Esquinas

 

Oponiéndose al capitalismo en Yucatán. La causa de los rebeldes de la Guerra de Castas (1847-1850)*

 

Opposing Capitalism in Yucatan: the Rebel's Cause during the Caste Wars (1847-1850)

 

Piedad Peniche Rivero

 

Directora del Archivo General del Estado de Yucatán.

 

Resumen

El propósito de este ensayo es mostrar que la causa de los rebeldes de la Guerra de Castas en Yucatán (1847-1901) coincide con la causa de las llamadas "poblaciones ocultas" —grupos hablantes de maya, dispersos en la región— que fue el pago de los impuestos civiles y eclesiásticos. A pesar de tal coincidencia, aquellas "poblaciones" no han sido consideradas parte del enorme conflicto bélico que fue la Guerra de Castas. La autora sostiene que las "poblaciones ocultas" por su rechazo a los impuestos y segregación de la sociedad, de la Iglesia católica en particular, por su búsqueda de autonomía, tenían un potencial revolucionario que bien pudo haber engrosado el ejército de los mayas rebeldes.

 

Abstract

The purpose of this essay is to show that the rebels' cause during the Caste Wars in Yucatan (1847-1901) coincides with that of the so-called "hidden populations" —Maya-speaking groups scattered throughout the region—, which objectect to the payment ofcivil and church taxes. Despite this coinciding, these "populations" have not been considered part of the enormous armed conflict we know as the Caste Wars. The author believes that, due to their refusal to pay taxes and their segregation from society —and particularly from the Catholic church—, as well as their desire for autonomy, the "hidden populations" had a revolutionary potential which could well have swelled the ranks of the Maya rebels.

 

INTRODUCCIÓN

El propósito de este ensayo es mostrar que la causa de los rebeldes de la Guerra de Castas (1847-1901) coincide con la causa de las llamadas "poblaciones ocultas", grupos hablantes de maya, dispersos en la región que fue el teatro de dicha guerra, el sur y oriente de la Península de Yucatán, México: el pago de los impuestos civiles y eclesiásticos. A pesar de tal coincidencia aquellas "poblaciones" no han sido consideradas parte del enorme conflicto bélico que fue la Guerra de Castas. Aquí, aunque no vamos a poder identificar el papel que jugaron específicamente dichas poblaciones en el origen de esa guerra, donde ciertamente concurrieron varios factores, sostenemos que por su rechazo a los impuestos y segregación de la sociedad, de la Iglesia católica en particular, por su búsqueda de autonomía, las "poblaciones ocultas" tenían un potencial revolucionario que bien pudo haber engrosado el ejército de los mayas rebeldes.

Comenzaremos diciendo que la evasión por la vía de la emigración resalta una estrategia de supervivencia maya documentada desde la época colonial.¹ Pero el movimiento de aquellas poblaciones era muy diferente a los anteriores, cuando las cargas fiscales se exigían a los pueblos en su conjunto y en especie. En tiempos de la Guerra de Castas, las cargas impositivas debían pagarse por persona y en moneda y esto contradecía la reproducción de las comunidades mayas a partir del liderazgo político-religioso de sus jefes, batabes (del plural bataboob). Para mostrarlo estudiaremos la cuestión agraria como uno de los principales factores de la guerra y motor de la transición al capitalismo agrario. Mostraremos el clima político de la década de 1840, con la población criolla dividida y militarizada por la disputa nacional del centralismo o el federalismo, lo que incluía frecuentes levas pero también el adiestramiento militar de los indígenas de las comunidades mayas de la región del levantamiento. No obstante, argumentaremos que los rebeldes no reconocieron la cuestión de la privatización de la tierra como causa directa de su lucha precisamente porque, como en todas las sociedades no capitalistas, percibían la economía como una función de su sistema de relaciones, y no como una institución independiente según el modelo de nuestra propia sociedad.² Así, en la parte principal de este ensayo, y antes de presentar a las poblaciones ocultas, mostraremos que había un lenguaje común uniendo a las poblaciones que evadieron sus impuestos con los rebeldes cruzoob que los combatieron frontalmente: el que comunicaba el rechazo de ambos grupos por la transición al capitalismo.

 

LA CUESTIÓN AGRARIA,TRASFONDO DE LA GUERRA

Existe un importante cuerpo de información acerca de la privatización de las tierras públicas, declaradas para tal efecto "terrenos baldíos" —en lo que fuera el teatro del levantamiento de la "Guerra de Castas" (1847-1901) en las regiones fronterizas del sur y oriente de Yucatán, México— para mostrar que el conflicto agrario pudo haber sido la principal causa de dicha guerra. Se trata del estudio de los documentos de denuncia de baldíos por el historiador Robert Patch, quien mostró que del total de las 800 mil hectáreas de tierra enajenada por el gobierno de Yucatán entre 1843-1847,45 por ciento correspondía a aquellas regiones fronterizas del sur y oriente, incluyendo los pueblos de Peto, Tekax, Tihosuco y Hopelchén. Y asimismo, por el historiador Terry Rugeley, quien señaló que los principales beneficiarios de la adjudicación de baldíos, resultaron los empresarios, los militares y los curas.³ El gobierno liberal de Yucatán había promovido ampliamente el nuevo "espíritu de empresa" mediante una trilogía de leyes —sin hablar de la Ley de Colonización de 1841, que favorecía el fomento de la agricultura y la llegada de colonos— que buscaban impulsar el capitalismo agrario. Leyes que limitaron el tamaño de los ejidos de los pueblos, y en consecuencia pusieron la tierra en arrendamiento a los mismos pueblos, y recompensaron a los soldados con concesiones de tierra, lanzando ésta al mercado como mercancía bajo la ficción del "baldío".⁴

En la década de los años 1840 aquellas regiones sudorientales experimentaban un rápido crecimiento por efecto del auge de la industria azucarera y la ganadera, en el marco de la expansión de la producción y los intercambios mercantiles que siguió a la independencia de España. Era el caso de Peto, cuyos ejidos en 1845 ya no tenían la extensión legal por carecer de tierras públicas. Así, el 20 de abril de 1845, su jefe político subalterno informó al jefe político de Tekax sobre los problemas que pulsaban los pueblos de ese Partido por estar rodeados de propiedades particulares, lo que daba lugar —dijo— a que los vecinos de un pueblo se introduzcan a labrar en los ejidos de otro soportando disgustos y reclamaciones desagradables.. .⁵ Junto a la carrera por la tierra vinieron las guerras con México y Campeche, suscitando gran inestabilidad política en la sociedad municipal de criollos y mestizos, e indígenas, asociados formalmente en el ayuntamiento y la "repúblicas de indígenas", respectivamente, pero también y en forma quizá más importante, mediante los intercambios no oficiales que caracterizaban la vida cotidiana de los pueblos yucatecos y cuyo origen era la urgencia de pagar obvenciones, el impuesto religioso que va a ocuparnos extensamente.⁶ Como ha mostrado Terry Rugeley, en el caso del pueblo de Tihosuco, esos intercambios no sólo se desprendían de la coerción, sino de distintos "incentivos", como los trabajos en la agricultura del maíz (milpa) y ventas de este cereal que los campesinos realizaban a favor de Bacalar, ciudad y fortaleza militar situada al sur. También provenían de la industria del azúcar, por la demanda de arrieros para llevar panela a Valladolid, otra importante ciudad vecina. Y por último, de la demanda de aguardiente de la colonia británica de Belice y del contrabando de productos ingleses.⁷ Bajo la hegemonía de la Iglesia,⁸ esta sociedad rural buscaba sus oportunidades en la agricultura o la política, a menudo en ambas partes, junto a los curas que acumulaban en el agro mientras disfrutaban de las obvenciones y se entrometían en todos los asuntos políticos. Pero precisamente las oportunidades no eran para todos, aunque las ambiciones fueran iguales. La prosperidad tan elusiva en un Yucatán desprovisto de recursos naturales, no iba a llegar hasta las elites mayas, como lo demuestra, por ejemplo, su escasa presencia en la lista de adjudicación de baldíos a mediados del siglo XIX.⁹ El hecho fue que, si bien hubo indígenas como Jacinto Pat —quien era propietario de una hacienda azucarera, destilador de aguardiente y tenía riquezas aun para los estándares no-indígenas, así como el don de saber leer y escribir—, la emergencia del municipio y la privatización de la tierra, que fueron de la mano, marginaron al grueso de la población maya.¹⁰ Y sin embargo, los rebeldes maya-yucatecos de la Guerra de Castas nunca expresaron que el problema agrario, al que sin duda se hallaban duramente confrontados, fuera la causa de su violento levantamiento armado. Tan así fue que cuando el gobierno propuso amnistía ofreció abolición o al menos reducción de la contribución y, contrariamente, sus ultimata fueron en el sentido de aumentar la contribución hasta de por vida. Nunca ofreció tierra.¹¹

Restos de la más grande iglesia ortodoxa de Bosnia-Herzegovina; Mostar, Bosnia-Herzegovina, 2000 / Ricardo Ramírez Arriola

Así, en las cartas y otros documentos rebeldes que han llegado hasta nosotros, fechados en los primeros tres años de la guerra, cada vez que manifestaron su causa declararon categóricamente que era la abolición de la contribución civil y la eclesiástica (obvención mayor), así como la reducción de los aranceles parroquiales (obvención menor o "derechos de estola"). El comandante rebelde Jacinto Pat formuló dicha causa en estos términos:

.. .si aboliera [el gobierno] la contribución [y] ... asimismo que el derecho del bautismo [fuera] de tres reales, el de casamiento de diez reales... la misa según como estamos acostumbrados a dar su estipendio, lo mismo que el de la salve y del responso... descansaría todo indio, puesto que todos los de su raza están alzados, así es que con sólo lo que manifiesto. se retirarían. de lo contrario la vida o la muerte decidirá.¹²

Hasta donde sabemos, los rebeldes no se movilizaron por las tierras que estaban perdiendo efectivamente, sino por los abusos del Estado y la Iglesia. Esto no quiere decir que los rebeldes hubieran estado inconscientes del problema agrario que ya tenían encima, pues sabemos que efectuaron batallas legales para oponerse a la privatización de la tierra. Sabemos también que en los frustrados Tratados de Tzucacab de 1848, suscritos por Jacinto Pat y el gobierno de Yucatán, en el artículo tercero se acordó poner un alto al mercado de la tierra para que los campesinos "puedan rozar los montes para... sus sementeras, o para que formen sus ranchos en los ejidos de los pueblos, en las tierras llamadas de comunidad y en las baldías. sin arrendamiento".¹³ Y asimismo, sabemos que en 1839 los mayas del oriente se movilizaron en torno de la causa del federalismo ante la doble oferta política del oportunista capitán Santiago Imán de abolir la contribución y repartir tierras.¹⁴ ¿Qué querría decir entonces que la bandera de la Guerra de Castas fuera la lucha contra la contribución civil y los aranceles parroquiales —los impuestos—, es decir, que fuera una causa fiscal?

El historiador Terry Rugeley puso un ojo en el conflicto agrario y otro en el de los impuestos. Al primero, contribuyó extendiendo el estudio de Patch sobre el programa de denuncia de baldíos, mostrando, sobre todo, que los curas tenían un pie en el mundo colonial que se extinguía y otro en el mundo del capitalismo agrario que emergía, pues eran formidables hombres de propiedad.¹⁵ Contribuyó también con información inédita sobre las demandas legales presentadas por las repúblicas de indígenas, así como sobre las formas de resistencia cotidiana a la privatización de la tierra.¹⁶ A la cuestión de los impuestos, Rugeley contribuyó mostrando que la Guerra de Castas fue la gran finale de la obra maya de larga duración contra los impuestos que comenzaría con el "ensayo" de la breve vigencia de la Constitución de Cádiz en Yucatán, entre 1813-1814, cuando se abolieron las obvenciones y los servicios personales.¹⁷ Según se dice, en aquel entonces los mayas dejaron de prestar sus servicios personales a los curas, al grado de que éstos se quejaron por estar casi en el colmo de que un sacerdote ministro del Altísimo se ponga sobre la piedra a moler su alimento y. a cargar sobre sus hombros la yerba para la subsistencia del caballo en que monta.¹⁸ Muy preocupados por tanta resistencia, los curas habían señalado que al cesar las obvenciones, los feligreses habían desaparecido con una velocidad eléctrica, huyendo de las delicias de la vida en sociedad: se están volviendo unos misántropos, concluyeron.¹⁹

El segundo "ensayo" de la Guerra de Castas, según el mismo historiador, se desprendería de las movilizaciones de los mayas por militares facciosos que prometían la abolición de impuestos. Es el caso de la movilización de Imán en 1839, ya mencionada, y la que lanzó este mismo en 1842 contra la expedición punitiva de Santa Anna, la que al parecer incluyó al mismo Cecilio Chí, futuro caudillo rebelde. El tercer ensayo fue el levantamiento de Domingo Barret, otra vez contra el centralismo y otra vez con la promesa de Imán para procurarse "carne de cañón", esto en 1846, sólo un año antes del estallido de la guerra.²⁰ Ahora bien, desde 1840 las promesas se habían reflejado en la abolición de la obvención que pagaban las mujeres, pero las contribuciones masculinas fueron de mal en peor: un real mensual de contribución civil y un real mensual de obvención mayor, con la mala noticia de que la edad legal del tributario de la obvención bajaba de los 16 a los 14 años.²¹ En 1843, el gobierno integró la obvención a la contribución civil, todo por dos reales mensuales, comprometiéndose a mantener al clero, y éste a no alterar los aranceles de derechos parroquiales.²²

Al parecer, la mayoría de los campesinos ignoró todo el asunto y redobló su resistencia a los impuestos mediante la evasión, la protesta y los "chanchullos", al grado de causar una crisis en la Iglesia como la de 1813, pues la falta de rentas llegaba hasta el cabildo indígena y los batabes, quienes presidían éste e intervenían en la recaudación tratando de cobrar impuestos incobrables. Por su parte, los maestros cantores del cabildo, brazo derecho de los curas en el mantenimiento del culto y la liturgia, quedaron sin el estipendio con que la Iglesia los proveía.²³ Lo peor fue que la Iglesia hubiese tratado de compensar la caída de la recaudación de obvenciones mayores con un alza de aranceles de bautizos, matrimonios y defunciones mayas para igualarlos a la tarifa de blancos, un aumento que para los mayas representaba dos reales más para los matrimonios y cinco reales más para los entierros.²⁴ Ésta pudo haber sido la gota que rebosó el vaso.

Con su rica información que, sin embargo, deja de lado el funcionamiento de las comunidades indígenas, Terry Rugeley concluyó que el estallido de la Guerra de Castas se debió a la combinación de enajenación de tierra y rechazo a los impuestos en una época que tenía el desarrollo del capitalismo como "motor", a los batabes venidos a menos, y a la Iglesia en crisis. La movilización habría sido un reflejo de los "ensayos" de resistencia previos y el grito de ¡fuera los impuestos!, un lenguaje codificado que comprendía la totalidad del descontento popular. Los campesinos habían aprendido a levantarse así, concluyó.²⁵

 

DECODIFICANDO EL LENGUAJE DE LOS IMPUESTOS

Creemos efectivamente: 1) que los campesinos habían aprendido a levantarse con la causa de los impuestos; 2) que esa causa era un lenguaje codificado para comunicar "todo" su descontento; y 3) que la frustración de los batabes, con su poder que se extinguía con el viejo mundo colonial y sus ambiciones que no cristalizaban en el nuevo, debió ser fundamental para el levantamiento armado. Pero lo anterior no nos explica por qué los impuestos se presentaron como el símbolo del descontento popular. Esto debe explicarse desde la perspectiva de los rebeldes. Comencemos por tratar de entender la enorme importancia del batab, y en menor medida la del resto de los funcionarios del cabildo o "república de indígenas": un teniente, dos alcaldes, cuatro regidores y un escribano. El batab descendía de los linajes prominentes de la comunidad.²⁶ Así por ejemplo, el apellido Pat dominó la posición de batab en Tihosuco durante veinte años y el hijo más ilustre de ese linaje, Jacinto, quien junto al batab de Tepich, Cecilio Chí, y el de Chichimilá, Manuel Antonio Ay, acaudillaron la guerra en 1846.²⁷

Ruinas en el centro de Mostar, Bosnia-Herzegovina, 2000 / Ricardo Ramírez Arriola

En la época colonial, el batab era nombrado directamente por el gobernador y concentraba todas las funciones sociales. Las económicas, que eran el control y distribución de la tierra entre los campesinos miembros de la comunidad (tierra comunal que eventualmente el cabildo podía vender, incluso a gente de fuera de la comunidad), la caja de comunidad y del depósito de granos, así como la elaboración de documentos notariales, títulos de propiedad, testamentos, facturas de venta, etcétera, que se conservaban en el archivo de la comunidad.²⁸ Las judiciales, que se referían a la impartición de justicia dentro de la comunidad. Y asimismo las religiosas, que consistían en mantener la Iglesia y el culto religioso. A aquellas funciones del batab en sus comunidades se añadían las de intermediarios de la sociedad criolla, con la tarea principal, por supuesto, de recaudar los impuestos civiles y eclesiásticos y la asignación de servicios personales. Por la recaudación de impuestos percibían entre el 3 y el 5 por ciento de la recaudación total, además de quedar exentos ellos mismos de los pagos y de servicio personal.

En la época independiente, según Arturo Gómez Pineda, quien ha estudiado los avatares de los cabildos indígenas en el contexto del proceso de municipalización del siglo XIX, fueron abolidos los cabildos durante la vigencia de la Constitución de Cádiz, cuando se crearon los ayuntamientos para el gobierno de los pueblos. Pero amén de que entonces los indígenas pudieron "colarse" en los órganos de gobierno municipal, los cabildos siguieron en funciones informalmente. Pero después, entre 1824-1846, la presencia indígena desapareció de los ayuntamientos, juntas y alcaldías municipales, aunque se conservaron en los juzgados de paz, órganos menores.²⁹ En efecto, en 1824, ante la necesidad de que los batabes intermediaran en la recaudación de los impuestos y el problema consubstancial que era la emigración de los indígenas, el gobierno del estado rehabilitó los cabildos con la exclusiva finalidad de "remover los obstáculos que entorpecían el recaudo de las contribuciones públicas así como contener la dispersión de los indígenas a los bosques". El decreto de rehabilitación de 1824 expresamente añadía que los batabes no tendrían "la menor jurisdicción ni autoridad alguna... entre los de su clase, ni otra incumbencia que la de hacer [los cobros] bajo la dirección del subdelegado".³⁰

He aquí la sentencia de muerte de los batabes: quedaron sin facultades legales en la solución de los conflictos de los pueblos y la organización del trabajo y los servicios de los indígenas, funciones que incumbían a los alcaldes de las corporaciones municipales, y sin oportunidades en la carrera por la tierra, que siempre estuvo vinculada al poder político. Se les redujo a auxiliares del subdelegado, quien en coordinación con el cura párroco debía poco menos que elegirlos, a partir de una terna de personas turnada al gobernador para la elección-ratificación. La pérdida del poder de los batabes se reflejó en el desconocimiento de sus facultades por parte de los alcaldes y por ende de sus comunidades. La oposición de ésos se generalizó de tal modo que en octubre de 1824 el gobierno del estado tuvo que emitir una circular en el sentido de que estando enterado de que en muchos pueblos pretendían "disminuir" las atribuciones de las autoridades indígenas en el gobierno económico de los naturales, los subordinados a éstas despreciaban y desobedecían su autoridad en la recaudación de las contribuciones a su cargo, por lo que los exhortaba a respetarlas.³¹ Así, en medio del conflicto con las autoridades locales y sus propios pueblos, los batabes conservaron sus funciones de intermediarios hasta el estallido de la Guerra de Castas.

 

EN EL CORAZÓN DEL PROBLEMA DE LOS IMPUESTOS

Veamos ahora cuáles eran exactamente esos impuestos que tanto pesaban a los campesinos, y cuál pudo haber sido su impacto directo. Entre 1843-1846, para las comunidades mayas en el seno de la sociedad municipal, los impuestos eran de dos tipos: 1) los fijos, contribución civil y obvención mayor, que equivalían a 24 reales anuales, y 2) los variables, que eran los aranceles parroquiales ligados a los ritos de pasaje del matrimonio, bautizos y entierros. Ahora bien, como hemos dicho, los impuestos variables legitimaban las relaciones de parentesco de los campesinos, y a través de allí, las relaciones de poder en sus comunidades. Recordemos que el batab y otros principales debían su cargo a su descendencia de linajes "nobles". Los mayas rebeldes exigían rebajar el precio de esos impuestos, no abolirlos, como era el caso de los impuestos fijos, que dada su marginación social en realidad representaban un tributo. Ahora bien, desde 1786 todos los impuestos se pagaban en moneda por lo que su impacto forzaba la venta de fuerza de trabajo de los campesinos en ranchos y haciendas. En 1846, cuando el jornal por un día de trabajo, de por lo menos seis horas, era de un real; los impuestos equivalían a 144 horas de trabajo.

Luego entonces, los campesinos tenían que vender su fuerza de trabajo para legitimar sus relaciones de parentesco como mandaba la Iglesia católica, asunto que para ellos no era personal sino uno que trastornaba el funcionamiento de las relaciones de la comunidad, sobre todo las relaciones de autoridad que se transmitían de padres a hijos. Si se resistían a vender su fuerza de trabajo, corrían el riesgo de Marcelo Uc, quien en 1840 no pudo pagar su contribución civil y tuvo que enfrentar la acusación del alcalde de Ebtún el que:

...mandó a sus soldados para que se me amarrase como a un delincuente, se me castigase con azotes, se me pusiese en la cárcel y enseguida dirigiéseme (sic) al pueblo de Chichimilá sólo porque no tuve para pagar las obvenciones de mi pobre esposa...³²

Pero para pagar tenía que trabajar por moneda en un rancho o hacienda, lo que también tenía su peligro: caer en la espiral de la deuda, lo que era como venderse a sí mismo pues legalmente había que liquidar los adeudos con trabajo. A juzgar por las demandas de los rebeldes de la guerra de abolir también las deudas, y de actitudes como la de los hermanos Juan y Dionicio Pantí, quienes en su declaración ante las autoridades de Tixméuac que los acusaban de prófugos, dijeron que "preferían que llevasen sus cuerpos en pedazos que volver a servir en el rancho de donde habían escapado",³³ resulta obvio que este sistema no convenía a los campesinos. No obstante, desde fines del siglo XVII muchos indígenas habían tomado la opción de recurrir a las haciendas en busca de la protección del propietario frente a sus batabes y párrocos. La mejor prueba es que los hacendados empezaron a ser presionados para que pagasen los impuestos de aquellos que serían sirvientes, "luneros", y lo hacían, pero de mala gana.³⁴ A partir de los años de 1840, con la expansión de la agricultura comercial, este movimiento de dispersión comenzó a convenir a los hacendados por lo que se cree que la subrogación del pago del impuesto campesino está en el origen del sistema de trabajo forzado que caracterizó a la hacienda yucateca.³⁵ En todo caso, la nueva relación hacendado-lunero, protegida por las leyes estatales del capitalismo agrario que desde 1824 castigaban penalmente la huida de deudores, rompió el hilo del viejo tejido social de las comunidades por la parte más sensible: los batabes, quienes salían sobrando.

Un niño juega en los restos de su casa; Stolac, Bosnia-Herzegovina, 2000 / Ricardo Ramírez Arriola

En efecto, en Yucatán, la transición al capitalismo agrario, la hacienda y su economía mercantil fueron los agentes de la escisión entre la Iglesia y el Estado, de la disolución del poder de los batabes, pero también de la conservación de las relaciones de dependencia, que de la comunidad en su conjunto pasaron a las personas de los campesinos, y con ello de la desaparición de las comunidades como conjuntos que defienden solidariamente un territorio. Ante tal proceso, los campesinos tenían tres opciones: pagar, emigrar, o enfrentarse abiertamente. Las llamadas "poblaciones ocultas" ya habían optado por emigrar cuando los batabes de Tepich, Chichimilá y Tihosuco optaron por enfrentarse. Ambos grupos, como ya sabemos, hicieron sus opciones tomando en cuenta el peso de los impuestos, no de la privatización de la tierra o de la venta de su fuerza de trabajo. ¿Por qué habrían coincidido? Porque ningún grupo podía trascender su propia organización social donde la economía era una función ensamblada a otras funciones, la política y la religión, y se organizaba con base en la apropiación colectiva de la tierra. Es decir, no podían ver aquella relación mercantil, y en general el proceso de la transición al capitalismo, desde un plano directamente económico. Hubieran tenido que entender que la economía capitalista es una institución, entre otras instituciones, y que está organizada sobre la lógica de la propiedad privada. A nuestros ojos éste fue el mensaje codificado del lenguaje de los impuestos. Acerquémonos ahora a los emigrados para entender su expresión.

 

LOS EMIGRADOS Y "SU" TERRITORIO

En la documentación del periodo de la Guerra de Castas existe material sobre "poblaciones ocultas" relacionadas específicamente con la evasión del pago de contribuciones civiles y eclesiásticas y los mismísimos pueblos de la geografía del levantamiento armado, asentados en un lugar llamado "la montaña" o "los montes", es decir, el "despoblado". Se trataba de las selvas del sur y oriente de la Península de Yucatán que hasta entonces estaban fuera de control y habían sido el refugio de prófugos desde la época colonial.³⁶ Por su parte, Teresa Ramayo Lanz identifica "La Montaña" como un territorio de poblaciones trashumantes que se constituían y desaparecían al ritmo de sus milpas, hasta 1920, cuando ya sólo existían dos. Dice también que estas poblaciones antes de firmar la paz en 1853, estuvieron del lado rebelde.³⁷ Barbara Angel dice que los mismos mayas "pacíficos del sur" fueron inicialmente refugiados y rebeldes de la región de Tekax y Peto.³⁸

En efecto, según los reportes consultados, los pueblos de origen de aquellos migrantes son otros tantos de la línea por la que pasaba la frontera del despoblado en 1847, a saber: Nohcacab, Cauich, Dzibalchen e Iturbide, en el Distrito de Campeche; Maní, Ticul, Tihosuco, Tepich, Sahnacat y Sahcabá, en el Distrito de Tekax; Xcan y Chancenote, en el Distrito de Valladolid.³⁹ Desgraciadamente no tenemos manera de calcular el volumen de esa población emigrada ni de conocer su liderazgo. Tampoco sabemos a qué se refieren los informes oficiales que hablan de sus "idolatrías". Pero nos parece posible que sus asentamientos dispersos pudieron haber llegado a formar sistemas de alianza y organización como los de los mayas de San Pedro de Belice y El Petén, que describe Grant D. Jones. Según este autor, todos los grupos mayas independientes de los periodos de la Guerra de Castas y después de la misma estaban organizados en conjuntos "multipueblos", más o menos aliados, que reconocían un pueblo principal con funciones políticas y militares y, por lo menos en el caso de Chan Santa Cruz, con funciones religiosas también. Así, San Pedro tenía pequeños "conjuntos"; Lochhá y Xkanhá,"cantones", y Chan Santa Cruz, "subtribus".⁴⁰

Lo que sí sabemos es que los emigrados estaban determinados a evadirse para no pagar, pues hay informes de las autoridades locales al gobernador que prescriben el uso de la fuerza pública para reducirlos a poblado. En efecto, en la correspondencia entre la prefectura de Tekax, el gobierno del estado y el topógrafo Francisco Antonio Pardenilla, hay referencias a la comisión que recibió este último para poner fin a la "escandalosa migración de los indígenas de Tihosuco". En su respuesta, Pardenilla presentó sus condiciones para el desempeño de tal comisión haciendo referencia a "la montaña" y su "suma extensión total". Según dijo, "la montaña" estaba dividida entre los distritos de la cabecera de Tekax y la de Valladolid, comprendiendo el enorme territorio entre Campeche y Bacalar.⁴¹ Las condiciones que ponía Pardenilla eran: 1) que el subprefecto de Valladolid colaborase en la comisión aportando otro cazador de hombres como él mismo, ya que debería cubrirse la huida de los emigrados que desembocaría allí, a partir del ataque que él perpetraría desde el distrito de Tekax; 2) que la comisión a su cargo debería realizarse con el servicio de soldados a quienes había que compensar económicamente, pues de otro modo la comisión no tendría el menor éxito. Y para ese efecto propuso que los párrocos de Tihosuco e Ichmul y otros de la región pagasen por tal servicio porque ellos resultarían "ventajosos" en la reducción de sus feligreses. Por último, Pardenilla pide al prefecto de Tekax que ponga sus condiciones a la consideración del gobernador del estado, de lo que no encontramos información. Cabe reconocer la descalificación que hace Talavera de las pretensiones y sentimientos de Pardenilla, pues mucho lo honra. Después de reproducir aquella carta para enviar al gobernador, Talavera comentó: "Y sin embargo de que la comisión del señor Pardenilla no puede, en mi concepto, pasar los límites del territorio a que se destina (Tekax) y de que para su desempeño las verdaderas armas deben ser las de la equidad, persuasión y buena fe..."⁴²

Disponemos de otro informe oficial sobre las poblaciones ocultas que además de proponer reducirlas por la fuerza militar se refiere a su importancia fiscal. Se trata de un oficio dirigido al gobernador por el encargado del Departamento de Bolonchenticul, Juan Francisco Molina, que dice así:

...he hecho todo lo posible por conseguir que las matrículas [de impuestos] tengan exactitud. Las autoridades de los pueblos han prestado auxilio, menos en los de Cauich, Dzibalchen e Iturbide, ya que han quedado indígenas sin empadronarse. y son los que precisamente se hayan esparcidos en la escabrosidad de las montañas, habitando dispersos unos de otros a distancia considerable sin reconocer punto céntrico de reunión. Por estar habituados a este género de vida salvaje considero dificultoso reducirlos a vivir en sociedad y sujetos a la obediencia de nuestras leyes. Para esto sería necesario el uso de la fuerza armada...⁴³

Ruinas en el centro de Mostar, Bosnia-Herzegovina, 2000 / Ricardo Ramírez Arriola

Como sabemos, el problema de la recaudación se endosaba a los batabes y otros jefes de "repúblicas". El subdelegado de Ticul, por ejemplo, reconocía que los habitantes de ese pueblo, especialmente los indígenas, habían desaparecido por temor o por evadirse de los servicios, pero se disculpó ante el secretario general de gobierno por sus "infructuosos" esfuerzos por verificar los pagos de los deudores, "ya por hallarse ausentes sin saberse su paradero, ya porque ocultos en los montes se resisten por este medio a todas las indagaciones."⁴⁴ Por su parte, el Juez de Paz de Tepich informó que:

...más de las dos terceras partes de los indígenas que componen este pueblo se hallan viviendo en el centro del monte distante cuatro, seis, diez, quince y veinte leguas una casa de otra. procurando hallarse lo más oculto que sus idolatrías y evadirse de. ambas contribuciones, civil y eclesiástica, causando un inmenso trabajo a los satélites de la República en colectarlos...⁴⁵

De su potencial revolucionario sólo tenemos una pequeña pista. En un grueso expediente del AGEY relacionado con un complot fraguado en 1842 por propietarios de Espita contra el gobierno del estado a fin de voltear al centralismo, acogiéndose al Plan de Tacubaya, supimos que en "las montañas" de Espita, y particularmente en las "montañas" de Sucilá en el mismo partido, había ranchos cuya población era vista como botín político de sediciosos. Así, José de la Cruz Hoy, residente del rancho Mul, declaró ante las autoridades que investigaban aquel grave suceso que:

estando en la montaña se le presentó José Ma. Medina, conquistándolo para que lo acompañare ganando dos reales diarios y que lo llevaba a una fiesta de toros asegurándole que los lidiadores eran más bravos que los mismos toros.. [pero que] había sabido que la referida fiesta de toros era gente que debía incorporarse a D. Juan José Domínguez para asaltar [Espita] y que a los que se conquistaba se halagaba (sic) con el saqueo, particularmente del dinero de la contribución de guerra...⁴⁶

¿Pudo haber comenzado así la conspiración de los batabes de Tihosuco, Tepich y Chichimilá? Había comunicación entre batabes y emigrados, muchos habían ensayado varias veces la guerra y tenían armas, pero sobre todo, hablaban el "lenguaje" de los impuestos. La chispa que faltaba para prender la guerra pudieron haber sido las noticias acerca de los preparativos de reducción de la población de "la montaña" por la fuerza militar. Lo demás pudo haber sido cuestión de integrarse y conspirar sobre tiempo y forma de la batalla por la conservación de la comunidad.

 

CONCLUSIONES

La causa de los rebeldes de la Guerra de Castas muestra el conflicto de intereses que existió en las comunidades mayas en la época de transición de Yucatán al capitalismo para, por un lado, legitimar sus relaciones de parentesco a través de la Iglesia católica y, por otro, prestar servicios personales en las haciendas a cambio de moneda para pagar sus impuestos: aranceles parroquiales y contribución civil. Este conflicto no dejaba de impactar directamente a las autoridades de dichas comunidades, los batabs. Estos intermediarios tampoco conseguían labrarse un porvenir con la sociedad municipal, que los discriminaba políticamente. Los campesinos tenían tres opciones: pagar, emigrar y combatir. Los que pagaron consintieron en radicarse en las haciendas y se convirtieron en sirvientes. Los que emigraron, las llamadas "poblaciones ocultas", rechazaron el cambio, y eventualmente se integrarían a la guerra. Los que combatieron, los cruzoob, esperaron hasta que sus batabes hicieron su propia opción: conservar las comunidades.

 

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Notas

* Este ensayo es una versión considerablemente corregida del trabajo presentado en el congreso internacional: "Una guerra sin fin: los cruzoob en el umbral del milenio", celebrado en Mérida, Yucatán, en julio de 1997.

Agradezco a los historiadores Jorge Canto A. y Rafael Pérez C. su ayuda para recopilar el material de este ensayo.

¹ Nancy Farriss, Maya Society under Colonial Rule. The Collective Enterprise of Survival, Princeton University Press, Princeton, 1984,pp. 199-218; David J. Robinson, "Indian Migration in Eighteenth Century Yucatán: the Open Nature of the Closed Corporate Community", en David J. Robinson (ed.), Studies in Spanish America Population History, Westview Press, Boulder, 1981,pp. 149-173; Cristina García Bernal, "Desarrollos indígena y ganadero en Yucatán", en Historia mexicana,3, 1994,pp. 373-400.

² Ésta es teoría de Maurice Godelier sustentada, entre otros tantos ensayos y libros, en Un domain contesté: l'anthropologie économique, París, Mouton, 1974.

³ Robert W. Patch, "Descolonización, el problema agrario y los orígenes de la Guerra de Castas, 1812-1847", en Othón Baños Ramírez (ed.), Sociedad, estructura agraria y Estado en Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, 1990,pp. 71-74;Terry Rugeley, Yucatan's Maya Peasantry and the Origins of the Caste War, University of Texas Press, Austin, 1996,pp. 36-37.

⁴ Dada la naturaleza itinerante del cultivo maya del maíz, milpa, que impone una relación hasta de cinco superficies cultivables por cada superficie cultivada, los baldíos no eran tales. Las leyes que reglamentaron su enajenación fueron: Ley del 5 de abril de 1841: "Sobre enajenación de terrenos baldíos"; Ley del 17 de noviembre de 1843: "Aplicando los terrenos baldíos a la amortización de la deuda del Estado", y el Acuerdo de 18 de octubre de 1844: "Sobre arrendamiento de terrenos baldíos y comunes" En Alonso Aznar Pérez, Colección de leyes, decretos y órdenes o acuerdos, t. II y III, Imprenta del Editor, Mérida, 1850.

⁵ Archivo General del Estado de Yucatán (citado AGEY en adelante), Poder Ejecutivo, Gobernación, "Copiador del Secretario de Gobierno", Mérida, 1845.

⁶ Terry Rugeley, "Tihosuco, 1800-1847. La sociedad municipal y la génesis de la Guerra de Castas" en Sastoon, núm. 1,1997, Universidad del Mayab, Mérida, 1997.

⁷ Ibid., pp. 23-25.

⁸ Por "hegemonía" entendemos la noción gramsciana de liderazgo cultural interiorizado por la mayoría de la población.

⁹ Rugeley, op. cit., 1996, pp.128-129.

¹⁰ Sobre estos procesos véase Arturo Güémez Pineda, "Los mayas ante la emergencia del municipio y la privatización territorial de Yucatán, 1812-1847", tesis doctoral, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2001.

¹¹ Decreto de 6 de febrero de 1848, "Amnistía y penas de los sublevados que no se acojan a ella" Decreto de 11 de diciembre de 1846:"Reduciendo la contribución personal" Decreto de 26 de enero de 1848: "Extinguiendo la contribución religiosa". Véase también el Decreto de 26 de enero de 1848: "Premios y recompensas a favor de los indígenas que contribuyan a reprimir la sublevación". Y el artículo 6 anulando la contribución civil y rebajando la tarifa de matrimonios y bautizos. En AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, "Instrucciones para que las comisiones se sujeten en los convenios que puedan celebrar en nombre del gobierno con los indios sublevados", 1850. Por cuanto a la tierra, hay que decir que mediante el decreto de 5 de marzo de 1847,elgobier-no derogó la ley de 5 de abril de 1841, dejando sin efecto las denuncias de terrenos que no estuviesen adjudicados, y asimismo ofreció facilitar a los pueblos las tierras necesarias para su subsistencia. En Alonso Aznar Pérez, op. cit., t. III, pp. 14-15. El artículo 3 de los "Tratados de Tzucacab", firmados entre el gobierno y los rebeldes en 1848, recogería esa cuestión estableciendo la abolición del arrendamiento de la tierra y la enajenación de baldíos. En Eligio Ancona, Historia de Yucatán, vol. IV, 1889,p. 415.

¹² Carta de Jacinto Pat al Padre Canuto Vela, Tihosuco, 24 de febrero de 1848. En Eligio Ancona, op. cit., pp. 411-412. Véase también, entre otras muchas cartas mayas, la de los caudillos Bonifacio Novelo y Florentino Chan al gobernador, de 10 de diciembre de 1847, y de Cecilio Chí, fechada en Ekpedz el 23 de noviembre de 1847. En AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, "Programa de los indios sublevados", caja 66.

¹³ Tratados de Tzucacab, 1848,arts.1 y 2. En Eligio Ancona, op. cit., pp. 415-416.

¹⁴ Cf. Terry Rugeley, op. cit., pp. 119-121.

¹⁵ Véase la vida del prototipo de estos curas rurales, Raymundo Pérez, en Terry Rugeley, Of Wonders and Wise men. Religion and Popular Cultures in Southeast Mexico, 1800-1876, University of Texas Press, Austin, 2001, cap. 2.

¹⁶ Ibid., pp. 36; 129-130.

¹⁷ Ibid., pp. 48-57.

¹⁸ "Representación de Fray Pedro de Guzmán, cura de Uayma, sobre la conducta observada por los indios al otorgarles su libertad la constitución", en AGEY, Fondo Colonial, ramo Varios, vol. 1, exp. 16, 1812.

¹⁹ "Escrito de los apoderados de los curas en la cuestión de obvenciones", en Eligio Ancona, op. cit. ,pp. 488-489.

²⁰ Véase Rugeley, op. cit., pp. 119-122, 165-166.

²¹ Decreto del 9 de septiembre de 1840: "Reduciendo la obvención de los varones indígenas", en Aznar Pérez, op. cit., t. I.

²² En art. 2 de la Ley de 17 de junio de 1843: "Imponiendo las contribuciones que se expresan", que a la letra dice: "Los indígenas que no teniendo bienes de ninguna clase subsisten de su trabajo personal, contribuirán con dos reales cada mes, desde la edad de dieciséis años hasta la de setenta." Notemos que la edad del tributario volvió a ser dieciséis años. Aznar Pérez, op. cit.,p. 245. Para no alterar la tarifa de derechos parroquiales, cf. Decreto de 17 de junio de 1843: "Aboliendo las obvenciones y dejando a cargo del tesoro público atender con la cantidad que se expresa al sostenimiento del culto y sus ministros". Aznar, op. cit. ,t. II, p. 249. Para entender la enorme importancia de las tarifas parroquiales en el conflicto, cuatro días antes del mismo se firmó un decreto que en su artículo tercero dice que el obispo se comprometía a moderar los derechos parroquiales. Aznar, op. cit, t. III. p. 142.

²³ Rugeley, op. cit., p. 25.

²⁴ Véase el decreto de las Cortes de Cádiz de 9 de noviembre de 1912 que en su artículo tres dice a la letra: "Quedan también eximidos los indios de todo servicio personal a cualesquiera corporaciones o funcionarios públicos, o curas párrocos, a quienes satisfarán los derechos parroquiales como las demás clases." En Eligio Ancona, op. cit.,t.3,pp. 50 y 59. La tarifa de indígenas: "matrimonios por 10 reales, bautizos por 3 y entierros por 4", la tarifa que reclamaban los rebeldes, había estado vigente desde 1721-1722; Farriss, op.cit.,p. 41.

²⁵ Rugeley, op. cit.,p.131.

²⁶ Cf.Philip Thompson, Tekantó in the Eighteenth Century, Ph. Diss. Tulane University, 1978,pp.47-51, 53-57; Matthew Restall, op. cit.,pp. 196-203.

²⁷ Rugeley, op.cit., pp. 135-136.

²⁸ Matthew Restall, The World of the Cah, University of Texas Press, 1998, ha estudiado admirablemente más de mil documentos notariales mayas escritos en maya y español, fechados entre los años de la Independencia y mediados del siglo XIX.

²⁹ Gómez Pineda, op.cit., pp. 162-164, 230.

³⁰ Gómez Pineda, ibid.,pp.231-234.

³¹ Gómez Pineda, ibid., pp. 234-235.

³²"Representación de Marcelo Uc y otros vecinos de Ebtún querellándose contra el alcalde auxiliar de dicho pueblo por atropellos que cometen al cobrar las contribuciones civiles y eclesiásticas", 1840, en AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, vol. 12,exp. 10.

³³ Cf. la carta del cura párroco de Hocabá, Antonio Ávila, al gobernador, del 19 de abril de 1838, en la que dice que:"...los indios de Sanahcat y Sahcabá casi todos han emigrado con el pretexto de no tener qué comer, y los de Huhí jamás han pagado con puntualidad y mucho menos los sirvientes y luneros de las haciendas, así porque sus amos los esconden y protegen como también por la apatía y connivencia de las autoridades". AGEY, Poder Ejecutivo, Correspondencia oficial, vol. 7,exp. 6 ; Carta al gobernador del hacendado Domingo Tenreyro al gobernador, del 17 de septiembre de 1845, AGEY, Poder Ejecutivo, Gobernación, caja 59.

³⁴ García Bernal, op.cit.,pp.381-391.

³⁵ Eligio Ancona, op. cit., t. 3,p. 170.

³⁶ Cf. Nancy Farriss, op. cit., pp. 73-77; Barbara Angel, The Aftermath of the Mayan Rebellion of 1847 in the Puuc Region of Yucatán, Ph. Diss., University of Manitoba, 1995,pp.9-10. De hecho, como dice Grant D. Jones, las fronteras sur y oriente de Yucatán vivían en perpetuo estado de flujo. Entre los emigrantes de la época de la Guerra de Castas estaban los mayas sanpedreños, asentados en el oeste de Belice y este del Petén desde 1857. Cf. Grant D. Jones, "Levels of Settlement Alliance among the San Pedro Maya of Western Belize and Eastern Petén, 18571939", en Grant D. Jones (ed.), Anthropology and History of Yucatán, University of Texas Press, 1977,pp. 139-189.

³⁷ "Repartir lo indivisible: los mayas de La Montaña, Campeche y la tierra", en Genny Negroe Sierra (coord.), Guerra de Castas: Actores postergados, Mérida, Instituto de Cultura, Colegio de Antropólogos, 1997,pp. 131-132.

³⁸ Cf. Barbara Angel, op. cit., pp. 258.

³⁹ Estos y otros documentos oficiales hacen referencia a "la montaña" o "los montes" como lugar de emigración: AGEY, Poder Ejecutivo, caja 54, 1844; "Carta del prefecto de Bolonchenticul, Juan Francisco Molina Solís, al gobernador"; AGEY, Poder Ejecutivo, caja 65: "Carta de 5 de mayo de 1847 del delegado del Partido de Ticul, Carlos Buendía, al gobernador"; AGEY, Poder Ejecutivo, Correspondencia oficial, vol. 7, exp. 6, 1838: "Carta del cura párroco de Hocabá, Antonio Avila, al gobernador", de 19 de abril de 1838; AGEY, Poder Ejecutivo, caja 54: "Carta de las autoridades de Maní al secretario general", de 10 de octubre de 1844"; AGEY, Poder Ejecutivo, Correspondencia oficial, vol. 8,exp. 10, 1838: "Carta del juez de paz de Tepich al subprefecto de Tekax"; AGEY, Poder Ejecutivo, caja 44: "Carta del gobernador del 22 de mayo de 1841 resolviendo sobre los ranchos del pueblo de Xcan y el del pueblo de Chancenote".

⁴⁰ Grant D. Jones, op.cit., 1977,pp. 139-189.

⁴¹ AGEY, Poder Ejecutivo, Correspondencia oficial, vol. 8,exp.10, 1838, "Cartas de Juan Pablo Talavera, prefecto de Tekax, al gobierno del Estado", 1838. En la segunda carta, fechada el 8 de mayo, Talavera reproduce la carta de Pardenilla en la que éste pone las condiciones de su comisión. En AGEY, op.cit., "Correspondencia de la prefectura del distrito de Tekax al gobierno del Estado".

⁴² Ibid.

⁴³ AGEY, Poder Ejecutivo, caja 54, "Carta del 26 de octubre de 1844 de Juan Francisco Molina Solís, prefecto del departamento de Bolonchenticul al gobernador", Mérida.

⁴⁴ AGEY, Poder Ejecutivo, caja 65, "Carta de Carlos Buendía, subdelegado del Partido de Ticul al gobernador, de 5 de mayo de 1847", Mérida.

⁴⁵ AGEY, op. cit., 1838, "Carta del juez de paz de Tepich al subprefecto de Tekax", cursivas nuestras.

⁴⁶ AGEY, Poder Ejecutivo, Justicia, vol. 1,exp. 8: "Diligencias practicadas por el juez comisionado Lic. Gregorio Cantón, para esclarecer unos hechos sediciosos contra la administración pública, ocurridos en Espita", 181. ff., Mérida, 1842.

 

Información sobre el autor

Piedad Peniche es antropóloga por la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma de Yucatán. En 1979 obtuvo el grado de maestra (DEA) por la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, Francia, y en 1980 el doctorado por la misma institución. En 1989 recibió la beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos. Entre los años de 1980-1990 prestó sus servicios en la Facultad de Antropología de la UADY y en el Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), así como en el Centro de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad de Campeche, del cual es fundadora. Desde 1991 es directora del Archivo General del Estado de Yucatán. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1996. Entre sus publicaciones destaca el libro Sacerdotes y comerciantes. Mayas e itzaes en Yucatán, editado en 1994 por el Fondo de Cultura Económica. Otros ensayos sobre este tema fueron publicados en México y el extranjero, incluyendo "Monnaiecacao, un support materiel et symbolique du pouvoir" (Cahier Monnaie et Financemnt, núm. 10, Departement d'Études Économiques, Université de Lyon II, 1980). Tiene múltiples ensayos publicados sobre la burguesía henequenera con una perspectiva de género.