Elementos introductorios

España es un estado de la Unión Europea con un esquema descentralizado de distribución de poder político en el territorio. Cuenta con tres ámbitos institucionales: a) la administración general del Estado; b) las 17 comunidades autónomas (CC. AA.), nacionalidades y regiones con capacidad legislativa propia en el marco de las competencias recogidas en sus Estatutos de Autonomía, y c) la esfera local, compuesta por municipios y otras demarcaciones de cooperación supramunicipal.

Los municipios y su autonomía son reconocidos en la Constitución. Despliegan un conjunto de competencias obligatorias -infraestructura urbana, transporte público, servicios sociales- y pueden desarrollar políticas públicas en ámbitos extracompetenciales -educación, empleo, vivienda-, en beneficio de la comunidad. Su propia base fiscal son los impuestos sobre la propiedad immobiliaria o sobre la actividad económica, y reciben transferencias de los otros niveles de gobierno. Aun así, su participación en el gasto público global es reducida en comparación con las CC. AA. y el Estado. El mapa municipal español es de base comunitaria, es decir, muy fragmentado, compuesto por una red de casi 10 000 municipios, la mayoría pequeños. En la franja superior de población y densidad, existen siete áreas metropolitanas importantes: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza y Bilbao. Barcelona es la segunda con mayor número de habitantes y la que más ha avanzado en autonomía municipal y gobernanza metropolitana. Por una parte, cuenta con una Carta Municipal que le otorga capacidades políticas, desde regular su propio sistema de consultas e iniciativas ciudadanas, hasta competencias propias en las principales áreas del Estado de bienestar. Por la otra, la ciudad y los 35 municipios de su conurbano configuran una autoridad metropolitana -establecida por ley del Parlamento de Cataluña- con atribuciones en materia de, por ejemplo, planificación urbanística y territorial, medio ambiente, movilidad y desarrollo económico.

Más allá de su sistema institucional robusto, Barcelona ha sido y es referente en innovación social y política. Tiene un tejido vecinal denso y dinámico, comunitario y asociativo, que ha constituido un motor relevante de cambio social y urbano. Los sujetos urbanos han impulsado innovaciones culturales, educativas, de regeneración del espacio público, de acogida y convivencia intercultural, etc., y han tenido la capacidad de transferir buena parte de ese impulso innovador a las políticas públicas. Ha sido ciudad pionera en rehabilitación urbana e inclusión social, y hoy lo es en políticas de soberanía tecnológica y economía cooperativa.

El municipalismo es una realidad institucional y social relevante en España y Cataluña. Los acontecimientos más recientes, desde el 15M hasta la emergencia de nuevos actores urbanos, incrementan el interés por la esfera local.¹ Todo esto constituye un punto de partida para trazar las coordenadas básicas del nuevo municipalismo, sus sujetos de transformación y su impacto político.

La trayectoria: tres décadas de municipalismo cambiante en Cataluña

La evolución del gobierno local en Cataluña desde 1979, año de las primeras elecciones municipales después de la dictadura franquista , ha sido compleja y dialéctica, con fuerzas en tensión. En una propuesta de síntesis, se distinguen tres etapas correspondientes a las décadas de municipalismo democrático. Los años más recientes marcarán el periodo de inflexión hacia el nuevo modelo del bien común.

Durante la década de 1980, el municipalismo evoluciona a partir de la lógica participativa de la transición hacia el asentamiento de un esquema de partidos en la esfera política y de la profesionalización creciente en el ámbito de la gestión. Se trata de un tiempo cruzado por acciones de gobierno vinculadas a la superación de los déficits urbanísticos acumulados. Empieza a desarrollarse una nueva agenda alrededor de la promoción económica -políticas orientadas a impulsar la reactivación poscrisis industrial- y la construcción incipiente de un Estado local de bienestar. Se aprueban las primeras normas de participación y descentralización que relevan procesos poco formalizados de diálogo y acuerdo con el movimiento vecinal.

En la década siguiente se consolida la implantación local del sistema de partidos. Las agendas locales se diversifican y se vuelven más estratégicas: se repolitiza una acción de gobierno que afrontará alternativas de fondo, como modelos de ciudad en un marco de globalización creciente. Se produce el giro gerencial. Predominan las herramientas empresariales en la gestión pública: la lógica eficientista avanza y la comunitaria se repliega; se impulsan relaciones de tipo proveedor-cliente en perjuicio de la activación ciudadana. Aparecen, sin embargo, nuevas redes ligadas al ciclo social altermundista y el fortalecimiento de la conciencia ambiental y de defensa del territorio.

El escenario de la década de 2000 es el fruto de nuevas presiones de cambio. Comienza el proceso de diversificación del entramado de actores políticos, con la presencia de cada vez más candidaturas municipalistas ciudadanas. Cambia el tejido humano de las ciudades y los gobiernos municipales encaran los años de la acogida global. La burbuja económica orienta las agendas locales hacia políticas urbanas expansivas. Se intensifica la gobernanza relacional, con más procesos de concertación público-privada y más presencia de la esfera local en redes institucionales multinivel. Las estructuras tradicionales de participación muestran síntomas de agotamiento, pero un tejido social cada vez más renovado plantea exigencias de profundización democrática real.

A partir de 2010, la crisis, la austeridad y el 15M desvertebran el municipalismo de la década anterior. Todo se expresa en las ciudades y en entornos de cotidianidad. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria deja un rastro de gobiernos locales frágiles (^{Canal, 2013}); sobre todo, una geografía de emergencia habitacional y nuevas fracturas. Muchos ayuntamientos se convierten en la última trinchera de las políticas sociales, numerosas comunidades se organizan para afrontar la cobertura cotidiana de necesidades básicas (^{Antón-Alonso et al., 2017}). Más allá, la nueva etapa convoca a generar respuestas de proximidad, institucionales y sociales, enraizadas en valores de creatividad y transformación. Veamos algunos factores clave de contexto.

Elementos de contexto sociopolítico: procesos de crisis y cambio de época

El nuevo municipalismo se inscribe en un contexto sociopolítico definido hoy por un mínimo de tres dimensiones interconectadas:

Daniel Torrejón Martínez ( Ocupación de la sede de BBVA por las Plataformas d’Afectades per la Hipoteca de Cataluña, para exigir soluciones para los desahuciados. Barcelona, febrero de 2013.

Elementos de contexto urbano: la nueva era de las metrópolis

Además de esta triple dimensión de cambio sociopolítico, el nuevo municipalismo debe ubicarse también en un contexto de transformaciones urbanas globales. El tiempo nuevo que empezamos a vivir es un tiempo urbano, la era de las ciudades, como lo expresa la declaración final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, celebrada en Quito en 2016 (ONU, 2017). En efecto, si el tiempo de la sociedad industrial iba de la mano del espacio de los Estados, el cambio de época se vincula al espacio de las ciudades.

Las cumbres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las ciudades se celebran cada 20 años. La primera tuvo lugar en Vancouver, en 1976. Entonces poco más de 30% de la humanidad vivía en asentamientos urbanos. Para la reunión de Estambul, en 1996, la cifra alcanzaba 40%. En Quito se constató un indicador histórico: la mayoría de la población del planeta, 54.5%, es población urbana. Si la dinámica no se trunca, y nada indica que será así, las ciudades pueden llegar a alojar 70% de la población mundial en 2050: de uno a dos tercios de la humanidad en menos de 100 años, un proceso demográfico impresionante. Pero esas cifras reflejan mucho más que demografía: a) en las 500 ciudades más dinámicas del mundo vive 23% de la población, pero se genera 58% del producto interno bruto (PIB) del planeta; b) el financiamiento de la economía global tiene uno de sus anclajes principales en las rentas urbanas; c) las ciudades con más de 300 000 habitantes son responsables hoy de 70% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero; d) el índice de Gini, de distribución desigual del ingreso, ha crecido 20% en las metrópolis en los últimos 20 años, con su correlato de segregación residencial.

En las ciudades se construye y se refleja el mundo del siglo XXI con todas sus tensiones: dinamismo económico, especulación inmobiliaria, cambio climático, desigualdad (^{Sassen, 2014}; ^{Harvey, 2016}). También en las ciudades aparecen las lógicas de acción colectiva y las alternativas políticas más innovadoras e interesantes, como el nuevo municipalismo como proyecto y praxis transformadora, de ampliación democrática, empoderamiento social y reconexión de las instituciones con el bien común (^{Blanco y Gomà, 2016}). Las metrópolis de hoy son el resultado de interacciones complejas en el tiempo (^{Soja, 2014}). El dualismo de la ciudad fordista y de clases, que se plasmó en procesos de urbanismo difuso y dio lugar a ámbitos metropolitanos policéntricos y economías terciarias, atraviesa un cambio de época hacia metrópolis conectadas en red, espacios en los que se expresan todas las complejidades: son vulnerables a la financiarización pero muy creativas; están cargadas de tantas fragilidades sociales como de energías comunitarias; son responsables del calentamiento global y a la vez son referentes de transiciones ecológicas avanzadas (^{Nel·lo y Mele, 2016}). En síntesis, en las últimas décadas se ha consolidado una realidad demográfica y territorial marcada por la hegemonía de lo urbano, que sitúa a las metrópolis como verdaderos epicentros de la realidad cotidiana de la mayoría.

El nuevo escenario social: las dinámicas de movilización urbana, 2011

Considerados la trayectoria del municipalismo en Cataluña y el doble contexto sociopolítico y urbano de cambio global, cabe focalizar las dinámicas de movilización y las ciudades del cambio, a partir de 2011 y 2015, respectivamente, con todos sus potencia- les y tensiones.

Durante la última década emerge un mosaico movilizador: desde la PAHC hasta las asambleas sociales inscritas en la dinámica del 15M; desde las mareas en defensa de los servicios públicos hasta las huelgas generales contra las reformas laborales. Surge también una cartografía de prácticas de innovación social: economía solidaria, redes de intercambio, cooperativas de consumo agroecológico, gestión comunitaria de vacíos urbanos. Bajo el prisma de la movilización, se cristaliza una geografía de acción colectiva que podemos sintetizar en cinco dinámicas: a) el sí se puede contra la emergencia habitacional y la pobreza energética; b) el derecho a la ciudad frente a la especulación y la mercantilización de espacios; c) la lucha laboral de las mujeres en marcos precarizados de economía urbana; d) la acción a favor de la acogida y la plena ciudadanía de refugiados y migrantes, y e) las soberanías de proximidad: agua pública y sistemas alimentarios alternativos.

Estas dinámicas presentan características de enorme interés. Son redes conectadas a problemas de escala supralocal, cuya expresión ocurre en el ámbito de lo urbano, “de las ciudades como expresión de contradicciones y conflictos que dan forma a la cotidianidad” (Lefebvre, 1972: 39). Cada una se enmarca en un movimiento social más amplio, pero forja una expresión concreta en una esfera política de referencia sobre todo municipal. Son formatos innovadores de acción colectiva: en su modelo organizativo -de orientación comunitaria-; en su repertorio de acción -más disruptivo que convencional-; en su narrativa -producen relatos con fuerte capacidad de penetración social-; en su tema -son neomaterialistas, pivotan sobre cuestiones socioeconómicas tras años de ciclo posmaterialista-. Son redes con clara voluntad de impacto en las agendas municipales.

El nuevo escenario institucional: las ciudades del cambio, 2015

Más allá de las dinámicas de acción colectiva urbana, se plantea un reto doble: transitar de la fragmentación de prácticas y actores a la confluencia, y de la esfera social a la arena política. Se trata de abrir un nuevo ciclo de municipalismo como espacio de recreación democrática de la política, de contribución al bien común. Se configuran nuevos sujetos municipalistas, resultantes de la suma de culturas de acción emergentes y preexistentes, de ciudadanía y espacios políticos ya organizados. Los actores emergen con fuerza. Las ciudades otorgan a las nuevas candidaturas de confluencia las primeras mayorías sociales y electorales. Sin entrar en detalle, merece la pena destacar los trazos básicos de este escenario.

Desde mayo de 2015, las candidaturas alternativas lideran el gobierno de cuatro de las cinco ciudades principales de España -Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Zaragoza-. También consiguen ganar y formar gobierno en municipios tan relevantes como Santiago, La Coruña, Pamplona y Cádiz. En las 13 ciudades españolas con más de 300 000 habitantes, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español obtuvieron, en 2011, 336 concejales, 80% del total; en 2015, llegaron a sólo 50%. Más relevante aún: las candidaturas de unidad popular consiguieron en esos municipios 114 concejales, 27.5% del total. Estamos ante una geografía electoral con rasgos de ruptura. La relación de fuerzas entre partidos clásicos y candidaturas alternativas experimenta un vuelco sin precedentes en las grandes ciudades: de 336 a 17 concejales, en 2011, y de 223 a 114, en 2015.

En Cataluña, los partidos de la vieja centralidad urbana -Convergència i Unió (CiU), Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) y PP- pierden 435 000 votos. Los espacios de confluencia y las fuerzas que los integran ganan 536 000 votos, algo también sin precedentes. Las nuevas candidaturas alternativas consiguen el gobierno de tres de las cinco mayores ciudades catalanas. Barcelona en Comú (Bcomú) es la expresión más nítida, con la candidatura que lleva a la alcaldía de la ciudad a Ada Colau, una activista social del movimiento antidesahucios y por el derecho a la vivienda. Bcomú obtiene 25.2% de los votos y gana en 54 de 73 barrios. Se produce un cambio en la naturaleza de los actores y su relación de fuerzas. En Barcelona, los dos partidos históricamente dominantes pasan a ser minoritarios en sus respectivos ejes de identidad: el PSC en el eje social, con cuatro concejales entre 23 de izquierda, y CiU en el eje nacional, con diez concejales entre 29 soberanistas. Se dibujan así las bases de una nueva hegemonía y con ello las condiciones políticas de partida hacia la creación del nuevo escenario municipalista, que nace también con dinámicas en tensión.

La asunción de cultura de gobierno podría mermar la capacidad disruptiva de los nuevos actores pero también generar nuevas lógicas de relación entre lo institucional y lo social, basadas en el reconocimiento mutuo, la alianza público-ciudadana y los procesos de commoning.² El mundo local podría procesar el contexto de austeridad desde la perspectiva de la incapacidad y la resignación pero también desde la oportunidad de construcción de alternativas: nuevas políticas de proximidad, procesos de apropiación comunitaria de servicios y espacios urbanos, una gestión más democrática y ciudadana. Los impactos de la crisis en las personas generan miedos y vivencias del sufrimiento en ámbitos privados y domésticos pero también dinámicas de innovación social, procesos de empoderamiento y prácticas de tipo cooperativo. La expansión de internet reproduce desigualdades urbanas en términos de fractura digital pero abre opciones inéditas de construcción de conocimientos compartidos, hace posibles ciudades de código abierto como dimensión clave del nuevo municipalismo.

En síntesis, hemos considerado la trayectoria, el contexto y las bases del nuevo escenario. Un recorrido por el municipalismo cambiante que deja impactos y sufre vuelcos; un doble contexto de cambio de época sociocultural y urbano que convoca respuestas creativas y transformadoras, y un doble escenario de actores sociales y políticos que irrumpen en ciudades y gobiernos locales, y enfrentan dinámicas en tensión. Todo esto constituye un punto de partida sólido para analizar las interacciones entre sujetos de transformación y agendas de políticas urbanas.

Construir el derecho a la ciudad: articular políticas públicas y disidencias urbanas

¿Estamos ante una nueva agenda municipalista comprometida con el derecho a la ciudad? En el terreno sustantivo, el nuevo municipalismo despliega una dimensión triple de políticas públicas: ecología urbana, economías ciudadanas y bienestar de proximidad (^{Olmedo y Endara, 2017}; ^{Borja, Carrión y Corti, 2016}). Cada vértice temático interactúa con los dos restantes y da lugar a los tres ejes vertebradores de la agenda: el desarrollo sostenible como espacio de encuentro entre actividades productivas y entornos ambientales; la prosperidad compartida como lógica de diálogo entre economías y cohesión social, y la habitabilidad urbana como propuesta de intersección entre la ecología y el bienestar cotidiano.

Pero no se trata sólo de formular nuevas políticas orientadas a hacer efectiva la dimensión urbana de la justicia social, económica y ambiental, sino también de producir el derecho a la ciudad por medio de nuevos procesos, alejados de lógicas jerárquicas y del monopolio burocrático, que superen las viejas formas de institucionalidad que reservan a la ciudadanía un papel pasivo de receptor de servicios. La nueva agenda urbana adquiere pleno sentido en la medida en que articula espacios para forjar implicaciones cotidianas, para la creación de redes de fraternidad.

El gran reto es entrecruzar derecho a la ciudad con democracia del común como forma de producirlo. En esa articulación, las políticas urbanas promueven ciudadanía activa y empoderamiento, los servicios públicos se reconfiguran como bienes comunes de apropiación colectiva y las prácticas sociales crean justicia de base y autogobierno comunitario. Ésa sería la piedra angular del municipalismo del común: ubicar la esfera local como marco del proceso instituyente del cambio de época. Situar lo urbano como motor de reconstrucción de la lógica comunitaria de la democracia, de la lógica colectiva de los derechos, como impulsor de alternativas más que de resistencias. El municipalismo del común genera una esfera pública compartida: con presencia institucional y comunitaria, con alianzas y procesos de coproducción. Implica conjugar una dimensión sustantiva de justicia urbana con una dimensión operativa de democracia abierta. Un campo de intersecciones en el que la agenda urbana adquiere pulsión comunitaria activadora de ciudadana y las prácticas sociales cobran fuerza universalista constructora de derechos, en el que todo queda entrelazado.

¿Podemos analizarlo por medio de experiencias concretas? En el libro El municipalisme del bé comú (^{Blanco y Gomà, 2016}), planteamos un conjunto de casos ilustrativos, narrados por sus protagonistas, presentados en una matriz estructurada en cinco ejes clave de la agenda urbana: democracia abierta, economía cooperativa, derechos básicos, entornos sostenibles y vínculos solidarios (véase el cuadro 1). Cada dimensión es atravesada por una política urbana creadora de ciudadanía activa y una práctica ciudadana creadora de política democrática. Así, surge un mosaico de iniciativas en el que se identifican los avances y los límites, los retos del nuevo municipalismo. Veamos un ejemplo de cada dimensión: el ACBI y la PAHC.

La Obra Social de la Plataforma de Manresa: vivienda, disidencia y producción del común

En este contexto surge la PAHC de Manresa, cuya asamblea fundacional se celebró en diciembre de 2012. Entre junio de 2013 y agosto de 2014, la PAHC impulsó la ocupación -recuperación- de tres bloques de pisos vacíos. La primera reapropiación fue en el casco histórico, en la finca de una entidad bancaria, y ahí se realojaron cinco familias. La segunda tuvo lugar en abril de 2014, en un bloque con 14 pisos vacíos propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que gestiona los activos tóxicos bancarios vinculados al ladrillo. La tercera se produjo en otro edificio de la Sareb con 18 viviendas desocupadas. Las tres acciones se orientaron a hacer efectivo el derecho a la vivienda de personas y familias en riesgo de exclusión residencial por procesos de ejecución hipotecaria o desahucios en pisos de alquiler. El tercer bloque sigue en situación de ocupación. En el primero, la entidad financiera Caixa Bank interpuso una demanda judicial contra las familias ocupantes. Meses después, la presión vecinal llevó al banco a negociar. La PAHC consiguió realojar a las familias en el régimen de alquiler social, la cesión del edificio recuperado al parque de viviendas municipales y la rehabilitación de todos los pisos. En el segundo bloque se forzó una negociación que condujo a la Sareb a ceder el edificio al gobierno catalán, que llegó a acuerdos de alquiler social con todas las familias, 46 adultos con 21 menores. A lo largo de 2015, la PAHC impulsó la recuperación de los bloques cuarto y quinto, propiedad también del sector financiero, para dar alojamiento a 54 adultos y 19 menores. En el contexto de producción ciudadana de comunes urbanos, más allá de las viviendas reapropiadas, la PAHC puso en marcha, en octubre de 2016, una Escuela Popular en los bajos del cuarto bloque. Se concibió como un espacio de refuerzo educativo comunitario, gestionado por activistas, en el que participaron 40 alumnos.

De la experiencia de la PAHC de Manresa surgen preguntas y retos. ¿Es posible forjar el derecho a la vivienda en común a partir de parámetros de disidencia? ¿Es factible mantener y ampliar lógicas de autogestión y empoderamiento comunitario de forma sostenida, en un contexto de tanta fragilidad vital? ¿Deben ponerse los avances producidos en la reapropiación al servicio de una dinámica más audaz de interacción con el gobierno municipal? El cuadro 3 ofrece pautas conceptuales para responder a estas preguntas.

Se plantea la triangulación entre delegar, denunciar y crear, es decir, entre la lógica clásica de incidencia institucional sobre la toma de decisiones; la también tradicional lógica de resistencia de los movimientos sociales urbanos -la PAHC como espacio de resistencia ante los desahucios-, y la lógica emergente de disidencia, de autonomía creativa de comunes urbanos, en la que podrían situarse las prácticas innovadoras de la OS. Por último, podemos esbozar estas cuestiones en clave de retos.

Cuadro 3 De la plataforma d’Afectades per la hipoteca i el capitalisme a la obra social: del movimiento urbano a la construcción del común  

El reto de construir el derecho a la vivienda en común y superar las políticas vulnerables a intereses especulativos, sin caer más en la desresponsabilización ciudadana. Mantener y ampliar lógicas de autogestión y empoderamiento comunitario de manera sostenida, y poner al servicio de una lógica complementaria de incidencia institucional las conquistas producidas por la reapropiación de viviendas, con un alto grado de legitimidad ética y social.

El reto de mantener abiertas las vías de la autonomía y la disidencia, y al mismo tiempo reforzar la estrategia para que los ayuntamientos se impliquen en las políticas de vivienda pública de alquiler social por medio de la cesión de pisos vacíos. Se trataría, en síntesis, de alumbrar un nuevo municipalismo involucrado con plenitud en el derecho a la vivienda y una acción urbana colectiva que mantiene acciones de autotutela del derecho, ya sea con autonomía -cooperativas- o insumisión -reapropiaciones-. Estaríamos ante la expresión del municipalismo del común: el derecho a la ciudad concretado en la agenda urbana de vivienda y su producción y ejercicio con parámetros colectivos y dinámicas de construcción del común.

Más allá de los retos específicos que se plantean a partir de los casos de estudio, una reflexión final emerge con fuerza. El nuevo municipalismo dibuja un espacio factible de construcción democrática frente al capitalismo financiero y los neoautoritarismos estatales. El derecho a la ciudad abre una dimensión clave de producción de bienestar frente a los embates neoliberales. De alguna forma, los horizontes de emancipación que recalaron en el siglo XX en el ámbito de los Estados pueden ser reescritos hoy en las plazas, calles y barrios de las metrópolis.

Se trata de un proceso político a profundidad, en el que las dinámicas de movilización ciudadana y la arena institucional municipal interactúan sobre la base del conflicto y la confluencia, y de un entramado denso de impactos bidireccionales. Se construye derecho a la ciudad con una acción colectiva urbana sostenida y el municipalismo del común. Los acontecimientos más recientes en Barcelona, en la red de ciudades del cambio y algunas de las principales metrópolis globales apuntan en esa dirección. Harán falta, desde luego, más estudios de caso y nuevas elaboraciones conceptuales, una agenda de investigación más extensa y detallada, para ir modulando el conjunto de reflexiones que hemos presentado en este artículo.