Para cada fuerza de seguridad federal y para el total se presenta el número de civiles "opositores" fallecidos por cada miembro de la fuerza de seguridad fallecido.⁴ Con base en la información recogida en prensa, en los 38 enfrentamientos en los que participó exclusivamente la Policía Federal fallecieron 1.4 "opositores" por cada policía federal fallecido. Para los 26 enfrentamientos en los que la Policía Federal participó junto al Ejército la tasa es mayor: cuatro civiles "opositores" fallecidos por cada policía federal o soldado fallecido. Si consideramos los enfrentamientos en los que participó solamente el Ejército —13.8, sobre 133 enfrentamientos— o la Marina —34.5, aunque sólo contamos con 14 enfrentamientos registrados—, la misma tasa se eleva claramente. No es sencillo establecer un límite definido y único que permita dividir el indicador en valores en los que sería más probable un uso legítimo de la fuerza y otros en los que la sospecha de casos de uso ilegítimo y excesivo de la fuerza se acrecienta —factores que tienen que ver con las características y el desarrollo de los enfrentamientos pueden hacer variar este umbral—. Sin embargo, los altos valores que adquiere el indicador para el Ejército y la Marina parecen caer en una esfera de preocupación por el posible uso excesivo de la fuerza. Al respecto, Paul Chevigny (1991) sostiene que la muerte de diez o 15 veces más civiles que policías en un periodo dado se considera un indicador que sugiere que la fuerza letal de la policía podría ser usada para propósitos diferentes a la protección de la vida en circunstancias extremas. En la tabla 5 se presenta el índice de letalidad de civiles "opositores" fallecidos sobre civiles "opositores" heridos.⁵

Idealmente, debería esperarse que el número de muertos no sobrepasara por mucho al de heridos y que el valor del índice no fuera superior a uno. Se presentan variaciones importantes en el valor del índice de letalidad según la fuerza federal que consideremos. En los enfrentamientos en los que participó la Policía Federal fallecieron 2.6 civiles "opositores" por cada uno que resultó herido. Los muertos por cada herido se elevan a nueve y a 17 para el Ejército y la Marina, respectivamente. El valor que adquiere el índice de letalidad en otros contextos puede servir de referencia. Con datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, disponibles en su página web, es posible calcular el índice de letalidad de la policía militar paulista en intervenciones en las que ha usado armas de fuego (véase tabla 6). El valor más alto corresponde a 2006, con dos civiles fallecidos por cada uno herido, valor más bajo que el 2.6 de la Policía Federal en México, según los registros de prensa. Luego de 2006, el índice de letalidad de la policía militar en Sao Paulo desciende año con año.

Una investigación sobre el sesgo racial del uso de la fuerza letal por parte de la Policía Militar de Río de Janeiro (Cano, 2010) arroja valores más altos y preocupantes del índice de letalidad, en especial al tomar en cuenta características raciales de los "opositores", así como los contextos espaciales de ocurrencia de los enfrentamientos. Con datos de reportes oficiales de la policía sobre el uso de la fuerza, durante la década de los noventa, un periodo de alta preocupación por abusos en el uso de la fuerza cometidos por miembros de la Policía Militar de Río de Janeiro, Ignacio Cano calcula el valor de índices de letalidad (véase tabla 7).

En Río de Janeiro el índice de letalidad adquiere los valores más altos en el caso de "opositores" cuya raza es distinta a la "blanca" y cuando los enfrentamientos tienen como escenario las favelas —los barrios más populares y carenciados de la ciudad—. Bajo dichos condicionantes el índice alcanza valores de ocho y nueve civiles "opositores" muertos por cada herido, un resultado similar al que presenta el Ejército en México según la tabla 5. Estos resultados y comparaciones refuerzan la hipótesis acerca del uso excesivo de la fuerza letal por parte del Ejército y de la Marina en México. Sin embargo, hay que tomar precauciones con referencia a la cobertura y posible sesgo de los datos a partir de la fuente utilizada, así como la existencia de hipótesis alternativas que puedan dar seguimiento a los niveles y variaciones en los resultados presentados. Es importante contrastar la información de la base de prensa con la de otras fuentes para saber si los valores y las diferencias observadas son similares. Con esa finalidad se analizó información que reporta la Sedena en su Portal de Transparencia, recalculando el índice de letalidad, pero en esta ocasión comparando su evolución de 2008 a 2011.

Con un total de 3 181 civiles fallecidos y 540 civiles heridos, el índice de letalidad construido con los datos aportados por la Sedena es de 5.9 para el periodo de 2008 a 2011.⁶ Si consideramos la información de esta dependencia hasta mayo de 2011, al igual que la base de datos de prensa, el índice de letalidad es de 6.3. En ambos casos se trata de valores inferiores a los ocho civiles fallecidos por cada civil herido que da como resultado la base de datos de prensa si se toman en cuenta todos los enfrentamientos en los que participó el Ejército.⁷ La diferencia podría deberse a que en la prensa nacional suelen registrarse enfrentamientos donde el número de fallecidos es elevado. Los datos de la Sedena nos muestran que el índice de letalidad ha crecido significativamente a partir de 2010. A partir de ese año aumentaron los enfrentamientos en los que participó el Ejército y con ellos el saldo total de heridos y muertos, estos últimos en particular. Los valores del índice de letalidad de 2010 y 2011 se sitúan por debajo de los valores más altos que se reportan para la Policía Militar de Río de Janeiro. Sin embargo, tal como lo constata el estudio brasileño, el uso de la fuerza letal aumenta bajo distintas condiciones, muchas de ellas ilegítimas, como las características raciales o sociales de los "opositores". Para el caso del Ejército en México queremos subrayar dos variaciones en el índice de letalidad: el ya mencionado aumento del índice desde 2010 y los valores que alcanza en 2010 y 2011 en estados del país donde ha sido mayor la presencia y el número de enfrentamientos del Ejército con grupos de delincuencia organizada.

En 2010 y 2011 las dos terceras partes de los civiles fallecidos en enfrentamientos se concentraron en tres estados: Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero (véase tabla 9). El índice de letalidad en Tamaulipas adquiere los valores más elevados del país —también por encima de los presentados para la Policía Militar de Río de Janeiro en los años noventa y en sus escenarios más problemáticos—. En Nuevo León en ambos años el saldo de los enfrentamientos fue de alrededor de siete civiles fallecidos por cada herido, mientras que en Guerrero aumenta más de 50% en un año llegando a más de nueve fallecidos por cada herido en 2011. ¿Por qué en los enfrentamientos de los dos últimos años, mayores en número que los de años anteriores, se eleva de manera tan significativa el saldo de muertos sobre el de heridos? ¿Qué caracteriza a los enfrentamientos de los estados donde el índice de letalidad es claramente mayor y alcanza valores tan elevados? Las preguntas traen consigo la necesidad de mejores descripciones, indicadores y controles acerca del uso de la fuerza por parte del Estado. Las respuestas válidas no serán únicas y habrá más de un factor explicativo, pero las posibilidades de un uso sistemático y excesivo de la fuerza no pueden dejar de considerarse en toda su profundidad y consecuencias.

Relación fallecidos/detenidos en enfrentamientos

Los datos aportados por la Sedena nos permiten analizar otro indicador en relación con las prácticas de uso de la fuerza por parte del Ejército de 2008 a 2011: la tasa de civiles fallecidos sobre civiles detenidos —ya sean heridos o ilesos— en enfrentamientos con presuntos miembros de grupos de delincuencia organizada. El resultado global de los datos de la Sedena para ese periodo es de 3 181 civiles fallecidos y 2 556 detenidos en enfrentamientos. Es decir, una tasa global de 1.24 civiles fallecidos por cada civil detenido. Sin embargo, más interesante que el resultado global es la variación por año en diferentes estados del país.

La tabla 10 nos permite apreciar dos aspectos: por un lado, tanto el número de fallecidos como de detenidos creció año con año; por el otro, en los últimos dos años hubo cada vez más muertos en enfrentamientos en relación con los detenidos. Esta última variación se refleja con claridad en el aumento de la tasa de muertos sobre detenidos. Si tomamos los valores extremos del periodo, apreciamos que mientras en 2009 hubo más de dos detenidos por cada fallecido en enfrentamientos —0.42—, en 2011 la relación se invierte con 1.99, casi dos fallecidos, por cada detenido. Igual que en el caso del índice de letalidad, presentamos las variaciones de la tasa de fallecidos sobre detenidos civiles para los estados del país donde el nivel de enfrentamiento del Ejército con grupos de delincuencia organizada ha sido más intenso en los últimos años. En Tamaulipas, Nuevo León y Guerrero se observa la misma tendencia al incremento de la tasa de fallecidos sobre detenidos de 2009 a 2011 que veíamos en la tabla anterior. Es decir, la tendencia nacional obedece en buena medida al resultado de los enfrentamientos en dichas entidades federativas. Entre los valores más elevados de la tasa destacan los de 2011, en particular en Tamaulipas y Guerrero, con casi tres fallecidos por cada detenido —2.82— y más de tres muertos por cada detenido —3.24—, respectivamente.

Tabla 8

Tabla 11

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS O ARBITRARIAS EN EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

Desde el paradigma de los derechos humanos, el uso de la fuerza letal debe ser una excepción y aquellas muertes que se produzcan al poner en práctica acciones que no atiendan en su ejecución a los principios y estándares del derecho internacional pueden ser consideradas ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, de las que se puede desprender una responsabilidad directa hacia el Estado. Estas situaciones aumentan su probabilidad de ocurrencia bajo políticas de seguridad que privilegian la utilización de fuerzas de seguridad, como el Ejército o la Marina, en funciones cuya naturaleza es totalmente diferente, como las que ha emprendido el Gobierno de la República desde hace cinco años.

Para poder determinar cuándo el uso de la fuerza es excesivo y viola el derecho internacional se han desarrollado normas y principios de la mayor relevancia. Los dos documentos clave son el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (OACNUDH, 1979) y los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (OACNUDH, 1990). Ambos documentos son fundamentales para definir los límites que el ámbito de los derechos humanos impone a los funcionarios del Estado —incluidos policías y soldados— en su lucha por hacer cumplir la ley. La importancia y legitimidad de los mismos deriva de la amplia discusión y consenso de la que son resultado, ya que su creación y aprobación son producto de la participación de múltiples Estados y su contenido cuenta con un consenso cuasi universal, que además se ha nutrido de la jurisprudencia internacional.

No debe perderse de vista que estas normas surgen de la obligación que tienen todos los Estados de proteger el derecho a la vida como un derecho fundamental y que por ello ha sido establecido en múltiples Convenios y Pactos Internacionales, comenzando por el artículo 6° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sobre este derecho, el Comité de Derechos Humanos, en su Observación General núm. 6, ha determinado que se trata de "el derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones que pongan en peligro la vida de la nación". Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que:

El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce pleno es un prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón de dicho carácter, no son admisibles enfoques restrictivos del mismo (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La condición de irreversibilidad de la muerte es una de las razones por las que el derecho internacional establece rigurosas salvaguardias de este derecho y por ello, como lo ha determinado el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre ejecuciones extrajudiciales:

un procedimiento jurídico que respete las garantías procesales debidas y llegue a una sentencia definitiva es un requisito esencial sin el cual la decisión de un Estado y de sus agentes de dar muerte a alguien viola el principio de "nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente" y por lo tanto violaría el derecho a la vida (caso de la masacre de Pueblo Bello contra Colombia, sentencia del 31 de enero de 2006, serie C, núm. 140).

Tanto en el Código de conducta para funcionarios —artículo 3°— y en los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza —art. 9°— se estipulan los principales criterios para el uso de la fuerza del Estado. Nos referimos a los principios de proporcionalidad y necesidad que son la clave de bóveda para la discusión en la materia. Por lo que tiene que ver con el principio de proporcionalidad, en el párrafo b del comentario que se agrega para precisar el artículo 3° del Código de conducta se establece: "En ningún caso debe interpretarse que esta disposición autoriza el uso de un grado de fuerza desproporcionado al objeto legítimo que se ha de lograr". Como lo ha señalado Alston, este requisito de proporcionalidad:

impone un límite absoluto al nivel tolerable de fuerza sobre la base de la amenaza a otras personas planteada por el sospechoso. [...] Podría afirmarse que la proporcionalidad define el punto en que las vidas y el bienestar de otras personas justifican el uso de la fuerza contra el sospechoso y que, si se supera ese punto, el uso de la fuerza no estaría justificado y, de causar la muerte, sería una violación del derecho a la vida. La norma general de proporcionalidad es que el uso de la fuerza debe estar en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga (Alston, 2006).

Por su parte, los Principios básicos establecen en relación con el principio de proporcionalidad:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga (OACNUDH, 1990).

De acuerdo con el relator especial, en este caso el concepto de proporcionalidad es claro y supone que a un funcionario se le permite matar excepcionalmente sólo para proteger la vida de otras personas. Como él mismo advierte: "La cuestión fundamental es la proporcionalidad entre la probabilidad objetiva previsible de que el uso de la fuerza cause la muerte y la probabilidad previsible comparable de que no reducir a la persona cause la muerte de otras personas".

Por lo que tiene que ver con el principio de necesidad es importante citar el artículo 3° del Código de conducta, donde se estipula: "Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas". Este requisito de necesidad implica que los policías o soldados tienen la obligación de reducir al mínimo el nivel de fuerza en sus intervenciones, independientemente del nivel de fuerza que sería proporcional. En relación con las armas de fuego, este principio exige que sólo se acuda a ellas en el caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para lograr los objetivos planteados. Como se indica en los Principios básicos: "Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto" (Principio 4). Lo anterior es reforzado por el comentario al artículo 3° del Código de conducta:

El uso de armas de fuego se considera una medida extrema. [.] En general, no deberán emplearse armas de fuego excepto cuando un presunto delincuente ofrezca resistencia armada o ponga en peligro, de algún otro modo, la vida de otras personas y no pueda reducirse o detenerse al presunto delincuente aplicando medidas menos extremas (párrafo c del comentario al artículo 3° del Código de conducta).

Todo lo anterior refuerza los Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias recomendados por el Consejo Económico y Social en su resolución 1985/65 de 24 de mayo de 1989, de los cuales cito los tres primeros párrafos:

1. Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán por que todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas que tengan en cuenta la gravedad de tales delitos. No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna  otra emergencia pública. Esas ejecuciones no se llevarán a cabo en ninguna circunstancia ni siquiera en situaciones de conflicto armado interno, abuso o uso ilegal de la fuerza por parte de un funcionario o de otra persona que actúe con carácter oficial o de una persona que obre a instigación, o con el consentimiento o la aquiescencia de aquélla, ni tampoco en situaciones en las que la muerte se produzca en prisión.

2. Con el fin de evitar las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, los gobiernos garantizarán un control estricto, con una jerarquía de mando claramente determinada, de todos los funcionarios responsables de la captura, detención, arresto, custodia y encarcelamiento, así como de todos los funcionarios autorizados por la ley para usar la fuerza y las armas de fuego.

3. Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes en que autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá el derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes. En la formación de esos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberá hacerse hincapié en las disposiciones expuestas (Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias).

Estos planteamientos son fundamentales para poder determinar en qué circunstancias se está frente a un uso legítimo de la fuerza y en cuáles se están violando las normas y los principios establecidos en el orden internacional y, por tanto, incurriendo en responsabilidad directa. La ejecución de sospechosos no sólo es contraria al derecho internacional, sino que además la historia en nuestro Continente ha mostrado en múltiples ocasiones los riesgos a mediano plazo que dichas acciones de lucha contra la delincuencia suponen para la sociedad. Como señala el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales:

vista desde fuera, la retórica de la mano dura se parece sorprendentemente a la de la doctrina de "seguridad nacional" que muchos Estados de América Latina practicaron durante los años setenta y primeros ochenta, y que tuvo resultados absolutamente desastrosos (Alston, 2007: 22).

Por ello es importante recordar que, precisamente, una de las recomendaciones emitidas al gobierno mexicano en 1999, en el Informe E/CN.4/2000/3/ Add.3 de la relatora especial, Asma Jahangir, relativo a las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias fue la de que se cumpla "la desmilitarización de la sociedad y evite delegar en las fuerzas armadas el mantenimiento del orden público o la lucha contra el delito". Sin embargo, como se ha hecho notar en este documento, el gobierno federal mexicano ha desatendido dicha recomendación impulsando, cada vez más, el uso de las fuerzas armadas para las funciones de seguridad pública. La pregunta sobre si la situación de México cae dentro de los supuestos del derecho internacional sobre ejecuciones extrajudiciales está abierta, pero es ineludible. En todo caso, México ha postergado la visita que solicitó el nuevo relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston.

CONCLUSIONES

Resulta indispensable llevar registro de y hacer públicas las muertes que tienen como responsables a un servidor público, especialmente cuando es miembro de las fuerzas armadas o de seguridad pública. Como mencionamos en la introducción de este texto, si el uso de la fuerza se desarrolla en condiciones de información insuficiente sobre su ejercicio y con base en procedimientos inadecuados de control y eventual determinación de responsabilidades, aumenta la posibilidad de su abuso. Además, es conveniente explorar otras variables vinculadas a los enfrentamientos —por ejemplo, el tipo de armamento de los "opositores" según los grupos criminales y espacios privilegiados donde se desarrollaron año con año— que pudieran explicar, desde otras variables, una parte del aumento en el uso de la fuerza. También es necesario triangular la información de los enfrentamientos con otros posibles indicadores e investigaciones, cuantitativas y cualitativas —algunos de esos posibles indicadores ya han sido mencionados, por ejemplo, a partir de estadísticas periciales para fallecidos en enfrentamientos—.

El impacto negativo que la "guerra contra las drogas" ha tenido en el Ejército tampoco puede ser dejado a un lado. Las encuestas de Latinbarómetro⁸ revelan que de 2006 a 2009 ha disminuido el porcentaje de ciudadanos que muestran confianza hacia las fuerzas armadas. Estos datos exponen que en 2009 aumentó el porcentaje de ciudadanos que externaron poca confianza hacia las fuerzas armadas, poniéndose por encima de aquellos que refirieron tener mucha confianza. Esta pérdida de confianza no puede ser entendida fuera del contexto actual en el que la participación de las fuerzas armadas es una parte central de la estrategia del gobierno federal en el combate al narcotráfico. La inclusión del Ejército en tareas de seguridad, en entornos violentos, parece traer consigo un inevitable uso de la fuerza bajo una lógica de guerra, y posiblemente sea difícil otro resultado a partir de las características de la formación militar. Los datos aquí presentados deben tomarse en cuenta al reflexionar sobre la autorización, los límites y las posibilidades de involucramiento del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Tampoco pueden dejar de considerarse las exigencias que plantean en materia de información, construcción de indicadores y controles —legales, institucionales y sociales— sobre los abusos en el uso de la fuerza, en particular de la fuerza letal. Las decisiones que se tomen condicionarán el tipo de Estado en el que viviremos y las relaciones que como sociedad podamos tener con la autoridad.

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Notas

*Agradecemos el apoyo de Karen Silva Mora y Benjamín Cervantes en la investigación de este trabajo.

¹ Disponible en: <https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/moduloPublico/rMedioElectP.action?idFolioSol=0000700013611&idTipoResp=6#>.

² Para que el enfrentamiento fuera incluido en la base de datos debía ser reportado en los dos diarios. Si las cifras de muertos o heridos no coincidían en los dos periódicos, se consultaba un tercero de distribución nacional —Reforma—, o un cuarto —La Crónica de Hoy— si el tercero no registraba el evento. Si las cifras de la tercera fuente coincidían con las de uno de los dos primeros diarios, se registraban esas cifras. Si continuaban sin coincidir se recurría a una regla de registro por la que debíamos considerar el menor número de muertos y el mayor número de heridos. La regla obedece a que uno de los objetivos centrales de la base de datos es el cálculo de la tasa de muertos sobre heridos en enfrentamientos. Como partimos de la hipótesis de tasas elevadas de muertos sobre heridos, al existir discrepancia en la información tomamos aquella que juega en contra de nuestras expectativas. Enfrentamientos que no contaban con información en al menos dos periódicos no fueron incluidos en la base de datos.

³ Se entenderá por "opositores" a los civiles que participaron del enfrentamiento y sobre los que las fuerzas de seguridad dispararon de forma deliberada.

⁴ Al tratarse de indicadores para describir el uso de la fuerza letal por parte de las fuerzas de seguridad sólo tomamos a los fallecidos y heridos "opositores" para el cálculo. Podemos considerar que son una consecuencia del uso deliberado de la fuerza de los cuerpos federales de seguridad. En el caso de los civiles "accidentales" no podemos realizar dicha atribución, por lo que no son considerados para el cálculo de las tasas. Se trata de decisiones metodológicas que en ningún caso indican una menor preocupación por las víctimas civiles "accidentales" de los enfrentamientos, que por cierto alcanzan un número importante de fallecidos y heridos, como se aprecia en la tabla 3.

⁵ Este indicador sólo incorpora en su denominador a los "opositores" heridos y no a los detenidos ilesos. El número de "opositores" fallecidos sobre "opositores" detenidos es un indicador que analizaremos más adelante a partir de datos proporcionados por la Sedena. No incluir a los detenidos ilesosen el cálculo no es una "omisión" o un sesgo deliberado. La preocupación detrás del índice de letalidad es que cuando se recurre al empleo de la fuerza letal se espera un saldo de muertos y de heridos. Es decir, al intentar detener la acción de un "opositor" lo suficientemente grave como para que se use fuerza letal en su contra —fuerza que debe cesar al mismo tiempo que la acción o amenaza—, el resultado no siempre debería ser su fallecimiento. La preocupación acerca de la existencia de casos de uso excesivo de la fuerza letal cuenta con mayor sustento si el número de muertos es más alto que el de heridos.

⁶ Si aceptamos los datos de la Sedena como un registro idóneo de los muertos y heridos de los enfrentamientos en los que participó el Ejército, la base de datos de seguimiento de prensa sólo nos ha permitido captar 40% de estos casos, considerando los datos del Ejército solamente hasta mayo del 2011. Es posible que los enfrentamientos con saldos de pocos o ningún fallecido no hayan sido publicados en la prensa nacional por su menor impacto mediático. De esta forma, la base de datos presentaría un sesgo a la alza en el cálculo del índice de letalidad.

⁷ En la tabla 5 el valor del índice de letalidad para el Ejército según reportes de prensa fue de 9.1. Se consideraron los enfrentamientos donde se reportó presencia exclusivamente del Ejército. Si se toman en cuenta todos los enfrentamientos en los que el Ejército participó el valor es de 8.1. Como la Sedena reporta información sobre todos los enfrentamientos en que el Ejército tiene parte, comparamos el índice de letalidad resultante de su información con este último valor.

⁸ Disponibles en la página electrónica: <http://www.latinobarometro.org>.