Introducción

El miedo al crimen es un aspecto clave de la dimensión subjetiva de la seguridad relacionada con la criminalidad (^{Grijalva, 2013}; ^{Medina, 2003}). Los efectos negativos del miedo al crimen en el bienestar de las personas se observan en estados mentales permanentes de preocupación y ansiedad que impiden el pleno desarrollo de las personas (^{Hale, 1996}; ^{Jackson, 2006}). De igual forma, el miedo al delito incentiva actitudes sociales de desconfianza entre los ciudadanos, trastocando los controles informales de orden social que permiten la vida comunitaria (^{Farrall, Jackson y Grey, 2009}; ^{Taylor, 1999}; ^{Skogan, 1986}). Por otra parte, altos niveles de temor al crimen pueden incentivar un amplio apoyo de políticas de seguridad punitivas y de tolerancia cero, que pueden contravenir derechos y libertades fundamentales (^{Dammert y Malone, 2006}; ^{Hale, 1996}). En la misma línea, el miedo al crimen exacerbado contribuye al nacimiento de sentimientos de insatisfacción y desconfianza hacia las instituciones que el Estado emplea para garantizar la seguridad de los ciudadanos, poniendo en vilo la legitimidad del régimen democrático (^{Malone, 2010}; ^{Singer et al., 2019}). Los trabajos concentrados en develar las consecuencias negativas del miedo al crimen en la calidad de vida de los ciudadanos, en la dimensión comunitaria y en el ámbito político, permiten afirmar que el aspecto emocional respecto a la seguridad de las personas importa para la vigencia y estabilidad de los vínculos sociales e institucionales que estructuran las relaciones entre los ciudadanos.

El mecanismo causal más utilizado para la construcción teórica del miedo al crimen es el de la vulnerabilidad (^{Hale, 1996}). Las primeras generalizaciones, por ejemplo, asocian el miedo al crimen con las características físicas de las personas, con indicadores sociodemográficos y con las experiencias de victimización (^{Skogan y Maxfield, 1981}; ^{Ferraro y LaGrange, 1987}). También se ha establecido que en el espacio urbano pueden observarse rasgos de desorden y descontrol (incivilidades) que detonan la sensación de miedo (^{Taylor, 1999}; ^{Wyant, 2008}). Anclado en el ámbito comunitario, se conoce que el grado de integración y la cantidad de información que tienen las personas de un mismo vecindario son predictores del miedo al crimen (^{Magaloni, Díaz-Cayeros y Romero, 2012}; ^{C. J. Vilalta, 2013}). No obstante, continúa siendo incierto si el miedo al crimen responde enteramente a los niveles de criminalidad, o si puede ser producto de otro tipo de inseguridades que motivan los estados de temor y vulnerabilidad (^{Dammert y Malone, 2003}; ^{Gaitán-Rossi y Shen, 2016}).

Aunque buena parte de las teorías elaboradas sobre el miedo al crimen integran predictores que tienen una relación directa con el papel del Estado, los especialistas no han evaluado la forma en cómo la utilización de los recursos estatales puede llegar a influir en el temor relacionado con el contexto de criminalidad. El argumento central del trabajo es que el miedo al crimen entraña aspectos que tienen que ver con el poder del Estado y con el régimen político, pues éstos estructuran el tipo de acciones gubernamentales que inciden en las condiciones generales de vida de los ciudadanos. Es decir, el miedo al crimen, además de ser un indicador de la vulnerabilidad experimentada, se concibe como una reacción de las personas a las expresiones del poder estatal. De tal forma, con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (^{ENVIPE 2020}), la investigación evalúa el miedo al crimen a partir del conocimiento que tienen los individuos de las acciones gubernamentales. Esta relación se asume como verdadera para el caso mexicano por tres elementos: 1) el ambiente permanente de violencia y criminalidad, que se ha incrementado exponencialmente desde el año 2007; 2) reformas institucionales profundas y acciones gubernamentales de gran calado con resultados poco favorables y efectos adversos, y 3) la variabilidad en la forma como son utilizados los recursos estatales por los diferentes gobiernos.

El trabajo ofrece evidencia de que las acciones gubernamentales que detectan los ciudadanos tienen una relación negativa y estadísticamente significativa con los niveles de miedo al crimen. Ya sean recursos estatales utilizados para mejorar las condiciones económicas de los individuos o acciones directas contra la delincuencia, los resultados del estudio sugieren que el miedo al crimen disminuye, si las personas perciben y tienen conocimiento de que se están implementando acciones gubernamentales. Es decir, que la probabilidad de que las personas presenten altos niveles de miedo al crimen baja cuando saben o detectan que el gobierno utiliza los recursos estatales a su favor.

El miedo al crimen: conceptualización y explicaciones

La literatura sobre el miedo al crimen es extensa; sin embargo, aún no existe consenso en su definición, ni tampoco en la forma como se mide. ^{Hale (1996)} y ^{Gaitán-Rossi y Shen (2016)} refieren que el miedo al crimen se ha definido como sentimiento, como percepción del riesgo o en referencia a la modificación de los comportamiento de las personas. Si se concibe como sentimiento, el miedo al crimen es una respuesta emocional negativa hacia el crimen, separándose de juicios y precauciones (^{Ferraro y LaGrange, 1987: 87}); como percepción del riesgo, se define como un proceso cognitivo individual que se desprende de la posibilidad de ser víctima de un crimen (Hale, 1996; ^{Wyant, 2008}); como comportamiento, la definición del miedo al delito se da por medio de las acciones que realizan las personas para hacer frente o evitar el crimen (^{Gaitán-Rossi y Shen, 2016}).

Si bien se han establecido tres dominios o dimensiones del miedo al crimen: el emocional (percepción de inseguridad), el cognitivo (percepción del riesgo) y el de comportamientos (conductas defensivas) (^{Gaitán-Rossi y Shen, 2016}; ^{Hale, 1996}), el concepto debe remitir directamente al aspecto emocional. ^{Warr (2006)} refiere que parte de la confusión en las definiciones del miedo al crimen es que se cree que este miedo es distinto a otros, sin que existan indicios para pensar que el temor al delito entraña emociones diferentes; el punto que marca la diferencia, dice el autor, es el objeto o el detonante del miedo (^{Warr, 2006: 184}). En el mismo sentido, ^{Kessler (2009)} establece que el miedo al crimen está compuesto por una emoción que se dirige a un objeto concreto (real o imaginario), que involucra un aspecto cognitivo e informativo, así como un juicio valorativo (^{Kessler, 2009: 47 y 48}). ^{Dammert y Malone (2003)}, por su parte, apuntan que el miedo al crimen está relacionado con un conjunto amplio de inseguridades que tienen que ver con la incertidumbre económica y social. Las tres definiciones admiten tres puntos importantes: (1) el miedo al crimen, como emoción, está motivado por percepciones subjetivas y prenociones, pero también puede ser resultado de un conocimiento objetivo y claramente concreto; (2) el miedo al crimen puede estar vinculado con elementos diferentes al crimen y a la violencia, y (3) los factores que estimulan el miedo al crimen radican principalmente en el entorno inmediato de las personas.

La literatura especializada ha elaborado explicaciones del miedo al crimen que pueden ser agrupadas en dos grandes frentes, de acuerdo con el nivel de análisis en el que se arraigan las variables independientes. Desde el plano individual, la teoría de la vulnerabilidad física introduce aspectos que se adhieren a la capacidad de los individuos (edad y sexo) para defenderse ante situaciones de violencia criminal: las personas que se perciben más débiles físicamente, tenderán a sentirse más vulnerables, lo cual incrementa el temor al delito (^{Skogan y Maxfield, 1981}). La teoría de la vulnerabilidad social, dice ^{Vilalta (2013)}, establece que el miedo al crimen puede ser explicado a partir de la cantidad de recursos (ocupación y escolaridad) con los que cuentan los individuos para hacer frente al crimen: entre mayores recursos tengan las personas para recuperarse o prevenir el delito, menor es la probabilidad de experimentar miedo (^{Vilalta, 2013: 14}). La teoría de la victimización (directa), por otra parte, hace hincapié en las repercusiones psicológicas prolongadas que trae consigo la experiencia de ser víctima de algún crimen: la sensación de inseguridad de las personas se incrementa en función del tipo y cantidad de experiencias con la delincuencia (^{Vilalta, 2013: 12}).

Por otro lado, en un nivel de análisis contextual, la teoría de las incivilidades físicas (infraestructura y ambiente urbano deteriorado) y sociales (actividades ilegales de menor grado) postula que el desorden y descontrol en los barrios en los que habitan los ciudadanos son claves para aumentar las percepciones de inseguridad de los vecinos (^{Taylor, 1999}; ^{Wyant, 2008}). La teoría de las redes sociales, en este plano contextual, establece que la comunicación y el intercambio de información entre vecinos son fundamentales para prevenir y combatir al crimen en los vecindarios: en la medida que se refuercen los vínculos entre vecinos, la sensación de inseguridad se reduce (^{Magaloni et al., 2012}; ^{Vilalta 2013}).

Aunque el miedo al crimen está vinculado estrechamente con la actividad criminal o con los símbolos asociados a ésta (^{Ferraro y LaGrange, 1987}), ya sea como objeto real o imaginario al cual se dirige la emoción o como detonante de la misma, altos niveles de esta emoción no reflejan directamente estados absolutos de descomposición social y elevados indicadores de criminalidad y victimización. En esta línea, ^{Dammert y Malone (2003)}, concentradas en el caso chileno, exponen el miedo al crimen como producto de inseguridades que se arraigan en el ámbito económico, social y político; sin observar una correlación entre las experiencias de victimización y el nivel de miedo al crimen, las autoras vinculan el estado de vulnerabilidad y desprotección de las personas con la incertidumbre generada por aspectos relacionados con la calidad de vida. ^{Gaitán-Rossi y Shen (2016)}, en el mismo sentido, pero para el caso mexicano, argumentan que el miedo al crimen, medido éste como sensación de inseguridad, como percepción del riesgo o a través de la modificación de comportamientos, puede exacerbarse si elementos contextuales como la pobreza, la desigualdad y las tasas de homicidio interactúan con predictores individuales (victimización, incivilidades e indicadores sociodemográficos). Lo que se observa en estos estudios hace plausible pensar el miedo al crimen como una emoción que está precedida por el conocimiento objetivo que tienen las personas de su espacio inmediato, en donde interactúan factores que están relacionados con las manifestaciones de violencia, pero también con elementos que tienen que ver con la calidad de vida que, en ambos casos, responden a las tareas que los gobiernos realizan.

Argumento e hipótesis

En el clásico trabajo de ^{Michael Mann (1984)}: The autonomous power of the State: Its origins, mechanisms, and results, el poder estatal es analizado en dos sentidos diferentes: (1) el poder despótico, que hace referencia a la capacidad de las élites estatales para elaborar acuerdos sin utilizar los canales institucionales tradicionales, y (2) el poder infraestructural, el cual toma en cuenta la capacidad del Estado para penetrar realmente en la sociedad civil y para implementar decisiones políticas. ^{Soifer (2008)} ahonda y precisa el concepto de poder infraestructural de Mann,¹ agrupando una serie de investigaciones en un enfoque que evalúa el peso del Estado, es decir, se examina la influencia (intencional o no) de las políticas estatales en procesos sociales y políticos profundos (^{Soifer, 2008: 239}). ^{Eaton (2012)}, en la misma línea que Soifer, expone que los “retadores” del Estado surgen como un efecto directo de las deficiencias en los aparatos estatales, quienes pretenden operar al margen de la ley o como enemigos de corte independiente, tratando de hacerse de los recursos del Estado (^{Eaton, 2012: 648}). El trabajo pionero de Mann y los aportes de ^{Soifer (2008)} y de ^{Eaton (2012)}, permiten suponer que los efectos del poder estatal, materializado en decisiones y acciones gubernamentales, pueden observarse también en la dimensión subjetiva de la acción social, en la cual confluyen emociones como el miedo.² Un ámbito prácticamente inexplorado en los trabajos sobre el miedo al crimen es el del papel que desempeña el poder estatal. Si bien la seguridad de los ciudadanos es una tarea exclusiva de los Estados modernos, los especialistas no han evaluado directamente el efecto que tiene la percepción y conocimiento de las personas sobre las acciones gubernamentales en seguridad sobre el miedo al crimen. La evidencia más cercana a estos predictores es la que se deriva de investigaciones que examinan la la confianza ciudadana hacia los sistemas de seguridad y justicia sobre el miedo al crimen. En el caso de los sistemas de seguridad, el análisis ha recaído en las policías. Por ejemplo, ^{Dammert y Malone (2002)}, concentradas en el caso argentino, utilizan datos del Latinobarómetro y de una encuesta de victimización, para mostrar la relación entre sensación de inseguridad, corrupción y confianza en la policía, concluyendo que a medida que los entrevistados tienen más confianza en los cuerpos de seguridad, éstos distorsionan en menor grado la criminalidad. Asimismo, los incrementos en la percepción de corrupción de los argentinos aumentan la posibilidad de una sobrestimación del miedo. ^{Grijalva (2013)} realiza un estudio similar, pero para el caso mexicano, evaluando características sociodemográficas, la corrupción y la confianza en la policía como los factores determinantes en el miedo al crimen de estudiantes universitarios de la unam. Los resultados son consistentes con los del caso argentino, pues la autora refiere que la corrupción origina o aumenta la desconfianza en la policía y ésta es que la influye directamente en los niveles de miedo al crimen.

Por otro lado, respecto a las instituciones del sistema de justicia, ^{Luisa Blanco (2012)}, (²⁰¹⁶) analiza, aunque de manera secundaria, el impacto que tuvo la reforma de 2008 al sistema de justicia penal mexicano en la probabilidad de que una persona sea víctima de un delito y en su percepción de inseguridad, entre otros aspectos.³ La autora realiza un estudio experimental entre las entidades federativas mexicanas que ya habían implementado la reforma penal y las que aún operaban con el sistema anterior. Sobre las percepciones de seguridad, la hipótesis de Blanco esperaba una reducción en esta dimensión por las mejoras en el sistema de justicia y por la reducción del crimen; sin embargo, los resultados de los modelos establecen que la reforma judicial reduce la probabilidad de que las personas se sientan seguras en la ciudad en la que habitan y en que los ciudadanos perciban una disminución de la incidencia criminal (^{Blanco, 2016: 41}).

Si bien la literatura revisada analiza los efectos de los sistemas de seguridad y justicia en la sensación de inseguridad, estas instituciones no se discuten como manifestaciones del poder del Estado, ni tampoco toman en cuenta las acciones gubernamentales implementadas en el funcionamiento de estas institucionales, ni indagan sobre sus efectos directos en el miedo al crimen. Estos trabajos dan por sentadas a las instituciones de justicia y seguridad, sin preguntarse si existen otras acciones de los gobiernos que puedan estar influyendo de manera directa en el temor al delito. Sin embargo, los estudios que examinan el impacto que tiene el Estado para controlar, administrar y procesar la actividad criminal en la sensación de seguridad, hacen suponer que las manifestaciones del poder del Estado sí pueden incidir de manera relevante en el miedo al crimen que experimentan las personas. Con esto, es posible observar otras expresiones de poder estatal, que comprenden los elementos de una política de seguridad, pero que también involucra políticas y programas concretos de aumento de bienestar y calidad de vida que podrían ser claves para que los ciudadanos se sientan seguros.

En este marco, el miedo al crimen, entendido como una emoción negativa y motivada por un conocimiento objetivo y percepciones subjetivas, está determinado por factores asociados al poder estatal que son empleados para penetrar e influir determinantemente en la vida de los ciudadanos. Lo que se espera en este trabajo es que el conocimiento que tienen los ciudadanos de lo que hacen los gobiernos con los recursos del Estado será un factor determinante no sólo en términos de legitimidad de los gobiernos, sino en la dimensión interna de los individuos, donde convergen emociones tales como el miedo al crimen. Por tanto, se formula la siguiente hipótesis:

Hipótesis: el conocimiento de los ciudadanos sobre las acciones implementadas por los gobiernos influye negativamente en los niveles de miedo al crimen que experimentan.

El planteamiento de la hipótesis permite evaluar acciones de los gobiernos que no sólo tienen que ver con el combate al crimen, sino también con la calidad de vida. Esta relación no se explora en los trabajos que han introducido aspectos del Estado para explicar el miedo al crimen. Tal evaluación se cree verdadera para una población en general, donde no se tienen en cuenta los diferentes niveles de gobierno, ni los factores contextuales de las entidades federativas. El análisis gira en torno al miedo al crimen y cómo éste puede ser entendido como una reacción de los ciudadanos a las expresiones de poder estatal en los territorios. Lo que se examina es la influencia que tiene el conocimiento de las personas sobre la forma en cómo son utilizados los recursos del Estado, a través de acciones gubernamentales, en el miedo al crimen. Dicho esto, el efecto se observaría en la medida en que las personas estén al tanto o no de las acciones que los gobiernos ponen en marcha para influir en la vida de los ciudadanos.

El Estado y el miedo al crimen en México

Desde 2007 la violencia en México se ha exacerbado dramáticamente, materializándose un ambiente general de inseguridad. Con datos de la encuesta realizada entre 2018 y 2019 por el Barómetro de las Américas (véase gráfica 1), México es el segundo país en donde mayor cantidad de ciudadanos consideran que la falta de seguridad es el problema más grave que enfrenta el país. Los datos toman otra dimensión si se observa su comportamiento a lo largo de 14 años: en la gráfica 2 se coloca la información obtenida de la misma pregunta, pero agregando las opciones que están relacionadas con el ambiente de criminalidad, a saber, la delincuencia, el crimen y la violencia. En este sentido, sobresale que el 35.63% de los mexicanos considera que estos problemas son los más apremiantes en el país. A partir de los datos se advierte un aumento casi constante de la preocupación de los ciudadanos por los aspectos relacionados con el crimen. Si bien el porcentaje de personas preocupadas por la delincuencia bajó considerablemente en los años 2016 y 2017, la cifra reportada en 2019 ha sido la más alta de la que se tenga registro en los datos de LAPOP. Esta información puede ser contrastada con datos sobre la cantidad de personas que han sido víctimas del crimen en el mismo periodo (2004-2019). En este caso, la victimización personal presenta un aumento sostenido que, en cierta medida, es similar a los datos que reflejan el porcentaje de ciudadanos preocupados por el contexto de criminalidad (gráfica 3).

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas del Barómetro de las Américas levantadas en 2019 (http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php).⁴

Gráfica 1 Preocupación por la falta de seguridad en América Latina 

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas del Barómetro de las Américas, levantadas desde el año 2004 a 2019. (http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php).

Gráfica 2 Preocupación por el contexto de criminalidad en México (delincuencia, crimen y violencia) 

Fuente: elaboración propia con datos de las encuestas del Barómetro de las Américas, levantadas en 2019 (http://datasets.americasbarometer.org/database/index.php).

Gráfica 3 Victimización personal en México 

Los datos además son relevantes si se toma en cuenta el contexto de cambios institucionales de los últimos 25 años en el país. Siendo preciso, se sabe que el aumento en las tasas de victimización y percepción de seguridad de los ciudadanos mexicanos está vinculado a los efectos no esperados de dos conjuntos de reformas institucionales y a una intervención gubernamental que se implementó con fines electorales, las cuales han motivado un incremento drástico en las manifestaciones de violencia. El primer cambio institucional es el grupo de modificaciones que dieron soporte a la transición democrática mexicana. ^{Eaton (2012)} afirma que la descentralización administrativa, la liberalización económica y la democratización política, procesos característicos del cambio democrático, pueden generar efectos negativos en la forma como se operan los recursos estatales, motivando una aplicación desigual de la ley e incrementando la posibilidad del surgimiento de grupos no estatales dedicados a actividades criminales. En este contexto, un segundo cambio institucional profundo es el referente a la serie de cambios al sistema de justicia penal mexicano (2008-2016) que, en términos generales, comprendía pasar de un sistema inquisitivo de justicia a uno oral-acusatorio, otorgando nuevas responsabilidades a los operadores de los sistemas de justicia. La reforma no ha conseguido resultados relevantes, dando como resultado altos índices de impunidad en delitos del fuero común y crímenes de alto impacto. El World Justice Project, por ejemplo, reporta el estado en el que se encuentra el país en procuración y administración de justicia, colocando a México en el lugar 104 de 128, con una adhesión débil al Estado de derecho (^{World Justice Project, 2020: 17}). En específico, en cuanto a la efectividad del sistema de justicia penal, México se ubica en el lugar 118 de 128 países valorados. Por otra parte, el índice global de impunidad (2020) ubica al país en el lugar 60 de 69 naciones evaluadas, es decir, con una impunidad alta (^{Le Clercq Ortega y Rodríguez Sánchez Lara, 2020}).

Por otro lado, la intervención gubernamental que destaco tiene que ver con la forma como se han utilizado los recursos del Estado para controlar el territorio mexicano. En específico, hago referencia a la amplia movilización de recursos estatales, en 2007, para reducir la presencia y alcance de los cárteles de las drogas por parte del ex presidente Calderón. ^{Trejo y Ley (2016)} estudian este caso, argumentando que el monopolio de la violencia puede ser utilizado de manera unipersonal. La autora y el autor muestran que las fuerzas federales (policía federal e instituciones castrenses) adoptaron una estrategia de confrontación en los municipios y entidades en las que gobernaba la oposición, generando más violencia. Por el contrario, si los municipios se encontraban gobernados por el partido del presidente, la estrategia fue de coordinación y de pacificación (^{Trejo y Ley, 2016: 14 y 15}). Los resultados muestran que el uso político del poder estatal con fines electorales fue el criterio que prevaleció, para una de las movilizaciones de recursos estatales más grandes de México.

Las decisiones políticas y cambios institucionales que ha experimentado el país han tenido efectos contraproducentes, incentivando condiciones que sostienen un ambiente de criminalidad y violencia sobre amplias regiones del territorio mexicano. Esta realidad objetiva, que ha sido medida y explicada, está compuesta también de una dimensión subjetiva que atañe a la esfera de acción interna de los ciudadanos, en la que se ubican las emociones como el miedo al crimen que, igualmente, deber ser considerada y evaluada. El conocimiento acumulado sobre las reformas institucionales y acciones gubernamentales permite admitir la importancia y viabilidad de evaluar en qué grado lo que detectan los ciudadanos que hacen los gobiernos puede influir en el miedo al crimen.

Variables independientes

El grupo de variables independientes que son relevantes para la hipótesis de este estudio son aquellas que reflejan la percepción que tienen las personas de las acciones que realiza el Gobierno. La serie de preguntas que aborda estos elementos se encuentran en la sección 5.1 de la ENVIPE 2020.⁵ Diez de las 12 preguntas de esta sección abarcan un amplio abanico de acciones gubernamentales; mientras que las dos restantes indagan sobre la capacidad organizativa de los vecinos para atender la inseguridad. En concreto, la pregunta y las opciones son: ¿Sabe usted si alguna de las siguientes acciones se realizó en el 2019 en (mun./loc.), como…? (1) construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas; (2) mejorar el alumbrado; (3) mejorar el ingreso de las familias; (4) atender el desempleo; (5) atención a los jóvenes para disminuir el pandillerismo y delincuencia juvenil; (6) organización de los vecinos para contratar seguridad privada; (7) implementar policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia; (8) operativos contra la delincuencia; (9) programas de sensibilización para que la gente denuncie; (10) mayor patrullaje y vigilancia policiaca; (11) combatir la corrupción, y (12) combatir el narcotráfico. Originalmente la encuesta codifica las respuestas como 1 “Sí sabe”, 2 “No sabe”, 3 “No se realizó”.

La primera operación que se efectuó para construir las variables independientes consistió en modificar la codificación de las respuestas: -1 “No se realizó”, 0 “No sabe” y 1 “Sí sabe”, quedando como variables categóricas de tres niveles. Posteriormente, con el objetivo de realizar modelos más precisos y parsimoniosos, y dado que los ítems de esta sección reflejan acciones gubernamentales similares entre sí, se llevó a cabo un análisis de componentes principales que agrupa los 12 ítems en tres factores. Para emplear los factores como variables en los modelos de regresión, se aplicó una predicción lineal que toma los datos del análisis de componentes principales, obteniendo tres variables continuas con valores estandarizados. Con estas operaciones, la primera variable independiente es el índice de acciones gubernamentales a favor de la población (IEFP), en donde se agrupan los siguientes elementos: (1) construcción/mantenimiento de parques y canchas deportivas; (2) mejorar alumbrado público; (3) mejorar el ingreso de las familias; (4) atender el desempleo, y (5) atención a los jóvenes para disminuir el pandillerismo y delincuencia juvenil. Los reactivos se adhieren a un solo factor que explica el 20% de la varianza y, de acuerdo con el coeficiente Alpha (.73) se confirma la alta correlación entre los reactivos. Los valores más bajos del índice significan menor conocimiento de las acciones gubernamentales, y los más altos denotan un elevado conocimiento de lo que hace el Gobierno respecto a la atención de la calidad de vida de las personas (gráfica 4).

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{ENVIPE 2020}

Gráfica 4 IEFP 

El segundo índice es el de acciones gubernamentales contra la delincuencia (IECD), que se compone de los siguientes reactivos: (1) operativos contra la delincuencia; (2) programas de sensibilización para que la gente denuncie; (3) mayor patrullaje y vigilancia policiaca; (4) combatir la corrupción, y (5) combatir el narcotráfico. Los ítems se agrupan en un solo factor que explica el 20% de la varianza del conjunto de variables con un Alpha de .78 (gráfica 5). Porque la distribución del indicador es trimodal, se opta por dividir la variable continua, quedando una categórica de tres niveles: en el 0 se ubican las personas que menos perciben lo que hace el Gobierno, en el 1 están los individuos que medianamente conocen las acciones gubernamentales, y en el 2 se concentran quienes más detectan las operaciones contra la delincuencia.

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{ENVIPE 2020}

Gráfica 5 IECD 

La última variable independiente (ICAS) integra estos datos: (1) organización de los vecinos para contratar seguridad privada, y (2) implementar policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia. Los reactivos integrados explican el 15% de la varianza total y se confirma su correlación con un coeficiente de correlación del .68. Los datos de la predicción lineal arrojan una variable continua de distribución bimodal. Por tanto, se llevan a cabo ajustes para crear una variable dicotómica con la siguiente codificación: en el 0 se concentra al 75% de personas que tienen mayor conocimiento sobre lo que hacen sus vecinos respecto a la seguridad; mientras que en el 1 se ubica al 25% de los encuestados que menos están al tanto de acciones comunitarias (gráfica 6).

Fuente: elaboración propia con datos de la ^{ENVIPE 2020}

Gráfica 6 ICAS 

Resultados

La hipótesis del trabajo apunta a la existencia de una relación negativa y estadísticamente significativa entre las acciones del gobierno que detectan o perciben los ciudadanos y el miedo al crimen. Los resultados de los modelos se exponen en la Tabla C. En este tenor, el modelo 1 expone una relación positiva y estadísticamente significativa entre las incivilidades sociales, la victimización personal, la edad y el miedo al crimen, pero con el género la relación es negativa. En el modelo 2 se observa una relación negativa y empíricamente robusta entre los tres índices y el temor al delito. Los modelos 3, 4 y 5, que evalúan a las tres variables independientes y controles de manera particular, arrojan los mismos resultados que la corrida anterior: mientras los ciudadanos estén al tanto de las acciones gubernamentales, el miedo al crimen que experimentan baja. Únicamente en el modelo 4 no se observan resultados robustos entre las personas que tienen un conocimiento medio de las acciones gubernamentales contra la delincuencia, y los individuos que no están al tanto de ese tipo de acciones. También, en la medida que las personas estén involucradas en tareas comunitarias concernientes a la seguridad, el miedo al crimen disminuye (modelo 5).

La última evaluación estadística integra todas las variables que se han considerado en el estudio (modelo 6). Los resultados, en este caso, son equivalentes con lo que se observa en los modelos anteriores. Es decir, la relación del IEFP e IECD con el miedo al crimen permanece negativa y significativa. Sin embargo, el ICAS es inconsistente, pues en esta corrida no se observa evidencia empírica. Por su parte, los controles mantienen los mismos resultados, dado que la relación negativa entre las incivilidades sociales y la victimización con el miedo al crimen se repite en todas las corridas. Sobre los controles sociodemográficos, la evidencia es consistente en cada modelo, ya que el género y la edad de las personas presentan una relación significativa, mientras que el vínculo de la escolaridad y la ocupación de los mexicanos no refleja cambios, salvo en el trabajo no remunerado.

Con los resultados descritos, resulta conveniente realizar algunas puntualizaciones sobre el índice de capital social y las variables de control. El análisis de componentes principales agrupó en el ICAS los reactivos que se adhieren a una estructura conceptual subyacente que es congruente con investigaciones que conciben a las redes de confianza vecinal (capital social) como predictor del miedo al crimen. ^{Magaloni et al. (2012)} han explorado este tipo de relación, estableciendo que los mexicanos con menos vínculos sociales tienden a sobrestimar el miedo asociado con el crimen (percepción del riesgo), mientras que los ciudadanos altamente compenetrados con la vida comunitaria, pero que no hablan sobre los asuntos del país, sobrestiman menos el miedo (^{Magaloni et al., 2012: 207}). ^{Vilalta (2013)}, con datos de 2011 reportó diferencias estadísticamente significativas entre los mexicanos que realizan acciones vecinales conjuntas para protegerse del crimen y los que no se involucran en este tipo de actividades, remarcando que los individuos tienen menos miedo cuando el sentido comunitario se refuerza (^{Vilalta, 2013: 47 y 48}). En cambio, dado el agrupamiento realizado en el estudio, el capital social presenta evidencia empírica poco estable en la significancia estadística, es decir, que las acciones del Gobierno, en México, parecen importar más en el miedo al crimen que lo que se hace en el ámbito vecinal.

Los controles integrados a los modelos arrojan resultados congruentes entre las diferentes simulaciones y con la literatura especializada. De entrada, las incivilidades sociales denotan una relación positiva y significativa con el miedo al crimen, es decir que las personas en México muestran mayor temor si en su contexto inmediato perciben actividades ilegales, tales como el consumo de alcohol, peleas entre vecinos, pandillerismo, prostitución, consumo y venta de drogas, lo cual es coherente con lo que reportan ^{Gaitán-Rossi y Shen (2016)} y ^{Vilalta (2010)}, (²⁰¹³). La relación entre victimización personal y miedo al crimen también es positiva y significativa en todas las corridas que se realizaron: los ciudadanos que han sido víctimas de delitos del fuero común (robo en transporte público, fraude bancario, extorsión, amenazas y lesiones) tienden a experimentar mayores niveles de temor, coincidiendo con lo reportado en las tres dimensiones del miedo al crimen que construyen ^{Gaitán Rossi y Shen (2016)}. Igualmente, ^{Vilalta (2013)} confirma estos resultados, apuntando que la victimización, en comparación con la confianza en la policía y el contenido de los noticiarios, es la variable que predice con mayor probabilidad el miedo al crimen entre los mexicanos.

El grupo de controles sociodemográficos presenta resultados menos consistentes en términos de significancia estadística, pero constantes entre los diferentes modelos. En la Tabla C se observa que el género y la edad son aspectos que influyen en el miedo al crimen en todos los modelos. Con esto, sin importar las variables que estén en los modelos, se tiene que las personas mexicanas de mayor edad presentan mayores niveles de miedo en referencia con los más jóvenes. Asimismo, las mujeres reportan más miedo al crimen en comparación con los hombres. En cambio, la ocupación sólo muestra una relación significativa con el trabajo no remunerado en cuatro modelos; mientras que la escolaridad no muestra evidencia reportable.

Lo que se observa en los modelos anteriores se refuerza si los índices son analizados de manera desagregada (Tabla D). La primera columna (modelo 7) integra los resultados del IEFP, conservando la misma relación y significancia estadística, es decir, que la mayor inversión en acciones gubernamentales vinculadas al mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos tiene influencia en los niveles de miedo al crimen experimentados por las personas: tres de los cinco reactivos reflejan acciones que tienen que ver, en un sentido amplio, con el incremento de los ingresos económicos; mientras que las otras dos reflejan una inversión del Estado en los espacios públicos. En coherencia con esto, los cinco ítems que integran al IECD (modelo 8) presentan una relación negativa con el miedo al crimen: en la medida en que los ciudadanos perciban que los gobiernos implementan una política de seguridad robusta, el miedo al crimen presenta reducciones.

Por último, el modelo 9 muestra que la implementación de la policía de barrio para que coordine la seguridad de la colonia tiene una relación estadísticamente significativa con el miedo al crimen; sin embargo, la organización de los vecinos para contratar seguridad privada no presenta ningún vínculo con la variable dependiente. Aunque los tres índices obtenidos del análisis de componentes principales son independientes entre sí, el ICAS no es del todo coherente, ya que los dos ítems que lo componen no son acciones que los gobiernos suelan incentivar. Esta inconsistencia no deja de ser relevante, pues muestra con mayor fuerza la influencia de las acciones gubernamentales sobre el miedo al crimen.

Discusión

Los resultados expuestos nos dicen cómo se comporta la variable dependiente en presencia de los factores explicativos que se evalúan en el trabajo; sin embargo, no permiten observar la magnitud del efecto. Para determinar con exactitud la intensidad del impacto, se estiman los efectos marginales de las variables de interés que resultaron significativas. Las predicciones van expresadas en los valores máximos y mínimos del IEFP y el IECD, mostrando cambios estadísticamente significativos en la probabilidad de que las personas presenten variaciones en cada una de las categorías de la variable dependiente en función de la percepción que tienen de lo que hace el Gobierno.

Las estimaciones indican que en la medida que los individuos tengan un conocimiento mayor de las acciones que el Gobierno realiza en materia de bienestar, se reduce la probabilidad (.14) de que experimenten miedo al crimen intenso en comparación con quienes no identifican ninguna acción (gráfica 7). En otra interpretación, los ciudadanos mexicanos que saben que los recursos estatales se están empleando para reducir la desigualdad económica, atender a grupos vulnerables como los jóvenes y que, además, observan una inversión en el mantenimiento de los espacios públicos, tienen una probabilidad de .30 de presentar el nivel más alto de miedo al crimen. Por el contrario, los ciudadanos que no tienen información sobre lo que hace el Gobierno en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida tienen .44 de posibilidades de experimentar un intenso miedo al crimen. Este tipo de efecto se repite en la categoría más baja de la variable dependiente (sin miedo), aunque con menor intensidad: la probabilidad de que las personas no sientan miedo al crimen cuando tienen un alto conocimiento de las operaciones gubernamentales relacionadas con el aumento del bienestar individual, se incrementa (.8) en comparación con los ciudadanos que no perciben y no saben de la implementación de programas sociales y mejoramiento urbano.

Fuente: estimaciones con base en el modelo 3 de la Tabla C

Gráfica 7 Efectos marginales del IEFP sobre el miedo al crimen 

Por otro lado, los efectos marginales del IECD sobre el miedo al crimen son menos fuertes, pero estadísticamente significativos (gráfica 8). Los resultados remarcan que las personas que identifican acciones gubernamentales congruentes con una política de seguridad tienen menos probabilidad (.4) de experimentar el nivel más intenso de temor al crimen en comparación con los ciudadanos que no están al tanto de la inversión que hacen los gobiernos en el aparato coercitivo del Estado. En concreto, cuando los individuos mexicanos detectan una mayor presencia policial, operativos contra la delincuencia y acciones dirigidas a combatir el narcotráfico y corrupción, éstos tienen un .35 de probabilidad de presentar un nivel de miedo al crimen elevado. En cambio, si las personas no saben que el Gobierno está haciendo algo para enfrentar a grupos criminales o disminuir la corrupción, tienen más probabilidad (.39) de reportar una sensación alta de inseguridad.

Un aspecto que discutir es la relación causal entre el tipo de acción gubernamental y el miedo al crimen. En específico, se podría argumentar, como lo hacen ^{Dammert y Malone (2003)} y ^{Gaitán-Rossi y Shen (2016)}, que el miedo al crimen de los mexicanos tiene una raíz en la vulnerabilidad generada por inseguridades en el plano económico, político y social, que son características de algunos países latinoamericanos. Sin embargo, el trabajo se distancia, en cierta medida, de este tipo de estudios al observar los factores que diferencian al caso mexicano: 1) regiones mexicanas en donde el poder estatal se emplea con fines político-electorales (^{Trejo y Ley, 2016}); 2) agentes estatales, de diferentes niveles gubernamentales, que gobiernan con marcadas relaciones de contubernio con grupos de la delincuencia organizada y el narcotráfico, y 3) ambiente generalizado de violencia y crimen.

Fuente: estimaciones con base en el modelo 4 de la Tabla C

Gráfica 8 Efectos marginales del IECD sobre el miedo al crimen intenso 

Es importante hacer notar que existen limitaciones al evaluar la relación causal entre el miedo al crimen y las acciones gubernamentales en este trabajo. La principal es que el estudio no observa a los individuos a través del tiempo, sino que sólo los ubica en un punto. La segunda es que los datos tomados de la ENVIPE no permiten diferenciar con exactitud si los ciudadanos relacionan con claridad qué tipo de acción gubernamental corresponde a cada nivel de gobierno (municipal, estatal o federal). Este aspecto es relevante, dada la marcada heterogeneidad que existe entre los municipios y las regiones del país en los indicadores de violencia y la sensación de inseguridad. Finalmente, la ENVIPE no permite explorar de manera más rigurosa la vinculación entre el régimen político mexicano y la percepción que tienen las personas de cómo se emplean los recursos estatales, así como la propia sensación de inseguridad.

Conclusión

El análisis muestra que el miedo al crimen puede verse influido por las acciones directas de los gobiernos. El efecto derivado de los resultados es robusto y negativo: a medida que los ciudadanos mexicanos conocen lo que hace el Gobierno en su entorno inmediato, el miedo al crimen baja. El impacto de las acciones gubernamentales en la sensación de inseguridad es homogéneo, pues los dos tipos de políticas influyen positivamente en el miedo al crimen. Con el estudio se prueba que el miedo al crimen, en su dimensión emocional, puede ser analizado como producto de un conocimiento estrechamente vinculado con las variaciones en la cantidad de recursos estatales y con la forma en cómo son empleados éstos por los gobiernos. En este sentido, el miedo al crimen se concibe como un indicador de la magnitud de la influencia que tiene el Estado en el bienestar general de los ciudadanos y como reacción a las expresiones de poder estatal.

Si bien las tres variables explicativas se desprenden de un análisis de componentes principales, sólo los efectos del IEFP y del IECD son estadísticamente significativos. Esta vicisitud permite confirmar con mayor firmeza la hipótesis central del trabajo, pues los dos índices que sí son robustos entrañan las acciones en las que se materializan los recursos del Estado y la forma como deciden los gobiernos influir en la vida de los ciudadanos, mostrando que el miedo al crimen está altamente vinculado con las manifestaciones de poder estatal detectadas por los mexicanos. Estas variables son congruentes con elementos que han sido examinados para explicar el miedo al crimen. El IEFP, por ejemplo, puede ser utilizado como un factor cercano al cuerpo teórico que entiende al miedo al crimen como producto de inseguridades arraigadas en la política, en lo económico y en lo social (^{Dammert y Malone, 2003}; ^{Gaitán-Rossi y Shen, 2016}). Por su parte, el IECD aporta al conjunto de trabajos que han evaluado, indirectamente, la influencia del Estado en la percepción de seguridad, a través de las instituciones de seguridad y justicia en México (^{Blanco, 2016}; ^{Grijalva, 2013}).

Finalmente, el trabajo ayuda a ilustrar la importancia de considerar los aspectos relacionados con el poder del Estado, para explicar el miedo al crimen. La relación entre la literatura tradicional del miedo al crimen y la forma en cómo el poder del Estado se distribuye sobre el territorio resulta obvia si se considera que la victimización, las incivilidades, la violencia, el crimen y la calidad de vida en general son elementos que se comportan, en sentido amplio, a partir de lo que hacen o dejan de hacer los gobiernos con los recursos estatales que tienen disponibles, es decir, el miedo al crimen que experimentan los ciudadanos responde a las manifestaciones del poder del Estado (acciones gubernamentales). Con esto entra en la ecuación un aspecto poco analizado dentro de los cuerpos teóricos que buscan explicar las consecuencias de la convivencia entre democracia y altos indicadores de violencia y crimen: el aspecto emocional.