Introducción

La subcuenca del Río La Sabana-Laguna de Tres Palos se extiende a lo largo de 60 poblaciones localizadas entre la comunidad de La Providencia y la zona metropolitana de la ciudad de Acapulco, Guerrero, en la cuenca hidrológica número 19 de la Costa Sur del estado de Guerrero (^{Gonzalez et al., 2012: 14}). El Río La Sabana tiene una longitud de 57 km de caudal hasta la llegada a la Laguna de Tres Palos, que al mismo tiempo posee una longitud máxima de 16 km y una anchura mayor de 6 km (Sánchez Infante y Rosas, 2017: 195). De acuerdo con algunos diagnósticos de la calidad del agua en la zona, el aumento de la población en las colonias que se encuentran asentadas cerca de la subcuenca en los últimos 20 años ha generado no sólo una mala calidad del recurso hídrico, sino también otros problemas de carácter social (asentamientos irregulares que descargan aguas residuales de uso doméstico en el Río La Sabana, manejo irregular de residuos sólidos urbanos), ambiental (degradación del suelo, pérdida masiva de cubierta vegetal, erosión), y económico (pérdida de recursos pesqueros y daños considerables en la zona turística de la Laguna de Tres Palos) (^{González et al., 2012: 24}; ^{Saldaña y Pérez, 2015: 2}; ^{Sánchez Infante, 2018: 18}).

Existe una gran peculiaridad social y ambiental en la región de la subcuenca, que tiene que ver al mismo tiempo con el auge y caída de la industria turística en Acapulco de Juárez, y el relativo estado de abandono estatal que se ha mantenido en las comunidades rurales del municipio. El aumento de las actividades turísticas en la ciudad y la transformación urbana de las zonas conocidas como Acapulco Dorado¹ y Acapulco Diamante,² ha supuesto transformaciones notorias en esta región. Primeramente, la construcción de espacios habitacionales en los cuales el gobierno estatal de Rubén Figueroa en los años setenta del siglo pasado, buscaba refugiar a los habitantes de las colonias que se encuentran al norte de la ciudad, al pie de la zona montañosa, en la que se encontraban muchos migrantes de distintas regiones del estado de Guerrero, especialmente de la costa chica (^{Illades, 2010}). Estas nuevas colonias, conocidas como Ciudad Renacimiento y El Coloso, fueron levantadas en las orillas del Río La Sabana, y desde su inauguración ha sido un área de alto riesgo por el nivel de criminalidad y violencia registrado en la zona, y también por el aporte a la contaminación del Río La Sabana a partir de descargas de aguas residuales domésticas.

Aunadas a estas problemáticas, también se encuentran otras contradicciones de índole histórica y social que han encontrado un punto de inflexión hacia los últimos 10 años, que han supuesto un aumento de la violencia y la inseguridad en dicha zona. De acuerdo con algunos otros estudios (Triana, 2016; ^{Jiménez Badillo, 2017}; ^{Donoso, 2017}), en colonias cercanas a la zona baja de la subcuenca del Río La Sabana como Emiliano Zapata, Ciudad Renacimiento y El Coloso se han presentado eventos de violencia criminal (homicidios dolosos, robo a casas-habitación, homicidios por causa de actividades criminales organizadas, etc.) que limitan severamente el nivel de capital social en estas zonas de la metrópoli, al mismo tiempo que ha generado una notoria desconfianza hacia las autoridades estatales de los tres niveles de gobierno. El municipio de Acapulco de Juárez ha sido evaluado en diversas ocasiones como uno de los más violentos del país, como en 2015, que de acuerdo con las mediciones del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, Acapulco tuvo el mayor índice de violencia entre las poblaciones con más de 100 mil habitantes del país³ (72.7 puntos, en comparación con el promedio del país, que era de 18.27 puntos) (^{Triana, 2017: 2}). En dicha zona incluso se encuentran dos de los cuatro polígonos geográficos prioritarios⁴ que el Gobierno federal, durante el sexenio 2012-2018, definió para Acapulco en el marco del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia: las colonias Ciudad Renacimiento y Zapata (^{Triana, 2017: 2}).

En las zonas de la subcuenca alta y media, que corresponden a la zona rural de Acapulco, el problema se ha manifestado no solamente en eventos de violencia y en niveles altos de marginación, sino también en la falta de distribución de recursos ambientales, operación ilegal de tiraderos a cielo abierto, ausencia de servicios básicos de distribución y tratamiento de agua, aumento de enfermedades gastrointestinales y respiratorias,⁵ y la operación de mecanismos comunitarios de gestión de recursos ambientales, como el agua (^{Rodríguez et al., 2013}; Toribio y López, 2015). ¿Cómo analizar esta yuxtaposición de factores de riesgo ambiental y social? ¿Qué elementos teóricos nos permitirían pensar en alternativas de incidencia para hacer frente a dichos problemas en la subcuenca?

Al percatarnos de una posible correlación entre el aumento del impacto negativo de megaproyectos de planeación urbana orientados al mantenimiento de desigualdades sociales (expresado en el aumento de la violencia criminal y la fragmentación comunitaria en zonas espacialmente excluidas) y una baja calidad en la gestión de recursos ambientales dentro de la subcuenca (visible en los índices de contaminación del recurso hídrico, el nulo manejo sustentable de los residuos sólidos urbanos y la evidente impunidad en materia de delitos contra el ambiente), me propongo discutir los alcances conceptuales de teorías muy recurridas para el análisis de problemas socioambientales en la zona a estudiar. Diversos autores (^{González et al., 2012}; ^{Bedolla et al., 2017}; ^{Rosas y Cortés, 2018}; ^{Sánchez Infante, 2018}) han recurrido a apuestas teóricas que han partido tanto de lo que llamaremos sustentabilismo,⁶ así como también a teorías de los sistemas complejos para comprender la relación entre el ámbito de las prácticas sociales y sus efectos ecosistémicos.

Se propone que los alcances de dichas teorías son limitados en la medida que han sido creados para generar escenarios deseables, más que para entender las relaciones dadas entre la vida social y su correlato ambiental. Se ha argumentado en estos estudios la necesidad de buscar puntos intermedios entre los procesos de entrada/salida (input/output) del sistema sociedad y el sistema ambiente. El resultado de ello ha sido una serie de evaluaciones y propuestas de incidencia que, si bien han logrado mostrar una vinculación entre problemas sociales (como la disminución de la calidad de vida y el bajo compromiso ambiental) y la degradación ambiental (contaminación de ecosistemas ribereños, disminución de la biodiversidad, cambios de uso de suelo, eutrofización), no problematizan las condiciones históricas del vínculo sociedad-ambiente, ni la generación de diferentes subjetividades en la zona. En suma: el enfoque sustentabilista apuesta, en su aplicación empírica, a la búsqueda de dos elementos importantes: 1) el equilibrio teórico entre variables, y 2) la generación de procesos de incidencia socioambiental orientado a la fórmula expresada por Wences: conocimiento del problema + concientización de la ciudadanía = mayor participación ambientalista (^{Wences, 2005}).

Los análisis sociales que parten de la llamada “analítica de la gubernamentalidad” de teóricos como ^{Foucault (1991}, ¹⁹⁹⁴, ^2007a, ^2007b, ²⁰¹⁸) y ^{Mbembé (2006)} han mostrado una preocupación muy grande por entender la complejidad de los vínculos en el ejercicio del poder, evitando el esencialismo a partir del conocimiento de realidades situadas y relacionales. Mediante una discusión teórica y una revisión crítica de diversos estudios empíricos, mostraré los ejes desde los cuales esta perspectiva teórica puede proveer respuestas alternativas a la búsqueda de la comprensión del vínculo social en el manejo de recursos naturales, especialmente en contextos donde se presentan distintos tipos de violencia (política, criminal, etcétera).

Una discusión teórica: lo socioambiental, la seguridad y la justicia

Los enfoques sistémicos, que correlacionan estructuralmente el sistema social con el medio ambiente, parten del supuesto de que hay un elevado nivel de interdependencia en un mismo tiempo-espacio entre la sociedad y el medio ambiente, de tal suerte que los inputs generados desde un sistema afectan como outputs al otro, manifestando un notorio nivel de cohesión interna (^{Bertalanffy, 1986}; ^{García, 2006}). Si bien han permitido establecer las bases teóricas y metodológicas del análisis de los acoplamientos estructurales entre el sistema social y el sistema natural, parten de dos aspectos necesarios para pensar un enfoque situado y relacional de la relación sociedad-ambiente: 1) la necesidad de un constructo teórico compartido por toda una serie de investigadores de lo socioambiental (^{García, 2006}), y 2) del olvido del sujeto situado, el cual solamente puede analizarse desde esta perspectiva como parte integrante de los sistemas mutuamente acoplados, como un sistema psíquico, e incluso como un tipo de input o output del sistema (^{Luhmann, 1996}).

La investigación con enfoque de sistemas complejos busca por lo menos dos aspectos importantes: el diagnóstico del problema para comprender su complejidad, y el plan de acción para incidir en la reducción de complejidades (^{Becerra, 2020: 6}). Sin embargo, como lo ha planteado Luhmann, la complejidad del sistema social es diferente a la de los sistemas que generan por sí mismos su indeterminación (como la naturaleza misma), por lo que sería mucho más difícil de lo que los teóricos de los sistemas complejos piensan la incidencia para la reducción de la complejidad en un acoplamiento estructural sociedad/naturaleza (^{Luhmann, 2006: 102}).

Es relevante la crítica luhmanniana a los enfoques que, como en el caso de los sistemas complejos, dan sustento a elementos fundamentales de teorías como las del sustentabilismo. El sociólogo alemán sostiene que las reflexiones en torno a la solución de los problemas ecológicos desde la sociedad han fallado al apuntar sus objetivos hacia aspectos que no son necesariamente sociales: la conciencia individual y los hábitos como origen de la crisis ecológica, el incentivo de una moralidad ecológica como forma de salida ante dicho panorama crítico, la afirmación de que una mayor complejidad y coexistencia entre el sistema ambiente y el sistema social puede generar una mayor adaptabilidad al riesgo ecológico y, por ende, es posible generar inputs y outputs generadores de una interrelación armónica entre sociedad y naturaleza (^{Luhmann, 2020}). En este sentido, Luhmann advierte una cuestión importante: tanto para aspectos de crisis en el sistema social como en los sistemas ecológicos, no se necesita ser asocial para arruinar la sociedad (romper la comunicación a partir de la inconsciencia, la violencia, la muerte, etc.); sino que las propias comunicaciones que conducen a lo social (la integración, la educación, la modernización de las instituciones) también pueden desencadenar por sí mismas escenarios de crisis (^{Luhmann, 2012}).

En un sentido más foucaultiano: el enfoque de los sistemas complejos busca metaforizar la relación sociedad/ naturaleza de forma que trata a la sociedad como un ser vivo al que hay que mantener así mediante la reducción de la complejidad, expresada ésta en la armonización de los inputs y outputs de cada sistema para lograr una interrelación circular entre sociedad y su entorno natural. De esta manera, lo que sostienen los enfoques de sistemas complejos es la búsqueda de la defensa de la vida por sobre la muerte, más allá de los condicionamientos situados y la expresión de subjetividades. En suma: es un enfoque orientado a la biopolítica foucaultiana.

Las diferentes nociones de sustentabilismo, que también parten de la correlación entre distintos ámbitos sociales, económicos y ambientales, afirman que es necesario generar equilibrios razonables entre el uso de los recursos ambientales y su conservación para generaciones futuras. Al echar un vistazo a documentos tan importantes de políticas hacia la sustentabilidad como el Informe Brundtland o los Objetivos del Desarrollo Sostenible, no sólo nos podemos percatar de la necesidad que existe para los tomadores de decisiones internacionales de asignar la misma carga de responsabilidad tanto a los gobernantes como a los gobernados, sino también de encontrar soluciones homogéneas para realidades cambiantes en el espacio y el tiempo. Es como si halláramos en las propuestas sustentabilistas un origen común: los planteamientos sobre la tragedia de los commons de ^{Hardin (2005)} que nos invitan a incidir, desde el Estado o el mercado, en el control poblacional humano para evitar que se nos acaben los recursos naturales con el paso del tiempo.

Es necesario partir de otro aspecto importante para entender el aporte teórico-metodológico de la sustentabilidad en los estudios sociales del medio ambiente. Primero: no existe un solo enfoque sustentabilista. Se identifican al menos dos tendencias muy marcadas de dicha propuesta: una que pudiera ser llamada sustentabilidad profunda, la cual propone un nuevo vínculo con la naturaleza mucho más integral, orgánico, que cuestiona las relaciones históricas y concretas entre el ser humano y la naturaleza, y sus bases epistemológicas y ontológicas, a pesar de seguir recurriendo a la metáfora sustentabilista de mantener la naturaleza intergeneracionalmente (^{Leff, 2000}, ²⁰⁰⁵); y la otra más cercana al modelo explicativo de Hardin que, aunque asume la correlación entre la acción social, la económica y los efectos en la naturaleza de dichas acciones, no problematiza la influencia del capitalismo y la lógica de la extracción de recursos naturales, dándole incluso a esta relación otros nombres más cercanos a un pensamiento economicista como la prestación de servicios ambientales o una ecología para el desarrollo (^{Gómez Contreras, 2014}; ^{Cortés Mura et al., 2015}).

En segundo término, existe una crítica muy desarrollada en las ciencias sociales sobre los efectos prácticos de las políticas ambientales con orientación al sustentabilismo. Existen discusiones dadas tanto en la ciencia social de occidente como en países emergentes que dan cuenta de cuestiones como la sostenibilidad del desarrollo capitalista, más que la sostenibilidad de la naturaleza (^{Esteva, 1997}: 28), la lógica de la sustentabilidad como una ética protestante, biopolítica, que otorga algún contenido ideológico a la práctica del capitalismo extractivo (^{Eder, 1996}; ^{Enrici, 2012}), la homogenización de la experiencia global y la justificación del despojo a partir de evaluaciones hechas con un enfoque aparentemente integral a procesos productivos desarrollistas (^{Murillo Licea, 2004}). En suma: conjuga elementos contradictorios en la medida que no puede haber desarrollo -en tanto que el paso de condiciones económicamente precarias a una distribución homogénea de las ganancias- y sustentabilidad al mismo tiempo (^{Martínez Alier, 2011}).

Derivado de lo anterior, otra preocupación de corte epistemológico es la que supone la interrelación entre lo social y lo ambiental, y el papel de la subjetividad social en el proceso de incidencia. Retomando las críticas elaboradas por autores como ^{Zemelman (2011)} y ^{Osorio (2010}, ²⁰¹²), los enfoques que, aunque discursivamente supongan un análisis integrador, pero en la práctica separen elementos sociales, económicos y políticos, eliminan la posibilidad de un potencial de acción política transformadora (^{Zemelman, 2011: 53}), teniendo como consecuencia un hiato entre los elementos económicos y políticos (^{Osorio, 2010: 64}; ^{2012: 15}). La apuesta que es sostenida en este documento gira en torno a reconstruir la relación entre sociedad y medio ambiente como una totalidad que resalta la “universalidad diferenciada”, donde “lo universal se efectiviza como diferencia y da paso a la ‘novedad efectiva de lo distinto’” (^{Osorio, 2012: 17}). Es decir, es necesaria una apuesta que enfoque hacia la generación de relaciones entre sujetos sociales situados históricamente, en un territorio, con condiciones sociales y naturales generadas de manera diferenciada a otros casos, pero que son relevantes para entender el carácter fragmentario y complejo de la crisis socioambiental.

Por ello se propone que lo socioambiental debe entenderse como una relación situada sociohistóricamente entre sujetos y su entorno natural, en la cual dichos sujetos -actores gubernamentales, económicos, actores de la sociedad civil y los habitantes del entorno- simbolizan de manera legal, técnica, espacial y procedimental el problema mismo de la escasez de recursos naturales, lo cual se ve inscrito en un escenario de desigualdad, marginación, violencia y autoritarismo estatal producto de la crisis del modelo neoextractivista⁷ que se ha mantenido de manera sostenida a nivel histórico en ciudades de carácter turístico como Acapulco.⁸ Con ello, si bien se parte de los postulados ya generados por los enfoques sistémicos y de la sustentabilidad, se enmarca un posicionamiento de lo socioambiental como producto de contradicciones económicas y políticas con efectos concretos en el medio ambiente y en la vida social de comunidades y ciudades concretas.

El problema que nos hemos planteado en el presente proyecto, visto desde la perspectiva de la seguridad ambiental como problema de seguridad nacional, ha sido el locus de la discusión teórica más recurrido por los estudiosos del tema. La seguridad nacional supone el resguardo de los intereses de un Estado-nación frente a amenazas exteriores al mismo. En ese sentido, la seguridad nacional supone la defensa de la soberanía de un país frente a actores o naciones externos (Galindo, 2009: 221). La disputa armada de un país frente a otro por causa de la obtención de recursos (las llamadas guerras verdes) (^{Grasa, 1994}; ^{Kuramoto, 2001}; ^{Lavaux, 2004}; ^{Veyrunes, 2008}; ^{Walter, 2009}), o el uso del aparato militar y de inteligencia para el resguardo de recursos naturales limitados, han sido una forma desde la cual se ha abordado el tema de la seguridad ambiental desde esta perspectiva.

El enfoque de seguridad que buscamos explorar a partir del presente documento no puede dejar de lado una discusión con las causas económicas y políticas de la devastación ecológica, así como tampoco una noción que vaya más allá del control y se piensen alternativas para la incidencia y la acción participativa. De acuerdo con autores como ^{Grey y Sadoff (2007)}, se puede hablar de seguridad hídrica como “la disponibilidad de agua en aceptable cantidad y calidad para la salud, las actividades humanas, los ecosistemas y la producción, junto con un nivel aceptable de riesgos hídricos para las personas, el ambiente y la economía”. Este enfoque, orientado a percibir la seguridad como la capacidad institucional de proveer recursos naturales en cantidad, calidad y condiciones de sostenibilidad “aceptables”, es materia de discusión de otros autores que también han orientado sus investigaciones hacia el vínculo entre distribución de recursos naturales, la economía política y las disputas políticas (en este caso, el agua, pero puede aplicarse a otros como el suelo, el aire, las reservas ecológicas, etcétera). Boelens, Cremers y Zwarteveen, quienes defienden el enfoque de justicia hídrica,⁹ relacionan los crecientes conflictos por la distribución de recursos naturales con la implementación de leyes y políticas neoxtractivistas, haciendo una fuerte crítica a los enfoques naturalistas y fisicalistas que visualizan la desigualdad en el acceso a los recursos naturales sin fomentar la subjetivación de los actores comunitarios (^{Boelens, Cremers y Zwarteveen, 2011: 17}).

Este enfoque está íntimamente vinculado a la noción de riesgo socioambiental, en tanto que coaliga la toma de decisiones políticas, la gestión de vulnerabilidades socioambientales y un cálculo de costos y beneficios hecho por los grupos en el poder económico y político; en suma, la gestión de riesgos como una forma de planificación política (^{Beck, 1998}). El riesgo como objeto de estudio socioambiental puede entenderse como el proceso político desde el cual se busca un equilibrio entre la acumulación de riqueza y la acumulación de riesgos, es decir, entre la posibilidad de mantener un orden económico centrado en la acumulación de capital, y la reflexividad que supone prever los impactos sociales y ambientales de dicha acumulación (^{Beck, 1998: 19}). No todas las sociedades han logrado pasar de la mera producción de riqueza a calcular riesgos, y en ese proceso existen diversas condiciones en juego: el reparto de riesgos, que tiene que ver con los actores que resienten más las consecuencias de la adopción de decisiones para la producción de riquezas; la medición técnica de riesgos, con la que se da la magnitud del problema generado y a partir de la cual pueden establecerse medidas de acción; y las políticas de riesgo.

Un enfoque orientado a visualizar la seguridad ambiental como seguridad comunitaria tiende a considerar el problema de la relación con el ambiente desde el punto de vista de la fragmentación de los vínculos de confianza, identidad y cooperación entre los actores que habitan un espacio específico (^{García Linera, 1997}; ^{Svampa, 2018}). En este sentido, se ha planteado una serie de argumentos críticos al paradigma de la seguridad ciudadana, en la medida que éste ha centrado su implementación en la generación de certeza institucional de control ciudadano sin atender el problema de la fragmentación cotidiana de las relaciones sociales en el espacio local (^{Svampa, 2018}). De esta manera, generar seguridad no sólo implica ponerle límites a un Estado tendente a la colusión con actores delincuenciales, sino también generar confianza entre los ciudadanos, en un contexto de fragmentación social como el que vive la ciudad de Acapulco.

Seguridad socioambiental: aristas de análisis

Plantear el problema de la correlación entre violencia, ilegalidad, pérdida de sentido comunitario y aspectos de riesgo ambiental como contaminación de aguas, impacto en la salud, cambios de uso de suelo y manejo inadecuado de residuos sólidos urbanos (RSU), requiere un marco teórico que permita, al mismo tiempo, dar un peso importante a la influencia del modelo económico de acumulación que ha permitido las condiciones registradas en Acapulco, y también en el ejercicio del poder para el control de los habitantes en una región determinada. Del mismo modo, al discutir anteriormente las formas en que ha sido utilizado el concepto de seguridad y su aplicación a la gestión de recursos ambientales, considero que una analítica de la seguridad socioambiental en cuanto gubernamentalidad será pertinente para englobar las preocupaciones teóricas y metodológicas que sugiere un proyecto como el que se plantea en el presente texto.

En la analítica de la gubernamentalidad de Michel Foucault, el concepto de seguridad tiene un significado particular que abarca las consideraciones del concepto anteriormente dichas. La seguridad supone un dispositivo¹⁰ que consiste en proveer de estrategias de control tecnificadas para otorgar a los actores gobernados la confianza de que las probabilidades de que un suceso que los ponga en vulnerabilidad sea mínimo (^{Foucault, 2006: 21} ); por lo que hay una relación intrínseca entre lo que Foucault llama seguridad, y los conceptos de riesgo o cálculo de riesgos (^{Castro-Gómez, 2012: 59}).

Un enfoque de análisis desde la perspectiva de la gubernamentalidad permitiría una mayor problematización de los contextos locales para la gestión de los riesgos sociales y ambientales. Retomando la discusión sobre la sociedad del riesgo, que han desarrollado diversos autores de la teoría social (^{Beck, 1998}; ^{Luhmann, 1992}; ^{Giddens, 1998}; Latour, 2017), si bien la forma en que ha sido construida la noción de riesgo en las políticas actuales nos lleva a la imperiosa necesidad de construir agendas globales-planetarias desde las cuales se pueda generar una reflexión profunda de las consecuencias no previstas del proyecto de modernidad, en los contextos locales.

Al situar el problema de la seguridad como parte de la analítica de la gubernamentalidad, se asume que el fenómeno tiene una relación intrínseca con el tema del gobierno, entendido como un arte basado en el control de poblaciones en contextos de escasez (^{Foucault, 2006: 48}). La gubernamentalidad surge como un constructo moderno del ejercicio de gobernar, cuando, después de circunstancias históricas como la Revolución Francesa y otros momentos históricos, la orientación de los Estados-nación cambió hacia un horizonte en que el gobernante debía garantizar la vida y no el ejercicio del poder mediante la condena a muerte. De esta manera, la gubernamentalidad se puede definir como

[…] el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene como blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad (^{Foucault, 2018:} ).

Si situamos esta problemática dentro de la discusión del concepto del riesgo socioambiental, el cual podemos definir en función de la gestión de la incertidumbre generada a nivel político por la interrelación mutua entre la acción antropogénica y el impacto ambiental en un fenómeno determinado (^{Alfie Cohen, 2007: 216 y 217}), podemos concluir que la seguridad socioambiental consiste en el conjunto de dispositivos generados desde la gubernamentalidad para gestionar la escasez de recursos naturales en contextos de violencia y criminalidad, suponiendo así dos vías posibles de gestión: una que está orientada a garantizar al mismo tiempo la sobrevivencia y la gestión sustentable de recursos naturales -una biopolítica socioambiental-,¹¹ y otra que supondría no sólo el manejo extensivo y no circular de recursos naturales, sino el abandono y la eliminación manifiesta de poblaciones -una necropolítica socioambiental-.¹² De por medio, como mecanismos de poder y sobrevivencia, podemos encontrar formas diversas del ejercicio de la ilegalidad, habiendo actores gubernamentales o gobernados que puedan situarse dentro de los márgenes del Estado¹³ para generar acuerdos, zanjar conflictos, o garantizarse recursos de subsistencia.

La seguridad socioambiental puede ser abordada a través de elementos de corte cualitativo o cuantitativo, aunque ha sido utilizada para indagar problemáticas sociales que han sido registradas desde el punto de vista de los actores involucrados en estas dinámicas de vínculos sociedad-naturaleza, en las que el Estado ejerce un papel muy importante. Se destacan en dichos estudios los siguientes elementos analíticos:

- La construcción histórica del vínculo entre gobierno y población. El enfoque de la seguridad socioambiental reconoce el carácter situado e históricamente determinado de los procesos de gestión y manejo de los recursos naturales, por lo que retoma las preocupaciones de diversos autores como ^{Joseph (2002)}, y ^{Corrigan (2002)}, que consideran que los vínculos entre actores gubernamentales y ciudadanos se construyen en procesos de larga duración. En el estado de Guerrero el proceso de formación de las relaciones entre gobernantes y gobernados no puede entenderse por fuera de las constantes tensiones, ciclos de violencia y autoritarismo subnacional que han definido su historia política (^{Illades, 2010}; ^{Bartra, 2015}; ^{Illades y Santiago, 2019}), y éstas inciden no sólo en la correlación actual de fuerzas políticas a nivel municipal y estatal en todo el estado, sino en el funcionamiento de sus instituciones, en la operación de sus mecanismos de co-gestión, e incluso en las formas más cotidianas de cooperación y conflicto comunitario.

En un estudio realizado por ^{Rico y otros (2021)} se ha podido encontrar, mediante un rastreo histórico de vínculos entre actores humanos y no humanos, que los procesos de gestión de recursos hídricos en la subcuenca en los que han intervenido autoridades estatales y nacionales, los procesos de conflicto social expresado en diversos ciclos de violencia (política y criminal), y la percepción subjetiva de la calidad de los recursos naturales en el ecosistema ribereño del Río La Sabana, han tenido una relación importante. En este sentido, el paso de un enfoque de gestión hídrica estatal con orientación a la irrigación de grandes extensiones, a un enfoque descentralizador de la gestión del agua, se ha manifestado de manera correlativa con el paso de un ciclo de violencia enmarcado por la persecución política dentro de la llamada guerra sucia a una alta conflictividad social generada por los enfrentamientos entre grupos de crimen organizado, y a una creciente degradación ecosistémica del río. Bajo la perspectiva de la seguridad socioambiental, es posible abrir vías de interpretación que permitan entender el vínculo histórico entre el ascenso y crisis del proyecto neoliberal en las relaciones económico-políticas, y su correlato con las transformaciones de los vínculos sociales y ambientales.

Esta perspectiva permite analizar el problema del bajo compromiso ciudadano frente a la agenda sustentable no como una aludida falta de concientización (^{Wences, 2005}; ^{Bedolla et al., 2017}), sino como un problema interpretable desde un contexto histórico cambiante de relaciones políticas y sociales, que finalmente tiene efecto en la dinámica de las relaciones entre sociedad y ambiente.

- El marco institucional para el manejo de recursos naturales y la emergencia de legalidades paralelas. Más allá de la elaboración de estudios técnicos que den cuenta del grado de cumplimiento o incumplimiento de normas ambientales o de reglas de operación de programas para el manejo de recursos naturales, el enfoque de seguridad socioambiental busca entender el vínculo entre actores gubernamentales, actores locales y ciudadanos organizados con la legalidad estatal a partir de lo que Santos define como pluralismo jurídico, es decir, la articulación de distintos órdenes jurídicos para la resolución de conflictos, no sólo a través de la legalidad estatal, a partir de diversos componentes (retórica, burocracia, violencia) y espacios estructurales de implementación (espacios doméstico, productivo, mercantil, ciudadanía, comunitario y global) (^{Santos, 2018}). En ese sentido, el manejo de los recursos naturales en territorios como la subcuenca Río La Sabana-Laguna de Tres Palos no se limita únicamente a la intervención estatal para el incentivo y la sanción de acciones de los habitantes, sino que actores extralegales han podido disponer del uso o manejo de recursos como agua y suelo, e imponer dinámicas de extracción y consumo que coexisten con la legalidad estatal, particularmente la presencia de actores que ofertan el servicio de llenado de tinacos a domicilio mediante camionetas equipadas con depósitos y mangueras utilizadas ex profeso (^{Galán, 2020}). Esto se da en el contexto de una distribución inequitativa de las capacidades institucionales de los propios gobiernos locales para satisfacer las necesidades de la población en zonas rurales de Acapulco, en relación con una mucho más atendida zona urbana turística que cuenta con mayor acceso a recursos hídricos (^{Galán, 2020}).

- Las tensiones internas entre actores gobernados y actores gubernamentales. Desde la perspectiva de la seguridad socioambiental, no existe un campo unificado y cohesionado de actores ni al interior, ni al exterior del gobierno. La dinámica de la gubernamentalidad supone, como dice Foucault, fisuras internas en la práctica de gobernar (^{Foucault, 2007: 27}), así como también dentro de la dinámica de los actores gobernados en su búsqueda por negociar e incidir sobre las decisiones de gobierno. Por lo que pueden existir no sólo tensiones entre operadores de los gobiernos locales para el manejo de los recursos de la cuenca, sino entre los propios ciudadanos y actores locales. Se parte del hecho de un campo de acción estratégica en constante fragmentación, orientado por las trayectorias de los actores, su posición en la lucha por el poder político, y sus propios proyectos personales (Fligstein y McAdam, 2012), y se expresa, por ejemplo, en la confrontación evidente entre actores civiles con agenda de defensa del medio ambiente más cercanos a los grupos políticos y empresariales que han mantenido el poder político en Acapulco, y los que han emergido a partir de luchas por la defensa del territorio en contextos rurales (^{Galán et al., 2021a}).

Ha sido creciente la búsqueda, por parte de distintos autores, de generar mejoras a los mecanismos de gobernanza hídrica, considerando que una de las vías de acción más adecuadas para la garantía de seguridad hídrica, es la mejora institucional en los procesos internos de toma de decisión para garantizar un mejor proceso de co-gestión (^{Pacheco-Vega y Vega, 2008}; Caldera y Tagle, 2017). El enfoque de seguridad socioambiental propone entender la puesta en marcha de dichos procesos de interfaz entre actores gubernamentales y ciudadanos en un marco de relaciones sociopolíticas delineadas por inercias históricas como la violencia política, el clientelismo, el corporativismo y el patrimonialismo que caracteriza las relaciones políticas subnacionales en México (Gibson, 2006).

- El uso de mecanismos de gobernanza hídrica como gubernamentalizadores de conflictos locales. Investigaciones previas en la zona de estudio han encontrado, a partir de la experiencia de participación de actores civiles, gubernamentales y locales, que los mecanismos de participación ciudadana en la co-gestión de recursos hídricos existentes en la subcuenca (Consejos de Cuenca, Consejos de Administración de Órganos Operadores Autónomos, y Comités Comunitarios de Agua) han sido utilizados más para la reducción de conflictos políticos que para una efectiva gestión de la calidad del agua y su justa distribución entre los habitantes de la zona (^{Galán et al., 2021b}). Del mismo modo, no todos los actores locales de la subcuenca tienen el mismo acceso al uso de estos mecanismos de gobernanza hídrica que otros: se presenta, por un lado, una tendencia hacia la medición y racionalización de las capacidades estatales para la distribución justa de recursos hídricos en la región (un giro biopolítico de la gobernanza hídrica), al mismo tiempo que ha habido actores y espacios que no han otorgado participación ni agenciamiento para aprovechar recursos hídricos, motivando la emergencia de una red de distribución extralegal de aguas (giro necropolítico de la gobernanza hídrica) (^{Galán et al., 2021b}).

El enfoque de seguridad socioambiental no pretende otorgar un valor intrínseco positivo a la implementación de modelos de gobernanza de recursos naturales, únicamente por su tendencia al llenado de vacíos de Estado que pueden ser ocupados por la sociedad civil (Aguilar Villanueva, 2016), sino que problematiza la implementación de modelos de co-gestión del poder político dada su capacidad de generar un control del descontento entre las poblaciones gobernadas: su capacidad de gubernamentalización (^{Foucault, 2007}). En este sentido, los mecanismos de gobernanza no escapan de problemáticas sociopolíticas con una raigambre histórica notable como la concesión de puestos de poder político por motivos clientelares o corporativos.

- Emergencia de subjetividades socioambientales. Ante las condiciones de exclusión, escasez y la constante ausencia estatal en territorios específicos de la subcuenca, se ha mostrado la emergencia de sujetos socioambientales que operan por fuera de los límites de la legalidad estatal para la gestión de recursos hídricos en la zona rural de la subcuenca Río La Sabana-Laguna de Tres Palos (^{Galán, 2021}). A partir del análisis de experiencias de habitantes de la zona cercana a estos cuerpos de agua, estudios han encontrado dos formas de actuar sobre el territorio ante la ausencia de protección gubernamental frente a la escasez de seguridad social y ambiental: una biopolítica socioambiental (homo economicus) basada en una incidencia tecnificada sobre el problema, aunque carente de crítica hacia el modelo económico; y una necropolítica socioambiental (endriago) que responde al abandono estatal generando acciones para la sobrevivencia, aunque puedan darse por fuera de la legalidad y contra las vidas de otros. En suma: dicha investigación muestra los impactos de la ausencia del Estado como garante de derechos socioambientales en la región, en tanto que ha emergido una dinámica de gobierno privado indirecto relacionada con la distribución de agua para uso doméstico por parte de actores ligados a grupos caciquiles en la zona, y a grupos ligados a la autodefensión comunitaria.

Otros estudios efectuados en la zona desde una perspectiva de percepciones socioambientales, buscan entender el vínculo entre los saberes incorporados y las prácticas participativas a partir de la noción de concientización o educación ambiental, con la que se evalúan las actitudes y los conocimientos de los actores sociales respecto a su entorno ambiental, y la forma en que diversos cursos o talleres pueden aportar aprendizajes significativos (^{Sampedro et al., 2012}; ^{Bedolla et al., 2017}; ^{De la Llata et al., 2018}). La perspectiva de seguridad socioambiental permite entender el carácter contextual y situado de las percepciones, su complejidad en el marco de condiciones de desigualdad y violencia, y su relación en el marco de las relaciones de dominación y poder.

- La constitución de campos de acción estratégica para la defensa del medio ambiente. Estudios realizados a partir de entrevistas en profundidad a actores civiles organizados con la intención de incidir en la defensa de la conservación de recursos naturales y territorios, nos hablan de la incidencia percibida por los actores entre las condiciones de autoritarismo subnacional prevalecientes por años en la región del municipio de Acapulco y la fragmentación de los vínculos entre activistas por la defensa del medio ambiente (^{Galán et al., 2021a}). A pesar del surgimiento de iniciativas ambientalistas como las de defensa de la Isla de la Roqueta, participación civil en ejercicios de planeación urbana con enfoque de sustentabilidad, y surgimiento de luchas por el territorio como la movilización del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la construcción de la Presa La Parota (CECOP), la relativa falta de autonomía financiera y política, las trayectorias, la formación y la naturaleza del vínculo entre activistas y el régimen, han incidido para evitar una agenda ambientalista común (^{Galán et al., 2021a}).

Son relevantes en esta arista de investigación los descubrimientos que han hecho autores como ^{Méndez Bahena et al. (2015)}, ^{Galán (2020)} y ^{Galán et al. (2021)} en tanto que encuentran un vínculo muy fuerte entre la base organizativa de la defensa del territorio en casos como los de la CECOP, autoridades de consejos comunitarios de agua del Río La Sabana y el de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero (CRAC-PC), con sus procesos de autodefensión frente al asedio de grupos del crimen organizado. Es decir, tanto en los casos de la CECOP como en las policías comunitarias de la crac-pc, los mismos actores, agrupados a partir de los mismos vínculos generadores de acción colectiva, atienden temas de defensa del territorio frente a megaproyectos (construcción de hidroeléctrica, explotación clandestina de recursos forestales), gestión de recursos naturales (integración de comités comunitarios de agua), la defensa de las comunidades ante la extorsión y violencia criminal presente en las zonas rurales del municipio, e incluso la incursión de la Policía Federal o el Ejército en dichas comunidades. Desde otro tipo de enfoques llevados a cabo en la zona de estudio, se ha argumentado la necesidad de la concientización para lograr acción colectiva ambiental (^{Wences, 2005}); sin embargo, el enfoque de seguridad socioambiental propone que la acción por la defensa del medio ambiente tiene múltiples orígenes: la concientización, la defensa del territorio como una lucha por la sobrevivencia, la defensa de intereses de clase, e incluso la reafirmación de la identidad local.

Conclusión

En el presente documento he propuesto el uso de la teoría de la seguridad y la gubernamentalidad de Michel Foucault y otros autores para entender el carácter situado y relacional de los conflictos socioambientales. A diferencia de otros enfoques clásicos de la investigación de relaciones sociedad-ambiente, en los que se establece un carácter integrado de los sistemas sociales y ambientales pero que olvidan la importancia de la concreción histórica y regional de los conflictos locales generados en el marco de la escasez de recursos naturales, una analítica de la seguridad socioambiental permite entender que los territorios con alto impacto ambiental, como el caso de la subcuenca Río La Sabana-Laguna de Tres Palos, no solamente puede evaluarse por el grado de contaminación de sus aguas, sino por la yuxtaposición e integración de problemas como la pobreza, la desigualdad, la construcción histórica de relaciones autoritarias y lo que Michel Misse denomina la acumulación histórica de la violencia, es decir, un proceso de construcción de relaciones políticas mediadas por la violencia constituido a través de años, incluso siglos (^{Misse, 2010}).

Ante un escenario de control, de reducción de capacidades subjetivas y de acción selectiva estatal de incidencia sobre el territorio para generar acciones biopolíticas/necropolíticas, ¿cómo puede ser posible la puesta en marcha de estrategias de resistencias a la securitización socioambiental? Si bien hemos abordado una de ellas, que supondría la incorporación a redes de ilegalidad y marginalidad legal, otra tendrá que ver con la lucha por el acceso a la justicia socioambiental. Desde el punto de vista de Zwarteveen y Boelens, la lucha por la justicia hídrica -que entenderemos como forma de justicia socioambiental- es un proceso relacional, que no se reduce a la construcción normativa de la relación entre lo humano y lo ambiental, sino a las formas en que los actores perciben, significan y actúan subjetivamente para proteger su propio derecho al acceso al agua (^{Zwarteveen y Boelens, 2011: 33}). En ese sentido, la lucha por la justicia socioambiental es una forma de resistencia al poder que, desde el punto de vista de Foucault, una forma creativa de modificar el dominio de los sujetos dominantes que viene de abajo arriba, y que debe distribuirse estratégicamente (^{Foucault, 1994: 162}; ^{Giraldo Díaz, 2006: 117}). En este sentido, optar por la justicia socioambiental como alternativa posible a la securitización implicará comprender la persistencia histórica y social del vínculo violento tanto entre sujetos sociales como entre dichos sujetos sociales y su entorno.

Debemos pensar la intervención política y social de estos espacios más allá de los enfoques clásicos de la acción participativa, que presuponen la disposición total de los actores locales para la transformación de los condicionamientos históricos de cada espacio habitado (^{Zemelman, 2011}; ^{Ander-Egg, 1990}). Los procesos de construcción de justicia socioambiental deben pasar por el reconocimiento de escenarios situados, en los que las inercias históricas y la constitución de márgenes estatales han propiciado vínculos por la sobrevivencia como el clientelismo, la corporativización de estamentos populares, el debilitamiento de la división entre actores gubernamentales y grupos ilegales, y la disputa del territorio como centro de la ilegalidad. En este sentido, proveer de justicia socioambiental puede ser la vía hacia los planes de pacificación del país que han guiado los planes del Gobierno federal emanado de las elecciones federales de 2018 en México, por lo que un enfoque regional que atienda las carencias sociales como la pobreza y las diversas formas de violencia, del mismo modo que la degradación ecosistémica, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los actores sociales en espacios como el de las periferias de Acapulco.