado” (^{Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, s.f.} Para avanzar en esta transformación, este tipo de campañas masivas que promueven la deconstrucción de los roles de género asociados al cuidado son una herramienta crítica y urgente.

Por supuesto que para poder hacer posible la transformación mencionada se requieren de precondiciones vinculadas a las reglas de funcionamiento del régimen económico y del régimen político que se analizan a continuación.

Dimensión política

La exclusión sistemática de los hombres de las tareas de cuidado es una característica central de la división sexual del trabajo. Para lograr su inclusión se requiere de transformaciones en la dimensión del régimen político que contribuyan en forma contundente a que todas las personas puedan dar y recibir cuidados en condiciones de igualdad, libertad y dignidad.

El estándar más alto en esta dimensión es garantizar el efectivo ejercicio del derecho al cuidado de todas las personas. Este derecho, idealmente, debería estar consignado en el máximo instrumento jurídico de los Estados como por ejemplo sus constituciones políticas. Pero además para que el derecho al cuidado sea no solo normativamente exigible sino también materialmente ejercido, requiere de asignación presupuestaria y gestión estatal que haga posible su garantía para todas las personas. Desde la óptica normativa de la protección social propuesta por la CEPAL “el cuidado debe entenderse como un derecho asumido por la comunidad y prestado mediante servicios que maximicen la autonomía y el bienestar de las familias y los individuos, con directa competencia del Estado” (^{Batthyány, 2021, p. 90}). Tal como se mencionó previamente ya hay conquistas normativas importantes en la región tales como la constitucionalización del derecho al cuidado en la Ciudad de México o el reconocimiento del cuidado como labor productiva en la Constitución del Ecuador.

Por otro lado, resulta necesario revisar y modificar las políticas de cuidados vigentes para evaluar si son maternalistas y familistas. En ese caso, se requiere de un proceso de reformas puntuales para eliminar dichos sesgos. El objetivo es que ninguno de estos programas sea diseñado y aplicado como políticas “para ayudar a las mujeres” a conciliar la vida laboral y doméstica. Al contrario, las políticas de cuidado deberían tener como objetivo contribuir al bienestar de todas las personas de una sociedad. Se trata de un cambio de paradigma y de comprensión desde la esfera política y pública sobre lo que hoy la sociedad demanda respecto a los cuidados. Igualmente, ya se mencionó en el ejercicio de diagnóstico previo como los sistemas de cuidados, en tanto política pública, parecen surgir como el mejor estándar en el camino de transformar la organización social del cuidado dada su estrategia de articulación intersectorial e interinstitucional.⁵

Ahora bien, estas transformaciones en la dimensión política no pueden llevarse a cabo sin los necesarios cambios en la dimensión económica que tienen que ver, fundamentalmente, con cambios en los modos de producción y de comprensión del trabajo productivo.

Dimensión económica

Tal como se ha señalado a lo largo del trabajo, un régimen familista coloca la responsabilidad principal de bienestar en las familias y dentro de éstas, en las mujeres. Para ^{Federici (2018)} el trabajo de cuidados que hacen las mujeres podría considerase como “un servicio personal externo al capital”. Esta consideración hace alusión al rol que ocupa el trabajo del hogar no remunerado en el modelo económico capitalista. Además, señala la autora que, bajo esta lógica capitalista, se ha impuesto la idea de que el cuidado es un acto de amor de las mujeres lo que contribuye a negar su carácter de trabajo (^{Federici, 2018}). En relación con este último punto, cabe mencionar que urge impulsar un nuevo concepto de trabajo que reconozca como tal la enorme cantidad de tareas que hacen las mujeres en forma paralela al “tradicional mundo productivo”.

En relación con el trabajo doméstico y de cuidados remunerado, ^{Filgueira y Martínez Frenzoni (2019)} sostienen que es necesario encarecer el servicio de cuidados. Esto supone crear las condiciones normativas y los mecanismos de fiscalización eficaces para poder formalizar este trabajo. Por ejemplo, no es posible contar con regímenes laborales diferenciados que discriminen a las personas trabajadoras del hogar por el solo hecho de que trabajen en este sector. Al crear condiciones que contribuyan a desmantelar este mecanismo de adaptación tan generalizado (disponer de servicio de cuidado a bajo costo y en condiciones de precariedad) se promoverá una nueva forma de organización social del cuidado que sea igualitaria y digna para todas las personas.

El último eslabón de esta cadena de consecuencias negativas que sufren las mujeres a lo largo del ciclo vital a raíz de su especialización en tareas de cuidados es el riesgo de sufrir pobreza en la vejez. En esta área, es posible identificar una serie de avances en materia de reconocimiento del trabajo de cuidados como parte, por ejemplo, de una política de inclusión previsional. Actualmente existen buenas prácticas de los gobiernos de la región que buscan compensar o retribuir de alguna forma el trabajo de cuidados. Dichas medidas,

constituyen instrumentos de políticas que buscan compensar un aspecto que puso en situación de desigualdad a las mujeres, a lo largo de su vida económicamente activa, para “ayudarles” a alcanzar, por ejemplo, un beneficio previsional en la vejez. Estas medidas son buenas noticias; sin embargo, no son suficientes en orden a una estricta igualdad (^{Carpenter et al., 2022}).

En definitiva, los cambios necesarios en la dimensión económica son urgentes y su alcance debería ser muy amplio para que sean efectivos. Sin dudas, que se tratan de procesos de larga duración y lenta transformación al ser la lógica económica actual un gran impedimento para la autonomía de las mujeres. Es por lo que es necesario apostar por la regulación estatal y estrategias efectivas de fiscalización e intervención del mercado laboral para establecer mínimos indiscutibles en relación con la agenda de los cuidados. El mercado por sí solo no lo hará. Se requieren de fuertes incentivos o de sanciones efectivas para lograr los cambios necesarios.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se realizó un análisis de diagnóstico a nivel general de las características de la organización social del cuidado en América Latina, es decir la forma en la cual una sociedad produce y distribuye todo el cuidado que necesita. Este análisis se hizo a partir de tres dimensiones: sociocultural, política y económica. Luego de analizar sus principales características en cada una de estas dimensiones o categorías, se procedió a identificar y sugerir ciertas estrategias que podrían contribuir a transformar la actual dinámica de la organización social del cuidado en la región.

Frente al maternalismo, el familismo y la rígida división sexual del trabajo, se requiere de una transformación política orientada a la corresponsabilidad y la igualdad entre hombres y mujeres. Frente a las políticas de cuidados para “ayudar a las mujeres”, urge la consagración del derecho humano a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado a partir de sistemas integrales de cuidados. Frente a la penalización de las mujeres en el mundo laboral, salarial y previsional, hacen falta esquemas de reconocimiento de trayectorias diferenciadas entre hombres y mujeres con mecanismos de compensación hasta lograr la plena igualdad. Y frente a la precarización laboral del trabajo doméstico remunerado, es necesario avanzar en forma sostenida en procesos de formalización laboral de las personas trabajadoras del hogar que garanticen su acceso en condiciones de igualdad a prestaciones de seguridad social.

Tal como se mencionó en la introducción, en muchos casos se trata de cambios y transformaciones de larga duración que requieren de esfuerzos coordinados, articulados pero urgentes. Impulsar esta transformación supone contar con nuevos arreglos socioculturales, políticos y económicos fundados sobre el principio de la igualdad y la corresponsabilidad como una forma de dejar atrás la división sexual trabajo.