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Introducción
En México se puede utilizar la metáfora -la grieta- utilizada en Argentina por los diferentes bandos o grupos políticos, para designar una honda separación entre partidarios de proyectos antagónicos en lo histórico, en lo social y en lo político. Una fractura política que traspasa la vida cultural y se coloca en los medios de comunicación, los centros de pensamiento y el análisis político. Se trata de dos grandes fuerzas que dividen al país en una disputa por la hegemonía (Leiras, 2017). También ha servido para mostrar la exclusión social, la distribución de las riquezas y las diferencias para acceder al mundo del siglo XXI (Semán, 2017).
En México, sobre todo en momentos clave del poder y la política contemporánea, se ha venido alimentando a lo largo de los años el impulso y confrontación de proyectos de nación, primero desde una perspectiva económica, en el inicio de políticas neoliberales (1982) y después se expresó en el alineamiento social sobre proyectos políticos, en muchas décadas contenido o controlado por el sistema corporativo de las grandes centrales obrero-campesinas y de clases medias encabezadas por el partido hegemónico (1988).
A diferencia de Argentina, donde se aprecian dos bandos definidos política e ideológicamente, peronismo y antiperonismo, y la oposición entre los partidarios y los opositores a la dictadura, en México se han aglutinado fuerzas sociales disímbolas en dos grandes proyectos de nación que se han enfrentado decisivamente en las elecciones en los últimos 30 años.
El objetivo principal de este trabajo es analizar y explicar el proceso de conformación de dos fuerzas sociopolíticas en torno a grandes proyectos de nación-desarrollo en México, particularmente expresadas en elecciones presidenciales, que forman parte del proceso de consolidación democrática aún inconcluso, particularmente en el periodo 1988-2018. La pregunta detonadora es: ¿en qué condiciones y cuáles han sido las fuerzas sociales que han generado una polarización política en el México actual?
Esto requiere un marco analítico de carácter hermenéutico que permita analizar la conformación de fuerzas y bloques con proyectos políticos (Lyotard, 1984; González, 2007) que suponen la posibilidad de transformación política; visualizan una contienda adversarial de fuerte antagonismo (Schmitt, 1984; Mouffe, 2011); entre actores y sujetos sociales (Zemelman, 2002), por imponer propuestas donde se disputan el “cambio”, el “progreso” y la “razón” (Habermas, 1986).
De 1982, cuando iniciaron las políticas públicas de liberalización económica en México, hasta el proceso de alternancia en 2000, 2006 y 2012 con un partido distinto en el poder predominaron decisiones de un proyecto neoliberal; en 2012 con el regreso del PRI al poder las reformas económicas estructurales se profundizaron sin el apoyo popular, esto configuró una disputa de grandes dimensiones hacia las elecciones de 2018 cunado se enfrentaron dos proyectos-país diferenciados, cada uno apoyado por fuerzas sociales amplias.
1. Marco conceptual: de los clivajes históricos a los polos ideológicos
La analogía de México con Argentina estriba que en los últimos 35 años se han venido conformando fuerzas políticas que remueven los rezagos y pendientes históricos y si bien tienen un referente electoral inmediato, la grieta mexicana interpela una división social, económica y política de larga data de la sociedad mexicana, donde confluyen diferentes dimensiones explicativas.
1.1 La distinción primaria de la política adversarial: lo político
La primera distinción que puede identificar la formación de polos políticos e ideológicos es la de Schmitt (1984: 90), con la relación política básica del amigo-enemigo, con propiedades distintas y excluyentes formadoras de identidades político-ideológicas relativas al poder y al Estado: lo político entraña la unidad en relación con el statu quo, que genera de manera natural un antagonismo que puede llevar a la confrontación política directa, incluso física.
En una visión moderna, se retoma el antagonismo como una potencialidad para la democracia contemporánea. Mouffe (2007) señala que si bien el antagonismo se encuentra existente en la sociedad, en la formación de una identidad política, ellos/nosotros, la relación amigo-enemigo no conlleva a una confrontación negativa sino que el antagonismo puede ser compatible con la democracia pluralista.
El conflicto es parte de las sociedades occidentales modernas, y como dice Schmitt no puede ser erradicado, pero no necesariamente debe llevar a la anulación del enemigo, en un modelo adversarial dentro de la democracia, donde el concepto de adversario sustituye al de enemigo, mediante instituciones y prácticas el antagonismo puede transformarse en “agonismo” en donde las dos partes “si bien admitiendo que no existe una solución racional a su conflicto, reconocen sin embargo la legitimidad de sus oponentes” (Mouffe, 2007: 27).
Sería el caso mexicano, donde la oposición al régimen político suele verse a través de la relación amigo-enemigo, sobre todo desde 1988 cuando empieza una polarización política e ideológica, y lo político genera una división que va más allá de las coyunturas electorales. Hasta ahora la clase política y las élites económicas han sido reacias a aceptar el conflicto en el marco de instituciones democráticas pluralistas.
1.2. Clivajes históricos de honda raíz: Estado laico y federalismo
La construcción de lo político en Latinoamérica, y particularmente en México ha pasado por distintas fases históricas y fuertes conflictos políticos, incluyendo revoluciones sociales. No obstante, en momentos de crisis social o política, de lo profundo de las estructuras sociales emergen diferencias que provienen de los cimientos y tienen hondas raíces. Constituyen clivajes (cleavages), grandes divisiones sociales o conflictos que separan a los grupos sociales. Según Dahl (1993): los clivajes son generadores de comportamientos que provienen de un “pluralismo subcultural” en asuntos de religión, lengua, raza, pertenencia a grupo étnico o regional y que pueden, en algún momento, ser causa de desestabilización política de los procesos políticos.
En América Latina muchas de estas diferencias sociales han sido de carácter insoluble, están plenamente asociadas a la construcción del Estado-nación. En la mayoría de los países del continente se pueden encontrar diversos tipos de conflictos territoriales, étnicos y religiosos que de vez en vez reaparecen y salen a la superficie, en momentos clave de la coyuntura política y que confluyen o pueden alcanzar una dimensión conflictual a escala nacional.
En México la presencia de dos grandes clivajes de división social, entre otros, que suelen aparecer en diferentes expresiones y momentos, de remota raíz, han sido las diferencias entre Estado-Iglesia en las formas de percibir el laicismo y la vida religiosa, del espacio civil y religioso, donde los actores sobre todo de carácter confesional pretenden influir en la orientación de lo público. Por otra parte, las relaciones centro-periferia donde hay un sentimiento nacional en relación con el Estado centralista, que en México se transfiguró formalmente en un “federalismo centralizado” desde el siglo XIX. Estos elementos han abierto fisuras sin cerrar.
Existen hasta la actualidad relaciones tensas entre Estado e Iglesia, pues a pesar de una fluida transacción desde la reforma modernizadora de Salinas de Gortari, han sido varias las discrepancias entre ambos entes, principalmente por las demandas históricas de la Iglesia, principalmente el matrimonio, la educación, y el aborto, entre otros temas (Vargas, 2014), como sucedió cuando en la Ciudad de México legisló la interrupción legal del embarazo, en 20 entidades los Congresos locales, movilizados por grupos confesionales se apresuraron a legislar “por la vida”.
En relación con el federalismo, ha habido cambios pero en general predominan prácticas y usos anteriores de imposición central, sobre todo en las pugnas por la distribución de los recursos; a pesar de la instalación de la Conago, en cada periodo gubernamental los alcaldes y los gobernadores tienen que acudir a la Cámara de Diputados o, en su caso quien tenga picaporte, con el secretario de Hacienda (SHCP) para, a veces soterrada o abiertamente, negociar presupuestos económicos; ante la ausencia de un federalismo cooperativo se mantiene un control central a los poderes locales (Merino, 2008).
1.3 Partidos y grandes divisiones políticas: polarización y fragmentación
Siguiendo con el punto anterior, las divisiones de la sociedad incluso en democracias contemporáneas (Norteamérica y Europa Occidental) mantienen un sustrato de largo aliento y siguen presionando en la actualidad política. Algunas de estas divisiones, por el atractivo y caudal del electorado, se han orientado hacia estructuras relacionadas con los sistemas políticos. La transformación de estructuras de división social a partidos políticos ha conllevado a umbrales de integración, representación y coalición que conducen a la formación de alineamientos electorales que se traducen en la concentración y/o polarización electoral (Lipset/Rokkan, 1992: 258).
En la determinación clásica de los sistemas de partidos, Sartori (1992; cap. 6) indicó que en los sistemas competitivos hay fases que tienden a un pluralismo polarizado, no relativo al número de partidos, sino a la existencia de grandes tendencias y oposiciones contrapuestas, inclusive las de carácter anti-sistémico, que son ideológicas pero van más allá de ello, que se implantan por la falta de consenso y legitimidad hacia el sistema político.
Se superó la idea de que la fragmentación política era inversamente proporcional a la estabilidad, por el contrario, y se dijo que la polarización puede ser compatible con la democracia; Sartori y Sani (1980: 29) han concedido que la polarización del sistema de partidos no sólo se debe a la “distancia ideológica”, del continuo izquierda-derecha, sino que al mismo tiempo pueden ser influyentes las tensiones sociales y culturales, las percepciones de las masas o bien las diferencias programáticas de partidos que se canalizan hacia los polos políticos.
La cuestión crítica es en qué situaciones de fragmentación y polarización se pueden conformar alineamientos y coaliciones que produzcan gobernabilidad. El que las coaliciones sean eficientes y generen condiciones de estabilidad se debe a la distancia ideológica de los integrantes de las coaliciones, a menor distancia mayor consenso, para producir propuestas de gobernabilidad; esto podría abonar en una “polarización competitiva” (Sartori y Sani, 1980: 36).
1.4 Proyectos políticos: de la disputa por la nación a la construcción de alternativas
La política y lo político en la conformación de grandes rupturas, dieron en la historia humana elementos para la transformación social desde el Renacimiento y la Ilustración, teniendo como ejes la secularización, la razón y el progreso, mismos que dieron paso a la modernidad, que con el tiempo fueron precursores de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y del cambio civilizatorio (González, 2007). La formación del Estado moderno trajo innumerables contradicciones y tensiones sociales.
Los proyectos políticos, como instrumentos de política moderna, contienen paradigmas de pensamiento tecno-científico pero también de ideales de justicia social y democracia, de identificación de grandes sujetos sociales y voluntades nacionales, de amplios destacamentos sociales, incluso multiclasistas, han sido forjadores de grandes alternativas y de redefinición de regímenes políticos (González Casanova, 2008; Zemelman, 2002).
2. México: territorio de la desigualdad y la polarización social
A finales del siglo XX en Latinoamérica se produjeron diversos cambios de régimen político como resultado de las contradicciones sociales en el continente. En México se llevaba una lenta transición política que trajo por primera vez una larga y ansiada alternancia en el poder en el año 2000. Las siete décadas de un solo partido gobernante (PRI) produjeron una dominación casi indisputable a la que correspondió afrontar los cambios sociales en ese siglo con las políticas del Estado de bienestar (Welfare State) y posteriormente el Consenso de Washington.
El régimen político hegemónico en México, con la ideología del “nacionalismo revolucionario”, 1 mismo que adoptó el sentimiento nacionalista posterior a la Revolución Mexicana que incluyó la rectoría estatal del desarrollo, pudo sostener el control político y electoral pese a los reclamos y conflictos sociales. Esta ideología pudo conjuntar las más opuestas ideas religiosas, étnicas, clasistas. La hegemonía fue construida en relaciones de mando-obediencia, donde la subalternidad no siempre fue de subordinación plena sino que incluyó un entramado de aceptación y confrontación, e incluso de rechazo y ruptura a la dominación (Roux, 2005: 42).
La crisis del Estado de bienestar en los años setenta en México develó la existencia de profundas desigualdades sociales que no fueron atendidas. Con la llegada en 1982 de gobiernos neoliberales que aplicaron a rajatabla los lineamientos del Consenso de Washington, los rezagos históricos en lugar de resolverse se fueron magnificando en las siguientes décadas en un nivel de polarización inédito.
En 2015 Oxfam2 encontró en México grandes desigualdades económicas que configuran una polarización extrema, una grieta generada por los modelos económicos y las políticas gubernamentales seguidas desde 1982, que produjeron una monstruosa concentración de la riqueza en menos del 1% de la población y un crecimiento exponencial de pobres (54% de la población). Las élites han capturado al Estado de diversos modos, principalmente con políticas fiscales que les benefician y contención del ingreso para las masas asalariadas.
2.1 La disputa por la nación: la formación de proyectos
En 1982 se inicia el desmantelamiento del Estado social de bienestar, con políticas de “cambio estructural” que repercutieron fuertemente en el modelo de desarrollo, así como también en las relaciones Estado y sociedad. Desde la cúpula del poder gubernamental asociado con las corporaciones empresariales se pusieron en marcha medidas que se estaban estandarizando en el mundo: la apertura comercial, la inversión extranjera, la reducción del Estado en decisiones económicas, y la privatización de la economía, todo ello acompañado de un discurso innovador y del predominio de un pensamiento de “libre mercado” en todos los ámbitos. Y la emergencia del liderazgo empresarial y de sus directrices convertidas en gobierno.
Las medidas más contundentes fueron la “desincorporación” y privatización de miles de empresas públicas, de carácter “paraestatal”, que eran dirigidas desde la administración pública. La drástica disminución del gasto público, cuyos efectos fueron la reducción de la planta de empleados de dependencias gubernamentales y eliminación de programas de salud, alimentación, vivienda y educación. La aplicación de instrumentos técnicos para el control de la inflación, como la contención salarial y la imposición de precios de garantía. La inversión pública federal destinada a las entidades federativas y gobiernos locales se contrajo fuertemente.
Desde el inicio de estos cambios estructurales en los años ochenta, se perfilaron como nunca antes, sin precedente en la historia política mexicana, dos proyectos de gobierno y de país. Dos grandes opciones que perfilaron grandes alternativas e intereses sociales: la visión neoliberal, que impulsaba la modernización económica, apoyada por las élites económicas y un sector emergente de funcionarios formados en universidades estadounidenses, “los Chicago boys”, frente a un proyecto “nacionalista” que pensaba resolver la crisis de desarrollo con la profundización de ajustes al modelo de bienestar (Cordera y Tello, 1981). Lo que se puso en juego, por los recursos, por las ideas en discrepancia, por los estilos de aplicar las políticas públicas y el “estilo de gobernar”, fue la disputa por la nación, de dos proyectos antagónicos. Se impuso el proyecto neoliberal “desde arriba” utilizando las estructuras corporativas y sindicales del “viejo régimen” para contener y controlar la protesta social.
Las implicaciones sociales de esta política no sólo se observaron con la eliminación de las políticas de bienestar social (Welfare State) que ocasionó la profundización de la desigualdad social, sino además en el desmantelamiento y destrucción de los referentes histórico-culturales en que se desarrolló el Estado contemporáneo, que se tradujo en la desaparición de instituciones, políticas y valores sociales, incluso de origen constitucional, provenientes de la Revolución Mexicana, que daban identidad como pueblo y nación.
El doble proceso generado por la modernización, de globalización a escala internacional de los circuitos de producción-consumo y, por otra parte, desintegración, de diferenciación y polarización entre regiones y grupos sociales al interior de cada país (Lechner, 1992: 84), en México se expresó con gran fuerza debido a sus contradicciones históricas y a la crisis del modelo económico.
2.2 Reaparición de los polos políticos: 1988-2000
Los cambios en la economía del país vinieron aparejados con modificaciones al sistema político pero no con la misma fuerza ni contundencia. Se inició una lenta “transición política” en 1977 con una reforma política, similar a la española pero lejos de sus alcances y propósitos de apertura y pluralismo. El sistema político representativo en México configurado a través de corporaciones y control político de grandes sectores sociales prevaleció en las elecciones presidenciales de 1982, en las que llegó Miguel de la Madrid, quien inició el proyecto neoliberal seguido a rajatabla en los siguientes 18 años.
Las modificaciones a la legislación electoral fueron conformando con medidas dosificadas, coyunturales y paulatinas desde 1977 cuando predominaba un sistema de partido hegemónico, a un sistema pluralista controlado, con la apertura de nuevos partidos políticos sobre la base de una representación mixta (uninominal y plurinominal) con precarios alcances en el nivel subnacional (estados y municipios). La protesta social se expresaba pero no alcanzaba a impugnar el sistema político.
Hacia las elecciones de 1988 se produjo un cisma en el PRI al configurarse dos propuestas, que representaron dos opciones de gobierno, dos proyectos de nación: por una parte la continuidad de las medidas “modernizadoras” pro empresariales y, por otra, el rescate de las políticas de bienestar a partir del “nacionalismo revolucionario”. El control de las estructuras políticas corporativas permitió la candidatura de Carlos Salinas de Gortari, continuador del proyecto económico modernizador. Los opositores generaron una ruptura y conformaron una gran coalición política que incluyó un amplio espectro de ideologías (izquierda y centro-izquierda) que se denominó Frente Democrático Nacional (FDN) encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del ex presidente Lázaro Cárdenas.
La campaña electoral en la etapa de transición política mostró el frágil alcance de la reforma política y de las instituciones electorales que aún permitían el control gubernamental en la organización de las elecciones. Entre la sociedad se configuró el imaginario de la disputa política por la nación en dos proyectos diferenciados: desarrollo versus modernización; el centralismo contra la apertura. La efervescencia alcanzó altos niveles de politización y se registró una movilización social que alimentó la idea del surgimiento del “neocardenismo”, recordando las reformas sociales de los años treinta. Empero la manipulación gubernamental de las elecciones fraguó el día de la votación una defraudación electoral conocida como la “caída del sistema”,3 que abrió un proceso de deslegitimación profunda.
En 1988 ocurrió un quiebre significativo donde la ciudadanía rebasó el limitado marco electoral a través de un voto de impugnación al régimen, que mostró abiertamente la existencia de fuerzas sociales definidas por proyectos políticos. En respuesta, en 1989 se formó el Partido de la Revolución Democrática, con el registro del PMS, como un nuevo esfuerzo de aglutinar las fuerzas de izquierda.
La impugnación social y de la opinión pública obligó cambios políticos, con lo que se abrió a un ciclo de reformas políticas en las décadas posteriores. En las elecciones de 1994 lo que podrían haber sido elecciones competidas fueron empañadas por el asesinato del candidato del PRI Luis Donaldo Colosio, y acompañadas por una campaña del miedo.
En esos años de gobiernos neoliberales las fuerzas sociales impulsaron una recomposición de partidos políticos, de “nuevas” reformas políticas4 y de elecciones competitivas a nivel subnacional. En las elecciones legislativas de 1997 el PRI por primera ocasión en la historia no alcanzó la mayoría en las Cámaras de Diputados; al mismo tiempo en las gubernaturas había sufrido varios descalabros, la hegemonía y predominancia estaba en su mayor crisis.
En la campaña presidencial del año 2000 nuevamente se reagruparon las fuerzas sociales; 18 años de políticas modernizadoras basadas en el Consenso de Washington, pero sobre todo en la permanencia del estilo del PRI, modernización más control político, habían generado en los diversos sectores sociales insatisfacción y un gran “hartazgo”, como lo dijo el escritor Carlos Monsiváis. Si bien fue un momento de exposición de tres fuerzas partidarias del espectro político mexicano (PRI, PAN, PRD), la campaña electoral mostró la polarización de opciones.
El PRI retomaba el rumbo político con Francisco Labastida, que representaba a la “vieja guardia” del partido con ideas de la intervención moderna del Estado, pero también la continuidad de las políticas económicas; esto fue lo que no conectó con las élites económicas acostumbradas a funcionarios formados en el pensamiento neoliberal. Y por otra parte, Vicente Fox del PAN, impulsado por una coalición amplia de derecha -Alianza por el Cambio-, empresario que tuvo un discurso populista para congraciarse en todos los sectores, de tal suerte que enganchó ampliamente con sectores populares por su pretensión de “sacar del poder” al PRI. Cuauhtémoc Cárdenas se presentó por tercera vez en la palestra pero sin éxito.
El triunfo de Vicente Fox5 representó la alternancia política, inédita hasta entonces, mostraba la fortaleza de las instituciones electorales y concluía el sistema de partido cuasi hegemónico. Las representaciones sociales fueron externas, más por las expectativas que por la configuración de proyectos políticos. El PRI representaba para los sectores sociales, en lo político, lo que en décadas se había desaprobado, y en lo económico, no daba certeza a las élites económicas. Empero, Fox, con una campaña propagandista y un efectivo modelo de comunicación pudo posicionar más su estilo personal e imagen, con frases efectistas, que su proyecto político, que era ambiguo.6
Cabe agregar que la relación izquierda-derecha queda visibilizada en México desde las elecciones de 1988 cuando emergió el Frente Democrático Nacional (FDN) encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas. Esto prendió los focos rojos de las élites económicas y de la clase política. De tal suerte que empezaron a formular proyectos conjuntos entre el PRI-PAN a partir de Carlos Salinas de Gortari, particularmente en la esfera económica, que fue permaneciendo de facto como una alianza no electoral pero sí como colaboración en proyectos de gobierno y de forma parlamentaria.7 Fueron el inicio de “pactos” y colaboracionismo que permitió la anuencia del PAN en 1994 hacia Zedillo del PRI, y éste accedió al triunfo del PAN en el 2000 con Fox. Y nuevamente en 2006 el PRI se doblega con el triunfo de Felipe Calderón del PAN en un alineamiento político-ideológico.
3. La confrontación de proyectos y la disputa nacional 2006 y 2012
En el primer lapso de alternancia, 2000-2006, Fox contó con instrumentos, recursos y respaldo internacional para llevar a cabo cambios para desplazar los rasgos del régimen político anterior, pero la labor no sólo quedó inconclusa sino que no se diferenció del antiguo régimen en el trato a los movimientos sociales de protesta y a opositores al gobierno. Incluso se desaprovechó el apoyo social que el gobierno tenía -al menos inicialmente- para arribar a mejores condiciones de democratización.
3.1 Dos polos, dos proyectos en las elecciones presidenciales de 2006
Seis años después, con la alternancia del “gobierno del cambio” el avance en el fortalecimiento de las instituciones electorales decayó debido a la falta de voluntad para mantener y profundizar las reformas políticas. La organización de las elecciones de 2006 produjo dinámicas de intransparencia, inequidad, falta de independencia y la injerencia del Poder Ejecutivo y de poderes fácticos que derivaron en una contienda conflictiva y polarizante que generó nuevamente desconfianza y una fuerte impugnación por la falta de claridad y certidumbre de las instituciones electorales.
Fox siguió la pauta de co-gobierno PRI-PAN desde una perspectiva empresarial de apertura económica que también se manifestó en decisiones políticas. En 2005 el gobierno de Fox, a través de la Procuraduría General de Justicia del país (PGR) propició el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, la capital del país, quien se proyectaba como candidato de las izquierdas a la Presidencia de la República. Por una falta “administrativa” el Gobierno federal entre 2004 y 2005, apoyada por el PAN y el PRI quisieron descarrilar las intenciones del personaje más popular en las encuestas previas. La opinión pública y la movilización social impidieron que AMLO fuera a la cárcel. Un vocero de estos partidos reveló la realidad:
“El origen de todo esto no es que López Obrador sea un delincuente, sino que es un candidato peligroso, que nos va a ganar”.8
El proceso de desafuero contra AMLO se consumó el 7 de abril pero sólo desató un sentimiento entre sectores sociales populares de una injusticia del Gobierno, generando marchas y protestas. Esto fortaleció la imagen de López Obrador y lo posicionó fuertemente como candidato de las izquierdas, que formularon una coalición amplia denominada “Por el Bien de Todos” integrada por partidos de izquierda (PRD, PT y Convergencia) y organizaciones sociales, y cuyo lema se extendió a “Primero los pobres”.
El PRI en los primeros años de la transición tuvo una recuperación notable en elecciones legislativas de 2003, obtuvo el 44% de las curules de la Cámara de Diputados, 224 de 500, pero en las encuestas no levantó y no tenía liderazgos fuertes, de todas maneras lanzó a Roberto Madrazo Pintado con un perfil típico de políticos del ancie regime, fue apoyado con la “Alianza por México” integrada por el PRI/ PVEM. El PAN, partido gobernante, impulso al funcionario y líder partidario Felipe Calderón Hinojosa. Hubo otros dos candidatos cuya presencia fue simbólica.
López Obrador, como gobernante de la capital del país, con más reflectores y proyección, realizó un gobierno de corte de izquierda y de políticas públicas de desarrollo social en beneficio de sectores sociales desprotegidos. En los medios de difusión privada y de la clase política se generó un temor por la popularidad del candidato. Desde los ámbitos del poder público y privado, con la virulencia de los organismos empresariales se diseñó una campaña de medios y marketing de “guerra sucia” para desacreditar a AMLO. Fue célebre el calificativo de que el candidato era “populista”, “chavista” y un “peligro para México”.9
En el terreno del posicionamiento de los programas las dos propuestas de la geometría izquierda-derecha fueron las que se visibilizaron de mayor manera. López Obrador movilizó las demandas sociales populares a través del frente político de izquierda, con un programa con fuertes inclinaciones reivindicativas, con identidad histórica, que se denominó “Proyecto Alternativo de Nación”, versión de su libro escrito en 2004.
Felipe Calderón, en cambio, utilizó una campaña de marketing y de medios de comunicación con el lema “Para que vivamos mejor, pasión por México”, pero en el discurso cotidiano utilizó con virulencia la campaña antipopulista y el léxico conservador. Empoderado por la maquinaria gubernamental, con el presidente Fox al frente se consiguió la polarización política inédita y se incluyeron las “encuestas” para crear opinión pública; en la mayoría de estos instrumentos el candidato de la izquierda iba al frente, con notable popularidad.
El debate ideológico alcanzó niveles de polaridad; las plataformas políticas de ambas fuerzas fueron claramente opuestas, y se tradujo en el discurso de los candidatos. Desde el Gobierno, el presidente Fox alimentaba una campaña virulenta en consonancia con sectores empresariales, primero ensalzando su administración, sobre todo la política económica, pero al mismo tiempo enderezaba sus baterías contra el candidato de la izquierda. En ese marco, Felipe Calderón retomó el ideario donde expuso la continuidad y profundización del proyecto de liberalización económica, inversión extranjera y comercio internacional (Reveles, 2006).
Los resultados electorales, sin embargo, manifestaron el diferendo de las calles y de la campaña. El 6 de julio de 2006 a las 23 horas el organismo electoral se declaró incompetente para dar una tendencia; en el transcurso del cómputo AMLO iba a la cabeza pero al final del conteo, de modo controvertible, Calderón obtuvo la mayoría con una diferencia de 0.56%. El Tribunal Electoral (TEPJF) validó la elección y señaló que si bien hubo injerencia gubernamental, ésta no fue determinante. La percepción social que quedó para un sector de la población fue que las elecciones habían sido manipuladas.
El proceso electoral de 2006 mostró el agotamiento de la última reforma electoral que se hizo en 1996. Las reglas del juego que se crearon en 1996 cumplieron un ciclo en su diseño institucional, que se materializó en la autonomía de los organismos electorales, un proceso que se acercó bastante a una ciudadanización; las condiciones de equidad en la competencia mediante el financiamiento público y el acceso a los medios masivos de todos los partidos políticos con registro; sin embargo, todo ello fue insuficiente para garantizar nuevas condiciones de participación y de diferendo político. El año 2006 también marcó que la grieta social y política en México existe, es profunda y se ha cimentado.
3.2 Confrontación política electoral 2012
La segunda etapa del gobierno de alternancia, encabezada por el PAN 2006-2012 con Felipe Calderón, enfrentó toda clase de vicisitudes desde el inicio de la administración. Empero pudo sortear los problemas de gobierno con la colaboración del PRI, en un binomio que se venía registrando en una coalición parlamentaria y de asuntos cruciales desde 1988. En el Congreso se reprodujo la diferencia izquierda-derecha, los partidos que representaron los frentes antagónicos permanecieron con agendas encontradas. El PRI se alineó a la continuidad del proyecto económico y en la privatización de la industria eléctrica.10
La campaña presidencial y del Congreso en 2012 atrajo nuevamente una polarización de preferencias. Las emociones y simpatías de 2006 se reiteraron. La geopolítica mexicana nuevamente reprodujo el esquema izquierda-derecha. Los 12 años del gobierno emanados del PAN entraron en decadencia. El PRI fue retomando territorios y en elecciones legislativas de 2009; por otra parte, la izquierda se reforzó. Del frente “Por el Bien de Todos” de 2006, la izquierda presentó la coalición Movimiento Progresista que incluía al PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Dados los acontecimientos de la elección presidencial precedente, Andrés Manuel López Obrador se presentó como el candidato indiscutible dentro de su organización.
El PAN, no obstante la crisis política interna, terminaba un gobierno fuertemente cuestionado, seleccionó a la secretaria de Educación, Josefina Vázquez Mota, quien proyectó la “Plataforma 2012-2018. Un México con Futuro” que seguía la vía de los 12 años en el gobierno.
El PRI lanzó la Coalición Compromiso por México, integrada además por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que encabezó Enrique Peña Nieto, quien tenía un perfil innovador dentro de su partido, ex gobernador del Estado de México, originario del grupo Atlacomulco, el más poderoso de la clase política tradicional llegaba con el apoyo de las bases y gobernadores priístas. Asimismo, ante la caída del PAN pudo conjuntar apoyo de la élite económica y empresarial, como del sector externo.
La grieta mexicana, la división política entre los diferentes grupos y clase sociales, nuevamente emergió en todo su esplendor. Si bien AMLO había atenuado su radicalidad orientada a favorecer a sectores empobrecidos, “Por el bien de Todos” en su proyecto de 2006, el programa que presentó en 2012 era de reformas sociales y económicas, pero algunas de las cuales eran similares a las plataformas del PAN y el PRI.11
Enrique Peña Nieto, del PRI, arropado por todos los medios de comunicación pública y privada, aprovechó la polarización política y posicionó fuertemente su candidatura. También sacó provecho de la campaña anti populista contra López Obrador. Además utilizó medios tradicionales para allegarse votos, principalmente clientelismo y compra de voto en sectores depauperados y del medio rural.
El debate público organizado por el organismo electoral IFE evidenció la existencia de dos proyectos políticos pero el mecanismo no permitió la presentación de propuestas, sino más bien se centró en los perfiles de los liderazgos, y destacó el antagonismo de izquierda y derecha, que permaneció durante la campaña.
Los resultados electorales nuevamente fueron polémicos y fragmentados. En las preferencias de las encuestas preelectorales fue preponderante EPN y los resultados fueron consecuentes. Peña Nieto del PRI y su coalición Compromiso por México llegó al 38.2%, AMLO 31.5% para la izquierda, Josefina Vázquez Mota 25.7% del PAN que impidió que la polarización política se cerrara en dos fuerzas. Las críticas sobre déficit de legalidad y limpieza se extendieron hacia los organismos electorales. La existencia de prácticas generalizadas de compra y coacción del voto con recursos públicos vía triangulación de dinero puso en debate la legitimidad de la elección y el fracaso de la “democracia representativa” (Alianza Cívica, 2012).
4. La nueva polarización política en 2018
En lo que se denominó el “regreso del PRI a Los Pinos” en 2012, conocido símbolo de la residencia de los presidentes durante su mandato, Enrique Peña Nieto emprendió un amplio proyecto de políticas públicas. Desde el inicio de su administración incorporó a los dos partidos grandes de la oposición (PAN y PRD) en consulta de los temas de agenda nacional, inclusive a la izquierda que había cuestionado el triunfo electoral, pero cuya cúpula inmediatamente de distanció de las críticas al nuevo gobierno y pronto inició una fase de colaboración.
Esta incorporación de partidos dio lugar al “Pacto por México”, firmado en diciembre de 2012 donde los tres partidos se comprometieron a cumplir un catálogo de 90 acuerdos que involucraron un conjunto de reformas constitucionales; entre éstas, algunas que habían sido rechazadas por movilizaciones sociales en años anteriores, es decir que no contaron con apoyo popular ni parlamentario. De una manera inaudita se fueron produciendo reformas que dieron continuidad al modelo económico desde 1982: la reforma energética, la educativa -que enfrentó una cruenta oposición-, la electoral y la de telecomunicaciones, entre otras.
Dos años después, el consenso entre las cúpulas de los partidos (PRI, PAN y PRD) con el Gobierno se fue agotando debido a que los cambios no fueron los esperados, por conflictos de poder y porque los resultados gubernamentales eran de bajo rendimiento; la oposición había arriesgado su prestigio y legitimidad por beneficios que fueron poco evidentes. Varios escándalos de opacidad y corrupción se dieron en el periodo. En agosto de 2014 los firmantes dieron por concluido el pacto.
En las elecciones legislativas de 2015 ya se había producido la ruptura. Amplios sectores de la sociedad descalificaban el Gobierno. El Latino Barómetro registró a México como el último lugar en aceptación de la democracia, con 19%. A partir de los acontecimientos de Ayotzinapa, por la desaparición forzada de 43 estudiantes se ensanchaba el descontento por crisis de inseguridad y violación de derechos humanos.12
Las políticas sociales y económicas rápidamente mostraron su fracaso y estancamiento. En 2014, según Coneval el 43.5% de la población aún vivía en la pobreza, la estadística mostró una extrema división y desigualdad social, donde el 1% concentraba la riqueza, los recursos y el poder en México (Oxfam, 2015).
Formación de alianzas y recomposición de fuerzas
En la etapa preelectoral de las elecciones presidenciales de 2018 se estuvieron reconfigurado las fuerzas políticas en pos de conformar alianzas y posicionarse ante el electorado, resultado de elecciones locales en 2016 y 2017. Mientras el partido gobernante fue perdiendo bastiones, PAN y PRD, de derecha e izquierda, nuevamente intervinieron con candidatos coaligados, alcanzando fuertes triunfos en ocho entidades federativas. Sin embargo, empieza a ocurrir la emergencia de un fenómeno electoral. El partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), escisión del PRD empieza a tomar fuerza frente al Gobierno y los partidos del Pacto por México.
Las encuestas preelectorales empezaron a registrar una corriente de opinión espontánea e imprevista que rompió con todas las expectativas. El precandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, quien lideró la ruptura del nuevo movimiento de izquierda, se colocó pronto en el primer lugar de las preferencias con el 43%.13 AMLO por tercera vez se presentó a la lisa electoral. Los meses siguientes mantuvo una ventaja inusitada.
Candidaturas y coaliciones polarizadas: dos proyectos distintos
Durante 2016 y 2017, representantes de izquierda y derecha formaron alianzas para elecciones locales, obtuvieron resultados eficientes, y ganaron posiciones. El líder del PAN, Ricardo Anaya, fue artífice de estos triunfos y fue preparando el terreno para una gran coalición encabezada por él. Todo ello lo hizo borrando del mapa a sus adversarios internos, al punto de excluir del partido a sus oponentes, liquidó la tradición de “transparencia y unidad interna” que tenía el PAN. Una de ellas fue Margarita Zavala, con ascendiente interno, por ser esposa del ex presidente Felipe Calderón, quién no sólo renunció sino que se aventuró para ser candidata independiente.
El PRD no sólo enfrentó la escisión de un gran segmento dentro de sus filas, sino que fue cayendo en su votación en todas las elecciones,14 vio con interés la alianza con la derecha, a costa del poco prestigio, sólo para preservar la franquicia y las prerrogativas económicas del presupuesto.
A ellos se sumó Movimiento Ciudadano (MC), un partido que fue viviendo de las alianzas de la izquierda en 2006 y 2012. Con varios traspiés presentaron la alianza “Por México al frente” integrada por PAN, PRD y mc, encabezada por Ricardo Anaya.
El PRI, dependiente de su tradición presidencialista y sin un proceso interno, dejó que de Los Pinos, la casa del presidente Peña Nieto, surgiera la nominación del candidato presidencial, de José Antonio Meade Kuribreña,15 como “candidato ciudadano” de inclinación tecnócrata, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), quien había estado dentro del anterior gabinete de extracción panista. El PRI sumó nuevamente a sus partidos accesorios en sus alianzas: Partido Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde (PVEM), conformando la alianza “Todos por México”.
López Obrador se presentó con un discurso de ruptura en relación con las reformas estructurales y la corrupción del Gobierno federal y los locales; se adelantó con presentar su gabinete y los programas de gobierno. Fue creciendo su imagen en las encuestas de 2017 y 2018 y fue estableciendo acuerdos con el variopinto de las fuerzas políticas; así surgió el bloque “Juntos haremos historia” entre Morena, PT y Partido Encuentro Social (PES), este último de reciente creación y tendencia de derecha, que da cobijo a seguidores de iglesias cristianas.
En la precampaña y la intercampaña, en los meses de enero y marzo de 2018, nuevamente como en 2006 y 2012 los medios de comunicación contribuyeron a posicionar las candidaturas como dos grandes frentes opuestos. La modernización o el atraso, el pasado o el futuro. Incluso Ricardo Anaya y José Antonio Mead adosaron sus discursos frente a López Obrador, por la diferencia de edades, como “lo nuevo frente a lo viejo”. No funcionó, al contrario, tuvieron notables caídas de las preferencias, sobre todo en redes sociales.16
En este periodo otros elementos fueron de gran discusión en redes sociales y en los medios. El escritor Mario Vargas Llosa, en la presentación de una novela en México, aprovechó para lanzarse con “el populismo” de AMLO que si ganaba se convertiría en una “democracia demagógica”.17 También el sector externo, bancos transnacionales, calificadoras internacionales y banqueros nacionales se sumaron a la polarización de las propuestas, incluso propagando fake news y campañas de odio, similares a la de 2006.
No obstante haber tres grandes coaliciones políticas, la orientación y el sentido de las propuestas de los candidatos se enfocaron en visualizar dos proyectos, reflejados también por el público mexicano, las encuestas y redes sociales. La reunión nacional de banqueros (ABM) fue una arena de alta exposición donde estuvieron los candidatos la segunda semana de marzo de 2018. El puñado de magnates ovacionó a José Antonio Meade de la coalición del PRI, aun sin tomar la palabra, fue explícito su voto; aplaudieron a Ricardo Anaya, empero fueron demasiado críticos con AMLO, que lo visualizaron como un candidato antisistema, a pesar de que concedió en diversos puntos, sobre todo que no buscaría la reelección, sería un hombre de leyes y no afectaría sus intereses.18
Los temas fundamentales de división social y política entre los diversos sectores de la sociedad durante la campaña tuvieron cuatro ejes: las reformas estructurales, principalmente la energética,19 la educativa y laboral que representaron diferendos en el estilo de gobernar; la distribución de la riqueza y la eficacia de las políticas públicas antipobreza que han sido fallidas en los últimos 30 años; las propuestas de transparencia y anticorrupción y las de seguridad pública y derechos humanos.
En estos cuatro ejes se plasmaron las diferencias en las fuerzas políticas contendientes; López Obrador apuntó directo hacia una modificación del régimen político, particularmente de las llamadas reformas estructurales y del estilo de gobernar; José Antonio Meade20 y Ricardo Anaya21 en dos coaliciones distintas, con diferencias de matiz y grado intentarían la continuidad del régimen político. En los tres debates se corroboró la existencia de posiciones y proyectos opuestos.
Los debates entre los candidatos apenas de manera pálida reflejaron la confrontación social que adquirió la campaña electoral. Desde los medios masivos privados se soltó de modo extenso y agresivo una propaganda con tintes de odio y fuerte confrontación social que apeló no sólo a la discriminación clasista y racista que dividió a la sociedad mexicana, sino que logró posicionar política e ideológicamente al electorado. Sectores estratégicos del Estado como la jerarquía eclesiástica,22 la cúpula de las fuerzas armadas y el sector financiero, se politizaron y se involucraron con mensajes de encono contra el proyecto de AMLO.
Una serie de campañas negras fueron diseñadas para generar un ambiente caldeado y altamente polarizado. En la campaña sobre el “Populismo en América” que pretendió nuevamente asociar a López Obrador con Hugo Chávez y denostar las propuestas de la Coalición Juntos Haremos Historia, se descubrió que fue financiada por el Consejo Mexicano de Negocios, el grupo empresarial más influyente del país, que en 2006 fue el promotor de las campañas de odio y miedo.
La confrontación y la discusión pública entre dos bandos no sólo fue virtual o en redes sociales. La intensidad de este tipo de ejercicios propagandísticos devino actos de violencia política jamás alcanzados en el periodo contemporáneo, violencia física contra candidatos locales, contra funcionarios públicos y particularmente contra mujeres candidatas en lo que se caracterizó como violencia de género, y alcanzó incluso a sus familias (Etellect, 2018).
Las tendencias electorales y la campaña de polarización política nuevamente sembró amplia incertidumbre en la jornada electoral; la opinión pública mexicana se decantó por dos proyectos de nación, empero los resultados dieron un giro que ratificó las encuestas, dando un triunfo a López Obrador con el 53% de la votación en un viraje hacia el polo de izquierda social.
A manera de conclusiones
En los últimos 40 años en México con las reformas constitucionales de la transición a la consolidación política, de carácter dosificado por su lentitud, del periodo 1977 a 2018 se han venido visualizando diferencias políticas e ideológicas sobre todo en las últimas tres elecciones presidenciales del año 2000 al 2018. La confrontación política no es nueva en el país, podría decirse que se relaciona con el periodo de cambio económico de 1982, cuando se iniciaron las reformas económicas de liberalización y cambio del Estado.
Sin embargo, algunas diferencias sociopolíticas tienen antecedentes históricos más antiguos, que provienen desde que se fundó el Estado mexicano en el siglo XIX; por una parte las diferencias entre liberalismo-conservadurismo abrieron clivajes de honda permanencia, algunos de los cuales, como la relación Iglesia-Estado persisten hasta la antigüedad. Asimismo el centralismo político y las rivalidades regionales de vez en vez resurgen sobre todo en la defensa de recursos, reparto de riquezas y pugna por los presupuestos públicos.
El nuevo Estado mexicano del siglo XX, surgido de la Revolución Mexicana, atenuó en parte algunos de estos clivajes pero no los resolvió ni tampoco desaparecieron. La preeminencia de un sistema político, de partido hegemónico, hasta los años ochenta encubrió las conflictividades sociales. Con el inicio de las reformas políticas algunos de estos diferendos empezaron a emerger y mientras creció la competencia política, los temas de diferendo social fueron floreciendo.
La situación inédita fue la primera alternancia partidaria en el año 2000, el público mexicano demandó un cambio político y se dibujó un panorama de izquierda y derecha en el espectro político. Sin embargo, la naciente redemocratización fracasó en atender los grandes problemas sociales. Las políticas públicas y las decisiones no fueron construyendo transformaciones. El crecimiento sólo se inclinó hacía un sector de la sociedad, desprotegiendo a grandes sectores que permanecieron en la pobreza (54%), esto dio el sustrato de condiciones sociales extremas, de polos de riqueza y pobreza, en el mapa y entre la población.
La campaña electoral de 2006, con la conformación de fuerzas izquierda frente a la derecha, produjo un fuerte alineamiento de electores y preferencias. Los programas de las coaliciones políticas, mediante propaganda virulenta de por medio, propiciaron la polarización de dos proyectos de nación. Pero sobre todo revelaron la existencia de una gran grieta política mexicana. Una honda separación entre partidarios de proyectos antagónicos en lo histórico, en lo social y en lo político. Una fractura política que traspasa la vida cultural y se coloca en los medios de comunicación, los centros de pensamiento y el análisis político.
Esa fractura se ha venido observando en diferentes medios, hoy con las nuevas tic y redes sociales, la división social en la campaña electoral de 2018 constituyó una etapa más de la polarización social y política en México, movilizada por intensa campaña de miedo y odio, y se expresó en nuevos alineamientos multiclasistas y ambiguamente ideológicos, en relación con los temas fundamentales de dirección del país, dos fuerzas políticas opuestas que se disputaron las ideas de progreso y civilización. En esencia, en este largo periodo se consolidaron dos bloques sociales, con sustrato de clivajes históricos, que quedan asentados en la realidad mexicana con dos visiones del mundo, y que de aquí en adelante, no se precisa aún la modalidad, se disputarán los derroteros del régimen político.
