El dosier sobre estudios policiales que se presenta en este número de Desacatos refleja la diversidad de perspectivas teórico-metodológicas y problemas de investigación del área. Se trata de un campo de análisis que con frecuencia se diluye en temas más generales, en los que también participa con más o menos solapamientos, como el control social, la violencia, el delito o la seguridad pública. Sin embargo, el acercamiento a las organizaciones policiales y sus prácticas de actuación, sus procesos de reforma y su relación con el contexto social e institucional en el que operan constituye un área con rasgos propios que debe ser analizada a partir de sus dimensiones políticas, culturales y sociales. La producción de estudios policiales es amplísima en los países anglosajones y en México ha crecido de manera significativa en la última década y media, pero aún es incipiente y de menor volumen que la de otros países de Latinoamérica, como Brasil, Colombia, Argentina o Chile.

Los artículos de este número recurren a perspectivas teórico-metodológicas etnográficas, institucionales, sociojurídicas y socioestadísticas que se aplican a la realidad de las organizaciones policiales en Argentina y México, sociedades que han experimentado procesos de cambio en sus políticas de seguridad y el papel y la forma en la que operan sus policías y otras fuerzas dedicadas a tareas de seguridad pública. Las colaboraciones de Arturo Alvarado Mendoza, sobre México, y Sabina Frederic, sobre Argentina, hablan de la transformación organizacional desde perspectivas diferentes. El primero lo hace a partir de los objetivos institucionales y una evaluación que tiene como horizonte la construcción de Estado de derecho. La segunda se aleja del análisis del proceso de cambio normativo y se enfoca en la subjetividad y las experiencias físicas, emocionales y cognitivas de los gendarmes argentinos. Otros autores dan testimonio de prácticas policiales en las que el abuso suele ser uno de los resultados sistemáticos. En el artículo que Carlos Silva Forné presenta en coautoría con Sergio Padilla Oñate se comparan resultados agregados del uso excesivo de la fuerza y tortura por parte de algunas fuerzas de seguridad en México, policiales y militares, bajo la hipótesis de los riesgos que implica la participación de los militares en tareas de seguridad. María Victoria Pita describe la articulación de un conjunto de prácticas en la categoría de hostigamiento policial, en las que la legalidad y la ilegalidad se entretejen como respuesta al contexto organizacional y social en el que los policías trabajan a diario en Argentina. Por último, Héctor Manuel Guzmán Ruíz compara los distintos marcos legales de actuación en tanto incentivos y expectativas del trabajo diario de los “operadores” policiales en su relación con las instituciones de justicia.

Los textos del dosier comparan varios cuerpos policiales durante un mismo periodo o analizan los procesos de cambio y continuidad de una misma corporación policial. Las comparaciones y los estudios de caso abarcan fuerzas policiales de México y Argentina tanto locales como federales. Los resultados invitan a repensar sus propuestas para otros contextos nacionales, organizacionales y sociales. A continuación, se resume el objetivo central y se expone la importancia que reviste cada artículo.

En “Ni policías ni militares: obediencia, resistencia y rebeldía de gendarmes en operaciones urbanas de Buenos Aires”, Frederic analiza el proceso de incorporación de la Gendarmería Nacional Argentina a tareas de seguridad pública. Esta fuerza federal con régimen militar amplió sus funciones en 2004 para ofrecer servicios de seguridad ciudadana, prevención y represión del delito. En 2011 intensificó esta tendencia con un importante aumento de su planta de personal. La hipótesis de Frederic es inversa a la más recurrente en su país -y también en México-: en lugar de observar los efectos negativos que la población sufre como consecuencia de la militarización de la seguridad pública, analiza los procesos de “policiación” de la fuerza militar. Observa este proceso a partir de las resistencias físicas, emocionales y conductuales de sus propios miembros. A la relevancia de la inversión de la mirada como rasgo original del artículo, hay que agregar su perspectiva procesual: el análisis evita cristalizar la identidad militar en su incorporación a nuevos espacios y objetivos de actuación, para estudiar cómo las nuevas experiencias e interacciones que viven sus miembros provocan una serie de cambios con sentidos diversos. En algunos casos, mayoritarios, el proceso de “policiación” se refleja en formas explícitas e implícitas de resistencia; sin embargo, también existen dinámicas de asimilación y valoración positiva de la identidad policial, y con ello surge una reflexividad renovada acerca de la legitimidad o utilidad de las exigencias y la disciplina militar.

El texto “Reformas policiales y la construcción de un Estado de derecho. El caso de la policía vecinal de Ciudad Nezahualcóyotl”, de Alvarado Mendoza, es un análisis necesario desde el punto de vista académico, pero también político. Las estrategias de seguridad en México, pasadas y presentes, se basan en premisas generales tanto sobre la realidad delictiva como sobre la situación de las instituciones de seguridad pública. Una de ellas dice que las menores capacidades institucionales y las mayores debilidades en la construcción del Estado de derecho se concentran en las policías municipales. No obstante, algunos de los casos más interesantes de transformación exitosa se encuentran en esas mismas corporaciones. La experiencia de la policía de Ciudad Nezahualcóyotl, en el complicado contexto delictivo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, muestra la permanencia -relativa- de un proyecto de transformación institucional con saldos positivos, como la construcción de una relación de mayor confianza con la población, a pesar de no haber consolidado tendencias delictivas a la baja, lo cual agrega valor a sus políticas de vínculo e inscripción social del trabajo policial, más que demeritar el proceso de reforma.

En el artículo “Militarización y uso de la fuerza durante y después de la detención sobre la población privada de la libertad en México”, Silva Forné y Padilla Oñate se preguntan por las consecuencias de la participación de militares y marinos en tareas de seguridad pública, en tres aspectos: uso de la fuerza durante las detenciones, abusos posteriores a la detención y cumplimiento de los requerimientos legales de tiempo y lugar en relación con el arresto. La fuente de información es la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (Enpol) 2016 (^{INEGI, 2016}). Su objetivo es describir los resultados de algunas variables sobre las dinámicas de la detención y el uso de la fuerza, al comparar las diferencias entre la condición policial o militar de las fuerzas de seguridad participantes. Los primeros resultados muestran mayores porcentajes de uso excesivo de la fuerza e incumplimiento de requisitos legales cuando la detención es ejecutada por militares que por integrantes de instituciones policiales. Se explican e interpretan estos resultados descriptivos para abrir posibilidades de análisis y seguimiento de indicadores disponibles en la Enpol 2016. Se trata de un primer paso necesario para el desarrollo de análisis explicativos de mayor profundidad sobre el abuso en el uso de la fuerza por parte de policías y militares.

Al igual que cuando Frederic pone en cuestión la utilidad de establecer fronteras claras y estables entre lo militar y lo policial, Pita, en “Hostigamiento policial o de las formas de la violencia en barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Relato de una investigación”, utiliza la perspectiva etnográfica para discutir las estrategias de análisis que distinguen las prácticas policiales legales de las ilegales y las coloca por separado para interpretarlas. En su lugar, describe una gramática que entreteje lo formal y lo informal, lo legal y lo ilegal, y establece tanto límites como condiciones de posibilidad. La categoría de hostigamiento policial se presenta como la cobertura conceptual de un abanico de prácticas sistemáticas -amenazas y humillaciones, detenciones por sospecha, agresiones directas-, que establecen un continuo de mayor y menor abuso y violencia. El hostigamiento policial abarca formas de la(s) intervención(es) estatal(es) que sedimentan un orden social y político, y establecen la lógica de las relaciones de las policías con los habitantes de los asentamientos y barrios más pobres de la ciudad, en particular con su población joven.

Guzmán Ruíz, en “El nuevo sistema de justicia penal y sus incentivos y desafíos para el profesionalismo de la función policial”, analiza los diseños normativos de los sistemas de justicia inquisitivo y acusatorio en México como orientación y estímulo de actuación para el trabajo policial, una perspectiva central para entender el funcionamiento de las instituciones y sus miembros, común en el ámbito jurídico, que suele tener poco diálogo con las perspectivas sociológicas y antropológicas de análisis. El artículo se centra en los incentivos a la actuación policial; en específico, en las detenciones en flagrancia y el procesamiento judicial posterior. La idea es señalar los condicionamientos diferenciales que se ejercen sobre la actuación policial en función del diseño del sistema de justicia con el que se relaciona. La hipótesis central, que coincide con los objetivos formales del nuevo sistema, es que el diseño normativo actual genera mejores incentivos, orientados al desarrollo de mejores capacidades profesionales de actuación, en comparación con los del “viejo sistema” inquisitivo mexicano.

Al momento de escribir esta presentación, las políticas de seguridad pública en México se dirigen hacia la consolidación de la Guardia Nacional, un modelo militarizado bajo el control institucional de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que buena parte de sus miembros operativos tendrá un origen y una formación militarizada. Como contraparte, las experiencias de las policías estatales y municipales, así como el conocimiento sobre la construcción del orden social y político local del que han participado históricamente, se alejan del interés de esta política pública nacional, pero persistirán como parte relevante de la construcción de la seguridad pública y el orden social local. En este escenario, los temas y problemas analizados en el dosier trascienden por su vigencia -como los dedicados a los procesos de militarización y “policiación” o al nuevo sistema de justicia-, por la equivocación de hacerlos a un lado en una generalización injusta o por marginarlos de las apuestas centrales de la política actual de seguridad nacional, como ocurre con las policías municipales y el estudio de los contextos específicos de la operatividad policial. Esperamos que los textos de este número de Desacatos sean de utilidad para el avance del campo de los estudios policiales en el país y la región, y un insumo para la reflexión de las políticas de seguridad pública vigentes.